Número Identificador

SEN2023__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

HÉCTOR RUBÉN MÁRQUEZ 

VILLANUEVA

Apelante

 

v.

WANDA MARGARITA BURGOS 

RODRÍGUEZ Y OTROS

Apelados

KLAN202300708

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Carolina

Civil Núm.:

CA2020CV01898 

(408)

Sobre:

Acción Resolutoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2023.

Comparece ante nos el señor Héctor Rubén Márquez 

Villanueva (señor Márquez Villanueva o parte apelante) y solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 14 de julio de 2023, notificada 

el 17 de julio de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (TPI o foro primario). Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda instada 

por la parte apelante y, a su vez, le impuso un pago de honorarios 

por temeridad por la suma de $10,000.00 con un interés legal de 

8.00%, a computarse desde la fecha en que se dictó la sentencia y 

hasta que sea satisfecha.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I.

Según surge del expediente ante nos, el 8 de septiembre de 

2020, la parte apelante presentó una Demanda1 contra el señor 

1 Véase apéndice del recurso, págs. 13-28.
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Mario Peguero y la señora Wanda Margarita Burgos Rodríguez (en 

conjunto, parte apelada). En esta, la parte apelante adujo que, el 21 

de octubre de 2014, otorgó ante el notario Jaime Alberto Santos 

Santiago la Escritura Número Ocho sobre Compraventa Asumiendo 

Hipoteca (Escritura Número Ocho), mediante la cual vendió a la 

parte apelada un bien inmueble localizado en Trujillo Alto, Puerto 

Rico, por el precio de $126,000.00: habiendo pagado $5,000.00; 

entregado $30,000.00 al momento del otorgamiento; y asumiendo 

una hipoteca por $96,000.00 que gravaba la propiedad. Añadió que 

la referida escritura incluía como condición que si la parte apelada 

no pagaba la hipoteca, el negocio jurídico quedaría sin efecto y dicha 

parte tendría que devolver la titularidad de la propiedad. 

Seguidamente, la parte apelante alegó que la parte apelada dejó de 

pagar la hipoteca, por lo que adeudaba la suma de $2,892.75 por 

concepto de atrasos al 14 de abril de 2020. Además, reclamó la 

suma de $50,000.00 en concepto de daños y angustias mentales.

El 17 de noviembre de 2020, la parte apelada presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención2. En su alegación 

responsiva, la parte apelada negó la mayoría de las alegaciones en 

su contra y presentó varias defensas afirmativas. En cuanto a la 

reconvención, alegó que la cláusula sexta de la Escritura Número 

Ocho es contraria a la ley, la moral y el orden público por entender 

que les pretende despojar de la propiedad sin un debido proceso de 

ley. La parte apelada sostuvo que ha cumplido con su obligación de 

pago. Por tanto, solicitó la suma de $100,000.00 por concepto de 

daños y angustias mentales, así como el pago de $15,000.00 por 

costas, gastos y honorarios de abogado.

El 27 de noviembre de 2020, la parte apelante presentó su 

Contestación a Reconvención3 en la que negó las alegaciones de la 

2 Véase apéndice del recurso, págs. 29-42.

3 Véase apéndice del recurso, págs. 43-44.
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reconvención y reiteró que la parte apelada incumplió con los pagos 

de la hipoteca. De esta forma, alegó tener derecho a rescindir un 

acuerdo válido incumplido por la parte apelada.

El 11 de diciembre de 2021, la parte apelada compareció 

mediante Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención. 

El 14 de diciembre de 2021, la parte apelante presentó una 

Contestación a Reconvención Enmendada.

Luego de varios trámites procesales, el 29 de junio de 2023,

el TPI celebró el juicio en su fondo. El 14 de julio de 2023, notificada 

el 17 de julio de 2023, el Tribunal emitió una Sentencia4 en la que 

declaró No Ha Lugar la demanda instada por la parte apelante y las 

demás reclamaciones incoadas en el caso. Particularmente, el TPI 

concluyó lo siguiente: 

Los documentos presentados ante el tribunal demuestran 

que desde el 21 de octubre de 2014 la parte demandada 

cumplió cabalmente con los pagos de la hipoteca. Asimismo, 

la evidencia documental demuestra que el 13 de octubre de 

2021 la parte demandada refinanció el inmueble y liberó a la 

parte demandante de la hipoteca que gravaba el mismo, tal 

como acordado en la escritura de compraventa, a pesar de 

todos los eventos exógenos e imprevisibles que ocurrieron 

durante el período de cinco años. 

Tomando en consideración lo manifestado por la 

representación legal de la parte demandante durante el 

juicio, que constituye una admisión a la luz de la Regla 803(c) 

de las de Evidencia, en el sentido de que se completó la 

transacción de compraventa, resolvemos que no existe 

controversia en cuanto a la titularidad del inmueble a favor 

de la parte demandada y procedemos a evaluar la existencia 

de daños contractuales. 

La parte demandante, que tenía el peso de la prueba para 

demostrar la existencia de tales daños; no presentó ninguna 

evidencia, ni probó mediante preponderancia de prueba, la 

existencia de algún daño contractual. [...]5

Finalmente, por entender que la presentación de la demanda 

fue una frívola y carente de evidencia, el foro primario le impuso a 

la parte apelante el pago de honorarios por temeridad por la suma 

de $10,000.00 con un interés legal de 8.00% a computarse desde la 

fecha en que se dictó la sentencia y hasta que sea satisfecha. 

4 Véase apéndice del recurso, págs. 1-12.

5 Véase apéndice del recurso, págs. 10-11.
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Inconforme, el 11 de agosto de 2023, la parte apelante acudió

ante nos mediante recurso de Apelación y le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical al no 

realizar un análisis justo y balanceado de la misma.

Erró el TPI al imponer honorarios de abogado en las 

circunstancias de este caso.

El 14 de agosto de 2023, la parte apelante presentó una

Moción de término para someter transcripción de la prueba oral. Por 

consiguiente, el 17 de agosto de 2023, este foro emitió una 

Resolución en la que autorizó la solicitud para someter la 

transcripción de la prueba oral y dispuso sobre los términos 

correspondientes para ello. Conforme con nuestra Resolución, la 

parte apelante tenía hasta el 27 de septiembre de 2023 para 

presentar la transcripción de la prueba oral ante este Tribunal.

El 8 de septiembre de 2023, la parte apelada presentó Alegato 

en Oposición al Recurso de Apelación por Héctor Rubén Márquez 

Villanueva. 

Transcurrido en exceso el término concedido sin que la parte 

apelante haya sometido la transcripción de la prueba oral ni 

solicitado prórroga para ello, el 19 de octubre de 2023, emitimos 

una Resolución en la que dimos por perfeccionado el recurso ante 

nuestra atención.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.

II.

-AEn lo pertinente, la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone lo siguiente: 

Regla 19- Reproducción de la prueba oral:

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 

con la apreciación errónea de ésta por parte del 

tribunal apelado, someterá una transcripción, una 
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exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba. 

(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del término 

de diez (10) días siguientes a la presentación de la 

apelación, que el método de reproducción de la prueba 

oral que utilizará es el que propicia la más rápida 

dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 

determinar el método que alcance esos propósitos. 

[...]6.

Nuestro Reglamento nos confiere autoridad para desestimar, 

a iniciativa propia, un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional siempre y cuando concurra cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 837. Entre los motivos 

reconocidos en la referida Regla, se encuentra que el recurso no se 

haya presentado o proseguido con diligencia o de buena fe.

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos a ser presentados, tanto en el Tribunal de Apelaciones, 

como en el Tribunal Supremo, podría conllevar la desestimación del 

recurso8. Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente9. En este 

ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que “los 

abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos”10. (Énfasis nuestro).

Esta norma es necesaria para que se coloque a los tribunales

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, contando 

con un expediente completo y claro de la controversia que tienen 

ante sí11. En este contexto, nuestro Más Alto Foro ha puntualizado 

que “[s]ólo procede que se desestime un recurso por incumplimiento 

al Reglamento, cuando éste haya provocado un “impedimento real y

6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

8 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2005); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, 659 (1987).

9 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).

10 Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975).

11 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).
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meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los 

méritos”

12.

-BEn nuestro ordenamiento jurídico “las obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”13. A tenor, las obligaciones que nacen de la culpa o 

negligencia se rigen por lo establecido en el Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico de 193014. Dicho artículo señala que, “[e]l que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”15.

El propósito del referido artículo es ofrecerle una 

compensación a la persona que sufra daños y lesiones provocadas 

por los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género 

de culpa o negligencia de otra persona16. Ahora bien, para que 

prospere esta acción civil es necesario que la parte demandante 

demuestre, mediante preponderancia de la prueba, (1) que ha 

habido un acto u omisión culposa o negligente; (2) que hay una 

relación causal entre el acto y el daño sufrido; y (3) que se ha 

causado un daño real al reclamante17.

Nuestro Tribunal Supremo ha definido la culpa o negligencia, 

como la falta del debido cuidado que consiste en no anticipar y 

12 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 (2008); Román Velázquez v. Román

Hernández, 158 DPR 163 (2002).

13 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 2992. El referido 

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et seq., fue derogado por 

el Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et seq., aprobado 

mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendada, con vigencia 

desde el 28 de noviembre de 2020. Sin embargo, para propósitos de la 

adjudicación de este recurso, citamos el Código Civil derogado debido a que los 

hechos en controversia surgieron durante su vigencia.

14 Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA ant. sec. 5141.

15 Íd.

16 H. M. Brau del Toro, Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico,

Segunda Edición, Publicaciones JTS, San Juan, Puerto Rico, 1986, pág. 4.

17 Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 4 (1997).
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prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto que una persona prudente y precavida habría de prever en 

las mismas circunstancias18. Así pues, la figura de previsibilidad es 

un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o 

negligencia19. Según el Máximo Foro, la previsibilidad “[no se 

extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda 

amenazar la seguridad sino a aquél que llevaría a una persona 

prudente a anticiparlo”20.

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la previsibilidad 

está atada al concepto de causalidad21. Dicho concepto es conocido 

como la doctrina de causalidad adecuada y conforme a la 

jurisprudencia, este dispone que, “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general”22. A tales 

efectos, la figura de causalidad adecuada es un componente 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya que “es 

un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico”23.

Cónsono con lo anterior, en nuestra jurisdicción, la figura de 

negligencia no se presume y quien la alega debe probarla24. No 

obstante, en los casos de daños y perjuicios, la referida figura no se 

tiene que probar mediante prueba directa y se puede probar 

mediante prueba circunstancial25. 

-CLa Regla 44.1 de Procedimiento Civil26 regula la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. La conducta que amerita la 

18 Valle v. ELA, 157 DPR 1, 18 (2002).

19 SLG Colon-Rivas v. ELA, 196 DPR 855, 864 (2016). 

20 Íd.

21 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005). 

22 Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974).

23 Rivera v. S.L.G. Díaz, supra. 

24 Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 803 (1978). 

25 Colón y Otros v. K-Mart Y Otros, 154 DPR 510, 522 (2001).

26 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.
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imposición de honorarios de abogado por temeridad es aquella que 

haga necesario un pleito que se pudo evitar. El propósito de la 

imposición de honorarios de abogado en casos de temeridad es 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte a 

innecesariamente asumir las molestias, gastos, trabajos e 

inconvenientes de un pleito27. Las instancias, en las que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido que una parte actúa de forma 

temeraria, se constituyen cuando: (1) contesta la demanda y niega 

responsabilidad total pero posteriormente la acepta, (2) se defiende 

injustificadamente de la acción, (3) cree que la cantidad reclamada 

es exagerada y es la única razón que tiene para oponerse a las 

peticiones del demandante, y no admite su responsabilidad 

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser 

concedida, (4) se arriesga a litigar un caso del que se desprende 

prima facie su responsabilidad, y (5) niega un hecho que le consta 

es cierto a quien hace la alegación28. La imposición de honorarios de 

abogado por temeridad es una facultad discrecional del tribunal que 

no será variada, a menos que la misma constituya un abuso de 

discreción29.

III.

En su primer señalamiento de error, el señor Márquez 

Villanueva cuestiona la apreciación de la prueba testifical por parte 

del TPI al emitir la Sentencia en la que declaró No Ha Lugar la 

demanda incoada por éste. Particularmente, el señor Márquez 

Villanueva aduce que no hubo prueba en contrario de que, debido 

27 Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 

(2010); Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 334 (1998); Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

28 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342 (2011); Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 

335; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, pág. 719.

29 Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 926 (2012); Andamios de 

Puerto Rico, Inc. v. Newport Bonding, supra, pág. 520.
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al incumplimiento de la parte apelada con los términos del contrato 

de compraventa, se le denegó una tarjeta de crédito y perdió una 

relación sentimental, lo cual le ha causado daños y angustias 

mentales.

Tras realizar un examen minucioso del expediente ante 

nuestra consideración, constatamos que actuó correctamente el TPI 

al declarar No Ha Lugar la demanda instada por la parte apelante, 

puesto que no identificamos una relación causal entre las 

actuaciones u omisiones de la parte apelada y los alegados daños 

sufridos por la parte apelante. Veamos.

Según surge de la Sentencia apelada, el foro primario 

determinó que la parte apelante realizó una admisión al afirmar que 

se completó la transacción de compraventa, por consiguiente, el 

contrato de compraventa otorgado entre las partes se extinguió por 

cumplimiento. Además, el TPI, concluyó como sigue: 

La parte demandante [aquí parte apelante], que tenía 

el peso de la prueba para demostrar la existencia de tales 

daños; no presentó ninguna evidencia, ni probó mediante 

preponderancia de prueba, la existencia de algún daño 

contractual. El testimonio de la parte demandante, que se 

limitó a mencionar de manera general que los daños fueron: 

tensión causada por la situación, que no le aprobaron una 

tarjeta de crédito de [Walmart] y que se vió afectada una 

relación que tenía; lo expresado no es evidencia suficiente 

que mueva al tribunal a determinar que exista la existencia 

de tales daños contractuales; mucho menos que exista un 

nexo entre esos alegados daños y la parte demandada.

30

Toda vez que no sometió una trascripción de la prueba oral 

como requiere la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, de modo que nos pusiera en posición para 

evaluar la determinación del juzgador, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad, ni 

sustituiremos el criterio utilizado por el foro primario en el ejercicio 

de su discreción. La parte apelante tampoco probó que el foro 

primario haya actuado con pasión, prejuicio, parcialidad, craso 

30 Véase apéndice del recurso, pág. 11.
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abuso de discreción, o haya incurrido en error manifiesto que nos 

intime a descartar las determinaciones de hecho y las conclusiones 

de derecho consignadas. En virtud de lo antes expuesto, no 

intervendremos con el valor probatorio que le adjudicó el TPI a la 

prueba documental y testifical admitida.

En cuanto al segundo señalamiento de error, al igual que el

primero, es imprescindible contar con la transcripción de la prueba 

oral para evaluar si el TPI abusó de su discreción al imponerle a la 

parte apelante honorarios de abogado por temeridad ante la 

presunta demanda frívola y carente de evidencia. La parte apelante 

no nos colocó en posición de determinar si hubo o no abuso de 

discreción por parte del foro primario, por lo que estamos impedidos 

de intervenir con la decisión impugnada.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones