Número Identificador:

RES2023________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

PUBLIC ASSISTANCE 

CONSULTANTS 

INTERNATIONAL INC.

Peticionario

v.

DEPARTAMENTO DE 

SALUD DE PUERTO RICO; 

Y OTROS

Recurrido

KLCE202300840

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de San Juan

Caso Número:

SJ2022CV05213

Sobre: 

Cobro de dineroOrdinario

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2023.

Comparece ante nosotros Public Assistance Consultants

International Inc. (PACI o peticionario) y nos solicita la revocación 

de una Resolución1 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI o foro primario), emitida y notificada el 24 y 25 de mayo 

de 2023, respectivamente. En ella, el foro primario denegó la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria2 que instó PACI.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I.

En el presente caso, PACI incoó una Demanda3 sobre cobro 

de dinero e incumplimiento de contrato en contra del Departamento 

de Salud y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento 

o recurrido). Se desprende de sus alegaciones que PACI reclamó el 

pago de $378,088.25, por concepto de los servicios de consultoría 

1 Apéndice, págs. 627-656.

2 Apéndice, págs. 11-512.

3 Apéndice, págs. 1-3.
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presuntamente brindados con el propósito de obtener recursos, 

fondos y/o subvenciones ante el Federal Emergency Management 

Agency (FEMA), en virtud del contrato 2019-DS0756.

En respuesta, el Departamento acreditó su alegación 

responsiva4 en la cual negó la mayoría de las alegaciones y expuso 

que la facturación objetada no cumple con los requisitos de la Ley 

Núm. 230 de 23 de julio de 1974, conocida como la Ley de 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 230-1974), 3 

LPRA secs. 283, et seq. En particular, contienen incongruencias en 

fechas y detalles, carecen de documentos de soporte, entre otros 

defectos, lo cual impide su procesamiento y el ulterior desembolso 

de fondos públicos.

Superadas las etapas iniciales del pleito, PACI instó un 

petitorio sumario.

5 En su escrito expuso que los servicios facturados 

se proveyeron conforme a lo acordado y que los requerimientos y 

objeciones del Departamento sobre las facturas son formalismos que

ya se atendieron y que no constituyen controversias de hechos 

medulares que incidan sobre la solución sumaria de este caso. Alegó 

que, no existe duda de que el Departamento le adeuda $378,088.25 

por los servicios brindados y facturados, por lo cual, suplicó al foro 

primario que emita un dictamen sumario y que ordene al 

Departamento pagarle la referida cuantía, más intereses, gastos y 

honorarios.

A lo antes, el Departamento se opuso6 e insistió en que la 

deuda reclamada no es líquida, vencida y exigible. Ello, tras

4 Apéndice, págs. 4-10.

5 Junto a su petitorio sumario, PACI presentó los siguientes documentos: Anejo 

1-Professional Services Agreement, Contrato número 2019-DS0756; Anejo 2-

Declaración jurada suscrita por el Sr. Rickey G. Conradt; Anejo 3-Factura ID-100-

R2; Anejo 4-Factura ID-103; Anejo 5-Factura ID-104; Anejo 6-Correo electrónico 

suscrito por el Lic. Eric Rubén Huertas Morales el 28 de mayo de 2020; Anejo 7-

Correo electrónico suscrito por el Sr. Rickey Gene Conradt el 7 de febrero de 2020; 

Anejo 8-Carta suscrita por el Lic. Miguel A. Verdiales Morales con fecha del 26 de 

junio de 2020 y Anejo 9-Carta suscrita por el Lic. Daniel F. Marrero Guerrero con 

fecha del 2 de mayo de 2022. Apéndice, págs. 11-512.

6 En su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, el Departamento incluyó 

los siguientes anejos: Anejo 1-Factura 100; Anejo 2-Factura 100 R-2; Anejo 3-
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identificar 32 señalamientos sobre falta de información o 

documentación que le impiden corroborar la corrección de los 

servicios descritos y el tiempo dedicado a su ejecución. Abundó que, 

la información requerida es también necesaria para fines 

fiscalizadores ante cualquier auditoría posterior. A tales efectos, el 

Departamento propuso 50 hechos incontrovertidos adicionales, los 

cuales sustentó con diversos documentos, entre ellos, una 

declaración jurada de Taileen Yazmin Negrón Rivera, Supervisora y 

Coordinadora General de la Oficina de Manejo y Reclamaciones por 

Desastres (OMRD) del Departamento de Salud.7

En reacción, PACI replicó,

8 sin sustentar sus alegaciones con 

anejos, a lo cual el Departamento duplicó.9 Evaluada la solicitud de 

sentencia sumaria de PACI, la oposición del Departamento y los 

escritos subsiguientes, el TPI dictó la Resolución impugnada en la 

cual formuló las siguientes determinaciones de hechos:

1. El Departamento de Salud suscribió el contrato número 

2019-DS0756 con PACI, para que PACI solicitara fondos a 

FEMA por los daños sufridos durante el huracán Irma y 

huracán María, como también fondos de Mitigación de 

Riesgos para mitigar daños futuros en caso de que se declare 

un desastre por el gobierno federal.

2. Según el contrato, PACI proporcionaría servicios diseñados 

para solicitar fondos de FEMA de manera adecuada, 

agilizaría el proceso y administraría el cierre y la auditoría 

del proyecto, según descritos.

3. Los servicios que prestaría PACI en virtud del contrato 

número 2019-DS0756 eran los siguientes: “Invoicing Tasks”, 

“Grant Management Tasks”, “Eligibility Tasks” y 

“Engagement Tasks”.

4. Bajo “Invoicing Tasks”, se acordó que PACI asistiría al 

Departamento de Salud en el proceso de implementación y, 

posteriormente, facturación de los servicios aplicables de 

conformidad con “1. FEMA guidelines for Management Cost 

(See interim FEMA Recovery Policy FP 104-11-2) ó 2. FEMA 

guidelines Direct Administrative Cost Entitled “Public 

Assistance Alternative Procedures for DAC (Version 1.1).

Carta suscrita por Adil Rosa Rivera el 30 de julio de 2019; Anejo 4-Factura 103

de 30 de mayo de 2019; Anejo 5-Factura 100-R2 de 17 de mayo de 2019; Anejo 

6-Factura 103 de 30 de mayo de 2019; Anejo 7-Factura 104 de 28 de junio de 

2019; Anejo 8-Factura 103 Listado Recursos; Anejo 9-Factura 103 Descrip 

Tareas; Anejo 10-Factura 104 Descripción Tareas; Anejo 11-Factura 104 FEMA 

DR4339; Anejo 12-Factura 100R2 Descripci[ó]n Tareas; Anejo 13-Factura 100R2 

FEMA DR4339; Anejo 14-Declaración Jurada Taileen Negrón; Anejo 15-

Documentos FEMA; Anejo 16-Certificación Anejos 1 al 7. Apéndice, págs. 513-

613.

7 Apéndice, págs. 585-605.

8 Apéndice, págs. 615-622.

9 Apéndice, págs. 623-625.
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5. PACI sometió para pago unas facturas por servicios 

contratados que totalizan $378,088.25. 

6. El 10 de mayo de 2019, PACI sometió la Factura #100 por la 

cantidad de $308,837.00. En esta, no aparece la firma del 

representante de PACI certificando que los servicios fueron 

prestados y que aún no se han pagado. Tampoco se detalló 

que ningún servidor público del Departamento de Salud es 

parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios 

producto del contrato, y, de haberlo, especificar si ha 

mediado dispensa.

7. PACI sometió la Factura #100-R2 con fecha de 30 de mayo 

de 2019 por la cantidad de $154,283.00. En esta, no aparece 

la firma del representante de PACI certificando que los 

servicios fueron prestados y que aún no se han pagado. 

Tampoco se detalló que ningún servidor público del 

Departamento de Salud es parte o tiene algún interés en las 

ganancias o beneficios producto del contrato, y, de haberlo, 

especificar si ha mediado dispensa.

8. El 30 de mayo de 2019, PACI sometió la Factura #103 por la 

cantidad de $84,117.00. En esta, no aparece la firma del 

representante de PACI certificando que los servicios fueron 

prestados y que aún no se han pagado. Tampoco se detalló 

que ningún servidor público del Departamento de Salud es 

parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios 

producto del contrato, y, de haberlo, especificar si ha 

mediado dispensa.

9. El 27 de septiembre de 2019, el Departamento de Salud 

recibió en la Factura #100-R2 de PACI con fecha de 17 de 

mayo de 2019 y fecha de revisada de 27 de septiembre de 

2019 por la cantidad de $147,243.00. En la misma, no 

aparece la firma de PACI certificando que los servicios fueron 

prestados y que aún no se han pagado, ni que ningún 

servidor público del Departamento de Salud es parte o tiene 

algún interés en las ganancias o beneficios producto del 

contrato, y, de haberlo, especificar si ha mediado dispensa.

10.El 27 de septiembre de 2019, el Departamento de Salud 

recibió la Factura #103 con fecha de 30 de mayo de 2019 y 

fecha de revisada de 27 de septiembre de 2019 por la

cantidad de $269,104.00 para pago. En la misma, no 

aparece firma de PACI certificando que los servicios fueron 

prestados y que aún no se han pagado, ni que ningún 

servidor público del Departamento de Salud es parte o tiene 

algún interés en las ganancias o beneficios producto del 

contrato, y de haberlo, especificar si ha mediado dispensa.

11.PACI sometió la Factura #104 con fecha de 28 de junio de 

2019 por la cantidad de $141,608.75. En esta, no aparece la 

firma del representante de PACI certificando que los servicios 

fueron prestados y que aún no se han pagado. Tampoco se 

detalló que ningún servidor público del Departamento de 

Salud es parte o tiene algún interés en las ganancias o 

beneficios producto del contrato, y, de haberlo, especificar si 

ha mediado dispensa.

12.En la carta del 30 de julio de 2019, enviada por Adil Rosa 

Rivera, Secretaria Auxiliar de Administración del 

Departamento de Salud, a Rigoberto López Sueiras, Oficial 

Principal de Finanzas, reiteró que las Facturas #100- R2 y 

#103, con fecha de 30 de mayo de 2019 por las cantidades 

de $154,283.00 y $84,117.00, respectivamente, no 

incluyeron una descripción detallada del alcance de los 

servicios prestados por PACI para fundamentar las 

reclamaciones de pago.

13.Adil Rosa Rivera requirió a PACI que las facturas detallaran 

la naturaleza específica de los servicios prestados por PACI, 

la fecha y ubicación del lugar del proyecto donde se 

prestaron los servicios, y el nombre completo y cargo de la 

persona que realizó el trabajo. Además, indicó a PACI que las 
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descripciones generales del trabajo realizado no son 

aceptables, por lo que pago no se procesaría en ese momento.

14.En la carta del 26 de junio de 2020, dirigida a Rickey Gene 

Conradt, Principal Oficial Ejecutivo de PACI, el Lcdo. Miguel 

A. Verdiales Morales, Asesor Legal del Secretario, le señaló 

que la facturación de PACI no cumple con la Ley de 

Contabilidad de Puerto Rico, infra.

15.De este modo, se le devolvieron las facturas a PACI para que 

este detallara y/o demostrara el servicio rendido para cada 

uno de los “ítems” contemplados en la primera cláusula del 

contrato D2019-DS0756. Además, se les señaló que las 

facturas, según presentadas, adolecían de un estimado de 

daños, imprescindible para que el Departamento de Salud 

pudiera hacer una reclamación a FEMA.

16.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Erick Kisor 

(Senior Adjuster), se identificaron fotos del Edificio A, del 

interior y el exterior. No obstante, no se ha identificado un 

escrito con las notas y medidas tomadas que se mencionan 

en las tareas realizadas por Erick Kisor, como tampoco se 

identica [sic] las hojas de trabajo describiendo en detalle las 

tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas. Con 

respecto a este ajustador, se facturaron 30 horas a $225 

para un total de $6,750.00 por las tareas descritas.

17.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Loy Vickers 

(Senior Adjuster), se identificaron fotos del Edificio A, tanto 

del interior y exterior. Sin embargo, no se identificó escrito 

con las notas y medidas tomadas que se menciona entre las 

tareas realizadas ni se identifica entre los documentos 

diagramas que se hayan realizado en ausencia de planos. 

Además, se menciona una reunión que se realizó para 

discutir el progreso, no obstante, no hay minuta o escrito 

sobre los asuntos discutidos, o se detalló quienes eran las 

personas presentes, ni el tiempo de duración de la reunión.

18.En cuanto a Loy Vickers (Senior Adjuster), se mencionaron 

dos (2) reuniones con relación al Laboratorio del CDC en 

atención a inspección, seguridad y hallazgos, pero no se 

incluyó minuta o escrito alguno sobre los asuntos discutidos, 

las personas presentes y tiempo de la duración de las 

reuniones, que demuestren que se realizaron. Tampoco se 

incluyeron fotos, notas y medidas tomadas en el CDC 

Laboratory Building, ni se identificaron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Con respecto a este ajustador, se 

facturaron 30 horas a $225 para un total de $6, 750.00 por 

las tareas descritas.

19.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Mickey L. 

Jones (Senior Adjuster), se identificaron fotos del Edificio A. 

No obstante, no se identificó escrito alguno con las notas y 

medidas tomadas, ni se identificaron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Con respecto a este ajustador, se 

facturaron 20 horas a $225 para un total de $4,500.00 por 

las tareas descritas.

20.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Ronald 

Caviness (Senior Adjuster), se identificaron fotos del Edificio 

A. No obstante, no se identificó escrito alguno con las notas 

y medidas tomadas, ni se identificaron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Ronald Caviness (Senior Adjuster) 

facturó 30 horas a $225.00 para un total de $6,750.00 por 

las tareas descritas.

21.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Jordan 
KLCE202300840 6

Lutton (Senior Adjuster), se identificaron fotos del interior del 

Edificio A. Sin embargo, no se identificó escrito alguno con 

las notas y medidas tomadas con referencia al Edificio A. Se 

hace referencia a inspección, toma de fotos, notas y medidas 

al Edificio E, sin embargo, no se incluyeron como 

documentos en apoyo a la Factura #100-R2, ni se 

identificaron hojas de trabajo describiendo en detalle las 

tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas. Con 

respecto a este ajustador, se facturaron 19.5 horas a 

$225.00 para un total de $4,387.50. 

22.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de Charles 

Lackley (Senior Adjuster), no se identificaron fotos, notas y 

medidas tomadas en la inspección de los Edificios E y F, ni 

se identificaron hojas de trabajo describiendo en detalle las 

tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas. Con 

respecto a este ajustador, se facturaron 20 horas a $225.00 

para un total de $4,500.00. 

23.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2 y con relación a la descripción de tareas de Bradley 

Beckham (Junior Adjuster), no se identificaron fotos, notas, 

“sketches” y medidas tomadas en la inspección de los 

Edificios E, F y J, ni se identificaron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Con respecto a este ajustador, se 

facturaron 30 horas a $150.00 para un total de $4,500.00.

24.Evaluados los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura 100-R2, y con relación a la descripción de tareas de 

Gabriel Morales (Junior Adjuster), se identificaron fotos del 

exterior del Edificio A. Sin embargo, en la misma no se 

acompañó, con respecto a la inspección exterior, medidas y 

sketches de paredes, ventanas y puertas. Tampoco se 

incluyeron las notas documentando los daños a los que se 

hace referencia ni se identificaron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Con respecto a este ajustador, se 

facturaron 19.5 horas a $150.00 para un total de $2,925.00.

25.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 100-

R2, y con relación a la descripción de tareas de John Graham 

(Junior Adjuster), no se incluyeron fotos, notas ni sketches 

para estimar daños de los Edificios E, F, J y H, ni se 

identificaron hojas de trabajo describiendo en detalle las 

tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas. Con 

respecto a este ajustador, se facturaron 20 horas a $150.00 

para un total de $3,000.00.

26.En cuanto a las fotos del interior y exterior del Edificio A que 

se acompañaron a la Factura 100-R2, más de un ajustador 

describe en sus tareas que tomó fotografías de dicho edificio. 

No obstante, no se incluye información suficiente para que 

se pueda identificar el ajustador en particular que tomó cada 

una de las fotografías, como tampoco el tiempo incurrido en 

esa tarea por cada uno de ellos.

27.Las Hojas de “Direct Administrative Cost” (DAC) de la 

Factura 100-R2 no detallan los documentos digitalizados; no 

detallan los documentos que se entran al sistema; no detalla 

a que proyecto corresponden los estimados de costos; no 

detalla las visitas que estuvieron coordinando; no especifica 

las facilidades; no menciona a qué proyectos corresponden 

las fotos digitalizadas; carece de información detallada en 

cuanto a cuando se realizaron las reuniones con el equipo de 

PACI; y documentan varias reuniones sin descripciones de 

las personas participantes ni el propósito.

28.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura 103, 

y con relación a la descripción de tareas de Charles Lackey 

(Senior Adjuster) se identificaron fotos del Edificio J y fotos 

del Edificio H. No obstante, no se identificaron notas y 

medidas tomadas, ni se identificaron hojas de trabajo 
KLCE202300840 7

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas. Tampoco se identificó documento de 

estimado de daños mencionado. Se facturó la tarifa de 

$225.00 por hora la tarea de entrada de datos de un “Senior 

Adjuster”. No se utilizó el recurso identificado por PACI de 

“Administrative Specialist” a una tarifa de $58.00 por hora 

para la entrada de dichos datos. Por este ajustador, se 

presentó una factura por 52 horas a $225.00 para un total 

de $11,700.00. 

29.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura #103, 

y con relación a la descripción de tareas de Ronald Caviness 

(Senior Adjuster), en cuanto al CDT Maunabo, no se 

incluyeron fotos, notas y/o anotaciones y medidas de daños. 

En cuanto a lo mencionado sobre el Edificio A, no hay 

estimados de costos en los documentos de apoyo ni se 

identificaron hojas de trabajo describiendo en detalle las 

tareas realizadas y el tiempo dedicado a las mismas. Con 

respecto a este ajustador, se facturaron 20 horas a $225.00, 

para un total de $4,500.00.

30.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura #103 

y con relación a la descripción de tareas de Erick Kisor 

(Senior Adjuster), en cuanto al CDT Maunabo, no se 

identificaron fotos, notas y/o anotaciones o medida de los 

daños. En cuanto al Edificio A, no hay estimado de daños 

entre los documentos sometidos a pesar de que se hace 

mención de que realizó dicha tarea. En cuanto al Edificio E, 

no se identificaron fotos, notas y/o anotaciones o medidas 

de los daños. En cuanto al Edificio J, se identificaron fotos 

solamente. Sin embargo, no se acompañaron notas y/o 

anotaciones o medidas de los daños a los que se hace 

referencia, ni se identificaron hojas de trabajo describiendo 

en detalle las tareas realizadas en las facilidades CDT 

Maunabo, Edificio A, Edificio E y Edificio J y el tiempo 

dedicado a las mismas. Con respecto a este ajustador, se 

facturaron 50 horas a $225.00 para un total de $11,250.00.

31.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura #103, 

y con relación a la descripción de tareas de Loy Vickers 

(Senior Adjuster), en cuanto al CDT Maunabo no se 

identificaron fotos, notas o anotaciones o medidas de los 

daños ni hay referencia alguna en cuanto a lo discutido con 

los “estimators”, nombres de las personas y resultado de las 

discusiones en relación con la preparación del reporte de 

daños de esta facilidad. En cuanto al Edificio A, no hay 

referencia escrita alguna sobre los trabajos relacionados al 

estimado de daños de dichas facilidades, ni se identificó foto 

aérea o infra rojo en cuanto a Edificio E. Tampoco hay notas 

o anotaciones o medida de los daños. En cuanto al Edificio 

J, se hace mención de que se inspeccionó el interior cuarto 

a cuarto y exterior, sin embargo, solamente se identificaron 

fotos exteriores. No se identificaron notas o anotaciones o 

medida de daños ni hay récord alguno de la reunión con los 

“estimators”, ni se identificó quienes eran y el resultado de 

esta. Tampoco se identificaron hojas de trabajo describiendo 

en detalle las tareas realizadas en el CDT Maunabo, Edificio 

A, Edificio E y Edificio J y el tiempo dedicado a las mismas. 

Con respecto a este ajustador, se facturaron 50 horas a 

$225.00 para un total de $11,250.00.

32.Evaluados los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura #103, con relación a la descripción de tareas de 

Gabriel Morales, en cuanto al Edificio J, no se incluye 

récord/minuta alguna sobre la reunión con personal en las 

facilidades, nombre de los asistentes, asuntos discutidos y 

resultado de dicha reunión. Se identificaron fotos del 

generador y del área relacionada. No obstante, no se 

identificó entre los documentos dibujo alguno (sketches) de 

las paredes, ventanas o puertas. Se identificaron fotos del 

exterior. Sin embargo, no se incluyó documentación de los 
KLCE202300840 8

daños a los que se hace referencia. En cuanto al Hospital 

Ruiz Soler, no se incluyó récord/minuta alguna sobre la 

reunión con el personal en las facilidades, nombre de los 

asistentes, asuntos discutidos y resultado de dicha reunión. 

Las fotos que se incluyen son solo del generador. Tampoco 

se identificó entre los documentos hojas de trabajo, 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas en las facilidades Edificio J y Hospital 

Ruiz Soler. Con respecto a este ajustador, se facturaron 20 

horas a $150.00 para un total de $3,000.00. 

33.En los documentos en apoyo sometidos con la Factura #103, 

y con relación a la descripción de tareas de Bradley Beckham 

(Junior Adjuster) en cuanto al Edificio J no se incluyó 

documentación alguna en cuanto a medidas y dibujos de 

paredes, ventanas y puertas ni se acompañaron notas o 

documentación alguna en cuanto a daños a los que se hizo 

referencia. En cuanto al Edificio Ruiz Soler, tampoco se 

incluyó documentación alguna en cuanto a medidas y 

dibujos de paredes, ventanas y puertas, ni se acompañaron 

notas o documentación alguna en cuanto a daños a los que 

se hace referencia. No se incluyeron hojas de trabajo 

describiendo en detalle las tareas realizadas y el tiempo 

dedicado a las mismas en las facilidades Edificio J y Hospital 

Ruiz Soler. Con respecto a este ajustador, se facturaron 20 

horas a $150.00 para un total de $3,000.00. 

34.Evaluados los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura 103 y con relación a la descripción de tareas de John 

Graham (Junior Adjuster), se hizo una descripción idéntica 

de tareas para las facilidades Edificio J, CDT Maunabo, 

Hospital Ruiz Soler y Edificio H facturando un total de 39 

horas. Dichas facilidades fueron inspeccionadas por otros 

ajustadores en diferentes fechas con el mismo propósito de 

“scoping”. Además, no se incluyeron notas o anotaciones o 

medidas de los daños a las que se hizo referencia en las 

facilidades inspeccionadas, ni se acompañaron notas o 

documentación alguna en cuanto a daños. Tampoco se 

incluyeron hojas de trabajo describiendo en detalle las tareas 

realizadas y el tiempo dedicado a las mismas en las 

facilidades Edificio J, CDT Maunabo, Hospital Ruiz Soler y 

Edificio H. Con respecto a este ajustador, se facturaron 39 

horas a $150.00 para un total de $5,850.00.

35.En la Factura 103, varios ajustadores hacen referencia a que 

tomaron fotografías en una facilidad en particular, sin 

embargo, no se pueden identificar las fotos tomadas por cada 

uno de ellos. Además, se identificó la situación, con el 

Hospital Ruiz Soler, donde los ajustadores Gabriel Morales, 

Bradley Beckham y John Graham mencionan que tomaron 

fotos de dicha facilidad, pero solamente se incluyeron fotos 

del generador y tanque de combustible que menciona 

solamente el ajustador Gabriel Morales en sus tareas.

36.Bajo la categoría de Project Listing Development/Data 

Collection and Dissemination, se facturaron 232.5 horas en 

costos indirectos por diferentes recursos de PACI. No 

obstante, no se acompañaron hojas de trabajos describiendo 

en detalle las tareas realizadas y el tiempo dedicado a las 

mismas junto con la Factura #103.

37.En la Factura #103 se menciona que se celebraron seis (6) 

reuniones. Sin embargo, no se acompañó con la factura 

ninguna minuta o memorando en donde se identifique por 

sus nombres y puestos o funciones a los participantes, los 

temas discutidos y los resultados o acuerdos tomados, entre 

otros.

38.Austin Jehl (Senior Adjuster) factura $225 por hora. En la 

Factura #103, este ajustador senior facturó un total de 

$13,275.00, o 59 horas, en seis (6) días realizando la misma 

tarea, que consistió en “Inputting data into computer system 

to prepare logistical plan for scheduling of site visits”. Se 
KLCE202300840 9

utilizó recurso de la tarifa más alta para dicha tarea y no otro 

disponible de menor tarifa y acorde al tipo de tarea.

39.Evaluados los documentos sometidos con la Factura #104, y 

con relación a la descripción de tareas de Alan Heinsen 

(Principal Engineer), se identificó que dedicó un total 113 

horas facturando un total de $31,640 en tareas relacionadas 

a un reporte de los daños sufridos en los Edificios H, J y E.

No obstante, en los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura #104 no hay ninguno que demuestre que se 

realizaron las tareas facturadas en estos tres (3) edificios. Los 

documentos que se acompañaron se limitan a notas de 

campo y planos de piso del Edificio A. Por otro lado, se 

mencionó que, el 7 de mayo de 2019 se celebró una reunión 

con respecto al Edificio H con FEMA, pero no se acompañó 

con la factura reporte alguno sobre los temas discutidos, 

nombres de las personas presentes en la reunión, acuerdos

o cursos de acción a seguir, etc. Con respecto a este 

ingeniero, se facturaron 105 horas a $280.00.00 para un 

total de $29,400.00.

40.Evaluados los documentos sometidos con la Factura #104, 

con relación a la descripción de tareas de Igrain Alamo 

(Engineer 2-Designer), se identificó que este dedicó un total 

de 17 horas, facturando un total de $2,125.00, en tareas 

relacionadas a dibujos con respecto a los Edificios H y J. No 

obstante, en los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura #104, no hay ninguno que demuestre que se 

realizaron las tareas facturadas en estos dos (2) edificios. Los 

dibujos que se identifican con la Factura #104 son con 

respecto al Edificio A. Con respecto a este ingeniero, se 

facturaron 17 horas a $125.00 cada una, para un total de 

$2,125.00.

41.Evaluados los documentos en apoyo sometidos con la 

Factura #104 y con relación a la descripción de tareas de 

David Soto Delgado (Engineer 1-Drafter), se identificó que 

este dedicó 81 horas, por lo que facturó $8,100.00 por visitar 

los Edificios H y J. Sin embargo, con la factura no se proveyó 

reporte alguno que demuestre las tareas o gestiones 

realizadas durante dichas visitas. Además, se identificó que 

este dedicó 45 horas en recolección y revisión de data, 

sketches, notas y reportes de los Edificios J y H, para un 

total de $4,500.00, pero no se acompañaron hojas de trabajo 

sobre la ejecución de estas tareas y el resultado o propósito 

de estas. Con respecto a este ingeniero, se facturaron 126 

horas a $100.00 cada una, para un total de $12,600.00.

42.Evaluado los documentos que acompañan la Factura #104, 

se identificó que Christian J. Betancourt (Engineer 1-Drafter) 

facturó 86 horas por la revisión de “plans data” con respecto 

a los Edificios H y J, para un total de $8,600.00 No obstante, 

no se acompañó con la Factura #104, hojas de trabajo de 

este recurso con anotaciones de los resultados o hallazgos de 

la revisión realizada.

43.Evaluados los documentos que acompañan la Factura #104, 

se identifica que Osvaldo J. Aranda (Project Engineer-1-EIT) 

menciona que visitó los Edificios J y H para realizar 

inspecciones. Sin embargo, no se acompañó con la Factura 

#104 informes o reporte alguno de inspección, que 

demuestre el trabajo realizado. Además, se mencionaron 

tareas relacionadas a un reporte de daños en los Edificios H 

y E. No obstante, no se acompañó reporte final o borrador 

alguno que demuestre el trabajo que se facturó. Con respecto 

a este ingeniero, se facturaron 66 horas a $180.00 cada una, 

para un total de $11,880.00.

44.Evaluados los documentos que acompañan la Factura #104 

se identificó que Luis A. Román (Engineer-2-Designer) realizó 

una serie de dibujos con respecto a los Edificios H y J. Sin 

embargo, no se acompañó con la Factura #104 dibujos con 
KLCE202300840 10

respecto a estas facilidades que demuestren el trabajo 

realizado, por el que se facturó $6,906.00.

45.Durante el periodo del 22 de mayo al 21 de junio de 2019, 

parte del equipo estuvo compuesto por dos (2) FEMA SME, a 

saber, Shaurice Mullins y Angélica Maldonado. Dentro de 

sus labores se destacan; revisión de la documentación 

actualizada de los solicitantes del Departamento de Salud, 

revisión de las horas de trabajo de los proyectos, evaluación 

del progreso de los trabajos, recomendación al Departamento 

de Salud en cuanto a los costos directos en cumplimiento 

con FEMA y los proyectos categoría E. Por estas tareas 

fueron facturadas 129 horas que totalizan $32,250.00. Sin 

embargo, no se sometieron hojas de trabajos de estos dos 

recursos que demuestre que dicho trabajo se realizó.

46.Se hace referencia a discusiones y reuniones para atender 

asuntos relacionados a los trabajos evaluación de daños, 

entre otros, sin embargo, no se acompañó ningún documento 

que informe los temas discutidos, las personas presentes, 

acuerdos o cursos de acción a seguir, entre otros. Angélica 

Maldonado, FEMA SME I, mencionó, entre las tareas 

realizadas, una visita al Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

(CDT) en Vieques, sin embargo, la misma no fue visitada.

47.PACI indicó que John J. Graham (Jr. Adjuster) realizó la 

tarea de tomarle fotos y realizar notas de los daños y 

medidas, entre otros, a los Edificios J, E, al Hospital 

Pediátrico, al Centro Autismo y al Hospital Dr. Ruiz Arnau. 

Sin embargo, no se acompañaron fotos ni documentación 

alguna con la Factura #104 que demuestre el trabajo 

realizado. Las horas facturadas fueron 45.5 a razón de 

$150.00 cada una, para un total de $6,825.00.

48.PACI también indicó que Eric Kisor (Senior Adjuster) realizó 

la tarea de revisión de notas tomadas sobre los daños y fotos, 

valoración de daños hasta aquel momento de las facilidades, 

entre otros en los Edificios H, E, J, el Hospital Pediátrico, y 

el Hospital Universitario de Adultos. No obstante, no se 

acompañó con la Factura #104 fotos ni notas ni otra 

documentación que demuestre que el trabajo se realizó. Las 

horas facturadas por este trabajo fueron 63 a razón de 

$225.00 cada una, para un total de $14,175.00.

49.PACI indicó que Charles Lackey (Senior Adjuster), realizó la 

tarea de tomar fotos, medidas, y análisis de data sobre daños 

en los Edificios E, H, Centro Autismo, CDT Florida, CDT Vega 

Alta, CDT Vega Baja, CDT Cataño, CDT Dorado, Hospital 

Universitario de Adultos, Hospital Dr. Ruiz Arnau. No 

obstante, no se acompañó con la Factura #104 fotos ni notas 

o análisis ni otra documentación que demuestre que se 

realizó el trabajo. Las horas facturadas por este trabajo 

fueron 71 a razón de $225 cada una, para un total de 

$15,975.00.

50.Las Hojas de DAC disponibles correspondiente a trabajo en 

oficina no detallan los documentos digitalizados; no detallan 

los documentos que se entran al sistema; no detalla a que 

proyecto corresponden los estimados de costos; no detalla las 

visitas que estuvieron coordinando; y no especifica las 

facilidades.

51.Los requerimientos de información y documentos solicitados 

por el Departamento de Salud para estar en posición de 

evaluar la corrección de las facturas en cuanto al trabajo 

realizado diariamente son cónsonos con las políticas de 

FEMA en cuanto a DAC.

52.Hubo intercambios de comunicaciones entre representantes 

de PACI y el Departamento de Salud para exponer y atender 

las objeciones/requerimientos en cuanto a las facturas 

sometidas para pago.
KLCE202300840 11

En su dictamen, el foro primario identificó cuatro hechos 

medulares en controversia. Entre ellos se destaca que, concluyó que

la deuda que reclamó el peticionario no es líquida ni exigible. Ello, 

debido a que existe una controversia medular con respecto a si la 

evidencia que entregó PACI para sustentar las facturas pendientes 

de pago es suficiente y cumple con los requerimientos de la Ley 

Núm. 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los 

Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos 

para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA (Ley Núm. 

237-2004), 3 LPRA secs. 8611 et seq., y la Ley Núm. 230-1974, 

supra.

Al resolver, el TPI puntualizó que, el Departamento tiene el 

deber ministerial de proteger el desembolso de los fondos públicos.

Expuso además que, en el ejercicio de tal deber, el Departamento ha 

de velar porque las facturas sometidas para pago detallen los 

servicios rendidos y el tiempo incurrido a modo de corroborar su 

corrección.

Sobre tales bases, el TPI denegó el petitorio sumario y ordenó 

a PACI proveer la documentación que justifique la concesión de las 

cuantías reclamadas, de conformidad con las leyes aplicables. El 

referido dictamen fue objeto de reconsideración y, evaluadas las 

posturas de ambas partes, el foro primario se negó a reconsiderar.10

En desacuerdo aún, el peticionario acude ante esta Curia 

mediante el recurso de epígrafe y levanta la comisión de dos errores:

Erró el TPI al concluir que existen “controversias 

esenciales” que impiden se dicte sentencia sumaria sin 

identificar con especificidad cuál hecho material quedó 

genuinamente y de buena fe controvertido a la luz del 

contrato.

Erró el TPI al hacer 44 de las 51 determinaciones de 

hechos, pues no encuentran apoyo en la prueba 

documental. 

10 Apéndice, pág. 673.
KLCE202300840 12

En cumplimiento con nuestra Resolución, el recurrido 

acredita su alegato en oposición. Allí discute que, el foro primario 

actuó correctamente al determinar que existe controversia sobre la 

suficiencia de los documentos que sustentan las facturas objeto de 

este litigio y al concluir, basado en lo anterior, que la deuda 

reclamada no está vencida, líquida y exigible.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

resolvemos. 

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023. Es norma 

reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, 

Inc. y otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro 

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes 

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. 

Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el 

recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 
KLCE202300840 13

No obstante, la citada la Regla 52.1, también dispone que el 

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. 

La citada Regla dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
KLCE202300840 14

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020).

B. Sentencia Sumaria

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no existe controversia real y 

sustancial de un hecho material que requiera ventilarse en un juicio 

plenario, por lo cual solo resta aplicar el derecho. Oriental Bank v. 

Caballero García, 2023 TSPR 103, resuelto el 23 de agosto de 2023. 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte 

que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 

DPR 20, 42 (2020). Este cauce sumario resulta beneficioso tanto 

para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza 

el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Universal Insurance Company y 

otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 24, 

resuelto el 7 de marzo de 2023; Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., 

208 DPR 964 (2022). Como se sabe, procede dictar sentencia 

sumaria si se desprende de las alegaciones, deposiciones, 
KLCE202300840 15

declaraciones juradas, contestaciones a interrogatorios, admisiones 

ofrecidas, entre otros, que no existe controversia real sustancial 

sobre un hecho esencial y pertinente, y siempre que el derecho 

aplicable así lo justifique. González Meléndez v. Municipio Autónomo 

de San Juan y otros, 2023 TSPR 95, resuelto el 24 de julio de 2023. 

De manera que, en aras de prevalecer en una reclamación, la parte 

promovente debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. Íd. 

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. Oriental 

Bank v. Caballero García, supra. Véase, además, la Regla 36.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Si el 

promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el tribunal 

no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 (2015).

Cabe destacar que, “la parte que desafía una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o 

negaciones consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, pág. 43. Por el contrario, la Regla 36.3(c) de las Reglas 
KLCE202300840 16

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c), obliga a quien se 

opone a que se declare con lugar esta solicitud a enfrentar la moción 

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha 

hecho el promovente puesto que, si incumple, corre el riesgo de que 

se dicte sentencia sumaria en su contra, si la misma procede en 

derecho. Íd. 

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

Claro está, para cada uno de estos supuestos, deberá hacer 

referencia a la prueba específica que sostiene su posición, según 

exigido por la antes citada Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Íd. En 

otras palabras, la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega 

están en disputa. Íd. De lo anterior se puede colegir que, ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, la consideración de sus 

posiciones descansa en la sana discreción del Tribunal.

Al atender la solicitud, el Tribunal deberá asumir como ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados por los 

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Además, 

al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia sumaria, el 

juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser consciente en 

todo momento que su determinación puede conllevar el que se prive 
KLCE202300840 17

a una de las partes de su “día en corte”, componente integral del 

debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 44.

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Segarra Rivera v. Int’l Shipping et al., supra. Además, 

existen casos que no se deben resolver mediante sentencia sumaria 

porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos mediante 

declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et als. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es apropiado resolver 

por la vía sumaria “casos complejos o casos que involucren 

cuestiones de interés público”. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que este Tribunal de Apelaciones debe considerar al momento de 

revisar una sentencia dictada sumariamente por el foro de instancia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 679-680 (2018); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

Nuestro más Alto Foro señaló que: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36;

(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, 

pág. 679. 

Conforme a lo anterior, los foros apelativos nos encontramos 

en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia y 

utilizamos los mismos criterios para evaluar la procedencia de una 
KLCE202300840 18

sentencia sumaria. González Meléndez v. Municipio Autónomo de 

San Juan y otros, supra. Por ello, nuestra revisión es una de novo, y 

nuestro análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. 

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).

De esta manera, si entendemos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el foro primario 

aplicó correctamente el derecho. Acevedo Arocho y otros v. 

Departamento de Hacienda de Puerto Rico y otros, 2023 TSPR 80, 

resuelto el 26 de junio de 2023.

III.

El peticionario solicita que ejerzamos nuestra función 

discrecional para dejar sin efecto el dictamen del foro primario que 

denegó su petitorio sumario. Según expresamos anteriormente, y en 

virtud de la normativa antes expuesta, esta Curia debe revisar de 

novo el petitorio sumario que instó PACI, la correspondiente 

oposición del Departamento, junto a los respectivos anejos, para así 

evaluar la procedencia de la expedición del auto de certiorari, según 

nos suplica el peticionario.

Primeramente, constatamos que ambas partes cumplieron los 

requisitos de forma que exige la Regla 36, supra. Por tanto,

proseguimos a examinar si existen hechos materiales en 

controversia que impidan la adjudicación sumaria de este asunto.

Destacamos que, los tribunales apelativos estamos en igual posición 

que el foro sentenciador al revisar un petitorio sumario. Según la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, quien se opone a que se 

declare con lugar una solicitud de sentencia sumaria viene obligado 

a enfrentar la moción de su adversario de forma tan detallada y 

específica como lo ha hecho el promovente, debe puntualizar los 

hechos propuestos que pretende controvertir y hacer referencia a la 

prueba específica que sostiene su posición. 
KLCE202300840 19

En virtud de lo anterior, examinamos sosegadamente la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria que instó PACI en la cual

incluyó cinco (5) hechos propuestos enumerados, junto a los 

documentos que los sustentan. Asimismo, identificó como único

hecho en controversia “si las facturas por servicios profesionales, 

ascendentes a $378,088.25, [...] están correctas conforme al 

contrato entre las partes y, por tanto, si deben pagarse.”11

Al oponerse, el Departamento aceptó como incontrovertido el 

hecho propuesto número 6 y objetó el resto. Además, reiteró que, en 

la presente causa existen controversias medulares que impiden la 

adjudicación por la vía sumaria.

12 Allí también, propuso 50 hechos 

incontrovertidos adicionales, los cuales sustentó con anejos y con la 

declaración jurada de Taileen Yazmin Negrón Rivera. Cabe señalar 

que, la referida declaración jurada detalla las múltiples deficiencias 

que contienen las facturas que sometió PACI para pago y que son 

objeto de este pleito. Como resultado de lo anterior, el peticionario 

instó una réplica en la cual esencialmente reiteró los argumentos 

previamente expuestos en su petitorio sumario, sin añadir 

documentos que rebatieran la postura del Departamento.

Evaluado lo anterior, el foro primario denegó la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria que presentó PACI por entender que 

existen controversias medulares que impiden la adjudicación de la 

causa por la vía sumaria.

11 Apéndice, pág. 12.

12 El Departamento señaló cuatro (4) hechos en controversia, a saber:

1. Si PACI cumplió o no con los requerimientos establecidos en la 

cláusula THIRD: COMPENSATION del contrato 2019-DS0756 

suscrito entre PACI y Salud.

2. Ante el incumplimiento de PACI con los requerimientos establecidos 

en la cláusula THIRD: COMPENSATION del contrato 2019-DS0756 

suscrito entre PACI y Salud, si Salud estaba obligado o no [a] hacer 

el desembolso de fondos públicos en pago de la cantidad reclamada 

en las facturas #100R-2, #103 y #104.

3. Si la deuda reclamada por PACI es o no una vencida, líquida y 

exigible. Apéndice, pág. 515.

4. Si Salud ha incurrido o no en incumplimiento de contrato al no haber 

realizado el pago de la cantidad reclamada en las facturas #100R-2, 

#103 y #104 incurriendo así en mora, y por consiguiente al pago de 

intereses.
KLCE202300840 20

A tales efectos, nos compete analizar si, en esta etapa de los 

procedimientos, el foro primario actuó arbitrariamente o en exceso 

de su discreción al negarse a dictar sentencia sumaria. Se colige de 

la Resolución impugnada que, el TPI evaluó los planteamientos de 

ambas partes junto a los documentos que obran en autos y 

determinó denegar el petitorio sumario de PACI, tras identificar 

cuatro hechos medulares en controversia, a saber:

1. Si PACI cumplió con los requerimientos establecidos en el 

contrato suscrito entre PACI y Salud.

2. Si PACI ha presentado evidencia suficiente, y en 

cumplimiento de las leyes aplicables a contrataciones con 

fondos públicos, que justifique el desembolso de fondos 

públicos por la cuantía solicitada en las facturas.

3. Si la cantidad adeudada de $378,088.25 por servicios 

facturados, cuyo pago exige PACI, es una vencida, líquida y 

exigible.

4. Si Salud ha incurrido o no en incumplimiento de contrato al 

no haber realizado el pago de la cantidad reclamada en las 

facturas incurriendo así en mora, y por consiguiente al pago 

de intereses.

En su dictamen, el foro primario concluyó que, la deuda 

reclamada no es líquida ni exigible hasta tanto el peticionario 

presente la documentación suficiente que cumpla con la Ley Núm. 

237-2004, supra, y que le permita al recurrido corroborar la

corrección y exactitud de las facturas objeto de este litigio. De igual 

manera, constatamos que el TPI consideró que el Departamento 

objetó el pago de la cuantía reclamada al recibo de la primera 

factura. 

Tras realizar un examen de novo del petitorio sumario y de su 

correspondiente oposición, y en el ejercicio de nuestra discreción al 

amparo de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, somos de la opinión que nuestra 

intervención no es propicia en esta etapa de los procedimientos. 

Como se sabe, el mecanismo de sentencia sumaria viabiliza la 

disposición parcial o total de los litigios civiles en ausencia de una

controversia material de hechos que haga necesaria la celebración 

de un juicio plenario.
KLCE202300840 21

En el presente caso, PACI falló en demostrar que el TPI actuó 

con pasión, prejuicio, parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción o en error manifiesto o de derecho al denegar su petitorio 

sumario, a los fines de que ejerzamos nuestra facultad 

revisora. Tampoco identificamos fundamento alguno que justifique 

la expedición del auto de certiorari en aras de evitar un fracaso a la 

justicia. Por tanto, resolvemos abstenernos de intervenir con el 

dictamen impugnado.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del auto de certiorari según presentado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones