Número Identificador

SEN2024 _____________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VIII

RICARDO PEDROZA 

GUZMÁN

Querellante-Recurrido

v.

CBM CAPITOL 

BUILDING 

MAINTENANCE, INC.

Querellada-Peticionaria

KLCE202400155

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil Núm. 

K PE2013-0876

Sala: 801

Sobre: Despido 

Injustificado, 

Represalia, Cobro 

Comisiones

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez

Monge Gómez y el Juez Cruz Hiraldo.

Cruz Hiraldo, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2024.

Comparece la parte peticionaria, CBM Capital Building 

Maintenance, Inc. (en adelante, CBM), para solicitarnos que se 

revise y revoque una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, (en adelante, TPI), el 25 de 

enero de 2024 y notificada el 29 de enero del mismo año, en la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de paralización de la 

Ejecución de la Sentencia.

1

La parte recurrida, Ricardo Pedroza Guzmán, (en adelante,

señor Pedroza Guzmán), compareció mediante Oposición a

Certiorari.

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de Certiorari y confirmamos la Orden emitida por 

el foro primario por los fundamentos que expondremos a 

continuación.

1 Apéndice I del Recurso de Certiorari, pág. 1.
KLCE202400155 2

-IEl señor Pedroza Guzmán comenzó a trabajar para CBM el 1 

de octubre de 2008, su eventual despido ocurrió el 29 de diciembre 

de 2011. Posteriormente, el 20 de febrero de 2013 radicó una 

Querella por despido injustificado, represalia y cobro de comisiones 

contra CBM al amparo del trámite sumario dispuesto en la Ley 

Núm. 2–1961, según enmendada. 

Por su parte, el 25 de marzo de 2013, CBM radicó su 

Contestación a Querella. Negó las alegaciones en su contra y 

argumentó que el señor Pedroza Guzmán fue despedido de manera 

justificada, sin que mediaran represalias, por incumplimiento con 

las normas de la empresa y actos de insubordinación. De igual 

forma, como defensa afirmativa sostuvo que, no procedían las 

comisiones solicitadas por el recurrido, toda vez que estas no eran 

líquidas ni exigibles.

Luego de un accidentado trámite procesal que incluyó 

múltiples recursos de revisión judicial ante este Tribunal,2 el 11 de 

octubre de 2023 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia.

3

En la misma, dictaminó a la parte peticionaria satisfacer la 

cantidad de $6,274.88, así como una cantidad similar por 

concepto de doble penalidad que dispone la Ley Núm. 2-1961 y un 

25% adicional por concepto de honorarios de abogados. Además, le 

impuso a CBM intereses por temeridad al 9.25% anual a ser 

computados desde el 29 de diciembre de 2011.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2023 el foro de origen

emitió Orden de Solicitud de Expedición de Orden de 

Descubrimiento de Prueba para Ejecución de Sentencia.

4 El 20 de 

diciembre de 2023, CBM presentó mediante Moción Urgente 

Solicitando Paralización de Ejecución de Sentencia por Novación en 

2KLCE201201547, KLCE201900354, KLAN202000936, KLCE202100151, 

KLCE202100842.

3 Apéndice II del Recurso de Certiorari, págs. 2-14.

4 Apéndice VI del Recurso de Certiorari, págs. 18-19.
KLCE202400155 3

la Obligación.

5 Por su parte, el 22 de diciembre de 2023 el señor 

Pedroza Guzmán presentó Oposición a Moción Urgente solicitando 

Paralización de Ejecución de Sentencia por Novación en la 

obligación.

6 En resumen, el recurrido expuso que le habían 

comunicado que CBM se proponía presentar un caso criminal por 

fraude en su contra, por lo que debía desistir de este proceso.7

Añadió que, no había aceptado una disminución por concepto de 

pago y que, en el caso de marras no se había producido ninguna 

novación. Reconoció que: 

hicimos alusión erróneamente a que los intereses 

impuestos por el Honorable Tribunal eran a base de 

un 4.25%, cuando surge claramente de la Sentencia 

emitida el 11 de octubre de 2023, estos son de un 

9.25% anual. No obstante, aclaramos que la parte 

querellada NO reaccionó y muchos menos aceptó de 

manera alguna dicha propuesta. A contrario sensu, lo 

que surge del Exhibit A, mediante un correo 

electrónico con fecha del 31 de octubre de 2023 de la 

parte peticionaria, surge que la misma habría de ser 

discutida por el Lcdo. Enrique Pérez Acosta con la 

dirección de CBM y el Lcdo. Camacho. No obstante, la 

misma nunca le fue contestada por la parte 

peticionaria al suscribiente.8

A su vez informó que, recibió dos (2) cheques por concepto 

de pagos parciales y que el representante legal de CBM, informó 

que su cliente interesaba un plan de pagos. Se desprende del 

expediente que, el cheque número 128508, con fecha del 11 de 

diciembre de 2023 y emitido a favor del Licenciado Víctor M. 

Bermúdez Pérez por la cantidad de $3,133.44 dólares fue recibido 

por este último el 12 de diciembre de 2023, con una nota de 

“Recibido pago completo” en concepto de pago de honorarios.9

Por otro lado, surge de los autos que, el cheque número 

128506 con fecha del 11 de diciembre de 2023 y emitido a favor 

del señor Ricardo Pedrosa Guzmán, por la cantidad de $3,137.44, 

y fue recibido por el Licenciado Bermúdez Pérez el 12 de diciembre 

5 Apéndice VIII del Recurso de Certiorari, págs. 30-32.

6 Apéndice IX del Recurso de Certiorari, págs. 33-36.

7 Apéndice IX del Recurso de Certiorari, pág. 33.

8 Apéndice IX del Recurso de Certiorari, pág. 34.

9 Apéndice IV del Recurso de Certiorari, pág. 16.
KLCE202400155 4

de 2023. Este último, anotó en el desglose del cheque: “Recibido 

pago parcial sujeto a discutir para plan de pagos”.10 El 25 de 

enero de 2024 y notificada el 29 de enero del mismo año, el TPI 

emitió Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

paralización.11

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia, el 7 de febrero de 2024 la parte peticionaria presentó el 

auto de Certiorari ante nos, donde le imputó al foro recurrido el 

siguiente señalamiento de error:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HON. TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE PROCEDÍA CONTINUAR 

CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA SIN RESO[L]VER 

QUE, ANTE LA OFERTA, ACCIONES DE LA QUERELLANTE 

APELADA Y LA ACEPTACIÓN DE LA QUERELLADA 

APELANTE SE CONFIGURÓ UNA NOVACIÓN MODIFICADA 

DE LA OBLIGACIÓN MODIFIC[Á]NDOSE AS[Í] LA 

CONTENIDA EN LA SENTENCIA QUE LA QUERELLADA 

ADEUDA A LA QUERELLANTE LA SUMA DE $10,216.32 Y 

NO ADEUDA SUMA ALGUNA A SU ABOGADO. SIN 

RENUNCIAR AL PLANTEAMIENTO PREVIO Y EN LA 

ALTERNATIVA SOSTENEMOS QUE EN RELACI[Ó]N A LOS 

HONORARIOS DE ABOGADO SE CONFIGURÓ EL PAGO Y 

LA ACEPTACIÓN O EL PAGO EN FINIQUITO O “ACCORD 

AND SATISFACTION”.

Examinado el recurso en su totalidad con la comparecencia 

de ambas partes, procedemos a establecer el derecho aplicable y 

resolver.

-II-

-AEl recurso de certiorari es un mecanismo procesal de 

carácter discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones del tribunal recurrido. Rivera 

et al. v. Arcos Dorados et al.., 212 DPR 194, 207 (2023); McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). La Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., establece los 

preceptos que regulan la expedición discrecional que ejerce el 

10 Apéndice V del Recurso de Certiorari, pág. 17.

11 Apéndice I del Recurso de Certiorari, pág. 1.
KLCE202400155 5

Tribunal de Apelaciones sobre el referido recurso para la revisión 

de resoluciones y órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 

DPR 703, 709 (2019). En lo pertinente, la Regla 52.1, supra, 

dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público 

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del 

resto del Derecho y, por lo tanto, es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión 

justiciera. Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 

847 (2023); Mun. Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 

(2019); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Así pues, la 

discreción judicial para expedir o no el auto de certiorari no ocurre 

en un vacío ni en ausencia de parámetros. Id. Cónsono con lo 

anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.40, orienta la función del tribunal intermedio 

para ejercer sabiamente su facultad discrecional y establece los 

criterios que debe considerar al determinar si procede o no expedir 

un auto de certiorari. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra;

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Mun. Caguas v. JRO 
KLCE202400155 6

Construction, supra, pág. 709; McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, págs. 338-339. La referida regla dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios 

a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 

913, 918 (2009). Es por ello que, los tribunales revisores deben 

limitarse a aquellos casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. Id. Nuestro ordenamiento 

jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo intervendrá con 

las facultades discrecionales de los foros primarios en 

circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos: (1) 

actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., supra; Cruz Flores et al. v. 
KLCE202400155 7

Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. 

Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Cónsono a este ordenamiento, debemos señalar que nuestro 

Alto Foro ha expresado que la denegatoria de un recurso de 

certiorari por este tribunal intermedio no prejuzga los méritos del 

caso ni la cuestión planteada. Consiguientemente, los asuntos 

pueden volverse a plantear en el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). Es decir, la 

parte peticionaria de un recurso discrecional de certiorari, que no 

ha sido expedido ni dirimido en sus méritos, no queda privada de 

la oportunidad de reproducir ante este Tribunal de Apelaciones los 

mismos u otros planteamientos de error. Núñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992).

-BEl Artículo 1182 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

9421, define la novación como la sustitución de una obligación 

previa por una nueva, la cual extingue la primera. La novación se 

puede llevar a cabo mediante la variación del objeto o condiciones 

principales de una obligación, sustituyendo la persona del deudor 

por otro, o la sustitución del antiguo acreedor por otro. Artículo 

1183 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9422. 

En lo pertinente al caso ante nos, el profesor Garay Aubán 

puntualiza que para que una obligación quede extinguida por otra 

que la sustituya, es indispensable que ocurra una de dos cosas: 

(1) que así se declare expresamente o; (2) que, aunque las 

partes no lo hayan declarado, la obligación original y la nueva, 

sean totalmente incompatibles entre sí. Artículo 1184 del 

Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9423. “Fíjense en el uso del 

lenguaje en este artículo: los términos son absolutos 

(‘terminantemente’, ‘totalmente’)”. M. GARAY AUBÁN, COMPENDIO DE 
KLCE202400155 8

OBLIGACIONES, INCLUYE REFERENCIAS AL CÓDIGO CIVIL 2020, 206 

(2023). (Énfasis suplido). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que “no

existe novación extintiva cuando se confieran facilidades para 

el cumplimiento de la obligación primitiva como, por ejemplo, 

cuando se conceden prórrogas o plazos fraccionados, salvo que 

el plazo sea una condición esencial en cuyo caso se entraría en 

el ámbito de la novación por incompatibilidad”. PDCM Assoc. v. 

Najul Bez, 174 DPR 716, 726(2008); citando a Miranda Soto v. 

Mena Eró 109 DPR 473, 479-480 (1980). (Énfasis suplido).

Nuestro máximo foro judicial ha expresado que 

“la novación nunca se presume, sino que ha de ser acreditada 

sin género alguno de duda.” González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 

449, 459 (2004). (Énfasis suplido). Igualmente, ha establecido que 

“la novación en su modalidad extintiva es siempre una 

cuestión de intención y ésta debe inferirse de las 

circunstancias que rodean cada caso en particular.” Íd., pág. 

459. (Énfasis suplido). Es por ello que, la doctrina puntualiza el 

elemento de la voluntad de las partes como determinante de 

la novación. Íd., pág. 459. De manera que, es un elemento 

indispensable de la vertiente extintiva el animus novandi, es 

decir, la voluntad expresa de extinguir una obligación por otra.

PDCM Assoc. v. Najul Bez, supra, pág. 726. (Énfasis suplido). Ello, 

ya que la novación “encierra un asunto de intención que debemos 

inferir de las circunstancias de cada caso y de la voluntad de las 

partes”. Íd. En atención a lo anterior, la profesora García Cárdenas 

sostiene que “el consentimiento para la novación tiene que ser 

expreso y claro”. M. GARCÍA CÁRDENAS, DERECHO DE OBLIGACIONES Y 

CONTRATOS, 133 (MJ Editores 2020). (Énfasis suplido). 

Por otro lado, señala el tratadista Carlos Lasarte que, bajo 

los requisitos de la novación, se requiere:
KLCE202400155 9

(1) que la voluntad o intención novatoria de los sujetos no 

deje lugar a dudas; (2) que la voluntad novatoria ha de ser 

común a ambos sujetos de la obligación y que, por tanto, la 

novación presupone el acuerdo y la consiguiente capacidad 

contractual de ambos para contraer una nueva obligación; 

(3) que la obligación primitiva u original sea válida. II, 

CARLOS LASARTE, DERECHO DE OBLIGACIONES, PRINCIPIOS DE 

DERECHO CIVIL, 178 (Marcial Pons) (24 ed. 2021).

Como podemos observar, dichos requisitos son cónsonos 

con nuestro ordenamiento jurídico vigente. Estos preceptos van 

dirigidos esencialmente a la intención o voluntad de las partes en 

común acuerdo sobre una obligación. Es decir, dicho requisito es 

esencial para el cumplimiento de la novación. 

-CEl pago en finiquito está codificado en nuestro Código Civil, 

bajo el artículo 1503, donde se establecen las formas de la 

transacción: [l]a transacción debe constar en un escrito firmado 

por las partes o en una resolución o una sentencia dictada por el 

tribunal. Si se refiere a derechos constituidos mediante escritura 

pública, se requiere esta formalidad. La inobservancia de estas 

reglas la hace nula. El pago en finiquito tiene aquellos efectos 

que la ley establece. 31 LPRA sec. 10647. (Énfasis suplido). Por 

otro lado, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que una de las 

maneras de extinguir una obligación es mediante su pago o 

cumplimiento. Así pues, “se entiende efectuado el pago y 

extinguida la obligación cuando se ha ejecutado o entregado 

íntegramente la prestación debida al acreedor”. Artículo 1117 

Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 9141. 

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo incorporó a nuestra 

jurisdicción la doctrina de pago en finiquito o “accord and 

satisfaction” como otra forma de satisfacer o saldar una obligación. 

López v. South P.R. Sugar Co., 62 DPR 238, 243 (1943). En virtud 

de dicha doctrina, un deudor puede satisfacer lo adeudado a su 

acreedor mediante una cantidad menor a la reclamada. Por tanto, 

si el acreedor recibe y acepta la cantidad ofrecida por el deudor, 
KLCE202400155 10

está imposibilitado de reclamar la diferencia de lo que recibió y 

aceptó. HR Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983). Si el 

acreedor entiende que la cantidad a la que tiene derecho es mayor 

a la que le entregó el deudor, tiene que devolver el pago y luego 

reclamar la totalidad de la deuda. A. Martínez & Co. v. Long 

Construction, Co., 101 DPR 830, 834 (1973).

Para que se configure un pago en finiquito y se produzca el 

efecto de extinguir la obligación, deben concurrir los siguientes 

tres (3) elementos: (1) que exista una reclamación ilíquida o sobre 

la cual exista controversia bona fide; (2) un ofrecimiento de pago 

por el deudor; y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el 

acreedor. López v. South P.R. Sugar Co., supra, págs. 244-245; HR 

Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 240. En torno al primero de 

estos requisitos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que una reclamación ilíquida es una sobre la cual hay controversia 

entre las partes. Ello, distinto a cuando nos referimos a una 

cantidad líquida sobre la cual no existe incertidumbre por ser una 

cierta y determinada. Así, por ejemplo, en López v. South P.R. 

Sugar Co., supra, el alto foro concluyó que no operaba la doctrina 

en pago en finiquito porque en cuanto a la exactitud de la 

cantidad reclamada por el demandante no existía disputa, sino 

simplemente en cuanto a la obligación de pagarla. Íd., págs. 245-

246. Ahora bien, al evaluar este requisito, no sólo se exige la 

iliquidez de la deuda, sino también la ausencia de opresión o 

indebida ventaja de parte del deudor sobre su acreedor. Feliciano 

Aguayo v. Mapfre, 207 DPR 138, 160 (2021). Esta figura 

prosperará únicamente en aquellos casos en los cuales se 

presenten circunstancias claramente indicativas de que el deudor 

intenta extinguir su obligación. Íd. 

En relación con el segundo requisito, es necesario que el 

ofrecimiento del deudor esté acompañado por declaraciones o actos 
KLCE202400155 11

que evidencien que el pago ofrecido al acreedor es total, completo y 

definitivo. Íd., pág. 163. El Tribunal Supremo ha expresado que

este requisito también se cumple cuando el acreedor entiende 

que el pago ha sido entregado como pago final, a pesar de que 

el mismo no vino acompañado por declaraciones o actos que 

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al 

acreedor es en pago total, completo y definitivo de la deuda 

existente entre ambos. HR Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 

242. (Énfasis suplido). De igual manera, la doctrina exige que este 

ofrecimiento se realice de buena fe. Feliciano Aguayo v. Mapfre, 

supra, pág. 163. 

Así también, sobre el tercer requisito, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado que tienen que concurrir actos afirmativos, 

posteriores al recibo del pago, que claramente indiquen la 

aceptación de la oferta por parte del acreedor, de modo tal que, en 

ausencia de actos claramente indicativos de la aceptación de 

la oferta por parte del acreedor, la mera retención de un pago, 

por un período razonable, no constituirá la aceptación del pago 

ofrecido y no aplicará la doctrina de aceptación como 

finiquito. HR Elec., Inc. v. Rodríguez, supra, pág. 244. (Énfasis 

suplido). Es decir, el acreedor cuenta con un tiempo razonable 

para investigar y consultar cuál es el mejor proceder. 

La aceptación del ofrecimiento se perfecciona cuando el 

acreedor retiene y acepta el cheque bajo el entendimiento de 

que el instrumento se remitió como saldo total de la 

obligación. Feliciano Aguayo v. Mapfre, supra, pág. 163. (Énfasis 

suplido). Por ello, es necesario que el acreedor manifieste actos 

claramente indicativos de la aceptación de la oferta de pago. HR 

Electroplanting v. Rodríguez, supra, págs. 243-244. En ausencia 

de opresión o indebida ventaja de parte del deudor y mediando 

circunstancias claramente indicativas para el acreedor de que el 
KLCE202400155 12

cheque remitido lo era en pago y saldo total del balance resultante 

de la liquidación final del contrato, están presentes todos los 

requisitos la figura de pago en finiquito. A. Martínez & Co. v. Long 

Const. Co., supra, pág. 834. 

La aceptación del cheque por el acreedor bajo estas 

premisas equivale a dar su conformidad a la liquidación del 

contrato que lo acompañaba. Por lo tanto, si el deudor envía un 

cheque al acreedor como pago total de una deuda y el acreedor lo 

endosa y lo cobra, aunque se reserve en el endoso o de otra forma 

el derecho de reclamar cualquier diferencia, se extingue la deuda 

por efecto de “accord and satisfaction”. O. SOLER BONNIN, Manual 

para el Estudio de la Teoría General de las Obligaciones y de 

Contrato en el Derecho Civil Puertorriqueño, San Juan, Ediciones 

SITUM, 2014, pág. 86. Cualquier acción unilateral por parte del 

acreedor de tachar, borrar o modificar en cualquier forma el 

concepto de endoso sustituyéndolo por otro de su propia 

redacción, no excluye la aplicación de la doctrina. A. Martínez & 

Co. v. Long Const. Co., supra, pág. 834.

Ahora bien, si el acreedor le comunica al deudor, antes de 

cambiar el cheque, que lo acepta como pago parcial, entonces la 

doctrina del pago en finiquito no surtiría efecto, manteniéndose la 

deuda inalterada. Gilormini Merle v. Pujals, 116 DPR 482, 484 

(1985). En cambio, “[e]stá generalmente establecido que si un 

cheque con anotación indicativa de que se ofrece en pago total o 

transacción de una reclamación disputada o sin liquidar, se envía 

por el deudor a su acreedor, y estos extremos se aclaran al 

acreedor, éste último no puede evadir el dilema de devolver el 

cheque o retenerlo en pago total de su acreencia con simplemente 

borrar, suprimir o tachar las palabras que expresa dicho concepto 

de endoso”. A. Martínez & Co. V. Long Const. Co., supra, pág. 835. 
KLCE202400155 13

Es decir, debe existir un acto afirmativo por parte del 

acreedor manifestando al deudor su aceptación de forma 

parcial y no total, antes de cambiar el cheque. Por lo tanto, en 

aquellos casos en los que un deudor le envía un cheque al 

acreedor por una cantidad menor con una anotación indicativa de 

que se ofrece en saldo o pago total de la deuda en disputa entre 

las partes; si el deudor al recibir el cheque, lo acepta y lo cobra, es 

aplicable la figura “accord and satisfaction” y[,] por lo tanto, se 

extingue la obligación. A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 

supra, pág. 833. (Énfasis suplido).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que 

esta norma de derecho común, en cierto modo, opera en un área 

de contratación rápida propia de nuestros días y es más asequible 

para la terminación en corto plazo de diferencias, incertidumbres 

y mutuas reclamaciones que el contrato de transacción definido 

en el Artículo 1497 del Código Civil, 31 LPRA sec. 10641, el cual 

generalmente nace de un pleito pendiente o a punto de comenzar. 

A. Martínez & Co. V. Long Const. Co., supra, pág. 834. Así pues, 

determinó el más alto foro judicial que se podría llamar al “accord 

and satisfaction” la transacción al instante dada su viabilidad, su 

liberación de requisitos formales y la prontitud de su acción, 

suplantando la contienda y la incertidumbre por la concurrencia 

de opuestas pretensiones. Íd.

En esta misma línea, la Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 

1995, según enmendada, conocida como “Ley de Transacciones 

Comerciales”, fue promulgada con el objetivo de facilitar las 

transacciones comerciales, uniformar el derecho entre las distintas 

jurisdicciones y fomentar la expansión de las prácticas comerciales 

mediante la incorporación de costumbres, usos y acuerdos entre 

las partes involucradas. 19 LPRA sec. 401. En aras de cumplir con 

dicho objetivo, esta ley codifica la jurisprudencia sobre pago en 
KLCE202400155 14

finiquito. En síntesis, según la sección 2-311, se requiere como 

condición para que se configure el “pago en finiquito” la existencia 

de los requisitos siguientes: (1) que el deudor ofrezca de buena fe el 

instrumento al reclamante en pago total de la reclamación, (2) la 

existencia de una reclamación ilíquida o una controversia bona 

fide y (3) que el reclamante haya obtenido el pago del instrumento. 

19 LPRA sec. 611. Feliciano Aguayo v. Mapfre, supra, pág. 167. 

Es menester aclarar que, el mero cambio del cheque no 

conlleva automáticamente a la aplicación de la doctrina de pago en 

finiquito. Feliciano Aguayo v. Mapfre, supra, pág. 169. Esto es así 

ya que la Ley de Transacciones Comerciales, supra, permite el 

repago de la cantidad de dinero especificada en el cheque dentro 

de los noventa (90) días siguientes al pago del instrumento. 19 

LPRA sec. 611 (c)(2). Es decir, si la persona cobra el cheque sin 

percatarse de que era una oferta de pago completo de la 

reclamación, se aplica el término de gracia. Feliciano Aguayo v. 

Mapfre, supra, pág. 169. 

No obstante, si se demuestra que la persona cobró el cheque 

con pleno conocimiento de que era un pago final, este término no 

será aplicable. Íd. La responsabilidad de aplicar esta excepción o 

término de gracia para hacer el repago de la cantidad incluida en el 

cheque recae únicamente en los tribunales Íd. Por último, nuestro

máximo foro judicial ha decidido que cuando la controversia se 

centra en la aplicación de la defensa de pago por finiquito luego de 

que una persona haya aceptado explícita o implícitamente los 

cambios en un cheque, lo más conveniente es ventilar dicha 

disputa en un juicio plenario. Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 

supra, pág. 485. 

-IIILa parte peticionaria nos solicita que ejerzamos nuestra 

facultad discrecional para revocar una Orden de Solicitud de 
KLCE202400155 15

Expedición de Orden de Descubrimiento de Prueba para Ejecución 

de Sentencia que fue emitida el 12 de diciembre de 2023 por el foro 

de origen.

12 En su comparecencia ante el Foro a quo, la parte 

peticionaria solicitó se paralizara la ejecución de la sentencia del 

11 de octubre de 2023, arguyendo que hubo novación, ya que 

sostiene que entre la parte recurrida y CBM hubo un intercambio 

de correos y una entrega de cheques que modificaron la cantidad, 

el interés acumulado, la penalidad, los honorarios por concepto de 

abogados de una sentencia que es final y firme. En adición, CBM 

solicitó al TPI que resolviera si en efecto, se llevó a cabo una 

novación entre las partes. En su señalamiento de error, CBM 

sostiene que erró el foro de instancia al determinar que procedía la 

ejecución de la Sentencia sin resolver si se había configurado la 

novación de la obligación impuesta por la Sentencia por la 

aceptación de los pagos parciales a favor del señor Pedroza 

Guzmán, y o en la alternativa, si se configuró un pago en finiquito 

relacionado con los honorarios de abogado. Respondemos en la 

negativa.

En este caso, ambas partes coinciden en que el peticionario 

entregó dos (2) cheques, uno por la cantidad de $3,133.44 por 

concepto de honorarios de abogados, y otro por la cantidad de 

$3,137.44 por concepto de pago parcial a favor del señor Pedroza 

Guzmán. Los cheques emitidos por CBM fueron en consecuencia a 

una comunicación extrajudicial iniciada por el señor Pedroza 

Guzmán del 31 de octubre de 2023 para la ejecución de la 

Sentencia otorgada a su favor.13 Sin embargo, ambas partes 

confieren interpretaciones distintas sobre el alcance de los pagos 

parciales que lleva a pensar a la parte peticionaria que obró una 

novación, restando por pagar solo los $10,216.32.

12 Apéndice VII del Recurso de Certiorari, págs. 18-19.

13 Apéndice III del Recurso de Certiorari, pág. 15.
KLCE202400155 16

Ante la diferencia monetaria de los cheques, el representante 

legal del señor Pedroza Guzmán le inquirió a CBM sobre la 

cantidad que faltaba debido a que, según sus cálculos era una 

cantidad mayor. El representante legal de CBM señaló que su 

cliente interesaba un plan de pago. Tal como surge del cheque

número 128506 recibido por el Licenciado Bermúdez Pérez, tal 

planteamiento estaba sujeto a discutir cualquier consideración de 

una aprobación de su cliente, es decir, el señor Pedroza Guzmán. 

Adviértase que, CBM intenta formalizar una novación 

“modificativa” ausente en derecho. Bajo dicha pretensión no 

concurren con los requisitos para novación extintiva al no haber 

mediado el consentimiento de la parte recurrida. Adviértase que, el

haber entregado un pago parcial a su representante legal, quien no 

es el acreedor de la deuda, no otorga tal consentimiento. La falta 

de anuencia del señor Pedroza Guzmán no puede convalidarse

mediante la eliminación de una partida económica sustancial del 

obrero favorecido por el decreto judicial luego de doce (12) años de 

litigio.

En resumidas cuentas, para que operara la novación en el 

caso de autos, era imprescindible el consentimiento o la voluntad 

del señor Pedroza Guzmán y en adición era necesario que así se 

declarara expresamente o que, aunque las partes no lo hayan 

declarado, la obligación original y la nueva, sean totalmente 

incompatibles entre sí.

Como parte de los requisitos en la figura de novación, 

reiteramos que nuestro más alto foro ha dispuesto que la novación 

no opera cuando se confieran facilidades para el cumplimiento 

de la obligación primitiva como, por ejemplo, cuando se 

conceden prórrogas o plazos fraccionados, salvo que el plazo 

sea una condición esencial en cuyo caso se entraría en el 

ámbito de la novación por incompatibilidad. PDCM v. Najul Bez, 
KLCE202400155 17

supra, pág. 726. Es decir, nuestra jurisprudencia ha sido enfática

que la novación no operará cuando se concedan plazos de la 

condición primitiva, en este caso, la cantidad adeudada por 

concepto de pago de salarios, intereses, penalidad y honorarios de 

abogado. La actuación de CBM impide que se consume la figura de 

la novación en el caso ante nuestra consideración. La pretensión 

de emitir pagos parciales o fraccionados imposibilita llevar a cabo 

una novación. 

La parte peticionaria se ha negado a pagar la suma 

adeudada de manera temeraria. Tal como fue determinado por el 

Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia y citamos:

“En ese sentido, la parte querellante presentó prueba 

creída por el tribunal que dicho beneficio era parte de 

su salario. También, que el patrono lo reconocía por 

escrito y verbalmente aun cuando en el caso lo negó 

temerariamente. [...] Para finalizar, no somos ajenos 

a que la parte querellada ha demostrado una 

conducta temeraria en el manejo de su defensa. 

Así, entre otras cosas, obligó a litigar asuntos que 

se pudieron resolver sin la necesidad de someter a 

la parte a un engorroso trámite judicial. Negó 

reiteradamente el derecho del empleado al cobro de 

sus comisiones a pesar de que los propios documentos 

del patrono lo reflejaban claramente. Además, incurrió 

en conducta contraria al deber de descubrir la prueba. 

Retrasó el caso mediante el cambio en varias ocasiones 

de representación legal, etc.”.14 (Énfasis suplido).

Ante la negativa de efectuar el pago de la cuantía impuesta

por la Sentencia, el señor Pedroza Guzmán tuvo que recurrir ante 

el foro de origen para dar conocimiento del asunto y solicitar la 

ejecución de dicha Sentencia. Nótese que, este litigo abarca un 

trámite procesal de más de doce (12) años por la conducta que ha 

desplegado CBM en pagarle al señor Pedroza Guzmán lo obtenido 

mediante decreto judicial que incluye pagos adeudados, 

penalidades, los intereses de estos pagos, así como los intereses 

generados por los honorarios de abogados. Al presente, dicha 

deuda continua en mora por la falta de pago de CBM. 

14 Apéndice II del Recurso de Certiorari, pág. 13.
KLCE202400155 18

Expuesto el derecho antes esbozado, resulta forzoso concluir 

que no se configuró novación entre las partes, toda vez que no 

cumplió con los requisitos de dicha figura jurídica. Entiéndase 

que, haya voluntad de ambas partes para que una obligación 

quede extinguida por otra que la sustituya, que así fue declarado

terminantemente y que ambas fueran totalmente incompatibles. 31 

LPRA sec. 9423. En adición a lo anteriormente expuesto, el haber 

solicitado plazos para el cumplimiento de la condición primitiva 

impide que se configure una novación entre las partes como 

sucedió en la controversia ante nos, según la jurisprudencia 

establecida.

Finalmente, sobre el pago de los honorarios de abogados en 

el cheque recibido por el Licenciado Bermúdez Pérez, y según 

expuesto en los cálculos, el recibo del cheque número128508 por 

la cantidad de $3,133.44 tampoco novó ni se configuró un pago en 

finiquito en lo correspondiente al pago de los honorarios por 

concepto de abogados. Nos explicamos. El Licenciado Bermúdez 

Pérez le inquirió a CBM la totalidad del pago. De igual forma, en 

representación de su cliente, le notificó a CBM que los cheques 

eran pagos parciales. Es decir, que debe existir un acto 

afirmativo por parte del acreedor manifestando al deudor su 

aceptación de forma parcial y no total, antes de cambiar el 

cheque. Gilormini Merle v. Pujals, supra, pág. 484. (Énfasis 

suplido). Esta comunicación tuvo lugar cuando el Licenciado 

Bermúdez Pérez recibió los cheques. En adición a ello, el 

Licenciado Bermúdez Pérez emitió una comunicación escrita a 

estos fines.15

Según expuestos los requisitos de la figura jurídica del pago 

en finiquito, en resumidas cuentas, son: (1) “que exista una 

reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona 

15 Apéndice III del Recurso de Certiorari, pág. 15.
KLCE202400155 19

fide; (2) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (3) una 

aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor”. López v. 

South P.R. Sugar Co., supra, págs. 244-245. (Énfasis suplido).

Tras un exhaustivo análisis de los documentos que obran en 

el expediente ante nuestra consideración, incluyendo la Moción 

Urgente de Paralización, su Oposición, y los documentos anejados a 

este expediente, hemos llegado a la conclusión de que en el 

presente caso no se extinguió la obligación de CBM mediante la 

figura de pago en finiquito. Esto es así ya que es imperativo 

cumplir con los tres requisitos estipulados por la doctrina antes 

expuesta. Es decir, no basta con cumplir uno de los elementos, 

sino que es necesario que estén presentes los tres para que el pago 

en finiquito sea válido. Respecto al primer requisito, no cabe duda 

de que existe controversia respecto al monto de la deuda. Por una 

parte, CBM indica que le debe $10,216.32 al recurrido, mientras

que, por otro lado, el señor Pedroza Guzmán afirma que se le debe 

$34,177.27, lo cual evidencia la existencia de una reclamación 

ilíquida. No obstante, el cumplimiento con dicho requisito, por sí 

solo no es suficiente para considerar la deuda como saldada. 

Por otro lado, CBM no cumplió con el segundo requisito de la 

figura de pago en finiquito. Es decir, no hubo un ofrecimiento de 

pago por parte del peticionario hacia el señor Pedroza Guzmán que 

indicara que su intención era extinguir la deuda. Por el contrario, 

según se desprende del propio cheque # 128508, la nota del 

desglose especifica que: “Recibido pago parcial sujeto a discutir 

para plan de pagos”.

16 Estas alegaciones van en contra de la propia 

aplicación de la doctrina de pago por finiquito. Es decir, para que 

dicha figura jurídica sea efectiva, es necesario que el deudor 

reconozca la existencia de una deuda, admita que no ha sido 

16 Apéndice IV del Recurso de Certiorari, pág. 16. Apéndice V del Recurso de 

Certiorari, pág. 17.
KLCE202400155 20

pagado y ofrezca una cantidad determinada para satisfacer la 

obligación. Además, del referido cheque no surge que CBM haya 

expresado que emitió el cheque como pago total y definitivo. 

Por último, tampoco se satisfizo el tercer requisito 

establecido en la figura del pago por finiquito. Esto es, el señor 

Pedroza Guzmán no aceptó el ofrecimiento de CBM como pago final 

de la deuda. Todo lo contrario, tan pronto recibió los cheques por 

parte de CBM, envió un correo electrónico manifestando su 

intención de aceptar el cheque como un pago parcial y no final. 

Más adelante, el 18 de diciembre de 2023, reiteró su posición.17

Estas comunicaciones demuestran que el señor Pedroza 

Guzmán no estaba aceptando el dinero como pago completo de la 

deuda reclamada. El hecho de que haya el Licenciado Víctor

Bermúdez Pérez recibiera el cheque número 128508 por la 

cantidad de $3,133.44 y le añadiera una nota de “Recibido pago 

completo” en concepto de pago de honorarios el cheque no altera 

nuestra determinación, ya que esto no garantiza automáticamente 

la aplicación del pago por finiquito bajo las circunstancias 

presentes en el caso de autos, toda vez que las manifestaciones del 

Licenciado Bermúdez Pérez sobre la aceptación del pago de manera 

parcial fueron contundentes al inquirir que cualquier transacción 

estaba condicionada a la aceptación del señor Pedroza Guzmán.

La primera comunicación del Licenciado Bermúdez Pérez a 

esos fines fue el 31 de octubre de 2023 y, la segunda misiva 

remitida reiterando lo anterior fue de fecha de 18 de diciembre de 

2023. De ninguna manera se puede entender que recibir este pago, 

finiquitó los intereses generados de los honorarios de abogado, 

toda vez que, los intereses le corresponden al cliente. Es decir, 

quien podía dar el consentimiento para renunciar a los mismos, 

era el señor Pedroza Guzmán, y en ausencia de dicha aceptación, 

17 Apéndice VII del Recurso de Certiorari, págs. 20-22.
KLCE202400155 21

dicha obligación continua en mora. Ante esta situación, resulta 

forzoso concluir que no basta con cumplir con uno de los 

elementos, que sería el ofrecimiento de pago por el deudor, sino 

que es necesario que estén presentes los tres para que el pago en 

finiquito sea válido. 

En suma, colegimos que el foro primario no erró al denegar 

la solicitud de paralización presentada por CBM, puesto que en el 

presente caso no concurren todas las circunstancias que permiten 

invocar la defensa de pago en finiquito y se entienda extinguida la 

deuda. Por otro lado, es forzoso concluir que al caso de marras no

le es de aplicación la figura jurídica de novación al no concurrir los 

requisitos de la figura jurídica antes expuesta, por lo que 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no cometió el 

error esgrimido. 

-IVPor los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos 

formar parte integral del presente dictamen, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden recurrida.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones