Número Identificador

SEN2024 _______

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

CARMEN DELIA

SANTIAGO RODRÍGUEZ

Recurrida

v.

ANTONIO MALDONADO

VARGAS

Peticionario

KLCE202400207

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Civil Núm.:

BY2022RF02041

Sobre:

Orden denegando la 

Impugnación del 

Informe Social

Panel integrado por su presidente el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2024.

El señor Antonio Maldonado Vargas (en adelante, 

peticionario o Maldonado Vargas), solicita la revisión de la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

2 de enero de 2024. Mediante esta el foro primario le denegó al 

peticionario la impugnación del Informe Social por haber 

transcurrido más de los 20 días que el tribunal le concedió para 

ello. Solicitan además la revisión de la Resolución notificada el 9 

de enero de 2024 en la que el foro primario acogió el Informe 

Social.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la resolución 

recurrida. Entendemos que existía causa, por razón de la 

enfermedad de la abogada del peticionario, para no haber 

respondido la orden del tribunal en el término de veinte (20) días 

concedido.
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I.

El trasfondo procesal y fáctico de esta reclamación se 

resume de la siguiente manera:

La señora Carmen Delia Santiago Rodríguez, es la abuela 

materna de las menores MKMN de once (11) años y MSMN de siete 

(7) años. Al fallecer la madre de las menores, su abuela presentó 

una solicitud de custodia y alimentos contra el padre de las niñas, 

el señor Antonio Maldonado Vargas. Este se encontraba recluido 

en el Complejo Correccional de Arecibo por haber violado una 

orden de protección expedida a favor de la madre de las menores.

El 19 de diciembre de 2022 el foro primario celebró una vista 

y al día siguiente, 20 de diciembre de 2022, dictó una Sentencia 

concediendo la custodia legal provisional a la señora Santiago 

Rodríguez. El 21 de febrero de 2023 compareció la abogada 

adscrita al Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados de Puerto 

Rico, en representación del señor Antonio Maldonado Vargas

mediante Moción asumiendo representación legal y solicitud de 15 

días para contestar la demanda. El 22 de febrero de 2023 el 

Tribunal aceptó lo solicitado.

El 15 de marzo de 2023, el señor Maldonado Vargas,

representado por la abogada del Programa acudió a la vista para 

fijar la custodia permanente. Allí se le notificó al tribunal que el 

demandado estuvo confinado y que ahora estaba en probatoria. 

Indicó que solicitaba la custodia compartida en los fines de 

semana. El foro de instancia reseñaló el juicio en su fondo para 

el 19 de abril de 2023 y, además, refirió el caso a la División Social 

para un estudio de custodia y relaciones paterno filiares. En 

específico indicó “evaluar bajo 223 y/o relaciones filiales de no 
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cualificar para la custodia compartida”.1 A su vez, le concedió al 

señor Maldonado Vargas hasta el 30 de marzo para contestar la 

demanda. El 21 de marzo de 2023 el tribunal primario emitió un 

referido para que el peticionario viera a sus dos hijas en el 

Programa Encuentro. 

Según ordenado, el 29 de marzo de 2023 el señor 

Maldonado Vargas presentó la Contestación a petición de custodia 

y a solicitud urgente de remedio provisional. 

El 18 de abril de 2023 las partes presentaron una Urgente 

moción conjunta para informar situación inesperada sobrevenida. 

Allí solicitaron que el tribunal dejara sin efecto la vista señalada, 

que se mantenga el estado de derecho actual hasta tanto culmine 

el estudio social ordenado. 

Luego, el 9 de mayo de 2023 la señora Santiago Rodríguez 

presentó una Réplica a contestación a la demanda. En síntesis, 

alegó que el demandado representaba un riesgo para la seguridad 

de las niñas.2 El 18 de mayo de 2023 el señor Maldonado Vargas 

presentó una Moción fijando nuestra posición a “réplica a la 

contestación” presentada por la demandante, a la cual, ese mismo 

día, el foro primario le respondió “enterado”.3

El 18 de julio de 2023 la señora Santiago Rodríguez le 

informó al foro primario que le solicitó a la sala especializada de 

violencia doméstica, la regrabación de las vistas de orden de 

protección celebradas los días 1 y 16 de febrero de 2021, en las 

que la madre fallecida de las menores testificó, para hacerlas 

disponibles a la trabajadora social de la Unidad Social. 

1 Apéndice pág. 28.

2 Apéndice del alegato en oposición, pág. 57.

3

Íd, pág. 61.
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El 15 de agosto de 2023 la trabajadora social presentó una 

moción para informarle al foro primario que recibió las 

grabaciones de las vistas de sala de investigaciones referentes a 

las partes del caso. El 24 de agosto de 2023 la parte demandante 

Santiago Rodríguez presentó una Moción para solicitar desacato 

por incumplimiento con pensión alimentaria fijada mediante 

Resolución emitida el 7 de marzo de 2023.4 El 30 de septiembre 

de 2023 reiteró la solicitud de desacato.5 En respuesta, el 2 de 

octubre de 2023 el Tribunal señaló vista de desacato para el 27 

de noviembre de 2023.

6

Entretanto, el 3 de noviembre de 2023 la trabajadora social 

presentó una Moción de Informe Social. Adujo que finalizó la 

intervención y que el informe estaba disponible para la 

consideración del Tribunal. 

Ante ello, el 6 de noviembre de 2023, el foro primario emitió 

una orden que en lo aquí pertinente indica como sigue: 

La Trabajadora Social de la Unidad Social a sometido 

el Informe Social (preliminar) que se le encomendó, 

así como las evaluaciones a que fueron referidos las 

partes y el menor. Se autoriza a los representantes 

legales tengan acceso al informe y a las 

evaluaciones. 

[........]

Por otra parte, se les concede a las partes un 

término de veinte (20) días para mostrar causa por 

la cual no deba dictarse sentencia acogiendo las 

recomendaciones del informe. De trascurrir el 

término concedido, sin que las partes no presenten 

oposición o informen que pretenderán impugnar el 

mismo, se dictará la sentencia acogiendo las 

recomendaciones. Por el momento, se acogen las 

recomendaciones de forma provisional, estando las 

partes obligadas al cumplimiento hasta que otra 

cosa se disponga.

Se advierte que si alguna de las partes, o ambas 

partes interesaran impugnar el informe, deberán 

4 Apéndice del alegato en oposición, págs. 69-72.

5

Íd, págs. 87-88.

6

Íd, pág. 89.
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detallar las razones y fundamentos para ello y 

anunciar la prueba pericial con la que contarán para 

impugnar el informe. No se atendarán 

impugnaciones que no vengan acompañadas 

de evidencia pericial que la sostenga. El 

informe pericial a ser sometido deberá venir 

acompañado de un curriculum vitae del perito.

7

Referido término vencía el lunes, 27 de noviembre de 2023. 

Ese día 27 de noviembre, la señora Santiago Rodríguez presentó 

una Moción en cumplimiento de orden. Allí expresó que no se 

oponía a que la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2022 se 

convirtiera en una permanente con la inclusión de las 

recomendaciones brindadas en el estudio social, pero con 

excepción de unos asuntos sobre servicios sicológicos. 

Mientras tanto, según pautado en la orden de 2 de octubre 

de 2023, el 27 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la vista de 

desacato. Según la minuta, el señor Maldonado Vargas 

compareció por derecho propio y solicitó que se le concediera la 

oportunidad para que su abogada estuviese presente. Además, 

abonó a la deuda y el TPI reseñaló la vista para el 9 de enero de 

2024.8

En atención a ello, el 28 de noviembre de 2023 el TPI le 

concedió veinte (20) días a la parte demandada, aquí peticionario,

para que expusiera su posición a lo que solicitó la demandante.9 

El 22 de diciembre de 2023 el señor Maldonado Vargas

presentó una Urgente moción informativa y anunciando la 

impugnación del informe social. En el escrito, su abogada adujo 

que confrontó problemas de salud que la mantuvieron fuera de la 

oficina hasta el 14 de septiembre de 202310. Agregó que realizó 

7 Apéndice págs. 85-86.

8 Alegato en oposición, apéndice pág. 91.

9 Apéndice pág. 89.

10 Posteriormente en Moción de Reconsideración, la abogada del demandado 

aclaró que la fecha correcta era el 14 de diciembre de 2023, véase apéndice 

págs. 117-119.
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gestiones con el Programa Pro-Bono para solicitar el pago de un 

perito de impugnación del informe. Mencionó que, el día previo a 

la moción, Pro-Bono le contestó que iban a sufragar los gastos del 

perito. Indicó el nombre de la doctora perito y que en moción 

aparte incluía el curriculum vitae. Aseveró que por razones de 

salud y por el cumplimiento con la determinación del Programa 

Pro-Bono, no pudo comparecer antes al tribunal. 

Ese mismo día 22 de diciembre de 2023 la abogada del 

señor Maldonado Vargas presentó una Moción informando perito 

de impugnación y sometiendo su curriculum vitae de la Dra. Ileana 

Carrión Maldonado.

En respuesta, el 2 de enero de 2024 el Tribunal emitió una 

Orden con la siguiente determinación: “Ver orden del 6 de 

noviembre de 2023. El Tribunal otorgó 20 días para ello y los 

mismos pasaron en exceso.”11

Luego, el 9 de enero de 2024 el Tribunal emitió una 

Resolución en la cual decidió lo siguiente: “Se acoge el informe 

social y se hacen las recomendaciones parte integral a esta 

resolución. El documento es uno solo para efectos de su 

interpretación.”12 Ese mismo 2 de enero de 2024 el TPI celebró 

la vista antes pautada y el señor Maldonado Vargas compareció 

con su abogada, más fue encontrado incurso en desacato.13

En desacuerdo, el 17 de enero de 2024 la representante 

legal del señor Maldonado Vargas presentó una Urgente moción 

de reconsideración de la orden y de la resolución. En síntesis, 

alegó que en la moción en que anunciaba la impugnación del 

informe, le expresó al tribunal que tuvo varias situaciones de 

11 Apéndice pág. 114.

12 Apéndice pág. 116.

13 Alegato en oposición, apéndice pág. 92.
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salud, incluyendo COVID, y que por error informó que tuvo que 

mantenerse fuera de la oficina hasta el jueves 14 de septiembre 

de 2023, cuando lo correcto era hasta el 14 de diciembre de 2023. 

Adujo que los 20 días concedidos por el tribunal expiraron el 27 

de noviembre, pero que desde el viernes 24 de noviembre se 

encontraba enferma y el 28 de noviembre tuvo el diagnóstico del 

COVID. Agregó que no podía cumplir con la orden del tribunal 

porque físicamente no estaba en condiciones de atender el 

trabajo, lo cual entendió que era justa causa. Explicó que regresó 

al trabajo el 18 de diciembre e hizo gestiones con Pro-Bono para 

que autorizaran la contratación de un perito. Incluyó como 

evidencia la prueba de laboratorio y la orden médica. Agregó a la 

moción un correo electrónico relacionado a la autorización de ProBono para la contratación de un perito de impugnación, recibida 

por correo electrónico el 21 de diciembre de 2023. El documento 

también incluía una comunicación de la abogada del señor 

Maldonado Vargas dirigido a Pro-Bono el 13 de diciembre 

relacionada a otro caso. Sostuvo que negarle el derecho de 

impugnar el informe conllevaría una injusticia para el demandado.

El 17 de enero de 2024, notificada el día siguiente, el TPI

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.

Aun inconforme, el señor Maldonado Vargas acudió ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante la presentación de un 

recurso de certiorari y señaló los siguientes errores:

Primero: Erró el TPI al no permitir al peticionario 

padre de las dos menores impugnar un informe que 

recomenzó unas relaciones paterno filiares en el 

programa encuentro por una hora 2 veces al mes 

cuando los informes psicológicos lo consideran 

capacitados para ejercer el rol custodio.

Segundo: Erró el TPI al valorar el incumplimiento del 

término de 20 días concedido y no valorar las razones 

que mediaron para el incumplimiento como justa 

causa, cuando lo que se está dilucidando es el derecho 
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constitucional del peticionario y sus hijas a 

relacionarse entre ellos.

Tercero: Erró el TPI al dictar Resolución acogiendo 

el informe sin una vista para discutirlo.

El 25 de marzo de 2024 Santiago Rodríguez presentó su 

alegato en oposición. Disponemos.

II.

A.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR ___ (2023), 2023 TSPR 46; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce 

de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Así, la característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. En el ámbito 

judicial, la discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del 

resto del Derecho y, por lo tanto, es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión 

justiciera. Mun. Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 

(2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

del certiorari. Esta dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
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resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. (Énfasis nuestro). 

 

[...]

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 

664; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia 

Ex Parte, 116 DPR 909 (1986). El adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000). Solo intervendremos con el ejercicio de dicha discreción 

en aquellas instancias que se demuestre que el foro recurrido: (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco 

Popular de Puerto Rico, supra, pág. 154. 

B.

El derecho del padre [o la madre] a la compañía del hijo, 

aunque sea esporádica, no es mera derivación del bienestar del 
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niño, sino parte también de derechos fundamentales que nacen 

de la paternidad [o la maternidad], de nociones de libertad y 

justicia que una sociedad sujeta a limitaciones constitucionales no 

puede ignorar del todo. Rentas Nieves v. Betancourt, 201 DPR 416 

(2018), citando a Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 777 

(1985). Así pues, los padres y madres tienen un derecho 

fundamental a criar, cuidar y custodiar a sus hijos, protegido por 

la Constitución. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 148

(2004). Ahora bien, aun cuando el derecho de un progenitor a 

tener consigo a sus hijos es uno de superior jerarquía, este tiene 

que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de 

salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Rivera v. Morales, 

167 DPR 280, 290 (2006); Pena v. Pena, 164 DPR 949 

(2005); Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16 (2005).

Para poder determinar que un dictamen judicial sobre la 

custodia redundará en el mayor bienestar del menor es preciso 

examinar ciertos factores, entre ellos, la preferencia del menor, 

su interrelación con las partes, sus hermanos y otros miembros 

de la familia, la salud psíquica de todas las partes y otros. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016). La 

determinación de a quién le corresponde la custodia de un menor 

es una que está precedida de un análisis objetivo y sereno de 

todos los hechos que rodean la controversia ante la consideración 

del magistrado; y, tiene como norte, exclusivamente, garantizar 

y proteger el mejor interés y bienestar de ese menor. Pena v. 

Pena, supra, pág. 958. 

Con ello en mente, un tribunal, enfrentado a un litigio donde 

se dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones 

paternofiliales, no puede actuar livianamente. De ahí que debe 

contar con la información más completa y variada posible para 
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resolver correctamente. Pena v. Pena, supra. Esta 

responsabilidad incluye, a su vez, la potestad de ordenar las 

investigaciones de índole social que el tribunal entienda 

procedentes. Jusino González v. Norat Santiago, 211 DPR __,

2023TSPR47; Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 

652; Pena v. Pena, supra. No obstante, en última instancia, "la 

responsabilidad y la capacidad para adjudicar un pleito de custodia 

descansa, no en los peritos, sino en los tribunales." Pena v. 

Pena, supra, pág. 960-961. En ese sentido, mientras más 

información esté disponible para el tribunal -–así como para las 

partes--, más informada y justa será la decisión que se 

tome. Pena v. Pena, supra, pág. 962. 

C.

El proceso de privar de custodia a cualquiera de los 

progenitores para que solo uno obtenga –por el mejor bienestar 

del menor- el pleno disfrute de ésta, conlleva claras 

consideraciones de debido proceso de ley. Rentas Nieves v. 

Betancourt, supra, pág. 428. En ese contexto, el debido proceso 

de ley procesal exige que en todo procedimiento adversativo se 

cumpla con ciertos requisitos, entre los que se encuentran el que 

una parte tiene derecho a examinar la evidencia presentada en su 

contra y a contrainterrogar a los testigos de la otra parte. Rentas 

Nieves v. Betancourt, supra; Díaz Carrasquillo v. García Padilla,

191 DPR 97 (2014); Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 

1 (2010). A tales efectos, es necesario que las partes afectadas 

por un Informe de un Trabajador Social puedan formular 

objeciones al mismo y/o presentar prueba en contra de las 

conclusiones de dicho Informe. Rentas Nieves v. 
KLCE202400207 12

Betancourt, supra.14 Asimismo, se ha establecido que los 

tribunales deben proveer a la parte afectada una oportunidad para 

formular objeciones o presentar prueba en contra de las 

conclusiones de dicho informe. Íd. 

D.

Por último, como regla general, los tribunales están 

obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e 

incumplimiento con las órdenes del tribunal mediante su efectiva, 

pronta y oportuna intervención. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 298 (2012); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

DPR 807, 816 (1986). Además, tienen el poder discrecional, 

según las Reglas de Procedimiento Civil, de desestimar una 

demanda o eliminar las alegaciones de una parte. No obstante, 

esa determinación debe ejercerse juiciosa y apropiadamente.

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 298; Maldonado v. 

Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). De manera 

que, planteada una situación que amerita sanciones, el tribunal 

debe, en primera instancia, imponerlas al abogado de la parte. Si 

dicha acción disciplinaria no surte efectos positivos, procederá la 

imposición severa de la desestimación de la demanda o 

eliminación de las alegaciones únicamente después que la parte 

haya sido propiamente informada y apercibida de la situación y de 

las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 

corregida. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, 205 DPR 

689, 702 (2020), citando a Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

supra, pág. 498. 

14 Citando en carácter persuasivo a Marrero v. López Negrón (KLCE05001093), 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 13 de septiembre de 2005 de la 

entonces Hon. Jueza Pabón Charneco.
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Por otro lado, existen términos que no son fatales y se 

pueden extender o prorrogar, si la parte que presentó o notificó 

fuera de término demostró justa causa por la demora. Div. 

Empleados Públicos UGT v. CEMPR, 212 DPR ___ (2023); Rivera 

Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 170 (2016); Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013). En tales casos,

se le requiere a la parte que solicite la prórroga o actúe fuera de 

término que presente, mediante escrito debidamente evidenciado, 

explicaciones concretas y particulares que permitan concluir que 

hubo una excusa razonable para la tardanza o demora. Marcucci 

et al. v. Suiza Dairy, supra, págs. 171-172; Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 93; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720(2003). 

En este contexto, la "enfermedad de un abogado ... es una 

circunstancia especial, no planificada, que constituye una justa

causa, siempre que se acredite fehacientemente su ocurrencia, 

por la cual un tribunal puede ejercer su discreción y prorrogar o 

permitir el cumplimiento tardío de un término de cumplimiento 

estricto." Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 740 (2005).

III.

El peticionario Maldonado Vargas, cuestiona las 

determinaciones del foro primario de no aceptar su solicitud de 

impugnación al informe social, por haberse presentado tal petición 

luego de expirado el término de veinte (20) días que el foro 

primario otorgó en la orden del 6 de noviembre de 2023. 

Alega el señor Maldonado Vargas que le presentó prueba 

documental al foro primario de la situación de salud que enfrentó

su abogada, pero el tribunal resolvió que no se cumplió con la 

orden de los veinte (20) días. Explicó, además, que carecía de 

recursos económicos para asumir el costo de un perito para 

impugnar el informe. Mencionó que, por ello tuvo que hacer 
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gestiones con el Programa de Pro-Bono hasta que estos aceptaron 

que se contratara un perito. Agregó que el TPI al dictar una 

Resolución acogiendo todo el Informe Social sin vista, conociendo 

que una parte no está de acuerdo, viola su derecho al debido 

proceso de ley. 

La recurrida Santiago Rodríguez por su parte alega que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso. Explicó que la 

moción de reconsideración que presentó Maldonado Vargas no 

cumplió con el requisito de especificidad establecido en la Regla 

47 de Procedimiento Civil de Puerto Rico15, por tanto, no 

interrumpió el término. Señaló que Maldonado Vargas se centró 

en fundamentar las razones que justificaron su tardanza en 

mostrar causa por la que no debía acogerse la recomendación del 

Informe Social.16 En cuanto a la petición de impugnar el informe, 

indicó que el peticionario se limitó a plantear que, “[l]as evidencias 

que dan base el informe contradicen los resultados de la 

recomendación final que se le ha hecho al tribunal”. Sostuvo que 

el peticionario no especificó en que consistía la alegada 

15 Regla 47 Reconsideración

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del 

Tribunal de Primera Instancia podrá presentar, dentro del término 

de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la orden o resolución, una moción de reconsideración 

de la orden o resolución

[...]

La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 

particularidad y especificidad los hechos y el derecho que el 

promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no cumpla con las especificidades 

de esta regla será declarada “sin lugar” y se entenderá que no ha 

interrumpido el término para recurrir. 

Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 

interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 

partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 

resolución resolviendo la moción de reconsideración.

16 Alegato en Oposición, pág. 15.
KLCE202400207 15

contradicción y porqué era necesaria una impugnación de la 

resolución notificada el 9 de enero. Es decir, si la recomendación 

final del informe y acogida por el TPI, era sostenida por el récord 

y, sobre todo, si se basó o no en el criterio rector del mejor 

bienestar de las niñas. Por ello, concluyó que el término para 

recurrir de la resolución no fue interrumpido y comenzó a 

transcurrir el 9 de enero de 2024 hasta el periodo de cumplimiento 

estricto del 8 de febrero de 2024.

En cuanto a la decisión del foro primario de acoger el 

informe social aludió a la Ley 223-2011, Ley Protectora de los 

Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de 

Custodia, que incluye el historial de violencia doméstica como uno 

de los factores para deben ser considerados en las decisiones de 

custodia. Explicó que la decisión del TPI fue correcta a la luz de 

la totalidad de las circunstancias y ejerció su autoridad de parens 

patriae cuando ordenó a la Unidad de Trabajo Social del tribunal 

llevar a cabo una amplia investigación forense sobre la viabilidad 

de la custodia compartida. Señaló que la perito del TPI realizó 

una extensa y rigurosa investigación que incluyó las entrevistas a 

las partes y colaterales, el historial biopsicosocial de las partes 

recopilado durante entrevistas, observaciones, visita a la escuela 

y la residencia del peticionario y la recurrida. Incluso, examinó 

documentos, las regrabaciones de dos vistas de orden de 

protección y se entrevistó con la sicóloga que realizó las 

evaluaciones. Adujo que el peticionario no aportó prueba de que 

las actuaciones del TPI fueron productos de la irreflexión, 

parcialidad, pasión, prejuicio o abuso de discreción. Mencionó que 

el récord refleja que al peticionario se le brindaron oportunidades 

para defenderse y que no se justifica intervenir con las 
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determinaciones del TPI. Expresó que los casos de familia no son 

cosa juzgada. Evaluamos.

El 10 de noviembre de 2022 la señora Carmen Santiago 

Rodríguez, abuela materna de las dos menores, presentó una 

petición de custodia y remedio provisional contra el padre de las 

niñas, el señor Maldonado Vargas. El 20 de diciembre de 2022 el

Tribunal dictó una sentencia en la que le otorgó la custodia legal 

provisional de las menores a su abuela materna. 

Posteriormente, el señor Maldonado Vargas compareció con 

su abogada de Pro-Bono a la vista de custodia pautada para el 15 

de marzo de 2023. Ese día el foro primario ordenó un estudio de 

custodia y relaciones paterno filiares para “evaluar bajo 223 y/o 

relaciones filiales de no cualificar para la custodia compartida”.17 

Tras otros trámites, culminado el Informe Social preliminar y las 

evaluaciones, el 6 de noviembre de 2023 el Tribunal les ordenó a 

las partes que en veinte (20) días mostraran causa por la cual no 

debía dictarse sentencia acogiendo las recomendaciones del 

informe. Advirtió que de no presentar oposición o informar que 

pretenderían impugnar el informe, dictaría sentencia acogiendo 

las recomendaciones. Ese término vencía el 27 de noviembre de 

2023.

El 27 de noviembre de 2023, la señora Santiago Rodríguez 

presentó una Moción en cumplimiento de orden, no así el 

peticionario demandado. El 28 de noviembre de 2023 el TPI le 

concedió veinte (20) días a la parte demandada, para que 

expusiera su posición a lo que solicitó la demandante.18 El término 

venció el lunes 18 de diciembre. No obstante, cuatro días 

después, el 22 de diciembre de 2023, peticionario presentó una 

17 Apéndice pág. 28.

18 Apéndice pág. 89.
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Urgente moción informativa y anunciando la impugnación del 

informe social. En la moción indicó que impugnaría el informe 

social. La representante legal del señor Maldonado Vargas explicó 

que confrontó problemas de salud, incluyendo el COVID, que la 

mantuvieron fuera de la oficina. También informó que luego de 

realizar las gestiones con el Programa Pro-Bono la perito sería la 

Dra. Ileana Carrión Maldonado. En moción aparte, presentada ese 

mismo día, incluyó el curriculum vitae del perito. 

El Tribunal no aceptó la solicitud para impugnar el informe, 

pues el 2 de enero de 2024 emitió una orden en la cual decretó, 

“Ver orden del 6 de noviembre de 2023. El Tribunal otorgó 20 

días para ello y los mismos pasaron en exceso.”19 

Consecuentemente el 9 de enero siguiente determinó acoger el 

informe social con las recomendaciones.

Insatisfecho, el peticionario solicitó reconsideración. Junto 

al escrito la abogada incluyó una prueba de laboratorio de COVID, 

una certificación médica del 4 de diciembre de 2023 y la 

autorización del programa de Pro-Bono, emitida el 21 de 

diciembre de 2023 para la contratación del perito. Aun así, el TPI 

denegó la reconsideración.

Sin duda el peticionario no respondió a la orden del 6 de 

noviembre, que venció el 27 de noviembre de 2023, ni a la orden 

del 28 de noviembre que venció el 18 de diciembre a los fines de 

expresarse en cuanto al Informe Social. No obstante, contestó el 

22 de diciembre de 2023 y allí su abogada expresó las razones de 

salud que no le permitieron cumplir con la orden del tribunal. 

Explicó, además, las gestiones que realizó para contratar un perito 

bajo el programa de Pro-Bono e indicó el nombre del perito con el 

19 Apéndice pág. 114.
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curriculum vitae. Luego, en la moción de reconsideración

presentada el 17 de enero de 2024, dentro de los 15 días de 

emitidas las ordenes impugnadas, el peticionario estableció de 

forma más concreta y particular la situación de salud que enfrentó 

su abogada que le impidió presentar a tiempo su reacción al 

informe. En su escrito acompañó la evidencia médica y las 

gestiones realizadas sobre lo que ocasionó el incumplimiento con 

la orden del Tribunal. En este sentido, validamos que la solicitud 

de reconsideración cumplió las exigencias de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil,20 al ser presentada a tiempo y exponer con 

particularidad las razones por las cuales el foro primario debió 

reconsiderar sus órdenes.

Aun cuando es evidente que el peticionario no cumplió con 

las dos órdenes del tribunal, validamos como justa causa para ese 

incumplimiento las razones expresadas por la abogada en las 

mociones que presentó el 22 de diciembre y en la moción de 

reconsideración. La enfermedad de un abogado constituye una

justa causa cuando se acredita de forma fehaciente su ocurrencia, 

como aquí sucedió. 

Si bien el foro primario realizó ciertas advertencias en su 

orden del 6 de noviembre, el hecho de denegar la solicitud del 

peticionario para presentar un perito para impugnar el informe,

luego de que su abogada explicara las razones para incumplir,

resultó ser una sanción drástica. Mas aun cuando es norma 

reiterada que la adjudicación de un pleito sin ir a sus méritos, 

como un medio de sanción, es un último recurso al cual se debe 

20 La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que el promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales. 

32 LPRA Ap. V. R. 47.
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recurrir solo después que otras sanciones han sido ineficaces y 

con previo apercibimiento.21

De otro lado, es norma reiterada que el proceso de privar 

de custodia a cualquiera de los progenitores conlleva claras 

consideraciones de debido proceso de ley. Una de estas es la 

oportunidad de contrainterrogar al perito de la Unidad Social que 

rindió el informe con la debida recomendación.22 

En estas circunstancias, revocamos la decisión del foro 

primario de no aceptar como justa causa para el incumplimiento, 

la condición de salud de la abogada del peticionario, según orden 

del 2 de enero de 2024. Se devuelve el asunto al foro primario 

para la continuación de los procedimientos. Con lo aquí resuelto 

no estamos prejuzgando ni interviniendo en los méritos del 

informe social rendido.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Devolvemos el 

asunto al foro primario para la continuación de los procedimientos 

de forma cónsona a lo aquí expresado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

21 HRS Erase, Inc. v. CMT, Inc., supra.

22 Rentas Nieves v. Betancourt, supra.