Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

AUTORIDAD DEL 

DISTRITO DEL CENTRO 

DE CONVENCIONES DE 

PUERTO RICO

Apelada

V.

3RD MILLEN[N]IUM 

SURGERY CENTER, LLC

Apelante

KLAN202400196

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

SJ2022CV07541

Sobre:

Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2024.

El 1 de marzo de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones 3rd Millennium Surgery Center, LLC (en adelante, 3rd 

Millennium o parte apelante), mediante Escrito de Apelación. Por 

medio de este, nos solicita que revisemos la Sentencia Parcial

emitida el 1 de febrero de 2024 y notificada al siguiente día, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En 

virtud del aludido dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando que se Dicte Sentencia Sumariamente (Moción de 

Sentencia Sumaria al Amparo de la R. 36) instada por la Autoridad 

del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (en adelante, 

la Autoridad o parte apelada).

Por los fundamentos que adelante se esbozan, se confirma el 

dictamen apelado. 
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I

Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe se 

remontan a una Demanda sobre Sentencia Declaratoria interpuesta

el 22 de agosto de 2022 por la Autoridad en contra de 3rd 

Millennium Surgery Center, LLC. En apretada síntesis, la parte 

apelada alegó que, el 4 de noviembre de 2016, la Autoridad y 3rd 

Millennium suscribieron un contrato de arrendamiento intitulado 

Ground Lease and Development Agreement para el desarrollo, 

construcción y operación de un Centro Integral de Servicios Médicos 

en las parcelas E1 y E2 del Distrito del Centro de Convenciones (en 

adelante, el Contrato). El aludido contrato fue elevado a escritura 

pública mediante la Escritura Pública Número 14 titulada Deed of 

Ratification and Conversion of Ground Lease and Development 

Agreement and Right to Purchase to Public Instrument. 

Aseveró la parte apelada que, a solicitud de las partes, el 

Notario Blanco Fuertes presentó la aludida escritura para su 

inscripción en el Registro de la Propiedad (en adelante, el Registro). 

Adujo que, a la fecha de interponer la Demanda, la misma poseía el 

número de asiento 2016-117701-SJ01, pero que aún no había sido 

evaluada ni inscrita en el Registro.

Conforme surge de las alegaciones, el contrato en controversia 

dispone, entre otros asuntos, lo siguiente:

2.2 Pre-Development Period. Following the Term 

Commencement Date, Tenant shall have a predevelopment Period (the “Pre-Development Period”), 

which shall expire thirty-six (36) months after the 

Effective Date, during which it shall (i) obtain all 

necessary financing for the Tenant′s Improvement (as 

defined below) to be built on the Premises; (ii) complete 

the design of the Tenant′s Improvements; (iii) obtain the 

necessary permits for the construction of the Tenant′s 

Improvements; and (iv) pre-lease the Project.

...

The Authority shall tender possession of the Premises 

to Tenant without any further action by the Authority 

on the execution date of the credit agreement which 

shall evidence and govern the line of credit whose 
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disbursements shall be applied to finance the Project′s 

construction. 

 

De acuerdo a lo pactado por las partes, el término para que 

3rd Millennium culminara el proceso de pre- desarrollo vencía el 4 

de noviembre de 2019. Acotó la parte apelada que, vencido el 

término estipulado entre las partes, 3rd Millennium no cumplió con 

sus obligaciones contractuales. A lo anterior añadió que, la parte 

apelante tampoco le entregó a la parte apelada evidencia del 

contrato de la línea de crédito que se proponía utilizar para financiar 

la construcción. Arguyó la parte apelada que, ante ello, la parte 

apelante nunca entró en posesión de los terrenos para comenzar la 

construcción.

Aseveró la Autoridad que ante el incumplimiento de 3rd 

Millennium con sus obligaciones contractuales antes mencionadas 

incluyendo, llevar a cabo la construcción, el 8 de noviembre de 2019, 

le envió a 3rd Millennium una carta mediante correo certificado, ello,

de conformidad con la sección 13.2 del Contrato, en la que le 

concedió treinta (30) días para subsanar su incumplimiento. Acotó 

que, transcurrido dicho término, la parte apelante no subsanó su 

incumplimiento ni tampoco cumplió con sus obligaciones bajo la 

fase de pre- desarrollo.

La parte apelada arguyó en su Demanda que, vencido el 

aludido contrato, actualmente no existe un contrato vigente entre 

las partes registrado en el Registro de Contratos de la Oficina del 

Contralor. En vista de lo anterior, la parte apelada aduce que, le ha 

solicitado en múltiples ocasiones a la parte apelante que retire el 

Asiento de la Escritura Pública Número Catorce (14). Empero, 

transcurridos casi tres años, la parte apelante se niega al retiro del 

Asiento antes mencionado.

El 19 de octubre de 2022, compareció la parte apelante ante 

el foro primario mediante Moción de Primera Comparecencia y 
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Solicitando Prorrogar el Término para presentar Alegación Responsiva

(30 días). Dicha prórroga fue concedida por el foro primario el 22 de 

agosto de 2022. No obstante, el 18 de noviembre de 2022, la parte 

apelante le solicitó al foro a quo, una prórroga de tres días 

adicionales para presentar su alegación responsiva.

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2022, la parte apelada

interpuso ante el foro primario Moción Solicitando la Anotación de 

Rebeldía y Sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar el 14 de 

diciembre de 2022, notificada al día siguiente. 

El 23 de noviembre de 2022, la parte apelante presentó Moción 

Solicitando Desestimación (Regla 10.2). En la misma argumentó que 

la parte apelada carecía de legitimación activa, toda vez que, no 

alegaba un daño real y creíble, conforme lo exige la Regla 6.5 de 

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 6.5. Añadió que, aun dando 

por ciertas las alegaciones de la Demanda, estas no señalaban la 

existencia de un peligro real o potencial, por lo que, no procedía la 

sentencia declaratoria solicitada. El 29 de diciembre de 2022, la 

parte apelada instó Réplica a “Oposición a Moción Solicitando 

Desestimación”. Atendidos los escritos de las partes, el 15 de marzo 

de 2023, el foro a quo, declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por la parte apelada y ordenó la 

continuación de los procedimientos y le concedió plazo final de 20

días para presentar su alegación responsiva.

La parte apelada presentó el 21 de abril de 2023 la Moción 

Solicitando que se Dicte Sentencia Sumariamente (Moción de 

Sentencia Sumaria al Amparo de la R. 36). En esencia, sostuvo que, 

el 4 de noviembre de 2016, la Autoridad y 3rd Millennium 

suscribieron un contrato de arrendamiento intitulado Ground Lease 

and Development Agreement para el desarrollo, construcción y 

operación de un Centro Integral de Servicios Médicos en las parcelas 

E1 y E2 del Distrito del Centro de Convenciones. Acotó que, en vista 
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de que la parte apelante incumplió con sus obligaciones 

contractuales, el referido contrato quedó cancelado por sus propios 

términos. Arguyó que, habida cuenta de que actualmente no existe 

un contrato vigente entre las partes registrado en el Registro de 

Contratos de la Oficina del Contralor y ante la negativa de la parte 

apelante a retirar el Asiento de la Escritura Pública Número Catorce 

(14) –lo que le fuera solicitado en múltiples ocasiones– esta mantiene 

de rehén a la Autoridad respecto a cualquier otro desarrollo que se 

pudiera promover en las referidas parcelas, y que pudieran agenciar 

ingresos al erario público. En consideración a lo anterior, la parte 

apelada le solicitó al foro primario que dictara sentencia declaratoria 

a su favor, y en su consecuencia, ordenara la cancelación del 

Contrato de Arrendamiento y Desarrollo de Terrenos inscrito a favor 

de la parte apelante, libre de derechos, junto con cualquier otro 

pronunciamiento procedente en derecho.

El 2 de mayo de 2023, el foro primario le concedió a la parte 

apelante hasta el 11 de mayo de 2023 para presentar su alegación 

responsiva con la aclaración de que no aceptaría réplicas ni

dúplicas.

Acaecidas varias incidencias procesales, innecesarias 

pormenorizar, el 12 de mayo de 2023, la parte apelada presentó 

Moción Solicitando que se Dé por Sometida la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Sin Oposición. El 12 de mayo de 2023, notificada el 15 de 

mayo de 2023, el foro primario declaró No Ha Lugar la referida 

moción y le concedió prórroga a la parte apelante hasta el 9 de junio 

de 2023 para oponerse a la moción de sentencia sumaria incoada 

por la parte apelada. 

Así las cosas, la parte apelante el 31 de mayo de 2023, 

presentó la Moción de 3rd Millennium Surgery Center LLC para que 

se Deniegue la Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandante por Prematura. En apretada síntesis, en su escrito, la 
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parte apelante se circunscribió a reconocer que aún no había 

presentado su alegación responsiva y adujo que, la moción de 

sentencia sumaria era prematura, por lo que, le solicitó término al 

foro primario para culminar el descubrimiento de prueba, a fin de 

controvertir los hechos consignados en la misma.

Mediante Orden del 1ro de junio de 2023, el foro a quo dio por 

sometida la moción dispositiva presentada para la determinación 

correspondiente.

El foro de primera instancia emitió la Sentencia Parcial cuya 

revisión nos ocupa. En esta, emitió las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. La Autoridad es una corporación pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 

la Ley del Distrito del Centro de Convenciones de 

Puerto Rico, Ley Núm. 351 de 2000 (23 LPRA sec. 

6403 et seq.). Fue creada con el propósito de 

desarrollar, administrar, operar y mantener el 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, 

según lo define la Ley Núm. 351, supra.

2. 3rd Millen[n]ium es una compañía de 

responsabilidad limitada debidamente inscrita en 

el Departamento de Estado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.

3. El 4 de noviembre de 2016, la Autoridad, —

arrendadora— y 3rd Millen[n]ium, —

arrendataria— suscribieron el Ground Lease and 

Development Agreement.

4. Mediante el contrato, la Autoridad acordó 

arrendarle a 3rd Millen[n]ium las parcelas E1 y E2 

ubicadas en el Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico, mientras que 3rd Millen[n]ium se 

obligó a cumplir con los términos allí expuestos y 

desarrollar el Centro Integral de Servicios Médicos.

5. El Artículo 2.2 estableció varias condiciones que se 

debían cumplir por 3rd Millen[n]ium durante el 

periodo de predesarrollo de la obra. En particular, 

dispuso que el periodo de predesarrollo expiraría a 

los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 

fecha de efectividad, durante el cual 3rd 

Millen[n]ium debía: (i) obtener todo el 

financiamiento necesario para la obra que se 

construirá en los predios; (ii) completar el diseño 

de la mejora; (iii) obtener los permisos necesarios 

para la construcción de las mejoras; y (iv) 

prearrendar el proyecto.
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6. Entre el 10 de marzo de 2015 y el 8 de junio de 

2016, y previo a suscribirse el contrato en cuestión, 

3rd Millen[n]ium remitió a la Autoridad, vía correo 

electrónico, múltiples memorandos a los fines de 

informarle acerca del progreso del predesarrollo de 

la Parcela E-1 y la Parcela E-2.

7. El contrato suscrito entre las partes se ratificó 

mediante la Escritura Pública Número 14 otorgada 

por el Notario Miguel Agustín Blanco Fuertes el 4 

de noviembre de 2016.

8. La Escritura Pública Número 14 se presentó en el 

Registro el 21 de noviembre de 2016 y ocupó el 

asiento número 2016-117701 -SJ0I.

9. El mismo notario y a la misma fecha de otorgada la 

escritura previamente descrita, se otorgó [la] “Deed 

of Segregation, Description of Remnant and 

Consolidation of Parcels to form Parcel E one (E1) & 

E Two (E2) of the Puerto Rico Convention Center 

District”, mediante [la] cual se agruparon varios 

predios para crear la Parcela El y la Parcela E2.

10. El 7 de diciembre de 2016 se registró el contrato en 

la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y se le asignó el número 2017-

000042.

11. El 15 de julio de 2016, el Departamento de Salud 

emitió un “Certificado de Necesidad y

Conveniencia”, en la que autorizó a 3rd 

Millen[n]ium establecer una facilidad de radiología

convencional y un laboratorio clínico, ambos 

autorizados a ser ubicados en la Ave. Baldorioty de 

Castro, Esquina Enterprise y Ave. Fernández 

Juncos, Distrito del Centro de Convenciones, San 

Juan, PR.

12. El 8 de marzo de 2017, el Departamento de Salud 

emitió un “Certificado de Necesidad y

Conveniencia” en [el] que autorizó a 3rd 

Millen[n]ium [a] establecer una facilidad de cirugía

ambulatoria de diez salas en la Ave. Baldorioty de 

Castro, Esquina Enterprise y Ave. Fernández 

Juncos, Distrito del Centro de Convenciones, San 

Juan, PR.

13. El 14 de junio de 2017, Rafael Rodríguez Mercado, 

en aquel entonces Secretario de Salud, otorgó a 3rd 

Millen[n]ium una extensión de vigencia respecto al 

certificado emitido doce meses previos y aclaró que 

la nueva fecha de expiración sería el 14 de julio de 

2018.

14. El 11 de mayo de 2018, el Sr. López cursó una 

misiva a Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de 

la Autoridad en ese momento, (en adelante, “Sr. 
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Marrero”), en la que le solicitó una extensión de 

treinta y seis meses adicionales debido a la 

ocurrencia de fuerza mayor— el paso del Huracán 

Irma y el Huracán María—, para completar la fase 

de predesarrollo requerida por el Artículo 2.2 del 

contrato.

15. El 11 de julio de 2018, el Sr. Marrero respondió al 

Sr. López que su solicitud se había rechazado 

porque los daños a la propiedad descritos en la 

carta enviada por el Sr. López no estaban 

relacionados al acuerdo suscrito entre las partes, 

sino a otras facilidades y operaciones 

pertenecientes a 3rd Millen[n]ium. Añadió que, en 

virtud del Artículo 3.11 del contrato, la inhabilidad 

de obtener aprobaciones y permisos como el 

“Certificado de Necesidad y Conveniencia”, no 

constituye un acto de fuerza mayor que justificara 

una extensión.

16. El 17 de octubre de 2019, Noema Giralt Armada, 

abogada de la Autoridad y en función de secretaria 

de la Junta de Gobierno, certificó mediante la 

Resolución 2019-19, que en la reunión ordinaria 

celebrada el 26 de agosto de 2019 se adoptó lo 

siguiente:

La ratificación y confirmación de la Resolución 

2019-08 que podrá tener el efecto de retirar todos 

los espacios comerciales de la Parcela El y E2 

asignando los mismos a la Parcela C del Distrito del 

Centro de Convenciones de Puerto Rico y la 

aprobación de una nueva resolución para la 

redistribución de llaves de hotel en el Distrito del 

Centro de Convenciones de Puerto Rico al asignar 

300 llaves de habitaciones de hotel a la Parcela C 

del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto 

Rico y conferirle al director ejecutivo de la 

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico el poder y la autoridad para 

redistribuir espacios de oficinas y espacios de 

estacionamiento entre las diversas parcelas 

privadas del Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico.

17. El 7 de noviembre de 2019, Noelia García Bardales, 

directora ejecutiva del Distrito en aquel momento, 

cursó una carta a Héctor López Pumarejo, gerente 

de 3rd Millen[n]ium, (en adelante, “Sr. López”), 

para informarle la terminación del contrato, más le 

concedió treinta días para subsanar cualquier 

error. Igualmente, le explicó que la terminación se 

debía al incumplimiento de 3rd Millen[n]ium

respecto al periodo de predesarrollo, amparado en 

la Sección13.2(c) del acuerdo.

18. Entre el 1 y 3 de febrero de 2022, hubo un 

intercambio de correos electrónicos entre la Sra. 

Giralt y el Sr. López mediante el cual la Sra. Giralt 

reiteró que la terminación del contrato en disputa 
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se dio en noviembre de 2019 y aclaró que, por lo 

tanto, todo reclamo instado en virtud de este por 

parte de 3rd Millen[n]ium, era improcedente.

19. El 8 de junio de 2022, la Notario Nicole Michelle 

Vega Acevedo otorgó el Acta Notarial Número 2 

mediante la cual acreditó la terminación del 

contrato suscrito entre las partes.

Consecuentemente, la primera instancia judicial determinó 

que procedía dictar sentencia sumaria parcial a favor de la parte 

apelada. Conforme a ello, declaró lo siguiente:

[.............] HA LUGAR la [Moción Solicitando que se Dicte 

Sentencia Sumariamente (Moción de Sentencia Sumaria 

al Amparo de la R. 36)], que presentó la Autoridad el 21 

de abril de 2023, en virtud de lo cual, se dicta sentencia 

declarando HA LUGAR la Demanda presentada por la 

Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de 

Puerto Rico. En consecuencia, SE ORDENA al (a la) 

Hon. Registrador(a) de la Propiedad, la cancelación de 

la Escritura Pública Número 14, inscrita en el Registro 

de la Propiedad, Sección Primera de San Juan, 

ocupando el asiento número 2016-117701-SJ01.

Por no existir razón para posponer dictar sentencia 

parcial sobre lo aquí descrito hasta la resolución final 

del pleito, se ordena que se registre la presente 

Sentencia Parcial conforme dispone la Regla 46 de las 

de Procedimiento Civil, supra, y según permite la Regla 

42.3 del mismo cuerpo de normas procesales, siendo la 

misma final para todos los fines en cuanto a las 

controversias adjudicadas.

Se ORDENA la continuación de los procedimientos en 

cuanto a la reconvención presentada por la Parte 

Demandada, el 17 de enero de 2024.

(Énfasis en el original)

Inconforme, la parte apelante acudió ante este foro revisor 

mediante Escrito de Apelación y esgrimió los siguientes 

señalamientos de error:

Primer Señalamiento de Error: Erró TPI al emitir 

prematuramente la Sentencia Parcial por la vía sumaria 

sin que 3rd Millennium tuviese oportunidad de hacer 

descubrimiento de prueba y negarse (por silencio) a 

conceder la moción presentada al amparo de la Regla 

36.6.

Segundo Señalamiento de Error: Erró el TPI al emitir 

la sentencia sumaria parcial a pesar de que los autos 

demuestran que fue la Autoridad la que incumplió sus 

obligaciones contractuales principales e 

indispensables, obstruyendo así los próximos pasos del 

predesarrollo, cuando menos, no denegarla a base de la 
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existencia de controversia sobre la causa que entorpeció 

dichos trabajos de predesarrollo.

El 27 de marzo de 2024, la parte apelada compareció 

mediante Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II

A. Contratación Gubernamental

Es normativa reiterada que, las obligaciones nacen de la ley, 

de los contratos y cuasicontratos, de los actos ilícitos, u omisiones 

en que interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo 

para producirlas. Art. 1042 del Código Civil1, 31 LPRA ant. sec. 

2992; NHIC et al. v. García Passalacqua et al., 206 DPR 105 (2021). 

Los contratos se perfeccionan cuando median el objeto, 

consentimiento y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA ant. 

sec. 3391. El contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA ant. 

sec. 3371; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263

(2021). En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el 

principio de libertad de contratación, el cual permite a las partes 

pactar los términos y condiciones que tengan por convenientes. 

Pérez Rodríguez v. López Rodríguez, et al, 210 DPR 163 (2022); 

Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015); Arthur 

Young & Co. V. Vega III, 136 DPR 157 (1994). No obstante, tal 

libertad no es infinita, puesto que, encuentra su límite en el Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. El referido artículo 

dispone que, los términos y condiciones que las partes establezcan 

serán válidas cuando no sean contrarias a la ley, la moral, ni al 

orden público. 31 LPRA sec. 3372; Burgos López et al. v. Condado 

1 El derecho aplicable en el caso de epígrafe se remite al Código Civil de Puerto 

Rico de 1930, puesto que, la presentación de la Demanda y los hechos que dan 

base a esta tuvieron su lugar antes de la aprobación del nuevo Código Civil de 

Puerto Rico, Ley 55-2020, según enmendado.
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Plaza, supra, págs. 7-8; Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 15 

(2014). Una vez perfeccionado el contrato, lo acordado tiene fuerza 

de ley entre las partes, “y desde entonces obligan, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 

3375; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., supra; Payano v. SLG 

Cruz, 209 DPR 876, 890-892 (2022); Burgos López et al. v. Condado 

Plaza, supra, pág. 8. Los tribunales estamos facultados para velar 

por el cumplimiento de los contratos, y no debemos relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando tal 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. Mercado, 

Quilinchini v. UCPR, 143 DPR 627 (1997). 

Por su parte, [l]a Constitución de Puerto Rico establece que 

“[so]lo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines 

públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las 

instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. 

VI, Sec. 9, Const. PR., LPRA, Tomo 1, ed.2016, pág. 444. En virtud 

de este mandato constitucional, [nuestra Alta Curia ha] sido 

consecuente al exigir el manejo ético y apropiado de los fondos 

públicos. Vicar Builders v. ELA et al., 192 DPR 256 (2015); Rodríguez 

Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448 (2014); Jaap Corp. v. Depto. 

Estado et al., 187 DPR 730 (2013). Ello, en miras de que “[l]a buena 

administración de un gobierno es una virtud de democracia, y parte 

de una buena administración implica llevar a cabo sus funciones 

como comprador con eficacia, honestidad y corrección para proteger 

los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa”. 

Génesis Security v. Depto. Trabajo, 204 DPR 986, 997 (2020).

A esos fines, la Asamblea Legislativa ha desarrollado un 

andamiaje de distintos estatutos que tienen como propósito 

garantizar el control fiscal y regular la contratación gubernamental. 
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Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág. 262. De igual modo, el Alto 

Foro ha afinado los preceptos de una sana administración pública 

mediante jurisprudencia. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., supra, 

pág. 741. En consecuencia, la facultad del Gobierno de Puerto Rico 

y de sus entidades para contratar y comprometer fondos públicos 

está limitada por estas normas.2

A la luz de lo anterior, [nuestro Tribunal Supremo ha]

determinado que todo contrato gubernamental debe cumplir con los 

requisitos siguientes: (1) reducirse a escrito; (2) mantener un 

registro que establezca su existencia; (3) remitir copia a la Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, y (4) acreditar que se realizó y otorgó 

quince días antes. ALCO Corp. v. Mun. de Toa Alta, 183 DPR 530, 

537 (2011); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 DPR 37, 54 

(1988). Los contratos gubernamentales deben cumplir 

rigurosamente con cada una de estas exigencias, “ya que sirven 

como mecanismo de cotejo para perpetuar circunstancial y 

cronológicamente esos contratos y, así, evitar pagos y reclamaciones 

fraudulentas”. Vicar Builders v. ELA et al., supra, pág. 264.

De otra parte, como norma general, el Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico (Departamento de Hacienda) tiene la 

responsabilidad de diseñar y administrar los sistemas de 

contabilidad y los procedimientos de pago e ingresos de las 

dependencias y entidades gubernamentales. Ley de Contabilidad del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 3 

LPRA sec. 283 et seq. En el ejercicio de estas funciones, el Gobierno 

de Puerto Rico pre interviene en todas las transacciones financieras 

de sus dependencias públicas, con el propósito de garantizar su 

exactitud, corrección, necesidad y legalidad. 3 LPRA sec. 283e. 

2 Id, págs. 997-998.
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 Respecto a la contratación gubernamental, el Estado está 

obligado por imperativo constitucional a manejar los fondos 

públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos. Jaap Corp. 

v. Depto. Estado et al., supra, pág. 739; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 

170 DPR 443, 452 (2007).3

B. Sentencia Sumaria

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin 

que se requiera llegar a la etapa de juicio.4 Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., 208 DPR 964 (2022); Serrano Picón v. Multinational 

Life Ins., 2023 TSPR 118, 212 DPR ___ (2023); González Meléndez v. 

Mun. San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR ___ (2023); Birriel Colón v. 

Econo y Otros, 2023 TSPR 120, 213 DPR ___ (2023) Delgado Adorno 

v. Foot Locker Retail, 208 DPR 622 (2022). La sentencia sumaria 

está regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que 

debe cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global 

Healthcare, supra, pág. 808. 

Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre 

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la 

controversia. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra. Cuando 

se habla de hechos materiales, nos referimos a aquellos que pueden 

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia 

sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución de los 

casos que no presenten controversias genuinas de hechos 

3 Ramiro Rodríguez Ramos y otros, recurridos, v. ELA de PR y otros, peticionarios,

190 DPR 448, 456 (2014).

4 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); SLG Fernández-Bernal v. 

RAD-MAN et al., 208 DPR 310 (2021); Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 

796, 808 (2020). 
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materiales.5 Alicea Pérez v. Coop. Seg. Múlt. et al., 210 DPR 71 

(2022); Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra, pág. 5; Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, supra, pág. 808; González Meléndez v. 

Mun. San Juan, supra. Procede dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia admisible, se acredita 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además, si procede en derecho. SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Segarra Rivera v. Int’l

Shipping et al., supra, pág. 6; Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; 

González Meléndez v. Mun. San Juan, supra.

6 De la prueba adjunta 

a la solicitud de sentencia sumaria, deberá surgir

preponderadamente la inexistencia de controversia sobre los hechos 

medulares del caso. Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. 

Cónsono con esto, en el pasado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el 

mecanismo de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para 

descongestionar los calendarios de los tribunales y evitar el derroche 

de dinero y tiempo que implica la celebración de un juicio en su 

fondo. Véase Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); 

Padín v. Rossi, 100 DPR 259 (1971); Pérez Vargas v. Office Depot,

203 DPR 687 (2019).

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla 

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos, 

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos 

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o 

5 Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017); 

SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., 199 DPR 664, 676 (2018).

6 Véase Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 
KLAN202400196 15

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser 

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200 

DPR 929, 940 (2018); SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, 

pág. 14.

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó además en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 

699, que el inciso (e) de la Regla 36.3 establece lo siguiente: 

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 

demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal 

podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia entre 

cualesquiera partes que sea separable de las 

controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 

a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia 

sumaria en el término provisto en esta regla, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(e).

La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1) 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4) 

como cuestión de derecho, no proceda. SLG Fernández-Bernal v. 
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RAD-MAN, supra, pág. 14; Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 

supra. 

En armonía con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha 

expresado que el oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus 

alegaciones Birriel Colón v. Econo y Otros, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 215-216. Las meras afirmaciones no bastan. 

Íd. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

pág. 677. Además, se le exige a la parte que se oponga ciertas 

exigencias adicionales. Primeramente, deberá presentar una 

relación concisa y organizada de los hechos esenciales y pertinentes 

que, a su juicio, estén en controversia, citando específicamente los 

párrafos según fueron enumerados por el promovente de la 

moción. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, pág. 15. 

También, deberá enumerar los hechos que no estén en controversia, 

con indicación de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible donde se establezcan estos. Íd. En adición, 

deberá esbozar las razones por las cuales no se debe dictar sentencia 

sumaria, argumentando el derecho aplicable. Íd. Si el oponente no 

controvierte los hechos propuestos de la forma en la que lo exige la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se podrán considerar como 

admitidos y se dictará la Sentencia Sumaria en su contra, si 

procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677.

Respecto a la revisión de las sentencias sumarias, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 114 (2015); González Meléndez v. Mun. San Juan, supra. 
KLAN202400196 17

Nuestro Máximo Foro ha sido claro en que, [l]os tribunales 

apelativos estamos limitados a: (1) considerar los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Birriel Colón v. Econo y Otros, supra. De acuerdo a lo anterior, el 

foro apelativo está obligado a examinar de novo la totalidad de los 

documentos incluidos en el expediente de la forma más favorable al 

promovido. Íd. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 116.

C. Sentencia Declaratoria

La Regla 59 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 59, establece el mecanismo de la Sentencia Declaratoria. En 

lo pertinente, en la misma se dispone lo siguiente: 

Regla 59.1. Cuando procede. 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 

declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 

aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se 

estimará como motivo suficiente para atacar un 

procedimiento o una acción el que se solicite una 

resolución o sentencia declaratoria. La declaración 

podrá ser en su forma y efectos, afirmativa o negativa, y 

tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o 

resoluciones definitivas. Independientemente de lo 

dispuesto en la Regla 37, el tribunal podrá ordenar una 

vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, 

dándole preferencia en el calendario.

En Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 109 (2020), 

nuestro Tribunal Supremo manifestó que la sentencia declaratoria 

es un “‘mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los 

tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra 

quien la solicita’”. Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 71 (2019), 

citando a Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015). Este 

recurso extraordinario, cuyo propósito es disipar una incertidumbre 

jurídica y contribuir a la paz social, puede ser dictado en procesos 
KLAN202400196 18

en los cuales “los hechos alegados demuestran que existe una 

controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales 

adversos, sin que medie lesión previa de los mismos [...]”. R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, pág. 560. Además, 

provee que “toda persona [...] cuyos derechos [...] fuesen afectados 

por un estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una 

franquicia, [puede] solicitar una [determinación] sobre cualquier 

divergencia en la interpretación o validez de [estos] y [...] que se dicte 

una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas 

que de aquéllos se deriven”. Regla 59.2(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.

Conforme a la doctrina prevaleciente, el mecanismo de la 

sentencia declaratoria debe utilizarse cuando permite finalizar 

situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos. 

Suárez v. C.E.E., 162 DPR 43 (2004); Colegio de Ingenieros v. A.A.A., 

131 DPR 735 (1992); Charana v. Pueblo, 109 DPR 641 (1980); 

Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481 (1954). De ese modo, permite obviar 

la inseguridad y los peligros de un salto en la oscuridad, cuando 

existe una controversia jurídica genuina entre las partes. Asoc. de 

Vecinos v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 (1986).

La sentencia declaratoria propicia la seguridad y certidumbre 

en las relaciones jurídicas tanto en el ámbito público, como en el 

privado. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 (2006); Moscoso v. 

Rivera, supra. Al emitir una sentencia declaratoria, el Tribunal de 

Instancia debe comparar los intereses públicos y privados de las 

partes, la necesidad de emitir la sentencia declaratoria y el efecto 

que ello tiene sobre lo reclamado, por lo que debe demostrarse que 

los intereses de la justicia serían bien servidos. Moscoso v. Rivera, 

supra.
KLAN202400196 19

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a aplicarla.

III

En su primer señalamiento de error, la parte apelante nos 

plantea que, erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir 

prematuramente la Sentencia Parcial por la vía sumaria sin que 3rd 

Millennium tuviese oportunidad de hacer descubrimiento de prueba 

y negarse (por silencio) a conceder la moción presentada al amparo 

de la Regla 36.6.

Como cuestión de umbral, al ejercer nuestra función revisora 

respecto a una moción de sentencia sumaria debemos: 1) examinar 

de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario; 2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

referida Regla 36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que 

los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, supra.

Al revisar ponderadamente la moción de sentencia sumaria 

instada por la parte apelada, colegimos que, en efecto, dicha parte 

cumplió con las disposiciones de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra, al incluir: (i) una exposición breve de las alegaciones; 

(ii) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual solicita 

la sentencia sumaria; (iii) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de veintidós (22) hechos esenciales y 
KLAN202400196 20

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de la prueba admisible en evidencia obrante en el 

expediente del tribunal donde se establecen estos hechos,7 (iv) las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, apoyada con la 

correspondiente argumentación del derecho aplicable, y (v) el 

remedio que debe ser concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez 

García v. UCA, supra, pág. 940; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, 

supra, pág. 14.

Conforme a esta normativa procesal, la parte que desafía una 

solicitud de sentencia sumaria no puede descansar en las 

aseveraciones o negaciones consignadas en su alegación. Por el 

contrario, está obligada a enfrentar la moción de su adversario de 

forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente en 

su solicitud puesto que, de incumplir, corre el riesgo de que se dicte 

sentencia sumaria en su contra, de proceder en derecho.8

En el caso que nos ocupa, la parte apelante, por el contrario, 

se circunscribió alegar que la moción de sentencia sumaria era 

prematura y a solicitarle término al foro primario para culminar el 

descubrimiento de prueba, a fin de controvertir los hechos 

consignados en la misma. Lo anterior, nos lleva a concluir 

forzosamente que, la parte apelante incumplió con la normativa 

procesal pertinente para lograr derrotar la disposición sumaria.

7 La parte apelada anejó a su moción los siguientes documentos: i) Deed Number 

Fourteen (14) Deed of Ratification and Conversion of Ground Lease and 

Development Agreement and Right to Purchase to Public Instrument; ii) Copia de la 

carta del 7 de noviembre de 2019 enviada por la Autoridad a 3rd Millennium 

mediante correo certificado; iii) Evidencia del registro del contrato 2017-000042 

en la Oficina del Contralor de Puerto Rico; iv) Copia de la Escritura Número 2 

otorgada el 8 de junio de 2022 ante la Notario Nicole Michelle Vega Acevedo 

intitulada Notarial Act to Attest the by Default Termination of the Ground Lease and 

Development Agreement – Parcels E One (E1) and E Two (E2) of the Puerto Rico 

Convention Center District; v) Certification of the Public Notary Filing a Document 

with the Puerto Rico Property Registry by Telematic Method; vi) comunicaciones 

mediante correos electrónicos entre la licenciada Noema Giralt y Héctor López; vii) 

Declaración Jurada suscrita por la licenciada Noema Giralt el 21 de abril de 2023; 

viii) Ground Lease and Development Agreement y sus anejos.

8 Véanse: Rodríguez García v. UCA, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, supra; Bobé 

et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6 (2017); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.
KLAN202400196 21

Ciertamente, nuestra Máxima Curia ha destacado que, el 

descubrimiento de prueba está íntimamente ligado al proceso de 

sentencia sumaria. Las alegaciones influirán, tanto en la 

información específica que los abogados procurarán indagar en el 

proceso de descubrimiento de prueba, así como en el mecanismo 

particular que han de escoger para llevar a cabo esa faena. El 

trámite de sentencia sumaria presupone que el promovido ha podido 

concluir el descubrimiento de prueba necesario para responder 

adecuadamente a la solicitud de sentencia sumaria. León Torres v. 

Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020).

Ahora bien, en el presente caso, la parte apelante no solo no 

procuró llevar a cabo el descubrimiento de prueba para apoyar su 

contención, sino que, ni siquiera contestó la Demanda, a pesar de 

haber decursado en exceso el término reglamentario para ello. La 

Demanda fue presentada el 22 de agosto de 2022. Desde el 19 de 

octubre de 2022, la parte apelante instó ante el foro primario 

Moción de Primera Comparecencia y Solicitando Prorrogar el Término 

para Presentar Alegación Responsiva (30 días). Empero se cruzó de 

brazos y nada hizo para defenderse de las alegaciones. Lo anterior, 

a pesar de que como mencionamos, el 15 de marzo de 2023, se 

declaró No Ha Lugar su solicitud de desestimación y se le concedió 

un término final para presentar su alegación responsiva. Mucho 

menos, procuró descubrir prueba, si entendía que ello era necesario 

para su defensa. Ante este escenario procesal, el planteamiento de 

la parte apelante de que no ha podido concluir el descubrimiento de 

prueba nos parece más bien una excusa en la cual pretende 

escudarse para eludir la adjudicación sumaria que nos atiene.

Tampoco podemos perder de perspectiva que los 

planteamientos esbozados por la parte apelada en su moción de 

sentencia sumaria le son harto conocidos a la parte apelante. No se 

puede soslayar el hecho que la razón para dar por terminado el 
KLAN202400196 22

contrato en controversia obedeció a la inacción e incumplimiento de 

la parte apelante con sus obligaciones contractuales, lo cual fue 

objeto de discusión entre las partes. En mérito de lo anterior, 

razonamos que no se cometió el primer error señalado.

En su segundo señalamiento, la parte apelante arguye que, 

erró el foro a quo al emitir la sentencia sumaria parcial, a pesar de 

que los autos demuestran que fue la Autoridad la que incumplió sus 

obligaciones contractuales principales e indispensables, 

obstruyendo así los próximos pasos del predesarrollo, cuando 

menos, no denegarla a base de la existencia de controversia sobre la 

causa que entorpeció dichos trabajos de predesarrollo.

Como sabemos, en la oposición a una solicitud de sentencia 

sumaria, el promovido debe, como parte de su carga, puntualizar 

aquellos hechos propuestos que pretende controvertir y, si así lo 

desea, someter hechos materiales adicionales que alega están en 

disputa y que impiden que se dicte una sentencia sumaria en su 

contra. Claro está, para cada uno de estos supuestos deberá hacer 

referencia a la prueba específica que sostiene su posición según 

exige la Regla 36.3. En otras palabras, la parte opositora tiene el 

peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa.9 León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 44.

Como sabemos, la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria viene obligada a desglosar los hechos sobre los 

que aduce que no existe controversia y, para cada uno, especificar 

la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 676. Empero, en el caso 

ante nos eso no ocurrió. 

9 Citas omitidas.
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Destacamos que, coincidimos con el razonamiento del foro a 

quo. Al examinar el expediente del caso ante nos y luego de un 

examen de novo, encontramos que las Determinaciones de Hechos 

realizadas por el foro primario se basan en los documentos que 

obran en el expediente y anejados a la Moción Solicitando que se Dicte 

Sentencia Sumariamente (Moción de Sentencia Sumaria al Amparo de 

la R. 36), los cuales no fueron controvertidos por la parte apelante.

Colegimos que no se cometió el segundo error señalado.

VI

Por los fundamentos que anteceden, se confirma el dictamen 

apelado.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones