Número Identificador

SEN(RES)2024____________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

WILBERT HERNÁNDEZ 

CARABALLO 

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Recurrido

KLRA202400374

REVISIÓN JUDICIAL

Procedente de la 

Comisión Apelativa 

del Servicio Público

Caso Núm.:

2017-12-0327

Sobre: Traslado

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Alvarez Esnard, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece ante nos Wilbert Hernández Caraballo (“señor 

Hernández” o “Recurrente”) mediante una Solicitud de Revisión 

Judicial presentada el 12 de julio de 2024. Nos solicita que 

revoquemos la Resolución y Orden Final que se dictó el 11 de junio 

de 2024 y se notificó el 12 de junio del mismo año por la Comisión 

Apelativa de Servicio Público (“CASP” o “agencia recurrida”). Por 

virtud del aludido dictamen, la CASP archivó con perjuicio la 

Apelación presentada por el Recurrente, por incumplimiento de 

varias órdenes emitidas por la agencia recurrida, a tenor con el 

Artículo III del Reglamento Procesal Núm. 7313 de la CASP y la 

Sección 3.21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, infra.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen recurrido. 

I.

Conforme se desprende del expediente administrativo, el 15 

de diciembre de 2017, el señor Hernández presentó una Solicitud de 
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Apelación (por derecho propio) ante la CASP.

1 En esta, el Recurrente, 

quien se identificó como empleado de carreara del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (“DCR”), impugnó el traslado que la 

aludida agencia le había notificado mediante una carta con fecha de 

7 de noviembre de 2017. Según reza la referida comunicación, al 

señor Hernández se le trasladó para prestar servicios a la Institución

Regional Metropolitana 308/448 de Bayamón. No obstante, el 

Recurrente esbozó que dicha acción era un “traslado oneroso e 

injustificado y discriminatorio”. Por ello solicitó que lo devolvieran

a la institución donde laboraba previo al traslado y se le indemnizara

los gastos incurridos. 

Tras el DCR presentar su alegación responsiva, el 18 de 

diciembre de 2018, la CASP ordenó a las partes a que, 

conjuntamente, presentaran un informe de conferencia con 

antelación a vista pública en un término de veinte (20) días 

calendario. Luego de varios trámites procesales, el 1 de marzo de 

2019, la CASP emitió una Orden mediante la cual informó que, al 

atender la Moción Informativa y Presentación del Informe de 

Conferencia con Antelación a Vista Pública presentada por el DCR el 

14 de febrero de 2019, dio la misma por cumplida. Sin embargo, en 

esa misma Orden, la agencia recurrida reseñó que el señor 

Hernández había presentado un Informe de Conferencia con 

Antelación a Vista Pública, el 27 de febrero de 2019, pero únicamente

tomó conocimiento sobre este asunto. Consecuentemente, le ordenó 

al Recurrente a que presentara una enmienda a su informe e 

indicara las leyes y reglamentos aplicables a la controversia.

Así pues, el 1 de abril de 2019, la CASP le concedió veinte (20)

días al Recurrente para que mostrara causa por la cual no se le 

1 En el presente caso, haremos alusión al contenido de los documentos contenidos 

en la Copia Certificada del Expediente Administrativo de la CASP en el caso 2017-

12-0327.
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debía imponer una sanción de quinientos dólares ($500.00) por 

incumplir con la Orden de 1 de marzo de 2019. Subsiguientemente,

el 23 de abril de 2019, la CASP le impuso la referida sanción 

económica por el incumplimiento. El 31 de mayo de 2019, la CASP 

emitió otra Orden en la cual, tomó conocimiento y daba por 

cumplido la orden, ya que, el 29 de marzo de 2019, el Recurrente

presentó su Informe de Conferencia con Antelación a Vista Pública.

Transcurrido un tiempo, el 14 de julio de 2021, la CASP emitió 

Orden mediante la cual informó que el 7 de junio de 2019 se había 

pautado una vista y que celebrada la misma, ninguna de las partes 

compareció. En ese sentido, ordenó a ambas partes a que mostraran 

causa por la cual no se le debía imponer sanciones económicas. 

Acto seguido, el 30 de septiembre de 2021, la CASP emitió otra

Orden. En esta destacó que ambas partes alegaron que no pudieron 

comparecer a la vista pautada por problemas en el calendario. Ante 

esto, se señaló una vista para el 7 de junio de 2022. Sin embargo, 

dicha vista fue dejada sin efecto y se recalendarizó para el 4 de 

agosto de 2022.

Llegada la fecha, el 4 de agosto de 2022, la CASP celebró 

finalmente la vista en la cual comparecieron las partes. Culminada 

la misma, la CASP emitió una Orden que se notificó el 5 de agosto 

de 2022. En ella, se le concedió un término de treinta (30) días al 

Recurrente para que anunciara representación legal. Del mismo 

modo, se le concedió un término de setenta y cinco (75) días para 

que ambas partes se reunieran y atendieran una serie de asuntos 

pertinentes al caso y, tras esta conferencia, las partes tendrían un 

término de diez (10) días para presentar un informe de 

conferencia con antelación a vista pública, la cual debía 

presentarse en conjunto. En cumplimiento con lo ordenado, el 9 de 

diciembre de 2022, el Recurrente presentó una Moción Anunciando 

Representación Legal.
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Transcurrido un tiempo, el 31 de enero de 2023, la CASP 

emitió una Orden en la cual le requirió a las partes a que mostraran 

causa por la cual no se le debía imponer una sanción de quinientos 

dólares ($500.00) por incumplir con la Orden del 5 de agosto de 

2022. El 21 de febrero de 2023, el Recurrente presentó una Solicitud 

para que se Conceda a las Partes Término Adicional para Auscultar 

Posibilidad de Acuerdo Transaccional. En resumen, informó que las 

partes ya habían sometido un informe de conferencia de antelación 

a vista pública de manera separada. Esbozó que la representación 

legal de las partes había tenido la oportunidad de dialogar sobre la 

posibilidad de materializar un acuerdo por lo cual, solicitó un 

término de treinta (30) días para informar si en efecto, dicho acuerdo 

se materializó. Igualmente, esgrimió que, de vencerse el término 

solicitado sin llegar a algún acuerdo, solicitaría un término adicional 

de 10 días para someter el informe requerido por la CASP.

No empece a lo anterior, el 27 de febrero de 2023, la CASP 

emitió otra Orden en la cual le impuso una sanción de quinientos 

dólares ($500.00) a las partes por incumplir con la Orden del 5 de 

agosto de 2022. Tras esto, el 7 de marzo de 2023, el señor Hernández

presentó una Solicitud de Reconsideración de Orden imponiendo el 

Pago de Sanciones. En esta, adujo que había presentado una moción 

27 de febrero de 2023 y reiteró el contenido de esta. Sostuvo que 

dicha moción nunca fue resuelta. Además, enfatizó que el 

Recurrente no ha incumplido con ninguna Orden de la CASP pues 

había sostenido reuniones con el DCR para tratar de llegar a algún 

acuerdo. 

Por su parte, el 11 de septiembre de 2023, el DCR presentó 

Moción para Mostrar Causa y de Prorroga, en la cual explicó que 

dicha parte no tenía conocimiento de la Orden de 5 de agosto de 

2022, por lo que se le solicitó que se le notificara nuevamente dicha 

Orden y se le concediera un término de veinte (20) días para cumplir 
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con la misma. Atendido estos escritos, el 17 de octubre de 2023, la 

CASP emitió una Orden en la cual tomó conocimiento de las 

mociones presentadas por las partes y les concedió treinta (30)

días adicionales para presentar el informe ordenado el 5 de 

agosto de 2022 con el apercibimiento de las consecuencias del 

incumplimiento de la directriz.

Empero, el 4 de abril de 2024, la CASP emitió una Orden en 

la cual explicó que, tras haber transcurrido el término de treinta 

(30) días sin que ninguna de las partes presentara documento 

alguno, le ordenó a que mostraran causa por la cual no se le debía 

imponer una sanción económica de quinientos dólares ($500.00). 

Así las cosas, el 14 de mayo de 2024, la CASP le impuso una 

sanción económica a cada una de las partes por incumplir con 

la Orden del 5 de agosto de 2022.

Finalmente, el 11 de junio de 2024, notificada el 12 de junio

del mismo año, la CASP emitió una Resolución y Orden Final en 

la cual desestimó con perjuicio el pleito por el incumplimiento

reiterado de las ordenes de la agencia recurrida.

Inconforme, el 12 de julio de 2024, el Recurrente compareció 

ante este foro y formuló los siguientes señalamientos de error:

Erró la Honorable Comisión en su Resolución al no notificar 

adecuadamente al apelante, ni a su representación legal, sus 

órdenes dictadas en 5 de abril de 2024 y 14 de mayo de 2024;

Erró la Honorable Comisión al imponer a la parte apelante la 

sanción económica de quinientos dólares ($500.00) por el 

incumplimiento con la Orden del 5 de agosto de 2022 sin 

haber considerado ni resuelto las mociones en cumplimiento 

de orden oportunamente presentadas por la parte apelante 

en 21 de febrero de 2023 y en 7 de marzo de 2023; 

Erró la Honorable Comisión al no tomar en consideración, e 

ignorar y obviar por completo en su Resolución, las mociones 

en cumplimiento de orden oportunamente presentadas por 

la parte apelante en 21 de febrero de 2023 y en 7 de marzo 

de 2023; 

Erró la Honorable Comisión al incidir en su deber de 

adjudicar casos, desestimando con perjuicio la Apelación 

ante su consideración al aplicar inflexiblemente requisitos de 

forma, tales como la presentación de manera conjunta del 

Informe de Conferencia con antelación a la vista pública, 

cuando 1) obra en autos que desde mayo de 2019 las partes 

proveyeron la información que se requiere en dicho Informe, 

si bien lo hicieron de forma separada; 2) las partes no 
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expresaron que harían cambios a sus respectivas porciones 

del Informe; y 3) nada impedía la continuación de los 

procedimientos con el señalamiento de la vista pública

El 17 de julio de 2024, esta Curia emitió Resolución en la que, 

entre otros asuntos, le concedió un término de treinta (30) días para 

que el DCR expusiera su oposición al recurso. Igualmente, el 31 de 

julio de 2024, esta Curia emitió Resolución en la que se le concedió

diez (10) días a la CASP para elevar copia certificada del expediente 

administrativo. En cumplimiento con lo ordenado, el 7 de agosto de 

2024, la agencia recurrida presentó un escrito intitulado 

Comparecencia Especial en Cumplimiento de Resolución, mediante el 

cual presentó una copia certificada del expediente del caso. Vencido 

el término para acudir a esta Curia, el DCR no compareció ante nos 

por lo cual resolveremos la presente controversia sin el beneficio de 

su comparecencia.

II.

A. Revisión de las determinaciones administrativas

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, Ley 

Núm. 22 de agosto de 2003, según enmendada, (“Ley de la 

Judicatura”), dispone que el Tribunal de Apelaciones tiene 

competencia para revisar, mediante un recurso de revisión judicial, 

“las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas”. 4 LPRA sec. 24u. Asimismo, la precitada 

Ley establece que el procedimiento de revisión judicial se llevará a 

cabo conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 

de 30 de junio de 2017, según enmendada (“LPAU”), 3 LPRA sec. 

9601 et seq. Esta última establece, en su Sección 4.2, que la revisión 

judicial de las determinaciones administrativas están sujeta al 

cumplimiento con dos requisitos: (i) la parte adversamente afectada 

por la orden o resolución haya agotado los remedios provistos por la 

agencia y (ii) que la orden o resolución sea final, y no 
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interlocutoria. (Énfasis nuestro). 3 LPRA sec. 9672. Véase, además, 

AAA v. UIA, 199 DPR 638, 657 (2018). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:

Aunque la LPAU no provee una definición puntual para 

lo que constituye “ ‘orden, resolución o providencias 

adjudicativas finales” — contrario a lo que ocurre con 

otros términos—, sí se provee una descripción de lo que 

debe contener este tipo de dictamen.11 A saber, incluir y 

exponer de forma separada “determinaciones de hecho si 

éstas no se han renunciado, conclusiones de derecho, 

que fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 

La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la 

agencia o por cualquier otro funcionario autorizado por 

ley”. AAA v. UIA, supra, págs. 657-658.

No empece que la LPAU establece la definición específica del 

término orden o resolución final, la misma dispone claramente en la 

Sección 3.14 los requisitos que debe contener. 3 LPRA sec. 9654. 

Además, el Tribunal Supremo ha sido enfático y ha reiterado que 

una orden o resolución final será “se trata de aquella determinación 

de la agencia administrativa que pone fin a los procedimientos en 

un foro determinado y tiene un efecto sustancial para las partes”. 

AAA v. UIA, supra. En vista de lo anterior, si no se recurre de una 

orden o resolución final, el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción y está impedido de revisar la decisión 

administrativa.

B. Desestimación por Incumplimiento de Órdenes 

Administrativas

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (“LPAU”),

provee para que las agencias administrativas puedan desestimar 

querellas como sanción por incumplimiento de sus órdenes en el 

proceso adjudicativo. Específicamente, faculta a la agencia para 

solicitar a las partes que muestren causa por la cual no se les debe 

imponer sanciones por incumplir con la reglamentación de la 

agencia “con cualquier orden del jefe de la agencia, del juez 
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administrativo o del oficial examinador . . .”. 3 LPRA sec. 9661(a). 

Así, ejerciendo su facultad cuasi judicial, una agencia podrá:

Ordenar la desestimación de la acción en el caso del 

promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del 

promovido, si después de haber impuesto sanciones 

económicas y de haberlas notificado a la parte 

correspondiente, dicha parte continúa en su 

incumplimiento de las órdenes de la agencia. (Énfasis 

suplido) 3 LPRA sec. 9661(b). 

Por otro lado, el Reglamento Procesal de la Comisión, 

Reglamento Núm. 7313-2007 también faculta a la Comisión a 

desestimar la causa

Cuando cualquiera de las partes o ambas incumplan 

injustificadamente una orden de la Comisión o del Oficial 

Examinador, luego de que se ordenare que muestre causa 

por la cual no deba imponérsele una sanción, y luego de 

habérsele impuesto una sanción económica por 

incumplimiento de orden a favor de la agencia, de cualquier 

parte o de su abogado, por cada imposición separada. 

Artículo III, Reglamento Núm. 7313-2007. 

Por tanto, la Comisión está facultada para ejercer su 

discreción en ese aspecto siempre que la desestimación se produzca 

solo luego de haberse: (1) solicitado mostrar causa e (2) impuesto 

sanción, (3) sin que se remedie el incumplimiento. 

Por último, la Sección 2.8 del Reglamento Núm. 7313-2007

establece lo siguiente:

Una vez las partes hayan comparecido mediante 

representación legal, toda notificación se hará al abogado o 

abogada en lugar de a la parte, excepto en aquellas órdenes 

emitidas de muestre causa o imposición de sanción 

relacionadas al incumplimiento de órdenes de las partes 

representadas por abogados, en cuyo caso se deberá 

notificar también a la parte a su dirección de récord.

(Énfasis suplido)

III.

Expuesto el marco jurídico y ponderados los autos, 

procedemos a resolver. El señor Hernández discute sus cuatro 

señalamientos de error de manera conjunta, por lo cual evaluaremos

los mismos de esa forma. En síntesis, la controversia trabada ante 

nuestra consideración en el caso de marras se limita a si la CASP 

incurrió en un abuso de discreción o error de derecho al desestimar 

la Apelación instada por el Recurrente a consecuencia del 
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incumplimiento de las partes con varias órdenes dictadas por la 

agencia recurrida. Veamos.

Surge del expediente administrativo que, el 5 de agosto de 

2022, la CASP emitió una Orden para que, entre otras cosas, las 

partes de epígrafe se reunieran y presentaran en conjunto un 

Informe de Conferencia con Antelación a Vista Pública (Informe). 

Transcurrido el término que dispuso la agencia recurrida, el 31 de 

enero de 2024, la CASP les solicitó a las partes que mostraran causa 

por la cual no debía imponerle sanciones por el incumplimiento con 

la Orden emitida el 5 de agosto de 2022. El 27 de febrero de 2023 la 

CASP sancionó a las partes por el referido incumplimiento. No 

obstante, consta en el expediente que, el 21 de febrero de 2023, el 

Recurrente había presentado una moción a los efectos de solicitar 

un término adicional para auscultar la posibilidad un acuerdo 

transaccional y de no llegar a dicho acuerdo, entonces presentar el 

Informe solicitado. Aun así, la CASP sancionó a las partes por el 

incumplimiento mediante una Orden el 27 de febrero de 2023.

Luego de que el Recurrente presentara una moción de

reconsideración, y el DCR una moción mostrando causa, el 17 de 

octubre de 2023, la agencia recurrida tomó conocimiento de dichos 

escritos y volvió a pedirles a las partes la presentación del Informe. 

No cabe duda, de que, si bien la CASP no resolvió en los méritos las 

mociones presentadas por las partes, tampoco se puede obviar que 

estas venían obligadas a acatar la directriz de la agencia. Sin 

embargo, transcurrido el término concedido por la CASP, las partes 

no presentaron documento alguno. En ese sentido, el 4 de abril de 

2024 la CASP emitió una Orden para que mostraran causa por la 

cual no debía imponerles sanciones económicas y posteriormente, 

14 de mayo de 2024, la agencia recurrida emitió otra Orden

imponiendo las sanciones. Finalmente, la CASP dictó Resolución y 
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Orden Final desestimando el pleito por el reiterado incumplimiento 

de las partes.

Ahora bien, de un examen del expediente administrativo, nos 

percatamos que la Orden emitida el 4 de abril de 2024 se notificó 

únicamente a los abogados y no directamente a las partes, 

contrario a las subsiguientes ordenes, entiéndase la Orden de 14 de 

mayo de 2024 y la Resolución y Orden Final de 11 de junio de 

2024, las cuales si fueron notificadas tanto a las partes como a su 

representación legal. 

La sección 3.21 de la LPAU es diáfana en cuanto a cuando 

procede la desestimación de un recurso en los foros administrativo 

como medida sancionadora. Así, esta legislación especial provee que 

una agencia podrá: [o]rdenar la desestimación de la acción en el caso 

del promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del promovido, 

si después de haber impuesto sanciones económicas y de haberlas 

notificado a la parte correspondiente, dicha parte continúa en su 

incumplimiento de las órdenes de la agencia.

De igual manera, la Sección la Sección 2.8 del Reglamento 

Núm. 7313-2007 de la CASP dispone las órdenes emitidas para 

mostrar causa o aquellas que imponga sanciones relacionadas al 

incumplimiento de órdenes de las partes representadas por 

abogados, se deberá notificar también a la parte a su dirección 

de récord. En otras palabras, cónsono con lo que ha establecido 

nuestra jurisprudencia, la severa sanción de la desestimación del 

pleito, solamente podrá imponerse “después que la parte haya sido 

debidamente informada y/o apercibida de la situación y de las 

consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida”. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498, (1982).

A tono con todo lo previamente esbozado, es menester recalcar 

que, en el caso de autos, la CASP incumplió con su obligación de 

notificar a las partes de la Orden de 4 de abril de 2024. La aludida 
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Orden no solo solicitaba que las partes mostraran causa por la cual 

no debían imponerse sanciones, sino que también incluía el 

apercibimiento sobre las consecuencias de incumplir con la directriz 

de la agencia recurrida. Toda vez que, que la CASP no notificó 

adecuadamente al señor Hernández, esta estaba impedida de

desestimar el pleito por virtud de la sección 3.21 de la LPAU. Por 

consiguiente, corresponde revocar la determinación recurrida y 

devolver el caso para la continuación de los procedimientos.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Resolución recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

Secretaria del Tribunal de Apelaciones