# Diario Oficial C 2/2023

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 2 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 66.° año4 de enero de 2023 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 2

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

66.° año4 de enero de 2023

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| Sumario | Página |
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| | II   Comunicaciones |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2023/C 2/01 | Comunicación de la Comisión — Sanciones financieras en los procedimientos de infracción | 1 |
| 2023/C 2/02 | No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10944 — MITSUBISHI / HERE) (
  1
  ) | 17 |

Sumario

Página

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2023/C 2/01

Comunicación de la Comisión — Sanciones financieras en los procedimientos de infracción

1

2023/C 2/02

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10944 — MITSUBISHI / HERE) (
  1
  )

1

17

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| | IV   Información |
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| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2023/C 2/03 | Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación: — 2,50 % a 1 de enero de 2023 — Tipo de cambio del euro | 18 |
| 2023/C 2/04 | Resumen de la Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2022 por la que se deniega su competencia a tenor de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (Asunto C.1886 – Iliad – Requerimiento de actuación con arreglo al artículo 265)
  (notificada con el número C(2022)78) | 19 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2023/C 2/03

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación: — 2,50 % a 1 de enero de 2023 — Tipo de cambio del euro

18

2023/C 2/04

Resumen de la Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2022 por la que se deniega su competencia a tenor de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (Asunto C.1886 – Iliad – Requerimiento de actuación con arreglo al artículo 265)
  (notificada con el número C(2022)78)

o

(notificada con el número C(2022)78)

19

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE. |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE.

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ES

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 4.1.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 2/1 |
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4.1.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 2/1

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Sanciones financieras en los procedimientos de infracción

(2023/C 2/01)

1.   INTRODUCCIÓN — FORMULACIÓN DE UN ENFOQUE PROPORCIONADO Y DISUASORIO

En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), cuando la Comisión lleva a un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tribunal de Justicia» o «el Tribunal») por incumplimiento de una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, puede proponer al Tribunal que imponga sanciones financieras a dicho Estado miembro en dos situaciones:

| — | cuando el Estado miembro no haya adoptado las medidas necesarias para ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia en la que se declare la existencia de una infracción del Derecho de la Unión (artículo 260, apartado 2, del TFUE) (1); y |
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cuando el Estado miembro no haya adoptado las medidas necesarias para ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia en la que se declare la existencia de una infracción del Derecho de la Unión (artículo 260, apartado 2, del TFUE) (1); y

| — | cuando un Estado miembro haya incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo (artículo 260, apartado 3, del TFUE). |
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cuando un Estado miembro haya incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo (artículo 260, apartado 3, del TFUE).

En ambos casos, la sanción impuesta por el Tribunal puede consistir en el pago de una suma a tanto alzado, como consecuencia de la continuación del incumplimiento hasta el pronunciamiento de su sentencia o del pleno cumplimiento, si este llega antes, y en una multa coercitiva diaria, a fin de motivar al Estado miembro de que se trate a poner fin al incumplimiento lo antes posible tras dictarse la sentencia. La Comisión propone al Tribunal de Justicia los importes de las sanciones financieras, pero corresponde al Tribunal, en el ejercicio de su facultad discrecional (2), determinar los importes que considere adecuados a las circunstancias y proporcionados tanto al incumplimiento declarado como a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate (3).

La posibilidad de que el Tribunal imponga sanciones financieras a los Estados miembros (y de que la Comisión solicite la imposición de tales sanciones) se remonta al Tratado de Maastricht de 1992. A fin de garantizar la transparencia y la igualdad de trato, la Comisión ha publicado desde 1996 una serie de comunicaciones y notas en las que expone su política y la metodología que aplica para el cálculo de las sanciones financieras (4).

La presente Comunicación hace un repaso a todas las Comunicaciones de la Comisión sobre sanciones financieras adoptadas entre 1996 y 2021 (véase la lista en el anexo II). Las sustituye a todas ellas e incorpora su contenido, actualizándolo en caso necesario a la luz de la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia. Así ocurre, en particular, con la supresión de cualquier referencia al peso institucional del Estado miembro de que se trate en el cálculo de las sanciones financieras propuestas por la Comisión al Tribunal (véase la sección 3.4).

La presente Comunicación también se aplica en relación con el Tratado Euratom, en la medida en que su artículo 106 bis hace que el artículo 260 del TFUE sea aplicable a las materias reguladas por dicho Tratado.

2.   PRINCIPIOS GENERALES

Aunque la decisión final sobre la imposición de las sanciones previstas en el artículo 260 del TFUE corresponde al Tribunal de Justicia, la Comisión desempeña un papel fundamental, ya que es quien somete el asunto al Tribunal con una propuesta sobre el importe de las sanciones financieras. En aras de la transparencia y la igualdad de trato, la Comisión ha publicado sistemáticamente los criterios que aplica a la hora de proponer sanciones financieras.

La Comisión considera que las sanciones financieras impuestas deben basarse en tres criterios fundamentales (5):

| — | la gravedad de la infracción, |
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la gravedad de la infracción,

| — | su duración, |
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su duración,

| — | la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción financiera para evitar la reincidencia. |
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la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción financiera para evitar la reincidencia.

A fin de garantizar la eficacia de las sanciones, es importante fijar importes lo suficientemente elevados como para producir un efecto disuasorio. La imposición de sanciones meramente simbólicas privaría de utilidad al mecanismo sancionador del artículo 260 del TFUE, que es accesorio del procedimiento de infracción, y menoscabaría su objetivo último, que es garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la Unión.

Las sanciones propuestas al Tribunal de Justicia por la Comisión deben ser coherentes y previsibles para los Estados miembros y deben determinarse aplicando un método que respete tanto el principio de proporcionalidad como el de igualdad de trato entre los Estados miembros. Que el método sea claro y uniforme también garantiza que la Comisión justifique adecuadamente el cálculo del importe de las sanciones que propone al Tribunal (6).

La Comisión propone sistemáticamente al Tribunal de Justicia que imponga tanto una suma a tanto alzado como una multa coercitiva al Estado miembro de que se trate. Tal es el caso de los recursos interpuestos en virtud del artículo 260, apartado 2, del TFUE (incumplimiento de una sentencia anterior del Tribunal), así como del artículo 260, apartado 3, del TFUE (no comunicación de las medidas de transposición de un acto legislativo).

Por consiguiente, cuando un Estado miembro subsana la infracción durante el procedimiento judicial, la Comisión no retira su recurso, sino que mantiene su pretensión de imponer una suma a tanto alzado que abarque el tiempo durante el cual se mantuvo la infracción hasta el momento en que se subsanó. La Comisión trata de informar al Tribunal de Justicia sin demora cada vez que un Estado miembro pone fin a una infracción, sea cual sea la fase en la que se encuentre el procedimiento judicial. Lo mismo hace cuando, a raíz de una sentencia dictada en virtud del artículo 260, apartado 2 o apartado 3, del TFUE, un Estado miembro rectifica la situación y concluye así la obligación de pago de una multa coercitiva.

Las sanciones financieras pagadas por los Estados miembros según lo ordenado por el Tribunal, ya sea en forma de suma a tanto alzado o de multa coercitiva, constituyen «otros ingresos» de la Unión, en el sentido del artículo 311 del TFUE y de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (7).

2.1.   Principio de proporcionalidad

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (8), las sanciones financieras deben ser adecuadas a las circunstancias y proporcionadas tanto a la infracción constatada como a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. La Comisión examina detenidamente en cada caso concreto la mejor manera de tener en cuenta estos principios a la hora de aplicar los diferentes criterios utilizados en el cálculo de las sanciones que propone al Tribunal. En particular, las sanciones deberán, en su caso, adaptarse de antemano a la posibilidad de un cambio de circunstancias (9).

Pueden extraerse varias consecuencias del principio de proporcionalidad y, más concretamente, del principio de proponer sanciones adecuadas a las circunstancias.

Puede haber situaciones en las que sea adecuado proponer sanciones basadas en una fórmula matemática decreciente para tener en cuenta los avances de un Estado miembro en el cumplimiento de sus obligaciones con la Unión. Un posible ejemplo es que un Estado miembro haya infringido el Derecho de la Unión porque gestiona vertederos ilegales, porque algunas de sus ciudades no cumplen las normas de calidad de las aguas residuales urbanas o porque tiene zonas donde la calidad del aire no es conforme. Cuando sea posible valorar matemáticamente los avances del Estado miembro para subsanar las infracciones caracterizadas por una obligación puramente «basada en los resultados» (por ejemplo, como porcentaje del total de vertederos, ciudades o zonas de calidad del aire), la Comisión podrá proponer al Tribunal una fórmula decreciente (10).

También pueden darse situaciones en las que la Comisión proponga que las sanciones devengadas solo se paguen al cabo de intervalos periódicos, por ejemplo, seis meses o un año después de que el Tribunal dicte sentencia de conformidad con el artículo 260, apartado 2, del TFUE (11). Esto puede ser adecuado cuando el cumplimiento solo pueda evaluarse a intervalos periódicos o cuando el método de evaluación del cumplimiento dependa de la disponibilidad de los resultados del seguimiento. Esto puede estar previsto en la legislación pertinente. Con ello se pretende garantizar que la sanción propuesta por la Comisión corresponda realmente al número de días durante los cuales persistió la infracción, lo que a veces solo puede determinarse una vez transcurrido un determinado período de tiempo y cuando se dispone de suficiente información sobre el cumplimiento.

2.2.   Principios relacionados con el artículo 260, apartado 3, del TFUE

El objetivo del artículo 260, apartado 3, del TFUE (12) es incentivar a los Estados miembros para que transpongan las directivas adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo (13) dentro de los plazos establecidos por el legislador de la Unión y, de este modo, garantizar que la legislación de la Unión sea verdaderamente eficaz. No solo se trata de salvaguardar los intereses generales perseguidos por la legislación de la Unión, sino también, y sobre todo, de proteger los intereses de los ciudadanos europeos que disfrutan de los derechos y beneficios derivados de dicha legislación. Los retrasos son inaceptables en ambos sentidos. En última instancia, la credibilidad del Derecho de la Unión en su conjunto queda en entredicho cuando un Estado miembro transpone la legislación de la Unión al Derecho nacional más tarde de lo que debería.

Esto significa que, en el caso de las infracciones contempladas en el artículo 260, apartado 3, del TFUE, a saber, la no comunicación de las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, los recursos presentados al Tribunal de Justicia van directamente acompañados de una solicitud al Tribunal para que imponga sanciones financieras al Estado miembro de que se trate. Al contrario que en el caso de las infracciones comprendidas únicamente en el ámbito de aplicación del artículo 258 del TFUE, no es necesario un segundo procedimiento independiente para la imposición de sanciones financieras.

El artículo 260, apartado 3, del TFUE establece explícitamente que la sanción financiera impuesta por el Tribunal no debe superar el importe propuesto por la Comisión.

La Comisión ha considerado reiteradamente que el mecanismo de sanción previsto en el artículo 260, apartado 3, del TFUE debe utilizarse por principio en todos los casos en que un Estado miembro incumpla una obligación recogida en dicha disposición. La importancia de garantizar la transposición de los actos legislativos por parte de los Estados miembros dentro de los plazos fijados por dichos actos se aplica por igual a todos los actos legislativos. Por su parte, la Comisión se ha marcado el objetivo de no exceder un plazo de doce meses para incoar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia si persiste la falta de transposición de una directiva.

El artículo 260, apartado 3, del TFUE no se aplica a la falta de comunicación por parte de un Estado miembro de las medidas de transposición de las directivas que no se hayan adoptado con arreglo a un procedimiento legislativo. Cuando el Estado miembro incumple su obligación de comunicar medidas en relación con actos no legislativos, la Comisión remite dicho incumplimiento al Tribunal, en primer lugar, a través del procedimiento de infracción previsto en el artículo 258 del TFUE y, en caso de que el Estado miembro no ejecute una sentencia en la que se declare la existencia de un incumplimiento, mediante un segundo recurso ante el Tribunal con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE. Del mismo modo, el artículo 260, apartado 3, del TFUE no es de aplicación cuando un Estado miembro incumple su obligación de comunicar las medidas de transposición de las directivas adoptadas con arreglo a los artículos 31 y 32 del Tratado Euratom. En estos casos, la Comisión utiliza el mismo procedimiento de doble recurso que es de aplicación en el caso de los actos no legislativos adoptados en virtud del TFUE.

El artículo 260, apartado 3, del TFUE se aplica al incumplimiento de la obligación de comunicación de las medidas de transposición de un acto legislativo tanto si es total como parcial. Puede darse un caso de incumplimiento parcial cuando las medidas de transposición comunicadas no abarquen todo el territorio del Estado miembro de que se trate o cuando la comunicación sea incompleta porque no incluya todas las medidas de transposición correspondientes a una parte de la directiva.

La obligación del Estado miembro de comunicar las medidas de transposición a que hace referencia el artículo 260, apartado 3, del TFUE incluye la obligación de facilitar información suficientemente clara y precisa (14) sobre qué disposiciones nacionales transponen las disposiciones correspondientes de una directiva. La falta de tal información clara y precisa puede ser sancionada con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE.

La Comisión considera que si en las comunicaciones de las medidas de transposición no se indica de forma inequívoca qué disposición nacional garantiza la transposición de cada disposición de una directiva, se justifica la interposición de un recurso con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE. A falta de tal información, la Comisión no puede comprobar si el Estado miembro ha efectuado de manera efectiva y completa la transposición de la directiva de que se trate. Sin embargo, de conformidad con el principio de proporcionalidad, en el caso de que el contenido de la comunicación sea obvio, la Comisión no podría interponer recurso con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, aun cuando dicha comunicación no especifique la medida nacional de transposición correspondiente a cada disposición de un acto legislativo. Por lo tanto, la Comisión solo interpone recursos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE cuando no hay indicaciones claras que especifiquen qué disposiciones del Derecho nacional transponen qué disposiciones de una directiva. Estas indicaciones deben facilitarse en forma de documentos explicativos, a los que podrá añadirse una tabla de correspondencias en la que se emparejen las disposiciones de la directiva y del Derecho nacional de forma sistemática.

Por regla general, las directivas contienen una cláusula que obliga a los Estados miembros a hacer referencia a ellas, bien directamente en las disposiciones de Derecho nacional adoptadas para transponer la directiva, bien en el momento de su publicación («cláusula de interconexión»). Esta obligación permite a los interesados conocer el alcance de sus derechos y obligaciones en el ámbito específico regulado por el Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, con una cláusula de interconexión, es necesaria una medida de transposición específica (15). La mera referencia por parte de un Estado miembro a la legislación nacional preexistente, en el momento de comunicar las medidas de transposición a la Comisión, no puede calificarse de medida de transposición específica. Los actos de Derecho nacional anteriores a la directiva pueden calificarse de medida de transposición específica siempre que el Estado miembro haga referencia a ellos en una publicación oficial que indique inequívocamente las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas preexistentes por las que considera que cumple las obligaciones impuestas por una directiva. Dicha publicación oficial deberá incluirse en la comunicación a la Comisión.

Cualquier litigio relativo a la adecuación de las medidas de transposición comunicadas, es decir, la cuestión de si dichas medidas constituyen una transposición correcta de las disposiciones correspondientes de una directiva, se resuelve con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 258 del TFUE.

3.   MULTAS COERCITIVAS

La sanción que deben pagar los Estados miembros es un importe, calculado, en principio, por día de retraso —sin perjuicio de que pueda haber un período de referencia diferente en casos concretos— a partir de la fecha en que el Tribunal de Justicia dicte sentencia con arreglo al artículo 260, apartado 2 o apartado 3, del TFUE, hasta la fecha en que el Estado miembro ponga fin a la infracción. La multa coercitiva tiene por objeto inducir al Estado miembro de que se trate a poner fin al incumplimiento de sus obligaciones lo antes posible después de que el Tribunal dicte sentencia.

El importe de la multa coercitiva diaria se calcula del siguiente modo:

| — | multiplicación de una tasa fija por un coeficiente de gravedad y un coeficiente de duración, |
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—

multiplicación de una tasa fija por un coeficiente de gravedad y un coeficiente de duración,

| — | multiplicación del resultado obtenido por un importe fijado por Estado miembro (factor n) que refleje la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. |
| --- | --- |

—

multiplicación del resultado obtenido por un importe fijado por Estado miembro (factor n) que refleje la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate.

La siguiente fórmula resume el método de cálculo resultante para la multa coercitiva:

| Dp = (F-Rap × Cs × Cd) × n

  donde: Dp = multa diaria; F-Rap = tasa fija «multa coercitiva»; Cs = coeficiente de gravedad; Cd = coeficiente de duración; n = factor que refleja la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. |
| --- |

Dp = (F-Rap × Cs × Cd) × n

donde: Dp = multa diaria; F-Rap = tasa fija «multa coercitiva»; Cs = coeficiente de gravedad; Cd = coeficiente de duración; n = factor que refleja la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate.

3.1.   Tasa fija

La tasa fija se define como una cantidad invariable a la que se aplican los coeficientes multiplicadores. Corresponde a la violación del principio de legalidad, que se aplica a todos los casos contemplados en el artículo 260 del TFUE. Se ha establecido en un nivel que garantiza lo siguiente:

| — | que la Comisión disponga de un amplio margen discrecional a la hora de aplicar el coeficiente de gravedad, |
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que la Comisión disponga de un amplio margen discrecional a la hora de aplicar el coeficiente de gravedad,

| — | que el importe sea razonable para todos los Estados miembros, |
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que el importe sea razonable para todos los Estados miembros,

| — | que el importe, multiplicado por el coeficiente de gravedad, sea lo suficientemente elevado como para mantener una presión suficiente sobre el Estado miembro de que se trate. |
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que el importe, multiplicado por el coeficiente de gravedad, sea lo suficientemente elevado como para mantener una presión suficiente sobre el Estado miembro de que se trate.

La tasa fija aplicable a las multas coercitivas figura en el punto 1 del anexo I.

3.2.   Aplicación del coeficiente de gravedad (factor comprendido entre 1 y 20)

Una infracción relativa al incumplimiento de una sentencia por parte de un Estado miembro o a la no comunicación de las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo se considera en todos los casos grave. Para adaptar el importe de la sanción a las circunstancias específicas del caso, la Comisión determina el coeficiente de gravedad sobre la base de dos parámetros: la importancia de las normas de la Unión infringidas o no transpuestas y los efectos de la infracción en los intereses generales y particulares.

A la luz de las consideraciones que se exponen a continuación, la gravedad de la infracción se determina mediante un coeficiente fijado por la Comisión de entre un mínimo de 1 y un máximo de 20.

3.2.1.   
  Incumplimiento de una sentencia (artículo 260, apartado 2, del TFUE)

3.2.1.1.   Importancia de las disposiciones incumplidas

Para determinar la importancia de la infracción del Derecho de la Unión que persiste, la Comisión tiene en cuenta la naturaleza y el alcance de las disposiciones en cuestión, no su posición en la jerarquía de las normas jurídicas. Por ejemplo, una violación del principio de no discriminación debe considerarse siempre muy grave, tanto si la infracción resulta de una violación del principio establecido por el Tratado como de una violación del principio establecido en un reglamento o una directiva. En general, las infracciones que afecten a los derechos fundamentales o a las cuatro libertades fundamentales protegidas por el Tratado deben considerarse especialmente graves y dar lugar a una sanción adecuada.

Cuando la Comisión interpone un recurso con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE, el hecho de que el Estado miembro no ejecute una sentencia que forme parte de una jurisprudencia reiterada (por ejemplo, cuando dicha sentencia se atenga a sentencias similares dictadas en un procedimiento de infracción o en respuesta a una petición de decisión prejudicial) debe considerarse un factor agravante. Así sucede, en particular, cuando el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el Estado miembro de que se trate ha infringido disposiciones similares del Derecho de la Unión.

Del mismo modo, la falta de cooperación plena de un Estado miembro con la Comisión durante el procedimiento que dio lugar a la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 260, apartado 2, párrafo primero, del TFUE constituye un factor agravante.

El hecho de que un Estado miembro haya adoptado medidas que considere suficientes para subsanar el incumplimiento alegado, pero la Comisión lo considere insuficiente, debe tener un trato diferente a la situación en la que el Estado miembro no adopta ninguna medida para subsanar dicho incumplimiento (cuando es evidente que el Estado miembro infringe el artículo 260, apartado 1, del TFUE).

Por último, deben tenerse en cuenta factores atenuantes como el hecho de que la sentencia que debe ejecutarse plantee verdaderas dudas de interpretación o dificultades intrínsecas particulares de cumplimiento a corto plazo (por ejemplo, la necesidad de planificar, aprobar, financiar y construir infraestructuras para alcanzar el cumplimiento).

3.2.1.2.   Efectos de la infracción en los intereses generales y particulares

Los efectos de las infracciones en los intereses generales o particulares deben valorarse caso por caso, teniendo en cuenta, por ejemplo:

| — | la pérdida de recursos propios de la Unión, |
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la pérdida de recursos propios de la Unión,

| — | si se causan perjuicios graves a los intereses financieros de la UE, |
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si se causan perjuicios graves a los intereses financieros de la UE,

| — | el impacto de la infracción en el funcionamiento de la Unión (como las infracciones relativas a las competencias exclusivas de la Unión a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del TFUE, interpretado en relación con el artículo 3 del TFUE, así como las infracciones que afectan a la capacidad de los sistemas judiciales nacionales de contribuir a la aplicación efectiva del Derecho de la UE), |
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el impacto de la infracción en el funcionamiento de la Unión (como las infracciones relativas a las competencias exclusivas de la Unión a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del TFUE, interpretado en relación con el artículo 3 del TFUE, así como las infracciones que afectan a la capacidad de los sistemas judiciales nacionales de contribuir a la aplicación efectiva del Derecho de la UE),

| — | si existen daños graves o irreparables para la salud humana o el medio ambiente, |
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si existen daños graves o irreparables para la salud humana o el medio ambiente,

| — | los perjuicios económicos o de otro tipo sufridos por las personas y los operadores económicos, |
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los perjuicios económicos o de otro tipo sufridos por las personas y los operadores económicos,

| — | las cantidades económicas involucradas en la infracción, |
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las cantidades económicas involucradas en la infracción,

| — | cualquier posible ventaja financiera que el Estado miembro obtenga del incumplimiento de la sentencia del Tribunal, |
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cualquier posible ventaja financiera que el Estado miembro obtenga del incumplimiento de la sentencia del Tribunal,

| — | la importancia relativa de la infracción, teniendo en cuenta el volumen de negocio o el valor añadido del sector económico de que se trate, |
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—

la importancia relativa de la infracción, teniendo en cuenta el volumen de negocio o el valor añadido del sector económico de que se trate,

| — | el tamaño de la población afectada por la infracción, |
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el tamaño de la población afectada por la infracción,

| — | la responsabilidad de la Unión con respecto a terceros países, |
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—

la responsabilidad de la Unión con respecto a terceros países,

| — | la naturaleza de la infracción, es decir, el carácter sistémico o estructural de la infracción o la persistente aplicación incorrecta del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro. |
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—

la naturaleza de la infracción, es decir, el carácter sistémico o estructural de la infracción o la persistente aplicación incorrecta del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro.

Otras consideraciones podrían incluir si la infracción es puntual o una repetición de una infracción anterior.

Al tener en cuenta los intereses de los particulares a efectos del cálculo del importe de una sanción, la Comisión no pretende obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una infracción, ya que tal reparación puede obtenerse mediante un procedimiento ante los tribunales nacionales. El objetivo de la Comisión es más bien tomar en consideración los efectos de una infracción desde el punto de vista de los particulares o de los operadores económicos afectados. Así, por ejemplo, los efectos no son los mismos si una infracción se refiere a un caso concreto de aplicación incorrecta (falta de reconocimiento de una cualificación) o de no transposición de una directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones, lo que perjudicaría los intereses de toda una profesión.

3.2.2.   Omisión de la comunicación de las medidas de transposición (artículo 260, apartado 3, del TFUE)

En el caso de los recursos interpuestos en virtud del artículo 260, apartado 3, del TFUE, la Comisión aplica sistemáticamente un coeficiente de gravedad de 10 en caso de total omisión de la comunicación de las medidas de transposición. En una Unión basada en el respeto del Estado de Derecho, todos los actos legislativos deben considerarse de igual importancia y requieren una transposición completa por parte de los Estados miembros dentro de los plazos que fijan.

En caso de falta parcial de comunicación de las medidas de transposición, debe tenerse en cuenta la importancia de la omisión en la transposición a la hora de fijar el coeficiente de gravedad inferior a 10. Además, pueden tenerse en cuenta los efectos de la infracción en los intereses generales y particulares (véanse las consideraciones expuestas en la sección 3.2.1.2).

3.3.   Aplicación del coeficiente de duración

A efectos del cálculo del importe de la multa coercitiva que refleje la duración de la infracción:

| — | para los recursos interpuestos en virtud del artículo 260, apartado 2, del TFUE, el plazo que se toma en consideración es el comprendido entre la fecha de la primera sentencia del Tribunal de Justicia y la fecha en que la Comisión decide remitir el asunto al Tribunal, |
| --- | --- |

—

para los recursos interpuestos en virtud del artículo 260, apartado 2, del TFUE, el plazo que se toma en consideración es el comprendido entre la fecha de la primera sentencia del Tribunal de Justicia y la fecha en que la Comisión decide remitir el asunto al Tribunal,

| — | para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, el plazo que se toma en consideración es el comprendido entre el día siguiente a la expiración del plazo de transposición de la directiva en cuestión y la decisión de la Comisión de remitir el asunto al Tribunal. |
| --- | --- |

—

para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, el plazo que se toma en consideración es el comprendido entre el día siguiente a la expiración del plazo de transposición de la directiva en cuestión y la decisión de la Comisión de remitir el asunto al Tribunal.

El coeficiente de duración se expresa como un multiplicador comprendido entre 1 y 3. Para realizar el cálculo, se aplica un índice de 0,10 por mes a partir de la fecha de la primera sentencia o a partir del día siguiente a la expiración del plazo de transposición de la directiva de que se trate.

El Tribunal de Justicia (16) ha confirmado que la duración de la infracción debe tenerse en cuenta tanto para la multa coercitiva como para la suma a tanto alzado, habida cuenta de la finalidad específica de cada sanción.

3.4.   Capacidad de pago del Estado miembro

El importe de la multa coercitiva debe garantizar que la sanción sea proporcionada y disuasoria. El efecto disuasorio de la multa coercitiva tiene dos aspectos. La sanción debe ser lo suficientemente elevada como para garantizar que:

| — | el Estado miembro ponga fin a la infracción (por lo tanto, debe ser superior al beneficio que el Estado miembro obtiene de la infracción), |
| --- | --- |

—

el Estado miembro ponga fin a la infracción (por lo tanto, debe ser superior al beneficio que el Estado miembro obtiene de la infracción),

| — | el Estado miembro no reincida en la infracción. |
| --- | --- |

—

el Estado miembro no reincida en la infracción.

El nivel de sanción necesario para tener un efecto disuasorio variará en función de la capacidad de pago de los Estados miembros. Este efecto disuasorio se refleja en el factor n. Se define como la media geométrica ponderada del producto interior bruto (PIB) (17) del Estado miembro de que se trate en comparación con la media de los PIB de los Estados miembros, con un factor de ponderación de dos, y de la población del Estado miembro de que se trate, en comparación con la media de las poblaciones de los Estados miembros, con un factor de ponderación de uno. Esto representa la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate en relación con la capacidad de pago de los demás Estados miembros:

Formula

La forma en que se calcula el factor n con arreglo a la presente Comunicación representa una modificación de la forma en que dicho factor se calculaba anteriormente. En anteriores comunicaciones se tenía en cuenta tanto el PIB de los Estados miembros como su peso institucional. Este último se expresaba mediante el uso de un indicador sustitutivo, siendo el más reciente el número de escaños del Parlamento Europeo asignados a cada Estado miembro.

Mediante sentencia de 20 de enero de 2022, en el asunto Comisión/Grecia (18), el Tribunal de Justicia examinó los elementos considerados pertinentes para evaluar la capacidad de pago de un Estado miembro a efectos de la imposición de sanciones financieras basadas en el artículo 260 del TFUE. En dicha sentencia, el Tribunal dictaminó que «[...] sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión proponga sanciones económicas basadas en varios criterios, con el fin de permitir, en particular, mantener una diferencia razonable entre los distintos Estados miembros, procede basarse en el PIB de la República Helénica como factor predominante, a efectos de la apreciación de su capacidad de pago, sin tener en cuenta el peso institucional de la República Helénica [...]» (19). Según el Tribunal, «el objetivo consistente en fijar sanciones suficientemente disuasorias no requiere necesariamente que se tenga en cuenta el peso institucional en la Unión del Estado miembro de que se trate» y «la toma en consideración del peso institucional del Estado miembro de que se trate no resulta indispensable para garantizar una disuasión suficiente e inducir a dicho Estado miembro a modificar su comportamiento actual o futuro relacionado con la concesión de las ayudas de Estado» (20).

Por consiguiente, la Comisión ha decidido revisar su método de cálculo del factor n, que ahora se basa sobre todo en el PIB de los Estados miembros y, en segundo lugar, en su población como criterio demográfico que permite mantener una desviación razonable entre los distintos Estados miembros. Tener en cuenta la población para un tercio del cálculo del factor n reduce en un grado razonable la variación de los factores n de los Estados miembros, en comparación con un cálculo basado únicamente en el PIB. También añade un elemento de estabilidad en el cálculo del factor n, ya que es poco probable que la población varíe significativamente de un año para otro. En cambio, el PIB de un Estado miembro podría experimentar mayores fluctuaciones anuales, en particular en períodos de crisis económica. Al mismo tiempo, dado que el PIB del Estado miembro sigue representando dos tercios del cálculo, todavía es el factor predominante a efectos de evaluar su capacidad de pago.

El factor n de cada Estado miembro figura en el punto 3 del anexo I.

4.   PAGO A TANTO ALZADO

Para tener plenamente en cuenta el efecto disuasorio del pago a tanto alzado y los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, la propuesta de la Comisión al Tribunal de Justicia comprende:

| — | la fijación de una suma a tanto alzado mínima, y |
| --- | --- |

—

la fijación de una suma a tanto alzado mínima, y

| — | un método de cálculo basado en un importe diario multiplicado por el número de días en que persiste la infracción; este método se aplica cuando el resultado del cálculo supera la suma a tanto alzado mínima fijada. |
| --- | --- |

—

un método de cálculo basado en un importe diario multiplicado por el número de días en que persiste la infracción; este método se aplica cuando el resultado del cálculo supera la suma a tanto alzado mínima fijada.

4.1.   Sumas a tanto alzado mínimas

Cada vez que la Comisión remite un asunto al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 260 del TFUE, propone al menos una suma a tanto alzado mínima fijada para cada Estado miembro en función de su factor n, con independencia del resultado del cálculo de la sección 4.2.

Esta suma a tanto alzado mínima refleja el principio según el cual todo caso de incumplimiento persistente de una sentencia del Tribunal por parte de un Estado miembro, o de falta de transposición de un acto legislativo por parte de un Estado miembro, con independencia de las circunstancias agravantes, vulnera el principio de legalidad en una comunidad regida por el Estado de Derecho y requiere una sanción efectiva. La suma a tanto alzado mínima también evita la propuesta de importes meramente simbólicos que no tendrían efecto disuasorio y podrían menoscabar, en lugar de reforzar, la autoridad de las sentencias del Tribunal.

La suma a tanto alzado mínima correspondiente a cada Estado miembro figura en el punto 5 del anexo I.

4.2.   Método de cálculo de la suma a tanto alzado

La suma a tanto alzado se calcula con un método similar al utilizado para calcular la multa coercitiva, es decir:

| — | multiplicar una tasa fija por un coeficiente de gravedad, |
| --- | --- |

—

multiplicar una tasa fija por un coeficiente de gravedad,

| — | multiplicar el resultado por el factor n, |
| --- | --- |

—

multiplicar el resultado por el factor n,

| — | multiplicar el resultado por el número de días en que persista la infracción (véase el punto 4.2.1). |
| --- | --- |

—

multiplicar el resultado por el número de días en que persista la infracción (véase el punto 4.2.1).

La siguiente fórmula resume el método de cálculo de la suma a tanto alzado:

| LS = F-Rals × Cs × n × dy

  donde:


  LS = suma a tanto alzado; F Rals = tasa fija «pago de la suma a tanto alzado»; Cs = coeficiente de gravedad; n = factor que refleja la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate; dy = número de días en que persiste la infracción. |
| --- |

LS = F-Rals × Cs × n × dy

donde:

LS = suma a tanto alzado; F Rals = tasa fija «pago de la suma a tanto alzado»; Cs = coeficiente de gravedad; n = factor que refleja la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate; dy = número de días en que persiste la infracción.

Cuando el resultado de este cálculo supera la suma a tanto alzado mínima para el Estado miembro de que se trate, la Comisión propone al Tribunal una suma a tanto alzado determinada mediante esta fórmula.

4.2.1.   
  Número de días en que persiste la infracción

Para calcular la suma a tanto alzado, el importe diario ha de multiplicarse por el número de días en que persista la infracción. Este último se define de la manera siguiente:

| — | para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE, se trata del número de días transcurridos entre la fecha en que se dictó la primera sentencia y la fecha en que se pone fin a la infracción, o, en su defecto, la fecha del pronunciamiento de la sentencia con arreglo al artículo 260 TFUE, |
| --- | --- |

—

para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE, se trata del número de días transcurridos entre la fecha en que se dictó la primera sentencia y la fecha en que se pone fin a la infracción, o, en su defecto, la fecha del pronunciamiento de la sentencia con arreglo al artículo 260 TFUE,

| — | para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, se trata del número de días transcurridos entre el día siguiente a la expiración del plazo de transposición establecido en la directiva de que se trate y la fecha en que se pone fin a la infracción o, en su defecto, la fecha del pronunciamiento de la sentencia con arreglo al artículo 260 del TFUE. |
| --- | --- |

—

para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, se trata del número de días transcurridos entre el día siguiente a la expiración del plazo de transposición establecido en la directiva de que se trate y la fecha en que se pone fin a la infracción o, en su defecto, la fecha del pronunciamiento de la sentencia con arreglo al artículo 260 del TFUE.

Para los recursos interpuestos en virtud del artículo 260, apartado 2, del TFUE, el día a partir del cual comienza a correr el plazo que debe tenerse en cuenta para calcular la suma a tanto alzado se define como la fecha de la sentencia que declara que el Estado miembro de que se trate ha infringido el Derecho de la Unión (21).

Según el Tribunal, se exige que la ejecución de la sentencia por parte del Estado miembro se inicie «inmediatamente» y «concluya en el plazo más breve posible» (22). Por supuesto, antes de interponer un recurso con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE, la Comisión debe dejar tiempo suficiente, determinado a la luz de la infracción de que se trate, para que el Estado miembro ejecute dicha sentencia. No obstante, cuando se haya concedido un plazo razonable al Estado miembro y no se haya alcanzado la plena ejecución de la sentencia, deberá considerarse que el Estado miembro ha incumplido, a partir de la fecha de la sentencia por la que se declara la infracción, su obligación de iniciar el proceso de ejecución inmediatamente y de completarlo lo antes posible.

Para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260, apartado 3, del TFUE, el día a partir del cual empieza a correr el plazo pertinente es el día siguiente a la expiración del plazo de transposición establecido en la directiva de que se trate.

4.2.2.   
  Otros elementos del método de cálculo de la suma a tanto alzado

Para el cálculo de la suma a tanto alzado, la Comisión aplica el mismo coeficiente de gravedad y el mismo factor n fijo que para el cálculo de la multa coercitiva (véanse las secciones 3.2 y 3.4). A la hora de determinar la suma a tanto alzado en virtud del artículo 260, apartado 3, del TFUE, la Comisión tiene en cuenta el grado de transposición para valorar la gravedad de la falta de transposición.

El importe de la tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado es inferior al de las multas coercitivas. Es justo que el importe diario de la multa coercitiva sea superior al de la suma a tanto alzado, ya que el comportamiento del Estado miembro de que se trate es más perjudicial una vez que se ha dictado una sentencia con arreglo al artículo 260 del TFUE, ya que ello implica la persistencia de la infracción después de dicha sentencia.

El importe de la tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado figura en el punto 2 del anexo I.

A diferencia del cálculo de la multa coercitiva, al calcular la suma a tanto alzado no se aplica un coeficiente de duración, ya que la duración de la infracción se tiene en cuenta multiplicando el importe diario por el número de días en que persiste la infracción.

5.   NORMAS TRANSITORIAS PARA EL REINO UNIDO

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido se retiró de la Unión. Sin embargo, seguía estando obligado a aplicar y cumplir el Derecho de la Unión hasta el final del período transitorio (que expiró el 31 de diciembre de 2020) en virtud del Acuerdo de Retirada, que entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

Además, de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte y el artículo 12 del Protocolo sobre las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, la Comisión y el Tribunal de Justicia conservan las competencias que les confieren los Tratados en relación con la aplicación del Derecho de la Unión que dichos Protocolos hacen aplicables al Reino Unido y en su territorio, en lo que respecta a Irlanda del Norte y las zonas de soberanía. En virtud del artículo 160 del Acuerdo de Retirada, el Tribunal sigue siendo competente en virtud de los artículos 258, 260 y 267 del TFUE para la interpretación y aplicación de determinadas disposiciones de la quinta parte del Acuerdo de Retirada.

Con arreglo a estas disposiciones, la Comisión puede solicitar al Tribunal que imponga sanciones financieras al Reino Unido después del 31 de diciembre de 2020. En tal caso, la Comisión propondrá sanciones financieras proporcionales a la gravedad de la infracción en cuestión, a la duración de dicha infracción y a la capacidad de pago del Reino Unido. A tal fin, la Comisión aplicará la misma fórmula que se ha establecido en la presente Comunicación para los Estados miembros (23).

6.   FECHA EN QUE SURTE EFECTO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA SANCIÓN IMPUESTA

Cuando el Tribunal de Justicia impone una sanción a un Estado miembro en virtud del artículo 260, apartado 2, del TFUE, la fecha en la que normalmente surte efecto la obligación de pagar dicha sanción corresponde a la fecha en que el Tribunal dicta su sentencia.

Cuando el Tribunal impone una sanción a un Estado miembro en virtud del artículo 260, apartado 3, del TFUE, en dicha disposición se especifica que la obligación de pago «surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en su sentencia». Esto permite al Tribunal fijar la fecha en la que la obligación surte efecto, bien en la fecha en la que dicte sentencia, bien en una fecha posterior. El Tribunal aún no ha hecho uso de la posibilidad de fijar una fecha posterior a la de su sentencia.

7.   FECHA DE APLICACIÓN

La Comisión aplicará las normas y criterios expuestos en la presente Comunicación a todas las decisiones de someter un asunto al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 260 TFUE tras la publicación de la presente Comunicación en el Diario Oficial.

---

(1)  O cuando el Estado miembro no haya adoptado las medidas necesarias para ejecutar una sentencia en la que se constate una infracción de una decisión sobre ayudas estatales en virtud del artículo 108, apartado 2, del TFUE.

(2)  Esta facultad discrecional está limitada en el caso de los asuntos sujetos al artículo 260, apartado 3, del TFUE, en los que el Tribunal no puede superar el importe especificado por la Comisión.

(3)  Véanse las sentencias de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia (C-304/02, EU:C:2005:444, apartado 103); de 14 de marzo de 2006, Comisión/Francia (C-177/04, EU:C:2006:173, apartado 61); y de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal, (C-70/06, ECLI:EU:C:2008:3, apartado 38).

(4)  Véase el anexo II «Lista de comunicaciones anteriores sobre sanciones financieras».

(5)  El Tribunal ha sentado jurisprudencia reiterada en la que se aprueban estos criterios. Véanse, entre otras, la sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia (C-387/97, EU:C:2000:356, apartado 92); la sentencia de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (C-658/19, EU:C:2021:138, apartado 63); la sentencia de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (C-550/18, EU:C:2020:564, apartado 81); y la sentencia de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (C-658/19, EU:C:2021:138, apartado 73).

(6)  Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, Comisión/Rumanía (C-549/18, EU:C:2020:563, apartado 51).

(7)  Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (2007/436/CE, Euratom) (DO L 163 de 23.6.2007, p. 17).

(8)  Asunto C-658/19, Comisión/España (EU:C:2021:138, apartado 63); Asunto C-550/18, Comisión/Irlanda (EU:C:2020:564, apartado 81); Asunto C-658/19, Comisión/España (EU:C:2021:138, apartado 73);

(9)  Véase la sentencia de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España (C-278/01, EU:C:2003:635).

(10)  Véase el asunto C-278/01, Comisión/España, relativo a las normas de calidad de las aguas de baño establecidas por la Directiva 76/160/CEE, según el cual, como señaló el Tribunal, «los Estados miembros tienen especiales dificultades para conseguir una ejecución completa» y «es concebible que el Estado miembro demandado llegue a aumentar sustancialmente el grado de ejecución de la Directiva sin alcanzar una ejecución completa a corto plazo». En estas circunstancias, como dictaminó el Tribunal, «una sanción que no tuviera en cuenta el posible progreso realizado por el Estado miembro en la ejecución de sus obligaciones no sería adecuada a las circunstancias ni proporcionada al incumplimiento declarado».

(11)  Véanse los apartados 43 a 46 de la sentencia en el asunto C-278/01, Comisión/España, y los apartados 111 y 112 de la sentencia en el asunto C-304/02, Comisión/Francia.

(12)  Véase la sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (C-543/17, EU:C:2019:573), en la que el Tribunal aplicó por primera vez el régimen de sanciones del artículo 260, apartado 3, del TFUE.

(13)  Se trata de directivas adoptadas con arreglo a los procedimientos legislativos ordinarios o especiales previstos en los Tratados. Quedan excluidos, en particular, los actos delegados y de ejecución adoptados por la Comisión con arreglo a los artículos 290 y 291 del TFUE, así como las directivas adoptadas en virtud del Tratado Euratom.

(14)  Véase el asunto C-543/17, Comisión/Bélgica, apartados 51 y 59.

(15)  Sentencias de 29 de octubre de 2009, Comisión/Polonia (C-551/08, EU:C:2009:683, apartado 23); de 11 de junio de 2015, Comisión/Polonia (C-29/14, EU:C:2015:379, apartado 49); de 4 de octubre de 2018, Comisión/España (C-599/17, EU:C:2018:813, apartado 21); y de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (C-550/18, EU:C:2020:564, apartado 31).

(16)  Véase el apartado 84 de la sentencia en el asunto C-304/02, Comisión/Francia.

(17)  Fuente: PIB nominal — Eurostat. Eurostat publica periódicamente datos del PIB de los Estados miembros (nama_10_gdp).

(18)  Sentencia de 20 de enero de 2022, Comisión/Grecia (C-51/20, EU:C:2022:36).

(19)  Asunto C-51/20, Comisión/Grecia, apartado 116.

(20)  Asunto C-51/20, Comisión/Grecia, apartados 113 y 115.

(21)  Véase el asunto C-304/02, Comisión/Francia.

(22)  Véase la sentencia de 12 de noviembre de 2019, Comisión/Irlanda (C-261/18, EU:C:2019:955, apartado 123).

(23)  
  Formula

---

ANEXO I

Datos utilizados para determinar las sanciones financieras propuestas al Tribunal

La Comisión revisará y actualizará anualmente los datos del presente anexo, teniendo en cuenta las variaciones de la inflación, el PIB de los Estados miembros y su población, sobre la base de los datos oficiales publicados por Eurostat.

1.   Tasa fija aplicable a la multa coercitiva

La tasa fija aplicable a la multa coercitiva que se menciona en la sección 3.1 de la presente Comunicación se establece en 3 000 EUR diarios.

2.   Tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado

La tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado que se menciona en la sección 4.2.2 de la presente Comunicación se establece en 1 000 EUR diarios, es decir, un tercio de la tasa fija aplicable a las multas coercitivas.

3.   Factores «n»

Los factores «n» mencionados en las secciones 3.4 y 4.2.2 de la presente Comunicación son los siguientes:

| | Factor N (1) |
| --- | --- |
| Bélgica | 0,84 |
| Bulgaria | 0,18 |
| Chequia | 0,49 |
| Dinamarca | 0,52 |
| Alemania | 6,16 |
| Estonia | 0,06 |
| Irlanda | 0,55 |
| Grecia | 0,41 |
| España | 2,44 |
| Francia | 4,45 |
| Croacia | 0,14 |
| Italia | 3,41 |
| Chipre | 0,05 |
| Letonia | 0,07 |
| Lituania | 0,12 |
| Luxemburgo | 0,09 |
| Hungría | 0,35 |
| Malta | 0,03 |
| Países Bajos | 1,39 |
| Austria | 0,68 |
| Polonia | 1,37 |
| Portugal | 0,46 |
| Rumanía | 0,61 |
| Eslovenia | 0,10 |
| Eslovaquia | 0,22 |
| Finlandia | 0,42 |
| Suecia | 0,83 |

Factor N (1)

Bélgica

0,84

Bulgaria

0,18

Chequia

0,49

Dinamarca

0,52

Alemania

6,16

Estonia

0,06

Irlanda

0,55

Grecia

0,41

España

2,44

Francia

4,45

Croacia

0,14

Italia

3,41

Chipre

0,05

Letonia

0,07

Lituania

0,12

Luxemburgo

0,09

Hungría

0,35

Malta

0,03

Países Bajos

1,39

Austria

0,68

Polonia

1,37

Portugal

0,46

Rumanía

0,61

Eslovenia

0,10

Eslovaquia

0,22

Finlandia

0,42

Suecia

0,83

4.   Suma a tanto alzado de referencia

La suma a tanto alzado de referencia utilizada para calcular las sumas a tanto alzado mínimas aplicables a los Estados miembros se establece en 2 800 000 EUR (2).

5.   Sumas a tanto alzado mínimas por estado miembro

Las sumas a tanto alzado mínimas corresponden a la suma a tanto alzado de referencia multiplicada por el factor «n».

Las sumas a tanto alzado mínimas (3) que se mencionan en la sección 4.1 de la presente Comunicación se establecen en:

| | Sumas a tanto alzado mínimas (EUR) |
| --- | --- |
| Bélgica | 2 352 000 |
| Bulgaria | 504 000 |
| Chequia | 1 372 000 |
| Dinamarca | 1 456 000 |
| Alemania | 17 248 000 |
| Estonia | 168 000 |
| Irlanda | 1 540 000 |
| Grecia | 1 148 000 |
| España | 6 832 000 |
| Francia | 12 460 000 |
| Croacia | 392 000 |
| Italia | 9 548 000 |
| Chipre | 140 000 |
| Letonia | 196 000 |
| Lituania | 336 000 |
| Luxemburgo | 252 000 |
| Hungría | 980 000 |
| Malta | 84 000 |
| Países Bajos | 3 892 000 |
| Austria | 1 904 000 |
| Polonia | 3 836 000 |
| Portugal | 1 288 000 |
| Rumanía | 1 708 000 |
| Eslovenia | 280 000 |
| Eslovaquia | 616 000 |
| Finlandia | 1 176 000 |
| Suecia | 2 324 000 |

Sumas a tanto alzado mínimas (EUR)

Bélgica

2 352 000

Bulgaria

504 000

Chequia

1 372 000

Dinamarca

1 456 000

Alemania

17 248 000

Estonia

168 000

Irlanda

1 540 000

Grecia

1 148 000

España

6 832 000

Francia

12 460 000

Croacia

392 000

Italia

9 548 000

Chipre

140 000

Letonia

196 000

Lituania

336 000

Luxemburgo

252 000

Hungría

980 000

Malta

84 000

Países Bajos

3 892 000

Austria

1 904 000

Polonia

3 836 000

Portugal

1 288 000

Rumanía

1 708 000

Eslovenia

280 000

Eslovaquia

616 000

Finlandia

1 176 000

Suecia

2 324 000

---

(1)  Sobre la base del PIB y la población de 2020 (año n – 2) extraídos el 7 de septiembre de 2022 y redondeados a dos decimales.

(2)  En 2005, en su Comunicación «Aplicación del artículo 228 del Tratado CE», la Comisión estableció 500 000 EUR como suma a tanto alzado de referencia. La suma a tanto alzado de referencia ha aumentado a lo largo de los años tras sucesivas revisiones a causa de la inflación y los diversos cambios de métodos. En la última Comunicación de la Comisión titulada «Actualización de los datos utilizados para el cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los procedimientos de infracción» [C(2022) 568], la suma a tanto alzado de referencia utilizada para calcular las sumas a tanto alzado mínimas era de 2 255 000 EUR. Ahora se establece en 2 800 000 EUR para garantizar que las sumas a tanto alzado mínimas sigan siendo suficientemente disuasorias, teniendo en cuenta sus niveles anteriores y el cambio de método establecido en la presente Comunicación en relación con el factor n.

(3)  Sobre la base del PIB y la población de 2020 (año n – 2) extraídos el 7 de septiembre de 2022 y redondeados al millar más próximo.

---

ANEXO II

Lista de comunicaciones anteriores sobre sanciones financieras

La presente Comunicación es una revisión de todas las Comunicaciones sobre sanciones financieras adoptadas por la Comisión de 1996 a 2021:

| — | En 1996, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 del Tratado CE (1). Se trataba de un enfoque inicial que debía perfeccionarse, pero sentó las bases de la política actual en materia de sanciones financieras, al afirmar que el importe de la sanción debe calcularse sobre la base de tres criterios fundamentales, a saber, la gravedad de la infracción, su duración y la necesidad de garantizar que la sanción misma tenga un efecto disuasorio de nuevas infracciones. |
| --- | --- |

—

En 1996, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 del Tratado CE (1). Se trataba de un enfoque inicial que debía perfeccionarse, pero sentó las bases de la política actual en materia de sanciones financieras, al afirmar que el importe de la sanción debe calcularse sobre la base de tres criterios fundamentales, a saber, la gravedad de la infracción, su duración y la necesidad de garantizar que la sanción misma tenga un efecto disuasorio de nuevas infracciones.

| — | En 1997, la Comisión publicó el primer método de cálculo de la multa coercitiva prevista en el artículo 171 del Tratado CE (2). En aquel momento, no existía ningún método para el cálculo de la suma a tanto alzado. Según el método establecido, la multa coercitiva diaria debía calcularse como una tasa fija uniforme, multiplicada por un coeficiente de gravedad y por un coeficiente de duración, cuyo resultado debía multiplicarse por un factor especial (denominado «factor n») que reflejara la capacidad de pago del Estado miembro de que se tratase y el número de votos de que dispusiera en el Consejo. Este factor n, que reflejaba en aquel momento tanto el peso económico como el institucional, se concibió como una forma de garantizar que las sanciones fueran justas y proporcionadas, pero también suficientemente disuasorias para que los Estados miembros pusieran fin a la infracción y no reincidieran. El documento explicaba además cómo debían determinarse los coeficientes de gravedad y duración y fijaba los primeros valores para el factor n (3). |
| --- | --- |

—

En 1997, la Comisión publicó el primer método de cálculo de la multa coercitiva prevista en el artículo 171 del Tratado CE (2). En aquel momento, no existía ningún método para el cálculo de la suma a tanto alzado. Según el método establecido, la multa coercitiva diaria debía calcularse como una tasa fija uniforme, multiplicada por un coeficiente de gravedad y por un coeficiente de duración, cuyo resultado debía multiplicarse por un factor especial (denominado «factor n») que reflejara la capacidad de pago del Estado miembro de que se tratase y el número de votos de que dispusiera en el Consejo. Este factor n, que reflejaba en aquel momento tanto el peso económico como el institucional, se concibió como una forma de garantizar que las sanciones fueran justas y proporcionadas, pero también suficientemente disuasorias para que los Estados miembros pusieran fin a la infracción y no reincidieran. El documento explicaba además cómo debían determinarse los coeficientes de gravedad y duración y fijaba los primeros valores para el factor n (3).

| — | En 2001, una decisión interna (4) de la Comisión especificaba que el coeficiente de duración debía calcularse sobre la base de un índice de 0,1 por mes (con un valor máximo de 3) a partir del séptimo mes siguiente a la sentencia del Tribunal. |
| --- | --- |

—

En 2001, una decisión interna (4) de la Comisión especificaba que el coeficiente de duración debía calcularse sobre la base de un índice de 0,1 por mes (con un valor máximo de 3) a partir del séptimo mes siguiente a la sentencia del Tribunal.

| — | En 2005, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 228 del Tratado CE (5), ya que era necesaria una actualización en particular con respecto a la nueva jurisprudencia del Tribunal, los nuevos Estados miembros incorporados a la UE y la evolución de las tasas de crecimiento e inflación. En ella se establecieron los principios generales que debían respetarse a la hora de solicitar sanciones financieras, que siguen siendo válidos en la actualidad. También se estableció por primera vez un método para calcular el pago de la suma a tanto alzado, incluidas las sumas a tanto alzado mínimas correspondientes a los distintos Estados miembros, se actualizó el cálculo del factor n (6) y se fijaron los importes de la tasa fija para el cálculo de la multa coercitiva y de los pagos a tanto alzado (7). |
| --- | --- |

—

En 2005, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 228 del Tratado CE (5), ya que era necesaria una actualización en particular con respecto a la nueva jurisprudencia del Tribunal, los nuevos Estados miembros incorporados a la UE y la evolución de las tasas de crecimiento e inflación. En ella se establecieron los principios generales que debían respetarse a la hora de solicitar sanciones financieras, que siguen siendo válidos en la actualidad. También se estableció por primera vez un método para calcular el pago de la suma a tanto alzado, incluidas las sumas a tanto alzado mínimas correspondientes a los distintos Estados miembros, se actualizó el cálculo del factor n (6) y se fijaron los importes de la tasa fija para el cálculo de la multa coercitiva y de los pagos a tanto alzado (7).

| — | En 2010, tras la introducción en el Tratado de Lisboa de la posibilidad de solicitar sanciones financieras en el caso de que no se comunicasen las medidas de transposición de actos legislativos, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 260, apartado 3, del TFUE (8). En dicha Comunicación, explicaba cómo aplicaría los métodos existentes para el cálculo de los pagos de la suma a tanto alzado y de las multas coercitivas a los casos contemplados en el artículo 260, apartado 3. |
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—

En 2010, tras la introducción en el Tratado de Lisboa de la posibilidad de solicitar sanciones financieras en el caso de que no se comunicasen las medidas de transposición de actos legislativos, la Comisión adoptó una Comunicación sobre la aplicación del artículo 260, apartado 3, del TFUE (8). En dicha Comunicación, explicaba cómo aplicaría los métodos existentes para el cálculo de los pagos de la suma a tanto alzado y de las multas coercitivas a los casos contemplados en el artículo 260, apartado 3.

| — | En 2019, la Comisión adoptó una nueva Comunicación sobre la modificación del método de cálculo de los pagos a tanto alzado y las multas coercitivas diarias propuestos por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9). Esta Comunicación seguía a una sentencia del Tribunal (10) en la que este consideraba que la Comisión ya no podía basarse en que el número de votos de que dispusiera cada Estado miembro en el Consejo reflejara su peso institucional, ya que el método de votación había cambiado desde el 1 de abril de 2017. Además, la Comisión aprovechó esta oportunidad para actualizar el valor de referencia del PIB (que era el PIB de Luxemburgo) y sustituirlo por la media del PIB de los Estados miembros en el cálculo del factor n (11). Por último, a fin de garantizar que las sanciones financieras resultantes se mantuvieran en líneas generales en consonancia con los niveles anteriores, la Comisión introdujo un factor de ajuste de 4,5. |
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En 2019, la Comisión adoptó una nueva Comunicación sobre la modificación del método de cálculo de los pagos a tanto alzado y las multas coercitivas diarias propuestos por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9). Esta Comunicación seguía a una sentencia del Tribunal (10) en la que este consideraba que la Comisión ya no podía basarse en que el número de votos de que dispusiera cada Estado miembro en el Consejo reflejara su peso institucional, ya que el método de votación había cambiado desde el 1 de abril de 2017. Además, la Comisión aprovechó esta oportunidad para actualizar el valor de referencia del PIB (que era el PIB de Luxemburgo) y sustituirlo por la media del PIB de los Estados miembros en el cálculo del factor n (11). Por último, a fin de garantizar que las sanciones financieras resultantes se mantuvieran en líneas generales en consonancia con los niveles anteriores, la Comisión introdujo un factor de ajuste de 4,5.

| — | Más recientemente, en 2021, la Comisión ajustó el cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas (12) debido a la retirada del Reino Unido de la UE. Dado que el factor n tenía en cuenta la media del PIB de todos los Estados miembros, la retirada del Reino Unido hizo que el factor n aumentara, de modo que las sanciones financieras propuestas por la Comisión serían más elevadas. Por lo tanto, la Comisión aplicó un factor de ajuste de 0,836 para garantizar que el aumento se limitara a la inflación. |
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Más recientemente, en 2021, la Comisión ajustó el cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas (12) debido a la retirada del Reino Unido de la UE. Dado que el factor n tenía en cuenta la media del PIB de todos los Estados miembros, la retirada del Reino Unido hizo que el factor n aumentara, de modo que las sanciones financieras propuestas por la Comisión serían más elevadas. Por lo tanto, la Comisión aplicó un factor de ajuste de 0,836 para garantizar que el aumento se limitara a la inflación.

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(1)  Comunicación de la Comisión — Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 del Tratado CE (DO C 242 de 21.8.1996, p. 6).

(2)  Comunicación de la Comisión — Método de cálculo de la multa coercitiva prevista en el artículo 171 del Tratado CE (DO C 063 de 28.2.1997, p. 2).

(3)  
  Formula

(4)  Véase el documento PV(2001) 1517/2 de 2 de abril de 2001.

(5)  Comunicación de la Comisión - Aplicación del artículo 228 del Tratado CE [SEC(2005) 1658].

(6)  
  Formula

(7)  Se fijaron en 600 EUR diarios para las multas coercitivas y en 200 EUR para los pagos a tanto alzado.

(8)  Comunicación de la Comisión — Aplicación del artículo 260, apartado 3, del TFUE [SEC(2010) 1371 final].

(9)  Comunicación de la Comisión — Modificación del método de cálculo de los pagos a tanto alzado y las multas coercitivas diarias propuestos por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO C 70 de 25.2.2019, p. 1).

(10)  Sentencia de 14 de noviembre de 2018, Comisión/Grecia (C-93/17, EU:C:2018:903).

(11)  
  Formula

(12)  Comunicación de la Comisión — Ajuste del cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas coercitivas propuestas por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de la retirada del Reino Unido (DO C 129 de 13.4.2021, p. 1).

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| 4.1.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 2/17 |
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4.1.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 2/17

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No oposición a una concentración notificada

(Asunto M.10944 — MITSUBISHI / HERE)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2023/C 2/02)

El 19 de diciembre de 2022, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado interior. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1). El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
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—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10944. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea. |
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en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) con el número de documento 32022M10944. EUR-Lex da acceso al Derecho de la Unión en línea.

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 4.1.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 2/18 |
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4.1.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 2/18

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Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación (1):

2,50 % a 1 de enero de 2023

Tipo de cambio del euro (2)

3 de enero de 2023

(2023/C 2/03)

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
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| USD | dólar estadounidense | 1,0545 |
| JPY | yen japonés | 137,93 |
| DKK | corona danesa | 7,4370 |
| GBP | libra esterlina | 0,88048 |
| SEK | corona sueca | 11,1430 |
| CHF | franco suizo | 0,9879 |
| ISK | corona islandesa | 151,70 |
| NOK | corona noruega | 10,5280 |
| BGN | leva búlgara | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 24,124 |
| HUF | forinto húngaro | 403,33 |
| PLN | esloti polaco | 4,6831 |
| RON | leu rumano | 4,9310 |
| TRY | lira turca | 19,7566 |
| AUD | dólar australiano | 1,5708 |
| CAD | dólar canadiense | 1,4414 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 8,2392 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,6932 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,4188 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 346,51 |
| ZAR | rand sudafricano | 18,0190 |
| CNY | yuan renminbi | 7,2863 |
| IDR | rupia indonesia | 16 471,95 |
| MYR | ringit malayo | 4,6439 |
| PHP | peso filipino | 59,020 |
| RUB | rublo ruso | |
| THB | bat tailandés | 36,254 |
| BRL | real brasileño | 5,6656 |
| MXN | peso mexicano | 20,5283 |
| INR | rupia india | 87,4095 |

Moneda

Tipo de cambio

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BRL

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20,5283

INR

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87,4095

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(1)  Tipo aplicado a la más reciente operación llevada a cabo antes del día indicado. En el caso de una licitación con tipo variable, el tipo de interés es el índice marginal.

(2)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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| 4.1.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 2/19 |
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4.1.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 2/19

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RESUMEN DE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 10 de enero de 2022

por la que se deniega su competencia a tenor de los artículos 1 y 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1) (Asunto C.1886 – Iliad – Requerimiento de actuación con arreglo al artículo 265)

(notificada con el número C(2022)78)

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(2023/C 2/04)

1)

El 10 de noviembre de 2021, la Comisión Europea («Comisión») recibió un requerimiento («requerimiento») de Iliad S.A. («Iliad», Francia), de conformidad con el artículo 265 del TFUE, en el que solicitaba a la Comisión que se pronunciara sobre su competencia respecto de la operación de aproximación entre Télévision Française 1 S.A. («TF1», Francia) y Métropole Télévision S.A. («M6», Francia) («la operación»).

1.   LAS PARTES Y LA OPERACIÓN

LAS PARTES Y LA OPERACIÓN

| 2) | TF1 es una filial propiedad al 43,7 % de Bouygues S.A. («Bouygues»). Bouygues desarrolla actividades en los sectores de la construcción, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. TF1 tiene como actividad principal, directamente o a través de sus filiales, la edición de canales de televisión. TF1 también desarrolla otras actividades relacionadas con su actividad principal como editor de canales de televisión: producción audiovisual y cinematográfica, adquisición de derechos audiovisuales, comercialización de pantallas publicitarias, edición y distribución de DVD y CD musicales, desarrollo de productos derivados de la antena y desarrollo de servicios digitales e interactivos. |
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2)

TF1 es una filial propiedad al 43,7 % de Bouygues S.A. («Bouygues»). Bouygues desarrolla actividades en los sectores de la construcción, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. TF1 tiene como actividad principal, directamente o a través de sus filiales, la edición de canales de televisión. TF1 también desarrolla otras actividades relacionadas con su actividad principal como editor de canales de televisión: producción audiovisual y cinematográfica, adquisición de derechos audiovisuales, comercialización de pantallas publicitarias, edición y distribución de DVD y CD musicales, desarrollo de productos derivados de la antena y desarrollo de servicios digitales e interactivos.

| 3) | M6 es una filial propiedad al 48,26 % de RTL Group S.A. («RTL»), a su vez propiedad al 76,28 % de Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann»). M6 tiene como actividad principal, directamente o a través de sus filiales, la edición de canales de televisión. M6 también desarrolla un conjunto de actividades relacionadas con su actividad principal como editor de canales de televisión: producción audiovisual y cinematográfica, adquisición de derechos audiovisuales, comercialización de pantallas publicitarias, edición y distribución de DVD y CD musicales, desarrollo de productos derivados de la antena y desarrollo de servicios digitales e interactivos. Por último, M6 controla el grupo de radio RTL France, que dispone de varias autorizaciones para emitir programas radiofónicos en la Francia metropolitana y desarrolla diferentes actividades relacionadas con la explotación de esos servicios de radio. |
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3)

M6 es una filial propiedad al 48,26 % de RTL Group S.A. («RTL»), a su vez propiedad al 76,28 % de Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann»). M6 tiene como actividad principal, directamente o a través de sus filiales, la edición de canales de televisión. M6 también desarrolla un conjunto de actividades relacionadas con su actividad principal como editor de canales de televisión: producción audiovisual y cinematográfica, adquisición de derechos audiovisuales, comercialización de pantallas publicitarias, edición y distribución de DVD y CD musicales, desarrollo de productos derivados de la antena y desarrollo de servicios digitales e interactivos. Por último, M6 controla el grupo de radio RTL France, que dispone de varias autorizaciones para emitir programas radiofónicos en la Francia metropolitana y desarrolla diferentes actividades relacionadas con la explotación de esos servicios de radio.

| 4) | [Descripción de la operación]. Tras la operación, Bouygues poseerá aproximadamente el 30 % del capital de la nueva entidad, mientras que Bertelsmann, a través de RTL, poseerá aproximadamente el 16 % del capital de la nueva entidad. |
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4)

[Descripción de la operación]. Tras la operación, Bouygues poseerá aproximadamente el 30 % del capital de la nueva entidad, mientras que Bertelsmann, a través de RTL, poseerá aproximadamente el 16 % del capital de la nueva entidad.

2.   HECHOS Y PROCEDIMIENTO

HECHOS Y PROCEDIMIENTO

| 5) | El 17 de mayo de 2021, TF1, M6, Bouygues y RTL anunciaron la celebración de protocolos de acuerdo de inicio de negociaciones exclusivas para fusionar las actividades de TF1 y M6. El 17 de mayo de 2021, Bouygues y RTL firmaron dos memorandos de entendimiento. A estos memorandos siguió el 8 de julio de 2021 la firma de un acuerdo marco entre Bouygues y RTL y de un acuerdo de fusión de empresas entre TF1 y M6 («acuerdos»). Bouygues y RTL acordaron también un proyecto de pacto de accionistas que se firmaría cuando se celebrara la operación («pacto de accionistas»). |
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5)

El 17 de mayo de 2021, TF1, M6, Bouygues y RTL anunciaron la celebración de protocolos de acuerdo de inicio de negociaciones exclusivas para fusionar las actividades de TF1 y M6. El 17 de mayo de 2021, Bouygues y RTL firmaron dos memorandos de entendimiento. A estos memorandos siguió el 8 de julio de 2021 la firma de un acuerdo marco entre Bouygues y RTL y de un acuerdo de fusión de empresas entre TF1 y M6 («acuerdos»). Bouygues y RTL acordaron también un proyecto de pacto de accionistas que se firmaría cuando se celebrara la operación («pacto de accionistas»).

| 6) | El 29 de octubre de 2021, la autoridad francesa en materia de competencia («la ADLC») remitió a varios participantes en el mercado, entre ellos Iliad, un cuestionario para recabar su opinión sobre la operación (2). En la introducción del cuestionario, la ADLC señala que «este cuestionario se refiere a la aproximación prevista entre los grupos TF1 y [M6] dentro de una [n]ueva [e]ntidad. Esta [nueva entidad] estaría bajo el control exclusivo de [Bouygues]». Por ello, en la introducción de la prueba de mercado se afirma que «esta [operación] está sujeta a la autorización de la [ADLC], que es, en Francia, la autoridad administrativa independiente encargada de la regulación de los mercados en materia de competencia». |
| --- | --- |

6)

El 29 de octubre de 2021, la autoridad francesa en materia de competencia («la ADLC») remitió a varios participantes en el mercado, entre ellos Iliad, un cuestionario para recabar su opinión sobre la operación (2

| 7) | El 10 de noviembre de 2021, Iliad remitió a la Comisión el requerimiento (3). En particular, Iliad sostiene que, contrariamente a lo que afirma la ADLC, la nueva entidad estará sujeta al control conjunto de Bouygues y Bertelsmann y, por tanto, tendrá una dimensión europea. |
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7)

El 10 de noviembre de 2021, Iliad remitió a la Comisión el requerimiento (3

3.   DIMENSIÓN DE LA UNIÓN

DIMENSIÓN DE LA UNIÓN

3.1.   Antecedentes jurídicos

Antecedentes jurídicos

| 8) | De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva para evaluar las concentraciones con dimensión de la Unión. El artículo 1 del Reglamento de concentraciones dispone de dos conjuntos de umbrales alternativos para determinar si una concentración tiene esa dimensión. |
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8)

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, la Comisión tiene competencia exclusiva para evaluar las concentraciones con dimensión de la Unión. El artículo 1 del Reglamento de concentraciones dispone de dos conjuntos de umbrales alternativos para determinar si una concentración tiene esa dimensión.

| 9) | A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento de concentraciones, una concentración tiene dimensión de la Unión si i) el volumen de negocios total, a nivel mundial, del conjunto de las empresas afectadas supera los 5 000 millones de euros y ii) el volumen de negocios total realizado individualmente, en la Unión, por al menos dos de las empresas afectadas por la concentración supera los 250 millones de euros, a menos que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Unión dentro de un mismo Estado miembro. |
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9)

A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento de concentraciones, una concentración tiene dimensión de la Unión si i) el volumen de negocios total, a nivel mundial, del conjunto de las empresas afectadas supera los 5 000 millones de euros y ii) el volumen de negocios total realizado individualmente, en la Unión, por al menos dos de las empresas afectadas por la concentración supera los 250 millones de euros, a menos que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice más de las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Unión dentro de un mismo Estado miembro.

| 10) | Una concentración que no alcance los umbrales establecidos en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento de concentraciones tendrá una dimensión de la Unión cuando: i) el volumen de negocios total realizado a escala mundial por el conjunto de las empresas afectadas supere los 2 500 millones de euros; ii) en cada uno de al menos tres Estados miembros, el volumen de negocios total realizado por todas las empresas afectadas sea superior a 100 millones de euros; iii) en cada uno de al menos tres Estados miembros contemplados a efectos del inciso ii), el volumen de negocios total realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas sea superior a 25 millones de euros, y vi) el volumen de negocios total realizado individualmente en la Unión por al menos dos de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros, a menos que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en un mismo Estado miembro (artículo 1, apartado 3, del Reglamento de concentraciones). |
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10)

Una concentración que no alcance los umbrales establecidos en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento de concentraciones tendrá una dimensión de la Unión cuando: i) el volumen de negocios total realizado a escala mundial por el conjunto de las empresas afectadas supere los 2 500 millones de euros; ii) en cada uno de al menos tres Estados miembros, el volumen de negocios total realizado por todas las empresas afectadas sea superior a 100 millones de euros; iii) en cada uno de al menos tres Estados miembros contemplados a efectos del inciso ii), el volumen de negocios total realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas sea superior a 25 millones de euros, y vi) el volumen de negocios total realizado individualmente en la Unión por al menos dos de las empresas afectadas supere los 100 millones de euros, a menos que cada una de las empresas afectadas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en un mismo Estado miembro (artículo 1, apartado 3, del Reglamento de concentraciones).

| 11) | A efectos de la determinación de la competencia, las empresas afectadas son aquellas que participan en una concentración, es decir, una fusión o una adquisición de control, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de concentraciones (4). |
| --- | --- |

11)

A efectos de la determinación de la competencia, las empresas afectadas son aquellas que participan en una concentración, es decir, una fusión o una adquisición de control, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de concentraciones (4

| 12) | En el marco de una adquisición del control exclusivo, las empresas afectadas son la empresa adquirente y la empresa objetivo (5). |
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12)

En el marco de una adquisición del control exclusivo, las empresas afectadas son la empresa adquirente y la empresa objetivo (5

| 13) | En el marco de una adquisición del control conjunto de una empresa en participación de nueva creación a raíz de la aportación de una filial o de una actividad preexistente por una empresa que ejercía sobre dicha filial o actividad preexistente un control exclusivo, se considerará empresa afectada cada una de las empresas que ejerzan el control conjunto. En este caso, el volumen de negocios de la empresa en participación es parte del volumen de negocios de la empresa matriz inicial (6). |
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13)

En el marco de una adquisición del control conjunto de una empresa en participación de nueva creación a raíz de la aportación de una filial o de una actividad preexistente por una empresa que ejercía sobre dicha filial o actividad preexistente un control exclusivo, se considerará empresa afectada cada una de las empresas que ejerzan el control conjunto. En este caso, el volumen de negocios de la empresa en participación es parte del volumen de negocios de la empresa matriz inicial (6

3.2.   Volumen de negocios

Volumen de negocios

| 14) | Bouygues realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 34 700 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, Bouygues realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia. |
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14)

Bouygues realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 34 700 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, Bouygues realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia.

| 15) | Bertelsmann realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 17 300 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, Bertelsmann no realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia. |
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15)

Bertelsmann realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 17 300 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, Bertelsmann no realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia.

| 16) | M6 realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 1 270 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, M6 realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia. |
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16)

M6 realizó, en 2020, un volumen de negocios mundial de 1 270 millones EUR, un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en la Unión y un volumen de negocios de [volumen de negocios] millones EUR en Francia. Así pues, M6 realiza más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Unión en Francia.

| 17) | Independientemente de que se tengan en cuenta los volúmenes de negocios de Bouygues y M6 o de Bouygues y Bertelsmann, no cabe duda de que estos superan los umbrales previstos en el artículo 1, apartado 2, letras a) y b). Sin embargo, si se toman en consideración únicamente los volúmenes de negocios de Bouygues y M6, la operación no tendría dimensión de la Unión, dado que Bouygues y M6 realizan más de dos tercios de sus volúmenes de negocios en la Unión en Francia. Si se toman en consideración los volúmenes de negocios de Bouygues y Bertelsmann, la operación tendría dimensión de la Unión, dado que Bertelsmann no realiza más de dos tercios de su volumen de negocios en la Unión en Francia. |
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17)

Independientemente de que se tengan en cuenta los volúmenes de negocios de Bouygues y M6 o de Bouygues y Bertelsmann, no cabe duda de que estos superan los umbrales previstos en el artículo 1, apartado 2, letras a) y b). Sin embargo, si se toman en consideración únicamente los volúmenes de negocios de Bouygues y M6, la operación no tendría dimensión de la Unión, dado que Bouygues y M6 realizan más de dos tercios de sus volúmenes de negocios en la Unión en Francia. Si se toman en consideración los volúmenes de negocios de Bouygues y Bertelsmann, la operación tendría dimensión de la Unión, dado que Bertelsmann no realiza más de dos tercios de su volumen de negocios en la Unión en Francia.

| 18) | Así pues, procede determinar el ámbito de las empresas afectadas por la operación. |
| --- | --- |

18)

Así pues, procede determinar el ámbito de las empresas afectadas por la operación.

3.3.   Empresas afectadas por la operación

Empresas afectadas por la operación

| 19) | La ADLC y Bouygues consideran que la nueva entidad estará bajo el control exclusivo de Bouygues (7). En este caso, las empresas afectadas serían Bouygues y M6, y la concentración no tendría dimensión de la Unión. |
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19)

La ADLC y Bouygues consideran que la nueva entidad estará bajo el control exclusivo de Bouygues (7

| 20) | Por el contrario, Iliad sostiene que la nueva entidad estará bajo el control de Bouygues y Bertelsmann (8). En este caso, las empresas afectadas serían Bouygues y Bertelsmann (9), y la concentración tendría dimensión de la Unión. |
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20)

Por el contrario, Iliad sostiene que la nueva entidad estará bajo el control de Bouygues y Bertelsmann (8

9

| 21) | Con el fin de determinar el ámbito de las empresas afectadas por la operación, conviene determinar en primer lugar la naturaleza del control que se ejercerá sobre la nueva entidad. |
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21)

Con el fin de determinar el ámbito de las empresas afectadas por la operación, conviene determinar en primer lugar la naturaleza del control que se ejercerá sobre la nueva entidad.

3.3.1.   Naturaleza del control sobre la nueva entidad

Naturaleza del control sobre la nueva entidad

3.3.1.1.   Introducción sobre la gobernanza de la nueva entidad

Introducción sobre la gobernanza de la nueva entidad

| 22) | Tras la operación, Bouygues poseerá aproximadamente el 30 % del capital de la nueva entidad, mientras que Bertelsmann, a través de RTL, poseerá aproximadamente el 16 % del capital de la nueva entidad. |
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22)

Tras la operación, Bouygues poseerá aproximadamente el 30 % del capital de la nueva entidad, mientras que Bertelsmann, a través de RTL, poseerá aproximadamente el 16 % del capital de la nueva entidad.

| 23) | Por lo que se refiere a la junta general de la nueva entidad («junta general»), el artículo 2.5 del pacto de accionistas establece que Bouygues y Bertelsmann deberán acordar, antes de cualquier junta general, una posición común sobre todos los puntos del orden del día. En caso de desacuerdo, Bertelsmann deberá, en principio, votar en el mismo sentido que Bouygues. |
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23)

Por lo que se refiere a la junta general de la nueva entidad («junta general»), el artículo 2.5 del pacto de accionistas establece que Bouygues y Bertelsmann deberán acordar, antes de cualquier junta general, una posición común sobre todos los puntos del orden del día. En caso de desacuerdo, Bertelsmann deberá, en principio, votar en el mismo sentido que Bouygues.

| 24) | El consejo de administración de la nueva entidad («consejo de administración») estará formado por doce miembros. Bouygues podrá nombrar a cuatro miembros, incluido el presidente/director general («director ejecutivo») del consejo de administración (10), y proponer a dos miembros independientes. Bertelsmann podrá nombrar a dos directores, incluido el vicepresidente del consejo de administración, y proponer a [número de miembros independientes propuestos por Bertelsmann]. De conformidad con el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas, las decisiones en el consejo de administración se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. En caso de paridad, el director ejecutivo dispondrá de un voto de calidad. El artículo 2.1.2 del pacto de accionistas dispone que Bouygues y Bertelsmann deberán acordar una posición común sobre todos los puntos del orden del día del consejo de administración. En caso de desacuerdo, Bertelsmann deberá, en principio, votar en el mismo sentido que Bouygues. |
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24)

El consejo de administración de la nueva entidad («consejo de administración») estará formado por doce miembros. Bouygues podrá nombrar a cuatro miembros, incluido el presidente/director general («director ejecutivo») del consejo de administración (10

3.3.1.2.   Alegaciones de Iliad

Alegaciones de Iliad

| 25) | Iliad sostiene que la nueva entidad estará bajo el control conjunto de Bouygues y Bertelsmann. |
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25)

Iliad sostiene que la nueva entidad estará bajo el control conjunto de Bouygues y Bertelsmann.

| 26) | En apoyo de su posición, Iliad afirma, en primer lugar, que la estructura de la operación prevista por Bouygues y Bertelsmann permite concluir que ambas empresas controlarán conjuntamente la nueva entidad. Iliad señala al respecto que, tras la celebración de la operación, Bertelsmann (a través de RTL) poseerá el 16 % del capital de la nueva entidad. Por lo tanto, Bertelsmann será el segundo accionista de la nueva entidad. |
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26)

En apoyo de su posición, Iliad afirma, en primer lugar, que la estructura de la operación prevista por Bouygues y Bertelsmann permite concluir que ambas empresas controlarán conjuntamente la nueva entidad. Iliad señala al respecto que, tras la celebración de la operación, Bertelsmann (a través de RTL) poseerá el 16 % del capital de la nueva entidad. Por lo tanto, Bertelsmann será el segundo accionista de la nueva entidad.

| 27) | Así pues, Iliad afirma que Bertelsmann será un interlocutor clave en el accionariado de la nueva entidad, sobre todo debido a la experiencia de RTL en el sector audiovisual. En particular, de una entrevista a Thomas Rabe, director general de Bertelsmann, y Olivier Roussat, director general de Bouygues, se desprende que Bouygues y Bertelsmann se consideran socios a largo plazo, con una visión común de los mercados (11). Estas declaraciones se retomaron en una presentación a los inversores en la que TF1 y M6 afirmaron que RTL seguiría siendo un accionista estratégico a largo plazo (12). Por otra parte, Iliad subraya que, en la medida en que ni Bouygues ni RTL disponen, individualmente, de derechos de voto suficientes para tener mayoría en las juntas generales, solo un ejercicio conjunto de sus derechos de voto podría conferirles tal mayoría (13). |
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27)

Así pues, Iliad afirma que Bertelsmann será un interlocutor clave en el accionariado de la nueva entidad, sobre todo debido a la experiencia de RTL en el sector audiovisual. En particular, de una entrevista a Thomas Rabe, director general de Bertelsmann, y Olivier Roussat, director general de Bouygues, se desprende que Bouygues y Bertelsmann se consideran socios a largo plazo, con una visión común de los mercados (11

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| 28) | En segundo lugar, Iliad considera que Bouygues y RTL actuarán formando una asociación estratégica en el marco de una acción concertada. Una acción concertada, a tenor del artículo L.233-10 del Código Mercantil francés, se define como el acuerdo celebrado por personas «para adquirir, ceder o ejercer derechos de voto, para aplicar una política común respecto de la sociedad o para obtener el control de dicha sociedad». La existencia de tal acción es, por otra parte, un indicio tenido en cuenta por la ADLC en la apreciación de la naturaleza del control ejercido por una o varias empresas sobre otra (14). |
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28)

En segundo lugar, Iliad considera que Bouygues y RTL actuarán formando una asociación estratégica en el marco de una acción concertada. Una acción concertada, a tenor del artículo L.233-10 del Código Mercantil francés, se define como el acuerdo celebrado por personas «para adquirir, ceder o ejercer derechos de voto, para aplicar una política común respecto de la sociedad o para obtener el control de dicha sociedad». La existencia de tal acción es, por otra parte, un indicio tenido en cuenta por la ADLC en la apreciación de la naturaleza del control ejercido por una o varias empresas sobre otra (14

| 29) | En tercer lugar, Iliad considera que Bertelsmann tendrá especial representación en el consejo de administración (15). Iliad señala sobre todo que el primer director ejecutivo de la nueva entidad será Nicolas de Tavernost, actual presidente de M6. Iliad señala asimismo que el número de consejeros concedidos a Bouygues (cuatro) y a Bertelsmann (tres) individualmente no permite a Bouygues o Bertelsmann actuar por separado (16). |
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29)

En tercer lugar, Iliad considera que Bertelsmann tendrá especial representación en el consejo de administración (15

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| 30) | Por último, Iliad afirma que Bouygues y Bertelsmann han definido una estrategia común, tal y como se recoge en los comunicados de prensa y presentaciones a los inversores (17). |
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30)

Por último, Iliad afirma que Bouygues y Bertelsmann han definido una estrategia común, tal y como se recoge en los comunicados de prensa y presentaciones a los inversores (17

3.3.1.3.   Alegaciones de la ADLC y de Bouygues

Alegaciones de la ADLC y de Bouygues

| 31) | La ADLC y Bouygues consideran que la operación está estructurada de manera que garantice a Bouygues el control exclusivo sobre la nueva entidad (18). |
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31)

La ADLC y Bouygues consideran que la operación está estructurada de manera que garantice a Bouygues el control exclusivo sobre la nueva entidad (18

| 32) | Por lo que se refiere a la junta general, Bouygues señala que, en aplicación del artículo 2.5 del pacto de accionistas, Bouygues y Bertelsmann deberán consultarse antes de cualquier junta general a fin de intentar definir una posición común sobre cada votación futura. En caso de desacuerdo entre Bouygues y Bertelsmann, la posición propuesta por Bouygues prevalecerá y Bertelsmann tendrá que votar obligatoriamente en el sentido de las decisiones adoptadas por Bouygues (19). Un análisis de los porcentajes históricos de participación en las juntas generales de TF1 y M6 permite concluir que los derechos de voto acumulados de Bouygues y Bertelsmann darán a estas empresas una mayoría de hecho en las juntas generales. |
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32)

Por lo que se refiere a la junta general, Bouygues señala que, en aplicación del artículo 2.5 del pacto de accionistas, Bouygues y Bertelsmann deberán consultarse antes de cualquier junta general a fin de intentar definir una posición común sobre cada votación futura. En caso de desacuerdo entre Bouygues y Bertelsmann, la posición propuesta por Bouygues prevalecerá y Bertelsmann tendrá que votar obligatoriamente en el sentido de las decisiones adoptadas por Bouygues (19

| 33) | Por lo que se refiere al consejo de administración, Bouygues señala que el artículo 2.1.1 del pacto de accionistas prevé que el consejo de administración de la nueva entidad estará formado por doce miembros, la mitad de los cuales serán nombrados por Bouygues, incluido su presidente, que dispone de un voto de calidad (20). |
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33)

Por lo que se refiere al consejo de administración, Bouygues señala que el artículo 2.1.1 del pacto de accionistas prevé que el consejo de administración de la nueva entidad estará formado por doce miembros, la mitad de los cuales serán nombrados por Bouygues, incluido su presidente, que dispone de un voto de calidad (20

| 34) | De manera análoga a la preparación de las juntas generales, Bouygues indica que el pacto de accionistas impone un período de concertación entre Bouygues y Bertelsmann antes de cualquier reunión del consejo de administración (21). En caso de desacuerdo entre Bouygues y Bertelsmann, la posición propuesta por Bouygues prevalecerá y Bertelsmann tendrá que votar obligatoriamente en el sentido de las decisiones adoptadas por Bouygues (22). Bertelsmann solo podrá desviarse de la posición de Bouygues en casos excepcionales. En particular, el artículo 2.1.2 del pacto de accionistas establece que Bertelsmann no estará obligada a seguir la posición de Bouygues si Bertelsmann o uno de sus representantes en el consejo de administración considera que la decisión sería ilegal o contraria al interés social de la nueva entidad (23). Además, el artículo 2.1.4 enumera temas sobre los que Bertelsmann no tendrá la obligación de votar en el mismo sentido que Bouygues, pero esto solo debería referirse a decisiones excepcionales que puedan afectar al valor de la nueva entidad (24). |
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34)

De manera análoga a la preparación de las juntas generales, Bouygues indica que el pacto de accionistas impone un período de concertación entre Bouygues y Bertelsmann antes de cualquier reunión del consejo de administración (21

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23

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| 35) | Por último, Bouygues afirma que controlará todas las decisiones estratégicas de la nueva entidad, incluidos su plan de negocio y el presupuesto, sus inversiones y el nombramiento de sus directivos. A este respecto, Bouygues subraya que los elementos de hecho en los que se basa Iliad para concluir que existe una estrategia común entre Bouygues y Bertelsmann no son más que comunicados de prensa que no exponen el contenido completo de los acuerdos y del pacto de accionistas (25). |
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35)

Por último, Bouygues afirma que controlará todas las decisiones estratégicas de la nueva entidad, incluidos su plan de negocio y el presupuesto, sus inversiones y el nombramiento de sus directivos. A este respecto, Bouygues subraya que los elementos de hecho en los que se basa Iliad para concluir que existe una estrategia común entre Bouygues y Bertelsmann no son más que comunicados de prensa que no exponen el contenido completo de los acuerdos y del pacto de accionistas (25

3.3.1.4.   Apreciación de la Comisión

Apreciación de la Comisión

A)   Contexto jurídico

| 36) | La Comunicación consolidada sobre competencia establece que existe control conjunto cuando dos o más empresas o personas tienen la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre otra empresa. Por influencia decisiva se suele entender normalmente la capacidad de bloquear las decisiones que determinan la estrategia competitiva de una empresa. Por lo tanto, las empresas que adquieran el control conjunto de otra empresa deberán ponerse de acuerdo sobre la política comercial de la empresa en participación y colaborar (26). |
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36)

La Comunicación consolidada sobre competencia establece que existe control conjunto cuando dos o más empresas o personas tienen la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre otra empresa. Por influencia decisiva se suele entender normalmente la capacidad de bloquear las decisiones que determinan la estrategia competitiva de una empresa. Por lo tanto, las empresas que adquieran el control conjunto de otra empresa deberán ponerse de acuerdo sobre la política comercial de la empresa en participación y colaborar (26

| 37) | La Comisión utiliza varios criterios para determinar la existencia de un control conjunto. |
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37)

La Comisión utiliza varios criterios para determinar la existencia de un control conjunto.

| 38) | Aunque pueda existir control conjunto cuando dos sociedades matrices se encuentren en situación de paridad de derechos de voto y de representación en los órganos decisorios, la Comisión considera que ello no es una condición necesaria. Por lo tanto, también puede haber control conjunto si no existe tal paridad. Este es el caso, en particular, cuando los accionistas minoritarios disfrutan de derechos adicionales, tales como el derecho de veto sobre las decisiones estratégicas de la nueva entidad (27). Los derechos de veto que confieren el control conjunto se refieren habitualmente a decisiones sobre cuestiones tales como el presupuesto, el plan de negocios, las grandes inversiones o el nombramiento de los altos directivos. |
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38)

Aunque pueda existir control conjunto cuando dos sociedades matrices se encuentren en situación de paridad de derechos de voto y de representación en los órganos decisorios, la Comisión considera que ello no es una condición necesaria. Por lo tanto, también puede haber control conjunto si no existe tal paridad. Este es el caso, en particular, cuando los accionistas minoritarios disfrutan de derechos adicionales, tales como el derecho de veto sobre las decisiones estratégicas de la nueva entidad (27

| 39) | Por otra parte, la Comisión considera que el ejercicio conjunto de los derechos de voto puede dar lugar a un control conjunto. Así pues, aun cuando no existan derechos de veto específicos, dos o más empresas que adquieran participaciones minoritarias de otra empresa podrán adquirir el control conjunto (28). Puede ser el caso cuando la suma de participaciones minoritarias constituya el medio de controlar la empresa en cuestión. Esta acción concertada puede derivarse de un acuerdo jurídicamente vinculante o puede demostrarse sobre la base de circunstancias de hecho, sobre todo cuando existan importantes intereses comunes (29). |
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39)

Por otra parte, la Comisión considera que el ejercicio conjunto de los derechos de voto puede dar lugar a un control conjunto. Así pues, aun cuando no existan derechos de veto específicos, dos o más empresas que adquieran participaciones minoritarias de otra empresa podrán adquirir el control conjunto (28

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| 40) | Por último, la Comisión tiene en cuenta otros elementos, por ejemplo, la existencia de un voto de calidad (30). Para que exista control conjunto, no puede concederse un voto de calidad a una sola de las sociedades matrices, ya que esto llevaría al control exclusivo de la empresa que goce de dicho voto (31). No obstante, sí puede existir dicho control si el voto de calidad tiene relevancia y efectividad limitadas en la práctica (32). |
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40)

Por último, la Comisión tiene en cuenta otros elementos, por ejemplo, la existencia de un voto de calidad (30

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B)   Derechos de veto de Bertelsmann en la nueva entidad

| 41) | Como se explica en los apartados (22)-(24) y salvo excepciones, Bertelsmann deberá votar en el sentido de Bouygues tanto en las reuniones del consejo de administración como en las juntas generales. |
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41)

Como se explica en los apartados (22)-(24) y salvo excepciones, Bertelsmann deberá votar en el sentido de Bouygues tanto en las reuniones del consejo de administración como en las juntas generales.

| 42) | Con carácter excepcional, el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas [prevé un mecanismo que permite a Bertelsmann no votar a favor de una propuesta, con carácter excepcional y para determinadas decisiones enumeradas taxativamente] (33). La Comisión considera que el mecanismo de excepción del artículo 2.1.4 del pacto de accionistas es análogo al derecho de veto de Bertelsmann sobre estas cuestiones. [Datos sobre el funcionamiento del pacto de accionistas]. Así pues, Bertelsmann tendrá derecho de veto sobre las cuestiones enumeradas en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas. |
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42)

Con carácter excepcional, el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas [prevé un mecanismo que permite a Bertelsmann no votar a favor de una propuesta, con carácter excepcional y para determinadas decisiones enumeradas taxativamente] (33

| 43) | En primer lugar, el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas enumera una lista de materias en las que Bertelsmann tendrá derecho de veto con carácter excepcional. Esto se refiere, en particular, a la modificación de los estatutos, la sustitución de los auditores, los cambios en la política de reparto de dividendos, los cambios en las normas de gobernanza, las ampliaciones de capital, los aumentos importantes de la deuda y la realización por la nueva entidad de cualquier actividad nueva que no esté contemplada en su objeto social. Por lo que se refiere a estos derechos de veto, la Comisión observa que, de conformidad con el apartado 66 de la Comunicación consolidada sobre competencia, estas materias no afectan a las decisiones estratégicas de la nueva entidad. En efecto, el derecho de veto sobre esas cuestiones relativas a la propia vida de la nueva entidad no puede, como tal, conferir a Bertelsmann control conjunto sobre la nueva entidad. Esos derechos de veto corresponden más bien a los concedidos normalmente a los accionistas minoritarios para proteger sus intereses financieros como inversores en la empresa en participación. |
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43)

En primer lugar, el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas enumera una lista de materias en las que Bertelsmann tendrá derecho de veto con carácter excepcional. Esto se refiere, en particular, a la modificación de los estatutos, la sustitución de los auditores, los cambios en la política de reparto de dividendos, los cambios en las normas de gobernanza, las ampliaciones de capital, los aumentos importantes de la deuda y la realización por la nueva entidad de cualquier actividad nueva que no esté contemplada en su objeto social. Por lo que se refiere a estos derechos de veto, la Comisión observa que, de conformidad con el apartado 66 de la Comunicación consolidada sobre competencia, estas materias no afectan a las decisiones estratégicas de la nueva entidad. En efecto, el derecho de veto sobre esas cuestiones relativas a la propia vida de la nueva entidad no puede, como tal, conferir a Bertelsmann control conjunto sobre la nueva entidad. Esos derechos de veto corresponden más bien a los concedidos normalmente a los accionistas minoritarios para proteger sus intereses financieros como inversores en la empresa en participación.

| 44) | El artículo 2.1.4 del pacto de accionistas concede también a Bertelsmann derechos de veto en relación con determinados tipos de inversiones. Concretamente, Bertelsmann conservará el derecho a no seguir la propuesta de Bouygues sobre i) toda inversión, venta o adquisición de títulos, actividades o activos por un importe superior a [importe del umbral] EUR por operación, ii) las adquisiciones de derechos sobre contenidos audiovisuales por un importe superior a [importe del umbral] EUR por operación y año, iii) los contratos de distribución por un importe superior al [importe del umbral] EUR por operación y año, iv) la creación de cualquier empresa en participación o asociación o cualquier otra garantía cada una por un importe anual de [importe del umbral] EUR, y v) cualquier incoación de un litigio por un importe superior a [importe del umbral] EUR. A este respecto, la Comisión observa que los umbrales establecidos en el pacto de accionistas superan el valor de casi todas las inversiones autorizadas por TF1 en los diez últimos años (y la totalidad de las inversiones realizadas por M6) (34). Por tanto, no pueden conferir a Bertelsmann un veto sobre el desarrollo normal de los negocios de la nueva entidad. Habida cuenta de la importancia de los importes así fijados, estos derechos de veto corresponden más bien a derechos ordinarios de protección de los accionistas minoritarios. |
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44)

El artículo 2.1.4 del pacto de accionistas concede también a Bertelsmann derechos de veto en relación con determinados tipos de inversiones. Concretamente, Bertelsmann conservará el derecho a no seguir la propuesta de Bouygues sobre i) toda inversión, venta o adquisición de títulos, actividades o activos por un importe superior a [importe del umbral] EUR por operación, ii) las adquisiciones de derechos sobre contenidos audiovisuales por un importe superior a [importe del umbral] EUR por operación y año, iii) los contratos de distribución por un importe superior al [importe del umbral] EUR por operación y año, iv) la creación de cualquier empresa en participación o asociación o cualquier otra garantía cada una por un importe anual de [importe del umbral] EUR, y v) cualquier incoación de un litigio por un importe superior a [importe del umbral] EUR. A este respecto, la Comisión observa que los umbrales establecidos en el pacto de accionistas superan el valor de casi todas las inversiones autorizadas por TF1 en los diez últimos años (y la totalidad de las inversiones realizadas por M6) (34

| 45) | Por tanto, habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido a los derechos de veto establecidos en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas. |
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45)

Por tanto, habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido a los derechos de veto establecidos en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas.

| 46) | El primer director ejecutivo de la nueva entidad será nombrado por Bouygues y Bertelsmann (35). Será uno de los cuatro miembros del consejo de administración nombrados por Bouygues. Durante el período de conservación (36), Bouygues podrá, tras mantener conversaciones con Bertelsmann, pero sin que Bertelsmann tenga derecho de veto sobre la decisión final, destituir al director general de la nueva entidad. Por lo que se refiere al nombramiento de los futuros directores generales, Bouygues deberá proponer una lista de [...] candidatos [...] y Bertelsmann podrá vetar a uno de los candidatos (37). Por lo tanto, Bouygues tendrá la última palabra sobre la elección [del director ejecutivo] a menos que Bertelsmann considere que existen serias dudas en cuanto a la ética del candidato (38). [...] (39). De ello se desprende que, tanto durante el período de conservación como después de este, Bouygues tendrá la última palabra sobre el nombramiento y la dimisión del director ejecutivo de la nueva entidad. En efecto, Bertelsmann solo tendrá derecho de veto sobre [...] y sobre el nombramiento de un candidato sobre cuya ética Bertelsmann albergue serias dudas. En cambio, Bertelsmann no tendrá derecho de veto sobre la dimisión del director ejecutivo. Así pues, los derechos de veto de Bertelsmann en el proceso de nombramiento del director ejecutivo de la nueva entidad se asemejan a un derecho de consulta, compatible con la voluntad de protección ordinaria de los accionistas minoritarios. La Comisión observa, por otra parte, que Bouygues podrá destituir sin demora al primer director ejecutivo de la nueva entidad. |
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46)

El primer director ejecutivo de la nueva entidad será nombrado por Bouygues y Bertelsmann (35

36

37

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| 47) | Así pues, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido a su participación en el nombramiento y la destitución del director general de la nueva entidad. |
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47)

Así pues, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido a su participación en el nombramiento y la destitución del director general de la nueva entidad.

| 48) | Por lo que se refiere al plan de negocio y al presupuesto, la Comisión observa que el artículo 2.2.1 del pacto de accionistas crea un comité de auditoría encargado de la preparación del presupuesto y del plan de negocio, formado por un miembro del consejo de administración nombrado por Bouygues y un miembro del consejo de administración nombrado por Bertelsmann (40). [Bouygues y Bertelsmann acordarán el primer plan de negocio] (41). Por otra parte, los planes de negocio futuros, a los que Bertelsmann solo podrá oponerse si considera que son contrarios al interés de la nueva entidad (42), deberán respetar los objetivos de ingresos, sinergias e inversiones [...] sobre los que Bouygues y Bertelsmann se hayan puesto de acuerdo (43). Así pues, [en relación con los planes de negocio futuros, debido a su preponderancia en el consejo de administración, Bouygues podrá imponer el sentido de su voto en el consejo de administración] (44). Ahora bien, estos planes de negocio y presupuestos futuros constituyen decisiones estratégicas de la nueva entidad. |
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48)

Por lo que se refiere al plan de negocio y al presupuesto, la Comisión observa que el artículo 2.2.1 del pacto de accionistas crea un comité de auditoría encargado de la preparación del presupuesto y del plan de negocio, formado por un miembro del consejo de administración nombrado por Bouygues y un miembro del consejo de administración nombrado por Bertelsmann (40

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42

43

44

| 49) | Así pues, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido al mecanismo de negociación y adopción de los futuros planes de negocio y presupuestos de la nueva entidad. |
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49)

Así pues, la Comisión considera que Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad debido al mecanismo de negociación y adopción de los futuros planes de negocio y presupuestos de la nueva entidad.

| 50) | Por consiguiente, la Comisión observa que Bertelsmann no goza de ningún derecho que le permita vetar las decisiones estratégicas de la nueva entidad. |
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50)

Por consiguiente, la Comisión observa que Bertelsmann no goza de ningún derecho que le permita vetar las decisiones estratégicas de la nueva entidad.

C)   Ejercicio común de los derechos de voto

| 51) | Por lo que se refiere a las juntas generales, salvo en los temas reservados a los que se hace referencia en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (examinados en los apartados(43)-(45)), Bertelsmann no podrá oponerse a una posición de Bouygues. |
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51)

Por lo que se refiere a las juntas generales, salvo en los temas reservados a los que se hace referencia en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (examinados en los apartados(43)-(45)), Bertelsmann no podrá oponerse a una posición de Bouygues.

| 52) | No obstante, en el seno del consejo de administración, además de en los temas reservados enunciados en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas y el nombramiento del director ejecutivo de la nueva entidad (examinados en los apartados (43)-(47)), Bertelsmann tendrá derecho a oponerse a cualquier decisión que considere ilegal o contraria al interés social de la nueva entidad (artículo 2.1.2 del pacto de accionistas). |
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52)

No obstante, en el seno del consejo de administración, además de en los temas reservados enunciados en el artículo 2.1.4 del pacto de accionistas y el nombramiento del director ejecutivo de la nueva entidad (examinados en los apartados (43)-(47)), Bertelsmann tendrá derecho a oponerse a cualquier decisión que considere ilegal o contraria al interés social de la nueva entidad (artículo 2.1.2 del pacto de accionistas).

| 53) | El concepto de interés social no está sujeto a condiciones particulares. No obstante, como señala Bouygues, i) la excepción prevista en el artículo 2.1.2 del pacto de accionistas es consuetudinaria y no es específica del sector audiovisual, ii) y solo está destinada a aplicarse en situaciones extremas, iii) puesto que su objetivo es evitar que se vea comprometida la responsabilidad civil o penal de los miembros nombrados por Bertelsmann (45). En este sentido, la Comisión observa que el ámbito de aplicación de la excepción es limitado. |
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53)

El concepto de interés social no está sujeto a condiciones particulares. No obstante, como señala Bouygues, i) la excepción prevista en el artículo 2.1.2 del pacto de accionistas es consuetudinaria y no es específica del sector audiovisual, ii) y solo está destinada a aplicarse en situaciones extremas, iii) puesto que su objetivo es evitar que se vea comprometida la responsabilidad civil o penal de los miembros nombrados por Bertelsmann (45

| 54) | De ello se deduce que Bertelsmann no tendrá la posibilidad de ejercer de iure una influencia decisiva sobre la nueva entidad en virtud de las cláusulas del pacto de accionistas. No obstante, debe evaluarse si el ejercicio conjunto de los derechos de voto también puede existir de facto. |
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54)

De ello se deduce que Bertelsmann no tendrá la posibilidad de ejercer de iure

de facto

| 55) | En primer lugar, Bertelsmann posee conocimientos técnicos en el sector audiovisual que van más allá de las actividades de la nueva entidad. Además, aunque Bertelsmann no pueda imponer su posición, Bouygues y Bertelsmann deberán concertarse para intentar llegar a un acuerdo sobre una posición común de votación antes de cada reunión del consejo de administración o junta general de la nueva entidad. En este sentido, no puede excluirse que Bouygues y Bertelsmann actúen como una única entidad en los órganos decisorios de la nueva entidad. Además, el futuro director ejecutivo de la nueva entidad seguirá desempeñando varias funciones en Bertelsmann (46). |
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55)

En primer lugar, Bertelsmann posee conocimientos técnicos en el sector audiovisual que van más allá de las actividades de la nueva entidad. Además, aunque Bertelsmann no pueda imponer su posición, Bouygues y Bertelsmann deberán concertarse para intentar llegar a un acuerdo sobre una posición común de votación antes de cada reunión del consejo de administración o junta general de la nueva entidad. En este sentido, no puede excluirse que Bouygues y Bertelsmann actúen como una única entidad en los órganos decisorios de la nueva entidad. Además, el futuro director ejecutivo de la nueva entidad seguirá desempeñando varias funciones en Bertelsmann (46

| 56) | Sin embargo, Bouygues dispone de sus propios conocimientos técnicos en el sector audiovisual y no dependerá en modo alguno de Bertelsmann a este respecto. Además, Bertelsmann no mantendrá relaciones comerciales importantes con la nueva entidad (47). Por último, Bouygues conservará el derecho a destituir al director ejecutivo de la nueva entidad sin que Bertelsmann pueda oponerse a ello. |
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56)

Sin embargo, Bouygues dispone de sus propios conocimientos técnicos en el sector audiovisual y no dependerá en modo alguno de Bertelsmann a este respecto. Además, Bertelsmann no mantendrá relaciones comerciales importantes con la nueva entidad (47

| 57) | De ello se desprende que ningún elemento permite fundamentar la existencia de un fuerte interés común entre Bouygues y Bertelsmann. |
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57)

De ello se desprende que ningún elemento permite fundamentar la existencia de un fuerte interés común entre Bouygues y Bertelsmann.

| 58) | A falta de tal interés, la Comisión cree que la posibilidad de que se produzcan cambios en las coaliciones entre accionistas minoritarios lleva a descartar la hipótesis de que exista un control conjunto de facto. Ahora bien, en el caso de autos, es posible que, tanto en el consejo de administración como en la junta general, Bouygues pueda aliarse con otros accionistas minoritarios en aquellos temas en los que Bertelsmann pueda tener interés en votar en sentido contrario al de Bouygues. |
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58)

A falta de tal interés, la Comisión cree que la posibilidad de que se produzcan cambios en las coaliciones entre accionistas minoritarios lleva a descartar la hipótesis de que exista un control conjunto de facto

| 59) | Por otra parte, la Comisión observa que, en caso de desacuerdo entre Bouygues y Bertelsmann, Bertelsmann solo estará obligada a conservar sus participaciones durante un período de conservación de [duración del período de conservación]. Al término de este período, Bertelsmann podrá vender sus acciones concediendo un derecho de adquisición preferente a Bouygues por [importe de las participaciones] de las participaciones. El resto de las participaciones podrá venderse libremente [siempre que la elección del comprador no plantee problemas en materia de competencia]. Así pues, en caso de desacuerdo, la Comisión considera que la perennidad de la nueva entidad no se vería afectada. |
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59)

Por otra parte, la Comisión observa que, en caso de desacuerdo entre Bouygues y Bertelsmann, Bertelsmann solo estará obligada a conservar sus participaciones durante un período de conservación de [duración del período de conservación]. Al término de este período, Bertelsmann podrá vender sus acciones concediendo un derecho de adquisición preferente a Bouygues por [importe de las participaciones] de las participaciones. El resto de las participaciones podrá venderse libremente [siempre que la elección del comprador no plantee problemas en materia de competencia]. Así pues, en caso de desacuerdo, la Comisión considera que la perennidad de la nueva entidad no se vería afectada.

| 60) | En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que los acuerdos y el pacto de accionistas no dan lugar a un ejercicio conjunto de los derechos de voto de facto. |
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60)

En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que los acuerdos y el pacto de accionistas no dan lugar a un ejercicio conjunto de los derechos de voto de facto

D)   Existencia de un voto de calidad

| 61) | En cualquier caso, el apartado 82 de la Comunicación consolidada sobre competencia establece que, para que exista control conjunto, no podrá concederse un voto de calidad a una sola de las sociedades matrices, ya que esto daría lugar al control exclusivo de la empresa que goce del voto de calidad. |
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61)

En cualquier caso, el apartado 82 de la Comunicación consolidada sobre competencia establece que, para que exista control conjunto, no podrá concederse un voto de calidad a una sola de las sociedades matrices, ya que esto daría lugar al control exclusivo de la empresa que goce del voto de calidad.

| 62) | En el presente caso, Bouygues controlará la mitad del consejo de administración, incluido el director ejecutivo, que tendrá un voto de calidad (48). En este sentido, el voto de Bertelsmann no parece necesario para que se adopte una posición de Bouygues en el seno del consejo de administración, a menos que se trate de asuntos reservados a tenor del artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (sobre los que no existe agrupación de votos). Igualmente, en el seno de la junta general, Bertelsmann solo podrá oponerse a la posición de Bouygues sobre los asuntos reservados en el sentido del artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (sobre los que no existe agrupación de votos). |
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62)

En el presente caso, Bouygues controlará la mitad del consejo de administración, incluido el director ejecutivo, que tendrá un voto de calidad (48

| 63) | Por lo tanto, debido al voto de calidad de Bouygues, Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad. |
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63)

Por lo tanto, debido al voto de calidad de Bouygues, Bertelsmann no ejercerá un control conjunto sobre la nueva entidad.

E)   Control exclusivo de la nueva entidad

| 64) | Como se ha demostrado anteriormente, la Comisión observa que Bouygues tendrá la facultad de nombrar a la mitad del consejo de administración de la nueva entidad. Debido a las disposiciones del Código Mercantil francés (49), el director ejecutivo de la nueva entidad, que será nombrado por Bouygues, tendrá un voto de calidad en caso de empate. En este sentido, Bouygues podrá imponer sus decisiones al consejo de administración de la nueva entidad. La Comisión observa que estos derechos confieren a Bouygues un control exclusivo de derecho sobre la nueva entidad. |
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64)

Como se ha demostrado anteriormente, la Comisión observa que Bouygues tendrá la facultad de nombrar a la mitad del consejo de administración de la nueva entidad. Debido a las disposiciones del Código Mercantil francés (49

| 65) | Además, según lo dispuesto en el artículo 2.5 del pacto de accionistas y salvo en los asuntos reservados a tenor del artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (que no pueden conferir un control conjunto), Bertelsmann deberá votar en el sentido de Bouygues en las juntas generales. En este sentido, Bouygues controlará de hecho alrededor del 46 % de los derechos de voto en la junta general de la nueva entidad. Según las estadísticas consolidadas históricas presentadas por Bouygues, esto representa más de la mitad de los derechos de voto efectivamente representados en las juntas generales (50). Por ello, la Comisión observa que Bouygues también ejercerá un control exclusivo de hecho sobre la nueva entidad. El cuadro siguiente recoge los datos históricos consolidados de participación en las juntas generales de TF1 y M6 desde 2019.

  Cuadro 1


  Datos históricos consolidados de participación de TF1 y M6









  Año | Porcentajes de participación consolidados | Porcentaje estimado de tenencia del capital por Bouygues | Porcentaje de participación de Bouygues con respecto al total de votos consolidados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | [...] % | 46  % | [Más de la mitad] % |
| 2020 | [...] % | 46  % | [Más de la mitad] % |
| 2019 | [...] % | 46  % | [Más de la mitad] % |

65)

Además, según lo dispuesto en el artículo 2.5 del pacto de accionistas y salvo en los asuntos reservados a tenor del artículo 2.1.4 del pacto de accionistas (que no pueden conferir un control conjunto), Bertelsmann deberá votar en el sentido de Bouygues en las juntas generales. En este sentido, Bouygues controlará de hecho alrededor del 46 % de los derechos de voto en la junta general de la nueva entidad. Según las estadísticas consolidadas históricas presentadas por Bouygues, esto representa más de la mitad de los derechos de voto efectivamente representados en las juntas generales (50

Cuadro 1

Cuadro 1

Datos históricos consolidados de participación de TF1 y M6

Datos históricos consolidados de participación de TF1 y M6

Año

Porcentajes de participación consolidados

Porcentaje estimado de tenencia del capital por Bouygues

Porcentaje de participación de Bouygues con respecto al total de votos consolidados

2021

[...] %

46  %

[Más de la mitad] %

2020

[...] %

46  %

[Más de la mitad] %

2019

[...] %

46  %

[Más de la mitad] %

Fuente: Respuesta de Bouygues a la solicitud de información RFI 2, pregunta 3

| 66) | Así pues, la Comisión considera que Bouygues tendrá el control exclusivo de la nueva entidad, tanto de derecho como de hecho. |
| --- | --- |

66)

Así pues, la Comisión considera que Bouygues tendrá el control exclusivo de la nueva entidad, tanto de derecho como de hecho.

F)   Conclusión relativa a la naturaleza del control sobre la nueva entidad

| 67) | Por las razones expuestas, la Comisión considera que la nueva entidad estará bajo el control exclusivo de Bouygues. |
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67)

Por las razones expuestas, la Comisión considera que la nueva entidad estará bajo el control exclusivo de Bouygues.

3.3.2.   Conclusión sobre las empresas afectadas por la operación

Conclusión sobre las empresas afectadas por la operación

| 68) | La Comisión considera que, debido a la naturaleza exclusiva del control de Bouygues sobre la nueva entidad, las empresas afectadas por la operación son Bouygues (incluida TF1) como empresa adquirente y M6 como empresa objetivo. |
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68)

La Comisión considera que, debido a la naturaleza exclusiva del control de Bouygues sobre la nueva entidad, las empresas afectadas por la operación son Bouygues (incluida TF1) como empresa adquirente y M6 como empresa objetivo.

3.4.   Conclusión sobre la dimensión de la Unión de la operación

Conclusión sobre la dimensión de la Unión de la operación

| 69) | Dado que tanto Bouygues como M6 realizan más de dos tercios de su volumen de negocios en Francia, la Comisión considera que la operación no constituye una concentración con dimensión de la Unión. |
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69)

Dado que tanto Bouygues como M6 realizan más de dos tercios de su volumen de negocios en Francia, la Comisión considera que la operación no constituye una concentración con dimensión de la Unión.

4.   CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

| 70) | La Comisión no tiene competencias para evaluar la operación. |
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70)

La Comisión no tiene competencias para evaluar la operación.

| 71) | La presente Decisión se notificará a Iliad y se publicará en el Diario Oficial, sin ningún dato confidencial ni secreto comercial. |
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71)

La presente Decisión se notificará a Iliad y se publicará en el Diario Oficial, sin ningún dato confidencial ni secreto comercial.

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento de concentraciones»). El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), aplicable a partir del 1 de diciembre de 2009, introdujo una serie de cambios, entre ellos la sustitución de los términos «Comunidad» por «Unión» y de «mercado común» por «mercado interior». En toda la presente Decisión se utilizará la terminología del TFUE.

1

(2)  Requerimiento, anexo 1.

2

(3)  El 30 de noviembre de 2021, en respuesta a la solicitud de observaciones de la Comisión («observaciones de Bouygues»), Bouygues informó a la Comisión de que el requerimiento «está firmado por el presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Iliad, que no dispone de poder de representación y, por tanto, no tiene la facultad de actuar en nombre y por cuenta de la sociedad Iliad». Mediante carta de ratificación (a tenor de los artículos 1156, párrafo 3, y 1998, párrafo 2, del Código Civil francés) remitida a la Comisión el 6 de diciembre de 2021, Iliad confirmó que su director general había otorgado un mandato oral al presidente del consejo de administración de Iliad para remitir a la Comisión el requerimiento (véase, en este sentido, la respuesta de Iliad a RFI 1). Así pues, la Comisión considera que Iliad presentó el requerimento de forma válida.

3

(4)  Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia realizada de conformidad con el Reglamento de concentraciones, corregida en el (DO C 43 de 21.2.2009, p. 10), apartado 129 («Comunicación consolidada sobre competencia»).

4

(5)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 134.

5

(6)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 139.

6

(7)  Véase el análisis realizado por la ADLC de la aplicabilidad del Reglamento de concentraciones a la operación, de 30 de noviembre de 2021, p. 7, y las observaciones de Bouygues, p. 10.

7

(8)  Requerimiento, pp. 1-3.

8

(9)  También abarca a M6.

9

(10)  El primer director ejecutivo de la nueva entidad será Nicolas de Tavernost, actual presidente de M6.

10

(11)  Requerimiento, anexo 2, apartado 7.

11

(12)  Requerimiento, anexo 2, apartado 8.

12

(13)  Requerimiento, anexo 2, apartados 10-12.

13

(14)  Requerimiento, anexo 2, apartados 16-20.

14

(15)  Requerimiento, anexo 2, apartados 22-23.

15

(16)  Requerimiento, anexo 2, apartados 24-26.

16

(17)  Requerimiento, anexo 2, apartados 27-33.

17

(18)  Véase el análisis realizado por la ADLC de la aplicabilidad del Reglamento de concentraciones a la operación, de 30 de noviembre de 2021, p. 7, y las observaciones de Bouygues, p. 10.

18

(19)  Observaciones de Bouygues, p. 5.

19

(20)  Observaciones de Bouygues, p. 8.

20

(21)  Observaciones de Bouygues, pp. 5-6.

21

(22)  Observaciones de Bouygues, p. 5.

22

(23)  Observaciones de Bouygues, p. 6.

23

(24)  Observaciones de Bouygues, pp. 6 y 9.

24

(25)  Observaciones de Bouygues, p. 9.

25

(26)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 62.

26

(27)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 65.

27

(28)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 74.

28

(29)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartados 74-76.

29

(30)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 82.

30

(31)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 82.

31

(32)  Comunicación consolidada sobre competencia, apartado 82.

32

(33)  Esta obligación no se extiende a los miembros independientes propuestos por Bouygues y Bertelsmann.

33

(34)  Bouygues confirma que TF1 solo ha superado estos umbrales tres veces desde 2011, y que M6 nunca los ha superado. Por otra parte, en respuesta a la solicitud de información RFI 2, Bouygues confirmó que, cuando procede, consolidar los datos históricos entre los grupos TF1 y M6 no se traduce en ninguna superación adicional de los umbrales definidos en el artículo 2.1.4 (véase RFI 2, respuesta a la pregunta 2 y anexo). Así pues, la Comisión considera que los umbrales son lo suficientemente elevados como para no otorgar a Bertelsmann un derecho de veto sobre las decisiones estratégicas de la nueva entidad.

34

(35)  Pacto de accionistas, artículo 2.3.

35

(36)  El artículo 3.2 del pacto de accionistas establece que, salvo excepciones, Bertelsmann deberá conservar sus participaciones en la nueva entidad durante [un período determinado] («período de conservación»).

36

período de conservación

(37)  Pacto de accionistas, artículo 2.3.

37

(38)  Pacto de accionistas, artículo 2.1.2.

38

(39)  Pacto de accionistas, artículo 2.3.

39

(40)  Pacto de accionistas, artículo 2.2.1.

40

(41)  Pacto de accionistas, artículo 2.2.1. Por otra parte, en su respuesta a la solicitud de información RFI 2, Bouygues confirmó que los acuerdos le ofrecen la posibilidad de modificar a corto plazo el plan de negocio y de revocar el primer presupuesto [véase RFI 2, respuesta a la pregunta 5 b)].

41

(42)  Pacto de accionistas, artículo 2.1.2.

42

(43)  Pacto de accionistas, artículo 2.2.1.

43

(44)  Véase arriba al apartado (62).

44

(45)  Véase RFI 2, respuesta a la pregunta 1.

45

(46)  Requerimiento, anexo 2, apartado 23.

46

(47)  En su respuesta a la solicitud de información RFI 2, Bouygues confirmó que debían cesar las relaciones entre M6 y Bertelsmann dentro del grupo [véase RFI 2, respuesta a la pregunta 4, letra b)]. Bouygues señala, no obstante, que la nueva entidad podría, como cualquier otro operador, abastecerse de las filiales de Bertelsmann en condiciones de mercado.

47

(48)  El Tribunal General de la Unión Europea ya ha considerado que, para aplicar el Reglamento de concentraciones, el carácter independiente de un representante nombrado por un accionista no influye en la capacidad de dicho representante independiente para tener en cuenta los puntos de vista de quien lo nombra (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 23 de febrero de 2006 en el asunto T-282/02 Cementbouw Handel et Industrie / Comisión, apartado 74). A falta de pruebas en contrario, la Comisión considera que los dos miembros independientes del consejo de administración de la nueva entidad nombrados por Bouygues actuarán en el mismo sentido que Bouygues.

48

(49)  Código Mercantil francés, artículo L.225-37.

49

(50)  Véase RFI 2, respuesta a la pregunta 3.

50

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