Número Identificador

SEN2024 _________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

ELDA GONZÁLEZ 

SANTIAGO

Recurrido

v.

CONSEJO DE 

TITULARES DEL 

CONDOMINIO SANTA 

RITA; JUNTA DE 

DIRECTORES DEL 

CONDOMINIO SANTA 

RITA; SHEILA 

CANDELARIO 

BARRETO, Presidenta; 

MARICARMEN VARGAS 

VARGAS, Secretaria; 

MICHAEL ZARCONE 

CANDELARIO, Tesorero

Recurrente

KLRA202400158

REVISIÓN

procedente del 

Departamento de 

Asuntos al 

Consumidor

Caso Núm.:

C-SAN-2023-005179

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2024.

Comparece ante nos, por derecho propio, la señora Elda 

González Santiago (señora González Santiago o recurrente) y solicita 

que revisemos la Resolución Sumaria emitida el 23 de enero de 2024, 

notificada el 26 de enero de 2024 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo), mediante la cual se desestimó la querella 

de referencia. La señora González Santiago solicitó reconsideración, 

pero la misma fue desestimada por falta de jurisdicción. Así, la 

agencia sostuvo en pleno efecto y vigor la Resolución Sumaria.

Por las razones que expondremos a continuación, se

desestima el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.

I. 

Según surge del expediente, el 24 de marzo de 2023, la señora

González Santiago presentó la Querella de epígrafe en contra del 
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Consejo de Titulares y Junta de Directores del Condominio Santa 

Rita, su presidenta Sheila Candelario Barreto, su secretaria 

Maricarmen Vargas Vargas, así como su tesorero Michael Zarcone 

Candelario (en conjunto, parte recurrida). Ello, al amparo de la Ley 

Núm. 129-2020, infra. En esencia, la querella tenía el propósito de 

impugnar la asamblea extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 

2023 en el mencionado Condominio. El 3 de julio de 2023, la parte 

querellada fue notificada de la causa de acción instada en su contra. 

El 23 de enero de 2024, el DACo emitió la Resolución Sumaria

concernida, mediante la cual desestimó la querella y ordenó su 

cierre y archivo. Lo anterior, bajo el fundamento de que la señora 

González Santiago presentó una querella para impugnar la 

celebración de una asamblea extraordinaria, más no incluyó una 

certificación negativa de deuda con el Consejo de Titulares del 

Condominio Santa Rita, lugar donde reside. Esto, fuera por cuotas 

de mantenimiento, derramas, multas vencidas y/o primas de 

seguro. El DACo razonó que la señora González Santiago no estaba 

eximida de cumplir con dicho criterio, por lo cual, conforme al 

Reglamento de Condominios Núm. 9386, decretaba el cierre y 

archivo de la querella.1 Asimismo, la agencia administrativa incluyó 

en su dictamen, entre otras advertencias, la siguiente:

Si la parte interesada opta por solicitar una 

Reconsideración, su solicitud DEBERÁ SER POR 

ESCRITO. Se recomienda incluir la palabra 

“Reconsideración” como título del documento, el cual 

podrá presentarse de modo presencial, o enviarse por 

correo postal. Copia de la Reconsideración deberá ser 

notificada a la otra parte dentro de los veinte (20) 

días antes indicados, y deberá certificar dicha 

gestión ante el DACo. (Énfasis en el original).

En desacuerdo con la decisión de la agencia, el 13 de febrero 

de 2024, la señora González Santiago presentó una solicitud de

reconsideración, pero esta se desestimó por falta de jurisdicción

1 Del expediente surge que la parte querellada incoó su alegación responsiva el 31 

de enero de 2024, luego de dictado el dictamen recurrido.
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mediante Resolución en Reconsideración notificada el 1 de marzo de 

2024. Lo anterior, bajo el siguiente razonamiento: “El documento de 

reconsideración presentado por la querellante Elda González no 

incluye certificación de haberle enviado a la otra parte copia del 

mismo”.

Aun inconforme con la determinación del DACo, la señora 

González Santiago acude ante este Tribunal de Apelaciones y alega 

que el foro administrativo cometió los siguientes errores: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 

desestimar la querella de la Sra. González vía 

Resolución Sumaria al entender que debía presentar 

certificación de no deuda.

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 

Resolución en reconsideración por que el Departamento 

entiende parte recurrente no notificó a la otra parte y 

este no le dio la oportunidad de presentar evidencia de 

la notificación. 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 

aceptar el documento Contestación a Querella 

presentado luego del cierre y archivo de la querella.

A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Foro puede “prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, “con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho...”. Ante ello, prescindimos de la comparecencia 

de la parte recurrida.

II.

A.

La Sección 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico, 3 LPRA sec. 9655 (LPAU), regula la moción de reconsideración 

en el ámbito administrativo. En lo pertinente, esta expone que la 

parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o 

final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de 
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archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden.

En Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003), el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico determinó que la norma establecida previamente en 

Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 617–618 (1997), en cuanto a que el 

término para notificar una moción de reconsideración a las demás 

partes es de cumplimiento estricto y que ésta debe notificarse dentro 

del término que establece la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, para 

presentar la reconsideración, es compatible con el procedimiento 

administrativo. Así, extendió la aplicación de esta norma a la 

reconsideración administrativa de la Sec. 3.15 de la LPAU, supra.

Por su parte, la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 

9672, autoriza que se solicite la revisión judicial de decisiones 

administrativas. En esta Ley se establece el término jurisdiccional 

que tiene una parte afectada para instar un recurso de esta índole: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, 

cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación oportuna 

de una moción de reconsideración.

B.

De otro lado, la jurisdicción es el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Por ello, la 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Metro Senior v. AFV, 

209 DPR 203 (2022); Allied Management Group, Inc. v. Oriental 

Bank, 204 DPR 374, 385-386 (2020); Beltrán Cintrón v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 204 DPR 89, 109 (2020). En ese sentido, 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y no 
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pueden asumirla donde no la tienen. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por consiguiente, los asuntos 

relacionados a la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y 

deben atenderse con primacía. Íd.

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma tardía, 

entiéndase pasado el término provisto para recurrir. Yumac Home v. 

Empresas Masso, 194 DPR 96, 107 (2015). Un recurso tardío priva 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre e igualmente priva a la 

parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. Íd.; Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 

En armonía con lo anterior, la Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 83 (B)(1) y (C), nos 

faculta, por iniciativa propia o a la solicitud de parte, a desestimar 

un recurso cuando carecemos de jurisdicción para atenderlo.

III.

En el presente recurso, atenderemos con primacía el asunto 

jurisdiccional que surge del expediente. Ello, relacionado a la falta 

de notificación a la parte recurrida de la solicitud de reconsideración 

presentada ante el DACo por la recurrente.

Según expuesto, el DACo dictó la Resolución Sumaria

impugnada el 23 de enero de 2024. Desde ese momento la agencia 

le advirtió a la recurrente que, de interesarle solicitar 

reconsideración, su escrito debía ser notificado a la otra parte dentro 

del término de 20 días aplicable.

2 La notificación a la otra parte en 

el término mencionado constituye un requisito de cumplimiento 

estricto.

3 En particular, se le indicó que dicha gestión de envío debía 

2 Véase, Regla 29.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, 

Reglamento Núm. 8034, aprobado el 13 de junio de 2011.

3 Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los tribunales.

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la revisión 

judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. Depto. 

Vivienda, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, para prorrogar un término de 
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certificarse ante el DACo. Al no cumplir con lo anterior, la agencia 

se declaró sin jurisdicción para resolver la solicitud de 

reconsideración.

En el recurso bajo nuestra consideración, aun cuando la 

recurrente alega que sí notificó de inmediato la solicitud de 

reconsideración a la parte recurrida, mediante correo regular y vía 

correo electrónico, es un hecho que no incluyó dicha prueba en su 

escrito. Tampoco demostró justa causa por la referida omisión. Así, 

es claro que el expediente está carente de la mencionada gestión que 

la recurrente alega realizó a la parte recurrida. Lo anterior nos lleva 

a concluir que la solicitud de reconsideración no le fue notificada a

la parte recurrida dentro del término de 20 días de cumplimiento 

estricto aplicable.

Por consiguiente, la presentación de la solicitud de 

reconsideración incoada por la recurrente no interrumpió el término 

jurisdiccional de 30 días que ostentaba para acudir ante este 

Tribunal de Apelaciones. El aludido término para instar su recurso 

de revisión judicial comenzó a transcurrir desde el 26 de enero de 

2024, fecha en que se notificó por correo la Resolución Sumaria. Por 

tanto, la recurrente contaba hasta el 26 de febrero de 2024 para 

incoar su recurso de revisión judicial.4 Al presentarlo el 27 de marzo 

de 2024, evidentemente se hizo de forma tardía, lo que nos priva de 

jurisdicción para atenderlo en sus méritos.

Frente a lo enunciado, carecemos de autoridad para poder 

intervenir y adjudicar la causa de epígrafe. Ello nos obliga a 

desestimar la acción ante nuestra consideración, por constituir el 

único proceder adecuado, toda vez que la falta de jurisdicción no 

cumplimiento estricto “generalmente se requiere que la parte que solicita la 

prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa causa por la cual no puede 

cumplir con el término establecido”. Íd., pág. 403.

4 El término vencía el 25 de febrero de 2024, pero al ser domingo se extiende 

automáticamente hasta el próximo día laborable, en este caso, el lunes 26 de 

febrero de 2024.
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puede ser subsanada, ni el tribunal puede atribuírsela cuando no la 

hay. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). Véase, además, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de revisión judicial de referencia por falta de jurisdicción 

ante su presentación tardía.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones