Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

YERIEL M. MARRERO 

ROLÓN

Apelante

v.

PATRICIA VÁZQUEZ 

CINTRÓN

Apelada

KLAN202301044

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Arecibo

Civil Núm.:

AR2023RF00102

Sobre:

CustodiaMonoparental o 

compartida

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Cruz 

Hiraldo y la Jueza Boria Vizcarrondo.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2024.

Comparece ante nos el señor Yeriel Moisés Marrero Rolón (señor 

Marrero Rolón o apelante) y nos solicita revocar una Sentencia emitida 

el 3 de octubre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (TPI).1 En virtud del aludido dictamen, el TPI 

archivó la petición de custodia monoparental sobre la menor de edad 

que el señor Marrero Rolón procreó con la señora Patricia Vázquez 

Cintrón (señora Vázquez Cintrón o apelada) por falta de jurisdicción al 

determinar que el apelante podía presentar una solicitud de 

intervención en el caso promovido por el Departamento de la Familia.

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

nuestra determinación.

1 Apéndice de Apelación, Anejo 1, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 5 de octubre de 

2023. El 20 de octubre de 2023, el señor Marrero Rolón solicitó Reconsideración, pero el TPI se 

declaró No Ha Lugar mediante una Resolución emitida el 20 de octubre de 2023, notificada el 24 

de octubre de 2023.
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-IEl caso de autos dimanó el 14 de febrero de 2023, cuando el 

señor Marrero Rolón presentó una Moción sobre custodia, relaciones 

filiales o patria potestad contra la señora Vázquez Cintrón.2 Adujo que, 

durante el embarazo, la apelada utilizó cannabis, validado por unas 

pruebas de dopaje realizadas a la madre y a la menor al momento del 

alumbramiento. Alegó que esta circunstancia le provocó problemas 

respiratorios a la menor, requiriendo prolongar su estancia 

hospitalaria. A su vez, estableció que, desde el 24 de enero del 2023, 

fecha en que su hija egresó del hospital, el Departamento de la Familia 

le concedió su custodia provisional. Además, sostuvo que, a raíz de los 

resultados de las pruebas de dopaje, la señora Vázquez Cintrón le 

envió un mensaje con ideas suicidas, por lo que fue recluida a un 

hospital psiquiátrico. Esgrimió que la señora Vázquez Cintrón ha 

intentado lactar a la menor sin evidenciar un resultado negativo de la 

prueba de dopaje ni indicar los medicamentos que le recetaron en el 

hospital psiquiátrico. Expresó que la falta de comprensión y 

comunicación efectiva por parte de la apelada provocó un ambiente 

negativo, estresante y preocupante respecto a la salud y seguridad de 

su hija recién nacida. Por ello, solicitó la custodia y patria potestad de 

la menor, que se autorice las relaciones filiales de la señora Vázquez 

Cintrón y que la apelada se practique pruebas de dopaje cada dos (2) 

meses, así como cualquier otro pronunciamiento conforme a derecho.

Tras varias incidencias procesales que no ameritan 

pormenorizarse, el 20 de abril de 2023, la señora Vázquez Cintrón 

presentó una Contestación a moción sobre custodia, relaciones filiales 

o patria potestad.

3 Mediante esta, arguyó que, al momento del 

nacimiento de la menor, atravesó una depresión. Además, subrayó 

que, desde el 14 de febrero de 2023, se le otorgó la custodia física de 

2

Íd., Anejo 4, en las págs. 11-18.

3

Íd., Anejo 6, en las págs. 20-21.
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la menor, suple sus necesidades, le brinda protección, la lleva a recibir 

atención pediátrica y mantiene al día todos sus asuntos. Manifestó que 

el señor Marrero Rolón conserva las relaciones paternofiliales con la 

menor. Por otra parte, reconvino a los fines de reconocer jurídicamente 

la custodia de su hija, en vista de que la lacta. 

Por su parte, el 5 de junio de 2023, el apelante contestó la 

reconvención.4 En esta, discutió que, a pesar de que le entregó la 

custodia de su hija a la señora Vázquez Cintrón, tenía su custodia 

provisional en vista de que el Departamento de la Familia solicitó la 

remoción y custodia de emergencia de la menor en el caso 

AR2023MM0015 sobre maltrato. En respuesta a la solicitud de 

custodia de la apelada, el apelante se opuso dado que, a su entender, 

la menor estaba en peligro por la falta de capacidad de la señora 

Vázquez Cintrón. En igual fecha, el señor Marrero Rolón presentó una 

Moción para solicitar la custodia monoparental de su hija y el relevo de 

la pensión alimentaria fijada el 10 de mayo de 2023 por el Examinador 

de Pensiones Alimentarias, debido a que posee la custodia provisional 

de la menor desde el 22 de mayo de 2023.5

El 11 de julio de 2023, la señora Vázquez Cintrón solicitó 

desestimar la solicitud del apelante dado que el Departamento de la 

Familia instó una acción de custodia de la menor en otra sala del 

tribunal y dicha agencia posee la custodia provisional de su hija.

El 8 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que 

dejó sin efecto la pensión alimentaria fijada al señor Marrero Rolón y 

ordenó que se le notificara la determinación de la vista de ratificación 

de custodia en el caso entablado por el Departamento de la Familia.6

El 27 de septiembre de 2023, el apelante presentó una Moción 

reiterando solicitud de custodia.

7 Indicó que solicitó la custodia 

4

Íd., Anejo 8, en las págs. 23-24.

5 Apéndice de Apelación, Anejo 9, en las págs. 25-27.

6

Íd., Anejo 11, en la pág. 30. Archivada y notificada en autos el 11 de agosto de 2023.

7

Íd., Anejo 12, en las págs. 31-32.
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monoparental de modo independiente a la custodia provisional 

concedida en el caso promovido por el Departamento de la Familia. 

Además, solicitó continuar con el caso y ordenar a la Unidad de 

Relaciones de Familia a realizar un estudio social.

El 3 de octubre de 2023, el TPI emitió una Sentencia en la que 

aseveró que tomó conocimiento judicial que en el caso 

AR2023MM00015, el TPI ratificó la remoción de la custodia de la 

menor.8 Por ello, resolvió que procedía el archivo del caso por falta de 

jurisdicción dado que el señor Marrero Rolón podía solicitar 

intervención en dicho caso promovido por el Departamento de la 

Familia para establecer su reclamo de custodia permanente.

Insatisfecho, el 20 de octubre de 2023, el apelante presentó una 

Moción de reconsideración. Planteó que, en el caso promovido por el 

Departamento de la Familia, la prioridad del TPI era la reunificación 

familiar de la menor con su madre, pero no así su reclamo de custodia 

permanente. Por cuanto, solicitó que el TPI dirima sobre la custodia de 

su hija en un caso separado. Sin embargo, en igual fecha, el Foro 

Primario emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la 

reconsideración.9

No conforme con la determinación del TPI, el 21 de noviembre 

de 2023, el señor Marrero Rolón acudió ante nos mediante el presente 

recurso de apelación y le atribuyó al TPI la comisión del siguiente error:

ERRÓ EL TPI, SALA DE ARECIBO AL DECLARARSE SIN 

JURISDICCIÓN Y ARCHIVAR EL PLEITO DE CUSTODIA 

AL [AMPARO] DEL C[Ó]DIGO CIVIL ENTRE PARTE[S] 

PRIVADAS, REMITIENDO AL APELANTE A UN PLEITO 

DE MALTRATO DE MENORES DONDE ÉSTE NO ES 

PARTE NI LE HAN PERMITIDO INTERVENIR. 

En esencia, el apelante nos solicitó revocar la Sentencia emitida 

en el TPI y ordenar al Foro Primario a continuar con los procedimientos 

judiciales. Nos planteó que la finalidad del caso promovido por el 

8

Íd., Anejo 1, págs. 1-3. Archivada y notificada en autos el 5 de octubre de 2023. 

9

Íd., Anejo 3, págs. 9-10. Archivada y notificada en autos el 24 de octubre de 2023.
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Departamento de la Familia es la prevención y preservación de la 

unidad familiar y proveerle servicios a la madre para mejorar sus 

destrezas de crianza, no la ventilación de un caso de custodia 

permanente. Por otro lado, arguyó que no se le permitió la intervención 

en dicho caso, sino que el Departamento de la Familia lo utilizó como 

un recurso familiar para tener la custodia provisional de la menor y 

que entendió que era final con la sentencia de ratificación de custodia. 

Por ello, puntualizó que la acción que motivó este recurso radicó en 

una demanda ordinaria de custodia y patria potestad, que no está 

relacionada al maltrato ni a la remoción de la menor. Especificó que el 

TPI debe ordenar la correspondiente investigación en la Oficina de 

Relaciones de Familia, permitir el descubrimiento de prueba 

correspondiente y aquilatar prueba para determinar cuál progenitor 

puede proteger el mejor interés de la menor.

Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia emitida el 6 de 

febrero de 2024 por esta Curia mediante el recurso KLCE202400099. 

En virtud del referido dictamen, un panel hermano revocó la 

determinación del TPI en denegar la solicitud de intervención del señor 

Marrero Rolón para intervenir en el caso promovido por el 

Departamento de la Familia. En consecuencia, esta Curia autorizó la 

intervención del apelante, a tenor con el mejor interés de la menor.

En su comparecencia, la señora Vázquez Cintrón adujo que 

tanto el caso de marras como el promovido por el Departamento de la 

Familia versan sobre la custodia de la menor. Arguyó que dado que el 

Departamento de la Familia ostenta la custodia provisional de la 

menor, este caso resulta académico, por lo que cualquier sentencia 

dictada constituirá una opinión consultiva.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

exponemos la normativa jurídica atinente a este recurso.
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-II-

-ALas controversias relacionadas al bienestar de un menor están 

revestidas del más alto interés público. Pueblo en interés de los 

menores RPS, MPS y CJNS, 134 DPR 123 (1993). Pues, en Puerto Rico 

existe una clara política pública de velar por el bienestar y los 

mejores intereses de los menores de edad. Pena v. Pena, 152 DPR 

820, (2000); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 104 

(1976); R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y 

Legislación Comparada, Vol. II, San Juan, Programa de EJC de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2002, pág. 1310. En 

este sentido, “el Estado tiene un deber de parens patriae que en 

ocasiones es superior a los derechos de patria potestad, custodia y 

relaciones filiales que los padres tienen sobre sus hijos menores de 

edad”. Depto. Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 787 (2013) 

(Hernández Denton, opinión de conformidad). Por otro lado, “el poder 

de parens patriae limita los derechos de otras partes, a fin de 

salvaguardar el bienestar de los menores de edad, quienes no pueden 

abogar por los suyos. Es la función social y legal que el Estado asume 

y ejerce, en cumplimiento de su deber de brindar protección a los 

sectores más débiles de la sociedad”. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 

27-28 (2005). Así que, cualquier pleito en el que disputan intereses 

ajenos y de un menor, el tribunal resolverá a favor del menor. Íd., en 

la pág. 28. 

Por todo ello, las decisiones sobre la custodia y patria potestad 

de un menor deben determinarse tras un análisis objetivo, sereno y 

cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso, con el 

único propósito de velar por el mejor interés del menor de edad. Íd., en 

las págs. 26-27; Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 

301 (1985); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra; R. Serrano Geyls, 

op. cit., en la pág. 1326. 
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-BEn su poder de parens patriae, el Estado tiene la autoridad de 

proteger a los menores de edad cuando se convierten en víctimas de 

maltrato. Depto. Familia v. Cacho González, supra, (Hernández 

Denton, opinión de conformidad); Rivera Báez, ex parte, 170 DPR 

678, 697 (2007). “Cónsono con ello, a través de los años se han 

adoptado varios estatutos cuyo norte es asegurar la seguridad y el 

mejor bienestar de los menores y facilitar la intervención del Estado 

en casos de maltrato”. Depto. Familia v. Cacho González, supra, 

(Hernández Denton, opinión de conformidad).

Al respecto, la Asamblea Legislativa creó la Ley para prevención 

del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad, 

bienestar y protección de los menores, Ley Núm. 57-2023, 8 LPRA sec. 

1641 et seq. (Ley Núm. 57), la cual derogó la Ley Núm. 246-2011, 

conocida como la Ley para la seguridad, bienestar y protección de 

menores. En la exposición de motivos de la aludida Ley Núm. 57 se 

dispone:

[L]a remoción de un menor de edad de su hogar e 

inserción en el sistema de cuidado sustituto como 

primera alternativa para atajar una situación que 

atente contra su seguridad puede causarle un trauma 

adicional. Es por lo que el Gobierno no puede esperar a 

que un menor sea víctima de maltrato o negligencia 

para intervenir y tratar de remediar la situación. Por 

ende, la mejor política requiere que el enfoque, como 

primera alternativa, sea la prevención del maltrato y 

negligencia, así como la preservación de la unidad 

familiar por medio de una intervención temprana con 

familias donde exista un riesgo de esta índole para el 

menor, y por medio de la provisión de servicios a estos 

de consejería, tratamiento, educación, entre otros, que 

sean basados en evidencia e informados en trauma. Lo 

anterior es factible siempre y cuando la permanencia 

del menor con su familia garantice su seguridad y mejor 

bienestar. 

Este enfoque en la intervención temprana y en la 

preservación de la familia, cuenta con el aval de la 

comunidad científica y de expertos en asuntos de salud 

mental y desarrollo humano. Separar a los niños de sus 

familias representa un evento traumático y puede tener 

efectos negativos duraderos. [...]
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A tenor con lo anterior, dicho estatuto dispuso un procedimiento 

al Departamento de la Familia, con el enfoque de brindar unos planes 

de servicios, preservación o seguridad y permanencia para asegurar la 

protección, seguridad y el bienestar del menor de edad. Íd., secs. 1664, 

1665, 1669. Este estatuto está orientado a la realización de esfuerzos 

razonables para promover la reunificación familiar con la familia que 

se removió. Empero, cuando tal reunificación familiar no resultará en 

el mejor bienestar, salud y seguridad para el menor, el Departamento 

de la Familia iniciará un procedimiento de privación de custodia o 

patria potestad, sin necesidad de radicar un caso judicial separado. 

Íd., secs. 1698, 1712. Véase Depto. Familia v. Cacho González, supra, 

en la pág. 789 (Hernández Denton, opinión de conformidad). Una 

vez el tribunal determine que procede remover al menor del hogar 

donde se removió, dicho estatuto provee para que el Departamento 

de la Familia desarrolle un plan de permanencia que puede incluir 

la reunificación familiar, la terminación de la patria potestad para 

que el menor sea adoptado, la ubicación permanente del menor con 

un recurso familiar, entre otros remedios en aras de promover el 

mejor bienestar para el menor de edad. Artículo 3 de la Ley Núm. 57, 

supra, sec. 1643 Artículo 17 de la Ley Núm. 57, supra, sec. 1669; 

Rivera Báez, ex parte, supra, en la pág. 701.

Por otro lado, cuando se radica una demanda ordinaria de 

custodia en la que se alegue maltrato, el Artículo 26 de la Ley Núm. 

57, supra, sec. 1692, estableció lo siguiente:

En los casos donde se presenten alegaciones de 

maltrato bajo una demanda ordinaria de custodia, el 

tribunal celebrará, dentro de un plazo no mayor de 

quince (15) días contados a partir de la fecha de 

radicación de la contestación a la demanda, o demanda 

enmendada, una vista para determinar si procede 

ordenar alguna medida provisional de las establecidas 

en el presente capítulo, luego de evaluar la prueba del 

alegado maltrato. Si la medida provisional tomada por 

el tribunal ordena la remoción de un menor y la entrega 

de la custodia provisional de emergencia al Estado, por 

conducto del Departamento de la Familia, el caso dejará 

de ser un pleito ordinario de custodia y se convertirá en 
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un procedimiento de protección a menores a tenor con 

las disposiciones de esta ley y será remitido para su 

atención a la sala especializada y con competencia para 

dichos casos. Una vez atendido y resuelto el caso de 

protección a menores por la sala especializada del 

tribunal, nada impedirá que se puedan continuar con 

los demás asuntos ordinarios de custodia en la Sala de 

Relaciones de Familia del Tribunal. 

En ninguna circunstancia se entenderá de manera 

restrictiva que las alegaciones sobre maltrato o 

negligencia contra un menor se limitan exclusivamente 

a las presentadas mediante las alegaciones iniciales. En 

cualquier etapa del proceso judicial de custodia podrán 

presentarse alegaciones ante cualquier situación de 

maltrato o negligencia contra un menor. Como parte de 

las disposiciones contenidas en este Artículo, el 

tribunal, mediante citación, podrá requerir la 

participación del Departamento de la Familia y del 

Procurador de Asuntos de Familia a la vista. Además, 

se requerirá la presentación de un informe del 

Trabajador Social, similar al que se presenta en una 

vista de custodia de emergencia o un documento 

debidamente juramentado, sobre el alegado maltrato o 

negligencia a ser utilizado por el foro judicial en su 

proceso evaluación con relación a los procedimientos 

ante su consideración. 

En un caso análogo, en Estrella, Monge, v. Figueroa Guerra, 170 

DPR 644 (2007), el máximo foro judicial determinó que se le debía 

otorgar preeminencia a la ley de maltrato de menores sobre la ley de 

adopción. Pues, aunque ambos estatutos tienen el objetivo de velar por 

el mejor bienestar de los menores de edad, recorren senderos distintos: 

“una pretende fomentar en lo posible la reunificación familiar en casos 

de maltrato, mientras que la otra persigue romper con los lazos 

biológicos en aras del menor bienestar del menor”. Íd., en la pág. 672. 

Por ello, el Tribunal Supremo resolvió que se debía desestimar sin 

perjuicio la demanda de adopción, en lo que se concluía los esfuerzos 

razonables requeridos por la ley de maltrato, en aras de evitar un 

fracaso a la política pública en favor de la reunificación familiar. De 

forma similar se resolvió en Rivera Báez, ex parte, caso en el que el 

Tribunal Supremo desestimó la demanda sobre custodia y adopción 

radicada por unos abuelos. El Tribunal determinó que primero se

debía culminar el procedimiento de maltrato para comenzar un caso 

de adopción, con el objetivo de que se salvaguarde la facultad del 
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Departamento de la Familia en decidir cuándo la adopción es la 

opción adecuada para un menor de edad bajo su custodia. De esta 

forma, se evitó que las personas que incoaron un procedimiento 

separado soslayaran el procedimiento dispuesto para el 

Departamento de la Familia e impidan que dicha agencia ejerza su 

autoridad como custodio y tutor del menor de edad en cuestión. Íd., 

en las págs. 714-715. Más importante aún, el Tribunal determinó:

[No] podemos olvidar que la decisión final en todo 

proceso en el cual el Estado remueve a un menor de 

su hogar debe ser producto de un análisis 

ponderado que tome en cuenta los intereses del 

menor y los recursos disponibles para su cuidado. Si 

elaboramos un sistema en el que cualquier parte 

interesada puede presentar sucesivas peticiones de 

adopción y custodia como si este proceso fuese una 

especie de subasta que se adjudica al mejor postor, 

estaríamos socavando los propósitos de la Ley [...] 

sobre maltrato de menores, estatuto que busca 

proteger los intereses del menor y asegurar que se 

adopte el plan de permanencia más apropiado para 

éste. Íd., en la pág. 715. (Énfasis nuestro).

-IIIEn el caso de marras, el señor Marrero Rolón nos expuso que el 

TPI cometió un error al declararse sin jurisdicción y archivar la 

demanda ordinaria de custodia dado que en el caso de maltrato 

promovido por el Departamento de la Familia no se le ha permitido ser 

parte ni intervenir para reclamar la custodia de su hija. En esencia, el 

apelante nos peticionó restituir una demanda ordinaria de custodia de 

su hija, la cual fue incoada ante unas alegaciones de maltrato 

presuntamente incurridas por la señora Vázquez Cintrón, para que 

dicho procedimiento judicial transcurra de forma simultánea al caso 

incoado por el Departamento de la Familia.

Tras un análisis objetivo y cuidadoso de todas las 

circunstancias presentes en el caso, con el único propósito de velar por 

el mejor interés de la menor de edad, confirmamos la determinación 

del TPI. Nuestra evaluación del expediente nos lleva a concluir 

forzosamente que el mejor interés de la menor está protegido en el caso 
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incoado por el Departamento de la Familia bajo la ley de maltrato. 

Nótese que dicha agencia ostenta la custodia legal de la menor, el señor 

Marrero Rolón mantiene su custodia provisional y el TPI tiene ante sí 

todos los elementos necesarios para tomar una decisión que resguarde 

la seguridad, el bienestar y la protección de la menor de edad, por tener 

la intervención de ambos progenitores, el personal del Departamento 

de la Familia y la Procuradora de Familia en un solo procedimiento 

judicial. Adviértase que tomamos conocimiento judicial que un panel 

hermano autorizó la intervención del señor Marrero Rolón al caso 

incoado por el Departamento de la Familia, por lo que podrá hacer su 

reclamo sobre la custodia de su hija. Véase KLCE202400099. A pesar 

de que el procedimiento bajo el caso incoado por el Departamento de 

la Familia está orientado a la realización de esfuerzos razonables para 

promover la reunificación familiar con la apelada, si el Tribunal 

determina que tal reunificación familiar no resultara en el mejor 

bienestar, salud y seguridad para la menor, no se descarta que la 

agencia inicie un procedimiento de privación de custodia o patria 

potestad de la señora Vázquez Cintrón.

Por todo lo anterior, entrevemos prudente el archivo sin 

perjuicio de la demanda ordinaria sobre custodia instada por el señor 

Marrero Rolón.

-IVPor las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones