# Diario Oficial C 190/2019

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 190 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 62.° año5 de junio de 2019 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 190

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año5 de junio de 2019

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| 2019/C 190/01 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima (Dictamen de iniciativa) | 1 |
| 2019/C 190/02 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Promover una alimentación sana y sostenible en la UE (Dictamen de iniciativa) | 9 |
| 2019/C 190/03 | Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre La revolución digital teniendoen cuenta las necesidades y los derechos de los ciudadanos (Dictamen de iniciativa) | 17 |

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

2019/C 190/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima (Dictamen de iniciativa)

1

2019/C 190/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Promover una alimentación sana y sostenible en la UE (Dictamen de iniciativa)

9

2019/C 190/03

Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre La revolución digital teniendoen cuenta las necesidades y los derechos de los ciudadanos (Dictamen de iniciativa)

17

---

| | III   Actos preparatorios |
| --- | --- |
| | Comité Económico y Social Europeo |
| 2019/C 190/04 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial (COM(2018) 770 final) | 24 |
| 2019/C 190/05 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea [COM(2018) 892 final-2018/0432 (COD)] | 33 |
| 2019/C 190/06 | Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos dela seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD)] | 37 |
| 2019/C 190/07 | Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normascomunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retiradadel Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 893 final — 2018/0433(COD)] | 42 |
| 2019/C 190/08 | Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normascomunes para garantizar las conexiones básicas de transporte demercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 895 final –2018/0436 (COD)] | 48 |
| 2019/C 190/09 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) de la Unión Europea [COM(2019) 65 final — 2019/0030 (COD)] | 52 |
| 2019/C 190/10 | Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento(UE) n.o 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normasrelativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retiradadel Reino Unido de la Unión [COM(2019) 48 final — 2019/0009 (COD)] | 53 |
| 2019/C 190/11 | Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión [COM(2019) 49 final – 2019/0010(COD)] | 54 |

III   Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

2019/C 190/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial (COM(2018) 770 final)

(COM(2018) 770 final)

24

2019/C 190/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea [COM(2018) 892 final-2018/0432 (COD)]

33

2019/C 190/06

Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos dela seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD)]

[COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD)]

37

2019/C 190/07

Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normascomunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retiradadel Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 893 final — 2018/0433(COD)]

COM(2018) 893 final — 2018/0433(COD)

42

2019/C 190/08

Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normascomunes para garantizar las conexiones básicas de transporte demercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de GranBretaña e Irlanda del Norte de la Unión [COM(2018) 895 final –2018/0436 (COD)]

[COM(2018) 895 final –2018/0436 (COD)]

48

2019/C 190/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) de la Unión Europea [COM(2019) 65 final — 2019/0030 (COD)]

[COM(2019) 65 final — 2019/0030 (COD)]

52

2019/C 190/10

Dictamen del ComitéEconómico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento delParlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento(UE) n.o 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normasrelativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retiradadel Reino Unido de la Unión [COM(2019) 48 final — 2019/0009 (COD)]

o

[COM(2019) 48 final — 2019/0009 (COD)]

53

2019/C 190/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión [COM(2019) 49 final – 2019/0010(COD)]

[COM(2019) 49 final – 2019/0010(COD)]

54

---

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/1

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 190/01)

Ponente: Georges DASSIS

| Decisión del Pleno | 15.3.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| | Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobado en sección | 18.12.2018 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 158/81/12 |

Decisión del Pleno

15.3.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

18.12.2018

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

158/81/12

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1 | Desde que se creó la primera Comunidad Europea, la CECA, en 1952, dos generaciones de ciudadanos europeos han hecho suyo, en su abrumadora mayoría, el proyecto de integración europea. La cohesión económica y social ha contribuido de manera importante a la adhesión de los ciudadanos a este proyecto. |
| --- | --- |

1.1

| 1.2 | Desde el desencadenamiento de la crisis económica resultante de la crisis financiera de 2008, y pese a la recuperación económica observada estos últimos años, el índice de pobreza ha seguido aumentando en cuanto a los desempleados de larga duración y los trabajadores pobres, y este índice sigue manteniéndose en un nivel preocupante en la mayoría de los Estados miembros de la Unión. |
| --- | --- |

1.2

| 1.3 | Hasta ahora, los textos de la Unión y sus compromisos, como la Estrategia Europa 2020, que pretende reducir en veinte millones el número de personas en riesgo de pobreza, no han arrojado los resultados esperados. La aplicación del principio de subsidiariedad, con el método abierto de coordinación (MAC) como único instrumento, resulta por tanto insuficiente para alcanzar los objetivos fijados. |
| --- | --- |

1.3

| 1.4 | Establecer un marco europeo vinculante para una renta mínima decente en Europa que permita generalizar, apoyar y convertir en decentes (adecuados) los sistemas de renta mínima de los Estados miembros constituiría, por tanto, una primera respuesta europea importante al grave y persistente problema de la pobreza en Europa. Ello encajaría perfectamente con la calificación social de «triple A»para Europa, anunciada por el presidente Juncker, y enviaría una señal concreta a los ciudadanos, demostrando que la Unión está ahí para ellos. |
| --- | --- |

1.4

| 1.5 | Esta respuesta podría adoptar la forma de un instrumento en el que se defina un marco de referencia para el establecimiento de una renta mínima adecuada, adaptada al nivel y al modo de vida de cada país y que tenga en cuenta los elementos de redistribución social, fiscalidad y nivel de vida de acuerdo con un presupuesto de referencia, cuya metodología se definiría a escala europea. |
| --- | --- |

1.5

| 1.6 | La elección de los instrumentos jurídicos que constituirían dicho marco europeo para el establecimiento de una renta mínima decente en Europa está justificada por la necesidad de garantizar el acceso a todos los que precisan ayuda y de que esta se adecúe a sus necesidades reales. La renta mínima decente es también un instrumento al servicio de la integración/reintegración laboral de las personas excluidas y de la lucha contra el fenómeno de los trabajadores en situación de pobreza, pese a tener empleo. |
| --- | --- |

1.6

| 1.7 | El establecimiento de una renta mínima decente garantizada por la UE es una cuestión eminentemente política. Si bien el TUE, el TFUE, la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000 y el pilar europeo de derechos sociales justifican una acción europea en este ámbito, no hay unanimidad en cuanto al posible fundamento jurídico de una legislación europea sobre la renta mínima. Quienes abogan por recurrir a la legislación de la UE consideran que dicho fundamento jurídico reside en el artículo 153, apartado 1, letras c) (1) y h) (2), del TFUE. El CESE recomienda adoptar un enfoque pragmático consistente en establecer un marco europeo vinculante para apoyar y orientar el desarrollo de sistemas de renta mínima decente en los Estados miembros y su financiación. |
| --- | --- |

1.7

| 1.8 | En su primer dictamen sobre el tema, el CESE invitó a la Comisión a examinar las posibilidades de financiación de una renta mínima europea, concentrándose en particular en la perspectiva de crear un fondo europeo a tales efectos (3). Habida cuenta de que la Comisión no ha dado curso alguno a esta invitación, el Comité considera que debe reiterarla. |
| --- | --- |

1.8

2.   Observaciones generales

2.1   Introducción

| 2.1.1 | El debate sobre la adopción de una renta mínima a escala europea se inscribe en el contexto de una crisis social que perdura, a pesar del repunte económico, y que genera exclusión a gran escala. Según los últimos datos de Eurostat, en la UE 112,9 millones de personas —es decir el 22,5 % de la población— se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Ello significa que estas personas se ven afectadas por al menos una de las situaciones siguientes: están en riesgo de pobreza pese a las transferencias sociales (pobreza de ingresos), en situación de privación material grave o viviendo en hogares con intensidad de trabajo muy baja. Tras tres años consecutivos de aumento entre 2009 y 2012 hasta alcanzar casi el 25 %, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE ha disminuido constantemente hasta situarse el año pasado en el 22,5 %, 1,2 puntos porcentuales por debajo del nivel de referencia de 2008 y 1 punto porcentual por debajo del nivel de 2016 (4). |
| --- | --- |

2.1.1

| 2.1.2 | Lamentablemente, en relación con el tema de este dictamen relativo a una renta mínima decente para las personas en situación de pobreza y de pobreza extrema, el desempleo de larga duración pasó del 2,9 % en 2009 (año de referencia en el momento de la adopción de la Estrategia 2020) al 3,4 % en 2017 y la tasa de trabajadores pobres en la zona del euro pasó del 7,6 % en 2006 al 9,5 % en 2016 (del 8,3 % en 2010, primer año sobre el que se dispone de datos, al 9,6 % en la EU-28). |
| --- | --- |

2.1.2

| 2.1.3 | Los jóvenes son los más afectados. En 2016, la UE contaba con más de 6,3 millones de jóvenes (con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años) que ni trabajaban, ni estudiaban, ni recibían formación («ninis»). Si bien ha disminuido en más del 23 % en 2013 hasta caer a menos del 19 % en 2016, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy elevada en la UE (alcanza más del 40 % en varios Estados miembros). El desempleo de larga duración sigue registrando niveles nunca vistos entre los jóvenes. La tasa de desempleo juvenil representa más del doble de la tasa de desempleo global (aproximadamente el 19 % frente al 9 % en 2016) y esconde grandes disparidades de unos países a otros: así, más de 30 puntos porcentuales separan al Estado miembro con la tasa más baja, a saber, Alemania (7 %), de los Estados miembros que presentan las tasas más elevadas, es decir, Grecia (47 %) y España (44 %). |
| --- | --- |

2.1.3

| 2.1.4 | Asimismo, esta situación de exclusión masiva y de pobreza afecta especialmente a los niños. Según Eurostat, 26 millones de niños europeos viven en situación de pobreza y exclusión. Representan el 27 % de la población de la UE menor de 18 años (5). Estos niños viven en familias pobres, en ocasiones monoparentales, incluso en familias de trabajadores pobres, y en situaciones de reclusión y pobreza de las que les cuesta mucho salir. Como destaca igualmente el Parlamento Europeo en su Resolución de 20 de diciembre de 2010 (6), «las mujeres constituyen un segmento importante de la población que corre el riesgo de encontrarse en una situación de pobreza como consecuencia del desempleo, las responsabilidades familiares no compartidas en materia de prestación de cuidados a la familia, el trabajo precario y mal retribuido, las discriminaciones salariales y unas pensiones más bajas». |
| --- | --- |

2.1.4

| 2.1.5 | Ante esta situación, solo cabe reiterar la importancia de los amortiguadores sociales existentes en muchos Estados miembros de la UE, que han permitido evitar dramas adicionales en el marco de la crisis. No obstante, estos amortiguadores tienen límites y no pueden mantenerse en una situación permanente de crisis social. Por lo tanto, es indispensable una recuperación económica que cree empleo; la renta mínima se convierte así en un instrumento al servicio de la integración/reintegración laboral de las personas excluidas. De hecho, los países que cuentan con sistemas de rentas mínimas decentes tienen mayor capacidad para resistir los efectos negativos de la crisis y reducir las desigualdades que socavan la cohesión social. Hay signos alentadores de recuperación económica, pero esta sigue siendo frágil y se basa en crecientes desigualdades. Por ello, el debate sobre el establecimiento de una renta mínima decente en Europa resulta muy pertinente en este momento. |
| --- | --- |

2.1.5

| 2.1.6 | Hasta la fecha, los textos de la Unión y sus compromisos, como la Estrategia Europa 2020, aprobada en junio de 2010, que pretende reducir en veinte millones (sic) el número de personas en riesgo de pobreza, no han arrojado los resultados esperados. Dado que la aplicación del principio de subsidiariedad, con el método abierto de coordinación (MAC) como único instrumento no ha cumplido con las expectativas, hay que completar este método con una herramienta europea. Los sistemas de renta mínima decente benefician no solo a las personas necesitadas, sino también a la sociedad en su conjunto. Garantizan que las personas que los necesitan se mantengan activas dentro de la sociedad, les ayudan a reconciliarse con el mundo laboral y les permiten vivir dignamente. Unas rentas mínimas decentes son indispensables para conseguir una sociedad más igualitaria, constituyen la base real de la protección social y garantizan una cohesión social que beneficia a toda la sociedad. |
| --- | --- |

2.1.6

| 2.1.7 | Los sistemas de renta mínima apenas representan un porcentaje reducido del gasto social, pero arrojan un retorno de inversión considerable, mientras que la ausencia de inversión tiene repercusiones muy negativas para las personas y conlleva costes elevados a largo plazo. Forman un conjunto de estímulos eficaces, ya que el dinero gastado revierte inmediatamente en la economía, frecuentemente en los sectores que más acusan la crisis. Como resultado de la interacción entre las rentas mínimas y el salario mínimo, también contribuyen a garantizar salarios decentes y a evitar el aumento del número de trabajadores pobres. |
| --- | --- |

2.1.7

| 2.1.8 | Conviene no confundir el concepto de renta mínima decente, objeto del presente dictamen, con el de renta universal abonada a todos los miembros de una colectividad (municipio, región o Estado) sin requisitos relativos a sus recursos o su situación laboral. Además, aunque la mayoría de los países cuentan con sistemas de renta mínima (7), aún debe examinarse su adecuación con respecto a las necesidades, ya que en la mayoría de los casos sigue siendo un problema. Alemania y Francia (8) obran en este sentido. |
| --- | --- |

2.1.8

| 2.1.9 | Se ha trabajado ya mucho sobre la renta mínima y se han expresado numerosas posiciones al respecto. Mediante este dictamen, el CESE insiste en el concepto de «renta mínima decente»(ingresos mínimos para llevar una vida digna, por encima del umbral de pobreza), inspirándose en el concepto de «trabajo decente»de la OIT (9). |
| --- | --- |

2.1.9

| 2.1.10 | Asimismo, conviene tener en cuenta los trabajos realizados por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, los comités de Empleo y Protección Social del Consejo de la UE, y las contribuciones nada despreciables de redes como la Red Europea de Renta Mínima (EMIN, por sus siglas en inglés) (10) y todos los estudios de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) (11), a los que también se asocia la CES. Todo ello, sin olvidar la labor de la OIT y del Consejo de Europa. |
| --- | --- |

2.1.10

| 2.1.11 | La mayoría de los Estados miembros ha introducido mecanismos de renta mínima. Las definiciones, los requisitos de acceso y los niveles de aplicación son muy divergentes y deberían a la vez generalizarse y armonizarse en forma de criterios comunes que permitan tener en cuenta las especificidades de cada país. Hasta ahora, la Comisión ha apoyado la renta mínima por considerar que incumbe a los Estados miembros velar por resolver esta cuestión. La falta de resultados significativos requiere unas políticas nacionales y una coordinación reforzadas de aquí a 2020, así como el establecimiento de medios europeos más eficaces para alcanzar el objetivo fijado. |
| --- | --- |

2.1.11

| 2.1.12 | Algunas observaciones fundamentales para concluir la introducción:






  — | la renta mínima decente solo puede tener sentido si se inscribe en un enfoque global de inserción y de inclusión activa que combine el acceso a mercados de trabajo inclusivos —con empleos de calidad y formación continua— y el acceso a servicios públicos de calidad, en particular en materia de educación y sanidad; |
| --- | --- | --- |

2.1.12

—

la renta mínima decente solo puede tener sentido si se inscribe en un enfoque global de inserción y de inclusión activa que combine el acceso a mercados de trabajo inclusivos —con empleos de calidad y formación continua— y el acceso a servicios públicos de calidad, en particular en materia de educación y sanidad;

| — | el derecho al trabajo debe seguir siendo un derecho fundamental como elemento central de emancipación y de independencia económica; |
| --- | --- |

—

el derecho al trabajo debe seguir siendo un derecho fundamental como elemento central de emancipación y de independencia económica;

| — | la renta mínima decente es esencialmente un elemento temporal pero indispensable cuyo objetivo es la inserción/reinserción de personas en el mercado laboral mediante medidas activas: se trata de una medida crucial para la credibilidad social de la Unión Europea; |
| --- | --- |

—

la renta mínima decente es esencialmente un elemento temporal pero indispensable cuyo objetivo es la inserción/reinserción de personas en el mercado laboral mediante medidas activas: se trata de una medida crucial para la credibilidad social de la Unión Europea;

| — | la adecuación, el alcance y el acceso a la renta mínima siguen siendo retos fundamentales que afrontan los Estados miembros en sus acciones de desarrollo de sus respectivos sistemas. Estos sistemas deben apoyarse y, en caso necesario, completarse a escala europea. |
| --- | --- |

—

la adecuación, el alcance y el acceso a la renta mínima siguen siendo retos fundamentales que afrontan los Estados miembros en sus acciones de desarrollo de sus respectivos sistemas. Estos sistemas deben apoyarse y, en caso necesario, completarse a escala europea.

3.   Una voluntad política y soluciones técnicas

3.1   Los fundamentos jurídicos existen y hay que hacer uso de ellos

| 3.1.1 | No hay unanimidad en cuanto a la existencia de fundamentos jurídicos que permitan legislar sobre la renta mínima. Resulta evidente, sin embargo, que el método abierto de coordinación (MAC) no ha producido resultados suficientes para garantizar una renta mínima adecuada en todos los Estados miembros de la Unión, acentuando las desigualdades existentes entre ellos, lo que supone un problema crucial para la credibilidad de la Unión Europea. |
| --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | La cuestión de la renta mínima es, ante todo, eminentemente política. Se trata de una decisión que incumbe a la Unión y la Comisión no puede escudarse en el principio de subsidiariedad, mal utilizado en esta materia, para decidir que no puede hacer nada al respecto. La inacción de la Comisión sería inaceptable y haría incomprensible el proyecto de la Unión para los ciudadanos en un ámbito que atañe a la dignidad y los derechos humanos. Por ello, el Comité insta a la Comisión a que emprenda una acción inmediata para reforzar una estrategia coordinada de los Estados miembros a escala nacional y europea para desarrollar la renta mínima y preparar un instrumento europeo vinculante basado en una metodología común para elaborar presupuestos de referencia que garanticen una renta mínima decente. |
| --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Por lo que respecta a la Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961, la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de 2000 (artículo 34), la renta mínima figura claramente entre los objetivos de la Unión Europea y de la Comisión, que debe tomar la iniciativa para completar y armonizar la acción de los Estados miembros al respecto, máxime cuando en el punto 14 de la propuesta de pilar social, la Comisión enuncia claramente el «[...] derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación». |
| --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Revisten especial importancia las referencias jurídicas de los Tratados, como por ejemplo el artículo 3 del TUE, que cita entre los objetivos de la Unión el pleno empleo y el progreso social, pero también la lucha contra la exclusión social y la discriminación y el fomento de la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros, el artículo 9 del TFUE, que precisa que «[e]n la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana», y, más concretamente, el artículo 151 del TFUE que abre el título X sobre la política social y que menciona como objetivos de la Unión y de los Estados miembros «el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones», objetivos que resultan realizables por la Unión en la medida en que esta (artículo 153, apartado 1, del TFUE) «apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: [...] c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores; [...] h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral; [...] j) la lucha contra la exclusión social; [y] k) la modernización de los sistemas de protección social [...]». |
| --- | --- |

3.1.4

| 3.1.5 | De igual manera, hay que determinar los derechohabientes por lo que respecta al concepto de «trabajador». El Comité debe examinar este concepto más detalladamente, tanto más cuanto que el Derecho de la UE no define un concepto común de «trabajador». Hay que determinar, por tanto, qué concepto de «trabajador»subyace al artículo 153, apartado 1, letra c), del TFUE. Mientras tanto, podemos afirmar sin reservas que lo decisivo en el artículo 153 del TFUE no es el concepto de «trabajador»en el sentido del derecho a la libre circulación, sino el concepto de «trabajador»en el sentido del derecho a la seguridad social, el cual se aplica por su parte a todas las personas con derecho a acceder a los sistemas que cubren todos los riesgos mencionados en el Reglamento (CE) n.o 883/2004. |
| --- | --- |

3.1.5

| 3.1.6 | Como señaló anteriormente el CESE: «[h]abida cuenta de que la pobreza y la exclusión social propician las tendencias populistas en muchos Estados miembros de la Unión Europea, el CESE acoge con agrado las Conclusiones del Consejo Europeo de 16 de junio de 2016 tituladas «Luchar contra la pobreza y la exclusión social: un enfoque integrado (12)»y aboga por la creación en las próximas perspectivas financieras de un fondo europeo integrado para combatir la pobreza y la exclusión social sobre la base de la experiencia adquirida hasta la fecha con la ejecución del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y el Fondo Social Europeo (FSE) (13). |
| --- | --- |

3.1.6

| 3.1.7 | La voluntad política implica una evaluación objetiva de la aplicación de la Estrategia Europa 2020, de sus éxitos y fracasos, y la visibilidad de la acción europea, a fin de apoyar y completar la acción de los Estados miembros. Este apoyo complementario podría adoptar la forma de un fondo europeo destinado a financiar la renta mínima establecida por el marco jurídico. |
| --- | --- |

3.1.7

| 3.1.8 | La Comisión no debe escudarse en el principio de subsidiariedad. Si los Estados miembros formulan alguna objeción al amparo de la subsidiariedad suele ser para evitar modificar su Derecho nacional como consecuencia de una acción de la Unión. No obstante, la Comisión, en su función de guardiana del interés general, no puede referirse de manera abstracta al principio de subsidiariedad, ya que, en ese caso, ello equivaldría a autocensurarse, cuanto más grave una vez que se trata de una cuestión que afecta a los derechos fundamentales. A falta de un proyecto de acto legislativo procedente de la Comisión, el artículo 6 del Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad no puede desplegar plenamente sus efectos. En efecto, el Consejo por su parte afirma que «[t]odo Parlamento nacional o toda Cámara de uno de estos Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo en las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad». Esta expresión democráctica, que puede ser diferente de la empleada por el Consejo, queda en entredicho cada vez que el debate entre la Comisión y el Consejo impide la eventual adopción de un acto legislativo. |
| --- | --- |

3.1.8

| 3.1.9 | Por último, la referencia al pilar europeo de derechos sociales, cuyos principios comparte plenamente el Comité, no puede servir de argumento en contra de la adopción de un marco europeo vinculante en este ámbito, máxime cuando está demostrado que el fundamento jurídico existe en el Tratado. El pilar europeo de derechos sociales es una declaración proclamada por todas las instituciones europeas y su objetivo «es servir de guía para alcanzar resultados sociales» (14). Por lo tanto, el pilar debe fundamentar las propuestas políticas y legislativas, como ha empezado a hacer la Comisión. Por otro lado, de ninguna forma se puede hacer una interpretación restrictiva del punto 14 del pilar, cuya formulación es la siguiente: «Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación». Efectivamente, esta interpretación sería contraria al considerando 6, que recuerda que el TFUE «contiene disposiciones que establecen las competencias de la Unión relacionadas con, entre otras cosas, [...] la política social (artículos 151 a 161)». Por otro lado, por lo que respecta a las competencias legislativas de la UE, el documento de trabajo de la Comisión que acompaña a la Comunicación sobre el pilar europeo de derechos sociales hace referencia al artículo del Tratado relativo a la integración de las personas excluidas del mercado de trabajo. |
| --- | --- |

3.1.9

| 3.1.10 | El Comité Económico y Social, que comparte sin reservas los principios enumerados en el pilar social, considera que la adopción de una Directiva marco serviría para, al mismo tiempo, concretar las declaraciones solemnes que, todas ellas, desde la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales, invocan la ineludible lucha contra la exclusión social, y lanzar el mensaje de que la construcción europea del siglo XXI no puede hacerse sin preocuparse por la vida de los ciudadanos europeos. |
| --- | --- |

3.1.10

3.2   Las soluciones técnicas indispensables

| 3.2.1 | Desde el punto de vista técnico, habrá que establecer los requisitos de acceso a la renta mínima garantizada (RMG). La RMG debería tener en cuenta, en particular, los elementos siguientes:






  — | el vínculo entre la RMG y los requisitos de activación; |
| --- | --- | --- |

3.2.1

—

el vínculo entre la RMG y los requisitos de activación;

| — | los efectos de la composición del hogar, dada la incidencia del hecho de tener niños en las situaciones de pobreza; |
| --- | --- |

—

los efectos de la composición del hogar, dada la incidencia del hecho de tener niños en las situaciones de pobreza;

| — | la consideración de otros recursos, por ejemplo, el patrimonio; |
| --- | --- |

—

la consideración de otros recursos, por ejemplo, el patrimonio;

| — | los componentes de la RMG en dinero y en especie, por ejemplo mediante el acceso a la asistencia sanitaria, la vivienda, la movilidad, el apoyo a las familias y los servicios públicos. |
| --- | --- |

—

los componentes de la RMG en dinero y en especie, por ejemplo mediante el acceso a la asistencia sanitaria, la vivienda, la movilidad, el apoyo a las familias y los servicios públicos.

| 3.2.2 | Debe establecerse una renta mínima en el marco de un enfoque global de las distintas necesidades humanas, que no se limite a un nivel de supervivencia o simplemente a la tasa de pobreza calculada a partir de la renta mediana, que en determinados países no se corresponde con las necesidades básicas. Debe contemplar, por tanto, el conjunto de las necesidades en materia de nivel de vida, vivienda, educación, sanidad y cultura, para ofrecer a las personas excluidas del mercado de trabajo y atrapadas en la pobreza las mejores condiciones de inserción o reinserción. Las condiciones de acceso son objeto de debate y habrán de aclararse. |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Este enfoque se apoya en los trabajos de economistas como Amartya Sen sobre lo que él mismo denomina «capabilities»(capacidades), compuestas por tres elementos:

  Salud/esperanza de vida - Estudios recientes demuestran que las personas en situación de pobreza ahorran en su atención sanitaria, en particular en la dental. Adoptan un mal estilo de vida, se alimentan peor y, por tanto, padecen más problemas relacionados con la obesidad. Existen diferencias considerables en la esperanza de vida entre ricos y pobres. También es preciso tener en cuenta la dureza del trabajo realizado.

  Saber/nivel de formación - Las estadísticas muestran claramente la tasa de desempleo en función de los distintos niveles de formación. Según los datos de Eurostat de 2015, el 11 % de los europeos de entre 18 y 24 años han abandonado el colegio prematuramente.

  Nivel de vida - Se trata de integrar todos los elementos de la calidad de vida en un mismo poder adquisitivo y no solo los componentes relativos a la supervivencia alimentaria. La capacidad de movilidad y el acceso a la cultura son elementos importantes de integración/inclusión en la relación con sus congéneres y la sociabilidad, es decir, los medios para no encerrar a las personas pobres en un aislamiento que supone un círculo vicioso de desocialización. |
| --- | --- |

3.2.3

Salud/esperanza de vida - Estudios recientes demuestran que las personas en situación de pobreza ahorran en su atención sanitaria, en particular en la dental. Adoptan un mal estilo de vida, se alimentan peor y, por tanto, padecen más problemas relacionados con la obesidad. Existen diferencias considerables en la esperanza de vida entre ricos y pobres. También es preciso tener en cuenta la dureza del trabajo realizado.

Saber/nivel de formación - Las estadísticas muestran claramente la tasa de desempleo en función de los distintos niveles de formación. Según los datos de Eurostat de 2015, el 11 % de los europeos de entre 18 y 24 años han abandonado el colegio prematuramente.

Nivel de vida - Se trata de integrar todos los elementos de la calidad de vida en un mismo poder adquisitivo y no solo los componentes relativos a la supervivencia alimentaria. La capacidad de movilidad y el acceso a la cultura son elementos importantes de integración/inclusión en la relación con sus congéneres y la sociabilidad, es decir, los medios para no encerrar a las personas pobres en un aislamiento que supone un círculo vicioso de desocialización.

| 3.2.4 | Es preciso crear, de forma pragmática y flexible, instrumentos para calcular una renta mínima adecuada. Hay que establecer una metodología común para definir el cálculo de un presupuesto de referencia y la adaptación de dicho presupuesto de referencia a cada país. Ya se han realizado trabajos importantes, en particular de la mano del centro de política social de la Universidad de Amberes y por parte de la EAPN y la EMIN. Estos presupuestos de referencia deben a la vez poder garantizar elementos de comparación entre Estados miembros y contar con flexibilidad de aplicación en función de las especificidades de cada país. No solo deben integrar lo que denominamos «cesta de la compra», sino también la atención sanitaria y el cuidado personal, la educación, la vivienda, las prendas de vestir, la movilidad, la seguridad, el ocio, las relaciones sociales y la seguridad relacionada con la infancia, así como los diez ámbitos identificados por la metodología común en el proyecto sobre los presupuestos de referencia. Uno de los méritos de estos presupuestos de referencia, promovidos enérgicamente por los investigadores y por ONG como EAPN y EMIN, es su utilización cuando se trata de demostrar la validez de los indicadores de pobreza utilizados hasta ahora para fijar los umbrales de pobreza. |
| --- | --- |

3.2.4

| 3.2.5 | Asimismo, sería importante evaluar de qué forma el establecimiento de una renta mínima podría conducir a una racionalización de las ayudas sociales en determinados países. Este enfoque es, por ejemplo, el que subyace a la propuesta de «renta universal del trabajo»formulada en el plan de lucha contra la pobreza presentado por el presidente de la República Francesa, que pretende «garantizar una base mínima de dignidad a todos los que puedan beneficiarse de ella, fusionando el mayor número de prestaciones sociales». Del mismo modo, el debate iniciado en Alemania sobre la introducción de una renta mínima de solidaridad contribuiría a la lucha contra la pobreza, en particular para los desempleados de larga duración, al simplificar el sistema de ayudas sociales. El Gobierno ya ha reservado 4 000 millones EUR con esta finalidad hasta 2021. |
| --- | --- |

3.2.5

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb491-eu-rechtsrahmen-soziale-grundsicherungssysteme.pdf;jsessionid=99C4D0B602A57E640467F949B3C34894?__blob=publicationFile&v=2.

1

(2)  https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/2017-nov-emin-la-route-de-lue-vers-le-revenu-minimum-fr-pdf-novembre-17.pdf; https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf.

2

(3)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 23. Pro memoria, el Grupo de Empresarios del CESE elaboró una declaración sobre el dictamen y votó en contra de este.

3

(4)  Eurostat.

4

(5)  Resolución del Parlamento Europeo de 2015 basada en estadísticas de Eurostat.

5

(6)  Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010.

6

(7)  Véase la base de datos MISSOC: https://www.missoc.org-database/comparative-tables/results/.

7

(8)  La introducción de la renta mínima es un elemento del programa de gobierno de coalición en Alemania y, en Francia, el tema forma parte del plan de lucha contra la pobreza presentado por el presidente francés en septiembre de 2018.

8

(9)  http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–es/index.htm.

9

(10)  https://eminnetwork.files.wordpress.com/2017/11/2017-nov-emin-la-route-de-lue-vers-le-revenu-minimum-fr-pdf-novembre-17.pdf.

10

(11)  https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/Working-Paper-on-a-Framework-Directive-EN-FINAL.pdf.

11

(12)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10434-2016-INIT/es/pdf.

12

(13)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 15.

13

(14)  Considerando 12 del pilar europeo de derechos sociales.

14

---

ANEXO

La modificación siguiente, que obtuvo al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso del debate (artículo 39.2 del Reglamento interno):

Sustitúyase el título y todo el dictamen por el texto siguiente (la exposición de motivos figura al final del documento):

Un marco europeo sobre la renta mínima

Conclusiones y propuestas

El CESE ha contribuido activamente al debate europeo sobre la reducción de la pobreza. En particular, la idea de una renta mínima a escala europea se debatió ampliamente en algunos de los dictámenes anteriores del CESE, así como en el dictamen de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima». El CESE está convencido de que es necesario seguir combatiendo la pobreza. No obstante, las opiniones sobre la elección de los instrumentos adecuados difieren enormemente. Aunque apreciamos los esfuerzos del ponente en la búsqueda de un compromiso, no podemos compartir su visión de un instrumento vinculante para la instauración de una renta mínima a escala europea.

La presente enmienda a la totalidad tiene por objeto presentar un enfoque global y constructivo para la reducción de la pobreza en los Estados miembros. Se basa en el hecho de que el principio de subsidiariedad y el reparto de competencias consagrados en los Tratados de la UE establecen claramente que el diseño de los sistemas de seguridad social es competencia exclusiva de los Estados miembros. Por consiguiente, las acciones a nivel europeo deben basarse en el método abierto de coordinación como principal método de apoyo a estos, y en el aprendizaje mutuo de los mejores planteamientos nacionales. La presente enmienda a la totalidad propone un planteamiento global con el objetivo de maximizar el alcance de las acciones a nivel europeo en este sentido.

La lucha contra la pobreza debe ser un compromiso común de la Unión Europea y de los Estados miembros. Según el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2019, el nivel de renta de los hogares sigue aumentando en casi todos los Estados miembros. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que asciende a 113 millones de personas, es decir el 22,5 % de la población, aun cuando haya descendido por debajo de los niveles anteriores a la crisis, sigue resultando inaceptable y, a largo plazo, supone un coste que Europa no puede permitirse. La actual recuperación económica brinda la oportunidad de intensificar las reformas destinadas a mejorar la inclusión, la resiliencia y la equidad de los mercados de trabajo y los sistemas de protección social. No obstante, también es una recuperación con riesgos a la baja, por lo que es urgente que los Estados miembros aprovechen esta oportunidad.

Aunque, cuando se trata de reducir el número de personas en riesgo de pobreza, la Estrategia Europa 2020 ha arrojado resultados positivos, respaldada, en particular, por una sólida recuperación económica y del mercado laboral, es preciso actuar más enérgicamente para mantener esta tendencia positiva.

La presente enmienda a la totalidad preconiza los elementos siguientes:

| 1. | Las políticas de la UE y los Estados miembros deben centrarse en proseguir sus esfuerzos de reforma y en crear condiciones favorables para la creación de empleo. Este debe ser el fundamento de todas sus acciones, también en el ámbito de la reducción de la pobreza. En el segundo trimestre de 2018, el número de personas ocupadas en la UE ascendía a 239 millones, el nivel más alto desde principios de este siglo. Si la tendencia actual se mantiene, la UE está bien encaminada para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % en esta fecha. Esta tendencia positiva debería contribuir asimismo a alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Unas políticas económicas sólidas, así como la prosecución de las reformas estructurales, especialmente de los mercados de trabajo y los sistemas de protección social de los Estados miembros, son un requisito previo para el crecimiento económico sostenible, el empleo y el bienestar de las personas. |
| --- | --- |

1.

Las políticas de la UE y los Estados miembros deben centrarse en proseguir sus esfuerzos de reforma y en crear condiciones favorables para la creación de empleo. Este debe ser el fundamento de todas sus acciones, también en el ámbito de la reducción de la pobreza. En el segundo trimestre de 2018, el número de personas ocupadas en la UE ascendía a 239 millones, el nivel más alto desde principios de este siglo. Si la tendencia actual se mantiene, la UE está bien encaminada para alcanzar el objetivo de Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % en esta fecha. Esta tendencia positiva debería contribuir asimismo a alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Unas políticas económicas sólidas, así como la prosecución de las reformas estructurales, especialmente de los mercados de trabajo y los sistemas de protección social de los Estados miembros, son un requisito previo para el crecimiento económico sostenible, el empleo y el bienestar de las personas.

| 2. | Como complemento del papel fundamental que desempeñan unas políticas económicas y del mercado laboral sólidas en la lucha contra la pobreza, se precisa un enfoque integrado, con una combinación de políticas específicas. La renta mínima desempeña un papel importante en este enfoque, pero debe considerarse en el contexto de unas políticas y servicios de empleo integrados, en particular servicios sociales y sanitarios y políticas de vivienda. De hecho, en todos los países de la UE, la ayuda a la renta mínima ha pasado de una mera ayuda económica a medidas activas destinadas a acompañar a los beneficiarios en su paso de la exclusión social a la vida activa. Como tal, debe considerarse como una solución temporal de apoyo a las personas en un período de transición, mientras se hallen en situación de necesidad. Este tipo de integración inclusiva basada en políticas de activación es un paso en la dirección correcta. |
| --- | --- |

2.

Como complemento del papel fundamental que desempeñan unas políticas económicas y del mercado laboral sólidas en la lucha contra la pobreza, se precisa un enfoque integrado, con una combinación de políticas específicas. La renta mínima desempeña un papel importante en este enfoque, pero debe considerarse en el contexto de unas políticas y servicios de empleo integrados, en particular servicios sociales y sanitarios y políticas de vivienda. De hecho, en todos los países de la UE, la ayuda a la renta mínima ha pasado de una mera ayuda económica a medidas activas destinadas a acompañar a los beneficiarios en su paso de la exclusión social a la vida activa. Como tal, debe considerarse como una solución temporal de apoyo a las personas en un período de transición, mientras se hallen en situación de necesidad. Este tipo de integración inclusiva basada en políticas de activación es un paso en la dirección correcta.

| 3. | A la luz del principio de subsidiariedad, el mejor nivel para abordar la renta mínima y aplicar medidas para la reducción de la pobreza es el nivel nacional. En esta línea, todos los países de la UE han introducido mecanismos de ingresos mínimos, en función de sus prácticas nacionales y resultados económicos. Las definiciones, condiciones y niveles de aplicación difieren de un Estado miembro a otro, por razones obvias. |
| --- | --- |

3.

A la luz del principio de subsidiariedad, el mejor nivel para abordar la renta mínima y aplicar medidas para la reducción de la pobreza es el nivel nacional. En esta línea, todos los países de la UE han introducido mecanismos de ingresos mínimos, en función de sus prácticas nacionales y resultados económicos. Las definiciones, condiciones y niveles de aplicación difieren de un Estado miembro a otro, por razones obvias.

| 4. | Hay margen para una actuación a escala de la UE para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos. El CESE recomienda adoptar un enfoque pragmático que respete el principio de subsidiariedad y maximice a la vez el efecto de las actividades de alcance europeo de apoyo y orientación para desarrollar regímenes de renta mínima en los Estados miembros. La Unión Europea y, en particular, la Comisión Europea deberían desempeñar un papel más activo para respaldar los esfuerzos de los Estados miembros. Por lo tanto, es necesario desarrollar, en el marco del Semestre Europeo, una estrategia coordinada a nivel nacional y europeo centrada en acciones generales y medidas específicas, en la que se tenga en cuenta el papel de los presupuestos nacionales de referencia.



  La manera en que cada Estado miembro alcance los objetivos de reducción de la pobreza debe ser objeto de seguimiento en el marco del Semestre Europeo, lo que requiere mayor coordinación. El respaldo y seguimiento de los avances podría realizarse mediante indicadores o valores de referencia acordados conjuntamente. El Comité de Empleo y el Comité de Protección Social trabajan actualmente para reforzar la función de los indicadores de referencia, y el segundo ya dispone de un marco de referencia específico sobre rentas mínimas. Este es el instrumento adecuado para lograr avances. |
| --- | --- |

4.

Hay margen para una actuación a escala de la UE para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos. El CESE recomienda adoptar un enfoque pragmático que respete el principio de subsidiariedad y maximice a la vez el efecto de las actividades de alcance europeo de apoyo y orientación para desarrollar regímenes de renta mínima en los Estados miembros. La Unión Europea y, en particular, la Comisión Europea deberían desempeñar un papel más activo para respaldar los esfuerzos de los Estados miembros. Por lo tanto, es necesario desarrollar, en el marco del Semestre Europeo, una estrategia coordinada a nivel nacional y europeo centrada en acciones generales y medidas específicas, en la que se tenga en cuenta el papel de los presupuestos nacionales de referencia.

| 5. | A la luz de la «Declaración sobre un nuevo comienzo de un diálogo social reforzado», firmada por los interlocutores sociales europeos los días 26 y 27 de enero de 2016, el papel y la capacidad de los interlocutores sociales —principales actores en los mercados laborales— en el proceso de elaboración de políticas y reformas estructurales se debe seguir reforzando tanto a nivel europeo como nacional. Las organizaciones de la sociedad civil también contribuyen a este proceso cumpliendo su papel de crear una Europa más cercana a sus ciudadanos. |
| --- | --- |

5.

A la luz de la «Declaración sobre un nuevo comienzo de un diálogo social reforzado», firmada por los interlocutores sociales europeos los días 26 y 27 de enero de 2016, el papel y la capacidad de los interlocutores sociales —principales actores en los mercados laborales— en el proceso de elaboración de políticas y reformas estructurales se debe seguir reforzando tanto a nivel europeo como nacional. Las organizaciones de la sociedad civil también contribuyen a este proceso cumpliendo su papel de crear una Europa más cercana a sus ciudadanos.

| 6. | Por último, el planteamiento de la presente enmienda a la totalidad está en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, que «debe aplicarse tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, en sus competencias respectivas, teniendo debidamente en cuenta las diferencias entre los entornos socioeconómicos y la diversidad de los sistemas nacionales, en particular el papel de los interlocutores sociales, y de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad» (1)
  . |
| --- | --- |

6.

Por último, el planteamiento de la presente enmienda a la totalidad está en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, que «debe aplicarse tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros, en sus competencias respectivas, teniendo debidamente en cuenta las diferencias entre los entornos socioeconómicos y la diversidad de los sistemas nacionales, en particular el papel de los interlocutores sociales, y de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad» (1)
  .

Resultado de la votación:

Votos a favor: 92

Votos en contra: 142

Abstenciones: 8

---

(1)  Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales: preámbulo (17).

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/9 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/9

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Promover una alimentación sana y sostenible en la UE»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 190/02)

Ponente: Peter SCHMIDT

| Decisión del Pleno | 12.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| | Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en sección | 31.1.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 183/7/5 |

Decisión del Pleno

12.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

31.1.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

183/7/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Dictamen del CESE sobre «una política alimentaria integral en la UE», aprobado en diciembre de 2017, abogaba por un enfoque más integrado en relación con la alimentación en la UE. La alimentación saludable y sostenible constituye uno de los «pilares»clave de dicha política alimentaria, por lo que urge adaptar nuestra alimentación a fin de mejorar tanto el bienestar del ecosistema como la salud de la población y la vitalidad de los territorios rurales, en lugar de perjudicarlos. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Las pruebas —cada vez más numerosas— dejan bien claro que ahora es el momento idóneo para impulsar un cambio de paradigma. El CESE subraya el impulso político actual en políticas como el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y las nuevas propuestas sobre el futuro de la política agrícola común. Asimismo, cada vez surgen más pruebas científicas que indican la necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios de Europa y de todo el mundo, por ejemplo, en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), la Comisión EAT-Lancet, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial e InterAcademies Partnership (asociación interacadémica) (1). Por último, aunque no por ello menos importante, hay una fuerte demanda de la sociedad civil (por ejemplo, por parte de la coalición formada por el proceso del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES Food), un reconocimiento por parte de las empresas de su responsabilidad de ayudar en el cambio (por ejemplo, en relación con el desperdicio de alimentos, la economía circular, la reducción de la obesidad, la protección de la biodiversidad, el refuerzo de la cultura, etc.) y acciones a nivel regional y municipal, como a través del Pacto de política alimentaria urbana de Milán, los Proyectos Alimentarios Territoriales en Francia y el Grupo de Ciudades Líderes del Clima C40 (2). |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE aprecia y apoya las iniciativas actuales de la Comisión dirigidas a promover una alimentación saludable y sostenible, como la introducción de disposiciones en la última propuesta de reforma de la PAC para «mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales» (3). No obstante, no existe un planteamiento coordinado en cuanto a estas iniciativas. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | La complejidad del nexo alimentación-salud-medio ambiente-sociedad requiere un enfoque en materia de alimentación más exhaustivo, en lugar de uno centrado solo en el comportamiento de los consumidores. Con objeto de aportar cohesión y un propósito común, el CESE solicita que se desarrollen nuevas directrices dietéticas sostenibles que tengan en cuenta las diferencias culturales y geográficas entre los Estados miembros y dentro de los mismos. Limitarse a reducir el uso de recursos en la producción y a cambiar ingredientes no basta para lograr una alimentación mejor o más sana. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Las nuevas directrices dietéticas sostenibles ayudarían a establecer una orientación más clara para las explotaciones agrícolas, las empresas transformadoras, los minoristas y los servicios de alimentación. El sistema agroalimentario se beneficiaría de un nuevo «marco»para producir, procesar, distribuir y vender alimentos más sanos y sostenibles a precios más justos. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE pide que se cree un grupo de expertos que formule unas directrices dietéticas sostenibles para toda la UE en un plazo de dos años. Este grupo debería contar con órganos profesionales y científicos pertinentes en materia de nutrición, salud pública, productos alimenticios y ciencias medioambientales y sociales. El CESE está dispuesto a colaborar en los trabajos de dicho grupo de expertos para facilitar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a través de su Grupo de Estudio Temporal sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE reitera la importancia de invertir en la educación en materia de alimentación sostenible desde edades tempranas con el objetivo de ayudar a los jóvenes a apreciar el «valor de la comida». Deberá prestarse especial atención a los grupos vulnerables, en particular las personas con bajos ingresos. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE señala que un planteamiento europeo común sobre un etiquetado alimentario que reflejase unas directrices dietéticas sostenibles permitiría incrementar la transparencia y disminuir el uso de materias primas baratas e innecesarias que son perjudiciales tanto para la salud como el medio ambiente (por ejemplo, los ácidos grasos trans, el aceite de palma y el exceso de azúcar). La ampliación del etiquetado alimentario para incluir aspectos medioambientales y sociales resultaría beneficiosa para los consumidores, pues les ayudaría a decantarse por opciones más saludables y sostenibles. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Las directrices dietéticas sostenibles no solo ayudarían al sector comercial, sino que también ofrecerían criterios claros comunes que podrían utilizarse en la contratación pública. Europa necesita que los alimentos estén en el centro de una contratación pública ecológica. En este contexto, el CESE solicita que se adopte urgentemente la revisión de los criterios de la contratación pública ecológica de la UE para los servicios de alimentación y restauración. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El derecho de la competencia no debería suponer un obstáculo para el desarrollo de directrices dietéticas sostenibles, por lo que deberían adaptarse las normas para favorecer a la economía local, en lugar de poner trabas a la sostenibilidad. Para garantizar una mejor distribución del valor añadido entre las partes interesadas de toda la cadena agroalimentaria, el CESE acoge con satisfacción la posibilidad, introducida para todos los sectores por la reforma de 2013 del Reglamento sobre la organización común de mercados, que permite a las organizaciones interprofesionales notificar a la Comisión Europea los acuerdos destinados a aumentar las normas de sostenibilidad de los productos, con vistas a su autorización en virtud de las normas de competencia. Una producción más sostenible respecto del medio ambiente, la salud animal y las normas de calidad podría permitir a los agentes de la cadena agroalimentaria obtener mejores precios. Organizar conversaciones preliminares con la Comisión podría ayudar a las organizaciones interprofesionales a determinar mejor toda futura notificación. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | El CESE hace hincapié en que toda la gama de instrumentos de gobernanza pública debería considerarse como instrumentos políticos para desincentivar la producción y el consumo de productos alimenticios no saludables, así como fomentar hábitos alimenticios saludables. Los costes externalizados de la alimentación no sostenible suponen una carga «oculta»para la sociedad, la economía y el medio ambiente, que debe reducirse o internalizarse. El CESE pide estrategias políticas adecuadas para aplicar las directrices dietéticas sostenibles, centradas especialmente en los beneficios colaterales para los agricultores y las empresas. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | Europa defiende el derecho de los consumidores a recibir información precisa. A fin de normalizar y facilitar la elección de alimentos saludables y sostenibles, Europa necesita un conjunto de criterios abiertos y basados en pruebas, por ejemplo, por medio de las directrices dietéticas sostenibles acordadas. |
| --- | --- |

1.12.

2.   Introducción

| 2.1. | En su dictamen de iniciativa titulado «Contribución de la sociedad civil al desarrollo de una política alimentaria integral en la UE», aprobado en diciembre de 2017 (NAT/711), el CESE pidió que se desarrollara una política alimentaria integral en la UE cuyos objetivos sean crear dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, vincular la agricultura a la nutrición y los servicios de los ecosistemas y garantizar cadenas de suministro que salvaguarden la salud pública de todos los grupos de la sociedad europea (4). Para cumplir estos objetivos, deben coordinarse las medidas políticas en el lado de la oferta y la demanda, lo que significa que también deben coordinarse la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos a través de una producción alimentaria sostenible, con un mayor acceso y empoderamiento de los consumidores para escoger dietas sanas y sabrosas. Este dictamen de iniciativa pretende enfocar la alimentación saludable y sostenible como uno de los pilares básicos de una política alimentaria de la UE. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | El impulso político para debatir sobre la alimentación saludable y sostenible es elevado:






  — | Según el último informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo»(SOFI) (5), presentado en octubre de 2018 en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se ha registrado un incremento de la hambruna en el mundo por tercer año consecutivo. El número absoluto de personas desnutridas ha crecido hasta casi 821 millones en 2017, frente a 804 millones en 2016. La obesidad entre los adultos también está empeorando: más de uno de cada ocho adultos es obeso, esto es, más de 672 millones en el mundo. La pandemia mundial de obesidad tiene un coste económico enorme que se cifra en casi el 3 % del PIB mundial, el equivalente a los costes del tabaco y a las consecuencias de los conflictos armados. Incluso en Europa, la mitad de la población tiene sobrepeso y un 20 % sufre obesidad. |
| --- | --- | --- |

2.2.

—

Según el último informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo»(SOFI) (5), presentado en octubre de 2018 en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se ha registrado un incremento de la hambruna en el mundo por tercer año consecutivo. El número absoluto de personas desnutridas ha crecido hasta casi 821 millones en 2017, frente a 804 millones en 2016. La obesidad entre los adultos también está empeorando: más de uno de cada ocho adultos es obeso, esto es, más de 672 millones en el mundo. La pandemia mundial de obesidad tiene un coste económico enorme que se cifra en casi el 3 % del PIB mundial, el equivalente a los costes del tabaco y a las consecuencias de los conflictos armados. Incluso en Europa, la mitad de la población tiene sobrepeso y un 20 % sufre obesidad.

| — | Las Naciones Unidas han declarado el presente decenio como el Decenio de Acción sobre la Nutrición y han reconocido con ello la necesidad de remodelar los sistemas alimentarios para conseguir una mejor nutrición y una dieta más sana. En su informe de septiembre de 2017 (6), el Grupo de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial hizo hincapié en este imperativo. Actualmente, la FAO y la Organización Mundial de la Salud colaboran en la elaboración de una nueva definición de alimentación saludable y sostenible y prevén organizar una consulta internacional en marzo de 2019 para analizar la naturaleza pluridimensional de la sostenibilidad de los regímenes alimentarios. |
| --- | --- |

—

Las Naciones Unidas han declarado el presente decenio como el Decenio de Acción sobre la Nutrición y han reconocido con ello la necesidad de remodelar los sistemas alimentarios para conseguir una mejor nutrición y una dieta más sana. En su informe de septiembre de 2017 (6), el Grupo de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial hizo hincapié en este imperativo. Actualmente, la FAO y la Organización Mundial de la Salud colaboran en la elaboración de una nueva definición de alimentación saludable y sostenible y prevén organizar una consulta internacional en marzo de 2019 para analizar la naturaleza pluridimensional de la sostenibilidad de los regímenes alimentarios.

| — | La nutrición desempeña un papel crucial en la consecución del desarrollo sostenible y de toda la Agenda 2030, especialmente para asegurar el acceso de todos a alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año y poner fin a todas las formas de malnutrición de aquí a 2030 (Objetivo n.o 2), así como garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (Objetivo n.o 3). Por tanto, la aplicación de los ODS ofrece la oportunidad de lograr unos patrones de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables. |
| --- | --- |

—

La nutrición desempeña un papel crucial en la consecución del desarrollo sostenible y de toda la Agenda 2030, especialmente para asegurar el acceso de todos a alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante todo el año y poner fin a todas las formas de malnutrición de aquí a 2030 (Objetivo n.o 2), así como garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (Objetivo n.o 3). Por tanto, la aplicación de los ODS ofrece la oportunidad de lograr unos patrones de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables.

| — | A fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, también es necesario llevar a cabo una transformación exhaustiva del sistema alimentario, pues el informe especial del GIECC, aprobado en octubre de 2018, confirmó científicamente la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación con el clima (7). |
| --- | --- |

—

A fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, también es necesario llevar a cabo una transformación exhaustiva del sistema alimentario, pues el informe especial del GIECC, aprobado en octubre de 2018, confirmó científicamente la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación con el clima (7).

| — | Dentro de la UE, la reforma de la PAC ofrece una oportunidad para promover una producción más sostenible y dietas más saludables si con ella se facilita el acceso de los ciudadanos de la UE a productos nutritivos, como frutas, hortalizas y productos lácteos. |
| --- | --- |

—

Dentro de la UE, la reforma de la PAC ofrece una oportunidad para promover una producción más sostenible y dietas más saludables si con ella se facilita el acceso de los ciudadanos de la UE a productos nutritivos, como frutas, hortalizas y productos lácteos.

| — | Asimismo, el Comité de las Regiones ha aprobado recientemente un dictamen titulado «Incentivos locales y regionales para promover dietas saludables y sostenibles» (8). |
| --- | --- |

—

Asimismo, el Comité de las Regiones ha aprobado recientemente un dictamen titulado «Incentivos locales y regionales para promover dietas saludables y sostenibles» (8).

| — | El Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES Food) presentará en breve su informe sobre una política alimentaria común en la UE, que incluirá también recomendaciones concretas de dietas saludables y sostenibles. |
| --- | --- |

—

El Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES Food) presentará en breve su informe sobre una política alimentaria común en la UE, que incluirá también recomendaciones concretas de dietas saludables y sostenibles.

| 2.3. | Los gobiernos locales (y las comunidades territoriales) están perfilándose como actores clave en la promoción de unos sistemas alimentarios más sostenibles. Mediante una acción integrada y transversal, las ciudades reúnen a diversas partes interesadas con el fin de diseñar las políticas alimentarias que abordan los acuciantes problemas relacionados con la alimentación (por ejemplo, la inseguridad alimentaria y la obesidad), pero, al mismo tiempo, ayudan a resolver cuestiones de mayor alcance, entre las que se cuentan los retos medioambientales, las desigualdades sociales y la pobreza. El Pacto de política alimentaria urbana de Milán, firmado por más de 180 ciudades de todo el mundo y que engloba a 450 millones de habitantes (9), constituye un hito en este contexto. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Además del impulso político, la urgencia de afrontar este asunto desde el punto de vista científico y social es cada vez mayor, tal y como se explica con más detalle en el punto 3. |
| --- | --- |

2.4.

3.   El impacto de una alimentación no saludable y no sostenible

| 3.1. | Las decisiones en materia de alimentación tienen numerosas consecuencias, tanto positivas como dañinas. Los europeos precisan de ayuda para reducir el impacto negativo de la alimentación y potenciar los aspectos positivos. La vieja idea de limitarse a lograr que se suministren suficientes alimentos ya no constituye una política adecuada. Debemos considerar el modo en el que se producen y consumen los alimentos, así como cuáles son sus consecuencias, tanto inmediatas como a largo plazo. La alimentación de los consumidores europeos acarrea consecuencias involuntarias en la contaminación (por ejemplo, envases de plástico de un solo uso), el clima, la salud, la biodiversidad y otros aspectos. Este impacto pone en peligro nuestro futuro y evidencia la necesidad de realizar cambios en nuestra alimentación y consumo. Las cadenas agroalimentarias, desde las explotaciones agrícolas hasta los restaurantes, deben recibir señales políticas diferentes. La ciencia ha empezado a redefinir el concepto de una buena alimentación en el siglo XXI: una alimentación sostenible procedente de sistemas alimentarios sostenibles. Ahora le toca a la política afrontar este reto. |
| --- | --- |

3.1.

3.2.   El impacto de la alimentación en la salud pública

La mala alimentación es la principal causa de las muertes prematuras y las enfermedades evitables en Europa. Mientras que la salud es responsabilidad de los Estados miembros, la Comisión Europea facilita principalmente el intercambio de datos e información. No obstante, la UE podría mejorar la percepción de los consumidores de la importancia que tiene una alimentación sostenible para la salud. Cada año, 550 000 personas en edad laboral fallecen de forma prematura en la UE como consecuencia de enfermedades no transmisibles (ENT). Las ENT han relevado a las enfermedades transmisibles como principal causa de muerte prematura en todo el mundo. Actualmente, las ENT son responsables de la mayor parte de los gastos sanitarios de los Estados miembros, pues, de acuerdo con la OCDE, cuestan 115 000 millones EUR a las economías de la UE cada año, es decir, el 0,8 % del PIB (10). La propagación de la resistencia a los antimicrobianos supone una gran amenaza para la salud pública (11). Si bien la Comisión y la Oficina Regional para Europa de la OMS han adoptado posturas adecuadas y firmes en materia de resistencia a los antimicrobianos, se requieren más esfuerzos para reducir su uso en las explotaciones agrícolas de la UE, así como para prevenir la importación de carne procedente de terceros países en los que se empleen antimicrobianos con fines profilácticos.

3.3.   El impacto social de la alimentación

La alimentación es tanto un indicador de las desigualdades sociales como un factor que las impulsa. En Europa, las personas con bajos ingresos se alimentan peor y tienen problemas de salud más precoces y graves relacionados con la dieta. Las zonas de rentas bajas cuentan con menos poder adquisitivo que aquellas más acomodadas, por lo que las dietas de las personas con bajos ingresos son más limitadas y contienen menos frutas y verduras. Los productos alimenticios grasos, salados, azucarados y «ultraprocesados»están más presentes en su alimentación por el simple hecho de que son más baratos.

3.4.   El impacto cultural y psicológico de la alimentación

Europa es famosa por la diversidad y la riqueza de sus tradiciones culinarias. A pesar de que la UE se ha esforzado en gran medida por proteger los alimentos de interés especial y local por medio de los sistemas de denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP) y especialidad tradicional garantizada (12), la integración de los alimentos es lenta, pues las empresas transformadoras amplían su producción para reducir los costes y hallar nuevos mercados. Europa precisa que se lleven a cabo nuevos esfuerzos para reconstruir y diversificar nuestras culturas alimentarias: esto no quiere decir aislarlas por completo, sino generar diversidad para facilitar la resiliencia. Una alimentación más diversa amplía el abanico de nutrientes y sabores.

3.5.   El impacto medioambiental de la alimentación

La producción y el consumo de alimentos tienen un impacto medioambiental significativo en términos de utilización de los recursos a nivel mundial, pero en la UE es mucho menor. El sistema de la agricultura y producción de alimentos tiene una gran repercusión en el medio ambiente (en particular, en los gases de efecto invernadero, la biodiversidad, el agua y el suelo). Europa podría atenuar el impacto de los sistemas de alimentos procesados innecesarios fomentando una alimentación simple y nutritiva, en lugar de una muy energética. Si los alimentos se cultivan, procesan y consumen de forma diferente, los sistemas alimentarios pueden dar lugar a que se produzca una recuperación y una mejora de la resiliencia (13) (14). Esto implica casi con toda certeza utilizar menos cereales para alimentar al ganado y reducir el consumo humano de carne, lo que supone beneficios tanto para el clima como para la salud (15). Tenemos que promover sistemas agrícolas más sostenibles y señalar, por ejemplo, los impactos ambientales positivos de los pastos (aumento de la biodiversidad, captura de carbono). Esto animaría también a los consumidores a mantener una alimentación sana, equilibrada y sostenible.

3.6.   El impacto económico de la alimentación

Si bien Europa ha conseguido alimentar a 500 millones de europeos cada año, ahora es necesario que este sistema sea más sostenible. Numerosos economistas se muestran críticos con las subvenciones de la política agrícola común, que representan una parte importante del presupuesto de la UE. El argumento contrario defiende que las subvenciones son lo que mantiene la existencia de los productores agrícolas europeos. A pesar de que sus costes se han incrementado, el porcentaje de valor añadido bruto (VAB) que reciben los productores agrícolas es bajo, ya que la mayoría del VAB de los productos alimenticios no se obtiene en las explotaciones agrícolas. La industria de la alimentación es uno de los mayores sectores económicos de la UE: por ejemplo, la fabricación de productos alimenticios en la UE da empleo a 4,2 millones de trabajadores y factura 1 089 millones de libras esterlinas (GBP) (16). Los consumidores se han beneficiado de un descenso a largo plazo del coste de los productos alimentarios como porcentaje del gasto interno. Sin embargo, no todos los costes se incluyen necesariamente en este descenso. En 2017, un estudio del sistema alimentario del Reino Unido indicó que, aunque los consumidores del Reino Unido gastan anualmente 120 000 millones GBP directamente en productos alimenticios, estos suponen un coste adicional para otras líneas presupuestarias de la economía real del mismo valor, con un coste de 30 000 millones GBP en degradación del suelo, 40 000 millones GBP en salud (17). Estudios como este ponen de manifiesto la necesidad de emplear una contabilidad que también incluya el impacto social y medioambiental, un enfoque defendido por el programa medioambiental de las Naciones Unidas (18).

4.   Políticas e instrumentos para fomentar la alimentación saludable y sostenible

| 4.1. | En Europa, lograr una mejor nutrición y una alimentación más sana reviste una importancia fundamental y deberían explorarse más oportunidades para fomentar la nutrición a partir de mejores sistemas alimentarios (19). La transición hacia sistemas alimentarios que suministran alimentos nutritivos para una dieta saludable requeriría cambios de política tanto del lado de la oferta como del de la demanda. En el lado de la oferta, la producción alimenticia y la manera en que los alimentos se transforman (por ejemplo, mediante la reformulación de alimentos), se distribuyen y se ponen a disposición de los consumidores son factores cruciales para determinar la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos que fomentan hábitos alimentarios más saludables. En el lado de la demanda, las políticas públicas deben capacitar a los consumidores para elegir dietas más saludables, por ejemplo, a través de educación en las escuelas y campañas de sensibilización, directrices dietéticas, etiquetado, contratación pública, etc. Las estrategias y las políticas para mejorar la oferta y la demanda de productos alimenticios nutritivos están interrelacionadas y son interdependientes. Por lo tanto, debería aplicarse un enfoque global, multisectorial y multinivel que implique a todas las instituciones independientes, a la sociedad civil y a las partes interesadas de todo el sistema alimentario. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | Parte del problema es que muchas de las decisiones en la industria de la alimentación se toman por razones económicas a corto plazo, razón por la que a veces la producción y la transformación se han inclinado hacia el cultivo y el uso de ingredientes no saludables (por ejemplo, el aceite de palma, los ácidos grasos trans y el exceso de azúcares y sal). Un planteamiento sostenible implica no solo prestar atención al impacto económico, sino también al impacto social y medioambiental. Dicho enfoque debe contar con una perspectiva a largo plazo y desarrollar las condiciones necesarias para tener cadenas agroalimentarias más cortas y territoriales. Por este motivo, también resulta importante promover un nuevo «marco»para la industria de la alimentación, que incluya a las pymes, a fin de producir, procesar, distribuir y vender productos alimenticios más saludables y sostenibles. Por ejemplo, las medidas de la UE deben facilitar que los productores anuncien la reformulación de alimentos incluso si se realiza de forma gradual, algo no es posible con la legislación actual. En lo que respecta a la PAC, esta debería instar a los productores agrícolas a producir localmente los ingredientes con un impacto más positivo sobre la salud. El CESE solicita asimismo que la Unión adopte rápidamente una legislación que limite el contenido de ácidos grasos trans en los alimentos producidos industrialmente. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Ya existen numerosas políticas e iniciativas de la UE que pretenden fomentar una alimentación sana, por ejemplo, iniciativas de la Comisión como la Plataforma europea de acción sobre alimentación, actividad física y salud, las medidas reglamentarias en materia de información sobre la alimentación para los consumidores y declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, el Libro Blanco sobre la obesidad de 2017, el Plan de Acción de la UE contra la Obesidad Infantil 2014-2020, ciertas disposiciones de la nueva propuesta de PAC (por ejemplo, «mejorar la respuesta de la agricultura de la UE a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, en particular en relación con unos productos alimenticios seguros, nutritivos y sostenibles, así como en lo relativo al despilfarro de alimentos y el bienestar de los animales»), el programa de la UE de consumo de fruta, verdura y leche en las escuelas, etc. Sin embargo, no se cuenta con un planteamiento coordinado. Unas nuevas directrices dietéticas sostenibles de la UE aportarían esa coherencia, así como un marco multicriterio para que los Estados miembros desarrollen sus directrices nacionales, como se detalla a continuación. |
| --- | --- |

4.3.

5.   Directrices dietéticas sostenibles

| 5.1. | A medida que han surgido más pruebas que demuestran el impacto de la alimentación en la salud, el medio ambiente y la economía, ha incrementado el interés en desarrollar las denominadas «directrices dietéticas sostenibles». Casi todos los Estados cuentan con directrices dietéticas oficiales sobre nutrición o alimentos. Estas suelen aconsejar tomar menos sal, comer un determinado número de raciones de fruta y verdura y consumir ciertas cantidades de pescado, entre otras recomendaciones. En vista de las pruebas sólidas que demuestran el impacto medioambiental de los productos alimenticios, resulta lógico introducir criterios más amplios en el asesoramiento dietético, razón por la que han aumentado los llamamientos a la creación de «directrices dietéticas sostenibles» (20). |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | Los Estados miembros de la UE ya han empezado a desarrollar distintas formas de directrices dietéticas sostenibles (21). Mientras que algunas de ellas proceden de sus órganos expertos en salud y nutrición (22) (23), otras han surgido de la colaboración entre ministerios y agencias (24), y algunas han sido aportación de la sociedad civil y de la industria (25). Aunque esta diversidad ha sido de utilidad para experimentar, ahora es necesario aportar un marco común claro y coherente a fin de que los consumidores puedan beneficiarse en el mercado único. Cuando se apliquen las directrices dietéticas sostenibles y las medidas relacionadas, es necesario garantizar su control efectivo. |
| --- | --- |

5.2.

| 5.3. | Ha de crearse un grupo de expertos que formule unas directrices dietéticas sostenibles para toda la UE, el cual debería contar con órganos profesionales y científicos pertinentes en materia de nutrición, salud pública, productos alimenticios y ciencias medioambientales y sociales. En un plazo de dos años, el grupo de expertos elaborará directrices que aporten a los consumidores asesoramiento claro sobre una alimentación sostenible, sirviéndose de la investigación y datos aportados por el Centro Común de Investigación, FOOD 2030, el Comité permanente de investigación agrícola (CPIA), etc. Estas directrices estarían a disposición de los Estados miembros para su uso a nivel nacional, por ejemplo, en los servicios de atención sanitaria y las instituciones responsables de políticas públicas, y a nivel de la UE para ayudar a desarrollar marcos integrados claros para la cadena agroalimentaria. Las directrices contribuirían al cumplimiento de objetivos generales de la UE, como apoyar los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y otros compromisos y programas de sostenibilidad como FOOD 2030 (26). En el grupo de expertos deberían estar representados algunos órganos clave, como la Federación de las sociedades europeas para la nutrición, IPES Food, la Asociación Europea de Salud Pública y la Federación Ecológica Europea. Estos deberían contar con la aportación de fuentes científicas expertas, como el CPIA, y con el apoyo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea de Medio Ambiente y el CPIA. El CESE está dispuesto a colaborar en los trabajos de dicho grupo de expertos para facilitar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a través de su Grupo de Estudio Temporal sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles. |
| --- | --- |

5.3.

6.   Sistemas de etiquetado alimentario sostenible

| 6.1. | Las directrices dietéticas sostenibles también deberían servir como base para un etiquetado alimentario más amplio, que sea legible, incremente la transparencia y disminuya el uso de materias primas baratas e innecesarias que son perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente (por ejemplo, los ácidos grasos trans, el aceite de palma y el exceso de azúcar). Los consumidores se beneficiarían de una ampliación del etiquetado alimentario para abarcar aspectos medioambientales, sociales, de salud y nutricionales, incluido el sistema de logotipos de calidad de la UE (IGP, DOP, ETG). |
| --- | --- |

6.1.

| 6.2. | Las políticas se han centrado en las declaraciones nutricionales y otras declaraciones de propiedades saludables, pero el CESE observa que existe una creciente preocupación por la falta de información y educación de los consumidores sobre el impacto ambiental y social de los productos alimenticios. La aplicación de un sistema de etiquetado claro sobre el origen, los medios de producción y el valor nutritivo de los alimentos facilitaría la elección de los consumidores. La trazabilidad es también de gran relevancia a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos, tanto para los productores de alimentos como para los consumidores (27). Por esta razón, el CESE reitera su llamamiento al desarrollo de un nuevo sistema inteligente para el etiquetado de productos alimenticios, el cual debería unificarse a nivel de la UE (28). Este sistema, que se desarrollará en el Grupo de Estudio Temporal sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles del CESE, también habrá de basarse en nuevos procesos de trazabilidad y certificación. Habría que hacer más hincapié en tecnologías como las aplicaciones móviles y las pantallas informativas en el sector de la distribución, facilitando toda la información requerida, además de promover la plena trazabilidad. |
| --- | --- |

6.2.

7.   Contratación pública

| 7.1. | A través de la contratación pública, los entes locales podrían aplicar gradualmente las directrices dietéticas sostenibles en una gran variedad de instituciones públicas, especialmente en escuelas y hospitales. La producción, venta y consumo de alimentos saludables, locales y de temporada que garanticen la sostenibilidad contribuiría al objetivo 12.7 de la Agenda 2030, a saber, una contratación pública sostenible. En los procedimientos de adjudicación de contratos, debe darse prioridad a los productores locales con el fin de promover una alimentación sana y el desarrollo de la economía local. |
| --- | --- |

7.1.

| 7.2. | Actualmente ya existen varias iniciativas encaminadas a promover la contratación pública alimentaria sostenible, lo que pone en evidencia el creciente interés y la mayor participación en este asunto por parte de la sociedad civil y los entes locales. Por ejemplo, el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad está llevando a cabo actualmente una iniciativa para instaurar la contratación pública alimentaria sostenible, progresiva y obligatoria en todas las escuelas y centros de educación infantil, con un objetivo inicial del 20 % de alimentos orgánicos de aquí a 2022. |
| --- | --- |

7.2.

| 7.3. | El CESE reconoce el trabajo que el Centro Común de Investigación de la Comisión está llevando a cabo para revisar los criterios de la contratación pública ecológica de la UE para los servicios de alimentación y restauración. El Comité pide que se introduzcan criterios de sostenibilidad alimentaria explícitos y más ambiciosos en la contratación pública ecológica, así como que se eliminen los obstáculos legislativos, especialmente aquellos relacionados con las normas sobre competencia. |
| --- | --- |

7.3.

8.   Normas de competencia

| 8.1. | El Derecho de la competencia se presenta a menudo como un obstáculo para producir y distribuir una alimentación saludable y sostenible. Las consultas con la Dirección General de Competencia de la Comisión deberían fomentar tanto la clarificación como la adaptación a las normas existentes a fin de que las cadenas agroalimentarias logren mejores condiciones y aceleren su transición hacia la sostenibilidad. |
| --- | --- |

8.1.

| 8.2. | El artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (29) prohíbe los acuerdos entre dos o más operadores del mercado independientes que restrinjan la competencia. Se incluyen, en particular, los acuerdos de fijación de precios. Con arreglo al artículo 101, apartado 3, del TFUE, los acuerdos estarán exentos de la prohibición establecida en el artículo 101, apartado 1, si generan beneficios económicos objetivos que compensen los efectos negativos de la restricción de la competencia, por ejemplo, contribuyendo a mejorar la producción o la distribución de los productos y reservando al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante (30). |
| --- | --- |

8.2.

| 8.3. | Las organizaciones interprofesionales reconocidas pueden, si cumplen determinadas condiciones, invocar una excepción a lo dispuesto en el artículo 101, apartado 1, del TFUE. Tienen la posibilidad de notificar sus acuerdos a la Comisión, de conformidad con el artículo 210 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (Reglamento de la OCM) y, si la Comisión no los considera incompatibles con la normativa de la Unión en el plazo de dos meses después de haber recibido una notificación completa, el artículo 101, apartado 1, del TFUE no será aplicable. Los acuerdos no podrán implicar la fijación de precios o de cuotas ni dar lugar a la compartimentación del mercado o crear otros falseamientos de la competencia. Aprovechar las posibilidades que ofrece el Reglamento de la OCM podría permitir a las organizaciones interprofesionales alcanzar acuerdos que aumenten la sostenibilidad de las normas. |
| --- | --- |

8.3.

9.   Información y sensibilización

| 9.1. | El CESE reitera su propuesta de lanzar una campaña de información y sensibilización a escala europea sobre «el valor de los alimentos», lo que será necesario para garantizar una modificación del comportamiento de los consumidores a largo plazo (31). |
| --- | --- |

9.1.

| 9.2. | Asimismo, también es imprescindible invertir más en educación alimentaria en las escuelas, así como en formación profesional. |
| --- | --- |

9.2.

| 9.3. | El CESE solicita de nuevo que se lleven a cabo campañas publicitarias visuales en favor de alimentos y dietas más saludables (32), inspiradas en las campañas publicitarias sociales positivas de algunos canales de televisión dirigidas a niños que, por ejemplo, les animan a tener una alimentación más equilibrada. Deben controlarse más eficazmente los anuncios de alimentos con un alto contenido en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal dirigidos a los niños, no solo durante las horas de máxima audiencia infantil en televisión, sino también a través de los medios sociales y otras vías comerciales que conforman los gustos alimentarios de los niños (33) (34). |
| --- | --- |

9.3.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  http://www.interacademies.org/48945/Global-food-systems-are-failing-humanity-and-speeding-up-climate-change.

1

(2)  https://www.c40.org/.

2

(3)  COM(2017) 713 final.

3

(4)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18.

4

(5)  Informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo»(SOFI) de 2018: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/es/.

5

(6)  HLPE, 2017. La nutrición y los sistemas alimentarios.

6

(7)  http://www.ipcc.ch/news_and_events/pr_181008_P48_spm.shtml.

7

(8)  Ficha informativa sobre el dictamen del CDR Incentivos locales y regionales para promover dietas saludables y sostenibles.

8

(9)  http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/.

9

(10)  Comisión Europea, 2018. Enfermedades crónicas y de alta prevalencia https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/overview_es.

10

(11)  Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (2017), Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union (Resumen de los últimos datos sobre resistencia a los antibióticos en la Unión Europea). https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/EAAD%20EARS-Net%20summary.pdf.

11

Summary of the latest data on antibiotic resistance in the European Union

(12)  Comisión Europea (2015) Geographical indications and traditional specialities (Indicaciones geográficas y especialidades tradicionales) http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm.

12

Geographical indications and traditional specialities

(13)  Berners-Lee M et al (2018) Current global food production is sufficient to meet human nutritional needs in 2050 provided there is radical societal adaptation (La producción mundial de alimentos actual es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales del ser humano en 2050, siempre y cuando se produzca una adaptación social radical), Elementa, 6, 1, 52: http://doi.org/10.1525/elementa.310.

13

Current global food production is sufficient to meet human nutritional needs in 2050 provided there is radical societal adaptation

Elementa

(14)  Ritchie H, D Reay & P Higgins (2017). Beyond Calories: A Holistic Assessment of the Global Food System (Más allá de las calorías: una evaluación integral del sistema alimentario mundial), Frontiers in Sustainable Food Systems, 2, 57, doi: 10.3389/fsufs.2018.00057.

14

Beyond Calories: A Holistic Assessment of the Global Food System

Frontiers in Sustainable Food Systems

(15)  Véanse informes como el del WRI (2018) Creating a Sustainable Future, https://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future; y el de la Comisión EAT-Lancet (2019) Healthy Diets from Sustainable Food Systems. Food in the Anthropocene https://eatforum.org/initiatives/eat-lancet/.

15

Creating a Sustainable Future

Food in the Anthropocene

(16)  FDE (2018). Informe Anual 2018. https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrinkEurope_Annual_Report_INTERACTIVE.pdf.

16

(17)  Sustainable Food Trust (2017). The Hidden Cost of Food. Bristol.

17

The Hidden Cost of Food

http://sustainablefoodtrust.org/wp-content/uploads/2013/04/HCOF-Report-online-version.pdf.

(18)  PNUMA (2017). TEEB for Agriculture and Food Interim Report. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. http://teebweb.org/agrifood/home/teeb-for-agriculture-food-interim-report/.

18

TEEB for Agriculture and Food Interim Report

(19)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18.

19

(20)  Gonzalez-Fischer C, T Garnett (2016). Plates, pyramids, planet: Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment (Platos, pirámides, planeta: desarrollos en las directrices dietéticas saludables y sostenibles nacionales: una evaluación del estado de la cuestión). Roma y Oxford: FAO y Food Climate Research Network.

20

Plates, pyramids, planet: Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment

(21)  Véase la evaluación en Lang T, P Mason (2017). Sustainable diet policy development: implications of multi-criteria and other approaches (Desarrollo de una política dietética sostenible: las implicaciones de los enfoques multicriterio y de otros tipos), 2008–2017, Proceedings of the Nutrition Society, doi: 10.1017/S0029665117004074.

21

Sustainable diet policy development: implications of multi-criteria and other approaches

Proceedings of the Nutrition Society

(22)  Health Council of the Netherlands (2011) Guidelines for a Healthy Diet: the Ecological Perspective (Directrices para una dieta sana: la perspectiva ecológica). Contrato n.o: publicación n.o 2011/08E. La Haya: Consejo neerlandés de la salud.

22

Guidelines for a Healthy Diet: the Ecological Perspective

o

o

(23)  Voedingscentrum (2016). Netherland Nutrition Centre guidelines: Wheel of Five (Appendix 13 on sustainability issues). La Haya: Voedingscentrum.

23

Netherland Nutrition Centre guidelines: Wheel of Five (Appendix 13 on sustainability issues)

(24)  Administración Nacional de Alimentación, Agencia de Medio Ambiente (2008) Environmentally Effective Food Choices: Proposal notified to the EU (Elecciones alimentarias efectivas en materia de medio ambiente: propuesta notificada a la UE). Estocolmo: Administración Nacional de Alimentación.

24

Environmentally Effective Food Choices: Proposal notified to the EU

(25)  Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible (RNE) (2014) The Sustainable Shopping Basket-A Guide to Better Shopping (La cesta de la compra sostenible: una guía para comprar mejor). Berlín: Rat für Nachhaltige Entwicklung/Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible https://www.nachhaltigkeitsrat.de/en/projects/the-sustainable-shopping-basket/.

25

The Sustainable Shopping Basket-A Guide to Better Shopping

(26)  http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030.

26

(27)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 64 .

27

(28)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 18.

28

(29)  DO C 326 de 26.10.2012, p. 1

29

(30)  COM(2018) 706 final http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/report_on_competition_rules_application.pdf.

30

(31)  Comisión Europea (2015) Geographical indications and traditional specialities (Indicaciones geográficas y especialidades tradicionales) http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm.

31

(32)  DO C 303 de 19.8.2016, p.64 .

32

(33)  Oficina Regional para Europa de la OMS (2018). Policies to limit marketing of unhealthy foods to children. Copenhague: WHO Europe. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2018/10/policies-to-limit-marketing-of-unhealthy-foods-to-children-fall-short-of-protecting-their-health-and-rights.

33

Policies to limit marketing of unhealthy foods to children

(34)  Food Active & Children’s Food Campaign (2018). Junk Food Marketing to Children: a study of parents’ perceptions. Londres. http://www.foodactive.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Junk-Food-Marketing-to-Children-a-study-of-parents-perceptions.pdf.

34

Junk Food Marketing to Children: a study of parents’ perceptions

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/17 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/17

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La revolución digital teniendo en cuenta las necesidades y los derechos de los ciudadanos»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 190/03)

Ponente: Ulrich SAMM

| Decisión del Pleno | 12.7.2018 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno |
| | Dictamen de iniciativa |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Aprobado en sección | 11.2.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 129/2/1 |

Decisión del Pleno

12.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

11.2.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

129/2/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | La revolución digital actual tiene el potencial de transformar fundamentalmente la sociedad, la economía y el lugar de trabajo, y proporcionar beneficios a largo plazo tanto para el crecimiento económico como para la calidad de vida con un impacto en todos los sectores, cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. El CESE ha expresado claramente su opinión de que la transformación —realizada por seres humanos— debe beneficiar a todos. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción todas las acciones políticas y de la sociedad civil que ayuden a los ciudadanos europeos. El presente dictamen aborda principalmente las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, ya sea como trabajadores, empresarios o consumidores en general, y determina los ámbitos donde la participación de la sociedad civil es fundamental. Solo lograremos que la transición digital sea un éxito si se configura de forma proactiva. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El progreso de la digitalización, en particular cuando se introducen nuevos productos y servicios digitales, puede ser muy rápido (como en el caso de los teléfonos móviles e inteligentes) o puede ser lento en determinados ámbitos, donde el público y la sociedad en general no aceptan la tecnología sin hesitación, como sucede cuando se ven afectadas la autonomía, la responsabilidad, la seguridad, la dignidad y la privacidad. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | La digitalización ofrece un gran abanico de nuevas posibilidades que permiten a las personas tomar decisiones para vivir mejor de una manera sin precedentes. Por otro lado, cuanto más domina nuestra vida la digitalización, mayor es la posibilidad de ser manipulados, lo que puede menoscabar nuestra autonomía en ámbitos como conducir coches, elegir alimentos, cuidar nuestra salud, calentar nuestros hogares, fumar, beber, administrar nuestras finanzas y muchos más. El CESE pide desarrollar, adaptar y aplicar normas transparentes a estas tecnologías en rápida mutación. La buena tecnología persuasiva debe conllevar formación, no manipulación, y cumplir el principio de libre elección de las personas, para garantizar la autonomía humana. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El CESE tiene una opinión clara sobre la cuestión relativa al grado en que es éticamente aceptable delegar las decisiones (con implicaciones morales) a sistemas basados en la inteligencia artificial (IA): los sistemas automatizados, independientemente de su complejidad, tienen que funcionar de acuerdo con el principio de control humano. Solo los seres humanos toman la decisión final y asumen la responsabilidad por ella. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Con la creciente automatización en el hogar están evolucionando varios puntos de entrada para los piratas informáticos. Es necesario informar a los consumidores sobre estos riesgos y respaldar las medidas de seguridad, en particular cuando los piratas informáticos intentan controlar dispositivos inteligentes. El CESE pide a la UE que revise las normas de seguridad existentes y desarrolle y adapte normas de seguridad estrictas a la nueva evolución de las tecnologías con el fin de proteger a los ciudadanos en sus hogares. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | El CESE acoge favorablemente el enfoque de mejora de la seguridad vial introduciendo más tecnología digital en los coches, pero también expresa su preocupación por el lento ritmo de estas mejoras. Para acelerar la transición a la conducción automática, el CESE aboga por desarrollar incentivos de la UE para abordar los enormes costes (necesidad de comprar nuevos coches) y la aceptación insuficiente de los sistemas de asistencia (por la complejidad y la falta de formación). El CESE considera que debe elaborarse una estrategia europea para adaptar y modificar nuestra red de carreteras, con el fin de que unos vehículos completamente autónomos y 100 % seguros lleguen a ser un éxito. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE pide adaptar y revisar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en vista de la rápida evolución de la tecnología digital. Las nuevas tecnologías de reconocimiento facial, en particular, suponen una amenaza para nuestra intimidad. A medida que esta tecnología se vuelva más barata y fácilmente accesible para todos, podría en última instancia llevar a una situación en la que ya no se pueda caminar por la calle o ir de compras de manera anónima. La amenaza a la intimidad y la autonomía es aún mayor cuando estas tecnologías se utilizan para la elaboración de perfiles o la atribución de puntos en función del comportamiento de la persona. El CESE insiste en que las personas tengan derecho a ser anónimas también en los espacios públicos. El CESE insta a la Comisión a revisar periódicamente el RGPD y la normativa correspondiente en función de la rapidez de la evolución de estas tecnologías. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El consumidor individual, que no tiene conocimientos digitales profesionales, necesita mucho apoyo para utilizar sistemas digitales complejos, ya sean electrodomésticos o plataformas digitales. Los manuales de usuario pueden ser muy largos y el permiso para utilizar determinados datos se da a menudo involuntariamente. El CESE está convencido de que la transparencia no basta; también son necesarias simplificaciones y procedimientos normalizados en toda la UE para ayudar a los consumidores. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Las plataformas digitales pueden rastrear fácilmente a sus usuarios con herramientas simples. Esto significa que, para proteger la privacidad, el RGPD es insuficiente cuando los datos se utilizan indebidamente de forma deliberada sin conocimiento de las personas. El CESE se muestra convencido de que la privacidad solo puede garantizarse restringiendo más el acceso a los datos únicamente a un número limitado de personas certificadas. Las medidas de seguridad deben desarrollarse hasta los niveles más elevados y fiables e incluir la verificación periódica por parte de organismos independientes de la UE. |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | El CESE está preocupado por que los sistemas de vigilancia basados en la biométrica puedan dar lugar a una clasificación errónea y estigmatización, al incluir automáticamente a alguien en una determinada categoría, como terrorista, delincuente o persona no fiable. Los sistemas que identifican y clasifican automáticamente a personas como sospechosas nunca deben funcionar sin una estrecha interacción humana y una verificación exhaustiva. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | Se prevé el uso de la robótica en el sector sanitario. Sin embargo, los robots son dispositivos incapaces de replicar las capacidades empáticas y la reciprocidad de las relaciones de cuidados y asistencia entre personas. Si no se utilizan bajo determinadas condiciones marco, pueden socavar la dignidad humana. Por lo tanto, los robots para cuidados solo deben utilizarse para tareas de cuidado que no exijan implicación emocional, íntima o personal. |
| --- | --- |

1.11.

| 1.12. | El CESE recomienda, cuando se planifiquen nuevos sistemas automatizados en la industria, el comercio y el sector de los servicios, utilizar métodos científicos objetivos para optimizar y evaluar la interacción entre las personas y las máquinas. Los métodos científicos de la ergonomía cognitiva permiten evaluar objetivamente las exigencias mentales al tiempo que abordan los nuevos sistemas de asistencia técnica. Combinan distintas disciplinas de investigación, como la psicología y la ergonomía, para evaluar las interfaces de usuarios. El CESE está convencido de que la digitalización solo tendrá éxito a largo plazo con un diseño centrado en el ser humano. |
| --- | --- |

1.12.

| 1.13. | El CESE pide que se evalúen las diferencias en el desarrollo regional y la magnitud de las posibles desigualdades sociales y sus posibles efectos sobre la integridad de la UE, causados por un acceso desigual a las nuevas tecnologías digitales y un déficit de capacidades. |
| --- | --- |

1.13.

2.   Introducción

| 2.1. | El CESE acogió con satisfacción en anteriores dictámenes (1) el establecimiento, por parte de la Comisión Europea, del programa Europa Digital, que subraya la intención de convertir a Europa en un agente destacado de la digitalización y de reforzar su poder económico y su competitividad en la escena mundial, permitiendo la creación de un mercado único digital y configurando la transformación digital de manera positiva para todos los ciudadanos de Europa. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | La revolución digital actual ha cambiado la sociedad y aún lo hará más en el futuro. Estos cambios afectan a la economía y al lugar de trabajo y proporcionan beneficios a largo plazo tanto para el crecimiento económico como para la calidad de vida con un impacto en todos los sectores, cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. El CESE ha expresado claramente su opinión (2) de que la transformación —realizada por seres humanos— debe beneficiar a todos. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción todas las acciones políticas y de la sociedad civil que ayuden a los ciudadanos europeos. El presente dictamen se centra principalmente en las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, como trabajadores, empresarios o consumidores en general. Determina los ámbitos donde la participación de la sociedad civil es fundamental para configurar de forma proactiva la transición digital y lograr que sea un éxito. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El progreso de la digitalización, en particular cuando se introducen nuevos productos y servicios digitales, puede ser muy rápido (como en el caso de los teléfonos móviles e inteligentes) o puede ser lento en determinados ámbitos, donde el público y la sociedad en general no aceptan la tecnología sin hesitación, como sucede cuando se ven afectadas la autonomía, la responsabilidad, la seguridad, la dignidad y la privacidad. El análisis del presente Dictamen se basa, en parte, en una publicación de Royakkers et al, Ethics Inf Technol (2018). |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Muchos entusiastas que trabajan en la industria, los laboratorios o las universidades promueven el desarrollo de nuevas aplicaciones digitales, y no solo, como muchos creen, los gigantes de internet como Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft. Muchos grupos de la sociedad comparten este entusiasmo; sin embargo, también hay una minoría significativa de ciudadanos que se muestran escépticos o ansiosos, ya sea por los riesgos para su vida privada, autonomía, seguridad, etc., o quizá debido a una falta de conocimiento y un miedo primario al futuro. La transición digital no está impulsada únicamente por la tecnología. Las necesidades, los deseos y los derechos de los ciudadanos deberían influir de manera decisiva en los futuros avances tecnológicos. Para que la transición digital tenga éxito, la participación de las personas en los procesos de diseño y toma de decisiones es un claro desafío para todos, y para la sociedad civil en particular. Esto también significa garantizar un acceso seguro y asequible a las conexiones a internet con el fin de evitar la discriminación y la exclusión. |
| --- | --- |

2.4.

3.   Velocidad de la transición digital

| 3.1. | La revolución digital es el paso de la tecnología mecánica y electrónica analógica a la electrónica digital, que tuvo lugar en algún momento entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta, con la adopción y la proliferación de ordenadores centrales y ordenadores personales digitales. En la década de los ochenta, la tecnología digital se generalizó en muchos ámbitos. El uso de tabletas y teléfonos inteligentes va camino de superar el uso del ordenador personal. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | El acceso del público a la red informática mundial, que comenzó en 1991, proporcionó una nueva infraestructura que permitió conectar dispositivos digitales, creando nuevas funciones que van mucho más allá de las características de un dispositivo digital por sí solo. La combinación de estas tecnologías ha transformado fundamentalmente nuestra forma de comunicarnos, trabajar y hacer negocios. Las plataformas digitales han dado lugar a formas radicalmente nuevas de hacer las cosas (Airbnb, Uber, Amazon, por citar algunos ejemplos, en pocos años se han convertido en importantes agentes económicos). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Parece que no hay límites a una mayor digitalización. El creciente uso de sensores inteligentes permite leer y procesar datos (ubicación, movimiento, datos medioambientales, datos biológicos, datos químicos) relacionados con cualquier tipo de objeto (internet de las cosas). Prácticamente no hay límites al número de sensores, por lo que teóricamente es posible generar un mapa digital de todo nuestro entorno físico. En el futuro, la banda ancha rápida (5G) permitirá reaccionar a datos de sensores en tiempo real. |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Programas informáticos basados en determinados algoritmos procesarán enormes cantidades de datos de sensores y actividades de las plataformas (macrodatos). Los programadores podrán definir con precisión estos algoritmos o generarlos de forma dinámica utilizando un conjunto de datos de entrada (aprendizaje automático o inteligencia artificial (IA)). De la IA, en particular, muchos esperan innovaciones tecnológicas significativas (3). La cuestión saber de hasta qué punto podemos permitir que las máquinas tomen decisiones (con implicaciones morales) es fundamental y requiere un control político y social. Ya existe una fuerte demanda de que se impongan limitaciones a los sistemas informáticos automáticos en determinados ámbitos (como la tecnología financiera) debido a una significativa pérdida de control y una falta de transparencia. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | El ritmo de desarrollo de la digitalización en la sociedad es muy rápido. Organizaciones públicas y empresas están adoptando numerosos enfoques nuevos, como demuestran los proyectos piloto o los productos que ya están entrando en el mercado. La penetración en el mercado de estos nuevos productos puede ser totalmente diferente, en función de los sectores. Por el contrario, puede ser lenta en determinados ámbitos, en los que no se acepta la tecnología sin hesitación, como se describe a continuación. |
| --- | --- |

3.5.

| 3.6. | Un ejemplo típico de la internet de las cosas con aceptación limitada es la domótica o los sistemas de hogares inteligentes para controlar la iluminación, la calefacción, los dispositivos o unidades de entretenimiento, los electrodomésticos, etc. Los sistemas de control de acceso y de alarma con cámaras de seguridad pueden subir vídeos a la red. Los sistemas de domótica carecen de normas técnicas, lo que dificulta el desarrollo de aplicaciones que funcionen correctamente para distintos dispositivos. También pueden requerir conocimientos avanzados y actualización continua. Otra dificultad reside en el hecho de que la mayoría de las viviendas son entornos compartidos, con personas que tienen distintos intereses, aptitudes y capacidades (niños, personas mayores e invitados, por ejemplo). Es mucho más fácil vivir en un hogar inteligente que gestiona la vida de una sola persona. |
| --- | --- |

3.6.

| 3.7. | Los sensores de los coches inteligentes posibilitan la movilidad conectada y automatizada ofreciendo una gran cantidad de nuevas características en aras de una mayor comodidad y seguridad y, a la larga, con una automatización plena, el máximo grado de seguridad en el transporte por carretera (4). La tecnología para la conducción automática está bastante madura, pero por una serie de motivos su aplicación generalizada se desarrolla lentamente. En primer lugar, solo es posible un alto grado de conducción asistida en los coches nuevos, cuyos sensores y unidades informáticas centrales forman parte integrante del vehículo. Sus costes para las personas y la sociedad son un obstáculo a la penetración en el mercado. En segundo lugar, un creciente número de sistemas de asistencia pueden hacer que la conducción sea mucho más compleja, dando lugar a una aceptación limitada. En tercer lugar, la exigencia de que los vehículos totalmente autónomos sean seguros al 100 % será un importante obstáculo mientras estos vehículos compartan la carretera con automóviles convencionales y otros usuarios de la carretera. Los vehículos totalmente automáticos suponen un desafío, porque imponen la necesidad de rediseñar el sistema vial. |
| --- | --- |

3.7.

| 3.8. | Google y Facebook ya utilizan la IA de forma intensiva y con éxito para «optimizar»la visualización de información y la publicidad. Pero hay muchos otros ámbitos en los que la AI puede utilizarse y se utilizará, asistiendo de manera muy significativa en trabajos cognitivos, como en las profesiones basadas en el conocimiento. Sin embargo, puede que algunos de estos ámbitos se desarrollen más lentamente de lo esperado debido a un problema fundamental: como se ha indicado recientemente, la limitación de la IA no es la tecnología (potencia computacional), sino nuestra falta de entendimiento fundamental de cómo aprenden y piensan exactamente las personas. Reflexionar de forma creativa y aprovechar la experiencia de la vida sigue siendo un privilegio del ser humano. |
| --- | --- |

3.8.

| 3.9. | Existen algunos muy buenos pioneros que han convertido servicios públicos en soluciones electrónicas flexibles. Por ejemplo, en Estonia una multitud de servicios como la administración electrónica, la tributación electrónica, la sanidad electrónica o la votación electrónica están generalmente aceptados y son ampliamente utilizados y considerados por muchos como un modelo para la tecnología que debe implantarse en todos los países de la UE, preferiblemente con las mismas normas, para posibilitar la interoperabilidad. Solo con una estrategia a escala de la UE y unos proyectos suficientemente financiados pueden superarse los obstáculos impuestos por la gran diversidad de regiones, instituciones y culturas, y la demanda de subsidiariedad respecto del gobierno central. |
| --- | --- |

3.9.

4.   Preocupaciones y recomendaciones

4.1.   En 2017, la Comisión Europea publicó una encuesta del Eurobarómetro (5) que mostraba que el 76 % de las personas que utilizan internet todos los días aseguran que el impacto de estas tecnologías en su calidad de vida ha sido positivo, aunque un 38 % nunca utiliza internet. Este último porcentaje podría deberse a una falta de capacidades digitales, aunque también hay un número significativo de personas que, si bien poseen las capacidades necesarias, albergan serias preocupaciones sobre el uso de internet, por lo que dudan en utilizarlo. Este punto de vista debe respetarse y tomarse en serio. Se expresa preocupación, en particular, por cuestiones de autonomía, responsabilidad, seguridad, dignidad humana, privacidad y condiciones de trabajo, como se explica a continuación.

4.2.   Autonomía

| 4.2.1. | Hablamos de paternalismo si alguien pretende saber mejor lo que es bueno para otras personas que ellas mismas. Con el paternalismo tecnológico, el paternalismo se «delega»en la tecnología. Puede ser persuasivo o convincente. La buena tecnología persuasiva debe conllevar formación, no manipulación, y cumplir los requisitos de libre elección de las personas, para garantizar la autonomía humana. La digitalización ofrece un gran abanico de nuevas posibilidades que permiten a las personas tomar decisiones para vivir mejor de una manera sin precedentes. Por otro lado, cuanto más domina nuestra vida la digitalización, más podemos ser manipulados, lo que menoscaba nuestra autonomía en ámbitos como conducir coches, elegir alimentos, cuidar nuestra salud, calentar nuestros hogares, fumar, beber, administrar nuestras finanzas y, como se ha visto en sucesos recientes, incluso votar en las elecciones que, en caso de ser manipuladas, pueden suponer una amenaza para la democracia. El CESE aboga por desarrollar, adaptar y aplicar normas transparentes y, cuando proceda, medidas jurídicas estrictas para estas tecnologías en rápida mutación. |
| --- | --- |

4.2.1.

| 4.2.2. | El ejemplo más notable de uso extremo de la tecnología digital para influir en las personas puede encontrarse en China. El Gobierno chino mantiene una puntuación para cada uno de sus ciudadanos con el fin de ayudar a determinar si alguien puede optar a un préstamo, un visado o un trabajo. Esto contrasta marcadamente con los valores y derechos europeos (protección de datos, privacidad, protección social, sostenibilidad). |
| --- | --- |

4.2.2.

| 4.2.3. | Se ha observado una tendencia en la que las personas desarrollan un creciente deseo por una vida más analógica, al menos durante una cierta parte de su tiempo. Hay campamentos para dormir fuera de casa, donde los adultos van a desconectarse para pasar un fin de semana sin conexión a la red, o la gente pasa tiempo fuera de línea para concentrarse en los niños, las familias y los amigos, lo que significa no tener un teléfono en la mano. Existe una demanda estable de cosas que ahora se consideran analógicas, aunque exista una alternativa digital: libros, música creada sin ordenador, discos de vinilo, papel, bolígrafos y muchas más. Se sabe que varios ejecutivos de alto nivel declaran en «quiebra»el tráfico de su correo electrónico de vez en cuando, borrando todos sus correos de la bandeja de entrada o cerrando la cuenta por completo, para recuperarse de la avalancha de comunicación electrónica. El CESE considera que la transición digital también necesita estos contrapesos para tener éxito y ser aceptable para todos, y advierte contra las prisas excesivas para sustituir las técnicas analógicas. |
| --- | --- |

4.2.3.

4.3.   Responsabilidad

El «hombre fuera de juego»hace referencia a la automatización total, cuando el sistema toma una decisión sin intervención humana. Entre los ejemplos están los sistemas del conocimiento que hacen diagnósticos médicos basados en una gran cantidad de información o los robots militares que toman decisiones de vida o muerte utilizando información de diversas fuentes. La pregunta crucial que se formula con frecuencia es: ¿en qué medida es éticamente aceptable delegar la toma de decisiones (con implicaciones morales) en sistemas basados en la IA? El CESE ya ha expresado una opinión clara sobre ello (6): los términos «responsabilidad»y «moral»están exclusivamente vinculados a los seres humanos, mientras que determinados rasgos mentales o de personalidad no pueden atribuirse a los robots. Los sistemas automatizados, independientemente de su complejidad, tienen que funcionar de acuerdo con el principio de control humano. Solo los seres humanos toman la decisión final y asumen la responsabilidad por ella.

4.4.   Seguridad y consumidores

| 4.4.1. | A medida que los nuevos aparatos de moda hacen más inteligentes nuestros hogares, también los están haciendo más vulnerables. Con un mayor número de dispositivos que se conectan a internet —televisores inteligentes, cámaras web, consolas de juegos, relojes inteligentes— es crucial contar con un buen plan de defensa para la red de la vivienda. Los relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles son una extensión de un teléfono inteligente, que da acceso instantáneo a potentes aplicaciones, correo electrónico, mensajes de texto y la web. Además de extraer información valiosa para los piratas informáticos, también pueden hacerse con el control de dispositivos inteligentes. Los investigadores en materia de seguridad han demostrado lo sencillo que es piratear la muñeca Cayla o la posibilidad de piratear incluso una bomba de insulina o espiar a una persona que lleva un reloj inteligente. Los consumidores deben estar informados de estos riesgos. El CESE pide a la UE que revise las normas de seguridad existentes y desarrolle y adapte normas de seguridad estrictas a la nueva evolución de las tecnologías con el fin de proteger a los ciudadanos en sus hogares. |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | La aplicación de la biométrica (reconocimiento facial, huellas digitales, escaneo del iris) es excelente si el sistema funciona bien. Sin embargo, en el caso de las personas a las que el sistema identifica erróneamente como sospechosas, a menudo es muy difícil rectificar los errores. La aplicación de la biométrica puede dar lugar a una clasificación errónea y estigmatización, al incluir automáticamente a alguien en una determinada categoría, como terrorista, delincuente o persona no fiable, lo que puede provocar la inversión de la presunción de inocencia. También parece que la biométrica no puede utilizarse para todo el mundo. Por ejemplo, las huellas digitales del 2 % de las personas no pueden «leerse», porque son personas mayores o debido a determinadas profesiones y tratamientos con quimioterapia. Los sistemas digitales que utiliza nuestra sociedad deben diseñarse para no excluir o discriminar a las personas que no cumplen determinados criterios estándar. Los sistemas que clasifican automáticamente a personas como sospechosas nunca deben funcionar sin una estrecha interacción humana y una verificación exhaustiva. |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.4.3. | El fraude de identidad es un problema grave. Consiste en obtener, incautar, poseer o crear deliberadamente identificadores falsos con el fin de cometer un delito. Nuestra sociedad necesita apoyo legal suficiente para proteger a las víctimas de dicho fraude de identidad. |
| --- | --- |

4.4.3.

4.5.   Dignidad humana

| 4.5.1. | El uso de la robótica en el sector sanitario suscita preocupación. Los robots son dispositivos incapaces de replicar las capacidades empáticas y la reciprocidad de las relaciones de cuidados y asistencia entre personas. Por lo tanto, los robots para cuidados solo deben utilizarse para tareas de cuidado que no exijan implicación emocional, íntima o personal. Si no se utilizan bajo determinadas condiciones marco, los robots pueden socavar la dignidad humana. |
| --- | --- |

4.5.1.

4.6.   Privacidad

| 4.6.1. | El reconocimiento facial compara el perfil facial de alguien con una base de datos para ver si la persona escaneada aparece en dicha base de datos. Se utiliza en investigaciones policiales o en cámaras de seguridad en espacios públicos y su uso está regulado por ley. Esta información sumamente delicada debe almacenarse de forma segura. Sin embargo, el reconocimiento facial se volverá más barato y fácilmente accesible para todos, para su utilización por parte de cualquier comercio, empresa o incluso particular. Se están realizando pruebas para utilizar estas técnicas incluso para el reconocimiento emocional. Sin embargo, se teme que la tecnología de reconocimiento facial pueda en última instancia llevar a una situación en la que ya no se pueda caminar por la calle o ir de compras de manera anónima. El CESE exige que las personas tengan derecho a ser anónimas también en los espacios públicos. En general, debe prohibirse el reconocimiento por cámaras sin el conocimiento de las personas que están siendo observadas. |
| --- | --- |

4.6.1.

| 4.6.2. | Aunque ya se conoce bien el escenario del gran hermano, en el que un gobierno espía a todo el mundo, el escenario del pequeño hermano, en el que las personas o pequeñas empresas se espían entre sí, se está convirtiendo en una posibilidad cada vez mayor. Por ejemplo, las gafas inteligentes pueden utilizarse para registrar o recuperar datos sobre un interlocutor o visitante. A medida que se desarrolle la tecnología avanzada y asequible surgirán otros aparatos de espionaje electrónicos. El CESE hace hincapié en que, más allá del actual RGPD, necesitamos normas estrictas y claras para salvaguardar la privacidad de las personas. |
| --- | --- |

4.6.2.

| 4.6.3. | Con el auge de la domótica, el hogar, considerado privado, se está volviendo más transparente. La distinción entre el hogar y el mundo exterior es difusa, puesto que las paredes ya no protegen la vivienda de miradas indiscretas. Los dispositivos de entretenimiento, los sistemas de alarma con cámaras de seguridad y los sistemas de control central (ordenador de sobremesa, teléfono inteligente, altavoz inteligente) brindan una serie de puntos de entrada a los piratas informáticos. El CESE pide una acción coordinada de la UE para informar a los consumidores acerca de dichos riesgos y respaldar las medidas de seguridad. |
| --- | --- |

4.6.3.

| 4.6.4. | Un factor de riesgo de los sistemas digitales es su complejidad. En concreto, el consumidor individual, que no tiene capacidades digitales profesionales, necesita mucho apoyo. Por ejemplo, los manuales de usuario para equipos digitales pueden ser muy largos. Normalmente advierten al usuario sobre cuestiones de privacidad, pero el permiso para utilizar determinados datos se da a menudo involuntariamente, porque las personas no son capaces de entender todo el manual o sufren la llamada fatiga del consentimiento, debido a los numerosos permisos que tienen que dar para utilizar sus datos a los dispositivos que capturan dichos datos. Esto plantea la cuestión de saber sobre quién recae la responsabilidad en este proceso. El CESE aboga por la simplificación y propone introducir procedimientos normativos de la UE o paquetes estándar de privacidad que sean fáciles de comprender para todos. |
| --- | --- |

4.6.4.

| 4.6.5. | La cuestión de la privacidad también se plantea en relación con las plataformas digitales. Las plataformas pueden seguir fácilmente a sus usuarios con herramientas simples. Por ejemplo, los empleados de Uber han estado utilizando la herramienta de la empresa «God View»para seguir a políticos, famosos y otras personas, práctica a la que se ha puesto fin gracias a una resolución judicial. Sin embargo, la tecnología sigue capturando datos de seguimiento y conexión. El CESE se muestra convencido de que la privacidad solo puede garantizarse con medidas adicionales: restringiendo el acceso a los datos únicamente a un número limitado de personas certificadas. Estas medidas de seguridad deben desarrollarse hasta los niveles más elevados y fiables e incluir verificaciones periódicas por parte de organismos independientes de la UE. |
| --- | --- |

4.6.5.

4.7.   Trabajo del futuro

| 4.7.1. | El trabajo seguirá siendo la principal fuente de ingresos en la era digital. La empleabilidad desde la perspectiva del empleador y la capacidad de trabajar desde el punto de vista del empleado son dos caras de la misma moneda en la transformación digital. La capacidad de adaptación de los trabajadores a las nuevas tareas es igual a la posibilidad de adaptar el trabajo con la tecnología digital a las demandas de trabajo individuales. Dado que la línea entre trabajar para ganar dinero y trabajar con fines particulares es cada vez más difusa, los interlocutores sociales en particular tienen el reto de encontrar y establecer nuevos criterios que permitan medir los resultados individuales de forma equitativa. Anticipar la transformación digital requiere la participación de los trabajadores mediante la información, la consulta y la participación. La seguridad social, los servicios públicos de interés general y la salvaguardia de medios de subsistencia ecológicos siguen siendo requisitos previos para la futura sociedad del trabajo en la transformación digital. |
| --- | --- |

4.7.1.

| 4.7.2. | La automatización y los robots tendrán un impacto significativo en el futuro del trabajo. Por ejemplo, el uso de sistemas de transporte sin conductor ya es habitual en el transporte de materiales en almacenes. Los robots también pueden sustituir a las personas para trabajos monótonos, duros o peligrosos, y una nueva generación de los denominados «robots colaborativos»pueden convertirse en compañeros físicos para los trabajadores, especialmente útiles para las personas con discapacidades físicas. Los robots actuales sustituyen principalmente el trabajo manual, pero los robots que utilizan IA desempeñarán también trabajos intelectuales. Se verá afectado un número considerable de profesiones, a medida que los robots asuman ciertas tareas o incluso sustituyan completamente a los trabajadores humanos, como hemos presenciado en las últimas décadas. Se calcula que el empleo en todos los sectores industriales se mantendrá estable hasta 2022. Si se echa un vistazo a las grandes empresas, se observa incluso que el cambio en la división del trabajo entre el ser humano y las máquinas ha creado casi el doble de nuevos empleos y funciones de los que ha usurpado. El CESE ha tratado estas cuestiones en numerosos dictámenes (7). |
| --- | --- |

4.7.2.

| 4.7.3. | El acceso desigual a las nuevas tecnologías digitales y el déficit de capacidades pueden ser una fuente de diferencias cada vez mayores en el desarrollo regional, con repercusiones en el desarrollo económico, cultural y, por consiguiente, social de dichas regiones. El CESE pide que se evalúe la magnitud de las posibles desigualdades sociales y sus posibles efectos en la integridad de la UE. |
| --- | --- |

4.7.3.

| 4.7.4. | Los trabajadores que colaboran o interactúan con sistemas automatizados, o que trabajan con una gran cantidad de información, pueden encontrarse con determinados problemas. Deben hacer frente a tareas complejas que requieren un uso intensivo de la información. La realidad virtual, por ejemplo, se utiliza para fines de formación y planificación, mientras que la realidad aumentada apoya los proyectos de mantenimiento. El CESE recomienda, cuando se planifiquen nuevos sistemas automatizados en la industria y el comercio, utilizar métodos científicos objetivos para optimizar y evaluar la interacción entre las personas y las máquinas. |
| --- | --- |

4.7.4.

| 4.7.5. | Los empleadores, por otro lado, se enfrentan al desafío de seleccionar soluciones digitales adecuadas entre una amplia gama de nuevas tecnologías. Es importante desarrollar sistemas de asistencia tecnológica adecuados para las actividades y los procesos de trabajo de las empresas. Antes de introducir nuevas tecnologías, también se recomienda determinar la competencia tecnológica de los trabajadores y, en caso necesario, ofrecer formación. La participación de los trabajadores en la implantación de nuevas tecnologías también es un factor fundamental. |
| --- | --- |

4.7.5.

| 4.7.6. | El ámbito de investigación de la ergonomía cognitiva está experimentando un auge en la era de la digitalización. Los métodos científicos de la ergonomía cognitiva permiten evaluar objetivamente las exigencias mentales al tiempo que abordan los nuevos sistemas de asistencia técnica. Combinan distintas disciplinas de investigación, como la psicología y la ergonomía, para evaluar las interfaces de usuarios. El objetivo es un diseño óptimo del lugar de trabajo y una situación en la que salgan ganando tanto trabajadores como empresarios. En dicha situación, los trabajadores alcanzan un nivel óptimo de satisfacción, bienestar y salud en el trabajo y ofrecen a la empresa unos resultados y una productividad óptimos a largo plazo. El CESE recomienda que estos métodos de evaluación se normalicen en beneficio de los trabajadores y las empresas. La transformación digital debe supervisarse mediante una investigación global, centrada en el trabajo y financiada por la UE, sobre «la digitalización en aras del trabajo digno». El CESE está convencido de que la digitalización solo tendrá éxito a largo plazo con un diseño de los sistemas de la Industria 4.0 eficiente y favorable a los trabajadores. |
| --- | --- |

4.7.6.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 292.

1

(2)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30; DO C 434 de 15.12.2017, p. 36; DO C 237 de 31.7.2018, p. 8; DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

2

(3)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

3

(4)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 274.

4

(5)  Eurobarómetro especial 460 – Encuesta realizada por TNS Opinion & Social, marzo de 2017.

5

(6)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

6

(7)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30; DO C 434 de 15.12.2017, p. 36; DO C 237 de 31.7.2018, p. 8; DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

7

---

III Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/24 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/24

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial»

(COM(2018) 770 final)

(2019/C 190/04)

Ponente: Anne DEMELENNE

| Consulta | Comisión Europea, 18.2.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. |
| Sección competente | Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en la sección | 1.2.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 124/1/0 |

Consulta

Comisión Europea, 18.2.2019

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sección competente

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

1.2.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

124/1/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) ofrece una valoración global positiva de la reciente evolución económica y social en relación con el crecimiento económico, la inversión y la evolución del mercado laboral. Pese a algunas mejoras favorablemente acogidas desde 2014, los datos presentados reflejan que los resultados no han sido espectaculares en comparación con los de otras economías avanzadas. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El EPAC menciona los peligros que se derivan de acontecimientos externos, pero no propone contramedidas adecuadas. Las amenazas externas deberían apuntar a la necesidad de elaborar políticas de estímulo para preservar los niveles de crecimiento y empleo, lo cual tiene incidencia en los presupuestos de la UE y los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | La mejora de la productividad es vital para que la UE mantenga una posición competitiva y para mejorar el bienestar. Así, las reformas que puedan lograr un aumento de la productividad han de acogerse de buen grado. No obstante, es necesario efectuar una minuciosa evaluación de las políticas del pasado, a la vista de los resultados dispares hasta la fecha, incluida la lenta recuperación económica, las preocupaciones persistentes por la productividad frente a los competidores y el aumento del empleo precario. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Tal como se pone de relieve en el EPAC, el aumento de la productividad depende de la mejora de la educación y la formación. Esto debería estar apoyado por los interlocutores sociales, por la sociedad civil y a través de inversión pública y privada, incluida la inversión respaldada por los Fondos Estructurales de la UE. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Se otorga protagonismo al pilar social, lo cual se acoge favorablemente. Ha de aclararse en mayor profundidad cómo se llevará a la práctica dicho pilar, de qué forma se pueden facilitar recursos a través de fondos sociales europeos y otros instrumentos europeos, y el modo en que se financiará en el nivel de la UE y los Estados miembros. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Se hace referencia a ámbitos en los que se han propuesto nuevas políticas, entre otros la equidad fiscal, la Unión Bancaria y el funcionamiento de la zona del euro, pero el progreso es muy lento y las propuestas, a menudo bastante moderadas. La plena participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil resultaría beneficiosa. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Se menciona brevemente la importancia de afrontar el cambio climático, dados los riesgos que este conlleva para la economía, tal y como se describe en el Informe global de riesgos (1) del Foro Económico Mundial, pero la cuestión se trata con mucha negligencia. También se echa en falta una discusión sobre los costes externos que se derivan de una economía basada en el carbono. Las medidas para la mitigación del cambio climático adoptadas hasta la fecha continúan siendo insuficientes. Pasar a denominar el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento»como «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible»constituiría un paso importante. Con ello, además de reconocer la importancia del cambio climático, también se reconocería la importancia de la sostenibilidad de los recursos limitados, la protección del medio ambiente y, por ende, la salvaguarda de la economía y de los intereses de las generaciones futuras. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | En numerosos ámbitos, la aplicación de las políticas depende de un cierto grado de financiación del sector privado, así como del público. Dicha financiación podría facilitarse tanto con reformas para crear un entorno favorable a la inversión del sector privado como con un presupuesto de la UE adecuado y el compromiso a favor de una «regla de oro»que permita destinar financiación de los presupuestos de los Estados miembros a inversiones productivas desde el punto de vista social y económico que no pongan en peligro la futura sostenibilidad presupuestaria. |
| --- | --- |

1.8.

2.   Las prioridades generales de la Comisión Europea en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) para 2019

| 2.1. | El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019 se inserta en un contexto más amplio de veintidós trimestres consecutivos de crecimiento económico, lo que brinda la oportunidad de aplicar las reformas necesarias para afrontar las incertidumbres globales en alza y los posibles riesgos internos; en otras palabras:






  — | aumentar las inversiones de los sectores privado y público para conseguir un mayor crecimiento de la productividad total de los factores; |
| --- | --- | --- |

2.1.

—

aumentar las inversiones de los sectores privado y público para conseguir un mayor crecimiento de la productividad total de los factores;

| — | facilitar inversiones de gran calidad en I+D, innovación, educación, capacidades e infraestructura; |
| --- | --- |

—

facilitar inversiones de gran calidad en I+D, innovación, educación, capacidades e infraestructura;

| — | incrementar la productividad, la inclusión social y la capacidad institucional; |
| --- | --- |

—

incrementar la productividad, la inclusión social y la capacidad institucional;

| — | lograr unos mercados de capitales integrados y que funcionen correctamente; |
| --- | --- |

—

lograr unos mercados de capitales integrados y que funcionen correctamente;

| — | garantizar la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas. |
| --- | --- |

—

garantizar la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas.

3.   Observaciones generales sobre las recomendaciones de la Comisión Europea

| 3.1. | El CESE acoge con satisfacción el compromiso constante de apoyar las reformas destinadas a aumentar las inversiones de gran calidad y el crecimiento de la productividad, la inclusividad y la calidad institucional, y a seguir garantizando la estabilidad macrofinanciera y unas finanzas públicas saneadas. Acoge favorablemente que se reconozca la necesidad de inversiones centradas en la educación y la formación y asimismo que se reconozca en mayor medida la necesidad de reforzar la dimensión social de la UE, responder a las desigualdades dentro de las regiones y entre ellas y en lo referido al acceso a la educación, y lograr una coordinación entre los instrumentos políticos. Sin embargo, queda por especificar cómo se alcanzarán los objetivos, y la evaluación de los resultados económicos no se corresponde con los datos adjuntados en los diferentes ámbitos, la cual resulta complaciente en ciertos aspectos, exagera los aspectos positivos y afirma injustificadamente que las políticas del pasado han tenido un impacto favorable. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Se hace referencia a peligros e incertidumbres, entre los que se incluyen los cambios en la economía global, la política comercial estadounidense y la inseguridad sobre las futuras relaciones con el Reino Unido. El riesgo de una recesión a corto o medio plazo señala la necesidad de preparar medidas de estímulo para mantener los niveles de crecimiento y empleo, como recomienda la OCDE (2). A tal fin, debería considerarse la posibilidad de establecer, dentro del presupuesto de la UE, una función de estabilización macroeconómica, que permitiría aumentar la capacidad de resiliencia económica de la zona del euro. Esto puede actuar como amortiguador de las perturbaciones y permitir a la zona del euro adoptar la orientación presupuestaria positiva solicitada por el CESE (3), incluso aunque los Estados miembros no utilicen individualmente su margen presupuestario disponible conforme a los objetivos europeos. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Existen asimismo riesgos derivados del desarrollo de la política interna tras los resultados económicos y sociales relativamente decepcionantes del período posterior a 2008. Esto también subraya la importancia de unas reformas y medidas políticas que se traduzcan en la mejora de la productividad y del crecimiento económico, y en el refuerzo de la cohesión y la dimensión social de las políticas. |
| --- | --- |

3.3.

3.4.   Crecimiento

| 3.4.1. | La UE ha experimentado cinco años de crecimiento económico desde 2014, con unos niveles superiores a la media de la UE en una serie de países de renta baja. Esto ha reducido en cierta medida las divergencias entre las rentas más elevadas y las más bajas de la UE en su conjunto, si bien algunos países se han quedado rezagados, con lo que han creado nuevas dimensiones de divergencia. |
| --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Desde 2017, todos los Estados miembros de la UE han experimentado un cierto crecimiento por primera vez desde antes de la crisis. No obstante, el crecimiento en la UE en su conjunto aún es más lento que en el período anterior a la crisis y no es espectacular si se compara con el crecimiento experimentado recientemente por otras economías avanzadas. La UE también dispone de más terreno considerable para compensarlo, tras la excepcional longitud de la depresión posterior a 2008. |
| --- | --- |

3.4.2.

3.5.   Aspectos sociales

| 3.5.1. | El nivel y el índice de empleo han experimentado una notable recuperación desde los años de la depresión posteriores a 2008. Si bien, como se indica en los datos adjuntos al EPAC, la tendencia observada en la creación de empleo nuevo ha ido hacia unos niveles de capacidades más elevados, esto ha ido de la mano de un descenso de la calidad de buena parte del empleo creado recientemente. |
| --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Cada vez es más frecuente que los empleados sean contratados por una duración determinada o a tiempo parcial, cuando la mayoría de ellos preferiría tener un contrato tipo a tiempo completo (4). El porcentaje de trabajadores a tiempo parcial aumentó del 16,8 % al 18,7 % del total de empleados entre 2008 y 2017, con unos niveles más elevados y un incremento mayor entre los jóvenes. Pese a que en la actualidad hay más personas que trabajan, el total de horas trabajadas en 2017 aún era ligeramente inferior al nivel de 2008 (5). |
| --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Como se admite en el EPAC, el número de personas ocupadas que se encuentran en riesgo de pobreza es elevado y cada vez mayor en varios Estados miembros (en 2008, un 8,6 %; en 2017, un 9,6 % de la población activa (6)). Si bien el empleo ha de ser preferible al desempleo, un mayor nivel de empleo total no asegura un crecimiento inclusivo. |
| --- | --- |

3.5.3.

| 3.5.4. | Grupos como los que reciben prestaciones de discapacidad a menudo no se contabilizan en las tasas de desempleo (7). Esto debe tenerse en cuenta en las recomendaciones, especialmente en lo que se refiere a ofrecer flexibilidad y seguridad a estos grupos a fin de facilitar su acceso al mercado laboral sin la pérdida subsiguiente de su derecho a prestaciones. |
| --- | --- |

3.5.4.

| 3.5.5. | También debería prestarse atención a garantizar que los que tienen contratos de trabajo precario y atípico, como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial, o los que obtienen empleo en plataformas de trabajo, tengan acceso a una protección social adecuada. También son motivo de preocupación las personas cuyos gastos, debido a un estado de salud o discapacidad subyacente, pueden hacer que les resulte imposible llegar a fin de mes, y que a veces, una vez que obtienen empleo remunerado, pierden la adecuada asistencia financiera para gastos relacionados con su enfermedad o discapacidad. |
| --- | --- |

3.5.5.

| 3.5.6. | La Comisión propone adaptar la protección social sobre la base de las nuevas formas de empleo. Es cierto que será preciso encontrar nuevas fuentes de financiación, si bien el camino a seguir es el regreso a un empleo de calidad que refleje las necesidades del mercado laboral, y a contratos de trabajo sostenibles, que concedan a los ciudadanos el derecho a una protección social adecuada. También será necesario combatir la discriminación en el mercado laboral de determinados grupos (personas mayores, de origen extranjero o con discapacidad, jóvenes y mujeres), muchos de los cuales a menudo están altamente cualificados. |
| --- | --- |

3.5.6.

| 3.5.7. | Las referencias a la garantía de un acceso más amplio a servicios de gran calidad y a la mejora del acceso de los progenitores (y en particular de las mujeres) al mercado laboral deben ser bien recibidas por su impacto positivo en la lucha contra la exclusión social, así como en la mejora de la oferta de mano de obra. Del mismo modo, deben promoverse políticas para apoyar la integración social de los inmigrantes como parte de una política migratoria que refleje los valores europeos de la solidaridad y la tolerancia y que respete los derechos humanos. |
| --- | --- |

3.5.7.

3.6.   Salarios y productividad

| 3.6.1. | El crecimiento de los salarios ha sido muy moderado y las disparidades entre países, incluso tratándose del mismo trabajo, continúan siendo notables. El aumento de los salarios de la UE en su conjunto continúa siendo inferior al nivel de crecimiento de la productividad. |
| --- | --- |

3.6.1.

| 3.6.2. | Esto implica que los salarios suponen un porcentaje más bajo de renta nacional. La medida en que los beneficios de una mayor productividad se reparten equitativamente varía de unos Estados miembros a otros, en función de las posibilidades de éxito de la negociación colectiva y de unas políticas que estimulen el aumento de los salarios. Si bien una productividad más elevada normalmente debería considerarse un requisito necesario, aunque no el único, para obtener unos salarios más altos, el vínculo sistemático entre productividad (que también depende de las inversiones) y salarios no debe ocultar el aumento del coste de vida a la hora de fijar los salarios; de lo contrario, podría desembocar en importantes tensiones sociales. |
| --- | --- |

3.6.2.

| 3.6.3. | Los salarios reducidos también constituyen una barrera al logro de una productividad mayor en los países con salarios bajos, al animar a las personas mejor cualificadas a buscar trabajo en otra parte. La movilidad de la mano de obra debe acogerse favorablemente si refleja decisiones tomadas a nivel individual. También permite la adquisición de capacidades y una experiencia que después pueden devolverse al país de origen. Sin embargo, la emigración de los más cualificados también ha desincentivado la inversión en actividades que requieren elevados niveles de cualificación, dejando a los países con salarios más bajos sin capacidad para responder a las actividades económicas más exigentes. |
| --- | --- |

3.6.3.

| 3.6.4. | En varios Estados miembros (sobre todo en Europa Central y Oriental), el aumento de los niveles salariales se ha producido después del incremento de los salarios mínimos y de la remuneración del sector público. El aumento del consumo ha contribuido al crecimiento del PIB. Asimismo, las medidas para garantizar un salario mínimo y una renta mínima como parte de un proceso de convergencia social en la UE pueden constituir un importante elemento de protección social y de medio de alcanzar un nivel de vida decente en todos los países, al tiempo que ayuda a respaldar el crecimiento. |
| --- | --- |

3.6.4.

3.7.   Productividad y competencias

| 3.7.1. | Como se puede observar en el gráfico 3 (8), tras una depresión más prolongada a partir de 2008, el crecimiento de la productividad ha ido a la zaga de los principales competidores mundiales. La diferencia ha sido especialmente pronunciada en la zona del euro. La reducción de dicha brecha requerirá el desarrollo de un entorno propicio a una mayor inversión privada y a la aplicación de la investigación y la innovación. También exigirá el pleno aprovechamiento del potencial de la población de la UE, minimizando la exclusión social y en el mercado laboral e invirtiendo en medios para ayudar a contratar desempleados de larga duración e integrarlos en el mercado laboral. |
| --- | --- |

3.7.1.

| 3.7.2. | La mejora de los conocimientos, las capacidades, las cualificaciones, las actitudes y la creatividad sigue siendo un requisito indispensable para aumentar la productividad. Ello también contribuye a la democracia y al desarrollo sostenible. El EPAC hace hincapié, como corresponde, en la importancia de invertir en el desarrollo de capacidades, la educación y el aprendizaje permanente. El 40 % de los empleadores afirma tener dificultades para contratar personal adecuadamente cualificado. Muchos empleados potenciales también consideran difícil aplicar sus cualificaciones en sus países de origen. |
| --- | --- |

3.7.2.

| 3.7.3. | Es esencial el desarrollo de estrategias para anticipar las futuras necesidades en materia de capacidades, junto con sistemas adecuados para la validación de estas, y garantizar que la educación y la formación satisfagan las necesidades del empleo. Asimismo, debe garantizarse el apoyo a los empleadores a la hora de conseguir empleados disponibles con las competencias y cualificaciones adecuadas invirtiendo en servicios de apoyo para impedir el abandono escolar prematuro, especialmente entre grupos discriminados, como las personas con discapacidad o de origen migrante, así como para proporcionar ayuda para la continuación de la educación superior (9). Los empleadores tienen una importante responsabilidad a la hora de posibilitar y facilitar la mejora de las competencias y cualificaciones (esto varía en gran medida de unos Estados miembros a otros), y el desarrollo y la aplicación de estrategias de éxito son inconcebibles sin la plena participación de los interlocutores sociales, la sociedad civil, los centros educativos y las empresas que ofrecen formación. Como sostiene también el EPAC, para garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad «se requieren inversiones adecuadas», que deberían incluir inversiones públicas apoyadas por la UE a través de la responsabilidad social de las empresas y gracias a la adecuada participación de los Fondos Estructurales y su Plan de Inversión. |
| --- | --- |

3.7.3.

3.8.   Cambio climático

| 3.8.1. | El EPAC se muestra muy vago y demasiado poco firme en cuanto a los peligros que entraña el cambio climático y el progreso de la UE hacia el logro de los objetivos de París. Si se compara con el Informe global de riesgos (10) que se presentó a los participantes en el Foro Económico Mundial en enero de 2019, la importancia del cambio climático para el crecimiento y la economía se trata aquí de manera muy marginal. A este respecto, en el Informe global de riesgos se afirma que las tres (sic) principales amenazas para la economía mundial son el cambio climático y la tímida acción política para descarbonizar la economía. Por lo tanto, la mitigación del cambio climático ya no es una cuestión de protección del medio ambiente sino una condición para la existencia de la economía. Los informes periódicos elaborados por Bloomberg NEF muestran que las inversiones en energías limpias han disminuido desde 2011 (11) |
| --- | --- |

3.8.1.

| 3.8.2. | El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) subraya la urgencia de emprender acciones contra el cambio climático, que puede llegar a ser irreversible en tres años. También han de ponerse a disposición presupuestos a todos los niveles de gobernanza (tanto inversión pública como privada) para modernizar y descarbonizar la industria, el transporte y la energía. |
| --- | --- |

3.8.2.

| 3.8.3. | Se trata también de una exigencia de la política presupuestaria, en razón de los costes externos extremadamente elevados de la economía actual. Sin embargo, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento excluye en gran medida esta cuestión, pese a que la Comisión ha publicado las cifras correspondientes, casi simultáneamente al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Con arreglo a estos datos, los desastres de carácter meteorológico causaron en 2017 daños económicos por un valor de 283 000 millones EUR (12). El CESE ha señalado en varias ocasiones que el Fondo Monetario Internacional estima que las subvenciones directas e indirectas a la producción de energías que implican la emisión de carbono en la UE ascienden a 330 000 millones de dólares estadounidenses al año. Por lo tanto, un punto débil del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento es que no aborda la cuestión de la internalización de los costes externos ni el debate sobre los indicadores «más allá del PIB». |
| --- | --- |

3.8.3.

3.9.   Inversiones

| 3.9.1. | Las inversiones son cruciales para el crecimiento de la productividad. Este asunto es apremiante para la UE, puesto que se encuentra rezagada respecto a sus principales competidores en ámbitos cruciales de la tecnología más puntera y en el desarrollo de tecnología hipocarbónica. Una continua mejora de la economía es la base fundamental para financiar la seguridad social y las prestaciones sanitarias al nivel deseado por los ciudadanos europeos. De hecho, el fomento del bienestar, la cohesión y la justicia social es un objetivo plenamente compatible con el crecimiento económico y el aumento de la productividad (13). |
| --- | --- |

3.9.1.

| 3.9.2. | El CESE reitera su opinión de que la Comisión y los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para eliminar los obstáculos para la inversión y crear un clima favorable a la inversión. La realización de la Unión de la Energía, la Estrategia para el Mercado Único Digital y el Plan de Acción de la UE para la Economía Circular ofrecerían todos ellos oportunidades para realizar inversiones. Asimismo, han de considerarse las nuevas oportunidades para la inversión ecológica con la que combatir el cambio climático. |
| --- | --- |

3.9.2.

| 3.9.3. | Los acuerdos sobre comercio internacional también pueden ofrecer la posibilidad de estimular el crecimiento económico. Esta cuestión es especialmente apremiante, en vista de los peligros que plantea la posible salida del Reino Unido de la UE y los conflictos comerciales relacionados con Estados Unidos. La UE debe apoyar un sistema de relaciones económicas internacionales basado en normas y complementado con la negociación de acuerdos de libre comercio. Estos deberían tener como objetivo fijar unos niveles arancelarios mínimos, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos, las normas de la OIT y el derecho de los Estados a regular en aras del interés público. |
| --- | --- |

3.9.3.

| 3.9.4. | El EPAC no manifiesta preocupación por los niveles de inversión, lo que sugiere que el déficit después de 2008 ha sido prácticamente colmado. La inversión (entendida como la formación bruta de capital fijo) se consideró que alcanzaría el 20,6 % del PIB en 2018, frente al 22,5 % en 2007 y el 19,4 % en 2014 (14). Por tanto, el déficit de inversión, medido en estos términos, se ha reducido en cierto modo, pero no se ha subsanado. |
| --- | --- |

3.9.4.

| 3.9.5. | La inversión se mantiene en un nivel bajo en comparación con Estados Unidos y Corea del Sur, que se encuentran entre los competidores naturales de la UE en innovación. Los niveles se mantienen especialmente reducidos en una serie de países de renta baja y en países que han experimentado los mayores declives después de 2008. |
| --- | --- |

3.9.5.

| 3.9.6. | El EPAC se inclina hacia una serie de ámbitos de inversión social, entre otros, la salud, los sistemas de cuidados de larga duración y la vivienda pública. El CESE ha defendido muchos efectos positivos de una inversión social bien planificada, eficaz y eficiente, orientada al futuro, que debe considerarse no como un coste, sino como una inversión en el potencial de crecimiento y empleo de Europa (15). La aplicación de estos objetivos requiere margen para el gasto público. |
| --- | --- |

3.9.6.

| 3.9.7. | Se acoge con satisfacción el Plan de Inversiones para Europa como medio para apoyar la inversión orientada hacia las prioridades políticas de la UE. Sin embargo, los recursos disponibles han sido limitados y, en términos agregados, solo han sido suficientes para mantener, y no para aumentar, el total de los créditos del BEI (16), que en 2017 estuvieron de hecho un 7 % por debajo del nivel medio de 2013 a 2016 (17). |
| --- | --- |

3.9.7.

| 3.9.8. | Es preciso un enfoque que facilite un programa de inversiones financiado adecuadamente, el cual ha de incluir recursos del presupuesto de la UE con el respaldo de los presupuestos de los Estados miembros. Con ello, la UE tendrá más capacidad de cumplir sus objetivos declarados de apoyar el desarrollo de las pymes, la inversión en nuevas tecnologías para fomentar la transformación ecológica deseada y la inversión en el refuerzo de los niveles de educación y de capacidades, así como en la mejora de las condiciones sociales. El CESE ha sostenido anteriormente que la flexibilidad permitida en la actualidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) no es suficiente, y que debe abrirse un debate a nivel europeo acerca de una norma de pleno derecho que excluya la inversión pública que aporte valor añadido del ámbito del PEC, generalmente conocida como «regla de oro» (18), con objeto de poder garantizar la sostenibilidad de la deuda. |
| --- | --- |

3.9.8.

3.10.   Deuda

| 3.10.1. | El CESE, en consonancia con su anterior dictamen (19), comparte las preocupaciones expresadas en el EPAC acerca de que los elevados niveles de deuda pública y privada son persistentes fuentes de vulnerabilidad, especialmente dentro de la zona del euro. La deuda pública bruta ha caído desde su máximo histórico de 88,1 % del PIB en 2014 al 81,4 % del PIB en 2018, aún por encima del nivel de 2008 y muy por encima del objetivo del 60 % del PIB. No obstante, las comparaciones internacionales reflejan que unos niveles de deuda pública por encima del 60 % del PIB no están necesariamente vinculados a un crecimiento económico más lento. La reducción de la deuda pública parece ser más fácil cuando se produce un rápido crecimiento económico. Por tanto, la mejor protección frente a los peligros asociados a unos elevados niveles de deuda es el pleno restablecimiento del crecimiento económico por medio de políticas macroeconómicas anticíclicas. Por otra parte, una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento en tiempos de bonanza puede contribuir a evitar reacciones negativas del mercado en tiempos de coyunturas desfavorables. |
| --- | --- |

3.10.1.

| 3.10.2. | La deuda privada ha disminuido en los últimos años, pero sigue estando por encima del nivel existente antes de la introducción del euro en la mayoría de los Estados miembros de la UE. El proceso de desapalancamiento de los hogares y las empresas es menos prolongado y doloroso cuando el crecimiento económico es elevado. La desestabilización de las economías de la zona del euro debido a un mercado de la vivienda procíclico debe ser objeto de un estrecho seguimiento y evitarse con medidas reguladoras a fin de evitar las crisis económicas. |
| --- | --- |

3.10.2.

| 3.10.3. | Unas instituciones de alta calidad en pie de igualdad con las economías que presenten mejores resultados facilitan la reducción de la deuda. Aseguran la eficiencia de los mercados de productos, servicios, laborales y financieros, contribuyen a lograr una adecuada calidad de la administración pública y prestan apoyo a unas políticas adecuadas en materia de pensiones, competencia y fiscalidad. |
| --- | --- |

3.10.3.

3.11.   Unión Bancaria

| 3.11.1. | Si se llevaran a la práctica las actuales propuestas relativas a la Unión Bancaria, resultarían insuficientes al contrastarlas con la experiencia de las últimas crisis financieras. Han de tomarse medidas para velar por que la expansión de los mercados de capitales esté adecuadamente supervisada de modo que no permita la existencia de productos titulizados tóxicos en los mercados de capitales europeos que puedan contribuir a la próxima crisis financiera. Los órganos de control de la Unión Europea deben garantizar que una unión de los mercados de capitales no dé como resultado una aceleración de la fuga de capitales de los Estados miembros cuando se produzcan tensiones en los mercados financieros. A fin de asegurar unas condiciones financieras más propicias para la economía real, debe debilitarse el círculo vicioso entre banca y tipos de interés soberanos. Dos elementos fundamentales para alcanzar este objetivo son un Fondo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de protección adecuado para el Fondo Único de Resolución facilitado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Antes de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, habría que liquidar los préstamos no productivos de los balances de los bancos participantes en la mayor medida posible y practicable. |
| --- | --- |

3.11.1.

3.12.   Reformas en la zona del euro

| 3.12.1. | La profundización de la unión económica y monetaria (UEM) debe perseguirse con más imaginación y vigor. Las propuestas para reformar la UEM y su gobernanza actualmente son insuficientes para protegerla frente a los riesgos de choques asimétricos. El anterior reequilibrio unilateral, solo por parte del deudor, de la balanza por cuenta corriente ha dañado el PIB global de la zona del euro, lo que ha contribuido a su lenta recuperación después de 2008. A fin de conceder más margen a los países que tenían un déficit por cuenta corriente para que expandan sus economías (en términos de equilibrio presupuestario y saldo exterior), no solo debe alentarse a los países con un superávit por cuenta corriente a que inviertan más, sino también a que aumenten sus salarios y prestaciones sociales para respaldar el consumo privado. |
| --- | --- |

3.12.1.

| 3.12.2. | El CESE insta a los líderes europeos a que aceleren las reformas de la UEM, la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales. No obstante, mientras la zona del euro no disponga de un presupuesto común que pueda crear una orientación presupuestaria positiva para la zona del euro en su conjunto, el estímulo monetario seguirá siendo necesario durante cualquier recesión futura. Ante el previsible fin de los programas de compra de activos del BCE al término de 2018, el CESE recomienda que el BCE considere la posibilidad de un programa de compra de activos que pueda activarse velozmente durante una recesión, en caso de que el estímulo presupuestario no pueda materializarse. El programa debe ir orientado a la economía real y a las inversiones favorables al clima. |
| --- | --- |

3.12.2.

3.13.   Equidad fiscal

| 3.13.1. | En vista de los debates en el seno de la Comisión Europea sobre si la fiscalidad puede convertirse en una cuestión sometida a votación por mayoría cualificada, el CESE sigue respaldando el hincapié en las políticas de equidad fiscal, es decir, que tengan en cuenta la capacidad contributiva de cada persona. El CESE, en la línea de dictámenes anteriores, apoya el desarrollo de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades —ampliamente aceptada como medio para reforzar el mercado único—, simplificando la situación fiscal de las empresas más grandes, y como medio de hacer frente a la planificación fiscal abusiva (20). Acoge con satisfacción asimismo las iniciativas en materia de fiscalidad digital, pues considera que es muy importante para desarrollar nuevos principios globalmente aceptables sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro, en consonancia con la creación de valor, y cómo gravarlos en función de ello (21). Celebra también la importancia concedida en el EPAC a la lucha contra el fraude, la evasión y la planificación fiscal abusiva, en consonancia con anteriores dictámenes del CESE (22). |
| --- | --- |

3.13.1.

3.14.   Reformas estructurales

| 3.14.1. | El EPAC hace hincapié una vez más en la importancia de las reformas estructurales, consideradas útiles para crear empleo y reducir los niveles de deuda. Sin embargo, sigue sin quedar claro qué se entiende por «reforma estructural», lo que dificulta la interpretación de las afirmaciones de que las últimas reformas han tenido un impacto positivo manifiesto. En dictámenes anteriores, el CESE abogaba por reformas estructurales orientadas hacia el desarrollo social y económico: más y mejores puestos de trabajo, un acceso mejorado al mercado laboral, educación, formación y adquisición de capacidades, crecimiento sostenible, calidad administrativa e institucional, y sostenibilidad medioambiental (23). El Comité ha sostenido que dichas reformas deben ser específicas por país y coherentes con los programas nacionales de reforma para mejorar el bienestar y contar con un respaldo democrático, evitando un planteamiento único para todos los Estados miembros (24). |
| --- | --- |

3.14.1.

| 3.14.2. | Los recientes resultados moderados en términos de crecimiento y la evolución del mercado laboral plantea interrogantes sobre los beneficios de algunas políticas del pasado, introducidas con la etiqueta de «reforma estructural». Las cifras de empleados han aumentado, en consonancia con el incremento de la demanda, pero acompañadas frecuentemente de un deterioro de la calidad del empleo y una mayor segmentación del mercado laboral. |
| --- | --- |

3.14.2.

| 3.14.3. | Los resultados de las últimas «reformas estructurales»siguen siendo un ámbito controvertido. Algunas evaluaciones han sido positivas, y en ellas los empleadores han expresado cierto grado de satisfacción con las reformas de los mercados laborales (25). No obstante, existe también un significativo corpus de literatura que arroja serias dudas sobre las pasadas recomendaciones políticas de la Comisión Europea relativas al mercado laboral (26). Así, la última Estrategia de Empleo de la OCDE sostiene ahora, sobre la base de investigaciones recientes, que los países con políticas e instituciones que promueven la cantidad y la calidad del empleo y una mayor inclusividad obtienen mejores resultados que aquellos centrados principalmente en reforzar o preservar la flexibilidad del mercado (27). |
| --- | --- |

3.14.3.

| 3.14.4. | El CESE reitera su observación de que a menudo el éxito o el fracaso de una medida de reforma determinada se constata a lo largo de un período superior a cinco años (28). Han de evaluarse los efectos de las políticas del pasado introducidas como «reformas estructurales», sustentándose en pruebas y contando con la plena participación de los interlocutores sociales y la sociedad civil, como base para fundamentar futuras recomendaciones políticas (29). |
| --- | --- |

3.14.4.

3.15.   Pilar europeo de derechos sociales

| 3.15.1. | El CESE acoge con beneplácito el reconocimiento de la importancia del pilar social, y reitera la urgencia de llevarlo a la práctica en vista de los malos resultados económicos y sociales de numerosos países desde 2008. |
| --- | --- |

3.15.1.

| 3.15.2. | El pilar social debe estar plenamente integrado en el Semestre Europeo, y no figurar únicamente como un anexo. El cuadro de indicadores sociales señala la magnitud de la tarea pendiente para que la UE obtenga una «calificación social triple A». Es evidente que no en todos los Estados miembros se ha logrado un nivel aceptable de ingresos, condiciones de vida, seguridad social, prestaciones sociales, nivel educativo y acceso digital (30). |
| --- | --- |

3.15.2.

| 3.15.3. | El pilar de derechos sociales debe emplearse como medio para medir las recomendaciones para los Estados miembros. Los veinte principios del pilar han de utilizarse como marcadores para evaluar el éxito de los países a la hora de integrar en sus políticas económicas su compromiso con el pilar social. |
| --- | --- |

3.15.3.

| 3.15.4. | Esto apunta asimismo a la necesidad de unos medios adecuados de financiación, incluidas las contribuciones provenientes de la UE. El plan de inversiones de la UE, si se financia adecuadamente, y la política de cohesión de la UE pueden contribuir a ello, en coordinación con las recomendaciones específicas por país, lo que implica otorgar una adecuada flexibilidad dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como ya se afirmó en un dictamen anterior, también requiere conceder de forma continua una financiación adecuada a la política de cohesión con cargo al presupuesto de la UE (31). |
| --- | --- |

3.15.4.

| 3.15.5. | También debe prestarse especial atención a la propuesta formulada por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017 referente a una Autoridad Laboral Europea. Esta podría contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales y de seguridad social de la UE y a luchar contra la competencia desleal. |
| --- | --- |

3.15.5.

| 3.15.6. | Además de emplearse como guía para las recomendaciones políticas, el cuadro de indicadores adjunto al pilar social ha de tomarse como ejemplo para análisis similares de los resultados de cada país en relación con las políticas de medio ambiente y cambio climático, a fin de que puedan evaluarse con el mismo nivel de rigurosidad. |
| --- | --- |

3.15.6.

| 3.15.7. | En vista de la importancia de fomentar el crecimiento sostenible, entendiendo «sostenible»en términos económicos, medioambientales y sociales, el título del «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento»debería sustituirse por «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible». |
| --- | --- |

3.15.7.

3.16.   El papel de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo

| 3.16.1. | Los Gobiernos de los Estados miembros, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil han de llegar a un acuerdo sobre las reformas nacionales esenciales que permitan de la mejor manera posible a sus economías mantener o mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, es preciso contar con la aportación de los responsables locales del Semestre Europeo, los consejos presupuestarios nacionales, los consejos nacionales de productividad y los comités económicos y sociales nacionales. Los miembros del CESE también pueden desempeñar un papel en este ámbito. |
| --- | --- |

3.16.1.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  WEF Global Risks Report 2019.

1

(2)  Perspectiva económica de la OCDE de noviembre de 2018: «Editorial»del economista jefe y«General Assessment of the Macroeconomic Situation»(Evaluación general de la situación macroeconómica), pp. 43-46.

2

(3)  Dictamen adicional del CESE sobre la «Política económica de la zona del euro (2018)»(DO C 62 de 15.2.2019, p. 312).

3

(4)  COM(2018) 761 final, p. 18.

4

(5)  COM(2018) 761 final, p. 18.

5

(6)  COM(2018) 761 final, p. 41.

6

(7)  El Informe Conjunto sobre el Empleo (2018) de la Comisión Europea pone de manifiesto que solo el 47,4 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo en la UE.

7

(8)  COM(2018) 770 final, p. 7.

8

(9)  El Informe Conjunto sobre el Empleo (2018) de la Comisión Europea indica que las personas con discapacidad son más proclives a abandonar prematuramente los estudios que aquellas sin discapacidad en 10,3 puntos porcentuales (tomando cifras de 2015), y tienen menos probabilidades de completar la educación terciaria que las personas sin discapacidad en 13,6 puntos porcentuales (tomando cifras de 2015).

9

(10)  WEF Global Risks Report 2019.

10

(11)  Bloomberg NEF - «Clean Energy Investment Trends, 3Q 2018» (Tendencias de la inversión en energía limpia, tercer trimestre de 2018).

11

Bloomberg NEF - «Clean Energy Investment Trends, 3Q 2018»

(12)  COM(2018) 773 final.

12

(13)  Dictamen del CESE sobre la «Política económica de la zona del euro (2017)»(DO C 173 de 31.5.2017, p. 33).

13

(14)  Base de datos AMECO.

14

(15)  Dictamen del CESE sobre la «Financiación del pilar europeo de derechos sociales»(DO C 262 de 25.7.2018, p. 1).

15

(16)  Dictamen del TCE sobre el FEIE: Una propuesta prematura de extensión y ampliación, p.21.

16

(17)  BEI, informe estadístico de 2017.

17

(18)  Dictamen del CESE sobre la «Política económica de la zona del euro (2017)», punto 3.4 (DO C 81 de 2.3.2018, p. 216).

18

(19)  Dictamen del CESE sobre la «Política económica de la zona del euro (2018)»(DO C 197 de 8.6.2018, p. 33).

19

(20)  Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)»(DO C 434 de 15.12.2017, p. 58)

20

(21)  Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa»(DO C 367 de 10.10.2018, p. 73).

21

(22)  Dictamen del CESE sobre el «Régimen fiscal en favor de la competencia leal y el crecimiento»(DO C 434 de 15.12.2017, p.18).

22

(23)  Por ejemplo, mejorar el entorno empresarial, la financiación de las empresas y el gasto en I+D; aumentar la productividad de las empresas, los sectores y las economías; promover la creación de puestos de trabajo de buena calidad con salarios más elevados y la simultánea reducción de puestos de trabajo temporales y precarios con salarios reducidos; reforzar la negociación colectiva y la autonomía de los interlocutores sociales en las negociaciones, así como el diálogo social a escala local, regional, nacional y europea; reformar las administraciones públicas para hacerlas más eficaces de cara al desarrollo económico y social y más transparentes para el público; promover la calidad de los sistemas de educación y de formación para los trabajadores a fin de generar igualdad de oportunidades y resultados para todos los colectivos sociales.

23

(24)  Dictamen del CESE sobre la «Financiación del pilar europeo de derechos sociales»(DO C 262 de 25.7.2018, p. 1, punto 2.5).

24

(25)  BCE, «Structural policies in the euro area» (Políticas estructurales en la zona del euro)

25

(26)  A. Piasna y M. Myant (eds.), Myths of Employment Deregulation: How it neither creates jobs nor reduces labour market segmentation (Mitos de la desregulación del empleo: cómo no crea puestos de trabajo ni reduce la segmentación del mercado laboral), Bruselas, ETUI, 2017.

26

Myths of Employment Deregulation: How it neither creates jobs nor reduces labour market segmentation

(27)  «Good Jobs for All in a Changing World of Work, The OECD Jobs Strategy»(Buenos puestos de trabajo para todos en un mundo laboral cambiante: La Estrategia de Empleo de la OCDE), p. 8.

27

(28)  Dictamen del CESE «Programa de apoyo a las reformas»(DO C 62 de 15.2.2019, p. 121).

28

(29)  Dictamen del CESE «Programa de apoyo a las reformas»(DO C 62 de 15.2.2019, p. 121).

29

(30)  Dictamen del CESE sobre la «Financiación del pilar europeo de derechos sociales»(DO C 262 de 25.7.2018, p. 1).

30

(31)  Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027»(DO C 440 de 6.12.2018, p. 106).

31

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/33 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/33

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea»

[COM(2018) 892 final-2018/0432 (COD)]

(2019/C 190/05)

Ponente general: Jane MORRICE

| Consulta | Parlamento Europeo, 14.1.2019
  Consejo de la Unión Europea, 15.1.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 102/1/0 |

Consulta

Parlamento Europeo, 14.1.2019

Consejo de la Unión Europea, 15.1.2019

Fundamento jurídico

Artículo 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

102/1/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El apoyo continuado de la UE a Irlanda del Norte, en particular mediante los programas PEACE e Interreg, independientemente de la retirada del Reino Unido de la Unión, no solo es esencial sino también crucial, como demuestran los retos que plantea el debate sobre la frontera entre el Reino Unido e Irlanda en las negociaciones sobre el Brexit. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE acoge favorablemente la propuesta de continuar el programa PEACE de la UE en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos de Irlanda tras la retirada del Reino Unido de la UE. El CESE valora la prioridad que la UE otorga a apoyar el proceso de paz y reconoce la importante contribución que el programa PEACE ha aportado al mantenimiento de la paz en la región. Esta opinión coincide con las conclusiones publicadas por el Parlamento Europeo en septiembre de 2018 (1), en las que se describe al programa PEACE como modelo para el resto del mundo. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Además, habida cuenta de la desestabilización que provoca la incertidumbre política, económica y social derivada del Brexit, los agentes de la sociedad civil consideran vital que la UE mantenga su compromiso de hacer todo lo posible para garantizar no solo que en Irlanda del Norte no se reproduzcan los conflictos sino que la región prosiga la senda de la reconciliación utilizando el enfoque ascendente «marca UE»de consolidación de la paz y resolución de conflictos. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | El Programa por la Paz y la Reconciliación de la UE (PEACE) es el instrumento de consolidación de la paz más valioso y provechoso que la Unión Europea haya puesto en marcha jamás en una situación de conflicto. Instituido como respuesta al alto el fuego en Irlanda del Norte en 1995, el programa PEACE ha invertido más de 2 000 millones de euros en proyectos de reconciliación intercomunitarios, transfronterizos y de otro tipo en los veinticuatro años transcurridos desde su creación. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Considerado por todas las partes signatarias del Acuerdo del Viernes Santo/Acuerdo de Belfast como una contribución significativa al proceso de paz, el programa PEACE es único, en el sentido de que supera y va más allá de cualquier otra intervención de la UE en su propio territorio. Reúne a las partes interesadas británicas e irlandesas bajo la égida de la UE con el único fin de proteger el proceso de paz y promover la consolidación de la paz en la región y fuera de ella. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | La urgencia de la situación creada por el proceso del Brexit y la posible retirada del Reino Unido requiere una respuesta por parte de la UE a fin de salvaguardar el proceso de paz y adaptarlo a las nuevas necesidades de la región en el contexto posterior al Brexit. Al consolidar el apoyo a la continuación de los programas transfronterizos PEACE e Interreg, la UE da pasos importantes en la dirección correcta. Si bien se trata de un compromiso que, por razones obvias, constituye una parte esencial del apoyo de la UE a la región, es mucho más lo que puede y debe hacerse. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Las necesidades más inmediatas, tanto durante como después de las negociaciones del Brexit, saldrán a la luz si van aumentando las tensiones entre las comunidades y las lealtades británica e irlandesa empiezan a dividirse en mayor medida tanto en las calles como en la frontera. Una señal de «buena voluntad»de la UE podría incluir un compromiso para aumentar la financiación del programa PEACE de la UE en la próxima ronda y establecer un Centro Europeo para la Paz y la Reconciliación en Belfast, tal y como se ha propuesto en informes anteriores del CESE/PE/CE (2). Esto sería una demostración concreta del compromiso a largo plazo de la UE con el proceso de paz. |
| --- | --- |

1.7.

2.   Introducción

| 2.1. | Reconociendo la gravedad y vulnerabilidad de la situación en Irlanda del Norte, el objetivo del primer programa PEACE fue crear un instrumento integral para intentar eliminar las barreras entre comunidades hostiles y divididas. Creado en consulta con las partes interesadas de los sectores político, administrativo y del voluntariado, el programa PEACE está basado en un enfoque ascendente que implica activamente a los más vulnerables de la sociedad, incluidos niños, mujeres, víctimas y protagonistas del conflicto. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Mediante una serie de intervenciones, en el marco de PEACE 1 se crearon organizaciones de base para trabajar junto a «otras», y el control y la distribución de la mayor parte de la financiación de la UE se puso en manos de grupos y consejos locales. El programa PEACE incentivaba proyectos centrados en cuestiones relativas a la consolidación de la paz, la resolución de conflictos, el entendimiento común, los traumas y los problemas heredados. Los éxitos del programa PEACE son numerosos y su contribución para sentar las bases para el Acuerdo de Paz de 1998 no puede subestimarse. En la actualidad, el programa PEACE es gestionado por el Organismo Especial para los Programas de la UE (SEUPB), una organización transfronteriza británico-irlandesa creada por el Acuerdo por la que pasan todos los fondos de la UE destinados a la paz y la cooperación transfronteriza. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | La continuación del programa PEACE es vital para contribuir a garantizar que la región no vuelva a deslizarse hacia el conflicto cuando tenga que afrontar los retos de las lealtades divididas, situación que podría empeorar tras el Brexit, como han puesto de manifiesto las tensiones, evidentes durante las negociaciones. La continuación del programa PEACE es ahora más crucial que nunca desde 1998. Se valora positivamente el compromiso asumido en las negociaciones del Brexit para mantener el Acuerdo del Viernes Santo/Acuerdo de Belfast y garantizar que no habrá «frontera física», y se considera que el programa PEACE puede desempeñar un papel fundamental para apoyar cualquier transición. La cuestión de la frontera irlandesa seguirá siendo el aspecto más problemático del Brexit más allá de las negociaciones actuales, por lo que los programas transfronterizos PEACE e Interreg y el diálogo continuado entre el Reino Unido e Irlanda son esenciales y revisten una importancia crítica. |
| --- | --- |

2.3.

3.   Recomendaciones generales

| 3.1. | Debe sopesarse la posibilidad de introducir mejoras cuando se renueve la iniciativa —lo que se denominará PEACE Plus— a partir de 2020. Estas mejoras podrían clasificarse en cinco ámbitos principales. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Prestar más atención a promover una sociedad compartida a través de auténticos esfuerzos intercomunitarios. Entre las prioridades debe incluirse un mayor apoyo a la educación integrada y a la promoción de los intercambios transfronterizos de carácter cultural y deportivo, y entre los medios de comunicación. Asimismo, como demuestran los numerosos muros de «paz»que dividen a las sociedades segregadas, habría que dar prioridad a los trabajos que permiten mejorar el entorno físico y social de las comunidades. |
| --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | El apoyo a los proyectos de «identidad única»debería utilizarse únicamente para generar confianza en las comunidades segregadas al objeto de que sirvan de verdadero trampolín para interactuar con los «otros». Según un observador conocedor del contexto, el problema que tiene parte de la financiación del programa PEACE es que ofrece «demasiada zanahoria y no bastante palo». |
| --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Las actividades de comunicación relacionadas con el programa PEACE no cumplen los requisitos esenciales para garantizar que los ciudadanos sean plenamente conscientes del papel de la UE. Si bien el SEUPB realiza esfuerzos, la Comisión Europea, las administraciones públicas, los creadores de opinión y otras partes interesadas deberían esforzarse en mayor medida por reconocer, explicar y valorar en su justa medida el papel que desempeña la UE recurriendo al uso de la «marca»WhiteDove (Paloma de la paz) como símbolo de los proyectos PEACE financiados por la UE. |
| --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | La transparencia de los procesos de seguimiento y evaluación para garantizar resultados se mide también en función de su carácter transformador y no solo por la capacidad de los expertos para marcar casillas. Algunos grupos comunitarios de pequeño tamaño, que son los más necesitados de apoyo, han afirmado que la financiación de la UE «no compensa el esfuerzo»y ejerce una gran presión sobre recursos humanos valiosos que difícilmente pueden permitirse malgastar. |
| --- | --- |

3.1.4.

| 3.1.5. | Según una Resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2018 (3), el programa PEACE debería servir como modelo de la UE y fomentarse para lograr una paz duradera en otras partes de Europa y del resto del mundo. Esta valoración coincide con la expresada en un Dictamen del CESE en el que se propone una iniciativa de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE, inspirada en el programa PEACE y la creación de una senda europea de paz desde Irlanda del Norte hasta Nicosia. Bajo la denominación de Senda Paloma de la Paz (White Dove Way), este camino seguiría los pasos del peregrino irlandés Columbano, e iría más allá de la ruta del frente occidental, atravesando los Balcanes, para reunir las dos islas divididas a ambos extremos de Europa (4). |
| --- | --- |

3.1.5.

| 3.2. | Aunque la orientación principal para mejorar determinados aspectos del programa PEACE puede proceder de «Bruselas», el nuevo programa PEACE 2020 Plus brinda la oportunidad de reanudar las relaciones con la sociedad civil para consolidar los objetivos y los valores de la UE en Irlanda del Norte. Estas mejoras no deberían implicar un aumento de la burocracia, sino servir para generar confianza y fomentar la comprensión del papel de la UE en pro de la paz y la reconciliación. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Debería emprenderse un proceso de consulta, similar al que llevó a cabo el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, para PEACE 1 en 1994, como medio no solo de aumentar el sentimiento de responsabilidad de la comunidad por la consolidación de la paz sino también de permitir el aprendizaje compartido. Este grupo de trabajo, que podría reproducir el creado por el Sr. Delors antes de dejar su puesto, podría estar dirigido por el presidente Juncker, junto con los tres diputados al Parlamento Europeo de Irlanda del Norte y el secretario general de la Comisión Europea con la colaboración del grupo de trabajo especial de la Comisión, y contar con la cooperación del SEUPB y de los jefes de las oficinas de la Comisión Europea en Belfast, Dublín y Londres. |
| --- | --- |

3.3.

4.   Recomendaciones clave específicas para la ronda de financiación posterior a PEACE 2020

| — | Debería otorgarse más importancia a los proyectos centrados en la integración, tanto a los de «identidad única»como a los de asunción de compromisos intercomunitarios. Debe darse preferencia a los programas que impliquen colaboración. |
| --- | --- |

—

Debería otorgarse más importancia a los proyectos centrados en la integración, tanto a los de «identidad única»como a los de asunción de compromisos intercomunitarios. Debe darse preferencia a los programas que impliquen colaboración.

| — | Debe ampliarse la duración del programa PEACE. La transformación de los conflictos requerirá tiempo y un compromiso a más largo plazo que los ciclos de financiación actuales. |
| --- | --- |

—

Debe ampliarse la duración del programa PEACE. La transformación de los conflictos requerirá tiempo y un compromiso a más largo plazo que los ciclos de financiación actuales.

| — | Debe considerarse la posibilidad de recomendar que los futuros proyectos PEACE financiados por la UE exhiban el símbolo de la Paloma de la Paz con la bandera de la UE y la mención «financiado por el programa PEACE de la UE». |
| --- | --- |

—

Debe considerarse la posibilidad de recomendar que los futuros proyectos PEACE financiados por la UE exhiban el símbolo de la Paloma de la Paz con la bandera de la UE y la mención «financiado por el programa PEACE de la UE».

| — | Los organismos de supervisión del programa PEACE deberían seguir incluyendo representantes de la sociedad civil, pero no solo los agentes más adecuados o los que trabajan desde hace más tiempo sobre el terreno. Son precisos mayores esfuerzos para ayudar a los agentes de las comunidades a crecer. |
| --- | --- |

—

Los organismos de supervisión del programa PEACE deberían seguir incluyendo representantes de la sociedad civil, pero no solo los agentes más adecuados o los que trabajan desde hace más tiempo sobre el terreno. Son precisos mayores esfuerzos para ayudar a los agentes de las comunidades a crecer.

| — | Debería prestarse atención a la creación de comités locales en el marco del programa PEACE, para que sirvan de enlace con los consejos, la Asamblea y otros responsables de la toma de decisiones. |
| --- | --- |

—

Debería prestarse atención a la creación de comités locales en el marco del programa PEACE, para que sirvan de enlace con los consejos, la Asamblea y otros responsables de la toma de decisiones.

| — | Debe promoverse el concepto de la Senda Paloma de la Paz (WhiteDoveWay), creando vínculos entre las redes que promueven la paz en toda Europa, utilizando «relatos»de la vida real para aumentar la concienciación sobre los conflictos y comprometer activamente a los ciudadanos con la vía de la paz. |
| --- | --- |

—

Debe promoverse el concepto de la Senda Paloma de la Paz (WhiteDoveWay), creando vínculos entre las redes que promueven la paz en toda Europa, utilizando «relatos»de la vida real para aumentar la concienciación sobre los conflictos y comprometer activamente a los ciudadanos con la vía de la paz.

| — | Deberá reafirmarse el compromiso original de establecer un Centro Europeo de la Paz en Irlanda del Norte, que mantenga vínculos con otra institución similar en Nicosia, para que actúen como centros de transferencia de prácticas reales de consolidación de la paz en Europa y en todo el mundo, garantizando que los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo durante el proceso de paz de Irlanda del Norte y otros lugares sigan beneficiando a las sociedades que se hallan en situación de conflicto y posconflicto. |
| --- | --- |

—

Deberá reafirmarse el compromiso original de establecer un Centro Europeo de la Paz en Irlanda del Norte, que mantenga vínculos con otra institución similar en Nicosia, para que actúen como centros de transferencia de prácticas reales de consolidación de la paz en Europa y en todo el mundo, garantizando que los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo durante el proceso de paz de Irlanda del Norte y otros lugares sigan beneficiando a las sociedades que se hallan en situación de conflicto y posconflicto.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Declaraciones del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk: «No nos jugaremos la paz ni pondremos fecha de caducidad a la reconciliación [...] que nos dé una garantía creíble para la paz en Irlanda del Norte, y el Reino Unido se irá de la UE como un amigo de confianza».

1

No nos jugaremos la paz ni pondremos fecha de caducidad a la reconciliación [...] que nos dé una garantía creíble para la paz en Irlanda del Norte, y el Reino Unido se irá de la UE como un amigo de confianza

(2)  Véase el Dictamen del CESE SC/029 «El papel de la UE en el proceso de paz de Irlanda del Norte», aprobado el 22 de octubre de 2008 (DO C 100 de 30.4.2009, p. 100).

2

(3)  Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, El impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte.

3

(4)  Véase el Dictamen del CESE «La Senda Paloma de la Paz (White Dove Way) — Propuesta de estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE», pendiente de aprobación en el Diario Oficial.

4

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/37 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/37

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión»

[COM(2018) 894 final – 2018/0434 (COD)]

(2019/C 190/06)

Rapporteur-general: Thomas McDONOGH

| Consulta | Parlamento Europeo, 14.1.19
  Consejo, 14.1.19 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Decisión de la Mesa | 22.1.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 79/0/0 |

Consulta

Parlamento Europeo, 14.1.19

Consejo, 14.1.19

Fundamento jurídico

Artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Decisión de la Mesa

22.1.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

79/0/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE ha subrayado en reiteradas ocasiones que la aviación internacional únicamente podrá asumir su papel de catalizador del crecimiento económico de manera sostenible si se mantienen los niveles de seguridad más elevados. Los requisitos previos de seguridad son normas uniformes que son aplicadas por todas las partes interesadas y supervisadas por organismos autorizados. El Brexit puede poner en peligro estas normas y su aplicación uniforme en Europa en el ámbito de la seguridad aérea, ya que los Reglamentos pertinentes de la UE podrían dejar de ser de aplicación para las partes interesadas del Reino Unido en el sector de la aviación a partir de marzo de 2019. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El proyecto de Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la propuesta para garantizar las conexiones aéreas básicas (TEN/689) y el presente dictamen deben ser entendidos como una evaluación de algunos aspectos específicos de la misma iniciativa reglamentaria de la Comisión Europea. El supuesto que subyace a ambos proyectos de Dictamen es que la base jurídica de la actividad aeronáutica en el mercado único de la aviación, el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), y otros Reglamentos de la UE que regulan diversos aspectos pertinentes para la aviación, como, en particular, el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), así como los actos adoptados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), dejarán de aplicarse a las compañías aéreas registradas en el Reino Unido una vez que este país abandone la Unión Europea (Brexit). |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Con el fin de reducir la inseguridad jurídica y la inestabilidad de la planificación después del 29 de marzo de 2019, se ha negociado un acuerdo de retirada entre la UE y el Reino Unido para permitir que el Gobierno de este país establezca la legislación y las medidas reglamentarias nacionales como futuro marco regulador del sector de la aviación del Reino Unido. Sin embargo, el acuerdo de retirada aún no ha sido ratificado por el Parlamento del Reino Unido. Así pues, y en el contexto del plan de acción de contingencia elaborado en el verano de 2018, la Comisión ha elaborado, entre otros, un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Reglamento). |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | En caso de no existir ninguna otra base jurídica, no está claro si los certificados expedidos por el Reino Unido en virtud de la legislación de la UE seguirán siendo válidos, cómo las compañías aéreas registradas en el Reino Unido podrían obtener la certificación exigida a partir del 30 de marzo de 2019, y cómo las empresas de reparación y mantenimiento del Reino Unido podrían seguir suministrando piezas de recambio y servicios con licencia, tal como exige la legislación de la UE. Para resolver estos problemas y establecer una base jurídica que garantice una transición fluida a la aplicación de la legislación del Reino Unido, en caso de no adoptarse el acuerdo de retirada se requiere urgentemente un Reglamento de contingencia. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Aunque las partes interesadas pueden, en muchos casos, resolver cuestiones relacionadas con la continuidad de la validez de los certificados recurriendo a una autoridad de aviación civil de la EU-27, o solicitando un certificado de un tercer país expedido por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), se dan también casos en los que estas medidas no son posibles. Estas situaciones solo podrán solucionarse si se establece una base jurídica. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Si bien se necesitan urgentemente medidas de contingencia, el Reglamento de la UE solo debería hacerse efectivo para resolver cuestiones de seguridad relacionadas con la aviación que no pudieran solventarse por otras vías. Por consiguiente, el Reglamento ha de revestir carácter temporal hasta que el Reino Unido establezca una legislación y unas agencias nacionales que asuman las funciones de una agencia de seguridad. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | El CESE felicita a la Comisión por esta iniciativa reguladora, que reconoce los problemas específicos que podrían surgir en el ámbito de la seguridad aérea en caso de que no se logre un acuerdo. El Reglamento proporcionará al sector las garantías necesarias para no poner en peligro el proceso de certificación durante el período transitorio en que el Reino Unido pasará de ser un Estado miembro a adquirir la condición de tercer país. Asimismo, se garantizará a los viajeros que las operaciones se realizarán de forma segura después del 29 de marzo de 2019. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE coincide con la Comisión cuando sostiene que el objetivo del Reglamento no es ampliar el statu quo, sino prever medidas de contingencia de consideración urgente para mitigar los posibles perjuicios al transporte aéreo entre la UE y el Reino Unido. El Reglamento propuesto solo es aplicable temporalmente para permitir al sector seguir cumpliendo las normas de seguridad más estrictas. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | El CESE insta al Reino Unido a que celebre cuanto antes acuerdos bilaterales de seguridad con la UE y con otros terceros países a fin de alcanzar el consenso necesario sobre el reconocimiento mutuo de los certificados expedidos por el Reino Unido y esas otras partes. |
| --- | --- |

1.9.

2.   Contexto normativo

2.1.   Acuerdos internacionales

| 2.1.1. | Tras el Brexit será necesario que el Reino Unido elabore réplicas de una serie de acuerdos en materia de aviación celebrados por la UE en nombre de los Estados miembros. Por lo que respecta al sector MRR (mantenimiento, reparación y revisión), la fabricación de aeronaves, las instalaciones de reparación y las normas de seguridad, el más importante es el Acuerdo bilateral de Seguridad Aérea UE-EE.UU. (BASA, por sus siglas en inglés). |
| --- | --- |

2.1.1.

| 2.1.2. | En virtud de este acuerdo, las agencias de seguridad de ambas partes, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) respectivamente, aceptan mutuamente los procesos de certificación y aprobación de la otra parte, con lo que únicamente es necesaria una aprobación. En el caso del Reino Unido, la FAA ya no podría confiar en las inspecciones de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) por lo que respecta a las estaciones de reparación situadas en el Reino Unido con licencia de la FAA. Además de la aprobación de la CAA, se requerirían inspecciones por parte de la FAA. |
| --- | --- |

2.1.2.

| 2.1.3. | Como quiera que el acuerdo BASA se refiere con frecuencia a los Estados miembros de la UE, el Reino Unido solo podría mantener el statu quo si los EE.UU. aceptaran tratar a ese país como si continuara siendo miembro de la UE durante el período de transición y celebrara un acuerdo bilateral de seguridad aérea específico con el Reino Unido. Aunque jurídicamente esté todavía sometido a debate, un acuerdo de este tipo requeriría el consentimiento de la UE para poder entrar en vigor durante el período de transición – Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur – Distinción entre los acuerdos sobre el transporte de pasajeros y mercancías, y los acuerdos sobre servicios, como el mantenimiento y la reparación. Los acuerdos sobre estos últimos corresponden al ámbito de la política comercial común y, por lo tanto, son competencia exclusiva de la UE. Por todo ello, la sustitución del acuerdo BASA UE-EE.UU. por otro acuerdo bilateral de seguridad aérea Reino Unido-EE.UU. exigiría el consentimiento de la Unión. algo probable si se tiene en cuenta que el propósito del acuerdo de retirada era facilitar una transición ordenada. |
| --- | --- |

2.1.3.

| 2.1.4. | El Reino Unido ha anunciado que se están llevando a cabo negociaciones con los Estados Unidos, Brasil y Canadá para la celebración de acuerdos bilaterales de seguridad aérea, algo que planteará dificultades dada la inexistencia de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido en materia de seguridad y, en particular, de un acuerdo sobre el estatus del Reino Unido en la AESA. |
| --- | --- |

2.1.4.

2.2.   AESA

| 2.2.1. | Tras el Brexit, el Reino Unido podría solicitar permanecer de algún modo como miembro asociado de la AESA para mantener las ventajas del reconocimiento mutuo entre la UE y los EE.UU., así como para garantizar la claridad en cuanto a las normas de seguridad que deberá aplicar el Reino Unido. Como parte en el Convenio de Chicago, el Reino Unido sería un candidato válido para su adhesión como miembro asociado a la AESA; sin embargo, tendría que aplicar la legislación de la UE pertinente en materia de aviación. |
| --- | --- |

2.2.1.

2.3.   La seguridad aérea en caso de «Brexit duro»

| 2.3.1. | Para mitigar posibles interrupciones de todo el tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido, en la hipótesis de que no se ratificara el acuerdo de retirada, la Comisión ha adoptado dos propuestas de Reglamento: una para garantizar temporalmente la prestación de determinados servicios aéreos entre el Reino Unido y la UE, y otra para prorrogar la validez de determinadas licencias vigentes en la actualidad. La cuestión de las conexiones aéreas básicas se aborda en otro Dictamen del CESE (TEN/689). |
| --- | --- |

2.3.1.

| 2.3.2. | La segunda propuesta de Reglamento sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras el Brexit se refiere a la ampliación de la validez de los certificados de determinados productos, componentes, equipos y empresas aeronáuticos. Aunque algunas de estas soluciones son aplicables a las partes interesadas en este sentido, en forma de transferencia a una autoridad de aviación civil de la UE o presentando una solicitud temprana de certificado de tercer país ante la AESA, estas medidas no podrán atenuar en su totalidad las posibles perturbaciones. |
| --- | --- |

2.3.2.

| 2.3.3. | La urgencia de conceder períodos de validez ampliados se vincula estrechamente a la necesidad de que, para poder volver a expedir licencias, el Reino Unido asuma las responsabilidades previamente conferidas a la AESA. Por su parte, la AESA solo puede expedir determinados certificados sobre la base de una licencia de un tercer país (4). Consiguientemente, la ampliación de la validez es útil para reducir el tiempo que tardarán la AESA y los operadores en expedir determinados certificados atendiendo al nuevo estatus del Reino Unido como tercer país. |
| --- | --- |

2.3.3.

3.   Contenido de la propuesta de Reglamento

| 3.1. | El Reglamento propuesto abarca una serie de certificados válidos antes de la fecha de retirada, aunque por norma general distingue entre los certificados expedidos por la AESA a personas físicas o jurídicas con su centro de actividad principal en el Reino Unido y los expedidos por personas físicas o jurídicas certificadas por la autoridad competente del Reino Unido (5). |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Los primeros son, principalmente, certificados de tipo y certificados de tipo restringido, aprobaciones de modificaciones o suplementos de esos certificados, aprobaciones de reparaciones y autorizaciones de estándares técnicos europeos, así como aprobaciones de la organización de diseño (6). Estos certificados seguirán siendo válidos durante nueve meses, con posibilidad de ampliación en virtud de otros actos delegados de la Comisión (7). |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Los segundos se refieren principalmente a los certificados de aptitud para productos, componentes y equipos, la finalización del mantenimiento y la revisión de la aeronavegabilidad (8). Estos certificados continuarán siendo válidos para garantizar que los componentes y equipos de los productos se sigan utilizando en o como aeronaves (9). Además, el Reglamento propuesto garantiza que las autoridades de los Estados miembros o la AESA tendrán en cuenta los exámenes hechos en las organizaciones de formación sujetas anteriormente a supervisión por parte de la autoridad competente del Reino Unido (10). |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Como quiera que la invalidez de los certificados no solo repercutiría en la puesta en el mercado de los productos de aviación, sino también en su utilización efectiva, es imprescindible mantener la validez de las licencias, ya que la única alternativa viable sería la deslocalización, por ejemplo, de la fabricación de los productos de aviación a jurisdicciones de la UE para evitar el desfase temporal que conllevaría la expedición de certificados de tercer país. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | La importancia de esta medida queda aún más de relieve visto el número, limitado por lo general, de fabricantes de determinados componentes de aeronave. No obstante, sigue siendo un factor susceptible de ocasionar perturbaciones el hecho de que no se emitirán, por ejemplo, nuevos certificados de tipo, lo cual podría trastornar significativamente las operaciones de las empresas que no pudieran trasladar la certificación a jurisdicciones de la UE y, por consiguiente, a aquellos de sus clientes que pudieran depender de productos específicos y de la certificación de los mismos. |
| --- | --- |

3.5.

4.   Observaciones específicas

4.1.   Motivos de inquietud planteados por las partes interesadas

| 4.1.1. | Las partes interesadas del sector de la aviación reconocen la urgente necesidad de garantizar que este sector pueda seguir operando con seguridad. El Reglamento propuesto proporciona una plataforma de transición suficiente para, con una limitación temporal y una orientación adecuada, hacer frente a casos imprevistos. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Para algunas de las partes interesadas consultadas durante la elaboración del presente Dictamen, los artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento deben referirse no solo a los titulares de los certificados, sino también a las personas físicas o jurídicas que los expiden. Esto proporcionaría seguridad jurídica a todas las partes implicadas en el proceso de certificación en el sentido de que el statu quo se ampliaría más allá del 29 de marzo de 2019. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.1.3. | El CESE coincide con la Comisión cuando sostiene que el objetivo del Reglamento no es ampliar el statu quo, sino prever medidas de contingencia de consideración urgente para atenuar los posibles perjuicios al sector. Las partes interesadas están al tanto de los debates en torno al Brexit, pero no pueden recurrir en todas las situaciones a medidas alternativas para mitigar sus repercusiones para la seguridad de la aviación. Por todo ello, necesitan garantías de seguridad jurídica. En el caso de los emisores de certificados, ningún Reglamento de la UE les proporciona explícitamente seguridad jurídica para la continuidad de la certificación. Esta seguridad les será proporcionada por la nueva legislación nacional británica. |
| --- | --- |

4.1.3.

| 4.1.4. | El CESE felicita a la Comisión por esta iniciativa reguladora, que reconoce los problemas específicos que podrían surgir en el ámbito de la seguridad aérea en caso de que no se logre un acuerdo. El Reglamento proporcionará al sector las garantías necesarias para no poner en peligro el proceso de certificación durante el período transitorio en que el Reino Unido pasará de ser un Estado miembro a adquirir la condición de tercer país. Asimismo, se garantizará a los viajeros que las operaciones se realizarán de forma segura después del 29 de marzo de 2019. |
| --- | --- |

4.1.4.

| 4.1.5. | El CESE apoya firmemente este planteamiento y anima a las partes a celebrar lo antes posible un acuerdo bilateral de seguridad aérea para determinar de común acuerdo la forma en que las agencias de seguridad de ambas partes cooperarán en el futuro para garantizar una aplicación armonizada de las medidas de seguridad en toda Europa. |
| --- | --- |

4.1.5.

| 4.1.6. | El CESE insta asimismo al Reino Unido a celebrar un acuerdo bilateral de seguridad aérea con las principales potencias económicas y, en particular, con los EE.UU., al objeto de mantener la continuidad y la coherencia de las medidas de seguridad aplicadas hasta la fecha en el mercado del Atlántico Norte. |
| --- | --- |

4.1.6.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).

1

(2)  Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (CE) n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).

2

o

o

o

o

o

o

o

(3)  Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) no 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO L 79 de 19.3.2008, p. 1).

3

o

o

(4)  Reglamento (UE) 2018/1139 (artículo 68).

4

(5)  COM(2018) 894 final, artículo 1, apartado 2.

5

(6)  COM(2018) 894 finalanexo I, apartado 1.

6

(7)  COM(2018) 894 final, artículo 3.

7

(8)  COM(2018) 894 final, anexo I, apartado 2.

8

(9)  COM(2018) 894 final, artículo 4.

9

(10)  COM(2018) 894 final, artículo 5.

10

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/42 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/42

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión»

[COM(2018) 893 final — 2018/0433 (COD)]

(2019/C 190/07)

Ponente general: Jacek KRAWCZYK

| Consulta | Parlamento Europeo, 14.1.19
  Consejo, 14.1.19 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 100, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Decisión de la Mesa | 22.1.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 77/1/0 |

Consulta

Parlamento Europeo, 14.1.19

Consejo, 14.1.19

Fundamento jurídico

Artículo 100, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Decisión de la Mesa

22.1.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

77/1/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha subrayado constantemente la importancia y dimensión del espacio único europeo de aviación como catalizador del crecimiento económico, la prosperidad y el mantenimiento de la competitividad europea a escala internacional. Una vez que entre en vigor la decisión del Reino Unido (RU) de dejar de ser miembro de la Unión Europea (Brexit), todos los sectores de la economía británica dejarán de formar parte integrante del mercado único europeo; su sector de la aviación ya no se beneficiará del espacio único europeo de aviación ni contribuirá al mismo. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | La evaluación de la incidencia del Brexit en el importante volumen de tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido dependerá de la capacidad que tengan este último y las instituciones de la UE para adoptar rápidamente las medidas reguladoras adecuadas para garantizar unos niveles elevados de competitividad entre los sectores de la aviación de la Europa de los Veintisiete y del Reino Unido. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | En la hipótesis, cada vez más probable, de que no se llegue a un acuerdo de retirada, la legislación de la UE, en particular el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), dejará de aplicarse a los servicios aéreos entre el Reino Unido y la UE. Esta situación genera inseguridad jurídica, compromete la estabilidad de la planificación y pone en peligro la continuidad de la conectividad de los servicios entre el Reino Unido y la UE. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (el Reglamento) constituye una solución temporal y un plan de contingencia para reducir el impacto de un Brexit abrupto. Las medidas propuestas son la única manera realista de mitigar las posibles consecuencias negativas graves que cabe esperar para el sector de la aviación si el acuerdo de retirada no se ratifica antes del 29 de marzo de 2019. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | El Reglamento concede un plazo adicional para que la Comisión y el Gobierno del Reino Unido negocien un acuerdo global de servicios aéreos (ASA), que se convertiría entonces en el marco regulador de la aviación entre la UE y el Reino Unido. Prevé también que entre tanto se mantengan las conexiones aéreas básicas entre la UE y el RU. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Las negociaciones de un ASA entre la UE y el RU tendrán que llevarse a cabo sin demora a fin de restablecer una base jurídica que regule una competencia sólida entre las compañías aéreas de ambas partes. El CESE está dispuesto a aportar las contribuciones necesarias de las partes interesadas de la sociedad civil organizada de la Europa de los Veintisiete. En interés de la economía europea, sus ciudadanos y sus trabajadores, el CESE anima a la UE y al RU a adoptar un ASA global lo antes posible como única base jurídica para un mercado de la aviación abierto y competitivo. |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Tras la presentación por parte del Reino Unido de su solicitud, con arreglo al artículo 50, para poner fin a su pertenencia a la UE, la Comisión ha desarrollado una estrategia de negociación coherente y la ha aplicado de manera consistente y transparente, con la aprobación plena e indivisa de todas las instituciones de la UE (2). El CESE felicita a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros por su unidad. Adoptar un enfoque unido redunda en interés de los ciudadanos de la UE, y esto es igualmente cierto en lo que se refiere al sector de la aviación civil. |
| --- | --- |

1.7.

| 1.8. | El CESE apoya el objetivo de la propuesta de Reglamento, que constituye una medida de contingencia para garantizar las conexiones aéreas básicas, dado que el Reglamento no puede considerarse una extensión del Reglamento (CE) n.o 1008/2008, ni siquiera un acuerdo de retirada unilateral. Los derechos contenidos en la propuesta de Reglamento están correctamente limitados en el tiempo y en su finalidad. Es lógico y coherente limitar las oportunidades comerciales a los servicios de las libertades tercera y cuarta entre la UE y el Reino Unido. Las nuevas oportunidades comerciales para las compañías aéreas de la UE y del Reino Unido deben ser objeto de negociaciones sobre un futuro ASA entre la UE y el Reino Unido. |
| --- | --- |

1.8.

| 1.9. | Para garantizar las conexiones básicas y la competencia leal, el Reglamento propuesto contiene diversos criterios y procedimientos, como, por ejemplo, establecer un límite máximo de frecuencias en las temporadas de verano e invierno de la IATA (3), el concepto de «equivalencia»de derechos (4) y el derecho de la Comisión a reducir, modificar o revocar los derechos (5). El CESE recomienda que, a fin de reflejar mejor las actuales condiciones del mercado, el período de referencia finalice el 29 de marzo de 2019 (temporada completa de IATA, verano e invierno 2018/2019). |
| --- | --- |

1.9.

| 1.10. | Habida cuenta de las consecuencias económicas y sociales de la hipótesis más pesimista, es fundamental que la Comisión ponga en marcha un mecanismo de seguimiento riguroso y transparente. Dicho mecanismo también debe prever una estrecha cooperación entre la Comisión y los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil antes y durante el período de transición, y durante la negociación de un nuevo acuerdo de servicios aéreos. Además, el mecanismo debe prever también un seguimiento de las normas relativas a la protección de los pasajeros, los trabajadores y el medio ambiente. |
| --- | --- |

1.10.

| 1.11. | En opinión del CESE, los trabajadores del sector de la aviación del Reino Unido deberían conservar sus derechos en virtud de la legislación de la UE, entre otras cosas, en lo que respecta al tiempo de trabajo de las tripulaciones, las empresas de trabajo temporal, las limitaciones de tiempo de vuelo, la Directiva sobre el traspaso de empresas y otras disposiciones, con el fin de mantener unas condiciones de competencia equitativas para las compañías aéreas de la Unión. |
| --- | --- |

1.11.

2.   Observaciones generales

2.1.   Base jurídica para la prestación de servicios de transporte aéreo dentro de la UE

Como se indica en la exposición de motivos (6), los Estados soberanos organizan el transporte aéreo mediante acuerdos bilaterales de servicios aéreos. No obstante, a raíz de la liberalización del transporte aéreo dentro de la UE, la libertad de que disponen las compañías aéreas de los Estados miembros para prestar servicios aéreos intracomunitarios se basa exclusivamente en el Reglamento (CE) n.o 1008/2008. Este Reglamento establece también las normas para la concesión de licencias a dichas compañías. A falta de un acuerdo de retirada, los servicios entre el Reino Unido y los Estados miembros dejarían de estar regulados por este Reglamento y, por lo tanto, a partir del 30 de marzo de 2019, no existiría base jurídica para regular la prestación de servicios entre el Reino Unido y los Estados miembros por parte de las respectivas compañías aéreas. Además, las compañías aéreas del Reino Unido perderían la licencia de explotación de la Unión.

Aunque los Estados pueden aprobar los planes de vuelo presentados por las compañías aéreas designadas para una temporada de vuelo sobre una base de cortesía y reciprocidad, estas aprobaciones ad hoc no garantizan ninguna estabilidad en la planificación, entrañan cargas administrativas muy poco manejables en el caso de los vuelos entre el Reino Unido y los Estados miembros de la UE y suscitan a la vez la cuestión jurídica, bastante controvertida, de si la UE conservaría los derechos exclusivos para negociar las condiciones de un ASA entre la UE y el Reino Unido, sin el cual los Estados miembros no podrían aprobar legalmente ningún vuelo. Por lo tanto, es esencial crear una base jurídica para los servicios aéreos entre la UE y el Reino Unido más allá del 29 de marzo de 2019.

2.2.   Acuerdo de retirada: consecuencias para la aviación

La UE y el Reino Unido han negociado un acuerdo de retirada que contiene las medidas que deben adoptarse para facilitar la transición del Reino Unido de su condición de Estado miembro a la de tercer país no perteneciente a la UE. Este acuerdo afectaría a todos los sectores económicos. Durante el período de transición, el Reino Unido estaría sujeto tanto al Derecho de la UE vigente como a la legislación de la UE que entre en vigor durante el período de transición; no obstante, el Reino Unido no tomaría parte activa en el proceso de toma de decisiones de la UE, incluidas las adoptadas por agencias de la UE como la AESA. Esta situación continuaría así hasta que se celebrase un nuevo ASA entre el Reino Unido y la Europa de los Veintisiete.

2.2.1.   Acuerdos internacionales celebrados por la Unión

Es posible que, tras el Brexit, el Reino Unido tenga que renegociar más de 750 acuerdos internacionales celebrados por la UE en nombre de los Estados miembros. Entre ellos se cuentan, en particular, diversos acuerdos relativos a la aviación, en particular el acuerdo global sobre servicios aéreos entre la UE y los Estados Unidos, del que el Reino Unido dejará de beneficiarse. En los casos en que la UE haya celebrado un acuerdo de servicios aéreos sobre la base de una competencia exclusiva, el Reino Unido dejará de beneficiarse de dicho acuerdo cuando deje de ser un Estado miembro de la UE. En los casos en que un acuerdo celebrado sobre la base de una competencia mixta conceda beneficios a los «Estados miembros de la UE», el Reino Unido dejará de ser beneficiario de ellos. En el acuerdo de retirada, la UE se compromete a notificar a todas las partes internacionales que suscriban los acuerdos de servicios aéreos de la UE que deben tratar al Reino Unido como Estado miembro de la UE durante el período de transición. No obstante, corresponde a la tercera parte determinar si así lo hará; el acuerdo de retirada no tiene efectos vinculantes para los terceros en cuanto a seguir concediendo beneficios al Reino Unido después del 29 de marzo de 2019.

2.2.2.   Con respecto al mantenimiento, reparación y revisión (MRR), la construcción de aeronaves, las instalaciones de reparación y las normas de seguridad, estos aspectos se abordan en otro Dictamen del CESE – TEN/688 «La seguridad aérea tras el Brexit».

3.   Propuesta de Reglamento

3.1.   Contexto

Para mitigar posibles interrupciones graves del tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido en el supuesto de que no se llegue a ratificar un acuerdo de retirada, la Comisión ha adoptado dos propuestas de Reglamento:

| — | Propuesta por la que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras el Brexit [COM (2018) 893 final – 2018/0433 (COD)], objeto del presente dictamen, y |
| --- | --- |

—

Propuesta por la que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras el Brexit [COM (2018) 893 final – 2018/0433 (COD)], objeto del presente dictamen, y

| — | Propuesta sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras el Brexit [COM (2018) 894 final – 2018/0434 (COD)] (7). |
| --- | --- |

—

Propuesta sobre determinados aspectos de la seguridad aérea tras el Brexit [COM (2018) 894 final – 2018/0434 (COD)] (7).

Las medidas adoptadas se refieren a asuntos de urgencia en determinados ámbitos del Derecho de la Unión en caso de que no haya acuerdo de retirada. El número limitado de medidas propuestas debe considerarse como un esfuerzo excepcional de proteger intereses vitales para la Unión Europea y sus ciudadanos a falta de acuerdo.

En particular, la Comisión subraya que las medidas no deben ser ni una reproducción de los beneficios de la pertenencia a la UE ni las condiciones del período de transición previsto. La UE adoptará las medidas de forma unilateral (con posibilidad de revocarlas en cualquier momento), y se aplicarán limitaciones temporales para las medidas específicas de cada sector. Además, debe respetarse la división de competencias consagrada, y las medidas nacionales deben cumplir la legislación de la UE. Por último, no deben servir de remedio a la falta de medidas de preparación o de una actuación oportuna.

3.2.   Medidas propuestas

| 3.2.1. | La propuesta de Reglamento tiene por objeto garantizar, durante un período de doce meses, las conexiones aéreas básicas entre el Reino Unido y la UE. La propuesta otorga a los operadores del Reino Unido derechos de tráfico para volar por el territorio de la UE sin aterrizar, hacer escalas en el territorio de la UE con fines no comerciales tráfico, y ofrecer rutas directas entre el territorio del Reino Unido y la UE, independientemente de si se prestan servicios de transporte de pasajeros o de carga, regulares o no regulares (8). En particular, con respecto a la capacidad de los vuelos se propone establecer como límite máximo las frecuencias previas al Brexit de las temporadas aeronáuticas IATA de invierno y verano del año 2018 (9). |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Los derechos concedidos a las compañías aéreas del Reino Unido dependen, además, del respeto de un principio de «equivalencia de derechos», lo que implica, en esencia, que la Comisión supervisará que las compañías aéreas de la Unión disfruten de derechos de iure y de facto equivalentes a los que disfruten las compañías aéreas británicas con arreglo a la propuesta de Reglamento. Si no ocurre así, o si el nivel de los derechos varía de un operador a otro, queda a discreción de la Comisión imponer nuevas restricciones de capacidad, exigir a los Estados miembros que denieguen, suspendan o revoquen dichas autorizaciones de explotación, o adoptar cualesquiera otras medidas oportunas (10). La Comisión puede aplicar las mismas restricciones en los casos en que constate que no está garantizada la competencia leal, por ejemplo si el Reino Unido concede subvenciones a sus compañías aéreas o si las compañías aéreas de la UE son objeto de discriminación (11). |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Además, la propuesta de Reglamento contiene requisitos para la obtención de autorizaciones de explotación de los Estados miembros (12), la presentación de planes operativos y calendarios a las autoridades de los Estados miembros afectados (13), las condiciones para denegar, revocar, suspender o limitar las autorizaciones (14), así como para garantizar el mantenimiento del reconocimiento de los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de competencia o las licencias expedidas por el Reino Unido (15). |
| --- | --- |

3.2.3.

4.   Observaciones específicas

4.1.   Congelación de la capacidad

| 4.1.1. | Las partes interesadas europeas se mostraron divididas sobre la necesidad de imponer un límite máximo a la capacidad que se puede ofrecer (16). El argumento fundamental a favor de eliminar dicho límite máximo es el crecimiento previsto del mercado de un 6 % en los próximos años. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | No obstante, el CESE está de acuerdo con la Comisión en que el objetivo de este Reglamento no es ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1008/2008 ni garantizar de facto un mercado único europeo de la aviación plenamente operativo. Como el Reglamento se refiere a las frecuencias y, por tanto, a la capacidad que se puede ofrecer, sí interviene en la dinámica del mercado. Ahora bien, como consecuencia del Brexit, y a falta de cualquier otra medida aprobada —como un acuerdo de retirada—, es necesario actuar con urgencia. Por lo tanto, este Reglamento debe entenderse en el contexto de la incapacidad política de adoptar un acuerdo de retirada adecuado que amplíe la base jurídica durante un período limitado y que al mismo tiempo comprometa al Reino Unido a adoptar medidas en calidad de tercer país; si no hay acuerdo de retirada, todos los sectores económicos, en particular la aviación, se enfrentan a graves perturbaciones. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.1.3. | La capacidad que se ofrece a través de este Reglamento, por tanto, no refleja un mercado operativo sino que refleja una medida urgente de contingencia. Sin este Reglamento, las compañías británicas corren el grave riesgo de que se revoque su licencia de explotación de la UE. El Reglamento permite garantizar una conectividad aérea básica. Además, el límite máximo proporciona seguridad a los Estados miembros en la medida en que ningún Estado miembro podría aprobar frecuencias adicionales, y también está clara la base sobre la cual adoptar las posibles medidas correctoras necesarias. Imponer un límite máximo de frecuencias subraya el carácter temporal y urgente del Reglamento. Para reflejar mejor las actuales condiciones del mercado, el período de referencia debe terminar el 29 de marzo de 2019 (temporada IATA de verano e invierno completa 2018/2019). Estará en vigor durante el tiempo necesario para acordar un nuevo ASA, con un máximo de doce meses. |
| --- | --- |

4.1.3.

| 4.1.4. | El CESE apoya que el límite máximo de frecuencias esté limitado en el tiempo, lo que subraya la naturaleza provisional y específica de esta medida de contingencia. No obstante, en interés de la economía europea y de sus trabajadores, el CESE anima a la UE y al Reino Unido a que adopten un ASA global lo antes posible como única base jurídica para un mercado de la aviación abierto y competitivo. |
| --- | --- |

4.1.4.

4.2.   Extensión a acuerdos de código compartido, acuerdos de arrendamiento

| 4.2.1. | El CESE considera que la inclusión de cláusulas para continuar el funcionamiento de los acuerdos de código compartido y de arrendamiento financiero rebasaría el objetivo del Reglamento. Estos acuerdos comerciales no pueden interpretarse como acuerdos que entran dentro de la categoría de proporcionar una conectividad básica entre dos partes. La base jurídica de estos acuerdos de cooperación comercial reside en el Reglamento (CE) n.o 1008/2008; si se quiere mantener estos acuerdos, deberán incluirse en un futuro ASA global entre la UE y el Reino Unido. |
| --- | --- |

4.2.1.

4.3.   Extensión a las operaciones de la quinta libertad (operaciones de carga)

| 4.3.1. | El Reglamento prevé como elemento central la conectividad, es decir, un servicio aéreo entre dos países: derechos de tráfico de las libertades tercera y cuarta. También incluye derechos técnicos, derechos de tráfico de las libertades primera y segunda. Cualquier derecho que exceda la conectividad básica entre dos países no puede entrar en el ámbito de aplicación de este Reglamento, que no pretende ofrecer nuevas oportunidades comerciales, ni siquiera ampliar la base jurídica de todas las operaciones en curso. El CESE considera que no sería coherente con la finalidad y el fundamento de la propuesta de Reglamento ampliar los derechos de tráfico comercial concedidos provisionalmente más allá de los derechos de las libertades tercera y cuarta. |
| --- | --- |

4.3.1.

4.4.   Consecuencias con respecto a los requisitos de propiedad y control

| 4.4.1. | El CESE considera que los requisitos de propiedad y control incluidos en el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 no deben modificarse por causa del Brexit. Si una compañía aérea de la UE corre el riesgo de perder su licencia de explotación de la UE tras el Brexit, la propuesta de Reglamento debería prever un plazo adicional suficiente que permita a la compañía aérea ajustar su estructura de propiedad para que sea aprobada por la Comisión. |
| --- | --- |

4.4.1.

4.5.   Exención de la aplicación del Reglamento (CE) n.o 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (17)
  al tráfico de compañías aéreas del Reino Unido a la UE

| 4.5.1. | El CESE considera que el Reglamento (CE) n.o 868/2004 debe mantenerse como instrumento en vigor sin excepciones, ya que ello sentaría un precedente para futuras aplicaciones de este instrumento de protección comercial. Además, tal exención no es necesaria, ya que el propio Reglamento prevé medidas que pueden ser activadas en caso de que la Comisión las considere necesarias para neutralizar actos discriminatorios contra las compañías aéreas de la UE. |
| --- | --- |

4.5.1.

4.6.   Cláusula de equivalencia

| 4.6.1. | Se han planteado dudas sobre la cláusula de equivalencia, que permite a la Comisión exigir a los Estados miembros que revoquen o limiten los derechos a prestar servicios de las compañías aéreas británicas. De hecho, la cláusula está abierta a la interpretación y no es en modo alguno evidente que todos los Estados miembros interpreten esta cláusula de forma similar. Su principal ventaja es que evita sanciones automáticas contra las compañías aéreas y reduce así el nivel de obligación de intervenir en el mercado. Dado el carácter temporal del Reglamento, es más adecuado adoptar un enfoque pragmático que un mecanismo formalista de «ajuste de cuentas», como parece que sugiere esta cláusula en particular. |
| --- | --- |

4.6.1.

| 4.6.2. | El CESE reconoce las ventajas de la «equivalencia de facto o de iure de derechos», tal como se describe en el artículo 4 del Reglamento propuesto, como medio para garantizar la competencia leal y la igualdad de condiciones para las compañías aéreas que operan entre la UE y el Reino Unido. A falta de un acuerdo de retirada, las compañías aéreas del Reino Unido dejarían de estar vinculadas a las disposiciones de la UE relativas, por ejemplo, a la protección de los consumidores, el régimen de comercio de derechos de emisión o las directrices sobre ayudas estatales. Sin embargo, no solo redunda en interés de las compañías aéreas, sino también en interés de los ciudadanos de la UE, comprender mejor en qué momento determinados servicios podrían rescindirse a fin de establecer la equivalencia «fáctica o jurídica»de los derechos. |
| --- | --- |

4.6.2.

| 4.6.3. | Por consiguiente, el CESE recomienda que la Comisión garantice una aplicación armonizada de esta cláusula, potencialmente con ejemplos más específicos de situaciones que pudieran dar lugar a retorsión por parte de la UE. |
| --- | --- |

4.6.3.

4.7.   En opinión del CESE, los trabajadores del sector de la aviación del Reino Unido deberían mantener los derechos que se derivan de la legislación de la UE, especialmente los recogidos en la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal, el Reglamento sobre las limitaciones del tiempo de vuelo, la Directiva sobre el comité de empresa europeo, la Directiva sobre traspasos de empresas, etc., a fin de mantener unas condiciones de competencia equitativas para los transportistas de la Unión.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  Reglamento (CE) n.o 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).

1

o

(2)  COM(2018) 556 final/2; COM(2018) 880 final.

2

(3)  COM(2018) 893 final, art. 3, apartado 2.

3

(4)  COM(2018) 893 final, art 4.

4

(5)  COM(2018) 893 final, artículos 4 y 5.

5

(6)  COM(2018) 895 final.

6

(7)  Dictamen del CESE sobre la «Seguridad aérea tras el Brexit», TEN/688 (véase la página 37 del DO).

7

Brexit

(8)  COM(2018) 893 final, artículo 3, apartado 1.

8

(9)  COM(2018) 893 final, artículo 3, apartado 2.

9

(10)  COM(2018) 893 final, artículo 4.

10

(11)  COM(2018) 893 final, artículo 5.

11

(12)  COM(2018) 893 final, artículo 6.

12

(13)  COM(2018) 893 final, artículo 7.

13

(14)  COM(2018) 893 final, artículo 8.

14

(15)  COM(2018) 893 final, artículo 9.

15

(16)  COM(2018) 893 final – 2018/0433 (COD).

16

(17)  Reglamento (CE) n.o 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 162 de 30.4.2004, p. 1).

17

o

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/48 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/48

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018) 895 final – 2018/0436 (COD)]

(2019/C 190/08)

Ponente general: Raymond HENCKS

| Consulta | Parlamento Europeo, 14.1.2019
  Consejo de la Unión Europea, 14.1.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información |
| Decisión de la Mesa | 22.1.2019 |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 76/1/0 |

Consulta

Parlamento Europeo, 14.1.2019

Consejo de la Unión Europea, 14.1.2019

Fundamento jurídico

Artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Decisión de la Mesa

22.1.2019

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

76/1/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

| 1.1. | El CESE apoya la iniciativa de la Comisión tendente a garantizar de forma temporal las conexiones básicas de transporte internacional de mercancías por carretera mediante vehículos pesados entre la Unión y el Reino Unido y viceversa, siempre que el Reino Unido abandone la Unión sin un acuerdo de retirada ratificado y, por tanto, deje de estar vinculado por el Derecho de la Unión. |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | El CESE aprueba que la propuesta de Reglamento en examen conceda a los transportistas británicos de mercancías por carretera el derecho, hasta el 31 de diciembre de 2019, de llevar a cabo el transporte bilateral entre los puntos de partida y de destino situados en el Reino Unido y la Unión Europea, respectivamente, en las condiciones establecidas en la propuesta y, en particular, siempre que los transportistas de la Unión puedan circular por el territorio del Reino Unido en condiciones equivalentes, incluidas unas condiciones de competencia leales, equitativas y sin discriminaciones. |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | El CESE confía en que la autoridad británica adopte, a más tardar el día antes de una salida de la UE sin acuerdo, un conjunto de medidas temporales equivalentes, que garanticen a los transportistas por carretera de la Unión que circulen por el Reino Unido los mismos derechos que la Comisión brinda de forma transitoria a los transportistas titulares de una licencia del Reino Unido que les autorice a transportar mercancías entre el territorio de este último y los veintisiete Estados miembros restantes. |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Si se produce una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo de retirada, el CESE pide que el Reino Unido y la UE negocien y establezcan de común acuerdo, antes de que finalice el período transitorio anteriormente citado, una conectividad básica en el marco del régimen del Foro Internacional del Transporte, así como las futuras normas aplicables a las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Entre las normas sociales y técnicas que deberán observar durante el período transitorio los transportistas que dispongan de una licencia británica y circulen por el territorio de la Unión, falta la relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores profesionales de vehículo pesados. Dado que se trata de un factor de seguridad muy importante, el CESE pide que se complete el artículo 4 de la propuesta de Reglamento en examen con una referencia a la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del ConsejoEEC (1). |
| --- | --- |

1.5.

2.   Introducción

| 2.1. | El Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece las normas comunes relativas al libre acceso al mercado de la Comunidad de los transportes internacionales de mercancías por carretera efectuados con vehículos automóviles cuyo peso de carga total sea superior a 3,5 toneladas, desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros. |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Este Reglamento persigue eliminar todas las restricciones, incluidas las relativas al acceso al mercado, impuestas al prestador de servicios de transporte de mercancías por razón de su nacionalidad o de la circunstancia de que se halle establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el que se deben prestar los servicios. Estos transportes se efectúan, en principio, al amparo de una licencia comunitaria expedida por un Estado miembro, combinada, si el conductor es nacional de un tercer país, con un certificado de conductor. |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | El transporte entre Estados miembros y terceros países está regulado en gran parte por acuerdos bilaterales entre unos y otros. |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Si el Reino Unido abandona la Unión Europea sin acuerdo de retirada, los servicios británicos de transporte de mercancías por carretera dejarían de estar cubiertos por el Derecho de la Unión. A falta de una licencia válida, ya no tendrían acceso al mercado del transporte por carretera de la Unión y (probablemente) lo mismo sucedería a la inversa. |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | El único fundamento jurídico para paliar la ausencia de un acuerdo de retirada es, en la actualidad, el contingente multilateral de autorizaciones de transporte establecido por el Foro Internacional del Transporte (ITF), aplicable en cuarenta y tres países, entre los que se encuentran veintiséis Estados miembros de la UE (todos menos Chipre) y el Reino Unido, que autoriza el transporte internacional de mercancías entre el país de matriculación del vehículo y otro país perteneciente al ITF. |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Ahora bien, el número de autorizaciones por país miembro del ITF fijado para 2019 (23 252 para la UE de veintisiete y 984 para el Reino Unido) es demasiado bajo para el volumen de transporte actual. Solo se puede incrementar el número de autorizaciones por unanimidad de todos los países miembros del ITF, si bien esta opción no constituye una solución adecuada para evitar una ruptura del acceso al mercado del transporte de mercancías por carretera de la UE hacia el Reino Unido, y viceversa. |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Para evitar una perturbación desproporcionada de la conectividad, con las desastrosas consecuencias que de ello se derivarían para una y otra parte, es urgente conceder derechos temporales de circulación en la UE a los transportistas británicos, a condición de que el Reino Unido aplique, por su parte, las mismas normas a los transportistas de la UE. |
| --- | --- |

2.7.

3.   Propuestas de la Comisión

| 3.1. | La propuesta de Reglamento en examen confiere a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido, en caso de que el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo de retirada, el derecho a llevar a cabo el transporte bilateral en la UE a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido y hasta el 31 de diciembre de 2019. |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | No obstante, el derecho a llevar a cabo el transporte bilateral en la UE solo se concede si el Reino Unido garantiza que los derechos de que gozan los transportistas británicos en la Unión son perfectamente equivalentes a los derechos concedidos a los transportistas de la Unión en el Reino Unido. En caso de inobservancia de esta equivalencia, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con vistas a: | limitar la capacidad o el número de trayectos; |
| --- | --- | --- |

3.2.

limitar la capacidad o el número de trayectos;

| | suspender a aplicación del Reglamento en examen; o |
| --- | --- |

suspender a aplicación del Reglamento en examen; o

| | adoptar otras medidas adecuadas. |
| --- | --- |

adoptar otras medidas adecuadas.

| 3.3. | Los derechos otorgados a los transportistas de mercancías por carretera del Reino Unido están sujetos a su conformidad con las pertinentes disposiciones del Derecho de la Unión aplicables al transporte de mercancías por carretera, en particular en lo que atañe a:






  — | los trabajadores móviles y los conductores autónomos; |
| --- | --- | --- |

3.3.

—

los trabajadores móviles y los conductores autónomos;

| — | las disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera; |
| --- | --- |

—

las disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera;

| — | los tacógrafos; |
| --- | --- |

—

los tacógrafos;

| — | las dimensiones y los pesos máximos autorizados de determinados vehículos; |
| --- | --- |

—

las dimensiones y los pesos máximos autorizados de determinados vehículos;

| — | los dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos; |
| --- | --- |

—

los dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos;

| — | el uso obligatorio de cinturones de seguridad; |
| --- | --- |

—

el uso obligatorio de cinturones de seguridad;

| — | el respeto de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores; |
| --- | --- |

—

el respeto de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores;

| — | el respeto de las disposiciones comunitarias relativas a la competencia leal y sin discriminaciones. |
| --- | --- |

—

el respeto de las disposiciones comunitarias relativas a la competencia leal y sin discriminaciones.

| 3.4. | Los Estados miembros y la Comisión estarán autorizados a verificar que los transportistas de mercancías por carretera que entren en la Unión cuentan con una licencia o certificación del Reino Unido de conformidad con las normas pertinentes, que se cumple la totalidad de la legislación nacional y de la Unión pertinente y que no se superan los derechos otorgados. |
| --- | --- |

3.4.

| 3.5. | Los Estados miembros no podrán negociar ni celebrar acuerdos bilaterales en materia de transporte de mercancías por carretera con el Reino Unido sobre asuntos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. |
| --- | --- |

3.5.

4.   Observaciones generales

| 4.1. | El transporte de mercancías por carretera es un sector clave tanto para el Reino Unido como para la UE. Más de 4,4 millones de vehículos de transporte de mercancías con conductor enlazan el Reino Unido y la UE cada año. En 2015, el Reino Unido exportó por carretera un total de 21 350 000 toneladas de mercancías con destino a la UE. En el mismo período, esta última exportó 26 816 000 toneladas de mercancías con destino al Reino Unido (3). |
| --- | --- |

4.1.

| 4.2. | De ello se infiere que las barreras a estos intercambios afectarían gravemente al comercio, al empleo y al crecimiento económico de ambas partes, y perturbarían en gran medida las cadenas de suministro. |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | El CESE felicita a la Comisión por proponer medidas de emergencia para evitar lo peor, reconociendo provisionalmente a los transportistas del Reino Unido de mercancías por carretera el derecho a efectuar operaciones de transporte bilateral entre puntos situados en el Reino Unido y la UE con arreglo a los requisitos establecidos en la propuesta, en particular que el Reino Unido facilite a los operadores de la UE un acceso equivalente y condiciones de competencia justas, en espera de que antes de que expire el período transitorio el 31 de diciembre de 2019, se negocien y definan de común acuerdo las disposiciones necesarias para el establecimiento de una conectividad básica en el marco del régimen del ITF y las futuras normas aplicables a las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.4. | El CESE confía en que la autoridad británica adopte, a más tardar el día antes de una salida de la UE sin acuerdo de retirada, un conjunto de medidas temporales equivalentes, que garanticen a los transportistas por carretera de la Unión que circulen por el Reino Unido los mismos derechos que la Comisión brinda de forma transitoria a los transportistas titulares de una licencia del Reino Unido que les autorice a transportar mercancías entre el territorio de este último y los veintisiete Estados miembros restantes. |
| --- | --- |

4.4.

| 4.5. | En caso de que el Reino Unido deniegue esta reciprocidad de derechos de transporte en el plazo prescrito, la propuesta de Reglamento en examen caducaría y las mercancías transportadas en vehículos pesados británicos deberían o bien ser transbordadas en la frontera con la UE a vehículos pesados matriculados en la Unión, o bien, en la medida de lo posible, ser transportadas por vehículos comerciales ligeros con una masa autorizada inferior a 3,5 toneladas, ya que no están sujetos a las normas comunes para el acceso al mercado del transporte internacional de mercancías. |
| --- | --- |

4.5.

| 4.6. | En su Dictamen «Acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera y a la profesión de transportista por carretera» (4), de 18 de enero de 2018, sobre la Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1072/2009, el CESE ya resaltó que no ampliar este Reglamento a los vehículos comerciales ligeros (LCV, por sus siglas en inglés) puede falsear la competencia. El CESE recuerda su petición de someter los LCV al citado Reglamento, aunque sea de una forma moderada. |
| --- | --- |

4.6.

5.   Observaciones específicas

| 5.1. | El artículo 4 de la propuesta de Reglamento en examen enumera las normas sociales y técnicas que deberán observar durante el período transitorio los transportistas que dispongan de una licencia británica y circulen por el territorio de la Unión. |
| --- | --- |

5.1.

| 5.2. | El CESE observa que, entre esas obligaciones, falta la relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores profesionales de vehículo pesados. Dado que se trata de un factor de seguridad muy importante, el CESE pide que se complete dicho artículo con una referencia a la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo. |
| --- | --- |

5.2.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

(1)  DO L 226 de 10.9.2003, p. 4.

1

(2)  Reglamento (CE) n.o 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (DO L 300 de 14.11.2009, p. 72).

2

o

(3)  Estadísticas de la Asociación británica de transporte de mercancías por carretera (Road Haulage Association).

3

(4)  DO L 197 de 8.6.2018, p. 38.

4

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/52 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/52

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el marco del programa Erasmus+, en el contexto de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («Reino Unido») de la Unión Europea

[COM(2019) 65 final — 2019/0030 (COD)]

(2019/C 190/09)

| Consulta | Parlamento Europeo, 30.1.2019
  Consejo de la Unión Europea, 12.2.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo165, apartado 4, artículo 166, apartado 4, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
| Aprobación en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 152/0/1 |

Consulta

Parlamento Europeo, 30.1.2019

Consejo de la Unión Europea, 12.2.2019

Fundamento jurídico

Artículo165, apartado 4, artículo 166, apartado 4, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

152/0/1

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 541.o pleno, celebrado los días 20 y 21 de febrero de 2019 (sesión del 20 de febrero de 2019), decidió por unanimidad emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/53 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/53

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 508/2014 en lo que se refiere a determinadas normas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en razón de la retirada del Reino Unido de la Unión

[COM(2019) 48 final — 2019/0009 (COD)]

(2019/C 190/10)

| Consulta | Parlamento Europeo, 30.1.2019
  Consejo de la Unión Europea, .6.2.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Competencia | Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 159/0/2 |

Consulta

Parlamento Europeo, 30.1.2019

Consejo de la Unión Europea, .6.2.2019

Fundamento jurídico

Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Competencia

Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

159/0/2

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 541.o pleno celebrado los días 20 y 21 de febrero de 2019 (sesión del 20 de febrero de 2019), decidió por 159 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---

| 5.6.2019 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 190/54 |
| --- | --- | --- | --- |

5.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 190/54

---

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2403 en lo que se refiere a las autorizaciones de pesca para los buques pesqueros de la Unión en aguas del Reino Unido y las operaciones de pesca de los buques pesqueros del Reino Unido en aguas de la Unión

[COM(2019) 49 final – 2019/0010(COD)]

(2019/C 190/11)

| Consulta | Parlamento Europeo, 30.1.2019
  Consejo de la Unión Europea, 6.2.2019 |
| --- | --- |
| Fundamento jurídico | Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
| Competencia | Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente |
| Aprobado en el pleno | 20.2.2019 |
| Pleno n.o | 541 |
| Resultado de la votación
  (a favor/en contra/abstenciones) | 171/0/2 |

Consulta

Parlamento Europeo, 30.1.2019

Consejo de la Unión Europea, 6.2.2019

Fundamento jurídico

Artículo 43, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Competencia

Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en el pleno

20.2.2019

Pleno n.o

541

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

171/0/2

Considerando que el contenido de la propuesta es plenamente satisfactorio y no es objeto de ninguna observación por su parte, el Comité, en su 541.o pleno celebrado los días 20 y 21 de febrero de 2019 (sesión del 20 de febrero de 2019), decidió por 171 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones emitir un dictamen favorable sobre la propuesta.

Bruselas, 20 de febrero de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER

---