Número Identificador

SEN2023_________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

AIDA NELLY COLÓN 

PEÑA, ET ALS

Parte Peticionaria

v. 

ROOMS TO GO, INC., 

ET ALS

Parte Recurrida

KLCE202301246

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

Humacao

Caso Núm. 

HU2018CV00078

(Sala 208)

Sobre:

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Rivera Pérez.

Rivera Pérez, Jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2023.

Comparece la parte demandante-peticionaria Sra. Aida Nelly 

Colón Peña, et als. (en adelante, parte peticionaria) mediante un 

recurso de Certiorari y nos solicita la revisión de la Resolución

emitida y notificada el 10 de octubre de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (en adelante, TPI). 

Mediante este dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de la 

Moción en Solicitud de Orden y Conversión de Vista presentada

inicialmente el 24 de octubre de 2022 por la parte demandadarecurrida Rooms to Go, Inc. (en adelante, Rooms to Go) para que se 

excluyeran en el juicio cierta prueba testifical de la parte 

peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari.

I
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El 6 de abril de 2018 la parte peticionaria presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicio en contra de Rooms to Go, et als.

1

En síntesis, la parte peticionaria solicitó una indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del Sr. 

José Arnaldo Rodríguez Dávila. 

Luego de concluido el descubrimiento de prueba y varios 

incidentes procesales, el 24 de octubre de 2022, Rooms to Go

presentó una Moción en Solicitud de Orden y Conversión de Vista.

2

Entre otras cosas, Rooms to Go solicitó la exclusión de los testigos 

Agt. Sergio Ares Perales, Agt. Stephen Lazu, Sr. Velázquez, y Dra. 

Nadya Morales basado en que la parte peticionaria informó 

tardíamente su intención de utilizarlos en el juicio. 

El 14 de febrero de 2023, se celebró la Conferencia con 

Antelación a Juicio, a la cual comparecieron las partes y sus 

respetivos representantes legales.3 En atención a la solicitud 

presentada por Rooms to Go, el TPI le ordenó en corte abierta a la 

parte peticionaria a exponer por escrito dentro de un término de 

veinte (20) días las razones por las cuales entendía que no se debía 

excluir la prueba testifical en cuestión. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de marzo de 2023, la 

parte peticionaria presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

para Mostrar Causa.

4 En su moción, la parte peticionaria se opuso 

a la solicitud de exclusión de prueba alegando principalmente que

estos testigos, así como el resumen de lo que se proponían declarar, 

fueron incluidos en una lista de testigos de las partes en el informe 

inicial5 que se presentó el 19 de octubre de 2019, por lo que no 

fueron informados tardíamente.6

1 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 10-12.

2 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 46-47.

3 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 50-51.

4 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 52-54.

5 Refiriéndose al "Informe para el Manejo del Caso".

6 Entre sus alegaciones, cabe resaltar lo siguiente:
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El 17 de abril de 2023, Rooms to Go presentó una Oposición 

a Moción en Cumplimiento de Orden para Mostrar Causa Presentada 

por Maritza Rodríguez Colón y Pedro Peña Rodríguez.

7 En su moción, 

Rooms to Go sostuvo que estos testigos fueron anunciados

injustificadamente luego de concluido el proceso de descubrimiento 

de prueba, por lo que debían ser excluidos en el juicio. Además, 

alegó que, si bien estos testigos fueron identificados en el informe 

inicial, no fue hasta el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio

que oficialmente se informó que serían utilizados en el juicio.

8

“5. Que la parte co demandante de forma diligente y sin ánimo de 

dilatar los procesos, incluyó los nombres de testigos y resumen de 

sus testimonios que ahora se pretenden suprimir, aun cuando el 

expediente fiscal, de donde surgen los mismos, no estaba 

oficialmente disponible para las partes hasta dos años después. El 

ministerio público finalmente notifica la disponibilidad del 

expediente el 28 de octubre de 2021, luego de varias órdenes de 

este Honorable Tribunal.

[...]

7. Que desde marzo de 2022, la parte co demandada ha pretendido 

suprimir evidencia, partiendo de premisas incorrectas sobre 

alegada indefensión por notificación tardía de testigos y la alegada 

culminación del descubrimiento de prueba, que a la fecha de esta 

moción, no surge de ninguna de las minutas del caso.

[...]

9. Que de igual manera, los planteamientos infundados del co 

demandado de una alegada notificación tardía de testigos, forzaron 

e indujeron el planteamiento sobre la utilización de los testigos 

para efectos de la autenticación del expediente fiscal, el cual ya 

estaba autenticado prima facie bajo la Regla 902(C), Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI.

10. Que posterior a la vista del 27 de octubre de 2022, las partes 

cumplen con la orden del Honorable Tribunal y se reúnen el 8 de 

noviembre de 2022 para "confeccionar" el informe de CAJ. Puesto 

que ya el informe de CAJ estaba integrado, solo restaba la 

estipulación de controversias y prueba. En la referida reunión, es 

cuando la parte co demandada no estipula el contenido del 

expediente fiscal e incluye su objeción a la utilización de testigos 

por su alegada notificación tardía.” (énfasis en el original

suprimido) Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 53-54.

7 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 55-59.

8 Finalmente, Rooms to Go añadió que la parte peticionaria, inicialmente había

indicado que: 

“19. [...] la identificación de estos testigos era únicamente a los 

fines de autenticar documentos ya que nunca se pudo realizar 

reunión entre abogados y la compareciente [Rooms to Go] no había 

autenticado los mismos. Primero que nada, la reunión no se llevó

a cabo ante la falta de diligencia de la parte demandante quien 

tiene el peso de la prueba y la obligación de mover el caso. Dicha 

parte según lo antes señalado nunca promovió la reunión entre 

abogados y no es hasta que se le cursa comunicación escrita que 

envía su parte del informe.

20. Conforme el tracto del caso, luego de la vista que se tuvo que 

convertir ante los incumplimientos de la parte demandante, se 

llevó a cabo tal reunión. Como resultado de la reunión la 

compareciente le expresó que estaba en posición de autenticar los 

documentos que proponía, por ello no sería necesario el proceso de 

presentación de prueba testifical para la autenticación. No empece 
KLCE202301246 4

Finalmente, el 10 de octubre de 2023, el TPI emitió y notificó 

la Resolución recurrida, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

solicitud presentada por Rooms to Go y, en consecuencia, se excluyó 

para el juicio la prueba testifical en cuestión por haberse anunciado 

de forma tardía.

9 En su dictamen, el TPI dispuso, en lo pertinente,

lo siguiente:

“[...] La parte demandante identifica a esos testigos con 

el único propósito de autenticar documentos y no es

hasta el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio 

que oficialmente los identifica como testigos para 

declarar incluye un resumen de lo que sería su 

testimonio. [...]

[...]

Este Tribunal determina que una cosa es identificar a 

potenciales testigos y otra es identificarlos como 

testigos quienes ofrecerán testimonio durante el juicio. 

El permitir los testimonios de dichos testigos sería 

poner a la parte demandada en un estado de 

indefensión y dilatar más el proceso. [...]

[...]

En el presente caso la parte demandante identificó en 

el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio a los 

testigos para declarar e incluyó un resumen de lo que 

sería su testimonio. No obstante, en todo momento 

acordaron con la parte demandada a que esos testigos 

serían utilizados únicamente para autenticar 

documentos. No encontramos justa causa para ordenar 

extender el descubrimiento de prueba. De hecho, el 

permitir incluir a los testigos para otros fines que no 

fueron traídos originalmente tendría el efecto de abrir 

un nuevo descubrimiento prueba dilatando aun más el 

proceso. En estas circunstancias es forzoso inclinar la 

balanza hacia el interés de velar que se garantice la 

pronta solución de las controversias de un caso 

lamentable que todavía no ha tenido a estas alturas su 

día en corte.”

10

Inconforme con la determinación anterior, la parte 

peticionaria acudió ante nos, el 9 de noviembre de 2023, mediante 

ello, la parte demandante en la versión enmendada del informe 

mantuvo tales testigos pero esta vez a los fines de ofrecer 

testimonio sobre los hechos del caso.” Véase, Apéndice del 

Certiorari, págs. 57-58.

9 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 1-9.

10 Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 8-9.
KLCE202301246 5

el presente recurso de Certiorari, en el que señala los errores 

siguientes:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al excluir todos 

los testigos de la codemandante, siendo esa medida la 

más severa y prácticamente privando del debido 

proceso de ley y análoga a la desestimación de la 

demandada.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no favorecer el 

amplio descubrimiento de prueba en un proceso ya 

plagado de paralizaciones, pandemias y órdenes tardías 

del propio tribunal para la producción del expediente 

fiscal que precisamente contiene los testigos esenciales 

para que se ventile el caso en sus méritos.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

la identificación de los testigos del codemandante en el 

informe con antelación a juicio fue de forma sorpresiva, 

aún cuando ya estaban incluidos en el informe inicial 

integrado que contenía la lista de testigos y resumen de 

testimonios.

El 17 de noviembre de 2023, Rooms to Go compareción 

mediante la presentación de un Memorando en Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II

A.

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012). Véase, además, 800 Ponce de León 

v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). En el 

ámbito judicial, el concepto discreción “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho.” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La 

discreción, “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR ___ 
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(2023); 800 Ponce de León v. AIG, supra, a la pág. 174.

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita los 

asuntos interlocutorios que podemos revisar mediante un recurso 

de certiorari, bajo el entendimiento de que estos pueden esperar 

hasta la conclusión del caso para ser revisados en apelación. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. Al respecto, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, dispone específicamente que el 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56 y 57, o de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Íd. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. Íd. 

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración al 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari o de 

una orden de mostrar causa. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
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recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.” Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

B.

En términos generales, el propósito del descubrimiento de 

prueba es: “(1) delimitar las controversias; (2) facilitar la 

consecución de evidencia; (3) evitar las sorpresas en el juicio; (4) 

facilitar la búsqueda de la verdad, y (5) perpetuar la prueba.” Torres 

González v Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46, 211 DPR __ (2023), 

citando a Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 2802, 

págs. 333-334. Es por ello por lo que se ha señalado que el alcance 

del descubrimiento de prueba ha de ser amplio y liberal. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021); 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019); Casasnovas 

et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040, 1054 (2017). Ese alcance 

amplio y liberal propende a que, mediante el buen uso del 

descubrimiento, se aceleren los procedimientos, se propicien las 

transacciones y se eviten las sorpresas indeseables durante el juicio. 

Torres González v Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras II, supra.
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En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 23 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23, establece los parámetros

que regulan el descubrimiento de prueba en los casos civiles. 

Específicamente, el inciso (a) de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 23.1(a), dispone que las partes en litigio podrán 

indagar “sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente 

al asunto en controversia en el pleito pendiente [...]”. La precitada 

regla impone dos (2) limitaciones fundamentales al descubrimiento 

de prueba: (1) se excluye toda materia privilegiada, según los 

privilegios que se reconocen en las Reglas de Evidencia, y (2) la 

materia a descubrirse tiene que ser pertinente al asunto en 

controversia. Torres González v Zaragoza Meléndez, supra; 

Autopistas P.R. v. A.C.T., 167 DPR 361, 379 (2006). Véanse, además: 

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, págs. 673-674; 

Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., 197 DPR 891, 898-899 

(2017).

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, les impone a las partes

la obligación continua de actualizar, corregir o enmendar la prueba 

que se ha descubierto y de notificarla. Al respecto, el inciso (e) de la 

Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:

“Una parte que haya respondido a una solicitud de 

descubrimiento tiene el deber continuo de actualizar, 

corregir o enmendar sus respuestas y notificar a la 

parte contraria toda información adicional que obtenga 

con posterioridad a dicha solicitud y que esté 

relacionada con dicho descubrimiento, siempre que el 

tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente:

(1) Que la parte tenga conocimiento de que el material 

entregado está incorrecto o incompleto y que la 

información adicional o correctiva no se ha dado a 

conocer a la otra parte.

(2) Que la parte tenga conocimiento de que la 

información provista en la contestación del 

interrogatorio, el requerimiento de producción de 

documentos o el requerimiento de admisiones está 

incompleta o incorrecta y que la información adicional 

o correctiva no se ha dado a conocer. El incumplimiento 
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de la parte con su obligación de preservar prueba estará 

sujeto a sanciones económicas o de cualquier otra 

índole que el tribunal estime a su discreción, 

incluyendo el desacato, según lo dispone la Regla 34.3. 

El incumplimiento de la parte con su obligación de 

actualizar, corregir o enmendar conlleva la 

exclusión en el juicio de la prueba no actualizada si 

surge que, antes del juicio, la parte tenía 

conocimiento o debió tenerlo de la información 

adicional o correctiva y no la actualizó, corrigió ni 

enmendó. No obstante, de así interesarlo, la parte que 

solicitó dicho descubrimiento podrá hacer uso 

evidenciario de dicha prueba. Si el descubrimiento de la 

prueba surge durante el juicio, se proveerá el remedio 

que corresponda.” (énfasis suplido).

El tribunal de instancia, en el ejercicio de su sana discreción, 

puede limitar el alcance y los mecanismos a utilizarse, ya que su 

obligación es garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso. Torres González v Zaragoza Meléndez, supra; Cruz Flores et al. 

v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465 (2022); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 153-154 (2000). En el ejercicio de esta 

discusión que se le confiere, el tribunal deberá hacer un balance 

entre dos (2) intereses importantes: garantizar la pronta solución de 

las controversias; y velar que las partes tengan la oportunidad de 

realizar un amplio descubrimiento para que en la vista en su fondo 

no surjan sorpresas. Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 

DPR 563, 565-566 (1987), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 742-743 (1986).

Finalmente, el Tribunal Supremo ha señalado también que los 

foros apelativos “[n]o hemos de interferir con los tribunales de 

instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último[:] (1) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo". Torres González 

v Zaragoza Meléndez, supra; Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, 
KLCE202301246 10

pág. 155. Véase, además, McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 

supra, pág. 672. 

III

En su recurso de Certiorari, la parte peticionaria señala, en 

síntesis, que erró el TPI al “al excluir todos los testigos de la 

codemandante”; al “no favorecer el amplio descubrimiento de 

prueba”; y al “determinar que la identificación de los testigos del 

codemandante en el informe con antelación a juicio fue de forma 

sorpresiva”. Al respecto, la parte peticionaria alegó que los testigos 

en cuestión, así como el resumen de lo que se proponían declarar, 

fueron incluidos en una lista de testigos de las partes en el informe 

inicial que se presentó el 30 de octubre de 2019, por lo que “no se 

puede concluir que [...] actuó intencionalmente o de mala f[e] de 

manera que se pueda justificar imponer la sanción más severa al 

eliminar todos los testigos esenciales”;11 que durante la reunión 

celebrada entre las partes el 8 de noviembre de 2022 para 

confeccionar el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, la 

parte peticionaria le indicó a Rooms to Go que no tenía reparo en 

que se extendiera el proceso de descubrimiento de prueba para la 

toma de deposición de estos testigos, lo que Rooms to Go rechazó;12

y que dicha parte además rechazó durante esa reunión estipular el 

contenido del Informe Fiscal, por lo que “nos vimos en la obligación 

de anunciar los testigos y resumen de los testimonios ya 

previamente conocidos por la codemandada.”13

Según lo anteriormente discutido, el Tribunal de Primera 

Instancia posee una amplia discreción para regular el ámbito del 

descubrimiento de prueba. En el ejercicio de dicha discreción, dicho 

foro debe hacer un balance razonable entre el interés de promover 

11 Véase, Certiorari, pág. 8.

12 Íd.

13 Véase, Certiorari, pág. 9.
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una solución justa, rápida y económica del caso, y el interés de 

garantizar un descubrimiento de prueba amplio y liberal.

En el caso ante nuestra consideración, luego de evaluar la 

determinación de la Resolución recurrida a la luz del derecho 

expuesto, determinamos que no se justifica nuestra intervención 

con la decisión recurrida. A nuestro juicio, el TPI no actuó de forma 

arbitraria o caprichosa, no abusó de su discreción, ni se equivocó 

en la interpretación o aplicación de las normas procesales o de 

derecho al ejercer su poder discrecional de limitar y regular 

el descubrimiento de prueba en este caso denegando el uso de la 

prueba testifical en cuestión ante el incumplimiento injustificado de 

la parte peticionaria con su deber de anunciar oportunamente la 

prueba que utilizaría en el juicio.

IV

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

recurso de Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones