Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

FELIPE LANDRAU 

CABEZUDO ET AL

Recurrida

V.

AUTORIDAD DE LOS 

PUERTOS DE PUERTO 

RICO Y OTROS

Peticionario

KLCE202300810

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

K PE2017-1199

(908)

Sobre:

IGUAL PAGA POR 

IGUAL TRABAJO

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

La peticionaria, Autoridad de los Puertos, solicita que revisemos 

la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a desestimar 

sumariamente la demanda porque la controversia es cosa juzgada.

Los hechos esenciales para comprender la determinación que hoy 

tomamos se incluyen a continuación.

I

Los empleados de la Autoridad de Puertos están agrupados en 

dos uniones distintas. Estas uniones son la hermandad de Empleados 

de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO o hermandad) y la Unión 

de Empleados de Muelles (UDED). La UDED no tiene auxiliares de 

agrimensores entre sus unionados. Los recurridos trabajan como 

auxiliares de agrimensores en la Autoridad y pertenecen a la 

Hermandad. Durante el año 1996, la Hermandad negoció con la 

Autoridad que los miembros de su matrícula en puestos con tareas 

similares a los unionados de la UDED tendrían paridad salarial. No 

obstante, los auxiliares de agrimensores no fueron incluidos en el 

acuerdo, porque la UDED no tiene unionados en ese puesto. Sin 
KLCE202300810 2

embargo, ocasionó que empleados en otros puestos, con tareas menos 

complejas, con menor preparación académica y a los que no se les exige 

una licencia, tengan un ingreso mayor al que reciben los auxiliares de 

agrimensura.

La Hermandad negoció un nuevo convenio colectivo con la 

Autoridad en el año 2012, en el cual el Artículo de Retribución y 

Clasificación no sufrió ningún tipo de cambio y fue ratificado por la 

matrícula de la unión.

Durante el año 2013, la Hermandad pidió a la Autoridad que 

reclasificara el puesto de auxiliar de agrimensores. La Autoridad lo 

reclasificó en la Escala 8. La Hermandad pidió reconsideración, porque 

los auxiliares de agrimensores debían estar en una escala más alta. 

Según la Hermandad, los auxiliares de agrimensores debían estar en la 

misma escala salarial que el resto de los puestos descritos como 

auxiliares. La Autoridad denegó la reconsideración por tardía.

La Hermandad acudió al proceso de arbitraje. El árbitro redujo la 

controversia a determinar, si la Autoridad reasignó los puestos de 

auxiliares de agrimensores conforme a los Artículos XII y XIII del 

Convenio Colectivo. El árbitro concluyó que la Hermandad no demostró 

que la Autoridad violó el convenio colectivo, ni incumplió con el 

procedimiento para la reasignación de puestos. El 17 de octubre de 

2016 ordenó el cierre con perjuicio y archivó el caso.

El 27 de abril de 2017, los recurridos demandaron a la Autoridad 

y a la Hermandad porque las escalas salariares negociadas en el 

convenio colectivo violentaron el derecho de los auxiliares de 

agrimensores a recibir igual paga por igual trabajo.

La demanda incluyó las alegaciones siguientes. Los demandantes 

trabajan en la Autoridad como Auxiliares de Agrimensores y pertenecen 

a la Hermandad. La Autoridad y la Hermandad negociaron un convenio 

que ubica a los auxiliares de agrimensores en una escala salarial 

inferior a la de otros auxiliares. La negociación es injusta porque a los 
KLCE202300810 3

auxiliares de agrimensores se les exige una preparación académica 

superior y realizan igual o más trabajo. Los auxiliares de otros puestos 

tienen un salario de $1,888.25 o más mensuales, mientras que los 

auxiliares de agrimensura solo reciben $1,200.00 mensuales.1 La 

Hermandad incumplió con su deber de representación, porque negoció 

convenios en los que se discrimina contra los auxiliares de 

agrimensores. La Autoridad ha sido negligente, porque no ha revisado 

ni aplicado el plan de retribución, de manera que corrija esa disparidad 

salarial. La actuación de la Autoridad ha quebrantado el derecho 

constitucional de los recurridos a recibir igual paga por igual trabajo. 

Los demandantes tienen derecho a recibir el pago de los salarios 

dejados de recibir por el tiempo de la disparidad y una indemnización 

por daños y perjuicios.2

La Autoridad solicitó la desestimación de la demanda porque la 

controversia es cosa juzgada. La Hermandad hizo lo propio. Ambas 

adujeron que la controversia fue adjudicada en el laudo de arbitraje 

emitido por el Negociado de Arbitraje el 16 de octubre de 2016.

El TPI realizó una vista argumentativa y concluyó que no 

existente identidad entre las controversias del proceso de arbitraje y la 

de este caso. Según el TPI, la controversia en el proceso de arbitraje se 

circunscribió a los Artículos XII y XIII del Convenio Colectivo y a la 

reasignación de puestos. No obstante, entendió que la controversia ante 

su consideración era distinta, porque los demandantes cuestionaban 

la constitucionalidad del Artículo XX del Convenio Colectivo 

relacionados a la compensación.

El foro primario concluyó que la controversia tampoco era 

arbitrable, porque el Artículo XLII del convenio limita el arbitraje a 

reclamaciones relacionadas a la interpretación, aplicación,

1 Página 844.

2 Íd.
KLCE202300810 4

administración o alegada violación del convenio.3 Por otro lado, resolvió 

que la reclamación no estaba prescrita, porque los daños alegados son 

de naturaleza continua. Según el TPI, la violación persiste 

ininterrumpidamente, cada vez que el patrono hace el pago.

Al TPI le quedó claro que los demandantes tienen derecho a 

cuestionar judicialmente las acciones discriminatorias incluidas en el 

convenio colectivo. Fue enfático en que los obreros pueden cuestionar 

un convenio colectivo, cuando la unión actuó de forma arbitraria, 

discriminatoria o de mala fe. Además, advirtió que una demanda con 

esas alegaciones no está sujeta al arbitraje. El TPI reconoció que no 

existe justificación para la marcada diferencia salarial existente entre 

los Auxiliares de Agrimensores y el resto de los auxiliares. El tribunal 

hizo hincapié en que los deberes de los Auxiliares de Agrimensura son 

de mayor responsabilidad y a que se les requiere mayor preparación 

académica y una licencia. No obstante, descartó que la diferencia 

salarial obedezca a la negociación de paridad salarial, porque ese 

acuerdo fue en el año 1996 y venció en el año 2001. Además de que no 

incluyó el Exhibit A, en el que se establece que los empleados de menor 

jerarquía reciben un salario sustancialmente superior a otros de mayor 

jerarquía. El TPI concluyó que esa disparidad violentó el propósito del 

plan de clasificación del convenio, de agrupar verticalmente las clases 

con características similares y de aplicarles la misma escala de salarial.

El 31 de julio de 2018, el TPI se negó a desestimar sumariamente 

la demanda porque está en controversia:

(1) si la Autoridad veló por mantener actualizado el Plan de 

Clasificación de Puestos. Artículo XX, Sección 4.

(2) si la unión incumplió su deber de representación, 

porque negoció un convenio con condiciones de trabajo 

inferiores para un grupo de empleados.

3 Página 738.
KLCE202300810 5

La peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones en el 

KLCE201801310 y este tribunal denegó la expedición del recurso.4

Las partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio, en la que estipularon una gran cantidad de hechos.

El 4 de noviembre de 2022, la peticionaria presentó otra solicitud 

de sentencia sumaria. La Autoridad alegó nuevamente que la 

controversia se resolvió en el laudo de arbitraje e invocó por segunda 

ocasión las doctrinas de impedimento colateral y cosa juzgada.

Por otro lado, la Autoridad adujo que los recurridos no pueden 

cuestionar el convenio, porque fue negociado por su representante 

sindical. Además, alegó que la causa de acción de los demandantes 

prescribió, debido a que se presentó vencido el término de un año. El 

patrono adujo que ese término comenzó a partir del último convenio 

colectivo otorgado en el año 2012 y la demanda se presentó tardíamente 

en el año 2017.

Por último, adujo que los recurridos no podían reclamar igual 

paga por igual trabajo, porque las tareas de los auxiliares de 

agrimensura no son iguales a las de los otros auxiliares con los que 

pretenden compararse.

Los recurridos alegaron que la doctrina de cosa juzgada no 

aplica, porque la controversia es distinta, debido a que aquí impugnan 

las escalas del convenio colectivo porque son inconstitucionales.

Invocaron su derecho a cuestionar el convenio, debido a que la 

Hermandad incumplió con su deber de justa representación. Los 

recurridos adujeron que la Hermandad negoció unas escalas 

arbitrarias y discriminatorias para los Auxiliares de Agrimensores. 

Según los recurridos, la reclamación no está prescrita, porque 

los daños que alegan son de naturaleza continua y el convenio tiene 

una cláusula de renovación automática.

4 Página 800.
KLCE202300810 6

La parte recurrida argumentó que la reclamación de igual paga 

por igual trabajo contra la Autoridad, procede en su modalidad de 

aplicación equitativa de plan de clasificación y retribución, según lo 

resuelto en Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315 (2013). Por último,

alegan que la Solicitud de Sentencia sumaria está basada en los 

mismos argumentos que las mociones dispositivas que el tribunal ya 

declaró NO HA LUGAR.

El TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria, debido a la 

existencia de hechos esenciales en controversia. 

No obstante, determinó que no existe controversia sobre los 

hechos siguientes. La Autoridad y la Hermandad suscribieron los 

convenios colectivos de los años 1993, 1996, 2000 y 2012 en los que 

se establece que los puestos de la unidad apropiada representada por 

la Hermandad se administrarán mediante el plan de clasificación. El 

término puesto se define en el convenio como el conjunto de deberes y 

responsabilidades asignadas o delegadas por una autoridad 

competente que requiere el empleo de una persona durante su jornada 

parcial o completa. El convenio define el término clase de puesto como 

el grupo de puestos suficientemente similares en cuanto a sus deberes 

y responsabilidades como para que se le pueda designar con el mismo 

título descriptivo, requiere sustancialmente los mismos requisitos a los 

aspirantes a ocupar los puestos asignados a la clase, administrar la 

misma prueba o examen para el reclutamiento de candidatos y aplicar 

la misma escala de salarios bajo las mismas normas.5

Otros hechos que el TPI determinó probados son los siguientes. 

El plan de clasificación agrupa los puestos en Grupos Operacionales 

y/o escalas retributivas para asignar cada clase de puesto a una escala 

salarial. A principios de octubre de 1996, la clase de Auxiliares de 

Agrimensura estaba asignada al grupo ocupacional 6 y escala 6 de 

5 Determinaciones de hecho 1 a 4.
KLCE202300810 7

retribución. A esa fecha, la unidad apropiada era representada por la 

Hermandad. A principio del 1996, la Hermandad y la Unión de 

Empleados de Muelles representaban algunos trabajadores que 

ostentaban puestos asignados a clasificaciones iguales o similares. El 

15 de octubre de 1996, la Autoridad y la Hermandad estipularon un 

aumento salarial adicional al incluido en el párrafo tercero A del 

convenio. El aumento se concedió para lograr la paridad salarial entre 

los empleados que realizan las mismas tareas en un plazo no menor de 

5 años y a partir del 1 de octubre de 1996. La Hermandad era la 

representante exclusiva de los Auxiliares de Agrimensura. La Unión de 

empleados no tenía clasificaciones similares o iguales a la de los 

Auxiliares de Agrimensura. Por esa razón, los Auxiliares de 

Agrimensura fueron excluidos de ese aumento. Durante el año 2002,

los auxiliares de agrimensura fueron reasignados de la escala salarial 

6 a la escala salarial 7, por orden de una sentencia del Tribunal de 

Apelaciones.6

La resolución recurrida también incluye hechos siguientes.

Landrau Correa comenzó a trabajar en la Autoridad en el año 2003 

como Auxiliar de Agrimensura. El 14 de noviembre de 2005, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad suscribió un memorando informando que 

alcanzó un acuerdo con la Unión para realizar un estudio de retribución 

y clasificación. El 28 de enero de 2013, varios empleados en el puesto 

de Auxiliar de Agrimensura solicitaron el formulario para ser evaluados 

para la reclasificación. La Autoridad evaluó los formularios y ubicó a 

los Auxiliares de Agrimensura en el grupo ocupacional 8, escala de 

retribución 8. La Hermandad pidió a la Autoridad que reconsiderara y 

reclasificara a los Auxiliares de Agrimensura en una escala mayor. La 

Autoridad denegó la reconsideración, porque se presentó vencido el 

término provisto en el convenio colectivo.7

6 Determinaciones de hecho 4 a 10.

7 Determinaciones de hecho 11 a 16.
KLCE202300810 8

Al TPI también le quedaron claro los hechos a continuación. La 

Hermandad solicitó la designación de un árbitro conforme a los 

acuerdos suscritos en el convenio colectivo. El 14 de marzo de 2014, el 

Director de Recursos Humanos reconoció que se equivocó en la 

reasignación de clases y, por consiguiente, en el aumento concedido. 

El funcionario ordenó la corrección del aumento de $55.00 a $60.00 

mensuales. El 17 de octubre de 2016, el Negociado de Arbitraje resolvió 

que la reasignación de puesto de los demandantes cumplió con el 

convenio.8

Por último, constan en la resolución recurrida los hechos a 

continuación. El puesto de Auxiliar de Agrimensura requiere un grado 

asociado en Tecnología de Ingeniería Civil con concentración en 

Agrimensura. A los demandantes se les exige una preparación 

académica superior a otros puestos, pero realizan igual o más trabajo 

que otros puestos. Los demandantes están en una escala de retribución 

inferior a la de otros auxiliares que no requieren cursos universitarios 

y se encuentran en una clasificación inferior.9

No obstante, el TPI determinó que existía controversia sobre los 

hechos siguientes:

1. Las razones por las que los Auxiliares de Agrimensura 

a quienes se les requiere una preparación académica 

superior en comparación con otros puestos y realizan 

igual o más trabajo que otros puestos, se encuentran en 

una escala de retribución menor a la de otros auxiliares 

a los cuales no se les requiere cursos universitarios y se 

encuentran en una clasificación inferior.

2. Si los títulos de puesto que llevan la designación de 

auxiliar tienen algún tipo de similitud o igualdad que les 

permita ser asignados a una misma clase de 

retribución.

3. Los criterios utilizados por la APPR y la HEO para 

excluir a los empleados del puesto de Auxiliar de 

Agrimensora de la Estipulación que buscaba paridad 

salarial entre los empleados de la HEO y la UDEM.

8 Determinaciones de hecho 17 a19.

9 Determinación de Hecho 21.
KLCE202300810 9

4. Si el Convenio Colectivo y su cláusula de renovación 

diaria discrimina contra los empleados del puesto de 

Auxiliar de Agrimensora.

El TPI no aplicó la doctrina de cosa juzgada, porque entre el laudo 

de arbitraje y este caso no existe identidad de cosas, causas y de 

litigantes. Tampoco aplicó el impedimento colateral por sentencia, 

debido a que el laudo no adjudicó ninguno de los hechos esenciales de 

este caso.

Según el TPI, la controversia ante el árbitro se limitó a determinar 

si la Autoridad incumplió con el procedimiento en la resignación de 

puestos de los querellantes. El TPI no albergó duda de que el árbitro no 

consideró ni atendió las alegaciones sobre la constitucionalidad de las 

escalas de retribución. Además, de que el árbitro no tenía jurisdicción 

para declarar inconstitucional una cláusula del convenio colectivo.

El foro recurrido determinó que la doctrina de justa 

representación no impide que los unionados impugnen un convenio 

colectivo arbitrario. No obstante, al TPI no le quedó claro, si la 

Hermandad incurrió en una negociación arbitraria como señalan los 

recurridos, ya que no consta porque los auxiliares de agrimensores 

fueron excluidos del aumento salarial negociado para lograr paridad 

salarial. La controversia sobre la constitucionalidad de las escalas de 

retribución obligó al TPI a denegar la moción de sentencia sumaria.

Por último, el TPI resolvió que no era el momento para atender el 

asunto de la prescripción, porque estaba íntimamente relacionado a la 

reclamación de igual paga por igual trabajo. El foro primario concluyó 

que para determinar la prescripción era necesario establecer si las 

escalas salariares eran discriminatorias.

La peticionaria presentó una moción en la que pidió 

determinaciones de hechos adicionales y reconsideración. El TPI 

denegó la solicitud.

Inconforme, la peticionaria presentó el recurso que nos ocupa en 

el que alega que:
KLCE202300810 10

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO RECONOCER EN SU RESOLUCIÓN 

HECHOS MATERIALES INCONTROVERTIDOS O 

ACEPTADOS POR LA PARTE RECURRIDA, ALGUNOS DE 

ELLOS QUE TAMBIÉN HABÍAN SIDO SOSTENIDOS Y 

ESTABLECIDOS EN UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN 

2018 EN EL PRESENTE CASO.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 

RECHAZAR DESESTIMAR LA DEMANDA Y NO APLICAR 

LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA O IMPEDIMENTO 

COLATERAL POR SENTENCIA.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO Y ABUSO 

DE SU DISCRECIÓN AL DEJAR EN SUSPENSO UNA 

DETERMINACIÓN SOBRE PRESCRIPCIÓN CUANDO 

EXISTE UN IMPEDIMENTO PARA EJERCER AUTORIDAD 

PARA ENTENDER EN EL PRESENTE CASO.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 

DECLINAR RESOLVER SI LA PARTE RECURRIDA ESTABA 

IMPEDIDA DE IMPUGNAR O CUESTIONAR EL CONVENIO 

COLECTIVO.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL NO 

DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN, A PESAR DE QUE 

EL RECLAMO SOBRE IGUAL PAGA POR IGUAL TRABAJO 

RESULTA SER INMERITORIO, YA QUE LA PARTE 

RECURRIDA NO HA ESTABLECIDO QUE EL PUESTO DE 

AUXILIAR DE AGRIMENSOR LLEVA A CABO TAREAS Y 

FUNCIONES DE IGUAL NATURALEZA QUE LOS OTROS 

PUESTOS DE AUXILIARES CON QUIENES SE PRETENDE 

COMPARAR.

II

A.

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de 1933 (32 LPRA sec. 3491), hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios; Caribbean Orthopedics Products of Puerto Rico, LLC v. 

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); 800 Ponce de Leon Corp. v. 

American International Insurance Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 

174 (2020); Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 

(2019). Aunque la característica principal del recurso reside en el 

carácter discrecional del mismo, tal determinación no es irrestricta, 
KLCE202300810 11

está sujeta a los criterios señalados en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil. Advertimos que esta regla ha sufrido modificaciones a través del 

tiempo para expandir el marco discrecional que ostentan los foros 

revisores en la expedición del recurso.

En la actualidad, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

específicamente dispone que el recurso de certiorari solamente será 

expedido:

... para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.

No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 

de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. Cualquier otra resolución u 

orden interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada en el recurso de apelación que 

se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1.

Superado el análisis al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, el foro apelativo deberá auscultar los criterios de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para guiar su discreción 

al intervenir con la resolución u orden interlocutoria recurrida. La Regla 

40 dispone:

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa:

A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B) Si la situación de los hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema. 

C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 
KLCE202300810 12

D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Ha de quedar claro que la denegatoria a expedir un recurso de 

certiorari no implica la ausencia de error en el dictamen, cuya revisión 

se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Sino que 

responde al ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por 

el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008).

B.

La sentencia sumaria promueve una solución justa, rápida y 

económica para litigios de naturaleza civil en lo que no hay controversia 

genuina sobre hechos materiales que componen la causa de acción. 

Acevedo Arocho v. Departamento de Hacienda de PR, 2023 TSPR 80; 

González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019). La Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, establece que la 

sentencia sumaria procede cuando las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia, acreditan que no existe una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Íd., pág. 291.

El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente, sin necesidad de celebrar un juicio, si no existe 

controversia de los hechos materiales que motivaron el pleito y 

únicamente resta aplicar el derecho a los no controvertidos. González 

Meléndez v. Municipio Autónomo de San Juan, 2023 TSPR 95; Acevedo 

Arocho v. Departamento de Hacienda de PR, supra; Roldán Flores v. Soto 
KLCE202300810 13

Lambert, 199 DPR 664 (2018). La sentencia sumaria únicamente 

procede cuando el derecho aplicable lo justifica. La Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone los requisitos con los que debe 

cumplir una moción de sentencia sumaria. Oriental Bank v. Perapi et 

al, 192 DPR 7, 25 (2014).

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria tiene que 

desglosar los hechos sobre los que alega no existe controversia. Además 

de especificar para cada uno la página o párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. Roldán 

Flores v. Soto Lambert, supra, pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010). Mientras que, la parte que se opone a una moción 

de sentencia sumaria tiene que demostrar que existe controversia en 

cuanto a algún hecho material. Se considera un hecho material aquel 

que pueda afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable. Roldán Flores v. Soto Lambert, supra.

Cualquier duda no es suficiente para derrotar la procedencia de 

una moción de sentencia sumaria. La duda existente tiene que permitir 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Aunque toda inferencia de hechos 

incontrovertidos debe hacerse a favor del oponente, dicha parte no 

puede meramente cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. 

Los tribunales podemos concluir que existe una controversia real y 

sustancial en cuanto a un hecho material, cuando el oponente presenta 

prueba que podría inducir a un juzgador racional a resolver a su favor. 

Oriental Bank v. Perapi et al, supra, pág. 26.

La sentencia sumaria tampoco procede, si existen alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas y de los 

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria surge 

controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como 

cuestión de derecho no procede el remedio sumario. Oriental Bank v. 

Perapi et al, supra, págs. 26, 27.
KLCE202300810 14

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el Tribunal 

de Primera Instancia al determinar si procede una sentencia sumaria. 

No obstante, al revisar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, únicamente podrá considerar los documentos que se 

presentaron ante ese foro. Las partes no podrán traer en apelación 

evidencia que no fue presentada oportunamente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, ni esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos. El tribunal apelativo únicamente puede determinar si existe o 

no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si 

el derecho se aplicó correctamente. Sin embargo, no puede adjudicar 

hechos materiales en disputa porque esa tarea es del foro de primera 

instancia. Meléndez González v. M. Cuevas, 193 DPR 100, 114, 116 

(2015).

C.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la definición del 

tratadista español Manresa de la doctrina de cosa juzgada. Según 

Manresa, cosa juzgada es lo resuelto por fallo firme de un Juez o 

Tribunal competente que lleva en si la firmeza de la irrevocabilidad. La 

doctrina de cosa juzgada tiene los objetivos de poner fin a los litigios 

adjudicados de forma definitiva por los tribunales, garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una 

resolución judicial y evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes. Esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana 

administración de la justicia. Por un lado, vela por el interés público de 

finalizar los pleitos. Por el otro, evita que los ciudadanos se sometan a 

las molestias de litigar dos veces una misma causa. Su aplicación no 

es inflexible y automática. La doctrina de cosa juzgada no aplica o 

derrota los fines de la justicia o consideraciones de orden público. La 

presunción de cosa juzgada únicamente tendrá efecto cuando existe la 

más perfecta identidad de las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron. Presidential v. Transcaribe, 186 
KLCE202300810 15

DPR 263, 273-274 (2012) Fonseca v. Hosp. Hima, 184 DPR 281, 294 

(2012).

La identidad de cosas ocurre cuando el segundo pleito se refiere 

al mismo asunto que el primero. La cosa es el objeto o materia sobre la 

cual se ejercita la acción. Su existencia se determina, si un juez está 

expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un derecho 

nacido o naciente. La identidad de causas es el origen de las acciones 

o excepciones planteadas y resueltas y el motivo que tuvo el 

demandante para pedir. Al determinar si existe identidad de causas de 

acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la 

misma transacción o núcleo de hechos. Por último, la identidad de 

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron se extiende a 

quienes intervienen en el proceso a nombre y en interés propio. 

Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 274-276; A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Cana, 110 DPR 753, 764-765 (1981).

El impedimento colateral por sentencia constituye una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Sin embargo, se distingue, 

porque la identidad de causas no es necesaria. La razón de pedir que 

se presente en una demanda no tiene que ser la misma que se presentó 

en la demanda anterior. La doctrina de impedimento colateral surte 

efectos cuando un hecho material para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final. Tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito, aunque envuelva 

causas de acción distintas. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 

276-277; PR Wine Prod. V. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152-153 

(2008).

D.

La negociación colectiva es un elemento esencial para 

salvaguardar la paz industrial, garantizar los salarios adecuados y 

promover las condiciones seguras para los trabajadores. Por eso 

reconoce el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, a 
KLCE202300810 16

través de los representantes de su selección. El derecho a mejorar las 

condiciones de empleo mediante la negociación colectiva es de rango 

constitucional. Art II, Sec. 17, Const. PR, LPRA, Tomo 1; AAA v. UIA,

199 DPR 638, 647, 648 (2018). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

explicó en JRT v. UTLG, 110 DPR 237, 243 (1980), que la doctrina de la 

justa representación obliga a las uniones a servir de buena fe y sin 

discrimen ni arbitrariedad a los intereses de sus miembros.

El Art. II, Sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico, Const. PR,

LPRA, Tomo 1, establece el derecho de todo trabajador a recibir igual 

paga por igual trabajo. Nuestra jurisdicción reconoce la existencia de 

una clara política pública en favor de que los trabajadores reciban un

tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus sueldos y demás 

formas de retribución. Dicha política pública está enmarcada en el 

precepto constitucional que garantiza la igual paga por igual trabajo. 

La extensión de los beneficios reconocidos a un empleado al amparo de 

un plan de clasificación y retribución se extienden a todos los otros 

empleados igualmente citados. Sin embargo, el principio constitucional 

de igual paga por igual trabajo, no es óbice para otorgar salarios 

distintos a personas en la misma escala salarial, siempre y cuando se 

justifique a base de factores como: (1) los años de servicio, (2) la 

demanda u oferta en el mercado de trabajo, (3) las habilidades y 

destrezas necesarias para realizar el trabajo y (4) el grado de 

complejidad de la tarea realizada entre otros factores. Rivera Padilla et 

al v. OAT, 189 DPR 315, 355-357 (2013)

E.

El Art II Sec. 16 de la Constitución de Puerto Rico consagra el 

derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo. Art II 

Sec. 16, Const PR, LPRA, Tomo I; Rivera Padilla et al v. OAT, supra. 

Nuestros constituyentes establecieron una clara política pública que 

reconoce el derecho de los trabajadores del servicio público a recibir un 

tratamiento equitativo y justo en la fijación de sus salarios y demás 
KLCE202300810 17

formas de retribución. Rivera Padilla et al v OAT, supra; Guzmán

Rosario v Depto. de Hacienda, 147 DPR 46, 52-53 (1998). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reconocido un alto interés público a la 

legislación reguladora del empleo público y en especial a la que 

reglamenta la retribución salarial. Íd. El principio de igual paga por 

igual trabajo interesa evitar discrímenes de una parte e irritaciones de

la otra, cuando la compensación diferente carece de justificación frente 

a la igualdad de la labor rendida. Mercado Vega v. UPR, 128 DPR 273 

(1991) citando a Diario de Secciones de la Convención Constituyente,

Tomo 4, pág. 2574 (1961).

La adopción del principio constitucional de igual paga por igual 

trabajo, nació de la necesidad de hacer justicia a la mujer obrera a la 

que frecuentemente se le pagaba menos que a los hombres, a pesar de 

rendir la misma o mayor labor. Sin embargo, la justicia salarial a la 

mujer trabajadora no es la única motivación que existe detrás de la 

adopción de la garantía constitucional de igual paga por igual trabajo. 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el derecho de igual paga por 

igual trabajo también puede ser invocado en reclamaciones 

relacionadas con los planes de clasificación y retribución. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido preciso en reconocer que los principios 

de equidad y justicia en la fijación de los salarios de los empleados 

públicos constituyen una aplicación práctica del derecho 

constitucional a recibir igual paga por igual trabajo. Rivera Padilla et al 

v. OAT, supra, pág. 356.

No obstante, la protección constitucional de igual paga por igual 

trabajo no impide que dos personas que realicen una misma labor

tengan salarios distintos. Rivera Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357;

Aulet Lebrón v. Depto. Servicios Sociales, 129 DPR 1 (1991). El principio 

de igual paga por igual trabajo no es óbice para la otorgación de salarios 

distintos a personas clasificadas en la misma escala salarial. Sin 

embargo, tiene que existir una justificación objetiva que excuse la
KLCE202300810 18

diferencia de compensación ante la igualdad de la labor rendida. Rivera 

Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357. No es el capricho o arbitrariedad 

quien demarca los límites. Aulet Lebrón v. Depto. de Servicios Sociales,

supra, pág. 44. A modo de ejemplo, la diferencia puede fundarse en los 

factores siguientes: los años de servicio prestado, la demanda u oferta 

en el mercado de trabajo, las habilidades y destrezas necesarias para 

realizar el trabajo y el grado de complejidad de la tarea realizada, entre 

otros factores. Rivera Padilla et al v. OAT, supra, pág. 357; Aulet Lebrón

v. Departamento de Servicios Sociales, supra, pág. 44; Mercado Vega v 

UPR, supra.

F.

El término prescriptivo de las acciones por daños y perjuicios 

comienza desde que el agraviado tuvo o debió tener conocimiento del 

daño sufrido y estuvo en posición de ejercer su causa de acción. El tipo 

del daño reclamado es esencial para determinar cuando comienza a 

transcurrir el término prescriptivo y en el momento en que finaliza. 

Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 416 (2016).

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido varios tipos 

de daños, como los continuados y los sucesivos. Los daños continuados 

son producidos por uno o más actos culposos negligentes que pueden 

ser coetáneos o no. No obstante, se caracterizan por sus consecuencias 

lesivas, ininterrumpidas, sostenidas, duraderas y sin interrupción,

unidas entre sí. El carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, 

convierte los daños continuos en previsibles. Los daños continuos 

están compuestos de elementos de daños actuales que ya han 

acontecido y de daños futuros que son previsibles y ciertos. El término 

prescriptivo para presentar una reclamación comienza cuando ocurra 

lo que sea posterior entre los últimos actos u omisiones o el resultado 

definitivo. Rivera Ruiz et al v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 417, 426 

(2016).
KLCE202300810 19

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió expresamente en 

JRT v AEE, 113 DPR 564, 566-567 (1982), que las reclamaciones de 

aumento salarial contra un patrono por años de servicio son de carácter 

continuo. A partir de esta decisión quedó claro que, cada vez que el 

patrono paga el salario sin incluir el aumento por años de servicio,

surge nuevamente la causa de acción. Posteriormente, el tribunal 

explicó en UGT v. Corp Difusión Pub., 168 DPR 654, 691 (2006), que 

una violación de carácter continuo hace que el agravio surja o se 

renueve periódicamente. La querella se puede presentar en cualquier 

momento mientras la violación persista. Para establecer si la 

reclamación es de naturaleza continua, no es determinante la 

continuidad del agravio. El factor determinante es si, al momento de 

presentar la querella, la violación persiste. La pregunta que debemos 

hacernos es como podemos distinguir satisfactoriamente entre 

violaciones que constituyen nuevos agravios y las que son meras 

manifestaciones de la violación original. Únicamente las primeras 

configuran una verdadera violación continua con su evidente efecto 

interruptor.

Tan reciente como en Acevedo Arocho vs Departamento de 

Hacienda, 2023 TSPR 82, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que el término prescriptivo de las reclamaciones de salarios de los 

empleados públicos es de tres años. El término se computa desde que 

el empleado deja de trabajar o interrumpe sus servicios en un período

de tiempo sin implicación o cuando ocurre una novación del contrato 

de empleo. Sin embargo, no cabe hablar de prescripción si el empleado 

público se encontraba trabajando cuando presentó su reclamación.

III

La Regla 52.1, supra, nos autoriza a expedir este recurso, debido 

a que la peticionaria solicita revisión de la denegatoria del TPI a una 

moción de carácter dispositivo. La controversia amerita nuestra 

intervención porque es de alto interés público. El derecho de los 
KLCE202300810 20

trabajadores a mejorar sus condiciones de salario, a través de la 

negociación colectiva, incluyendo su salario, es de rango 

constitucional. Nuestra jurisdicción reconoce la existencia de una clara 

política pública en favor de que los trabajadores reciban un tratamiento 

equitativo y justo en la fijación de sus sueldos.

La etapa en la que están los procedimientos es la más propicia 

para evitar dilaciones innecesarias en un pleito que inició el 27 de abril 

de 2017, hace ya más de 6 años y 4 meses. La peticionaria ha solicitado 

en varias ocasiones la desestimación sumaria de la demanda. Incluso 

ha acudido a este tribunal. Sin embargo, todas las veces en las que ha 

solicitado el remedio sumario a su favor le ha sido negada.

La controversia se circunscribe a determinar si el laudo de 

arbitraje convierte en cosa juzgada el reclamo de la demandante o 

constituye un impedimento colateral.

La expedición del recurso es necesaria para que la peticionaria 

entienda que las doctrinas invocadas no aplican, porque el laudo de 

arbitraje no atendió ni resolvió la misma controversia de este caso. 

Además, de que tampoco adjudicó un hecho esencial de la controversia 

aquí planteada.

Al árbitro le correspondió atender y resolver si la Autoridad 

incumplió con el procedimiento para la reasignación de puestos 

establecido en los Artículos XII y XIII del Convenio Colectivo. Aquí la 

controversia es distinta, porque los recurridos cuestionan la 

constitucionalidad de las escalas de retribución y clasificación 

establecidas en el Artículo XX del convenio.

10

Los demandantes alegan que la Hermandad falló a su deber de 

representación. Sostienen que la Hermandad negoció un convenio que 

discrimina contra los auxiliares de agrimensores, porque les ubica en 

una escala salarial inferior a la de otros empleados con funciones de 

10 Página 913 en adelante.
KLCE202300810 21

menor relevancia y a los que no se les requiere preparación académica 

ni una licencia. Los demandantes imputan negligencia a la Autoridad 

por no corregir la disparidad salarial y quebrantar el derecho 

constitucional de igual paga por igual trabajo.

La doctrina de cosa juzgada y su modalidad de impedimento 

colateral son inaplicables a este caso, porque el árbitro no tiene 

autoridad para atender reclamaciones de índole constitucional. El 

derecho de un trabajador unionado a impugnar las acciones arbitrarias 

y discriminatorias de la unión que lo representa es incuestionable.

Por otro lado, resolvemos que la demanda contra la Autoridad no 

prescribió. Nuestra determinación no es incompatible con lo decidido

en el KLAN201900511. Allí aplicamos la norma establecida en JRT v 

AEE, supra, de que las reclamaciones contra el patrono por salarios 

dejados de percibir son de carácter continuo. Por consiguiente, la 

reclamación puede ser presentada, mientras la supuesta violación 

persista. La causa de acción de los demandantes surge nuevamente, 

cada vez que la Autoridad le paga el salario con la alegada disparidad 

salarial. La reclamación contra la Autoridad no está prescrita, debido a 

que los daños alegados se configuran cada vez que los demandantes

cobran su salario. Además, en Acevedo Arocho v Departamento de 

Hacienda, supra, se resolvió que la prescripción no aplica cuando el 

empleado público presenta la demanda, mientras continua en el 

empleo.

Por último, la Autoridad alega que el TPI erró al no desestimar la 

reclamación de igual paga por igual trabajo. La Autoridad aduce que 

los recurridos no establecieron el elemento esencial de esa causa de 

acción, porque no demostró que los otros puestos auxiliares realizan 

tareas y funciones de igual naturaleza que los auxiliares de 

agrimensura. El patrono argumenta que los puestos que los 

demandantes alegan que son similares a los de auxiliares de 

agrimensura tienen deberes, responsabilidades y requisitos distintos.
KLCE202300810 22

Según la Autoridad, el que compartan el término auxiliar no significa 

que tengan la misma clasificación ocupacional. La peticionaria sostiene 

que la protección de igual paga por igual trabajo se activa únicamente

cuando el trabajador recibe un salario injusto, comparado con otros 

que realizan funciones de igual naturaleza.

La Autoridad invocó la facultad que le confiere la ley para 

establecer el plan de clasificación y determinar los puestos que necesita 

para realizar la misión de la agencia y cuáles son las funciones por 

realizar y los requisitos que debe tener el incumbente en un puesto en 

específico.

El TPI determinó que no podía resolver sumariamente la 

reclamación de igual paga por igual trabajo, porque primero tenía que

establecer si las escalas salariales discriminaban contra los 

demandantes.

En el KLAN201900511 se concluyó que no existe una causa de 

acción por violación al principio constitucional de igual paga por igual 

trabajo, cuando el salario se acordó en un convenio colectivo y no se 

planteó discrimen por sexo o cuando existe alguna de las razones en 

las que se justifica la disparidad salarial.

Sin embargo, hoy modificamos esa postura, debido a que los 

recurridos cuestionan la disparidad salarial establecida en el plan de 

clasificación y retribución que adoptó la Autoridad y el derecho de igual 

paga por igual trabajo también puede ser invocado en ese tipo de

reclamaciones. No obstante, la controversia no puede ser adjudicada 

sumariamente, debido a que los hechos esenciales no están claros. La 

controversia amerita determinar si las clasificaciones y escalas son 

discriminatorias.

Al igual que el foro primario, concluimos que existe controversia 

sobre las razones por las que los Auxiliares de Agrimensores reciben 

un salario menor al de otros empleados que están en una clasificación 

inferior y que realizan funciones iguales o menos complejas o 
KLCE202300810 23

importantes y a los que no se les requiere el mismo nivel de estudio, ni 

tener una licencia para poder ejercer el trabajo. Igual controversia 

existe sobre las razones por las que otros empleados en su misma 

clasificación tienen un mayor salario. Estas controversias ameritan ser 

dilucidadas en un juicio plenario.

IV

Por lo antes expuesto, se expide el recurso y se confirma la 

resolución recurrida en la que el TPI se negó a desestimar 

sumariamente la demanda.

Examinadas y atendidas la Solicitud de auxilio de jurisdicción 

presentada por la Autoridad de los Puertos el 24 de octubre de 2023, 

así como la Oposición a petición de certiorari y moción en auxilio de 

jurisdicción presentada por la recurrida el 26 de octubre de 2023, no ha 

lugar a la solicitud de auxilio.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.

El Juez Rodríguez Flores disiente, con la siguiente expresión:

Muy respetuosamente, entiendo que no procede una 

causa de acción al palio constitucional de igual paga por 

igual trabajo, contra la Autoridad de Los Puertos y mucho 

menos una causa de acción por daños y perjuicios. Por otro 

lado, estoy conteste con lo resuelto en Castro García y otros 

vs Autoridad de los Puertos, KLAN201900511, Sentencia 

del 28 de junio de 2019.

Notifíquese inmediatamente.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones