Número Identificador:

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MÓNICA LONGO MARRERO;

MARÍA SOCORRO MARRERO 

NAVARRO

DEMANDANTE(S)-PETICIONARIA(S)

V.

PR ALPHA INVESTMENTS LLC,

ET. ALS.

DEMANDADA(S)-RECURRIDA(S)

KLCE202301221

Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de 

BAYAMÓN

Querella Núm. 

DO2022CV00004 (502)

Sobre:

Interdicto Posesorio

Preliminar y Permanente

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de diciembre de 2023. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, las señoras MÓNICA 

LONGO MARRERO y MARÍA SOCORRO MARRERO NAVARRO (señoras LONGO 

MARRERO y MARRERO NAVARRO) mediante Petición de Certiorari instada el 

3 de noviembre de 2023. En su recurso, nos solicitan que revisemos la 

Resolución dictada el 14 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).

1 Mediante la referida 

determinación, el foro de instancia declaró no ha lugar a la solicitud de 

audiencia y ordenó continuar el curso ordinario en el caso.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

- I -

El 14 de enero de 2022, las señoras LONGO MARRERO y MARRERO 

NAVARRO entablaron una Demanda de Injuction en la cual solicitaron, entre 

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado el 15 de septiembre de 2023. Véase 

Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 2.
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otras cosas, se expidiera un interdicto preliminar y permanente, así como se

ordenara la demolición y remoción de la construcción de un muro concreto.

2

El 17 de marzo de 2022, PR ALPHA INVESTMENTS, LLC (PR ALPHA) y RICK 

SHROTRI presentaron sus Contestaciones a la Demanda de Injuction y 

Reconvención.

3 En esencia, expusieron sus defensas afirmativas e instaron 

Reconvención en la cual suplicaron se declarará no ha lugar la demanda y ha 

lugar la reconvención. 

Al poco tiempo, el 21 de marzo de 2022, las señoras LONGO MARRERO 

y MARRERO NAVARRO presentaron su Contestación a Reconvención de PR 

Alpha Investments, LLC.4

El 3 de mayo de 2022, las partes alcanzaron un convenio y presentaron

una Estipulación Conjunta sobre los Trabajos de Demolición.

5 En sinopsis, PR

ALPHA accedió y acordó proceder, a su costo, con la demolición del muro en 

controversia. De otro lado, las señoras LONGO MARRERO y MARRERO 

NAVARRO se comprometieron a proveer la autorización escrita para que se 

pudiera tramitar todos los permisos correspondientes. Inclusive, como parte 

de esas negociaciones, PR ALPHA accedió a colocar una verja temporera de 

madera en la propiedad de las señoras LONGO MARRERO y MARRERO 

NAVARRO. 

Consecuentemente, el 15 de diciembre de 2022, las señoras LONGO 

MARRERO y MARRERO NAVARRO presentaron Demanda Enmendada.

6 En lo

concerniente, reclamaron al tribunal: (1) expedir un interdicto posesorio 

sobre la servidumbre pluvial y ordenar la reparación del desagüe de la 

propiedad #395; (2) imponer a PR ALPHA y RICK SHROTRI el pago por

concepto de daños y perjuicios, en una cantidad no menor de un millón de 

dólares ($1,000,000.00); y (3) requerir el pago de costas, gastos y honorarios 

2 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 32- 66.

3

Íd., págs. 67- 101 y 102- 118.

4

Íd., págs. 119- 128.

5

Íd., págs. 12– 15. 

6

Íd., págs. 129- 142.
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de abogados incurridos por la cantidad ascendiente a cincuenta mil dólares 

($50,000.00).

Luego de varios incidentes procesales, el 19 de enero de 2023, las partes 

presentaron una Moción par[a] Informar Acuerdo que Dispone de la Solicitud 

de Interdicto Posesorio y para Solicitar de Orden.

7 Esencialmente, el pacto 

dispuso únicamente de la necesidad de celebrar una vista sobre la solicitud 

de interdicto posesorio sobre el referido desagüe pluvial. En consecuencia, el 

20 de enero de 2023, el foro a quo dictaminó Sentencia Parcial acogiendo los 

compromisos y expuso: “las partes acordaron que la codemandante Sra. 

MÓNICA LONGO MARRERO podrá realizar los trabajos de reparación y 

mantenimiento del desagüe pluvial en su ruta original y siguiendo el plan 

propuesto por el Ingeniero Luis Vélez Lugo”.

8

El 6 de marzo de 2023, PR ALPHA y RICK SHROTRI presentaron su 

Contestación a la Demanda Enmendada de Injunction y Reconvención.

9

Posteriormente, el 14 de julio de 2023, las señoras LONGO MARRERO y

MARRERO NAVARRO presentaron una Moción en Solicitud de Orden en la cual 

reclamaron que se les ordene a PR ALPHA yRICK SHROTRI remover los paneles 

de madera que instalaron en su solar, toda vez que se dieron por culminados 

los trabajos de demolición.10 El 16 de julio de 2023, PR ALPHA y RICK SHROTRI

presentaron una Moción para Informar sobre Estado de Obras y en Oposición 

a Solicitud de Orden.

11 El 17 de julio de 2023, el tribunal de instancia declaró 

no ha lugar la solicitud de orden para la remoción de la pared provisional.12

Por consiguiente, el 30 de agosto de 2023, las señoras LONGO MARRERO 

y MARRERO NAVARRO presentaron una Moción en Solicitud de Vista

requiriendo la movilización de la verja temporera.13 El 11 de septiembre de 

7 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 143- 145.

8

Íd., págs. 146- 147.

9

Íd., págs. 148- 188.

10 Íd., págs. 189- 190.

11 Íd., págs. 191- 206.

12 Íd., pág. 207.

13 Íd., págs. 208- 221.
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2023, PR ALPHA y RICK SHROTRI presentaron su Moción en Oposición a 

Solicitud de Vista.

14

 

Finalmente, el 14 de septiembre de 2023, se determinó la Resolución

recurrida. El 1 de octubre de 2023, las señoras LONGO MARRERO y MARRERO 

NAVARRO presentaron Moción en Solicitud de Remedio y Moción de 

Reconsideración.

15 El 2 de octubre de 2023, PR ALPHA y RICK SHROTRI

presentaron una Oposición a Moción en Solicitud de Remedio y Moción de 

Reconsideración.

16 El 4 de octubre de 2023, el foro recurrido intimó 

Resolución declarando no ha lugar la solicitud de reconsideración.17

Inconforme con ese proceder, las señoras LONGO MARRERO y

MARRERO NAVARRO recurrieron el 3 de noviembre de 2023, ante este foro 

revisor señalando el(los) siguiente(s) error(es):

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al 

denegar la solicitud de la parte recurrente para que se movilice 

la verja temporera de los recurridos dentro de su solar y erró al 

denegar la solicitud de vista para evaluar la petición y el daño a 

la propiedad ocasionado, habiéndose dispuesto mediante 

Sentencia Parcial que la misma permanecería allí hasta culminar 

con los trabajos de demolición del muro.

El 7 de noviembre de 2023, pronunciamos Resolución en la cual, entre 

otras cosas, concedimos un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la 

cual no debamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. En consecuencia, el 28 de noviembre de 2023, PR Alpha y Rick 

Shrotri presentaron su Alegato en Oposición a la Expedición de la “Petición 

de Certiorari”. En resumen, arguyeron que: (1) logró los permisos de OGPe 

para los trabajos de demolición; (2) obtuvo autorización de la Asociación de 

Residentes de DBE para realizar las obras de demolición; (3) notificó a Longo 

sobre los desarrollos; e (4) instaló la verja de madera antes descrita dentro de 

la propiedad de LONGO MARRERO con su consentimiento. Al mismo tiempo, 

esbozó que LONGOMARRERO provocó un sinnúmero de incidentes procesales 

14 Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 222- 231.

15 Íd., págs. 3- 8.

16 Íd., págs. 232- 241.

17 Íd., pág. 1.
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con la finalidad de entorpecer los esfuerzos de PR ALPHA. También, 

argumentó que la notificación de la Petición de Certiorari fue defectuosa. 

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s) 

controversia(s) planteada(s).

– II –

– A –

El recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas 

por una corte de inferior instancia judicial.18 Por ello, la determinación de 

expedir o denegar este tipo de recurso se encuentra enmarcada dentro de la 

discreción judicial.19

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.20

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.21

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.22 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.23 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando: 

18 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico Inc., 2023 TSPR 65; 212 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); McNeil Healthcare v. Mun. 

Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021). 

19 Íd. 

20 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

21 Íd. 

22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

23 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
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(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.24

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.25

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.26 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 

de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 

la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.

27

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

ejercicio de nuestra jurisdicción.28 En otras palabras, los anteriores criterios 

24 4 LPRA Ap. XXII – B, R. 40; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339– 340 (2012). 

25 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163 (2020).

26 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

28 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005).
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nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.29 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari.

30 La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”31 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.32 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.33

– III –

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009 nos permite 

expedir el auto de certiorari cuando se recurre de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil de 

2009 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. En este caso, 

estamos ante una determinación revisable por este foro intermedio y sobre 

la cual podemos expedir el auto de certiorari. 

En su recurso, las señoras LONGO MARRERO y MARRERO NAVARRO

expusieron que el tribunal primario erró al denegar la solicitud de remoción 

de la verja temporera dentro de su propiedad, así como erró al rehusar

celebrar una audiencia para evaluar su petitorio y el daño ocasionado a su 

inmueble. Además, desplegaron que los acuerdos relacionados a la 

controversia fueron cumplidos y, se reparó el desagüe. Empero, insisten en 

29 Mun. de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019). 

30 Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).

31 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, Inc., supra.

32 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).

33 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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que la verja temporera no formó parte de las estipulaciones, por lo que, debe 

ser removida. 

Por otro lado, PR ALPHA y RICK SHROTRI argumentaron que el litigio 

se había tornado en uno altamente contencioso pese a que existe un

entendimiento para la instalación de los paneles protectores de madera 

dentro de la propiedad de las señoras LONGO MARRERO y MARRERO 

NAVARRO. Adujeron que obtuvieron los permisos de OGPe para los trabajos 

de demolición y, la instalación de la verja de madera fue con el 

consentimiento de las señoras LONGO MARRERO y MARRERO NAVARRO. 

También, expresaron que la demolición no ha finalizado, por lo que, la 

remoción de la verja será realizada tan pronto finalice el proyecto. 

Ahora bien, al examinar la totalidad del expediente no puede pasar 

por desapercibido que entre las partes hubo unos acuerdos desde el inicio de 

las controversias. Esto es, las partes suscribieron una Estipulación Conjunta 

Sobre Los Trabajos De Demolición y una Moción Para Informar Acuerdo Que 

Dispone De la Solicitud De Interdicto Posesorio en las cuales llegaron a unos 

acuerdos respecto a los permisos, costos y proceso de desmoronamiento del 

muro. Colegimos que lo pactado por las partes es una admisión judicial que 

implica un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella. 

Éstas persiguen evitar dilaciones, inconvenientes, gastos y su uso debe 

alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida y económica.34

Como norma general, un juzgador debe aceptar los convenios y las 

estipulaciones de las partes. Una vez el tribunal ratifica una estipulación, 

mediante la cual se pone fin a un pleito o se resuelve algún incidente dentro 

del proceso, ésta obliga a las partes y tiene el efecto de cosa juzgada.35 

En el caso de marras, se está llevando a cabo una demolición de una 

verja que fuese contemplada en los acuerdos de las partes. El asunto que 

señalan las señoras LONGO MARRERO y MARRERO NAVARRO respecto a la 

34 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007).

35 Íd.
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movilización de la verja temporera es un detalle que emana del proyecto de 

la propia demolición. El trabajo por el cual las partes llegaron a un acuerdo 

no ha finalizado, por lo que, la verja temporera objeto de controversia deberá 

ser removida una vez culmine o finalice la obra de demolición. 

De igual forma, las señoras LONGO MARRERO y MARRERO NAVARRO no 

han demostrado la existencia de un nexo causal entre la demolición del muro 

y la imposibilidad de alquiler de su propiedad. Tampoco lograron acreditar, 

la existencia o inminencia de daños irreparables en su propiedad o 

inmediaciones que justifiquen la concesión de un remedio extraordinario. 

Por lo tanto, discernimos que no se amerita nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos y, en consecuencia, procedemos a conferirle 

deferencia al foro recurrido. 

– IV –

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari promovido el 3 de noviembre de 2023 por las señoras 

LONGO MARRERO y MARRERO NAVARRO y, en conformidad, ordenamos la 

continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones