# Diario Oficial L 309/2011

| | ISSN 1977-0685
  doi:10.3000/19770685.L_2011.309.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 309 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 54o año24 de noviembre de 2011 |

ISSN 1977-0685

doi:10.3000/19770685.L_2011.309.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 309

Edición en lengua española

Legislación

54o año24 de noviembre de 2011

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| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
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| | | DECISIONES |
| | | 2011/746/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativa a las ayudas estatales C 38/B/04 (ex NN 58/04) y C 13/06 (ex N 587/05) ejecutadas por Italia a favor de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA y Syndial SpA
  [notificada con el número C(2011) 956]

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  ) | 1 |
| | | 2011/747/UE |
| | * | Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2011, relativa a la ayuda estatal C 88/97 concedida por la República Francesa en favor del banco Crédit Mutuel
  [notificada con el número C(2011) 3436]

   (
  1
  ) | 23 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

DECISIONES

2011/746/UE

*

Decisión de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativa a las ayudas estatales C 38/B/04 (ex NN 58/04) y C 13/06 (ex N 587/05) ejecutadas por Italia a favor de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA y Syndial SpA
  [notificada con el número C(2011) 956]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2011) 956]

1

1

2011/747/UE

*

Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2011, relativa a la ayuda estatal C 88/97 concedida por la República Francesa en favor del banco Crédit Mutuel
  [notificada con el número C(2011) 3436]

   (
  1
  )

[notificada con el número C(2011) 3436]

1

23

| | |
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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

1

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
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ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

DECISIONES

| 24.11.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 309/1 |
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24.11.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 309/1

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 23 de febrero de 2011

relativa a las ayudas estatales C 38/B/04 (ex NN 58/04) y C 13/06 (ex N 587/05) ejecutadas por Italia a favor de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA y Syndial SpA

[notificada con el número C(2011) 956]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/746/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

1.1.   Caso C 38/B/04

| (1) | Por carta de 4 de diciembre de 2003, un bufete que representa a un denunciante puso en conocimiento de la Comisión una serie de artículos publicados en la prensa italiana relativos a la intención del Gobierno italiano de aplicar tarifas eléctricas preferenciales en favor de algunas empresas radicadas en Cerdeña. |
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(1)

Por carta de 4 de diciembre de 2003, un bufete que representa a un denunciante puso en conocimiento de la Comisión una serie de artículos publicados en la prensa italiana relativos a la intención del Gobierno italiano de aplicar tarifas eléctricas preferenciales en favor de algunas empresas radicadas en Cerdeña.

| (2) | Las citadas tarifas se introdujeron mediante el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, en lo sucesivo denominado «el Decreto de 2004». Este Decreto tuvo dos efectos: a) introdujo nuevas tarifas eléctricas preferenciales en favor de las empresas Portovesme Srl, ILA Spa y Eurallumina Spa, y b) prorrogó la tarifa preferencial existente en favor de Alcoa Trasformazioni (productor de aluminio primario, en lo sucesivo denominado «Alcoa»). |
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(2)

Las citadas tarifas se introdujeron mediante el artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, en lo sucesivo denominado «el Decreto de 2004». Este Decreto tuvo dos efectos: a) introdujo nuevas tarifas eléctricas preferenciales en favor de las empresas Portovesme Srl, ILA Spa y Eurallumina Spa, y b) prorrogó la tarifa preferencial existente en favor de Alcoa Trasformazioni (productor de aluminio primario, en lo sucesivo denominado «Alcoa»).

| (3) | Por cartas de 22 de enero de 2004 y 19 de marzo de 2004, la Comisión pidió aclaraciones sobre tales medidas. Italia contestó por cartas de 9 de febrero de 2004 y 9 de junio de 2004. Por carta de 20 de septiembre de 2004, Italia envió ulteriores aclaraciones. |
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(3)

Por cartas de 22 de enero de 2004 y 19 de marzo de 2004, la Comisión pidió aclaraciones sobre tales medidas. Italia contestó por cartas de 9 de febrero de 2004 y 9 de junio de 2004. Por carta de 20 de septiembre de 2004, Italia envió ulteriores aclaraciones.

| (4) | Por carta de 16 de noviembre de 2004, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con relación a la medida en cuestión. |
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(4)

Por carta de 16 de noviembre de 2004, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con relación a la medida en cuestión.

| (5) | La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre las medidas en cuestión. |
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(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre las medidas en cuestión.

| (6) | Italia transmitió sus observaciones por cartas de 4 febrero de 2005 y 11 de febrero de 2005. |
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(6)

Italia transmitió sus observaciones por cartas de 4 febrero de 2005 y 11 de febrero de 2005.

| (7) | La Comisión recibió observaciones de los interesados, incluidos tres beneficiarios de las medidas y un competidor de Portovesme. Por carta de 22 de marzo de 2005, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, ofreciéndole la posibilidad de réplica. Los comentarios de Italia fueron enviados mediante carta de 20 de septiembre de 2005. |
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(7)

La Comisión recibió observaciones de los interesados, incluidos tres beneficiarios de las medidas y un competidor de Portovesme. Por carta de 22 de marzo de 2005, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, ofreciéndole la posibilidad de réplica. Los comentarios de Italia fueron enviados mediante carta de 20 de septiembre de 2005.

| (8) | El 29 de octubre de 2008, el caso C38/04 se subdividió en la parte A, que se refiere a la medida en favor de Alcoa, y en la parte B, que se refiere a Portovesme, ILA y Eurallumina. |
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(8)

El 29 de octubre de 2008, el caso C38/04 se subdividió en la parte A, que se refiere a la medida en favor de Alcoa, y en la parte B, que se refiere a Portovesme, ILA y Eurallumina.

| (9) | El 19 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una decisión final negativa, con recuperación de la ayuda concedida a la empresa Alcoa (3). |
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(9)

El 19 de noviembre de 2009, la Comisión adoptó una decisión final negativa, con recuperación de la ayuda concedida a la empresa Alcoa (3).

1.2.   Caso C 13/06

| (10) | En virtud del artículo 11, apartado 12, del Decreto Ley no 35 de 14 de marzo de 2005, convertido en la Ley no 80/2005 de 14 de mayo 2005 («Disposiciones urgentes en el ámbito del plan de acción para el desarrollo económico, social y territorial»), en lo sucesivo denominada «la Ley no 80/2005», las autoridades italianas prorrogaron hasta 2010 las tarifas eléctricas preferenciales en favor de Portovesme, ILA y Eurallumina, y extendieron estas tarifas a Syndial SpA, una empresa productora de cloro también radicada en Cerdeña. |
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(10)

En virtud del artículo 11, apartado 12, del Decreto Ley no 35 de 14 de marzo de 2005, convertido en la Ley no 80/2005 de 14 de mayo 2005 («Disposiciones urgentes en el ámbito del plan de acción para el desarrollo económico, social y territorial»), en lo sucesivo denominada «la Ley no 80/2005», las autoridades italianas prorrogaron hasta 2010 las tarifas eléctricas preferenciales en favor de Portovesme, ILA y Eurallumina, y extendieron estas tarifas a Syndial SpA, una empresa productora de cloro también radicada en Cerdeña.

| (11) | La Comisión recibió una denuncia procedente de un competidor de Syndial mediante carta de 22 de julio de 2005, a la que siguió la documentación complementaria enviada por la misma empresa con fecha de 7 de octubre de 2005 y 7 de diciembre de 2005. |
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(11)

La Comisión recibió una denuncia procedente de un competidor de Syndial mediante carta de 22 de julio de 2005, a la que siguió la documentación complementaria enviada por la misma empresa con fecha de 7 de octubre de 2005 y 7 de diciembre de 2005.

| (12) | Italia notificó la medida a la Comisión mediante carta de 23 de noviembre de 2005, proporcionando información complementaria mediante carta de 28 de noviembre de 2005. |
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(12)

Italia notificó la medida a la Comisión mediante carta de 23 de noviembre de 2005, proporcionando información complementaria mediante carta de 28 de noviembre de 2005.

| (13) | Por carta de 22 de diciembre de 2005, la Comisión solicitó información adicional, que las autoridades italianas transmitieron por carta de 3 de marzo de 2006. |
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(13)

Por carta de 22 de diciembre de 2005, la Comisión solicitó información adicional, que las autoridades italianas transmitieron por carta de 3 de marzo de 2006.

| (14) | Al mismo tiempo, el mismo competidor de Portovesme que había intervenido en el caso C 38/b/04 presentó una denuncia sobre la nueva medida, mediante carta de 20 de enero de 2006. |
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(14)

Al mismo tiempo, el mismo competidor de Portovesme que había intervenido en el caso C 38/b/04 presentó una denuncia sobre la nueva medida, mediante carta de 20 de enero de 2006.

| (15) | Por carta de 26 de abril de 2006, la Comisión comunicó a Italia que había decidido incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a las modificaciones y la extensión del régimen tarifario especiales introducidas en virtud de la Ley no 80/2005. |
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(15)

Por carta de 26 de abril de 2006, la Comisión comunicó a Italia que había decidido incoar el procedimiento contemplado en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a las modificaciones y la extensión del régimen tarifario especiales introducidas en virtud de la Ley no 80/2005.

| (16) | La Comisión pidió a Italia aclaraciones complementarias mediante carta de 22 de agosto de 2006, a la que Italia contestó el 28 de septiembre de 2006. |
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(16)

La Comisión pidió a Italia aclaraciones complementarias mediante carta de 22 de agosto de 2006, a la que Italia contestó el 28 de septiembre de 2006.

| (17) | La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (4). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre las medidas en cuestión. |
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(17)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
   (4). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre las medidas en cuestión.

| (18) | La Comisión recibió observaciones de los interesados, incluidos los beneficiarios, dos competidores de Portovesme y Syndial y un productor de energías renovables. Por carta de 5 de octubre de 2006, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, ofreciéndole la posibilidad de réplica. Los comentarios de Italia se recibieron por carta de 1 de diciembre de 2006. |
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(18)

La Comisión recibió observaciones de los interesados, incluidos los beneficiarios, dos competidores de Portovesme y Syndial y un productor de energías renovables. Por carta de 5 de octubre de 2006, la Comisión transmitió dichas observaciones a Italia, ofreciéndole la posibilidad de réplica. Los comentarios de Italia se recibieron por carta de 1 de diciembre de 2006.

| (19) | Italia facilitó información complementaria por cartas de 16 de abril de 2007, 10 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2007 y 22 de junio de 2010. |
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(19)

Italia facilitó información complementaria por cartas de 16 de abril de 2007, 10 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2007 y 22 de junio de 2010.

1.3.   Alcance de la presente Decisión

| (20) | La presente Decisión se refiere tanto a las tarifas introducidas en virtud del artículo 1 del Decreto de 2004 en favor de beneficiarios distintos de Alcoa (en lo sucesivo denominadas «las tarifas de 2004») como a las tarifas introducidas en virtud del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005 (en lo sucesivo denominadas «las tarifas de 2005»), y posteriormente especificadas en las decisiones de la «Autorità per l’energia elettrica e il gas» (AEEG). |
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(20)

La presente Decisión se refiere tanto a las tarifas introducidas en virtud del artículo 1 del Decreto de 2004 en favor de beneficiarios distintos de Alcoa (en lo sucesivo denominadas «las tarifas de 2004») como a las tarifas introducidas en virtud del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005 (en lo sucesivo denominadas «las tarifas de 2005»), y posteriormente especificadas en las decisiones de la «Autorità per l’energia elettrica e il gas» (AEEG).

2.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MEDIDA

2.1.   Las tarifas de 2004 impugnadas

| (21) | El artículo 1 del Decreto de 2004 extendía «el trato [tarifario] contemplado en el punto 2 del Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía de 19 de diciembre de 1995 (en lo sucesivo denominado “el Decreto Alcoa”) a los suministros de energía destinados a la producción y elaboración de aluminio, plomo, plata y cinc dentro de los límites de las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto situadas en territorios insulares caracterizados por enlaces inexistentes o insuficientes a las redes nacionales de energía eléctrica y gas». |
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(21)

El artículo 1 del Decreto de 2004 extendía «el trato [tarifario] contemplado en el punto 2 del Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía de 19 de diciembre de 1995 (en lo sucesivo denominado “el Decreto Alcoa”) a los suministros de energía destinados a la producción y elaboración de aluminio, plomo, plata y cinc dentro de los límites de las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto situadas en territorios insulares caracterizados por enlaces inexistentes o insuficientes a las redes nacionales de energía eléctrica y gas».

| (22) | Estaba previsto que este trato tarifario fuera transitorio y finalizara «con la realización o el fomento de los enlaces a las redes nacionales de energía eléctrica y gas», y a más tardar el 30 de junio de 2007. |
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(22)

Estaba previsto que este trato tarifario fuera transitorio y finalizara «con la realización o el fomento de los enlaces a las redes nacionales de energía eléctrica y gas», y a más tardar el 30 de junio de 2007.

| (23) | En la práctica, el Decreto de 2004 extendió las tarifas preferenciales de las que ya se había beneficiado el productor de aluminio Alcoa a tres empresas de elevado consumo energético ubicadas en Cerdeña: Portovesme, una empresa que produce cinc, plata y plomo (5), ILA, un fabricante de productos elaborados a base de aluminio y Eurallumina, un productor de alúmina (6). |
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(23)

En la práctica, el Decreto de 2004 extendió las tarifas preferenciales de las que ya se había beneficiado el productor de aluminio Alcoa a tres empresas de elevado consumo energético ubicadas en Cerdeña: Portovesme, una empresa que produce cinc, plata y plomo (5), ILA, un fabricante de productos elaborados a base de aluminio y Eurallumina, un productor de alúmina (6).

| (24) | A nivel normativo, las tarifas se han aplicado a través de deliberaciones de la «Autorità per l’energia elettrica e il gas», en lo sucesivo denominada «la AEEG». |
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(24)

A nivel normativo, las tarifas se han aplicado a través de deliberaciones de la «Autorità per l’energia elettrica e il gas», en lo sucesivo denominada «la AEEG».

| (25) | Inicialmente, la deliberación AEEG no 110/04 subordinaba la concesión de las tarifas preferenciales al resultado positivo del procedimiento de notificación. Sin embargo, a raíz de las instrucciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, que precisaban que el texto del Decreto de 2004 no se había notificado formalmente según lo establecido en las normas sobre ayudas estatales, sino que tan solo se había «presentado» a la Comisión en el marco de una «investigación preliminar», la AEEG aplicó el Decreto de 2004 mediante la deliberación no 148/04 (7). |
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(25)

Inicialmente, la deliberación AEEG no 110/04 subordinaba la concesión de las tarifas preferenciales al resultado positivo del procedimiento de notificación. Sin embargo, a raíz de las instrucciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros, que precisaban que el texto del Decreto de 2004 no se había notificado formalmente según lo establecido en las normas sobre ayudas estatales, sino que tan solo se había «presentado» a la Comisión en el marco de una «investigación preliminar», la AEEG aplicó el Decreto de 2004 mediante la deliberación no 148/04 (7).

| (26) | Este régimen permitía a los beneficiarios recibir pagos compensatorios en las mismas condiciones que las fijadas en el Decreto Alcoa. En concreto, para una determinada instalación de producción con derecho a optar al régimen tarifario, el pago compensatorio se calculó como la diferencia entre el precio aplicado por el proveedor de electricidad a esa instalación concreta y el precio preferencial fijado por el Estado, multiplicado por la cantidad de energía eléctrica consumida por la instalación de producción. El método utilizado para calcular el precio preferencial o «tarifa» preferencial se definía en la disposición CIP no 15/1993. El precio estaba sujeto a un mecanismo de indización basado en la variación de los costes italianos de producción de energía eléctrica (el denominado «componente Ct»). En 2004, el precio preferencial aplicado a los beneficiarios sardos oscilaba entre los 26 y los 35 EUR/MWh. |
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(26)

Este régimen permitía a los beneficiarios recibir pagos compensatorios en las mismas condiciones que las fijadas en el Decreto Alcoa. En concreto, para una determinada instalación de producción con derecho a optar al régimen tarifario, el pago compensatorio se calculó como la diferencia entre el precio aplicado por el proveedor de electricidad a esa instalación concreta y el precio preferencial fijado por el Estado, multiplicado por la cantidad de energía eléctrica consumida por la instalación de producción. El método utilizado para calcular el precio preferencial o «tarifa» preferencial se definía en la disposición CIP no 15/1993. El precio estaba sujeto a un mecanismo de indización basado en la variación de los costes italianos de producción de energía eléctrica (el denominado «componente Ct»). En 2004, el precio preferencial aplicado a los beneficiarios sardos oscilaba entre los 26 y los 35 EUR/MWh.

| (27) | La gestión administrativa del régimen se confió a la (8) Cassa Conguaglio para el sector eléctrico. En la práctica, el sistema de tarifas funcionó de siguiente modo: los beneficiarios transmitían a la Cassa Conguaglio datos mensuales detallados sobre las cantidades de electricidad consumida y sobre los precios pagados a sus proveedores de energía eléctrica. A continuación, recibían de la Cassa Conguaglio pagos en efectivo calculados como se ha explicado anteriormente (9). |
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(27)

La gestión administrativa del régimen se confió a la (8) Cassa Conguaglio para el sector eléctrico. En la práctica, el sistema de tarifas funcionó de siguiente modo: los beneficiarios transmitían a la Cassa Conguaglio datos mensuales detallados sobre las cantidades de electricidad consumida y sobre los precios pagados a sus proveedores de energía eléctrica. A continuación, recibían de la Cassa Conguaglio pagos en efectivo calculados como se ha explicado anteriormente (9).

| (28) | Los recursos necesarios para financiar los pagos compensatorios se obtuvieron a través de una exacción fiscal aplicada a la totalidad de los consumidores de energía eléctrica mediante el componente A4 de la tarifa eléctrica (10). |
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(28)

Los recursos necesarios para financiar los pagos compensatorios se obtuvieron a través de una exacción fiscal aplicada a la totalidad de los consumidores de energía eléctrica mediante el componente A4 de la tarifa eléctrica (10).

| (29) | Aunque estaba previsto que el régimen finalizara el 30 de junio de 2007, su aplicación se interrumpió por indicación de la AEEG poco después del inicio de la investigación formal puesta en marcha por la Comisión en noviembre de 2004 (11). |
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(29)

Aunque estaba previsto que el régimen finalizara el 30 de junio de 2007, su aplicación se interrumpió por indicación de la AEEG poco después del inicio de la investigación formal puesta en marcha por la Comisión en noviembre de 2004 (11).

| (30) | Sobre la base de los datos facilitados por Italia, Portovesme y Eurallumina han recibido subvenciones por consumos de electricidad efectuados entre abril y octubre de 2004, mientras que ILA ha recibido subvenciones por consumos efectuados entre abril y septiembre de 2004. Se recogen a continuación los pagos totales (en EUR) desembolsados por la Cassa Conguaglio en favor de estas tres empresas en el marco del régimen en cuestión.






  Portovesme Srl | 12 845 892,82 |
| --- | --- | --- |
| Eurallumina SpA | 5 208 152,05 |
| ILA SpA | 291 120,27 |

(30)

Sobre la base de los datos facilitados por Italia, Portovesme y Eurallumina han recibido subvenciones por consumos de electricidad efectuados entre abril y octubre de 2004, mientras que ILA ha recibido subvenciones por consumos efectuados entre abril y septiembre de 2004. Se recogen a continuación los pagos totales (en EUR) desembolsados por la Cassa Conguaglio en favor de estas tres empresas en el marco del régimen en cuestión.

Portovesme Srl

12 845 892,82

Eurallumina SpA

5 208 152,05

ILA SpA

291 120,27

2.2.   Las tarifas 2005 impugnadas

| (31) | En virtud del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005, las autoridades italianas extendieron «el trato tarifario contemplado en el Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía de 19 de diciembre de 1995 a los suministros de energía destinados a la producción y elaboración de aluminio, plomo, plata y cinc, así como del ciclo cloro-sosa, con referencia a los precios aplicados a suministros análogos en los mercados europeos, dentro de los límites de las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente decreto radicadas en Cerdeña y conectadas a la red de alta tensión. Este trato tarifario estará sujeto a los compromisos a largo plazo que acuerden los beneficiarios, las autoridades locales sardas y los ministerios competentes». |
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(31)

En virtud del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005, las autoridades italianas extendieron «el trato tarifario contemplado en el Decreto del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía de 19 de diciembre de 1995 a los suministros de energía destinados a la producción y elaboración de aluminio, plomo, plata y cinc, así como del ciclo cloro-sosa, con referencia a los precios aplicados a suministros análogos en los mercados europeos, dentro de los límites de las instalaciones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente decreto radicadas en Cerdeña y conectadas a la red de alta tensión. Este trato tarifario estará sujeto a los compromisos a largo plazo que acuerden los beneficiarios, las autoridades locales sardas y los ministerios competentes».

| (32) | Así pues, la Ley no 80/2005 reintroduce, en esencia, el mismo régimen tarifario aplicado en 2004, que extendía el trato reservado a Alcoa a otros beneficiarios consumidores de energía radicados en Cerdeña. En concreto, dicha Ley se aplicó únicamente a Portovesme, ILA, Eurallumina y Syndial (un productor de cloro-sosa que no se había beneficiado previamente de los precios preferenciales). |
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(32)

Así pues, la Ley no 80/2005 reintroduce, en esencia, el mismo régimen tarifario aplicado en 2004, que extendía el trato reservado a Alcoa a otros beneficiarios consumidores de energía radicados en Cerdeña. En concreto, dicha Ley se aplicó únicamente a Portovesme, ILA, Eurallumina y Syndial (un productor de cloro-sosa que no se había beneficiado previamente de los precios preferenciales).

| (33) | Hay que tener en cuenta que a partir de 2005 el precio preferencial ya no se basó en las tarifas históricas fijadas en el Decreto Alcoa de 1995, sino que tenía que ser definido de forma autónoma por la AEEG de manera que se correspondiera con los precios medios de la energía abonados por los competidores de los beneficiarios en el mercado europeo (12). Este precio estaba sujeto a actualizaciones anuales: en virtud del artículo 11, apartado 13, de la Ley no 80/2005, «las condiciones tarifarias contempladas en los párrafos 11 (13) y 12 se aplican a partir del 1 de enero de 2005 y son actualizadas por la AEEG, que incrementa sobre una base anual los valores nominales de las tarifas en un cuatro por ciento, o bien, en el caso de que este último valor resulte más elevado, en función del incremento porcentual del precio medio de la energía eléctrica al por mayor registrado en las principales Bolsas de la energía eléctrica europeas, singularmente las de Amsterdam y Fráncfort». En la deliberación no 217/05, la AEEG daba una interpretación de este mecanismo de actualización que era más favorable para los beneficiarios, por cuanto establecía que el aumento de las tarifas no podía ser superior al 4 % anual. |
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(33)

Hay que tener en cuenta que a partir de 2005 el precio preferencial ya no se basó en las tarifas históricas fijadas en el Decreto Alcoa de 1995, sino que tenía que ser definido de forma autónoma por la AEEG de manera que se correspondiera con los precios medios de la energía abonados por los competidores de los beneficiarios en el mercado europeo (12). Este precio estaba sujeto a actualizaciones anuales: en virtud del artículo 11, apartado 13, de la Ley no 80/2005, «las condiciones tarifarias contempladas en los párrafos 11 (13) y 12 se aplican a partir del 1 de enero de 2005 y son actualizadas por la AEEG, que incrementa sobre una base anual los valores nominales de las tarifas en un cuatro por ciento, o bien, en el caso de que este último valor resulte más elevado, en función del incremento porcentual del precio medio de la energía eléctrica al por mayor registrado en las principales Bolsas de la energía eléctrica europeas, singularmente las de Amsterdam y Fráncfort». En la deliberación no 217/05, la AEEG daba una interpretación de este mecanismo de actualización que era más favorable para los beneficiarios, por cuanto establecía que el aumento de las tarifas no podía ser superior al 4 % anual.

| (34) | En esa misma deliberación, la AEEG definía los precios preferenciales aplicables a los distintos sectores para el año 2005 del siguiente modo:






  Sectores que se benefician de las tarifas preferenciales | Precio preferencial
  EUR/MWh |
| --- | --- | --- |
| Transformación de aluminio | 50 |
| Plomo y cinc | 23 |
| Producción de aluminio | 27 |
| Ciclo del cloro | 27 |

(34)

En esa misma deliberación, la AEEG definía los precios preferenciales aplicables a los distintos sectores para el año 2005 del siguiente modo:

Sectores que se benefician de las tarifas preferenciales

Precio preferencial

EUR/MWh

Transformación de aluminio

50

Plomo y cinc

23

Producción de aluminio

27

Ciclo del cloro

27

| (35) | También las tarifas de 2005, como las de 2004, tenían que financiarse a través de una exacción parafiscal impuesta a la mayoría de los usuarios finales de energía eléctrica mediante el componente A4 de la tarifa eléctrica estándar. De nuevo, la gestión de los flujos financieros del régimen se confió a la Cassa Conguaglio. |
| --- | --- |

(35)

También las tarifas de 2005, como las de 2004, tenían que financiarse a través de una exacción parafiscal impuesta a la mayoría de los usuarios finales de energía eléctrica mediante el componente A4 de la tarifa eléctrica estándar. De nuevo, la gestión de los flujos financieros del régimen se confió a la Cassa Conguaglio.

| (36) | El acceso a la tarifa preferencial estaba sujeto al compromiso, por parte de los beneficiarios, de efectuar inversiones productivas en Cerdeña, sobre la base de planes industriales que debían presentar al Gobierno regional. Portovesme, por ejemplo, se había comprometido a efectuar inversiones destinadas a la autoproducción de electricidad o a participar en la construcción de nuevas centrales eléctricas. |
| --- | --- |

(36)

El acceso a la tarifa preferencial estaba sujeto al compromiso, por parte de los beneficiarios, de efectuar inversiones productivas en Cerdeña, sobre la base de planes industriales que debían presentar al Gobierno regional. Portovesme, por ejemplo, se había comprometido a efectuar inversiones destinadas a la autoproducción de electricidad o a participar en la construcción de nuevas centrales eléctricas.

| (37) | Italia notificó el artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005 de conformidad con lo establecido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. El pago de las tarifas 2005 estaba sujeto a la autorización del régimen por parte de la Comisión. Por consiguiente, no se ha dado ejecución a dichas tarifas. |
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(37)

Italia notificó el artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005 de conformidad con lo establecido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE. El pago de las tarifas 2005 estaba sujeto a la autorización del régimen por parte de la Comisión. Por consiguiente, no se ha dado ejecución a dichas tarifas.

2.3.   Procedimientos ante los tribunales nacionales

| (38) | Solvay Chimica Italia y Solvay Chimica Bussi Spa (empresas activas en el ciclo cloro-sosa y no ubicadas en Cerdeña), interpusieron un recurso (14) ante el Tribunal Administrativo regional (TAR) de Lombardía contra las decisiones adoptadas por la AEEG en aplicación del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005, alegando que tales medidas habrían implicado la concesión ilegal de ayudas estatales y el incumplimiento de otras normas nacionales (15). El 27 de noviembre de 2006, el TAR de Lombardía suspendió el procedimiento nacional a la espera de las conclusiones de la investigación sobre las ayudas estatales iniciada por la Comisión en el caso C 13/06. |
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(38)

Solvay Chimica Italia y Solvay Chimica Bussi Spa (empresas activas en el ciclo cloro-sosa y no ubicadas en Cerdeña), interpusieron un recurso (14) ante el Tribunal Administrativo regional (TAR) de Lombardía contra las decisiones adoptadas por la AEEG en aplicación del artículo 11, apartado 12, de la Ley no 80/2005, alegando que tales medidas habrían implicado la concesión ilegal de ayudas estatales y el incumplimiento de otras normas nacionales (15). El 27 de noviembre de 2006, el TAR de Lombardía suspendió el procedimiento nacional a la espera de las conclusiones de la investigación sobre las ayudas estatales iniciada por la Comisión en el caso C 13/06.

2.4.   Acumulación con anteriores ayudas incompatibles-Deggendorf

| (39) | Tras la incoación del procedimiento, Italia precisó que Eurallumina no había reembolsado la ayuda incompatible objeto del caso C 80/01 (16) (ayuda por la producción de alúmina), pero que, según dicha empresa, el 8 de mayo de 2006 la Región autónoma de Cerdeña había emitido la correspondiente orden de cobro. |
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(39)

Tras la incoación del procedimiento, Italia precisó que Eurallumina no había reembolsado la ayuda incompatible objeto del caso C 80/01 (16) (ayuda por la producción de alúmina), pero que, según dicha empresa, el 8 de mayo de 2006 la Región autónoma de Cerdeña había emitido la correspondiente orden de cobro.

3.   DECISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO EN EL SENTIDO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 108, APARTADO 2, del TFUE

| (40) | La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal se basó en los siguientes motivos: |
| --- | --- |

(40)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal se basó en los siguientes motivos:

3.1.   Caso C 38/B/04

| (41) | En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal (17), la Comisión examinó las tarifas de 2004 a favor de Portovesme, ILA y Eurallumina para ver si era posible concluir que no debían considerarse ayudas estatales por cuanto eran similares a la tarifa preferencial histórica concedida a Alcoa en 1996, que, en su decisión de 4 de diciembre de 1996 (18) (en lo sucesivo, «la decisión Alumix»), la Comisión consideró que no constituía ayuda estatal. |
| --- | --- |

(41)

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal (17), la Comisión examinó las tarifas de 2004 a favor de Portovesme, ILA y Eurallumina para ver si era posible concluir que no debían considerarse ayudas estatales por cuanto eran similares a la tarifa preferencial histórica concedida a Alcoa en 1996, que, en su decisión de 4 de diciembre de 1996 (18) (en lo sucesivo, «la decisión Alumix»), la Comisión consideró que no constituía ayuda estatal.

| (42) | A este respecto, la Comisión observó que la nueva tarifa parecía distinta de la tarifa Alumix, por cuanto esta última había sido concedida directamente por ENEL, el operador italiano de energía eléctrica en régimen de monopolio, mientras que la nueva tarifa implicaba la intervención selectiva del Estado para compensar la diferencia entre el precio de mercado acordado entre los beneficiarios y sus proveedores de energía y el precio preferencial fijado en 1996. La Comisión llegó a la conclusión de que el Decreto de 2004 no se limitaba a extender el alcance de una medida existente que no constituía una ayuda estatal a nuevos beneficiarios, sino que más bien introducía un nuevo régimen en favor de las tres empresas afectadas, con un mecanismo financiero que era muy diferente de la tarifa Alumix. |
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(42)

A este respecto, la Comisión observó que la nueva tarifa parecía distinta de la tarifa Alumix, por cuanto esta última había sido concedida directamente por ENEL, el operador italiano de energía eléctrica en régimen de monopolio, mientras que la nueva tarifa implicaba la intervención selectiva del Estado para compensar la diferencia entre el precio de mercado acordado entre los beneficiarios y sus proveedores de energía y el precio preferencial fijado en 1996. La Comisión llegó a la conclusión de que el Decreto de 2004 no se limitaba a extender el alcance de una medida existente que no constituía una ayuda estatal a nuevos beneficiarios, sino que más bien introducía un nuevo régimen en favor de las tres empresas afectadas, con un mecanismo financiero que era muy diferente de la tarifa Alumix.

| (43) | En la decisión de iniciar la investigación se clasificaban las tarifas introducidas por el Decreto de 2004 como ayudas de funcionamiento y se analizaba si tales ayudas podían autorizarse sobre la base de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (19) (en lo sucesivo, «las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional»), puesto que Cerdeña era una región asistida en el sentido definido en el artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado CE hasta el final de 2006. La Comisión expresó sus dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar la ayuda en virtud de dichas Directrices, dado que esta ayuda ad hoc, concedida a un número limitado de empresas, no parecía promover el desarrollo regional. |
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(43)

En la decisión de iniciar la investigación se clasificaban las tarifas introducidas por el Decreto de 2004 como ayudas de funcionamiento y se analizaba si tales ayudas podían autorizarse sobre la base de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (19) (en lo sucesivo, «las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional»), puesto que Cerdeña era una región asistida en el sentido definido en el artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado CE hasta el final de 2006. La Comisión expresó sus dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar la ayuda en virtud de dichas Directrices, dado que esta ayuda ad hoc, concedida a un número limitado de empresas, no parecía promover el desarrollo regional.

| (44) | La Comisión ha expresado su temor de que la medida pudiera producir el efecto de reducir el nivel de imposición aplicable a la energía eléctrica. Una reducción de este tipo habría debido basarse en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (20). |
| --- | --- |

(44)

La Comisión ha expresado su temor de que la medida pudiera producir el efecto de reducir el nivel de imposición aplicable a la energía eléctrica. Una reducción de este tipo habría debido basarse en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (20).

3.2.   Caso C 13/06

| (45) | En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, de 27 de abril de 2006, la Comisión definió el régimen tarifario de 2005 como una nueva ayuda de funcionamiento. |
| --- | --- |

(45)

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, de 27 de abril de 2006, la Comisión definió el régimen tarifario de 2005 como una nueva ayuda de funcionamiento.

| (46) | La Comisión analizó si la tarifa preferencial podía autorizarse como ayuda regional de funcionamiento sobre la base de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional, teniendo en cuenta que Cerdeña había sido, hasta el final del 2006, una región asistida en el sentido definido en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. |
| --- | --- |

(46)

La Comisión analizó si la tarifa preferencial podía autorizarse como ayuda regional de funcionamiento sobre la base de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional, teniendo en cuenta que Cerdeña había sido, hasta el final del 2006, una región asistida en el sentido definido en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE.

| (47) | Pese a la insistencia de Italia en el hecho de que los elevados precios de la electricidad en Cerdeña constituían un obstáculo para el desarrollo de la isla, la Comisión concluyó que Italia no había demostrado la existencia de precios significativamente más elevados en Cerdeña, ni en promedio, ni específicamente en lo que atañe a las empresas consumidoras de energía (21). La Comisión señalaba que la sobrecapacidad de producción de energía eléctrica en Cerdeña solo podía estimular a los productores a vender energía eléctrica al precio más bajo posible, hasta el momento en que la conclusión de los proyectos de interconexión, prevista para el 2010, les hubiera permitido exportar la energía eléctrica producida en Cerdeña. |
| --- | --- |

(47)

Pese a la insistencia de Italia en el hecho de que los elevados precios de la electricidad en Cerdeña constituían un obstáculo para el desarrollo de la isla, la Comisión concluyó que Italia no había demostrado la existencia de precios significativamente más elevados en Cerdeña, ni en promedio, ni específicamente en lo que atañe a las empresas consumidoras de energía (21). La Comisión señalaba que la sobrecapacidad de producción de energía eléctrica en Cerdeña solo podía estimular a los productores a vender energía eléctrica al precio más bajo posible, hasta el momento en que la conclusión de los proyectos de interconexión, prevista para el 2010, les hubiera permitido exportar la energía eléctrica producida en Cerdeña.

| (48) | Por otra parte, Italia no había explicado por qué los precios más elevados constituían una desventaja regional, ni cómo podía la tarifa preferencial contribuir al desarrollo regional. La Comisión, por lo tanto, expresó sus dudas sobre la necesidad de la ayuda. |
| --- | --- |

(48)

Por otra parte, Italia no había explicado por qué los precios más elevados constituían una desventaja regional, ni cómo podía la tarifa preferencial contribuir al desarrollo regional. La Comisión, por lo tanto, expresó sus dudas sobre la necesidad de la ayuda.

| (49) | La Comisión dudaba asimismo que esta ayuda ad hoc fuera proporcional a las desventajas regionales, en razón, entre otras cosas, del método usado para el cálculo del precio preferencial, que no tenía ninguna relación con los precios practicados en el resto de Italia, sino que se basaba en los precios medios aplicados en Europa a los usuarios consumidores de energía. |
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(49)

La Comisión dudaba asimismo que esta ayuda ad hoc fuera proporcional a las desventajas regionales, en razón, entre otras cosas, del método usado para el cálculo del precio preferencial, que no tenía ninguna relación con los precios practicados en el resto de Italia, sino que se basaba en los precios medios aplicados en Europa a los usuarios consumidores de energía.

| (50) | La Comisión constataba que la duración de la medida era superior a 5 años (que normalmente es el período máximo permitido para las ayudas de funcionamiento de finalidad regional), y que la ayuda no era decreciente en términos reales, dado el límite del 4 % impuesto al incremento de la tarifa. |
| --- | --- |

(50)

La Comisión constataba que la duración de la medida era superior a 5 años (que normalmente es el período máximo permitido para las ayudas de funcionamiento de finalidad regional), y que la ayuda no era decreciente en términos reales, dado el límite del 4 % impuesto al incremento de la tarifa.

| (51) | En cuanto al período cubierto por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 (22), la Comisión observaba que Cerdeña habría dejado de poder optar a las ayudas regionales en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, y en particular a las ayudas de funcionamiento. Consideraba que, si bien podía autorizarse un período transitorio de dos años sobre la base de las Directrices regionales para la eliminación lineal de los regímenes de ayudas de funcionamiento existentes, no parecía apropiado permitir que se introdujeran nuevas ayudas de funcionamiento para unos pocos meses y contemplar su gradual eliminación, máxime teniendo en cuenta las dudas expresadas y la naturaleza distorsionante de la ayuda. |
| --- | --- |

(51)

En cuanto al período cubierto por las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 (22), la Comisión observaba que Cerdeña habría dejado de poder optar a las ayudas regionales en virtud del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, y en particular a las ayudas de funcionamiento. Consideraba que, si bien podía autorizarse un período transitorio de dos años sobre la base de las Directrices regionales para la eliminación lineal de los regímenes de ayudas de funcionamiento existentes, no parecía apropiado permitir que se introdujeran nuevas ayudas de funcionamiento para unos pocos meses y contemplar su gradual eliminación, máxime teniendo en cuenta las dudas expresadas y la naturaleza distorsionante de la ayuda.

| (52) | En conclusión, la Comisión expresaba sus dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar la tarifa preferencial para Portovesme, ILA, Eurallumina y Syndial, tanto a título de ayuda regional como sobre la base de cualquier otro fundamento, que en todo caso Italia no había identificado. |
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(52)

En conclusión, la Comisión expresaba sus dudas en cuanto a la posibilidad de autorizar la tarifa preferencial para Portovesme, ILA, Eurallumina y Syndial, tanto a título de ayuda regional como sobre la base de cualquier otro fundamento, que en todo caso Italia no había identificado.

| (53) | Por último, en el caso concreto de Eurallumina, la Comisión observaba que esta empresa aún no había procedido al reembolso de una ayuda estatal ilegal e incompatible (23) y que, por lo tanto, no podía beneficiarse de ninguna nueva medida de ayuda, a la luz de la jurisprudencia Deggendorf (24). |
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(53)

Por último, en el caso concreto de Eurallumina, la Comisión observaba que esta empresa aún no había procedido al reembolso de una ayuda estatal ilegal e incompatible (23) y que, por lo tanto, no podía beneficiarse de ninguna nueva medida de ayuda, a la luz de la jurisprudencia Deggendorf (24).

4.   OBSERVACIONES DE TERCEROS INTERESADOS

4.1.   Caso C 38/B/04

| (54) | La invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la decisión de 2004 de incoar el procedimiento de investigación formal en profundidad suscitó algunas reacciones por parte del denunciante originario, de algunos de los beneficiarios (Portovesme, Eurallumina y Alcoa) y de otras partes interesadas. En el caso que nos ocupa, resumimos únicamente las observaciones relativas a la tarifa preferencial concedida a Portovesme, ILA y Eurallumina. En particular, se han excluido las observaciones formuladas por Alcoa, ya exhaustivamente tratadas en la decisión final relativa específicamente a esta empresa (25). |
| --- | --- |

(54)

La invitación de la Comisión a presentar observaciones sobre la decisión de 2004 de incoar el procedimiento de investigación formal en profundidad suscitó algunas reacciones por parte del denunciante originario, de algunos de los beneficiarios (Portovesme, Eurallumina y Alcoa) y de otras partes interesadas. En el caso que nos ocupa, resumimos únicamente las observaciones relativas a la tarifa preferencial concedida a Portovesme, ILA y Eurallumina. En particular, se han excluido las observaciones formuladas por Alcoa, ya exhaustivamente tratadas en la decisión final relativa específicamente a esta empresa (25).

4.1.1.   Observaciones presentadas por Portovesme

| (55) | Según Portovesme, la tarifa preferencial pretende remediar un deficiencia del mercado, y en particular la incapacidad del mercado de la energía eléctrica, recientemente liberalizado en Cerdeña, para ofrecer precios competitivos, a causa del fuerte poder de mercado de los operadores históricos. Portovesme sostiene que ENEL y Endesa (cuyas instalaciones de producción de energía eléctrica en Cerdeña se cedieron posteriormente a E.ON) constituyen un duopolio y mantienen los precios de la energía eléctrica en Cerdeña artificialmente alineados con los precios medios italianos, mientras que en la práctica los precios sardos deberían ser mucho más bajos, en particular por lo que se refiere a los mayores consumidores de electricidad y dada la situación de sobrecapacidad de generación de electricidad, que debería incitar a los productores a vender la energía eléctrica a precios competitivos. |
| --- | --- |

(55)

Según Portovesme, la tarifa preferencial pretende remediar un deficiencia del mercado, y en particular la incapacidad del mercado de la energía eléctrica, recientemente liberalizado en Cerdeña, para ofrecer precios competitivos, a causa del fuerte poder de mercado de los operadores históricos. Portovesme sostiene que ENEL y Endesa (cuyas instalaciones de producción de energía eléctrica en Cerdeña se cedieron posteriormente a E.ON) constituyen un duopolio y mantienen los precios de la energía eléctrica en Cerdeña artificialmente alineados con los precios medios italianos, mientras que en la práctica los precios sardos deberían ser mucho más bajos, en particular por lo que se refiere a los mayores consumidores de electricidad y dada la situación de sobrecapacidad de generación de electricidad, que debería incitar a los productores a vender la energía eléctrica a precios competitivos.

| (56) | Portovesme opina que el precio preferencial de que se beneficia corresponde al precio que la empresa habría conseguido en condiciones normales de mercado, es decir, si el mercado de la energía eléctrica hubiera funcionado correctamente. |
| --- | --- |

(56)

Portovesme opina que el precio preferencial de que se beneficia corresponde al precio que la empresa habría conseguido en condiciones normales de mercado, es decir, si el mercado de la energía eléctrica hubiera funcionado correctamente.

| (57) | Según esta empresa, los pagos compensatorios recibidos por la Cassa Conguaglio (por un importe equivalente a 37 EUR/MWh), adaptan el precio de la electricidad pagado por Portovesme a los precios pagados por sus principales competidores, y no alteran la competencia en la medida en que todos los productores de cinc de la UE pagan precios equivalentes y la medida se limita a compensar la desventaja competitiva que padece la empresa a causa de los problemas estructurales de Cerdeña (incluida la ausencia de gas natural). |
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(57)

Según esta empresa, los pagos compensatorios recibidos por la Cassa Conguaglio (por un importe equivalente a 37 EUR/MWh), adaptan el precio de la electricidad pagado por Portovesme a los precios pagados por sus principales competidores, y no alteran la competencia en la medida en que todos los productores de cinc de la UE pagan precios equivalentes y la medida se limita a compensar la desventaja competitiva que padece la empresa a causa de los problemas estructurales de Cerdeña (incluida la ausencia de gas natural).

| (58) | En opinión de Portovesme, los metales como el cinc, el aluminio y el plomo son productos básicos cuyo precio de referencia mundial se fija en la Bolsa de Metales de Londres. Las variaciones en los costes locales de producción no se traducen en diferencias en los precios a nivel mundial. En particular, la producción de cinc de la empresa Portovesme es tan exigua (menos del 1 % de la producción mundial), que no puede incidir en los precios mundiales. |
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(58)

En opinión de Portovesme, los metales como el cinc, el aluminio y el plomo son productos básicos cuyo precio de referencia mundial se fija en la Bolsa de Metales de Londres. Las variaciones en los costes locales de producción no se traducen en diferencias en los precios a nivel mundial. En particular, la producción de cinc de la empresa Portovesme es tan exigua (menos del 1 % de la producción mundial), que no puede incidir en los precios mundiales.

| (59) | Sin la tarifa preferencial, Portovesme se vería obligada a cerrar su instalación, pero este cierre no favorecería a los otros productores de cinc de la Unión, ya que ellos no estarían en condiciones de aumentar su propia producción, y el exceso de demanda se vería colmado por las exportaciones procedentes de terceros países. Portovesme concluye afirmando que la tarifa preferencial no afecta a la competencia ni a los intercambios comerciales en la Unión. |
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(59)

Sin la tarifa preferencial, Portovesme se vería obligada a cerrar su instalación, pero este cierre no favorecería a los otros productores de cinc de la Unión, ya que ellos no estarían en condiciones de aumentar su propia producción, y el exceso de demanda se vería colmado por las exportaciones procedentes de terceros países. Portovesme concluye afirmando que la tarifa preferencial no afecta a la competencia ni a los intercambios comerciales en la Unión.

| (60) | Además, según Portovesme los pagos compensatorios concedidos por la Cassa Conguaglio no suponen el traslado de fondos estatales, ya que este organismo se limita a redistribuir fondos privados procedentes de los utilizadores finales. |
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(60)

Además, según Portovesme los pagos compensatorios concedidos por la Cassa Conguaglio no suponen el traslado de fondos estatales, ya que este organismo se limita a redistribuir fondos privados procedentes de los utilizadores finales.

| (61) | Portovesme señala que la utilización de electricidad por parte de las industrias consumidoras de energía es importante para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro en Cerdeña, además de para evitar ineficiencias en la producción de energía eléctrica que implicarían mayores costes para los usuarios finales. |
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(61)

Portovesme señala que la utilización de electricidad por parte de las industrias consumidoras de energía es importante para garantizar la seguridad y la continuidad del suministro en Cerdeña, además de para evitar ineficiencias en la producción de energía eléctrica que implicarían mayores costes para los usuarios finales.

| (62) | Por último, la empresa subraya que, si se viera obligada a cerrar su instalación, esto tendría graves repercusiones en el tejido productivo regional, por cuánto se perderían 790 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. |
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(62)

Por último, la empresa subraya que, si se viera obligada a cerrar su instalación, esto tendría graves repercusiones en el tejido productivo regional, por cuánto se perderían 790 puestos de trabajo directos y 500 indirectos.

4.1.2.   Observaciones presentadas por Eurallumina

| (63) | Eurallumina precisa que los costes de la producción de alúmina en Europa son más elevados que en otras regiones del mundo, sobre todo a causa de los mayores precios de la electricidad y los combustibles, a lo que se suman los gastos de transporte de la bauxita (26). Estos mayores costes no pueden traducirse en precios más elevados porque el precio de la alúmina se fija en la Bolsa de Metales de Londres, y no depende de la voluntad de los productores individuales. Así pues, según la empresa, la producción europea de alúmina sufre una desventaja competitiva con respecto al resto del mundo. |
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(63)

Eurallumina precisa que los costes de la producción de alúmina en Europa son más elevados que en otras regiones del mundo, sobre todo a causa de los mayores precios de la electricidad y los combustibles, a lo que se suman los gastos de transporte de la bauxita (26). Estos mayores costes no pueden traducirse en precios más elevados porque el precio de la alúmina se fija en la Bolsa de Metales de Londres, y no depende de la voluntad de los productores individuales. Así pues, según la empresa, la producción europea de alúmina sufre una desventaja competitiva con respecto al resto del mundo.

| (64) | Además de los problemas generales a que se enfrentan las refinerías de alúmina europeas, Eurallumina se enfrenta a los problemas específicos de Cerdeña, que impiden a las industrias locales beneficiarse de la liberalización del mercado de la energía eléctrica, y en particular al poder de mercado de los operadores históricos (véanse también las observaciones de Portovesme en el considerando 55). Eurallumina cita asimismo la ausencia de gas natural como desventaja específica de la producción sarda de alúmina, ya que para conseguir las grandes cantidades de vapor necesarias para la elaboración se tiene que utilizar fuelóleo, que es más caro. |
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(64)

Además de los problemas generales a que se enfrentan las refinerías de alúmina europeas, Eurallumina se enfrenta a los problemas específicos de Cerdeña, que impiden a las industrias locales beneficiarse de la liberalización del mercado de la energía eléctrica, y en particular al poder de mercado de los operadores históricos (véanse también las observaciones de Portovesme en el considerando 55). Eurallumina cita asimismo la ausencia de gas natural como desventaja específica de la producción sarda de alúmina, ya que para conseguir las grandes cantidades de vapor necesarias para la elaboración se tiene que utilizar fuelóleo, que es más caro.

| (65) | Según Eurallumina, tras la liberalización, el poder de mercado de los productores de electricidad en Cerdeña ha implicado un aumento de los precios de la energía eléctrica: sin la tarifa, Eurallumina habría pagado 65,95 EUR/MWh por sus suministros eléctricos, frente a los 44 EUR/MWh que solía pagar antes de la liberalización. La tarifa de 2004 redujo el precio a 35 EUR/MWh. |
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(65)

Según Eurallumina, tras la liberalización, el poder de mercado de los productores de electricidad en Cerdeña ha implicado un aumento de los precios de la energía eléctrica: sin la tarifa, Eurallumina habría pagado 65,95 EUR/MWh por sus suministros eléctricos, frente a los 44 EUR/MWh que solía pagar antes de la liberalización. La tarifa de 2004 redujo el precio a 35 EUR/MWh.

| (66) | Al igual que Portovesme, Eurallumina sostiene que si se viera obligada a salir del mercado, no podría ser reemplazada por otros productores europeos de alúmina, que operan ya al máximo de su capacidad productiva, y el vacío que dejaría sería colmado por las importaciones procedentes de terceros países. El cierre supondría la pérdida de 400 puestos de trabajo directos y 250 puestos de trabajo indirectos (27). Ya que Eurallumina es el único proveedor de alúmina de la fundición de Alcoa, en su opinión el cierre de la instalación de producción de alúmina también podría empobrecer la vitalidad económica de Alcoa en Cerdeña. |
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(66)

Al igual que Portovesme, Eurallumina sostiene que si se viera obligada a salir del mercado, no podría ser reemplazada por otros productores europeos de alúmina, que operan ya al máximo de su capacidad productiva, y el vacío que dejaría sería colmado por las importaciones procedentes de terceros países. El cierre supondría la pérdida de 400 puestos de trabajo directos y 250 puestos de trabajo indirectos (27). Ya que Eurallumina es el único proveedor de alúmina de la fundición de Alcoa, en su opinión el cierre de la instalación de producción de alúmina también podría empobrecer la vitalidad económica de Alcoa en Cerdeña.

| (67) | Así pues, Eurallumina concluye afirmando que la tarifa introducida por el Decreto de 2004 es necesaria, a la espera del desarrollo de las nuevas infraestructuras que eliminarán los principales factores de desventaja competitiva que padece la industria sarda. |
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(67)

Así pues, Eurallumina concluye afirmando que la tarifa introducida por el Decreto de 2004 es necesaria, a la espera del desarrollo de las nuevas infraestructuras que eliminarán los principales factores de desventaja competitiva que padece la industria sarda.

4.1.3.   Observaciones de otros terceros interesados

| (68) | Un competidor de Portovesme (el mismo que señaló el caso a la Comisión), ha vuelto a intervenir tras el inicio del procedimiento de investigación formal presentando un análisis de la tarifa en que concluye que la tarifa preferencial de 2004 constituye una ayuda estatal ilegal. En particular, el denunciante señala que el régimen tarifario en cuestión es fundamentalmente distinto de la tarifa histórica Alumix concedida a Alcoa, y no puede considerarse que no sea una ayuda. Por lo que se refiere a la eventual compatibilidad de la medida, el denunciante sostiene que no puede ser aprobada ni como ayuda regional de funcionamiento ni como ayuda a la reestructuración, y debería por lo tanto declararse incompatible. |
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(68)

Un competidor de Portovesme (el mismo que señaló el caso a la Comisión), ha vuelto a intervenir tras el inicio del procedimiento de investigación formal presentando un análisis de la tarifa en que concluye que la tarifa preferencial de 2004 constituye una ayuda estatal ilegal. En particular, el denunciante señala que el régimen tarifario en cuestión es fundamentalmente distinto de la tarifa histórica Alumix concedida a Alcoa, y no puede considerarse que no sea una ayuda. Por lo que se refiere a la eventual compatibilidad de la medida, el denunciante sostiene que no puede ser aprobada ni como ayuda regional de funcionamiento ni como ayuda a la reestructuración, y debería por lo tanto declararse incompatible.

| (69) | Solvay Chimica Italia y Solvay Chimica Bussi (empresas que operan en el sector del ciclo cloro-sosa), presentaron sus observaciones sobre las tarifas de 2004 en julio de 2005, ya vencido el plazo de un mes fijado para la presentación de observaciones desde la incoación del procedimiento de investigación formal. A pesar del retraso, estas empresas han solicitado que se las considerase parte interesada. En sus observaciones, dichas empresas concluyen que tanto las tarifas de 2004 como las de 2005 son ayudas estatales ilegales e incompatibles. |
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(69)

Solvay Chimica Italia y Solvay Chimica Bussi (empresas que operan en el sector del ciclo cloro-sosa), presentaron sus observaciones sobre las tarifas de 2004 en julio de 2005, ya vencido el plazo de un mes fijado para la presentación de observaciones desde la incoación del procedimiento de investigación formal. A pesar del retraso, estas empresas han solicitado que se las considerase parte interesada. En sus observaciones, dichas empresas concluyen que tanto las tarifas de 2004 como las de 2005 son ayudas estatales ilegales e incompatibles.

4.1.4.   Comentarios de Italia

| (70) | Italia subraya que el mercado de la energía eléctrica en la Unión no es todavía plenamente competitivo, como lo reconocía la propia Comisión en su cuarto Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del gas y de la electricidad (28). Las empresas, y en particular las electrointensivas, no pueden elegir libremente a sus proveedores, ni adquirir electricidad en condiciones comparables en los distintos Estados miembros. Estas dificultades no están vinculadas a las capacidades comerciales de tales empresas, sino que son el resultado de las carencias estructurales de los mercados de la energía. La actual situación en el mercado de la energía de la Unión afecta negativamente a la libre competencia en los mercados del producto de los usuarios consumidores de energía. |
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(70)

Italia subraya que el mercado de la energía eléctrica en la Unión no es todavía plenamente competitivo, como lo reconocía la propia Comisión en su cuarto Informe anual sobre la puesta en marcha del mercado interior del gas y de la electricidad (28). Las empresas, y en particular las electrointensivas, no pueden elegir libremente a sus proveedores, ni adquirir electricidad en condiciones comparables en los distintos Estados miembros. Estas dificultades no están vinculadas a las capacidades comerciales de tales empresas, sino que son el resultado de las carencias estructurales de los mercados de la energía. La actual situación en el mercado de la energía de la Unión afecta negativamente a la libre competencia en los mercados del producto de los usuarios consumidores de energía.

| (71) | En Italia, pese a la liberalización del sector, hay deficiencias estructurales específicas, como, por ejemplo, la insuficiente interconexión entre las distintas partes de las redes nacionales, y una estructura de mercado concentrada. En tales circunstancias, la liberalización no se ha traducido en mejores precios para los usuarios consumidores de energía. Estos problemas son especialmente graves en Cerdeña, con una interconexión limitada. |
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(71)

En Italia, pese a la liberalización del sector, hay deficiencias estructurales específicas, como, por ejemplo, la insuficiente interconexión entre las distintas partes de las redes nacionales, y una estructura de mercado concentrada. En tales circunstancias, la liberalización no se ha traducido en mejores precios para los usuarios consumidores de energía. Estos problemas son especialmente graves en Cerdeña, con una interconexión limitada.

| (72) | Así pues, Italia sostiene que un sistema de tarifas especial que respete el perfil de la demanda debería considerarse justificado como medida reglamentaria para simular los mecanismos que deberían operar en un mercado plenamente competitivo. Una intervención de este tipo restablecería la igualdad de condiciones entre las empresas electrointensivas que operan en los distintos Estados miembros, eliminando las desventajas geográficas que padecen las empresas ubicadas en Cerdeña. El régimen adelantaría los efectos previsibles del proceso de liberalización. Según Italia, medidas parecidas se aplican en otros Estados miembros, donde los usuarios consumidores de energía se benefician de tarifas eléctricas reguladas. |
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(72)

Así pues, Italia sostiene que un sistema de tarifas especial que respete el perfil de la demanda debería considerarse justificado como medida reglamentaria para simular los mecanismos que deberían operar en un mercado plenamente competitivo. Una intervención de este tipo restablecería la igualdad de condiciones entre las empresas electrointensivas que operan en los distintos Estados miembros, eliminando las desventajas geográficas que padecen las empresas ubicadas en Cerdeña. El régimen adelantaría los efectos previsibles del proceso de liberalización. Según Italia, medidas parecidas se aplican en otros Estados miembros, donde los usuarios consumidores de energía se benefician de tarifas eléctricas reguladas.

| (73) | Según Italia, el Decreto de 2004 persigue otros dos objetivos: sostener el empleo en Cerdeña, concentrado en la industria metalúrgica, y mantener a un nivel suficiente la demanda del sector de la producción de energía eléctrica en Cerdeña, aquejada de sobrecapacidad. |
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(73)

Según Italia, el Decreto de 2004 persigue otros dos objetivos: sostener el empleo en Cerdeña, concentrado en la industria metalúrgica, y mantener a un nivel suficiente la demanda del sector de la producción de energía eléctrica en Cerdeña, aquejada de sobrecapacidad.

| (74) | Italia sostiene que el nuevo régimen tarifario es equivalente, de hecho, a la tarifa histórica Alumix, que la Comisión no consideró ayuda estatal. Las diferencias entre el antiguo y el nuevo régimen se deben exclusivamente a la nueva «estructura tarifaria» exigida por el lanzamiento del mercado energético liberalizado. |
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(74)

Italia sostiene que el nuevo régimen tarifario es equivalente, de hecho, a la tarifa histórica Alumix, que la Comisión no consideró ayuda estatal. Las diferencias entre el antiguo y el nuevo régimen se deben exclusivamente a la nueva «estructura tarifaria» exigida por el lanzamiento del mercado energético liberalizado.

| (75) | Italia afirma que el régimen tarifario no constituye una ayuda estatal. Por lo que respecta a la utilización de fondos estatales, Italia opina que el sistema de tarifas es comparable con el que, en el asunto PreussenElektra (29), no implicaba fondos estatales según el Tribunal de Justicia. La Cassa Conguaglio, en calidad de «ente técnico contable del sistema», no puede disponer libremente de los recursos financieros que administra. El hecho de que la AEEG y el Ministerio de Hacienda puedan ejercer cierto control sobre las actividades de la Cassa Conguaglio no significa que el Estado pueda disponer libremente de los recursos en cuestión. Por lo tanto, según Italia, los recursos utilizados para financiar el mecanismo tarifario son enteramente privados. |
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(75)

Italia afirma que el régimen tarifario no constituye una ayuda estatal. Por lo que respecta a la utilización de fondos estatales, Italia opina que el sistema de tarifas es comparable con el que, en el asunto PreussenElektra (29), no implicaba fondos estatales según el Tribunal de Justicia. La Cassa Conguaglio, en calidad de «ente técnico contable del sistema», no puede disponer libremente de los recursos financieros que administra. El hecho de que la AEEG y el Ministerio de Hacienda puedan ejercer cierto control sobre las actividades de la Cassa Conguaglio no significa que el Estado pueda disponer libremente de los recursos en cuestión. Por lo tanto, según Italia, los recursos utilizados para financiar el mecanismo tarifario son enteramente privados.

| (76) | Por otra parte, Italia afirma que la tarifa no tiene ninguna incidencia en los intercambios comerciales dentro de la Unión, y no puede falsear la competencia por razones vinculadas a la existencia de un precio mundial de los productos en cuestión, que son productos básicos (véanse las observaciones de Portovesme en el considerando 55). Además, la producción de la UE e italiana de estos metales no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. En 2005, por ejemplo, la producción nacional solo cubrió el 12 %, el 55 % y el 80 % de la demanda italiana de aluminio, cinc y plomo, respectivamente. Vemos pues que en la Unión y en Italia hay un creciente déficit de producción de estos metales, mientras que la demanda se nutre cada vez más de exportaciones procedentes de terceros países. Si la industria metalúrgica italiana desapareciera, ningún nuevo operador de la Unión podría reemplazar la capacidad desaparecida en Italia, puesto que las instalaciones ya trabajan a su máxima capacidad y ningún productor nuevo o existente tendría razones para aumentar su propia capacidad, teniendo en cuenta que a largo plazo las perspectivas son inciertas por lo que se refiere a la disponibilidad de energía a precios razonables. Por lo tanto, el mantenimiento de estas capacidades de producción en Italia no puede perjudicar a la competencia. La tarifa preferencial, en la medida en que no es inferior a la media los precios de la energía eléctrica que pagan los competidores de las empresas beneficiarias, no alienta las exportaciones desde Cerdeña a otros Estados miembros. |
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(76)

Por otra parte, Italia afirma que la tarifa no tiene ninguna incidencia en los intercambios comerciales dentro de la Unión, y no puede falsear la competencia por razones vinculadas a la existencia de un precio mundial de los productos en cuestión, que son productos básicos (véanse las observaciones de Portovesme en el considerando 55). Además, la producción de la UE e italiana de estos metales no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. En 2005, por ejemplo, la producción nacional solo cubrió el 12 %, el 55 % y el 80 % de la demanda italiana de aluminio, cinc y plomo, respectivamente. Vemos pues que en la Unión y en Italia hay un creciente déficit de producción de estos metales, mientras que la demanda se nutre cada vez más de exportaciones procedentes de terceros países. Si la industria metalúrgica italiana desapareciera, ningún nuevo operador de la Unión podría reemplazar la capacidad desaparecida en Italia, puesto que las instalaciones ya trabajan a su máxima capacidad y ningún productor nuevo o existente tendría razones para aumentar su propia capacidad, teniendo en cuenta que a largo plazo las perspectivas son inciertas por lo que se refiere a la disponibilidad de energía a precios razonables. Por lo tanto, el mantenimiento de estas capacidades de producción en Italia no puede perjudicar a la competencia. La tarifa preferencial, en la medida en que no es inferior a la media los precios de la energía eléctrica que pagan los competidores de las empresas beneficiarias, no alienta las exportaciones desde Cerdeña a otros Estados miembros.

| (77) | Italia sostiene que, aun en el caso de que la Comisión llegara a la conclusión de que la medida es constitutiva de ayuda estatal, la tarifa podría considerarse compatible con el mercado interior en calidad de ayuda regional de funcionamiento, consideración a la que Cerdeña puede optar en el marco de las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. |
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(77)

Italia sostiene que, aun en el caso de que la Comisión llegara a la conclusión de que la medida es constitutiva de ayuda estatal, la tarifa podría considerarse compatible con el mercado interior en calidad de ayuda regional de funcionamiento, consideración a la que Cerdeña puede optar en el marco de las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE.

| (78) | Según Italia, las imperfecciones del mercado sardo de la electricidad (concentración del mercado, escasa interconexión y sobrecapacidad de generación de energía eléctrica), a las que se suma la falta de acceso a la infraestructura de distribución del gas, constituyen una desventaja regional, que la tarifa trata de remediar. |
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(78)

Según Italia, las imperfecciones del mercado sardo de la electricidad (concentración del mercado, escasa interconexión y sobrecapacidad de generación de energía eléctrica), a las que se suma la falta de acceso a la infraestructura de distribución del gas, constituyen una desventaja regional, que la tarifa trata de remediar.

| (79) | Italia señala que los precios de la energía eléctrica en el territorio nacional son superiores en un 38 % a la media europea para los consumidores electrointensivos. Esto crea un problema competitivo, ulteriormente agravado en Cerdeña por las imperfecciones del mercado de la energía eléctrica local y la imposibilidad de acceder a la red de distribución del gas natural. |
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(79)

Italia señala que los precios de la energía eléctrica en el territorio nacional son superiores en un 38 % a la media europea para los consumidores electrointensivos. Esto crea un problema competitivo, ulteriormente agravado en Cerdeña por las imperfecciones del mercado de la energía eléctrica local y la imposibilidad de acceder a la red de distribución del gas natural.

| (80) | Italia afirma que la medida contribuye al desarrollo regional por cuanto la industria metalúrgica contribuye de modo notable a la economía y a los niveles de empleo de Cerdeña (en efecto, el sector metalúrgico representa el 12 % del empleo y el 12,2 % del PIB regional en la industria manufacturera). La tarifa tiene repercusiones positivas en la empleo y el mantenimiento del tejido social y económico de la isla. |
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(80)

Italia afirma que la medida contribuye al desarrollo regional por cuanto la industria metalúrgica contribuye de modo notable a la economía y a los niveles de empleo de Cerdeña (en efecto, el sector metalúrgico representa el 12 % del empleo y el 12,2 % del PIB regional en la industria manufacturera). La tarifa tiene repercusiones positivas en la empleo y el mantenimiento del tejido social y económico de la isla.

| (81) | Según Italia, la tarifa es proporcional a las desventajas que padecen los beneficiarios, ya que se limita a alinear los precios de la energía eléctrica pagados por los productores sardos con los que pagan como promedio sus competidores en la Unión. |
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(81)

Según Italia, la tarifa es proporcional a las desventajas que padecen los beneficiarios, ya que se limita a alinear los precios de la energía eléctrica pagados por los productores sardos con los que pagan como promedio sus competidores en la Unión.

| (82) | Por lo demás, la tarifa está limitada a un breve período y es transitoria, ya que solo se aplicará hasta que concluyan los proyectos infraestructurales dirigidos a mejorar la interconexión a las redes eléctricas y del gas (el nuevo cable de interconexión SAPEI y el gasoducto GALSI) (30). |
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(82)

Por lo demás, la tarifa está limitada a un breve período y es transitoria, ya que solo se aplicará hasta que concluyan los proyectos infraestructurales dirigidos a mejorar la interconexión a las redes eléctricas y del gas (el nuevo cable de interconexión SAPEI y el gasoducto GALSI) (30).

| (83) | Según Italia, la medida también es degresiva, ya que el precio preferencial se indiza sobre la base de la variación de los precios de los carburantes, y solo puede aumentar o mantenerse igual. |
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(83)

Según Italia, la medida también es degresiva, ya que el precio preferencial se indiza sobre la base de la variación de los precios de los carburantes, y solo puede aumentar o mantenerse igual.

4.2.   Caso C 13/06

4.2.1.   Observaciones presentadas por Protovesme

| (84) | Portovesme cree que las tarifas de 2005 no falsean la competencia, son necesarias para garantizar la supervivencia de las industrias interesadas y pueden considerarse compatibles en calidad de ayudas regionales. Los argumentos aducidos por la empresa son equivalentes a los transmitidos por Italia (véanse los considerandos 87 a 104, a los que hace referencia). |
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(84)

Portovesme cree que las tarifas de 2005 no falsean la competencia, son necesarias para garantizar la supervivencia de las industrias interesadas y pueden considerarse compatibles en calidad de ayudas regionales. Los argumentos aducidos por la empresa son equivalentes a los transmitidos por Italia (véanse los considerandos 87 a 104, a los que hace referencia).

4.2.2.   Observaciones presentadas por Eurallumina

| (85) | También Eurallumina cree que las tarifas de 2005 no falsean la competencia, son necesarias para garantizar la supervivencia de las industrias interesadas y pueden considerarse compatibles en calidad de ayudas regionales. Los argumentos aducidos por la empresa son equivalentes a los transmitidos por Italia, a los que hace referencia. |
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(85)

También Eurallumina cree que las tarifas de 2005 no falsean la competencia, son necesarias para garantizar la supervivencia de las industrias interesadas y pueden considerarse compatibles en calidad de ayudas regionales. Los argumentos aducidos por la empresa son equivalentes a los transmitidos por Italia, a los que hace referencia.

4.2.3.   Observaciones de otros terceros interesados

| (86) | Los mismos competidores de Portovesme y Syndial que presentaron observaciones en el caso C 38/b/04 han intervenido también en el procedimiento en cuestión. Ambas empresas subrayan el hecho de que la medida en cuestión constituye una ayuda de funcionamiento que debería considerarse incompatible con el mercado interior. |
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(86)

Los mismos competidores de Portovesme y Syndial que presentaron observaciones en el caso C 38/b/04 han intervenido también en el procedimiento en cuestión. Ambas empresas subrayan el hecho de que la medida en cuestión constituye una ayuda de funcionamiento que debería considerarse incompatible con el mercado interior.

4.2.4.   Comentarios de Italia

| (87) | Italia sostiene que las tarifas de 2005 son muy diferentes de las aplicadas en 2004, ya que esta vez sí se ajustan a los requisitos de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional. |
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(87)

Italia sostiene que las tarifas de 2005 son muy diferentes de las aplicadas en 2004, ya que esta vez sí se ajustan a los requisitos de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional.

| (88) | Según Italia, aunque una valoración superficial pueda llevar a clasificar las tarifas como una ayuda de funcionamiento, estas forman parte en realidad de una serie de medidas dirigidas a favorecer el desarrollo regional de Cerdeña. Italia subraya, en concreto, el estrecho vínculo existente entre las tarifas y el compromiso, exigido a los beneficiarios, de efectuar inversiones a largo plazo. Además, la cláusula suspensoria que subordina la aplicación de la medida a la autorización de la Comisión atestigua, según Italia, su carácter de ayuda de finalidad regional. |
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(88)

Según Italia, aunque una valoración superficial pueda llevar a clasificar las tarifas como una ayuda de funcionamiento, estas forman parte en realidad de una serie de medidas dirigidas a favorecer el desarrollo regional de Cerdeña. Italia subraya, en concreto, el estrecho vínculo existente entre las tarifas y el compromiso, exigido a los beneficiarios, de efectuar inversiones a largo plazo. Además, la cláusula suspensoria que subordina la aplicación de la medida a la autorización de la Comisión atestigua, según Italia, su carácter de ayuda de finalidad regional.

| (89) | El Protocolo de acuerdo suscrito por la Región de Cerdeña y los beneficiarios es la piedra angular de la estrategia. Dicho Protocolo se compone de los siguientes elementos:






  a) | las inversiones productivas descritas en los planes industriales presentados por los beneficiarios; |
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(89)

El Protocolo de acuerdo suscrito por la Región de Cerdeña y los beneficiarios es la piedra angular de la estrategia. Dicho Protocolo se compone de los siguientes elementos:

a)

las inversiones productivas descritas en los planes industriales presentados por los beneficiarios;

| b) | la rápida autorización de la realización de infraestructuras de interconexión energética que permitan a los beneficiarios tener acceso a suministros energéticos a precios competitivos, (el gasoducto GALSI y el cable de interconexión SAPEI); |
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b)

la rápida autorización de la realización de infraestructuras de interconexión energética que permitan a los beneficiarios tener acceso a suministros energéticos a precios competitivos, (el gasoducto GALSI y el cable de interconexión SAPEI);

| c) | la asignación de una concesión integrada para la explotación de la mina de carbón del Sulcis y para la realización/gestión de una nueva central de carbón para el suministro de electricidad a los beneficiarios, y |
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c)

la asignación de una concesión integrada para la explotación de la mina de carbón del Sulcis y para la realización/gestión de una nueva central de carbón para el suministro de electricidad a los beneficiarios, y

| d) | las tarifas preferenciales. |
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d)

las tarifas preferenciales.

| (90) | Italia cree que las tarifas deben considerarse un instrumento de política económica destinado a salvaguardar ciertos sectores amenazados por los elevados precios de la energía, que de otro modo se trasladarían fuera de Italia y de Europa a causa de la agresiva competencia de empresas de fuera de la UE que tienen menores costes de producción. Las tarifas se aplicarían hasta la conclusión de las infraestructuras previstas y la consecución de un mercado interior de la energía competitivo. La medida estaría en consonancia con el espíritu de las ayudas de finalidad regional, ya que promovería el crecimiento económico y el empleo en una isla en que las producciones consumidoras de energía sufren no solo una desventaja competitiva por el imperfecto nivel de liberalización del mercado de la electricidad, sino también las excepcionales carencias infraestructurales de Cerdeña por lo que se refiere a la interconexión a las redes nacionales de la energía eléctrica y del gas. |
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(90)

Italia cree que las tarifas deben considerarse un instrumento de política económica destinado a salvaguardar ciertos sectores amenazados por los elevados precios de la energía, que de otro modo se trasladarían fuera de Italia y de Europa a causa de la agresiva competencia de empresas de fuera de la UE que tienen menores costes de producción. Las tarifas se aplicarían hasta la conclusión de las infraestructuras previstas y la consecución de un mercado interior de la energía competitivo. La medida estaría en consonancia con el espíritu de las ayudas de finalidad regional, ya que promovería el crecimiento económico y el empleo en una isla en que las producciones consumidoras de energía sufren no solo una desventaja competitiva por el imperfecto nivel de liberalización del mercado de la electricidad, sino también las excepcionales carencias infraestructurales de Cerdeña por lo que se refiere a la interconexión a las redes nacionales de la energía eléctrica y del gas.

| (91) | En apoyo de este enfoque integrado, Italia cita el Primer informe del Grupo de alto nivel sobre Competitividad, Energía y Medio ambiente (31), en el que se observa que el proceso de liberalización del sector de la energía no ha producido resultados satisfactorios y es necesario mejorar la interconexión, y se auspicia la formalización de contratos de suministro a largo plazo con precios previsibles o asociaciones entre usuarios y proveedores de energía eléctrica. A este respecto, Italia subraya que las intervenciones programadas en favor de Cerdeña van precisamente en esta dirección, añadiendo que se precisan al mismo tiempo medidas a corto plazo como las tarifas en cuestión para garantizar la competitividad de la industria sarda y su supervivencia hasta la realización de las inversiones programadas que lleven a la resolución de los problemas estructurales. |
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(91)

En apoyo de este enfoque integrado, Italia cita el Primer informe del Grupo de alto nivel sobre Competitividad, Energía y Medio ambiente (31), en el que se observa que el proceso de liberalización del sector de la energía no ha producido resultados satisfactorios y es necesario mejorar la interconexión, y se auspicia la formalización de contratos de suministro a largo plazo con precios previsibles o asociaciones entre usuarios y proveedores de energía eléctrica. A este respecto, Italia subraya que las intervenciones programadas en favor de Cerdeña van precisamente en esta dirección, añadiendo que se precisan al mismo tiempo medidas a corto plazo como las tarifas en cuestión para garantizar la competitividad de la industria sarda y su supervivencia hasta la realización de las inversiones programadas que lleven a la resolución de los problemas estructurales.

| (92) | Italia sostiene que no es posible comparar los precios de la energía eléctrica pagados por los beneficiarios sardos con los precios medios de la energía eléctrica pagados por empresas análogas en la Italia peninsular, dado que las empresas de elevado consumo energético adquieren la electricidad mediante contratos bilaterales que no son del dominio público. Según Italia, la Comisión se equivoca al hacer una comparación basada en los precios registrados en las bolsas de la energía eléctrica, ya que solo una mínima parte de los suministros eléctricos de estas empresas se adquiere en tales bolsas. |
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(92)

Italia sostiene que no es posible comparar los precios de la energía eléctrica pagados por los beneficiarios sardos con los precios medios de la energía eléctrica pagados por empresas análogas en la Italia peninsular, dado que las empresas de elevado consumo energético adquieren la electricidad mediante contratos bilaterales que no son del dominio público. Según Italia, la Comisión se equivoca al hacer una comparación basada en los precios registrados en las bolsas de la energía eléctrica, ya que solo una mínima parte de los suministros eléctricos de estas empresas se adquiere en tales bolsas.

| (93) | Según Italia, los precios negociados mediante contratos bilaterales solo pueden ser favorables a los consumidores si estos tienen la posibilidad de elegir libremente a sus proveedores y de adquirir energía eléctrica producida con tecnologías competitivas. Esto no es posible en Cerdeña, donde las centrales eléctricas no pueden producir energía a precios moderados al no tener acceso al gas natural. Por otra parte, la limitada interconexión eléctrica, que hace imposible exportar la electricidad, desalienta las nuevas inversiones en centrales de producción modernas. Otro factor importante es la concentración del mercado y el papel que desempeñan los operadores históricos. |
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(93)

Según Italia, los precios negociados mediante contratos bilaterales solo pueden ser favorables a los consumidores si estos tienen la posibilidad de elegir libremente a sus proveedores y de adquirir energía eléctrica producida con tecnologías competitivas. Esto no es posible en Cerdeña, donde las centrales eléctricas no pueden producir energía a precios moderados al no tener acceso al gas natural. Por otra parte, la limitada interconexión eléctrica, que hace imposible exportar la electricidad, desalienta las nuevas inversiones en centrales de producción modernas. Otro factor importante es la concentración del mercado y el papel que desempeñan los operadores históricos.

| (94) | En opinión de Italia, en estas circunstancias puede justificarse la aplicación de tarifas que estabilicen los precios de la energía eléctrica hasta que se consiga una competencia más efectiva en el mercado de la electricidad. Una vez más, Italia sostiene que las tarifas preferenciales estimulan el funcionamiento de un mercado plenamente competitivo. |
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(94)

En opinión de Italia, en estas circunstancias puede justificarse la aplicación de tarifas que estabilicen los precios de la energía eléctrica hasta que se consiga una competencia más efectiva en el mercado de la electricidad. Una vez más, Italia sostiene que las tarifas preferenciales estimulan el funcionamiento de un mercado plenamente competitivo.

| (95) | Por lo que se refiere a la sobrecapacidad de producción de energía eléctrica que ha llevado a la Comisión a dudar de que los precios de la electricidad fueran mayores en Cerdeña que en la Italia peninsular (ya que la sobrecapacidad debería más bien estimular a los productores a vender a precios competitivos a los grandes usuarios: véase el considerando 47), Italia sostiene lo siguiente: la sobrecapacidad productiva de Cerdeña no puede implicar una reducción de los precios al consumo, ya que en este caso preciso la sobrecapacidad se debe a una interconexión limitada, que obliga a constituir una reserva de capacidad muy consistente (32) que permita garantizar la continuidad de los suministros eléctricos en la isla. Ya que esta reserva se financia en todo caso mediante tasas a cargo de todos los usuarios finales, los proveedores de energía eléctrica no tienen ningún interés en vender a precios más competitivos la electricidad producida recurriendo a esa capacidad inutilizada. |
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(95)

Por lo que se refiere a la sobrecapacidad de producción de energía eléctrica que ha llevado a la Comisión a dudar de que los precios de la electricidad fueran mayores en Cerdeña que en la Italia peninsular (ya que la sobrecapacidad debería más bien estimular a los productores a vender a precios competitivos a los grandes usuarios: véase el considerando 47), Italia sostiene lo siguiente: la sobrecapacidad productiva de Cerdeña no puede implicar una reducción de los precios al consumo, ya que en este caso preciso la sobrecapacidad se debe a una interconexión limitada, que obliga a constituir una reserva de capacidad muy consistente (32) que permita garantizar la continuidad de los suministros eléctricos en la isla. Ya que esta reserva se financia en todo caso mediante tasas a cargo de todos los usuarios finales, los proveedores de energía eléctrica no tienen ningún interés en vender a precios más competitivos la electricidad producida recurriendo a esa capacidad inutilizada.

| (96) | Según Italia, la medida es proporcional por cuanto el precio fijado por la AEEG para 2005 (véase el considerando 34) corresponde al precio medio pagado en la Unión por los competidores de los beneficiarios, calculado por el ente de regulación de manera objetiva. Italia recuerda asimismo que en 2005, en otros Estados miembros con tarifas reguladas, los grandes usuarios industriales pagaron por sus suministros eléctricos precios qua a veces no superaban los 25 EUR/MWh. |
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(96)

Según Italia, la medida es proporcional por cuanto el precio fijado por la AEEG para 2005 (véase el considerando 34) corresponde al precio medio pagado en la Unión por los competidores de los beneficiarios, calculado por el ente de regulación de manera objetiva. Italia recuerda asimismo que en 2005, en otros Estados miembros con tarifas reguladas, los grandes usuarios industriales pagaron por sus suministros eléctricos precios qua a veces no superaban los 25 EUR/MWh.

| (97) | Habida cuenta de lo anterior, Italia cuestiona los datos presentados por los denunciantes, que en su opinión no son metodológicamente correctos en la medida en que sobreestiman los precios medios de la electricidad pagados por los competidores de los beneficiarios en la Unión. |
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(97)

Habida cuenta de lo anterior, Italia cuestiona los datos presentados por los denunciantes, que en su opinión no son metodológicamente correctos en la medida en que sobreestiman los precios medios de la electricidad pagados por los competidores de los beneficiarios en la Unión.

| (98) | Según Italia, la duración del régimen (seis años en lugar de cinco), se justifica por la necesidad de esperar a la conclusión de la infraestructura energética. |
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(98)

Según Italia, la duración del régimen (seis años en lugar de cinco), se justifica por la necesidad de esperar a la conclusión de la infraestructura energética.

| (99) | Además, Italia afirma que se ha respetado el criterio de la degresividad, dado que las tarifas se actualizan sobre la base de la media ponderada de las variaciones registradas en las Bolsas de Amsterdam y Fráncfort, y solo pueden aumentar, nunca disminuir. |
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(99)

Además, Italia afirma que se ha respetado el criterio de la degresividad, dado que las tarifas se actualizan sobre la base de la media ponderada de las variaciones registradas en las Bolsas de Amsterdam y Fráncfort, y solo pueden aumentar, nunca disminuir.

| (100) | Las tarifas están vinculadas a las variaciones del precio en las Bolsas de la energía eléctrica porque, según Italia, estas representan una referencia objetiva y globalmente representativa de las tendencias de los precios de la energía. Sin embargo, Italia sostiene que los aumentos de precio efectivos para los consumidores electrointensivos de la Unión son normalmente bastante más bajos que los aumentos registrados en las Bolsas de la energía eléctrica (ya que esos consumidores pagan tarifas acordadas mediante contratos bilaterales o establecidas por el Estado, en el caso de las tarifas reguladas, que están, por ende, menos sujetas a oscilaciones). |
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(100)

Las tarifas están vinculadas a las variaciones del precio en las Bolsas de la energía eléctrica porque, según Italia, estas representan una referencia objetiva y globalmente representativa de las tendencias de los precios de la energía. Sin embargo, Italia sostiene que los aumentos de precio efectivos para los consumidores electrointensivos de la Unión son normalmente bastante más bajos que los aumentos registrados en las Bolsas de la energía eléctrica (ya que esos consumidores pagan tarifas acordadas mediante contratos bilaterales o establecidas por el Estado, en el caso de las tarifas reguladas, que están, por ende, menos sujetas a oscilaciones).

| (101) | Italia concluye, por lo tanto, que el aumento del 4 % sobre una base anual aplicado a las tarifas sardas está en consonancia con los aumentos de los precios de la energía aplicados a sus competidores directos de la Unión. |
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(101)

Italia concluye, por lo tanto, que el aumento del 4 % sobre una base anual aplicado a las tarifas sardas está en consonancia con los aumentos de los precios de la energía aplicados a sus competidores directos de la Unión.

| (102) | Italia señala la existencia en la Unión de medidas que tienen efectos equivalentes a los que se derivan de las controvertidas tarifas preferenciales, y cree que todas deberían ser valoradas del mismo modo, prescindiendo de la forma que revistan, por cuanto todas tienen el objetivo común de garantizar la supervivencia de industrias consumidoras de energía en la Unión e impedir que acaben deslocalizándose fuera del territorio nacional. |
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(102)

Italia señala la existencia en la Unión de medidas que tienen efectos equivalentes a los que se derivan de las controvertidas tarifas preferenciales, y cree que todas deberían ser valoradas del mismo modo, prescindiendo de la forma que revistan, por cuanto todas tienen el objetivo común de garantizar la supervivencia de industrias consumidoras de energía en la Unión e impedir que acaben deslocalizándose fuera del territorio nacional.

| (103) | Según Italia, aunque desde 2007 Cerdeña ya no puede beneficiarse de las ayudas de funcionamiento de finalidad regional, las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional contemplan la posibilidad de una salida gradual de los regímenes existentes en el momento en que una región deja de poder acogerse a la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. Así pues, la Comisión aún podría autorizar la medida en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional de 2007. En todo caso, Italia sostiene que la medida impugnada no debe considerarse una ayuda ordinaria de funcionamiento. |
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(103)

Según Italia, aunque desde 2007 Cerdeña ya no puede beneficiarse de las ayudas de funcionamiento de finalidad regional, las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional contemplan la posibilidad de una salida gradual de los regímenes existentes en el momento en que una región deja de poder acogerse a la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. Así pues, la Comisión aún podría autorizar la medida en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional de 2007. En todo caso, Italia sostiene que la medida impugnada no debe considerarse una ayuda ordinaria de funcionamiento.

| (104) | Italia subraya una vez más que las tarifas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, por las razones ya ilustradas en el considerando 76 para el aluminio, el cinc y el plomo. El mismo razonamiento valdría para la industria química. Italia subraya que en 2003 las importaciones de productos químicos en Italia superaron las exportaciones, y que la producción tanto de la Unión como de Italia están en declive desde 2001. Por lo que respecta específicamente a la producción de PVC, que representa la mayor aplicación del cloro, habría en Italia un déficit de producción (en 2002, se produjeron tan solo 470 000 toneladas de PVC, frente a un consumo de 970 000 toneladas). |
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(104)

Italia subraya una vez más que las tarifas no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, por las razones ya ilustradas en el considerando 76 para el aluminio, el cinc y el plomo. El mismo razonamiento valdría para la industria química. Italia subraya que en 2003 las importaciones de productos químicos en Italia superaron las exportaciones, y que la producción tanto de la Unión como de Italia están en declive desde 2001. Por lo que respecta específicamente a la producción de PVC, que representa la mayor aplicación del cloro, habría en Italia un déficit de producción (en 2002, se produjeron tan solo 470 000 toneladas de PVC, frente a un consumo de 970 000 toneladas).

5.   EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

5.1.   Existencia de una ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 107, apartado 1, del Tratado CE

| (105) | En el sentido definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, una medida es constitutiva de ayuda estatal si se dan acumulativamente las siguientes condiciones: la medida a) favorece al beneficiario; b) es concedida por el Estado mediante fondos estatales; c) es selectiva; d) afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsea o amenaza falsear la competencia en la Unión. |
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(105)

En el sentido definido en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, una medida es constitutiva de ayuda estatal si se dan acumulativamente las siguientes condiciones: la medida a) favorece al beneficiario; b) es concedida por el Estado mediante fondos estatales; c) es selectiva; d) afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsea o amenaza falsear la competencia en la Unión.

5.1.1.   Existencia de una ventaja

| (106) | Sobre la base del régimen tarifario de 2004 y 2005, el Estado ha intervenido para subvencionar el precio de la electricidad negociado por los beneficiarios con sus proveedores. Así por ejemplo, en 2004, a falta de pagos compensatorios, Portovesme y Eurallumina habrían pagado respectivamente 63 EUR/Wh (33) y 65,95 EUR/MWh, sobre la base de los contratos de suministro bilaterales vigentes en aquel momento. Estas cifras han sido facilitadas por Italia y por los propios beneficiarios, y no son, por lo tanto, objeto de controversia. |
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(106)

Sobre la base del régimen tarifario de 2004 y 2005, el Estado ha intervenido para subvencionar el precio de la electricidad negociado por los beneficiarios con sus proveedores. Así por ejemplo, en 2004, a falta de pagos compensatorios, Portovesme y Eurallumina habrían pagado respectivamente 63 EUR/Wh (33) y 65,95 EUR/MWh, sobre la base de los contratos de suministro bilaterales vigentes en aquel momento. Estas cifras han sido facilitadas por Italia y por los propios beneficiarios, y no son, por lo tanto, objeto de controversia.

| (107) | En 2005, según los datos transmitidos por Italia, el precio de la electricidad negociado por Syndial con su proveedor superó los 60 EUR/MWh (mientras que la tarifa preferencial lo habría reducido a 27 EUR/MWh). La lógica de las dos medidas era que el Estado habría reembolsado a los beneficiarios los costes suplementarios derivados de la adquisición de la electricidad en Cerdeña con respecto a los precios medios pagados por sus competidores en la Unión. |
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(107)

En 2005, según los datos transmitidos por Italia, el precio de la electricidad negociado por Syndial con su proveedor superó los 60 EUR/MWh (mientras que la tarifa preferencial lo habría reducido a 27 EUR/MWh). La lógica de las dos medidas era que el Estado habría reembolsado a los beneficiarios los costes suplementarios derivados de la adquisición de la electricidad en Cerdeña con respecto a los precios medios pagados por sus competidores en la Unión.

| (108) | Portovesme sostiene que el precio preferencial corresponde al precio que prevalecería en un mercado plenamente competitivo, y no supone, por lo tanto, ninguna ventaja. La Comisión ya rechazó este argumento en el asunto Alcoa, en el que se aplicaban tarifas prácticamente idénticas. Ni los tribunales de la Unión ni la Comisión han tomado nunca en consideración, para evaluar la existencia de una ventaja, las condiciones ocurrentes en un hipotético mercado con mejor funcionamiento. El marco de referencia siempre ha sido el de las condiciones ocurrentes en los mercados reales en cuestión (34). |
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(108)

Portovesme sostiene que el precio preferencial corresponde al precio que prevalecería en un mercado plenamente competitivo, y no supone, por lo tanto, ninguna ventaja. La Comisión ya rechazó este argumento en el asunto Alcoa, en el que se aplicaban tarifas prácticamente idénticas. Ni los tribunales de la Unión ni la Comisión han tomado nunca en consideración, para evaluar la existencia de una ventaja, las condiciones ocurrentes en un hipotético mercado con mejor funcionamiento. El marco de referencia siempre ha sido el de las condiciones ocurrentes en los mercados reales en cuestión (34).

| (109) | Por otra parte, el citado argumento presupone que, siempre que un mercado no funcione correctamente, estaría justificado que un Estado miembro fijara precios que simularan las condiciones de una efectiva competencia (véase el comentario de Italia en el considerando 72). |
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(109)

Por otra parte, el citado argumento presupone que, siempre que un mercado no funcione correctamente, estaría justificado que un Estado miembro fijara precios que simularan las condiciones de una efectiva competencia (véase el comentario de Italia en el considerando 72).

| (110) | Esta lógica no es aceptable, ya que es contraria al principio, perfectamente consolidado en la jurisprudencia de la Unión, de que «el hecho de que un Estado miembro se proponga aproximar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia en un determinado sector económico a las existentes en otros Estados miembros no puede desvirtuar el carácter de ayuda de una medida» (35). La Comisión cree que este principio se aplica por analogía a las situaciones en que un Estado miembro desea aproximar las condiciones de competencia a las existentes en un mercado plenamente competitivo. |
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(110)

Esta lógica no es aceptable, ya que es contraria al principio, perfectamente consolidado en la jurisprudencia de la Unión, de que «el hecho de que un Estado miembro se proponga aproximar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia en un determinado sector económico a las existentes en otros Estados miembros no puede desvirtuar el carácter de ayuda de una medida» (35). La Comisión cree que este principio se aplica por analogía a las situaciones en que un Estado miembro desea aproximar las condiciones de competencia a las existentes en un mercado plenamente competitivo.

| (111) | Además, si se siguiera esta propuesta, no constituirían ayudas estatales las subvenciones concedidas por los Estados miembros para colmar la diferencia entre un precio libremente negociado en el mercado entre dos operadores y el precio teórico que podrían haber acordado en condiciones de plena competencia. Eso desvirtuaría el objetivo principal del control de las ayudas estatales. |
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(111)

Además, si se siguiera esta propuesta, no constituirían ayudas estatales las subvenciones concedidas por los Estados miembros para colmar la diferencia entre un precio libremente negociado en el mercado entre dos operadores y el precio teórico que podrían haber acordado en condiciones de plena competencia. Eso desvirtuaría el objetivo principal del control de las ayudas estatales.

| (112) | Italia sostiene que estas tarifas son idénticas a la tarifa Alumix, que la Comisión no consideró una ayuda (véase el considerando 74), y que, por lo tanto, tampoco deberían considerarse ayudas. |
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(112)

Italia sostiene que estas tarifas son idénticas a la tarifa Alumix, que la Comisión no consideró una ayuda (véase el considerando 74), y que, por lo tanto, tampoco deberían considerarse ayudas.

| (113) | La Comisión recuerda que la situación en la que se pronunció sobre el asunto Alumix era muy distinta. En el asunto Alumix, la tarifa fue concedida por ENEL, que a la sazón era el ente público que proporcionaba electricidad en régimen de monopolio, en un mercado de la electricidad aún no liberalizado (36). Dada la situación, la Comisión había tenido que comprobar si ENEL practicaba un precio artificialmente bajo, o se comportaba como un operador de mercado racional. Teniendo en cuenta que ENEL ostentaba el monopolio de la generación y distribución de electricidad, no existía ningún precio de mercado al que la Comisión pudiera referirse para evaluar la presencia de una ventaja. Así pues, la Comisión creó un método que le permitiese identificar el precio de mercado teórico más bajo al que un proveedor racional habría estado dispuesto a venderle la electricidad a su «mejor cliente». |
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(113)

La Comisión recuerda que la situación en la que se pronunció sobre el asunto Alumix era muy distinta. En el asunto Alumix, la tarifa fue concedida por ENEL, que a la sazón era el ente público que proporcionaba electricidad en régimen de monopolio, en un mercado de la electricidad aún no liberalizado (36). Dada la situación, la Comisión había tenido que comprobar si ENEL practicaba un precio artificialmente bajo, o se comportaba como un operador de mercado racional. Teniendo en cuenta que ENEL ostentaba el monopolio de la generación y distribución de electricidad, no existía ningún precio de mercado al que la Comisión pudiera referirse para evaluar la presencia de una ventaja. Así pues, la Comisión creó un método que le permitiese identificar el precio de mercado teórico más bajo al que un proveedor racional habría estado dispuesto a venderle la electricidad a su «mejor cliente».

| (114) | Sin embargo, esta metodología no puede aplicarse a una situación en que los precios se negocian por los usuarios finales con los proveedores de energía eléctrica en un mercado liberalizado, y se subvencionan a posteriori mediante pagos compensatorios. Por lo tanto, el análisis desarrollado en la decisión Alumix y las conclusiones de la Comisión en aquel asunto son manifiestamente irrelevantes para el caso que nos ocupa. Esto también se desprende de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de marzo de 2009, que confirmó la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal con respecto al asunto Alcoa (37) (véase el apartado 132 de la sentencia). |
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(114)

Sin embargo, esta metodología no puede aplicarse a una situación en que los precios se negocian por los usuarios finales con los proveedores de energía eléctrica en un mercado liberalizado, y se subvencionan a posteriori mediante pagos compensatorios. Por lo tanto, el análisis desarrollado en la decisión Alumix y las conclusiones de la Comisión en aquel asunto son manifiestamente irrelevantes para el caso que nos ocupa. Esto también se desprende de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de marzo de 2009, que confirmó la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal con respecto al asunto Alcoa (37) (véase el apartado 132 de la sentencia).

| (115) | En el caso que nos ocupa, el principio del operador de mercado prudente no es de aplicación. Habría que evaluar el caso sobre la base de ese principio en el caso de que el Estado vendiera electricidad a las empresas interesadas, directamente o a través de un ente paraestatal, como ocurría en el asunto Alumix. Pero aquí no se da esta circunstancia, puesto que son empresas privadas las que suministran la electricidad. Por lo tanto, a diferencia del asunto Alumix, no es necesario examinar si el comportamiento del Estado ha sido análogo al de un operador de mercado racional. |
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(115)

En el caso que nos ocupa, el principio del operador de mercado prudente no es de aplicación. Habría que evaluar el caso sobre la base de ese principio en el caso de que el Estado vendiera electricidad a las empresas interesadas, directamente o a través de un ente paraestatal, como ocurría en el asunto Alumix. Pero aquí no se da esta circunstancia, puesto que son empresas privadas las que suministran la electricidad. Por lo tanto, a diferencia del asunto Alumix, no es necesario examinar si el comportamiento del Estado ha sido análogo al de un operador de mercado racional.

| (116) | En atención a las anteriores consideraciones, habrá que concluir que los regímenes de pago compensatorio de 2004 y 2005 reducen las cargas que se derivan de los contratos de suministro celebrados por los beneficiarios (cargas que, en circunstancias normales, deberían incluirse en los balances de las empresas). Según jurisprudencia reiterada (38), las medidas en cuestión otorgan por tanto una ventaja económica a los beneficiarios. |
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(116)

En atención a las anteriores consideraciones, habrá que concluir que los regímenes de pago compensatorio de 2004 y 2005 reducen las cargas que se derivan de los contratos de suministro celebrados por los beneficiarios (cargas que, en circunstancias normales, deberían incluirse en los balances de las empresas). Según jurisprudencia reiterada (38), las medidas en cuestión otorgan por tanto una ventaja económica a los beneficiarios.

5.1.2.   Selectividad

| (117) | Ya que las tarifas eléctricas preferenciales aplicadas en Italia se conceden exclusivamente a las empresas con instalaciones ya creadas, ubicadas en Cerdeña e integradas en una lista cerrada de sectores identificados por actos legislativos y reglamentarios que constituyen la base jurídica de tales medidas, la ventaja que otorgan es de tipo selectivo. |
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(117)

Ya que las tarifas eléctricas preferenciales aplicadas en Italia se conceden exclusivamente a las empresas con instalaciones ya creadas, ubicadas en Cerdeña e integradas en una lista cerrada de sectores identificados por actos legislativos y reglamentarios que constituyen la base jurídica de tales medidas, la ventaja que otorgan es de tipo selectivo.

5.1.3.   Fondos estatales e imputabilidad al Estado

| (118) | Según jurisprudencia reiterada, una ventaja puede definirse como ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE únicamente si se concede directa o indirectamente mediante fondos estatales (39) y es imputable al Estado (40). |
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(118)

Según jurisprudencia reiterada, una ventaja puede definirse como ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE únicamente si se concede directa o indirectamente mediante fondos estatales (39) y es imputable al Estado (40).

| (119) | Como se describe en el considerando 28, los pagos compensatorios en cuestión se financian a través de una exacción parafiscal recaudada por la Cassa Conguaglio a través del componente A4 de la tarifa eléctrica. Esta exacción es obligatoria en virtud de decisiones de la AEEG que aplican la legislación nacional. La Cassa Conguaglio es un ente público instituido por ley que desarrolla sus funciones sobre la base de instrucciones precisas impartidas mediante decisiones de la AEEG. |
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(119)

Como se describe en el considerando 28, los pagos compensatorios en cuestión se financian a través de una exacción parafiscal recaudada por la Cassa Conguaglio a través del componente A4 de la tarifa eléctrica. Esta exacción es obligatoria en virtud de decisiones de la AEEG que aplican la legislación nacional. La Cassa Conguaglio es un ente público instituido por ley que desarrolla sus funciones sobre la base de instrucciones precisas impartidas mediante decisiones de la AEEG.

| (120) | Siempre según jurisprudencia reiterada, los ingresos procedentes de una exacción que es obligatoria en virtud de la legislación nacional y se abona a un ente instituido por ley constituyen fondos estatales en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE cuando se destinan a la financiación de una medida que satisface los otros criterios de dicho artículo (41). |
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(120)

Siempre según jurisprudencia reiterada, los ingresos procedentes de una exacción que es obligatoria en virtud de la legislación nacional y se abona a un ente instituido por ley constituyen fondos estatales en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE cuando se destinan a la financiación de una medida que satisface los otros criterios de dicho artículo (41).

| (121) | Italia invoca la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto PreussenElektra (42) para defender la tesis de que la medida en cuestión no se financia mediante fondos estatales. Sostiene que los fondos necesarios para financiar la tarifa van de entidades privadas (los consumidores de energía eléctrica) a entidades privadas (los beneficiarios), mientras que el papel del Estado se limita a la adopción de una ley que impone el pago de las sumas necesarias sin ningún poder discrecional para disponer de los fondos, salvo por lo que respecta a la aplicación del régimen prevista por la ley. En concreto, según Italia y algunos de los beneficiarios, la Cassa Conguaglio no ejerce ningún control sobre los fondos y es un simple intermediario contable. |
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(121)

Italia invoca la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto PreussenElektra (42) para defender la tesis de que la medida en cuestión no se financia mediante fondos estatales. Sostiene que los fondos necesarios para financiar la tarifa van de entidades privadas (los consumidores de energía eléctrica) a entidades privadas (los beneficiarios), mientras que el papel del Estado se limita a la adopción de una ley que impone el pago de las sumas necesarias sin ningún poder discrecional para disponer de los fondos, salvo por lo que respecta a la aplicación del régimen prevista por la ley. En concreto, según Italia y algunos de los beneficiarios, la Cassa Conguaglio no ejerce ningún control sobre los fondos y es un simple intermediario contable.

| (122) | En el asunto PreussenElektra, el Tribunal consideraba que una obligación impuesta a distribuidores de energía eléctrica privados de la posibilidad de adquirir la electricidad producida por fuentes de energía renovable a precios mínimos superiores al valor económico real de estos tipos de energía eléctrica no es constituviva de ayuda estatal, ya que la medida no implica ningún traslado directo o indirecto de fondos estatales. |
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(122)

En el asunto PreussenElektra, el Tribunal consideraba que una obligación impuesta a distribuidores de energía eléctrica privados de la posibilidad de adquirir la electricidad producida por fuentes de energía renovable a precios mínimos superiores al valor económico real de estos tipos de energía eléctrica no es constituviva de ayuda estatal, ya que la medida no implica ningún traslado directo o indirecto de fondos estatales.

| (123) | La Comisión señala que en el asunto PreussenElektra, los recursos necesarios para financiar la medida fueron directamente suministrados por los distribuidores a los productores de energías renovables sin pasar por un ente público. En un sistema así, efectivamente, las sumas que había que trasladar no podían de ningún modo estar a disposición de las autoridades del Estado miembro. En cambio, en el caso que nos ocupa, las sumas transitan por el ente público Cassa Conguaglio antes de destinarse al beneficiario final. Por lo tanto, la jurisprudencia PreussenElektra se sitúa en un marco factual diferente y no es relevante a los efectos del caso que nos ocupa. |
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(123)

La Comisión señala que en el asunto PreussenElektra, los recursos necesarios para financiar la medida fueron directamente suministrados por los distribuidores a los productores de energías renovables sin pasar por un ente público. En un sistema así, efectivamente, las sumas que había que trasladar no podían de ningún modo estar a disposición de las autoridades del Estado miembro. En cambio, en el caso que nos ocupa, las sumas transitan por el ente público Cassa Conguaglio antes de destinarse al beneficiario final. Por lo tanto, la jurisprudencia PreussenElektra se sitúa en un marco factual diferente y no es relevante a los efectos del caso que nos ocupa.

| (124) | Tampoco puede la jurisprudencia Pearle (43) utilizarse en favor de Italia o los beneficiarios. En el asunto Pearle, el Tribunal concluyó que, en determinadas circunstancias, los ingresos procedentes de una exacción que pasa por un ente público no constituyen fondos estatales. En el asunto Pearle, las medidas fueron enteramente financiadas por un sector económico a iniciativa exclusiva de ese sector. Los fondos se recaudaron a través de una exacción parafiscal que pasaba por un ente público que en ningún momento pudo disponer de los fondos. Hubo, además, coincidencia entre quienes pagaron la exacción y quienes se beneficiaron de la medida. |
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(124)

Tampoco puede la jurisprudencia Pearle (43) utilizarse en favor de Italia o los beneficiarios. En el asunto Pearle, el Tribunal concluyó que, en determinadas circunstancias, los ingresos procedentes de una exacción que pasa por un ente público no constituyen fondos estatales. En el asunto Pearle, las medidas fueron enteramente financiadas por un sector económico a iniciativa exclusiva de ese sector. Los fondos se recaudaron a través de una exacción parafiscal que pasaba por un ente público que en ningún momento pudo disponer de los fondos. Hubo, además, coincidencia entre quienes pagaron la exacción y quienes se beneficiaron de la medida.

| (125) | Italia sostiene que la Cassa Conguaglio no tiene ningún poder discrecional por lo que se refiere a la concesión de los fondos, los cuales se destinan a la financiación de las tarifas y no pueden en ningún caso recaer «en el perímetro de la hacienda pública». Así pues, el Estado no podría disponer libremente de tales fondos, que no constituyen por consiguiente fondos estatales. |
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(125)

Italia sostiene que la Cassa Conguaglio no tiene ningún poder discrecional por lo que se refiere a la concesión de los fondos, los cuales se destinan a la financiación de las tarifas y no pueden en ningún caso recaer «en el perímetro de la hacienda pública». Así pues, el Estado no podría disponer libremente de tales fondos, que no constituyen por consiguiente fondos estatales.

| (126) | Cómo observación preliminar, es preciso señalar que mientras que algunos de los criterios del asunto Pearle pueden considerarse más pertinentes que otros desde un punto de vista subjetivo, no existe en ese asunto un «criterio clave». Las condiciones enumeradas en la sentencia son acumulativas. Esa es también la interpretación dada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Earl Salvat (44), tras examinar a la luz de cada uno de los criterios de Pearle la exacción fiscal evaluada en ese asunto. |
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(126)

Cómo observación preliminar, es preciso señalar que mientras que algunos de los criterios del asunto Pearle pueden considerarse más pertinentes que otros desde un punto de vista subjetivo, no existe en ese asunto un «criterio clave». Las condiciones enumeradas en la sentencia son acumulativas. Esa es también la interpretación dada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Earl Salvat (44), tras examinar a la luz de cada uno de los criterios de Pearle la exacción fiscal evaluada en ese asunto.

| (127) | Antes de examinar el papel de la Cassa Conguaglio, la Comisión ha comprobado si se satisfacen los otros criterios enumerados en el asunto Pearle. Está claro que, a diferencia de Pearle, las tarifas en cuestión han sido instituidas a iniciativa del Estado, y no a iniciativa de un sector económico. Además, en Pearle los beneficiarios de la medida eran también los únicos contribuyentes de los recursos, por lo que la intervención del ente público no tendía a crear una ventaja capaz de constituir una carga adicional para el Estado. En el caso que nos ocupa, los beneficiarios no soportan la carga financiera de la exacción, que grava únicamente a los consumidores de energía eléctrica. Así pues, la jurisprudencia Pearle no puede invocarse válidamente, al margen del opinable fundamento de las tesis expuestas por lo que se refiere al papel de la Cassa Conguaglio como simple intermediario contable. |
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(127)

Antes de examinar el papel de la Cassa Conguaglio, la Comisión ha comprobado si se satisfacen los otros criterios enumerados en el asunto Pearle. Está claro que, a diferencia de Pearle, las tarifas en cuestión han sido instituidas a iniciativa del Estado, y no a iniciativa de un sector económico. Además, en Pearle los beneficiarios de la medida eran también los únicos contribuyentes de los recursos, por lo que la intervención del ente público no tendía a crear una ventaja capaz de constituir una carga adicional para el Estado. En el caso que nos ocupa, los beneficiarios no soportan la carga financiera de la exacción, que grava únicamente a los consumidores de energía eléctrica. Así pues, la jurisprudencia Pearle no puede invocarse válidamente, al margen del opinable fundamento de las tesis expuestas por lo que se refiere al papel de la Cassa Conguaglio como simple intermediario contable.

| (128) | En cuanto a la Cassa Conguaglio, la Comisión señala que, según jurisprudencia reiterada, «no procede distinguir entre los casos en que la ayuda es concedida directamente por el Estado y aquellos en que es otorgada a través de organismos públicos o privados, designados o instituidos por ese Estado» (45). Por lo tanto, el status público o privado de la Cassa Conguaglio no es determinante a los efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales. El hecho de que la Cassa Conguaglio sea un ente público no implica automáticamente la aplicación del artículo 107 del TFUE (46); análogamente, la intervención de un ente privado, no excluye, en sí misma, la aplicación de dicho artículo. |
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(128)

En cuanto a la Cassa Conguaglio, la Comisión señala que, según jurisprudencia reiterada, «no procede distinguir entre los casos en que la ayuda es concedida directamente por el Estado y aquellos en que es otorgada a través de organismos públicos o privados, designados o instituidos por ese Estado» (45). Por lo tanto, el status público o privado de la Cassa Conguaglio no es determinante a los efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales. El hecho de que la Cassa Conguaglio sea un ente público no implica automáticamente la aplicación del artículo 107 del TFUE (46); análogamente, la intervención de un ente privado, no excluye, en sí misma, la aplicación de dicho artículo.

| (129) | Sin embargo, el análisis no puede limitarse a los poderes de la Cassa Conguaglio en su calidad de ente público. Hay más bien que comprobar si, en términos más generales, el Estado, directamente o a través de cualquier otro ente designado por él, puede ejercer un control sobre los fondos utilizados para financiar la tarifa. Habría que hacer esta misma prueba si la Cassa Conguaglio fuese un ente privado. |
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(129)

Sin embargo, el análisis no puede limitarse a los poderes de la Cassa Conguaglio en su calidad de ente público. Hay más bien que comprobar si, en términos más generales, el Estado, directamente o a través de cualquier otro ente designado por él, puede ejercer un control sobre los fondos utilizados para financiar la tarifa. Habría que hacer esta misma prueba si la Cassa Conguaglio fuese un ente privado.

| (130) | La reciente sentencia del Tribunal en el asunto Essent (47) proporciona indicaciones definitivas sobre este punto. En el asunto Essent, los Países Bajos introdujeron por ley un sobreprecio para las tarifas eléctricas. Este sobreprecio fue abonado por los consumidores de electricidad a los operadores de la red, que a su vez trasladaron los ingresos a la empresa designada, la SEP, que no tenía ningún margen discrecional en la gestión de los fondos y operaba bajo el estrecho control de las autoridades. El Tribunal llegó a la conclusión de que los ingresos procedentes del sobreprecio constituían fondos estatales, por cuanto el sobreprecio de la electricidad había sido impuesto mediante la legislación nacional y, por lo tanto, constituía un gravamen; la SEP no estaba autorizada a utilizar los ingresos procedentes del sobreprecio para fines distintos de los definidos por la ley, lo que significa que los recursos quedaban bajo control público y las autoridades nacionales podían disponer de ellos. El Tribunal consideró que tales elementos eran suficientes para declarar la naturaleza de fondos públicos de los fondos en cuestión. |
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(130)

La reciente sentencia del Tribunal en el asunto Essent (47) proporciona indicaciones definitivas sobre este punto. En el asunto Essent, los Países Bajos introdujeron por ley un sobreprecio para las tarifas eléctricas. Este sobreprecio fue abonado por los consumidores de electricidad a los operadores de la red, que a su vez trasladaron los ingresos a la empresa designada, la SEP, que no tenía ningún margen discrecional en la gestión de los fondos y operaba bajo el estrecho control de las autoridades. El Tribunal llegó a la conclusión de que los ingresos procedentes del sobreprecio constituían fondos estatales, por cuanto el sobreprecio de la electricidad había sido impuesto mediante la legislación nacional y, por lo tanto, constituía un gravamen; la SEP no estaba autorizada a utilizar los ingresos procedentes del sobreprecio para fines distintos de los definidos por la ley, lo que significa que los recursos quedaban bajo control público y las autoridades nacionales podían disponer de ellos. El Tribunal consideró que tales elementos eran suficientes para declarar la naturaleza de fondos públicos de los fondos en cuestión.

| (131) | Las semejanzas con el caso que nos ocupa son evidentes. El sobreprecio de tarifas utilizado para financiar las tarifas en cuestión se ha impuesto por ley, como en el asunto Essent. La Cassa Conguaglio desempeña el mismo papel que la SEP, en la medida en que centraliza y administra los ingresos procedentes de la exacción parafiscal y está sometida a los mismos vínculos, puesto que no puede utilizar los ingresos procedentes del sobreprecio para fines distintos de los establecidos por la ley (la financiación de los regímenes tarifarios preferenciales). El Estado está en condiciones de controlar y orientar el empleo de los recursos: la Cassa Conguaglio desempeña sus funciones contables siguiendo las precisas instrucciones de la AEEG, la cual actúa en el marco de sus poderes estatutarios y/o en cumplimiento de la legislación nacional. Por lo tanto, los recursos administrados por la Cassa Conguaglio permanecen constantemente bajo control público. |
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(131)

Las semejanzas con el caso que nos ocupa son evidentes. El sobreprecio de tarifas utilizado para financiar las tarifas en cuestión se ha impuesto por ley, como en el asunto Essent. La Cassa Conguaglio desempeña el mismo papel que la SEP, en la medida en que centraliza y administra los ingresos procedentes de la exacción parafiscal y está sometida a los mismos vínculos, puesto que no puede utilizar los ingresos procedentes del sobreprecio para fines distintos de los establecidos por la ley (la financiación de los regímenes tarifarios preferenciales). El Estado está en condiciones de controlar y orientar el empleo de los recursos: la Cassa Conguaglio desempeña sus funciones contables siguiendo las precisas instrucciones de la AEEG, la cual actúa en el marco de sus poderes estatutarios y/o en cumplimiento de la legislación nacional. Por lo tanto, los recursos administrados por la Cassa Conguaglio permanecen constantemente bajo control público.

| (132) | Este análisis es coherente con el desarrollado por la Comisión en la decisión sobre el caso (48) italiano de los «costes no recuperables en el sector de la electricidad», que clasificó como recursos públicos los fondos administrados por la Cassa Conguaglio en la cuenta A6. |
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(132)

Este análisis es coherente con el desarrollado por la Comisión en la decisión sobre el caso (48) italiano de los «costes no recuperables en el sector de la electricidad», que clasificó como recursos públicos los fondos administrados por la Cassa Conguaglio en la cuenta A6.

| (133) | La naturaleza de recursos públicos de los fondos administrados por la Cassa Conguaglio se ha visto confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Iris (49). |
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(133)

La naturaleza de recursos públicos de los fondos administrados por la Cassa Conguaglio se ha visto confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Iris (49).

| (134) | La Suprema Corte di Cassazione ya había concluido, en la sentencia no 11632/03 de 3 de abril de 2003, que la Cassa Conguaglio no tenía una personalidad jurídica distinta de la del Estado italiano, y que era este último el que tenía que ser considerado el propietario de las sumas trasladadas a la Cassa Conguaglio, aunque tales sumas provinieran de sujetos privados y fueron destinadas a empresas privadas. En el asunto Iris, las empresas Iris Spa e Iris Energia Spa, promotoras del recurso, habían impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia una decisión de la Comisión que calificaba de recursos públicos los fondos administrados por la Cassa Conguaglio en la cuenta A6. Los argumentos presentados por las empresas promotoras del recurso fueron muy parecidos. Estas empresas cuestionaban la sustancia de la sentencia de la Suprema Corte di Cassazione, aduciendo que el papel de la Cassa Conguaglio era el de un simple intermediario contable entre los particulares sujetos a la obligación pecuniaria y los beneficiarios de las sumas, un papel que no permitía a la Cassa Conguaglio, ni siquiera por un breve período, utilizar las sumas depositadas. Las citadas empresas reivindicaban igualmente la aplicabilidad de la jurisprudencia PreussenElektra. |
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(134)

La Suprema Corte di Cassazione ya había concluido, en la sentencia no 11632/03 de 3 de abril de 2003, que la Cassa Conguaglio no tenía una personalidad jurídica distinta de la del Estado italiano, y que era este último el que tenía que ser considerado el propietario de las sumas trasladadas a la Cassa Conguaglio, aunque tales sumas provinieran de sujetos privados y fueron destinadas a empresas privadas. En el asunto Iris, las empresas Iris Spa e Iris Energia Spa, promotoras del recurso, habían impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia una decisión de la Comisión que calificaba de recursos públicos los fondos administrados por la Cassa Conguaglio en la cuenta A6. Los argumentos presentados por las empresas promotoras del recurso fueron muy parecidos. Estas empresas cuestionaban la sustancia de la sentencia de la Suprema Corte di Cassazione, aduciendo que el papel de la Cassa Conguaglio era el de un simple intermediario contable entre los particulares sujetos a la obligación pecuniaria y los beneficiarios de las sumas, un papel que no permitía a la Cassa Conguaglio, ni siquiera por un breve período, utilizar las sumas depositadas. Las citadas empresas reivindicaban igualmente la aplicabilidad de la jurisprudencia PreussenElektra.

| (135) | Tras subrayar que no era competente para poner en tela de juicio la interpretación de la legislación italiana por parte de la Suprema Corte di Cassazione, el Tribunal confirmó que las sumas depositadas en la cuenta A6 de la Cassa Conguaglio tienen que clasificarse como recursos públicos no solo porque son propiedad del Estado, sino también porque permanecen bajo su constante control (50). |
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(135)

Tras subrayar que no era competente para poner en tela de juicio la interpretación de la legislación italiana por parte de la Suprema Corte di Cassazione, el Tribunal confirmó que las sumas depositadas en la cuenta A6 de la Cassa Conguaglio tienen que clasificarse como recursos públicos no solo porque son propiedad del Estado, sino también porque permanecen bajo su constante control (50).

| (136) | Esta conclusión se refiere a la cuenta A6 de la Cassa Conguaglio, que financia los costes no recuperables del sector eléctrico. Sin embargo, esta conclusión puede extenderse lógicamente al componente A4, que financia la tarifa que nos ocupa. La sentencia de la Corte di Cassazione se basaba en un análisis de la personalidad jurídica de la Cassa Conguaglio, y la constatación de la propiedad del Estado se aplica por tanto a todas las sumas depositadas en la Cassa. Lo mismo puede decirse de la conclusión del Tribunal de Primera Instancia con respecto al hecho de que el Estado puede controlar los recursos administrados por la Cassa. No hay alguna diferencia entre la cuenta A6 y el componente A4, exceptuando el destino de los recursos (en el caso del A6, el pago de los costes no recuperables, y en el caso del A4, el pago de las tarifas preferenciales). Así pues, las sumas trasladadas a los beneficiarios sardos del componente A4 deben asimismo clasificarse como fondos públicos. |
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(136)

Esta conclusión se refiere a la cuenta A6 de la Cassa Conguaglio, que financia los costes no recuperables del sector eléctrico. Sin embargo, esta conclusión puede extenderse lógicamente al componente A4, que financia la tarifa que nos ocupa. La sentencia de la Corte di Cassazione se basaba en un análisis de la personalidad jurídica de la Cassa Conguaglio, y la constatación de la propiedad del Estado se aplica por tanto a todas las sumas depositadas en la Cassa. Lo mismo puede decirse de la conclusión del Tribunal de Primera Instancia con respecto al hecho de que el Estado puede controlar los recursos administrados por la Cassa. No hay alguna diferencia entre la cuenta A6 y el componente A4, exceptuando el destino de los recursos (en el caso del A6, el pago de los costes no recuperables, y en el caso del A4, el pago de las tarifas preferenciales). Así pues, las sumas trasladadas a los beneficiarios sardos del componente A4 deben asimismo clasificarse como fondos públicos.

| (137) | Además de estar financiadas mediante fondos públicos, las tarifas en cuestión son asimismo imputables al Estado (51), ya que la base jurídica de la medida consiste en disposiciones legislativas nacionales, decretos y decisiones de la AEEG, que es un ente público, en el ejercicio de sus funciones de autoridad pública. |
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(137)

Además de estar financiadas mediante fondos públicos, las tarifas en cuestión son asimismo imputables al Estado (51), ya que la base jurídica de la medida consiste en disposiciones legislativas nacionales, decretos y decisiones de la AEEG, que es un ente público, en el ejercicio de sus funciones de autoridad pública.

5.1.4.   Incidencia en los intercambios comerciales y distorsión de competencia

| (138) | Por lo que respecta a la incidencia de las medidas en los intercambios comerciales en la Unión y la consiguiente distorsión de la competencia, es indiscutible que los mercados interesados (plomo, cinc, plata, aluminio y cloro/sosa) están plenamente abiertos a la competencia. Esta consideración ya sería de por sí suficiente para estimar que las tarifas afectan a los intercambios comerciales de la Unión. |
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(138)

Por lo que respecta a la incidencia de las medidas en los intercambios comerciales en la Unión y la consiguiente distorsión de la competencia, es indiscutible que los mercados interesados (plomo, cinc, plata, aluminio y cloro/sosa) están plenamente abiertos a la competencia. Esta consideración ya sería de por sí suficiente para estimar que las tarifas afectan a los intercambios comerciales de la Unión.

| (139) | Pese a ello, la Comisión ha tomado en consideración la tesis desarrollada por los beneficiarios e Italia según la cual las tarifas en el sector de los metales (la tesis no ha sido explícitamente aducida por el sector del cloro) no tienen ninguna incidencia en los intercambios comerciales y no falsean la competencia, ya que no existen flujos comerciales efectivos entre los Estados miembros; es improbable que tales flujos comerciales se desarrollen y, en razón de las peculiaridades del sector en cuestión, las tarifas no van en detrimento de los competidores de los beneficiarios en la Unión. |
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(139)

Pese a ello, la Comisión ha tomado en consideración la tesis desarrollada por los beneficiarios e Italia según la cual las tarifas en el sector de los metales (la tesis no ha sido explícitamente aducida por el sector del cloro) no tienen ninguna incidencia en los intercambios comerciales y no falsean la competencia, ya que no existen flujos comerciales efectivos entre los Estados miembros; es improbable que tales flujos comerciales se desarrollen y, en razón de las peculiaridades del sector en cuestión, las tarifas no van en detrimento de los competidores de los beneficiarios en la Unión.

| (140) | Es preciso subrayar que, en la práctica decisoria de la Comisión y en la jurisprudencia del Tribunal, la ausencia de flujos comerciales efectivos no ha sido nunca aceptada como prueba de que una medida de ayuda no afecta a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. En efecto, el Tribunal ha afirmado reiteradamente que la ayuda a una empresa puede estar en condiciones de incidir en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y de falsear la competencia aunque dicha empresa no participe ella misma en los intercambios a nivel de la Unión. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la producción interior puede mantenerse igual o aumentar, con la consecuencia de que las posibilidades de las empresas radicadas en otros Estados miembros de exportar sus productos al mercado de ese Estado miembro quedan disminuidas (52). |
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(140)

Es preciso subrayar que, en la práctica decisoria de la Comisión y en la jurisprudencia del Tribunal, la ausencia de flujos comerciales efectivos no ha sido nunca aceptada como prueba de que una medida de ayuda no afecta a los intercambios comerciales a nivel de la Unión. En efecto, el Tribunal ha afirmado reiteradamente que la ayuda a una empresa puede estar en condiciones de incidir en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y de falsear la competencia aunque dicha empresa no participe ella misma en los intercambios a nivel de la Unión. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a una empresa, la producción interior puede mantenerse igual o aumentar, con la consecuencia de que las posibilidades de las empresas radicadas en otros Estados miembros de exportar sus productos al mercado de ese Estado miembro quedan disminuidas (52).

| (141) | Además, no es infrecuente un marco caracterizado por una disminución de la producción en la Unión y un aumento de las importaciones procedentes de terceros países, con flujos comerciales limitados o inexistentes entre Estados miembros: es más bien un marco típico de los sectores que se enfrentan a dificultades estructurales y/o están sometidos a una fuerte presión competitiva. Tales sectores son particularmente sensibles a las medidas adoptadas por los Estados miembros para mejorar la posición competitiva de sus industrias nacionales. |
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(141)

Además, no es infrecuente un marco caracterizado por una disminución de la producción en la Unión y un aumento de las importaciones procedentes de terceros países, con flujos comerciales limitados o inexistentes entre Estados miembros: es más bien un marco típico de los sectores que se enfrentan a dificultades estructurales y/o están sometidos a una fuerte presión competitiva. Tales sectores son particularmente sensibles a las medidas adoptadas por los Estados miembros para mejorar la posición competitiva de sus industrias nacionales.

| (142) | El hecho de que la modesta producción de cinc, plomo y plata en Italia no sea capaz de incidir en el precio de referencia es irrelevante. La existencia de un precio de referencia para tales metales, que no se ve fácilmente influenciado por las condiciones de producción en un determinado Estado miembro, no excluye la existencia de una competencia entre las empresas radicadas en el EEE y que venden su producción en el mercado mundial de los metales. Es posible que la ayuda en favor de los beneficiarios sardos no les permita reducir el precio mundial de sus productos y expulsar del mercado a sus competidores y que otros productores de la Unión puedan mantenerse activos en tanto logran vender sus productos con beneficios al precio mundial. Sin embargo, los beneficios engendrados en Italia gracias a la tarifa eléctrica preferencial refuerzan, en sentido general, la posición competitiva de las empresas. Así por ejemplo, las reservas de capital acumuladas pueden utilizarse para absorber a los competidores y aumentar la propia cuota de mercado. Este razonamiento es aún más pertinente si se considera que algunos de los beneficiarios forman parte de empresas multinacionales (53). |
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(142)

El hecho de que la modesta producción de cinc, plomo y plata en Italia no sea capaz de incidir en el precio de referencia es irrelevante. La existencia de un precio de referencia para tales metales, que no se ve fácilmente influenciado por las condiciones de producción en un determinado Estado miembro, no excluye la existencia de una competencia entre las empresas radicadas en el EEE y que venden su producción en el mercado mundial de los metales. Es posible que la ayuda en favor de los beneficiarios sardos no les permita reducir el precio mundial de sus productos y expulsar del mercado a sus competidores y que otros productores de la Unión puedan mantenerse activos en tanto logran vender sus productos con beneficios al precio mundial. Sin embargo, los beneficios engendrados en Italia gracias a la tarifa eléctrica preferencial refuerzan, en sentido general, la posición competitiva de las empresas. Así por ejemplo, las reservas de capital acumuladas pueden utilizarse para absorber a los competidores y aumentar la propia cuota de mercado. Este razonamiento es aún más pertinente si se considera que algunos de los beneficiarios forman parte de empresas multinacionales (53).

| (143) | Contrariamente a lo que sostienen los beneficiarios, el hecho de que el precio pagado en Italia en los sectores de referencia sea análogo al precio medio de la energía eléctrica pagado en la Unión por los productores competidores no puede considerarse una prueba de que los intereses de los otros productores de la Unión no están amenazados por la tarifa italiana. La jurisprudencia dictada en el asunto C-372/97, Italia/Comisión, establece claramente que las medidas unilaterales dirigidas a equiparar las condiciones de competencia en un Estado miembro a las existentes en otros Estados miembros inciden en los intercambios comerciales, y por lo tanto deben considerarse ayuda. Además, algunos de los acuerdos de suministro de energía vigentes en otros Estados miembros pueden implicar ayudas estatales y la Comisión ya ha iniciado investigaciones en profundidad con respecto a varias medidas de este tipo (54). Aunque este argumento de defensa no haya sido explícitamente utilizado por Italia o Alcoa, la Comisión considera útil recalcar el principio, bien conocido por la jurisprudencia, de que la existencia de ayudas ilegales en algunos Estados miembros no justifica la adopción de medidas análogas por parte de otro Estado miembro. |
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(143)

Contrariamente a lo que sostienen los beneficiarios, el hecho de que el precio pagado en Italia en los sectores de referencia sea análogo al precio medio de la energía eléctrica pagado en la Unión por los productores competidores no puede considerarse una prueba de que los intereses de los otros productores de la Unión no están amenazados por la tarifa italiana. La jurisprudencia dictada en el asunto C-372/97, Italia/Comisión, establece claramente que las medidas unilaterales dirigidas a equiparar las condiciones de competencia en un Estado miembro a las existentes en otros Estados miembros inciden en los intercambios comerciales, y por lo tanto deben considerarse ayuda. Además, algunos de los acuerdos de suministro de energía vigentes en otros Estados miembros pueden implicar ayudas estatales y la Comisión ya ha iniciado investigaciones en profundidad con respecto a varias medidas de este tipo (54). Aunque este argumento de defensa no haya sido explícitamente utilizado por Italia o Alcoa, la Comisión considera útil recalcar el principio, bien conocido por la jurisprudencia, de que la existencia de ayudas ilegales en algunos Estados miembros no justifica la adopción de medidas análogas por parte de otro Estado miembro.

| (144) | En cualquier caso, las denuncias transmitidas por los competidores de los beneficiarios indican que las tarifas en cuestión plantean efectivamente problemas de competencia y afectan a los intercambios en la Unión. |
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(144)

En cualquier caso, las denuncias transmitidas por los competidores de los beneficiarios indican que las tarifas en cuestión plantean efectivamente problemas de competencia y afectan a los intercambios en la Unión.

| (145) | Por otra parte, Italia no ha notificado las tarifas de 2004. Según jurisprudencia reiterada (55), en el caso de una ayuda que no ha sido notificada, la Comisión no está obligada a demostrar las consecuencias efectivas de la medida en la competencia o en los intercambios entre los Estados miembros: en efecto, «si la Comisión tuviera que demostrar en su decisión las consecuencias efectivas de ayudas ya concedidas, saldrían favorecidos los Estados miembros que otorgan ayudas infringiendo la obligación de notificación contemplada en el artículo 93, apartado 3, del Tratado [CE], en detrimento de aquellos que notifican los proyectos de ayudas». |
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(145)

Por otra parte, Italia no ha notificado las tarifas de 2004. Según jurisprudencia reiterada (55), en el caso de una ayuda que no ha sido notificada, la Comisión no está obligada a demostrar las consecuencias efectivas de la medida en la competencia o en los intercambios entre los Estados miembros: en efecto, «si la Comisión tuviera que demostrar en su decisión las consecuencias efectivas de ayudas ya concedidas, saldrían favorecidos los Estados miembros que otorgan ayudas infringiendo la obligación de notificación contemplada en el artículo 93, apartado 3, del Tratado [CE], en detrimento de aquellos que notifican los proyectos de ayudas».

| (146) | Debemos, pues, concluir que las tarifas eléctricas preferenciales en cuestión están en condiciones de mejorar la posición competitiva de los beneficiarios con respecto a las empresas competidoras en la Unión. Según jurisprudencia reiterada (56), en semejantes circunstancias se tiene que suponer que la ayuda afecta a los intercambios entre Estados miembros y falsea la competencia. |
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(146)

Debemos, pues, concluir que las tarifas eléctricas preferenciales en cuestión están en condiciones de mejorar la posición competitiva de los beneficiarios con respecto a las empresas competidoras en la Unión. Según jurisprudencia reiterada (56), en semejantes circunstancias se tiene que suponer que la ayuda afecta a los intercambios entre Estados miembros y falsea la competencia.

5.1.5.   Conclusiones sobre la existencia de ayuda

| (147) | A la luz de lo expuesto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las tarifas en cuestión de 2004 y 2005 son constitutivas de ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del TFUE y solo pueden autorizarse si tienen derecho a acogerse a alguna de las excepciones contempladas en el Tratado. Esta conclusión se ajusta a la conclusión alcanzada en el asunto Alcoa, en que se aplicaban tarifas prácticamente idénticas. |
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(147)

A la luz de lo expuesto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las tarifas en cuestión de 2004 y 2005 son constitutivas de ayuda estatal en el sentido definido en el artículo 87, apartado 1, del TFUE y solo pueden autorizarse si tienen derecho a acogerse a alguna de las excepciones contempladas en el Tratado. Esta conclusión se ajusta a la conclusión alcanzada en el asunto Alcoa, en que se aplicaban tarifas prácticamente idénticas.

5.2.   Clasificación como nueva ayuda o ayuda existente

| (148) | Las situaciones en que una medida constituye una ayuda existente se enumeran de forma exhaustiva en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (57). |
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(148)

Las situaciones en que una medida constituye una ayuda existente se enumeran de forma exhaustiva en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (57).

| (149) | Es incuestionable que las medidas en cuestión no se han llevado a efecto antes de la adhesión de Italia a la Unión [inciso i) del citado artículo], no pueden considerarse autorizadas por cuanto la Comisión no ha adoptado ninguna decisión con arreglo a los procedimientos preestablecidos [inciso iii)] ni pueden considerarse ayudas existentes por el vencimiento de los plazos de prescripción [inciso iv)]. No han pasado posteriormente a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificadas por el Estado miembro [letra b), inciso v), primera frase]. |
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(149)

Es incuestionable que las medidas en cuestión no se han llevado a efecto antes de la adhesión de Italia a la Unión [inciso i) del citado artículo], no pueden considerarse autorizadas por cuanto la Comisión no ha adoptado ninguna decisión con arreglo a los procedimientos preestablecidos [inciso iii)] ni pueden considerarse ayudas existentes por el vencimiento de los plazos de prescripción [inciso iv)]. No han pasado posteriormente a ser una ayuda debido a la evolución del mercado común y sin haber sido modificadas por el Estado miembro [letra b), inciso v), primera frase].

| (150) | A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión cree que las tarifas en cuestión constituyen una nueva ayuda. |
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(150)

A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión cree que las tarifas en cuestión constituyen una nueva ayuda.

5.3.   Legitimidad de la ayuda

| (151) | En el sentido definido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas y no podrán ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva. |
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(151)

En el sentido definido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, los Estados miembros comunicarán a la Comisión los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas y no podrán ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva.

| (152) | Dado que Italia no ha notificado el artículo 1 del decreto de 2004, las tarifas de 2004 constituyen una ayuda ilegal. |
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(152)

Dado que Italia no ha notificado el artículo 1 del decreto de 2004, las tarifas de 2004 constituyen una ayuda ilegal.

| (153) | Por el contrario, Italia ha notificado el artículo 11, párrafo 12, de la Ley no 80/2005 y se ha abstenido de la aplicación de la medida. Se ha atenido por lo tanto a las obligaciones que se derivan del artículo 108, apartado 3, del TFUE. |
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(153)

Por el contrario, Italia ha notificado el artículo 11, párrafo 12, de la Ley no 80/2005 y se ha abstenido de la aplicación de la medida. Se ha atenido por lo tanto a las obligaciones que se derivan del artículo 108, apartado 3, del TFUE.

6.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

| (154) | No obstante la prohibición general de las ayudas estatales contemplada en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, una ayuda puede ser declarada compatible si puede acogerse a una de las excepciones enunciadas en ese mismo Tratado. |
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(154)

No obstante la prohibición general de las ayudas estatales contemplada en el artículo 107, apartado 1, del TFUE, una ayuda puede ser declarada compatible si puede acogerse a una de las excepciones enunciadas en ese mismo Tratado.

| (155) | Las tarifas de 2004 y 2005 constituyen ayudas de funcionamiento. La afirmación de Italia de que las tarifas de 2005 no deberían considerarse ayudas de funcionamiento, por cuanto forman parte de una estrategia de apoyo regional y están supeditadas a inversiones productivas, debe ser rechazada. Aunque el Protocolo de acuerdo establezca que los beneficiarios deben efectuar determinadas inversiones, el elemento de ayuda contenido en las tarifas preferenciales de 2005 no se calcula proporcionalmente a los gastos admisibles, y no está sometido a una intensidad máxima de ayuda. No hay elementos que permitan pensar que la medida se atiene a los criterios establecidos para las ayudas a las inversiones o que la ayuda es proporcional. La medida, por el contrario, está claramente vinculada al consumo eléctrico y dirigida a reducir los costes del suministro de electricidad, que son costes de funcionamiento soportados por las empresas interesadas. Por lo tanto, no puede considerarse ayuda a la inversión. |
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(155)

Las tarifas de 2004 y 2005 constituyen ayudas de funcionamiento. La afirmación de Italia de que las tarifas de 2005 no deberían considerarse ayudas de funcionamiento, por cuanto forman parte de una estrategia de apoyo regional y están supeditadas a inversiones productivas, debe ser rechazada. Aunque el Protocolo de acuerdo establezca que los beneficiarios deben efectuar determinadas inversiones, el elemento de ayuda contenido en las tarifas preferenciales de 2005 no se calcula proporcionalmente a los gastos admisibles, y no está sometido a una intensidad máxima de ayuda. No hay elementos que permitan pensar que la medida se atiene a los criterios establecidos para las ayudas a las inversiones o que la ayuda es proporcional. La medida, por el contrario, está claramente vinculada al consumo eléctrico y dirigida a reducir los costes del suministro de electricidad, que son costes de funcionamiento soportados por las empresas interesadas. Por lo tanto, no puede considerarse ayuda a la inversión.

| (156) | La ayuda de funcionamiento es, por principio, incompatible con el mercado interior. En el asunto 86/89 Italia/Comisión, el Tribunal de Justicia establecía que «la ayuda en cuestión, concedida sin condiciones específicas y solo en función de las cantidades utilizadas, debería considerarse una ayuda de funcionamiento para las empresas interesadas y, como tal, alteraría las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común» (58). |
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(156)

La ayuda de funcionamiento es, por principio, incompatible con el mercado interior. En el asunto 86/89 Italia/Comisión, el Tribunal de Justicia establecía que «la ayuda en cuestión, concedida sin condiciones específicas y solo en función de las cantidades utilizadas, debería considerarse una ayuda de funcionamiento para las empresas interesadas y, como tal, alteraría las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común» (58).

| (157) | En asunto Siemens/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia ratificaba el principio según el cual «las ayudas de funcionamiento, a saber, las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, no pueden considerarse compatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 92, apartado 3 [actualmente, artículo 87, apartado 3] [...];según la jurisprudencia, estas ayudas, en principio, falsean las condiciones de competencia en los sectores en los que se conceden sin que por otra parte sean capaces, por su propia naturaleza, de alcanzar uno de los objetivos fijados por las mencionadas disposiciones que establecen excepciones». |
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(157)

En asunto Siemens/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia ratificaba el principio según el cual «las ayudas de funcionamiento, a saber, las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, no pueden considerarse compatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 92, apartado 3 [actualmente, artículo 87, apartado 3] [...];según la jurisprudencia, estas ayudas, en principio, falsean las condiciones de competencia en los sectores en los que se conceden sin que por otra parte sean capaces, por su propia naturaleza, de alcanzar uno de los objetivos fijados por las mencionadas disposiciones que establecen excepciones».

| (158) | Sin embargo, existen situaciones claramente definidas en que es posible conceder ayudas de funcionamiento. En particular, pueden concederse ayudas de funcionamiento que persiguen una finalidad medioambiental sobre la base en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (59). En las regiones asistidas también pueden autorizarse excepcionalmente las ayudas de funcionamiento como ayudas regionales. La Comisión ha analizado si las tarifas en cuestión pueden corresponder a una de las citadas categorías. |
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(158)

Sin embargo, existen situaciones claramente definidas en que es posible conceder ayudas de funcionamiento. En particular, pueden concederse ayudas de funcionamiento que persiguen una finalidad medioambiental sobre la base en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (59). En las regiones asistidas también pueden autorizarse excepcionalmente las ayudas de funcionamiento como ayudas regionales. La Comisión ha analizado si las tarifas en cuestión pueden corresponder a una de las citadas categorías.

| (159) | La Comisión señala que las tarifas no pueden autorizarse como ayudas medioambientales, ya que no persiguen una finalidad medioambiental. |
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(159)

La Comisión señala que las tarifas no pueden autorizarse como ayudas medioambientales, ya que no persiguen una finalidad medioambiental.

6.1.   Compatibilidad con las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de 1998

| (160) | Excepcionalmente, pueden concederse ayudas de funcionamiento en zonas asistidas que pueden optar a ayudas en virtud de la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. La Región de Cerdeña ha sido elegible hasta el final de 2006. Por lo tanto, la Comisión ha examinado si, durante este período, las tarifas de 2004 y 2005 podrían autorizarse en el marco de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional de 1998. |
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(160)

Excepcionalmente, pueden concederse ayudas de funcionamiento en zonas asistidas que pueden optar a ayudas en virtud de la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE. La Región de Cerdeña ha sido elegible hasta el final de 2006. Por lo tanto, la Comisión ha examinado si, durante este período, las tarifas de 2004 y 2005 podrían autorizarse en el marco de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional de 1998.

| (161) | Según el punto 4.15 de las Directrices regionales, las ayudas de funcionamiento podrán concederse con carácter excepcional siempre y cuando: i) así se justifique por su aportación al desarrollo regional y por su naturaleza, y ii) su importe guarde proporción con las desventajas que pretendan paliar. Corresponderá al Estado miembro demostrar la existencia e importancia de tales desventajas. Según el punto 4.17 de las Directrices regionales, las ayudas de funcionamiento deben siempre ser temporales y decrecientes a lo largo del tiempo. |
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(161)

Según el punto 4.15 de las Directrices regionales, las ayudas de funcionamiento podrán concederse con carácter excepcional siempre y cuando: i) así se justifique por su aportación al desarrollo regional y por su naturaleza, y ii) su importe guarde proporción con las desventajas que pretendan paliar. Corresponderá al Estado miembro demostrar la existencia e importancia de tales desventajas. Según el punto 4.17 de las Directrices regionales, las ayudas de funcionamiento deben siempre ser temporales y decrecientes a lo largo del tiempo.

| (162) | Según el artículo 2 de las Directrices, «Las ayudas individuales ad hoc otorgadas a una sola empresa o las que se limitan a un único sector de actividad pueden afectar seriamente a la competencia en el mercado de que se trate, mientras que se corre el riesgo de que sus efectos sobre el desarrollo regional sean demasiado limitados. [...] Por consiguiente, en principio no se concederán las citadas excepciones (a la prohibición general de conceder la ayuda), salvo cuando se trate de regímenes plurisectoriales y abiertos, en una región determinada, al conjunto de las empresas de los sectores afectados». Una tarifa para la energía eléctrica concedida selectivamente a empresas individuales en determinados sectores es claramente contraria al espíritu de las ayudas de finalidad regional, que deben ser multisectoriales. Sin embargo, dado que no existe una prohibición absoluta de las ayudas de finalidad regional ad hoc, la Comisión ha examinado si concurren circunstancias excepcionales que justificarían la concesión de la tarifa. |
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(162)

Según el artículo 2 de las Directrices, «Las ayudas individuales ad hoc otorgadas a una sola empresa o las que se limitan a un único sector de actividad pueden afectar seriamente a la competencia en el mercado de que se trate, mientras que se corre el riesgo de que sus efectos sobre el desarrollo regional sean demasiado limitados. [...] Por consiguiente, en principio no se concederán las citadas excepciones (a la prohibición general de conceder la ayuda), salvo cuando se trate de regímenes plurisectoriales y abiertos, en una región determinada, al conjunto de las empresas de los sectores afectados». Una tarifa para la energía eléctrica concedida selectivamente a empresas individuales en determinados sectores es claramente contraria al espíritu de las ayudas de finalidad regional, que deben ser multisectoriales. Sin embargo, dado que no existe una prohibición absoluta de las ayudas de finalidad regional ad hoc, la Comisión ha examinado si concurren circunstancias excepcionales que justificarían la concesión de la tarifa.

| (163) | La Comisión ha examinado en particular las carencias del sector de la energía eléctrica en Cerdeña, basándose en la documentación presentada por Italia y los beneficiarios, para evaluar si tales carencias podrían constituir una desventaja a nivel regional. |
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(163)

La Comisión ha examinado en particular las carencias del sector de la energía eléctrica en Cerdeña, basándose en la documentación presentada por Italia y los beneficiarios, para evaluar si tales carencias podrían constituir una desventaja a nivel regional.

6.1.1.   El mercado sardo de la energía eléctrica en el contexto italiano

| (164) | El mercado italiano de la energía eléctrica está en general sumamente concentrado, aunque algo menos en el norte del país. El operador dominante en todas las zonas es el antiguo monopolista ENEL, excepto en Cerdeña, donde ENEL tiene un duopolio con E.ON. ENEL tiene un notable poder de mercado y ya en varias ocasiones la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha constatado abusos. Los precios de la energía eléctrica en Italia son generalmente elevados a causa de una mezcla productiva basada en gran parte en los combustibles fósiles (esencialmente gas), la ausencia de capacidad nuclear y la congestión en las conexiones hacia el resto de Europa. |
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(164)

El mercado italiano de la energía eléctrica está en general sumamente concentrado, aunque algo menos en el norte del país. El operador dominante en todas las zonas es el antiguo monopolista ENEL, excepto en Cerdeña, donde ENEL tiene un duopolio con E.ON. ENEL tiene un notable poder de mercado y ya en varias ocasiones la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha constatado abusos. Los precios de la energía eléctrica en Italia son generalmente elevados a causa de una mezcla productiva basada en gran parte en los combustibles fósiles (esencialmente gas), la ausencia de capacidad nuclear y la congestión en las conexiones hacia el resto de Europa.

| (165) | En Cerdeña, región que representa un 4,1 % de la potencia instalada en Italia (60), la electricidad se produce principalmente en centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles (carbón, fueloil y alquitrán de refinería). La isla no tiene una infraestructura de distribución del gas natural. |
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(165)

En Cerdeña, región que representa un 4,1 % de la potencia instalada en Italia (60), la electricidad se produce principalmente en centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles (carbón, fueloil y alquitrán de refinería). La isla no tiene una infraestructura de distribución del gas natural.

| (166) | Cerdeña padece de una sobrecapacidad de producción, sobre todo en el segmento de coste más alto (las centrales alimentadas con fueloil), atribuible a los proyectos gubernativos, jamás realizados, de concentrar en la isla la industria pesada italiana, que indujeron a ENEL a invertir en las centrales de producción eléctrica. Además de ser estructuralmente más caras, estas centrales se están quedando rápidamente anticuadas desde el punto de vista técnico. En el transcurso del período examinado, las exportaciones de energía eléctrica sarda hacia la península se han visto limitadas por la modesta capacidad del interconector (61), que estaba congestionado. |
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(166)

Cerdeña padece de una sobrecapacidad de producción, sobre todo en el segmento de coste más alto (las centrales alimentadas con fueloil), atribuible a los proyectos gubernativos, jamás realizados, de concentrar en la isla la industria pesada italiana, que indujeron a ENEL a invertir en las centrales de producción eléctrica. Además de ser estructuralmente más caras, estas centrales se están quedando rápidamente anticuadas desde el punto de vista técnico. En el transcurso del período examinado, las exportaciones de energía eléctrica sarda hacia la península se han visto limitadas por la modesta capacidad del interconector (61), que estaba congestionado.

| (167) | Dos empresas eléctricas, ENEL y E.ON, poseen conjuntamente una cuota de mercado igual al 95 % de los suministros de energía eléctrica en Cerdeña (cerca del 58 % pertenece a E.ON y cerca del 42 % pertenece a ENEL). Según la investigación sobre el estado de la competencia en el sector eléctrico (62), en términos competitivos, Cerdeña puede considerarse un duopolio de dominancia colectiva. La concentración del mercado es elevada, aunque no sea la más elevada en Italia (63). Dado que controlan prácticamente todas las centrales de rendimiento medio elevado (mid-merit) o de punta, E.ON y ENEL determinan el precio de prácticamente todas las franjas horarias. Sin embargo, la situación en Cerdeña parece ser menos crítica que la constatada en el sur de Italia (64), donde ENEL determina el precio en todas las franjas horarias. |
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(167)

Dos empresas eléctricas, ENEL y E.ON, poseen conjuntamente una cuota de mercado igual al 95 % de los suministros de energía eléctrica en Cerdeña (cerca del 58 % pertenece a E.ON y cerca del 42 % pertenece a ENEL). Según la investigación sobre el estado de la competencia en el sector eléctrico (62), en términos competitivos, Cerdeña puede considerarse un duopolio de dominancia colectiva. La concentración del mercado es elevada, aunque no sea la más elevada en Italia (63). Dado que controlan prácticamente todas las centrales de rendimiento medio elevado (mid-merit) o de punta, E.ON y ENEL determinan el precio de prácticamente todas las franjas horarias. Sin embargo, la situación en Cerdeña parece ser menos crítica que la constatada en el sur de Italia (64), donde ENEL determina el precio en todas las franjas horarias.

| (168) | Los precios al por mayor de la electricidad en Italia están entre los más elevados de Europa (65), y los precios en Cerdeña están entre los más elevados de Italia. En 2007, el precio medio nacional (PUN) fue de 70,99 EUR/MW/hora, mientras que el precio zonal sardo medio fue de 75 EUR/MW/hora, frente a los 80 EUR/MW/hora de 2006 (66). En 2008 y 2009 continuó la tendencia al alza del precio medio zonal sardo. En la primera mitad de 2009, los precios en Cerdeña se mantuvieron constantemente por encima de la media nacional (con un precio medio de 106,60 EUR/MW/hora frente a un PUN de 60,50 EUR/MW/hora). |
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(168)

Los precios al por mayor de la electricidad en Italia están entre los más elevados de Europa (65), y los precios en Cerdeña están entre los más elevados de Italia. En 2007, el precio medio nacional (PUN) fue de 70,99 EUR/MW/hora, mientras que el precio zonal sardo medio fue de 75 EUR/MW/hora, frente a los 80 EUR/MW/hora de 2006 (66). En 2008 y 2009 continuó la tendencia al alza del precio medio zonal sardo. En la primera mitad de 2009, los precios en Cerdeña se mantuvieron constantemente por encima de la media nacional (con un precio medio de 106,60 EUR/MW/hora frente a un PUN de 60,50 EUR/MW/hora).

| (169) | Los precios pagados en Cerdeña por los beneficiarios de las tarifas en 2004/2005 (sobre la base de los contratos bilaterales) fueron de los 60 a los 65 EUR/MWh. No es posible comparar estos precios con los vigentes en la Italia peninsular, dado que la Comisión no dispone de los datos pertinentes (que Italia dice no poder facilitar; véase el considerando 92). Sin embargo, sobre la base del análisis de las tendencias generales de los precios, que pueden ser globalmente representativas de las de los precios de los contratos bilaterales, parece posible suponer que, durante el período examinado, las empresas electrointensivas de Cerdeña pagaron un precio más elevado que las de la Italia peninsular. |
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(169)

Los precios pagados en Cerdeña por los beneficiarios de las tarifas en 2004/2005 (sobre la base de los contratos bilaterales) fueron de los 60 a los 65 EUR/MWh. No es posible comparar estos precios con los vigentes en la Italia peninsular, dado que la Comisión no dispone de los datos pertinentes (que Italia dice no poder facilitar; véase el considerando 92). Sin embargo, sobre la base del análisis de las tendencias generales de los precios, que pueden ser globalmente representativas de las de los precios de los contratos bilaterales, parece posible suponer que, durante el período examinado, las empresas electrointensivas de Cerdeña pagaron un precio más elevado que las de la Italia peninsular.

| (170) | En conclusión, el mercado de la electricidad en Cerdeña presenta una serie de problemas, y en particular unos precios elevados, un fuerte grado de concentración del mercado, el poder de mercado de los operadores dominantes, una capacidad de producción excedentaria en el segmento de alto coste, la relativa ineficiencia de las centrales de producción que están quedándose anticuadas, la falta de acceso a la infraestructura del gas natural, la falta de interconexión, etc. Estos problemas podrían traducirse en unos precios más elevados de la electricidad para los consumidores finales, incluidos los más electrointensivos. |
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(170)

En conclusión, el mercado de la electricidad en Cerdeña presenta una serie de problemas, y en particular unos precios elevados, un fuerte grado de concentración del mercado, el poder de mercado de los operadores dominantes, una capacidad de producción excedentaria en el segmento de alto coste, la relativa ineficiencia de las centrales de producción que están quedándose anticuadas, la falta de acceso a la infraestructura del gas natural, la falta de interconexión, etc. Estos problemas podrían traducirse en unos precios más elevados de la electricidad para los consumidores finales, incluidos los más electrointensivos.

6.1.2.   Existencia de una desventaja regional

| (171) | La primera cuestión que es preciso dirimir es si tales problemas constituyen una desventaja regional, es decir, afectan gravemente al desarrollo económico de Cerdeña. En el caso C 34/02 (67), la Comisión no aceptó la hipótesis de que la falta de interconexión con las fuentes de energía constituía una desventaja. Aunque sea cierto que las PYME se ven menos afectadas que las grandes industrias electrointensivas por los altos precios de la energía eléctrica, los intereses de un solo sector no son automáticamente asimilables a los intereses de una región. La Comisión cree que la desventaja regional derivada de la situación del mercado eléctrico sardo no ha sido lo suficientemente verificada por Italia. |
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(171)

La primera cuestión que es preciso dirimir es si tales problemas constituyen una desventaja regional, es decir, afectan gravemente al desarrollo económico de Cerdeña. En el caso C 34/02 (67), la Comisión no aceptó la hipótesis de que la falta de interconexión con las fuentes de energía constituía una desventaja. Aunque sea cierto que las PYME se ven menos afectadas que las grandes industrias electrointensivas por los altos precios de la energía eléctrica, los intereses de un solo sector no son automáticamente asimilables a los intereses de una región. La Comisión cree que la desventaja regional derivada de la situación del mercado eléctrico sardo no ha sido lo suficientemente verificada por Italia.

| (172) | Pero aun suponiendo la existencia de una desventaja regional, es preciso que las circunstancias satisfagan los criterios de las Directrices regionales. Por lo tanto, la Comisión ha evaluado si se satisfacen dichos criterios. |
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(172)

Pero aun suponiendo la existencia de una desventaja regional, es preciso que las circunstancias satisfagan los criterios de las Directrices regionales. Por lo tanto, la Comisión ha evaluado si se satisfacen dichos criterios.

6.1.3.   Contribución al desarrollo regional

| (173) | La ayuda tiene que contribuir de manera duradera al desarrollo regional y guardar proporción con las desventajas que pretenda paliar. Las ayudas de funcionamiento en una región asistida no pueden autorizarse en atención a las dificultades a que se enfrenta un sector, sino que es preciso demostrar que contribuyen de manera duradera al desarrollo regional. En el caso que nos ocupa, esto resulta improbable. Aun en la hipótesis de que el mantenimiento en la isla de algunas instalaciones industriales contribuya al empleo y al mantenimiento de una base manufacturera en la isla, estos efectos no serían duraderos. Si los elevados costes de la electricidad constituyen un problema estructural en Cerdeña, como Italia sostiene, las dificultades a que se enfrentan las industrias electrointensivas volverían a plantearse en cuanto el régimen tarifario desapareciera. |
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(173)

La ayuda tiene que contribuir de manera duradera al desarrollo regional y guardar proporción con las desventajas que pretenda paliar. Las ayudas de funcionamiento en una región asistida no pueden autorizarse en atención a las dificultades a que se enfrenta un sector, sino que es preciso demostrar que contribuyen de manera duradera al desarrollo regional. En el caso que nos ocupa, esto resulta improbable. Aun en la hipótesis de que el mantenimiento en la isla de algunas instalaciones industriales contribuya al empleo y al mantenimiento de una base manufacturera en la isla, estos efectos no serían duraderos. Si los elevados costes de la electricidad constituyen un problema estructural en Cerdeña, como Italia sostiene, las dificultades a que se enfrentan las industrias electrointensivas volverían a plantearse en cuanto el régimen tarifario desapareciera.

| (174) | Las autoridades italianas presentan las tarifas como una medida temporal, que se aplicaría solamente hasta la conclusión en 2010 de los proyectos infraestructurales vinculados a la producción de energía y a la interconexión (el gasoducto GALSI y el cable submarino SAPEI), actualmente en curso (68). La tesis de Italia es que una mejor interconexión reducirá los precios que pagan estas empresas. La Comisión cree que, aunque las nuevas infraestructuras puedan reducir o nivelar las disparidades tarifarias entre Cerdeña y el Continente, es muy improbable que tales proyectos puedan reducir los precios de la energía eléctrica hasta situarlos en los niveles que se consideran necesarios para conseguir que tales actividades industriales resulten rentables a largo plazo. |
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(174)

Las autoridades italianas presentan las tarifas como una medida temporal, que se aplicaría solamente hasta la conclusión en 2010 de los proyectos infraestructurales vinculados a la producción de energía y a la interconexión (el gasoducto GALSI y el cable submarino SAPEI), actualmente en curso (68). La tesis de Italia es que una mejor interconexión reducirá los precios que pagan estas empresas. La Comisión cree que, aunque las nuevas infraestructuras puedan reducir o nivelar las disparidades tarifarias entre Cerdeña y el Continente, es muy improbable que tales proyectos puedan reducir los precios de la energía eléctrica hasta situarlos en los niveles que se consideran necesarios para conseguir que tales actividades industriales resulten rentables a largo plazo.

| (175) | La Comisión observa asimismo que la existencia de una contribución estatal dirigida a reducir los costes de la electricidad para los grandes consumidores ni anima a los proveedores de electricidad a bajar los precios para evitar perder a los mayores clientes, ni impide el deterioro de las estructuras de coste. La subvención refuerza más bien el interés de los proveedores de energía eléctrica de utilizar su poder de mercado. Por lo tanto, aunque fuera cierto que, dada la situación de sobrecapacidad, las empresas de elevado consumo energético estarían normalmente en condiciones de conseguir un precio competitivo si no fuera por el poder de mercado de los proveedores de energía eléctrica (que, según Italia y los beneficiarios, tienen interés en mantener altos los precios), la Comisión estima que la tarifa preferencial no sería el instrumento idóneo para reorganizar ese poder de mercado. |
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(175)

La Comisión observa asimismo que la existencia de una contribución estatal dirigida a reducir los costes de la electricidad para los grandes consumidores ni anima a los proveedores de electricidad a bajar los precios para evitar perder a los mayores clientes, ni impide el deterioro de las estructuras de coste. La subvención refuerza más bien el interés de los proveedores de energía eléctrica de utilizar su poder de mercado. Por lo tanto, aunque fuera cierto que, dada la situación de sobrecapacidad, las empresas de elevado consumo energético estarían normalmente en condiciones de conseguir un precio competitivo si no fuera por el poder de mercado de los proveedores de energía eléctrica (que, según Italia y los beneficiarios, tienen interés en mantener altos los precios), la Comisión estima que la tarifa preferencial no sería el instrumento idóneo para reorganizar ese poder de mercado.

6.1.4.   Proporcionalidad

| (176) | La subvención concedida a los beneficiarios del régimen tarifario no se calcula de manera que venga a compensar la disparidad regional (es decir, el diferencial entre los precios de la energía eléctrica en la Italia peninsular y los practicados en Cerdeña para la misma categoría de consumidores), sino que tiene más bien por objeto alinear los precios sardos con los pagados por los competidores de los beneficiarios en la Unión. Los precios fijados para los beneficiarios sardos son particularmente bajos, y ciertamente inferiores a los practicados en la Italia peninsular, que están entre los más elevados de la Unión. Por lo tanto, las tarifas no son proporcionales a las desventajas regionales que pretender paliar. |
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(176)

La subvención concedida a los beneficiarios del régimen tarifario no se calcula de manera que venga a compensar la disparidad regional (es decir, el diferencial entre los precios de la energía eléctrica en la Italia peninsular y los practicados en Cerdeña para la misma categoría de consumidores), sino que tiene más bien por objeto alinear los precios sardos con los pagados por los competidores de los beneficiarios en la Unión. Los precios fijados para los beneficiarios sardos son particularmente bajos, y ciertamente inferiores a los practicados en la Italia peninsular, que están entre los más elevados de la Unión. Por lo tanto, las tarifas no son proporcionales a las desventajas regionales que pretender paliar.

| (177) | El propio método escogido para calcular el importe de la subvención indica que la medida persigue un objetivo de política industrial, antes que un objetivo regional. En efecto, la dimensión de política industrial de las tarifas ha sido reiteradamente resaltada por Italia en sus observaciones. |
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(177)

El propio método escogido para calcular el importe de la subvención indica que la medida persigue un objetivo de política industrial, antes que un objetivo regional. En efecto, la dimensión de política industrial de las tarifas ha sido reiteradamente resaltada por Italia en sus observaciones.

6.1.5.   Carácter decreciente

| (178) | La ayuda regional de funcionamiento debe ser decreciente (véase el punto 4.17 de las Directrices regionales). Dado que el mecanismo de actualización de las tarifas utilizado es diferente para 2004 y 2005, se ha llevado a cabo una evaluación separada. |
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(178)

La ayuda regional de funcionamiento debe ser decreciente (véase el punto 4.17 de las Directrices regionales). Dado que el mecanismo de actualización de las tarifas utilizado es diferente para 2004 y 2005, se ha llevado a cabo una evaluación separada.

| (179) | Las tarifas de 2004 se indizan sobre la base de las variaciones de los precios de los carburantes y solo pueden aumentar o permanecer iguales. Según Italia, esto asegura el carácter decreciente de la ayuda. La Comisión cree que el requisito de la degresividad solo puede considerarse satisfecho cuando se garantiza que los pagos compensatorios —que corresponden al importe de ayuda efectiva— disminuirán con el tiempo. No es suficiente que la tarifa aumente con el tiempo, dado que una tarifa más alta puede corresponder de todos modos a un importe aún mayor de ayudas si, mientras tanto, los precios para los usuarios finales en el mercado de referencia han aumentado más rápidamente que la tarifa considerada. El método italiano no proporciona ninguna garantía al respecto (69). |
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(179)

Las tarifas de 2004 se indizan sobre la base de las variaciones de los precios de los carburantes y solo pueden aumentar o permanecer iguales. Según Italia, esto asegura el carácter decreciente de la ayuda. La Comisión cree que el requisito de la degresividad solo puede considerarse satisfecho cuando se garantiza que los pagos compensatorios —que corresponden al importe de ayuda efectiva— disminuirán con el tiempo. No es suficiente que la tarifa aumente con el tiempo, dado que una tarifa más alta puede corresponder de todos modos a un importe aún mayor de ayudas si, mientras tanto, los precios para los usuarios finales en el mercado de referencia han aumentado más rápidamente que la tarifa considerada. El método italiano no proporciona ninguna garantía al respecto (69).

| (180) | Por lo que se refiere a las tarifas de 2005, la Comisión ha evaluado el mecanismo de indización introducido por el artículo 11, apartado 13, de la Ley no 80/2005, tal y como fue interpretado por la AEEG en su Decisión 217/05 (considerando 33). Según las normas de desarrollo establecidas por la AEEG, la tarifa se incrementa anualmente en un porcentaje que refleja las tendencias de los precios de la energía eléctrica en la Unión, pero el incremento no puede superar el 4 %. Según Italia, este mecanismo asegura el carácter decreciente de la ayuda. |
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(180)

Por lo que se refiere a las tarifas de 2005, la Comisión ha evaluado el mecanismo de indización introducido por el artículo 11, apartado 13, de la Ley no 80/2005, tal y como fue interpretado por la AEEG en su Decisión 217/05 (considerando 33). Según las normas de desarrollo establecidas por la AEEG, la tarifa se incrementa anualmente en un porcentaje que refleja las tendencias de los precios de la energía eléctrica en la Unión, pero el incremento no puede superar el 4 %. Según Italia, este mecanismo asegura el carácter decreciente de la ayuda.

| (181) | La Comisión cree sin embargo que el hecho de que la tarifa nominal esté sujeta a un incremento anual bastante limitado no implica una disminución a plazo del importe neto de la ayuda, medido por los pagos compensatorios. |
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(181)

La Comisión cree sin embargo que el hecho de que la tarifa nominal esté sujeta a un incremento anual bastante limitado no implica una disminución a plazo del importe neto de la ayuda, medido por los pagos compensatorios.

| (182) | Aun suponiendo que las tendencias de los precios en las Bolsas de la electricidad se pudieran considerar ampliamente representativos de los cambios de los precios de los contratos bilaterales —como Italia ha venido sosteniendo—, las tarifas de 2005 serían degresivas solo en el caso de una caída de los precios medios en la Unión (ya que las tarifas no pueden disminuir sino solo aumentar). En todos los demás casos, las tarifas implicarían una ventaja creciente (70). Ya que desde el 2004 hasta al menos el 2007 los precios medios de la electricidad en la Unión han registrado una fuerte tendencia al alza (con un aumento de más del 4 % anual), el elemento de ayuda contenido en las tarifas de 2005 habría aumentado con el tiempo. |
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(182)

Aun suponiendo que las tendencias de los precios en las Bolsas de la electricidad se pudieran considerar ampliamente representativos de los cambios de los precios de los contratos bilaterales —como Italia ha venido sosteniendo—, las tarifas de 2005 serían degresivas solo en el caso de una caída de los precios medios en la Unión (ya que las tarifas no pueden disminuir sino solo aumentar). En todos los demás casos, las tarifas implicarían una ventaja creciente (70). Ya que desde el 2004 hasta al menos el 2007 los precios medios de la electricidad en la Unión han registrado una fuerte tendencia al alza (con un aumento de más del 4 % anual), el elemento de ayuda contenido en las tarifas de 2005 habría aumentado con el tiempo.

| (183) | Italia sostiene asimismo que, en realidad, los contratos bilaterales están menos expuestos a aumentos de precio que los precios fijados en las Bolsas de la electricidad y que, por lo tanto, las tarifas de 2005 tienen, de facto, un carácter decreciente. La Comisión observa que el método de indización que se le ha comunicado para la evaluación se basa en las variaciones de los precios en las Bolsas de la electricidad, y que Italia no ha presentado datos relativos a la evolución de los precios de los contratos bilaterales. Por consiguiente, la afirmación de Italia no está respaldada por suficientes elementos de prueba. |
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(183)

Italia sostiene asimismo que, en realidad, los contratos bilaterales están menos expuestos a aumentos de precio que los precios fijados en las Bolsas de la electricidad y que, por lo tanto, las tarifas de 2005 tienen, de facto, un carácter decreciente. La Comisión observa que el método de indización que se le ha comunicado para la evaluación se basa en las variaciones de los precios en las Bolsas de la electricidad, y que Italia no ha presentado datos relativos a la evolución de los precios de los contratos bilaterales. Por consiguiente, la afirmación de Italia no está respaldada por suficientes elementos de prueba.

| (184) | En realidad, las limitadas informaciones de que dispone la Comisión sugieren lo contrario, a saber, que los precios de los contratos bilaterales han aumentado notablemente en Cerdeña (véanse, por ejemplo, las declaraciones de Eurallumina según las cuales durante el período 2005/2006 pagó un precio que ascendió a 80 EUR/MWh en el libre mercado, frente a los 65 EUR/MWh de 2004). En tales circunstancias, si se hubieran aplicado las tarifas, los pagos compensatorios habrían aumentado con el tiempo. |
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(184)

En realidad, las limitadas informaciones de que dispone la Comisión sugieren lo contrario, a saber, que los precios de los contratos bilaterales han aumentado notablemente en Cerdeña (véanse, por ejemplo, las declaraciones de Eurallumina según las cuales durante el período 2005/2006 pagó un precio que ascendió a 80 EUR/MWh en el libre mercado, frente a los 65 EUR/MWh de 2004). En tales circunstancias, si se hubieran aplicado las tarifas, los pagos compensatorios habrían aumentado con el tiempo.

| (185) | Por lo tanto, ni las tarifas de 2004 ni las de 2005 satisfacen el requisito del carácter decreciente de la ayuda. |
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(185)

Por lo tanto, ni las tarifas de 2004 ni las de 2005 satisfacen el requisito del carácter decreciente de la ayuda.

6.1.6.   Conclusiones sobre la compatibilidad de la medida a título de ayuda regional

| (186) | A la luz de lo expuesto, la Comisión cree que las tarifas en cuestión no pueden considerarse compatibles a título de ayuda regional en virtud de las Directrices de 1998. Dado que desde diciembre de 2006 Cerdeña ya no es una región asistida en el sentido definido por el artículo 107, apartado 3, letra a), no es necesario examinar la compatibilidad de la ayuda a la luz de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional 2007-2013. |
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(186)

A la luz de lo expuesto, la Comisión cree que las tarifas en cuestión no pueden considerarse compatibles a título de ayuda regional en virtud de las Directrices de 1998. Dado que desde diciembre de 2006 Cerdeña ya no es una región asistida en el sentido definido por el artículo 107, apartado 3, letra a), no es necesario examinar la compatibilidad de la ayuda a la luz de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional 2007-2013.

| (187) | La Comisión adoptó la misma posición negativa en 2005 con relación a otra medida dirigida a reducir los costes de la energía de Eurallumina en Cerdeña. En aquella ocasión, la Comisión estimó que la medida en cuestión, una exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos (71), no podía autorizarse sobre la base de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. |
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(187)

La Comisión adoptó la misma posición negativa en 2005 con relación a otra medida dirigida a reducir los costes de la energía de Eurallumina en Cerdeña. En aquella ocasión, la Comisión estimó que la medida en cuestión, una exención del impuesto especial sobre los hidrocarburos (71), no podía autorizarse sobre la base de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.

6.2.   Otras consideraciones inherentes a la compatibilidad

| (188) | Tanto Italia como las empresas interesadas han venido sosteniendo que las tarifas están destinadas a paliar las imperfecciones de los mercados de la energía eléctrica que hacen que los precios todavía no sean competitivos. En su opinión, los altos precios de la energía eléctrica representan una amenaza para la competitividad de las industrias electrointensivas. La ayuda tendría un efecto incentivo, puesto que en caso contrario, es decir, en ausencia de ayuda, las empresas deberían cerrar. |
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(188)

Tanto Italia como las empresas interesadas han venido sosteniendo que las tarifas están destinadas a paliar las imperfecciones de los mercados de la energía eléctrica que hacen que los precios todavía no sean competitivos. En su opinión, los altos precios de la energía eléctrica representan una amenaza para la competitividad de las industrias electrointensivas. La ayuda tendría un efecto incentivo, puesto que en caso contrario, es decir, en ausencia de ayuda, las empresas deberían cerrar.

| (189) | La Comisión no cree que sea posible aceptar la tesis de que una ayuda de funcionamiento reservada a determinadas empresas industriales sea una respuesta adecuada a la falta de competencia en el mercado local de la energía eléctrica, que afecta a todos los consumidores de electricidad. |
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(189)

La Comisión no cree que sea posible aceptar la tesis de que una ayuda de funcionamiento reservada a determinadas empresas industriales sea una respuesta adecuada a la falta de competencia en el mercado local de la energía eléctrica, que afecta a todos los consumidores de electricidad.

| (190) | Es asimismo discutible la idoneidad y proporcionalidad de la ayuda con respecto al objetivo de impedir la deslocalización de las instalaciones fuera de la Unión. No hay precedentes en la práctica decisoria de la Comisión, ni en la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión, en que este argumento haya sido aceptado como justificación para la concesión de una ayuda estatal. La decisión de deslocalizar total o parcialmente una producción forma parte de la estrategia empresarial de las diferentes empresas y la Comisión jamás ha considerado que esto constituiría una deficiencia del mercado. Ya en el pasado, en los asuntos Terni (72) y Alcoa (73), la Comisión expresó sus dudas sobre argumentos parecidos que vinculaban determinadas medidas de ayuda al objetivo de impedir la deslocalización de la industria fuera de la Unión. |
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(190)

Es asimismo discutible la idoneidad y proporcionalidad de la ayuda con respecto al objetivo de impedir la deslocalización de las instalaciones fuera de la Unión. No hay precedentes en la práctica decisoria de la Comisión, ni en la jurisprudencia de los Tribunales de la Unión, en que este argumento haya sido aceptado como justificación para la concesión de una ayuda estatal. La decisión de deslocalizar total o parcialmente una producción forma parte de la estrategia empresarial de las diferentes empresas y la Comisión jamás ha considerado que esto constituiría una deficiencia del mercado. Ya en el pasado, en los asuntos Terni (72) y Alcoa (73), la Comisión expresó sus dudas sobre argumentos parecidos que vinculaban determinadas medidas de ayuda al objetivo de impedir la deslocalización de la industria fuera de la Unión.

| (191) | Hay que señalar asimismo que las citadas conclusiones de instancias especializadas como el Grupo de alto nivel sobre Competitividad, Energía y Medio ambiente (74) no proponen la concesión de ayudas estatales especiales para solucionar los problemas de competitividad derivados de los elevados precios de la energía eléctrica, sino que defienden la necesidad de una plena observancia de las normas sobre ayudas estatales (75). |
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(191)

Hay que señalar asimismo que las citadas conclusiones de instancias especializadas como el Grupo de alto nivel sobre Competitividad, Energía y Medio ambiente (74) no proponen la concesión de ayudas estatales especiales para solucionar los problemas de competitividad derivados de los elevados precios de la energía eléctrica, sino que defienden la necesidad de una plena observancia de las normas sobre ayudas estatales (75).

| (192) | A la luz de lo dicho, la Comisión cree que las tarifas en cuestión de 2004 y 2005 no pueden beneficiarse de ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 107 del TFUE. Las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE no son aplicables, dado que la ayuda no tiene un carácter social, no está destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y no tiene por objeto compensar las desventajas económicas que resultan de la división de Alemania. Las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 3, letras b) y d), del TFUE también son inaplicables, ya que la medida no pretende fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ni promover la cultura y la conservación del patrimonio. Por lo que se refiere a la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, el análisis ya desarrollado en los considerandos 106 a 187 demuestra que la tarifa no puede aprobarse como para fomentar el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo. En cuanto al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, como ya se indica en los considerandos 155 a 158, las ayudas de funcionamiento no pueden beneficiarse, en principio, de esta excepción, y la Comisión no constata ninguna circunstancia particular que pueda justificar la concesión de una ayuda de ese tipo en el caso que nos ocupa. |
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(192)

A la luz de lo dicho, la Comisión cree que las tarifas en cuestión de 2004 y 2005 no pueden beneficiarse de ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 107 del TFUE. Las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE no son aplicables, dado que la ayuda no tiene un carácter social, no está destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y no tiene por objeto compensar las desventajas económicas que resultan de la división de Alemania. Las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 3, letras b) y d), del TFUE también son inaplicables, ya que la medida no pretende fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, ni promover la cultura y la conservación del patrimonio. Por lo que se refiere a la excepción contemplada en el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, el análisis ya desarrollado en los considerandos 106 a 187 demuestra que la tarifa no puede aprobarse como para fomentar el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo. En cuanto al artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE, como ya se indica en los considerandos 155 a 158, las ayudas de funcionamiento no pueden beneficiarse, en principio, de esta excepción, y la Comisión no constata ninguna circunstancia particular que pueda justificar la concesión de una ayuda de ese tipo en el caso que nos ocupa.

| (193) | La Comisión cree, por consiguiente, que tanto la tarifa de 2004 como la tarifa de 2005 son incompatibles con el mercado interior. |
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(193)

La Comisión cree, por consiguiente, que tanto la tarifa de 2004 como la tarifa de 2005 son incompatibles con el mercado interior.

| (194) | Una vez alcanzada esta conclusión, la Comisión no tiene necesidad de examinar, a la luz de la jurisprudencia Deggendorf, los eventuales efectos acumulativos de la nueva ayuda con las ayudas incompatibles anteriores a que se hace referencia en el considerando 31. |
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(194)

Una vez alcanzada esta conclusión, la Comisión no tiene necesidad de examinar, a la luz de la jurisprudencia Deggendorf, los eventuales efectos acumulativos de la nueva ayuda con las ayudas incompatibles anteriores a que se hace referencia en el considerando 31.

7.   RECUPERACIÓN

| (195) | En el sentido definido en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal que no sea compatible con el mercado interior, deberá restablecerse la efectiva competencia, a menos que la recuperación fuera contraria a un principio general del Derecho comunitario. |
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(195)

En el sentido definido en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal que no sea compatible con el mercado interior, deberá restablecerse la efectiva competencia, a menos que la recuperación fuera contraria a un principio general del Derecho comunitario.

| (196) | En el caso que nos ocupa, solo deben recuperarse las tarifas relativas a 2004 (caso C 38/b/04), ya que a las tarifas de 2005 (caso C 13/06) no han sido aplicadas. |
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(196)

En el caso que nos ocupa, solo deben recuperarse las tarifas relativas a 2004 (caso C 38/b/04), ya que a las tarifas de 2005 (caso C 13/06) no han sido aplicadas.

7.1.   Confianza legítima y otros principios generales del Derecho comunitario que podrían impedir la recuperación

| (197) | Según jurisprudencia reiterada, cuando una ayuda se ha hecho efectiva sin previa notificación a la Comisión en el sentido definido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, el beneficiario de la ayuda no puede albergar una confianza legítima en la regularidad de la concesión de la ayuda (76). Una empresa diligente está normalmente en condiciones de determinar si se ha seguido el procedimiento de notificación y si la ayuda es legítima. |
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(197)

Según jurisprudencia reiterada, cuando una ayuda se ha hecho efectiva sin previa notificación a la Comisión en el sentido definido en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, el beneficiario de la ayuda no puede albergar una confianza legítima en la regularidad de la concesión de la ayuda (76). Una empresa diligente está normalmente en condiciones de determinar si se ha seguido el procedimiento de notificación y si la ayuda es legítima.

| (198) | Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad, para el beneficiario de una ayuda ilegítima, de invocar circunstancias excepcionales en que ha podido fundar su legítima confianza en la naturaleza regular de la ayuda, y de oponerse, por lo tanto, a la recuperación de la misma (77). |
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(198)

Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad, para el beneficiario de una ayuda ilegítima, de invocar circunstancias excepcionales en que ha podido fundar su legítima confianza en la naturaleza regular de la ayuda, y de oponerse, por lo tanto, a la recuperación de la misma (77).

| (199) | Ni los beneficiarios de las tarifas de 2004 han invocado consideraciones de este tipo, ni la Comisión ha identificado circunstancia excepcional alguna que hubiera podido llevar a los beneficiarios a nutrir una legítima confianza. En particular, la existencia de la decisión Alumix, de 1996, no podía dar lugar a ninguna expectativa de que las tarifas no se consideraran ayuda estatal. Como se indica en la decisión de incoar el procedimiento de 2004 (considerando 37), la tarifa que ha servido de modelo para las tarifas de 2004 en cuestión no era el acuerdo Alumix original, del que ya dijo la Comisión en 1996 que no constituía ayuda estatal, sino una medida totalmente nueva que había sido sustancialmente modificada (en particular por lo que se refiere a su mecanismo de financiación) (78) y prorrogada por las autoridades italianas. En tales circunstancias, un beneficiario prudente habría debido asegurarse de la legalidad de la ayuda. |
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(199)

Ni los beneficiarios de las tarifas de 2004 han invocado consideraciones de este tipo, ni la Comisión ha identificado circunstancia excepcional alguna que hubiera podido llevar a los beneficiarios a nutrir una legítima confianza. En particular, la existencia de la decisión Alumix, de 1996, no podía dar lugar a ninguna expectativa de que las tarifas no se consideraran ayuda estatal. Como se indica en la decisión de incoar el procedimiento de 2004 (considerando 37), la tarifa que ha servido de modelo para las tarifas de 2004 en cuestión no era el acuerdo Alumix original, del que ya dijo la Comisión en 1996 que no constituía ayuda estatal, sino una medida totalmente nueva que había sido sustancialmente modificada (en particular por lo que se refiere a su mecanismo de financiación) (78) y prorrogada por las autoridades italianas. En tales circunstancias, un beneficiario prudente habría debido asegurarse de la legalidad de la ayuda.

| (200) | La Comisión cree además que la recuperación no infringe ningún otro principio general del Derecho a la Unión. |
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(200)

La Comisión cree además que la recuperación no infringe ningún otro principio general del Derecho a la Unión.

7.2.   Cuantificación de los importes que deben recuperarse

| (201) | Todos los importes de ayuda incompatible recibidos por Portovesme, ILA y Eurallumina en aplicación del artículo 1 del Decreto de 2004 deben ser recuperados, junto con los intereses aplicables, según lo dispuesto en el Capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (79). |
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(201)

Todos los importes de ayuda incompatible recibidos por Portovesme, ILA y Eurallumina en aplicación del artículo 1 del Decreto de 2004 deben ser recuperados, junto con los intereses aplicables, según lo dispuesto en el Capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento(CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (79).

| (202) | La recuperación tiene por objeto restablecer la situación competitiva en que se encontraban los beneficiarios antes de la concesión de la ayuda incompatible, suprimiendo la indebida ventaja que esta les ha otorgado. En el caso que nos ocupa, esa ventaja corresponde a la diferencia entre la tarifa preferencial y el precio de la energía eléctrica que los beneficiarios habrían pagado en el mercado en ausencia de las tarifas en cuestión. |
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(202)

La recuperación tiene por objeto restablecer la situación competitiva en que se encontraban los beneficiarios antes de la concesión de la ayuda incompatible, suprimiendo la indebida ventaja que esta les ha otorgado. En el caso que nos ocupa, esa ventaja corresponde a la diferencia entre la tarifa preferencial y el precio de la energía eléctrica que los beneficiarios habrían pagado en el mercado en ausencia de las tarifas en cuestión.

| (203) | En el momento en que se introdujeron las tarifas, todas las empresas interesadas adquirían la electricidad mediante contratos bilaterales. El Estado ha intervenido con pagos compensatorios para subvencionar el precio acordado por contrato. Así pues, los importes que deben recuperarse corresponden a los pagos compensatorios recibidos por los beneficiarios en el período indicado (considerando 30). |
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(203)

En el momento en que se introdujeron las tarifas, todas las empresas interesadas adquirían la electricidad mediante contratos bilaterales. El Estado ha intervenido con pagos compensatorios para subvencionar el precio acordado por contrato. Así pues, los importes que deben recuperarse corresponden a los pagos compensatorios recibidos por los beneficiarios en el período indicado (considerando 30).

8.   CONCLUSIÓN

La Comisión cree que tanto las tarifas de 2004 como las tarifas de 2005 constituyen una ayuda de funcionamiento que no puede acogerse a ninguna de las excepciones a la prohibición general de conceder ayudas estatales establecida en el Tratado CE y son, por lo tanto, incompatibles con el mercado interior.

Por lo que se refiere a las tarifas de 2004, ejecutadas ilegalmente contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, deben cancelarse todos los pagos futuros, y recuperarse las ayudas ya abonadas. El importe que debe recuperarse corresponde a la suma de todas las cantidades compensatorias abonadas por la Cassa Conguaglio a Portovesme, ILA y Eurallumina.

No se ejecutarán las tarifas de 2005, debidamente notificadas por Italia de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   La ayuda estatal que Italia tiene previsto conceder sobre la base del artículo 11, apartado 12, del Decreto Ley no 35, de 14 de marzo de 2005, convertido en la Ley no 80/2005, de 14 de mayo de 2005, en favor de Portovesme Srl, Eurallumina Spa, ILA Spa y Syndial SpA es incompatible con el mercado interior.

2.   Por esta razón, la ayuda no podrá concederse.

Artículo 2

La ayuda estatal concedida ilegalmente por Italia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, sobre la base del artículo 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por un importe de 12 845 892,82 EUR en favor de Portovesme Srl, 5 208 152,05 EUR en favor de Eurallumina SA y 291 120,27 EUR en favor de ILA Spa, es incompatible con el mercado interior.

Artículo 3

1.   Italia procederá a la recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 2 abonada a los beneficiarios.

2.   Las sumas que deben recuperarse incluyen los intereses devengados desde la fecha en que se pusieron a disposición del beneficiario hasta la de su efectiva recuperación.

3.   Los intereses se calcularán sobre una base compuesta de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004.

4.   Italia anulará todos los pagos futuros de la ayuda contemplada en el artículo 2 a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.

Artículo 4

1.   La recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 2 será inmediata y efectiva.

2.   Italia ejecutará la presente Decisión en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la misma.

Artículo 5

1.   Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión, Italia transmitirá las siguientes informaciones a la Comisión:

| a) | el importe total (principal e intereses de recuperación) que debe recuperarse del beneficiario; |
| --- | --- |

a)

el importe total (principal e intereses de recuperación) que debe recuperarse del beneficiario;

| b) | una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para conformarse a la presente Decisión; |
| --- | --- |

b)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para conformarse a la presente Decisión;

| c) | los documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda. |
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c)

los documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.

2.   Italia mantendrá informada a la Comisión sobre el estado de avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que se haya recuperado totalmente la ayuda mencionada en el artículo 2. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, información sobre las medidas ya adoptadas o previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 23 de febrero de 2011.

Por la Comisión

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

---

(1)  DO C 30 de 5.2.2005, p. 7, y DO C 145 de 21.6.2006, p. 8.

1

(2)  DO C 30 de 5.2.2005, p. 7.

2

(3)  Decisión 2010/460/CE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2009, relativa a las ayudas estatales C 38/A/04 (ex NN 58/04) y C 36/B/06 (ex NN 38/06) ejecutadas por Italia en favor de Alcoa Trasformazioni (DO L 227 de 28.8.2010, p. 62).

3

(4)  DO C 145 de 21.6.2006, p. 8.

4

(5)  Para las instalaciones situadas en Portoscuso y San Gavino.

5

(6)  La alúmina es una materia prima intermedia obtenida de la bauxita, utilizada para la fusión del aluminio. Gran parte de la producción de Eurallumina abastece las fundiciones de Alcoa que se encuentran en los alrededores.

6

(7)  El mecanismo tarifario se describe en al artículo 73 del «Texto integrado de las disposiciones que regulan la prestación de los servicios de transmisión, distribución, medida y venta de energía eléctrica durante el período de regulación 2004-2007» («Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il período di regolazione 2004-2007»). Es la AEEG la que redacta y actualiza regularmente el Texto integrado.

7

(8)  La Cassa Conguaglio, un ente público instituido en virtud del Decreto Legislativo no 98 de 26 de enero de 1948, opera sobre la base de instituciones procedentes de la AEEG y gestiona en particular los flujos financieros relativos a los regímenes tarifarios preferenciales para la energía eléctrica (recaudación de las contribuciones y pagos a los beneficiarios finales).

8

o

(9)  Los beneficiarios podían asimismo rescindir los contratos de suministro en vigor y dirigirse directamente al Acquirente unico, un ente estatal que reagrupaba la demanda de los consumidores que deseaban recurrir a sus servicios de suministro y adquiría energía eléctrica en su nombre en el mercado mayorista de la electricidad al mejor precio posible. Si un beneficiario de los pagos compensatorios hubiera decidido optar por este régimen, el Estado habría considerado el precio practicado por el Acquirente unico como referencia para el cálculo de los pagos compensatorios. Esta solución permitía reducir al mínimo los costes del régimen para la colectividad, puesto que disuadía a los beneficiarios de formalizar contratos de suministro desfavorables con sus propios proveedores de energía eléctrica (en cuyo caso, los pagos compensatorios habrían sido más elevados). La fórmula era no obstante facultativa: los beneficiarios no estaban obligados a pasar por el Acquirente unico para recibir los pagos compensatorios.

9

(10)  La tarifa eléctrica italiana estándar, que refleja las modalidades de imputación de los costes de la energía eléctrica a los usuarios finales, se subdivide en «componentes tarifarios». Cada componente cubre la financiación de costes específicos. Así por ejemplo, el componente A2 de la tarifa financia los costes de desmantelamiento de las viejas centrales nucleares, mientras que el componente A3 financia las instalaciones de energías renovables. El componente A4 financiaba los regímenes tarifarios preferenciales. Todas las facturas destinadas a los usuarios finales están estructuradas de este modo.

10

(11)  Carta de la AEEG de 17 de diciembre de 2004 enviada al Ministro de Actividades Productivas. Sin embargo, sobre la base de las informaciones disponibles, no parece que el Decreto de 2004 haya sido formalmente derogado por las autoridades italianas.

11

(12)  Aquí por «mercado europeo» debemos entender, con toda probabilidad el «mercado UE/EEE».

12

(13)  Este artículo prorrogó las tarifas Alcoa y Terni hasta 2010.

13

(14)  R.G. no 2317/2005.

14

o

(15)  En particular, del Decreto Legislativo no 79/1999, de transposición de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO L 27 de 30.1.1997, p. 20).

15

o

(16)  Decisiones de la Comisión C/2005/4436/06 de 7 de diciembre de 2005 y C/2007/286/3 de 7 de febrero de 2007.

16

(17)  Decisión de la Comisión C (2004) 4329 de 16 de noviembre de 2004 (DO C 30 de 5.2.2005, p. 7).

17

(18)  DO C 288 de 1.10.1996, p. 4.

18

(19)  DO C 74 de 10.3.1998, p. 9, puntos 4.15 a 4.17, en su versión modificada (DO C 258 de 9.9.2000, p. 5).

19

(20)  DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

20

(21)  En particular, las autoridades italianas precisaron que los precios aplicados a los consumidores electrointensivos se negociaban bilateralmente y, por lo tanto, no eran del dominio público. Explicaron que por esta razón no habían podido citar los precios de la electricidad pagados por los beneficiarios y sus competidores en otras regiones italianas.

21

(22)  DO C 54 de 4.3.2006, p. 13.

22

(23)  Caso C 80/01 (caso alúmina, Decisión 2006/323/CE de la Comisión). El caso se refería a las exenciones de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos utilizados para la producción de alúmina en Cerdeña (Italia), Gardanne (Francia) y Shannon (Irlanda).

23

(24)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, en el asunto C-355/95, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Comisión (Rec. 1997, p. I-02549).

24

(25)  Véase el considerando 9 de la presente Decisión.

25

(26)  El mineral de aluminio, que es la materia prima utilizada para la producción de alúmina.

26

(27)  En el momento de redactarse la presente Decisión, Eurallumina tiene suspendida su producción desde hace más de un año y sus empleados están en paro técnico.

27

(28)  Documento COM(2004) 863 final.

28

(29)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-379/98 Preussen-Elektra (Rec. 2001, p. I-2099).

29

(30)  La fecha para la finalización de estas infraestructuras prevista por Italia era el 2007. En el contexto del caso C 13/2006 y del caso C 36/b/2006, Italia pospuso la fecha prevista al 2010. En el momento de adoptarse la presente Decisión, el gasoducto GALSI todavía no ha sido construido (fecha prevista para la puesta en servicio: 2014) y el cable SAPEI solo está parcialmente operativo.

30

(31)  Primer informe del Grupo de alto nivel titulado «Contributing to an integrated approach on competitiveness, energy and environment policies» (http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg_en.htm). El Grupo de alto nivel es un foro en el que participan representantes de la Comisión y líderes empresariales.

31

(32)  Este elevado nivel de la reserva (80 % de la energía máxima absorbida por la red) se estableció por decreto ministerial de 7 de agosto de 2000.

32

(33)  Este dato se ha obtenido añadiendo al precio preferencial de cerca de 26 EUR/MWh un pago compensatorio de 37 EUR/Mhw.

33

(34)  Véase, por ejemplo, el caso de los horticultores neerlandeses, Decisión 85/215/CEE de la Comisión, de 13 de febrero de 1985, relativa al arancel preferencial del gas natural respecto de los horticultores neerlandeses (DO L 97 de 4.4.1985, p. 49). En este caso, la Comisión consideró las condiciones reales de mercado y aplicó el criterio del operador en una economía de mercado para discernir si unos determinados precios del gas conferían o no una ventaja.

34

(35)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-372/97, Italia/Comisión (Rec. 2004, p. I-03679), apartado 67.

35

(36)  La primera Directiva sobre liberalización, la Directiva 96/92/CE (véase la nota 15) fue transpuesta por Italia mediante el Decreto no 79/1999.

36

o

(37)  Asunto T-332/06, Alcoa Trasformazioni (Rec. 2009, p. II-00029) (en fase de recurso).

37

(38)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-241/94, Francia/Comisión (Rec. 1996, p. I-4551), apartado 34.

38

(39)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto PreussenElektra citada en el considerando 58.

39

(40)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-482/99, Francia/Comisión (Stardust Marine) (Rec. 2002, p. I-4397), apartado 24.

40

(41)  Véase le sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-78/76, Steinike & Weinlig (Rec. 1977, p. 595) y en el asunto C-47/69, Sector textil francés (Rec. 1970, p. 487).

41

(42)  Véase la nota 29.

42

(43)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2004 en el asunto C-345/02, Pearle e altri (Rec. 2004, p. I-7139).

43

(44)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-136/05, Earl Salvat/Comisión (Rec. 2007, p. II-04063), apartados 137-165.

44

(45)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-57/86, Grecia/Comisión (Rec. 1988, p. I-2855), apartado 12; PreussenElektra, ibid.; sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia en el asunto C-126/01, Gemo (Rec. 2003, p. I-13769), apartado 23.

45

(46)  Sentencias Stardust, ibid.; Pearle, ibid.; y Earl Salvat, ibid.

46

, ibid.;

ibid.;

ibid.

(47)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008 en el asunto C-206/06, Essent Netwerk Noord/Aluminium Delfzijl, aún no publicada, apartados 69 y 70.

47

(48)  Decisión de la Comisión C(2004) 4333 de 1 de diciembre de 2004, caso N 490/2000 – Italia-costes no recuperables en el sector de la electricidad.

48

(49)  Sentencia de 11 de febrero de 2009 en el asunto T-25/07, Iride (Rec. 2009, p. II-00245), apartado 39.

49

(50)  Ibidem, apartado 28.

50

Ibidem,

(51)  Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto C-303/88, Italia/Comisión (Rec. 1988, p. I-1433), y el asunto C-47/69, Francia/Comisión (Rec. 1970, p. 4393); véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-351/02, Deutsche Bahn/Comisión (Rec. 2006, p. II-1047).

51

(52)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-102/87, Francia/Comisión (Rec. 1988-, p. I-4067), apartado 19; sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-305/89, Italia/Comisión (Rec. 1991, p. I-1603), apartado 26.

52

(53)  Portovesme es propiedad de la multinacional Glencore. Eurallumina es propiedad de la empresa rusa Rusal.

53

(54)  Véanse, por ejemplo, las decisiones de la Comisión de incoar procedimientos con relación a las tarifas reguladas en Francia (asunto C 17/07, Decisión C/2007/2392 de la Comisión de 13 de junio de 2007, DO C 164 de 18.7.2007, p. 9) y España (asunto C 3/07, Decisión C/2007/123/3 de la Comisión de 24 de enero de 2007, DO C 43 de 27.2.2007, p. 9).

54

(55)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-301/87, Francia/Comisión (Rec. 1990, p. I-307), apartados 32 y 33; sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-214/95, Vlaamse Gewest/Comisión (Rec. 1998, p. II-717), apartado 67 y sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Alzetta/Comisión, ibid., apartado 79.

55

ibid.

(56)  Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto 730/79, Philip Morris/Comisión (Rec.1980, p. 02671), apartado 11, y en los asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide Industries/Ville de Seraing et Province de Liège (Rec. 2006, p. I-5293).

56

(57)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. El artículo 1, letra b), inciso v), segunda frase del Reglamento (CE) no 659/1999 dice: «Cuando determinadas medidas pasen a ser ayudas tras la liberalización de una determinada actividad por la legislación comunitaria, dichas medidas no se considerarán como ayudas existentes tras la fecha fijada para la liberalización».

57

o

(58)  Rec. 1990, p. I-3891; asunto C-301/87, Francia/Comisión (Rec. 1990, p. I-307), apartado 50.

58

(59)  DO C 37 de 3.2.2001, p. 3, y DO C 82 de 1.4.2008, p. 1.

59

(60)  Fuente: Investigación sobre el estado de la liberalización en los sectores europeos del gas y la electricidad, mayo de 2005.

60

Investigación sobre el estado de la liberalización en los sectores europeos del gas y la electricidad

(61)  Cerdeña estaba conectada a la Italia peninsular a través de una interconexión obsoleta de 270 MWh. (SACOI). En 2009 comenzó a ser operativo el primer tramo de un nuevo cable de interconexión (el SAPEI).

61

(62)  Véase la Investigación en el sector de la energía-Comunicación de la Comisión-Investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) no 1/2003 en los sectores europeos del gas y la electricidad (Informe final) SEC(2006) 1724/COM(2006) 851 final.

62

o

(63)  El índice HHI en Cerdeña oscila entre 3 000 y 3 500. En la zona meridional, sin embargo, el HHI es más elevado.

63

(64)  En Cerdeña E.ON puede fijar el precio para el 67 % de las horas, y ENEL para el 29 % de las horas. Si se consideran también las zonas limítrofes, ENEL fija el precio en la macrozona Macrosud-Sardegna para el 63 % de las horas. No obstante, en la región MacroSud ENEL fija el precio para el 100 % de las horas.

64

(65)  Así por ejemplo, en 2007 el precio medio al por mayor italiano (para la electricidad de base en el mercado del día anterior) registrado en el IPEX (la Bolsa de la electricidad italiana) fue de 70,99 EUR/MW/hora, frente a los 37,97 EUR en el EEX (la Bolsa alemana) y los 40,78 EUR en el Powernext (la Bolsa francesa).

65

(66)  Informe de la AEEG para 2008, basado en los datos facilitados por el GME (Gestore del Mercato Elettrico).

66

(67)  Decisión C(2002) 3715 de la Comisión, de 16 de octubre de 2002, Medidas en favor de la reducción de los gastos energéticos de las pequeñas y medianas empresas (DO C 132 de 4.6.2002, p. 6).

67

(68)  En el momento de redactarse el presente documento (diciembre de 2010), el cable SAPEI está parcialmente operativo, mientras que la puesta en funcionamiento del gasoducto GALSI está prevista para el 2014 como pronto.

68

(69)  Es preciso señalar que las variaciones de los precios de mercado no están únicamente vinculadas a las variaciones de los precios de los carburantes. Otros factores podrían determinar la subida de los precios en el mercado: en el caso específico de Cerdeña, entre estos factores cabe citar el poder de mercado de los operadores tradicionales, las disparidades entre la oferta y la demanda o los problemas de interconexión. El método italiano no garantiza que el importe actual de las ayudas disminuirá, ni que permanecerá estable en el futuro.

69

(70)  En particular, aun en el caso de un aumento de los precios medios en la Unión inferior al 4 % anual, la ventaja que representa la tarifa aumentaría en términos absolutos. Así por ejemplo, si el precio preferencial fuese de 30 EUR/MWh y el precio medio de la electricidad en Europa fuese de 60 EUR/MWh (pago compensatorio: 30 EUR), un aumento del 3 % en el precio medio en la Unión (que lo situaría en 61,8 EUR) produciría una tarifa actualizada de 30,9 EUR. El nuevo pago compensatorio por MWh oscilaría entre los 61,8 EUR y los 30,9 EUR = 30,9 EUR, lo que representa un mayor importe de ayuda.

70

(71)  Caso Allumina, Decisión 2006/323/CE de 7 de diciembre de 2005.

71

(72)  Decisión de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 36/A/06 ejecutada por Italia en favor de ThyssenKrupp, Cementir y Nuova Terni Industrie Chimiche, considerandos 144 y 145. Esta Decisión fue asumida por el Tribunal en su sentencia de 10 de julio de 2010 en los asuntos T 53/08, 62/08, 63/08 y 64/08 (en vías de recurso).

72

(73)  Considerando 244 (véase la Decisión citada en la nota 3 más arriba).

73

(74)  Véase la nota 31.

74

(75)  Así por ejemplo, en su tercer Informe de febrero de 2007, el Grupo de alto nivel afirma que «en este contexto, el recurso a incentivos, y en concreto a las subvenciones de finalidad general y a las ayudas estatales, puede estar justificado como instrumento de orientación política. [Tales incentivos] pueden promover un comportamiento social y medioambiental responsable, así como la cohesión social, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural. No obstante, solo deberían utilizarse en caso de fallo manifiesto del mercado, cuando se demuestre que las subvenciones constituyen el instrumento adecuado para alcanzar un objetivo de interés común claramente definido, y siempre que no distorsionen la competencia o perjudiquen al medio ambiente. Está justificado intervenir cuando tales subvenciones amenazan otros objetivos políticos, como la lucha contra el cambio climático, la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, el buen funcionamiento de los mercados de la energía o el acceso a las materias primas, sin alcanzar pese a todo su objetivo inicial.» (http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/doc_07:third_report_27_02_2007.pdf).

75

(76)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-24/95, Alcan Deutschland (Rec. 1997, p. I-1591), apartados 25, 30 y 31, y en los asuntos acumulados C-183/02 P y C-187/02, Demesa e Territorio histórico de Álava/Comisión (Rec. 2004, p. I-10609), apartado 45.

76

(77)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-5/89, Germania/Comisión (Rec. 1990, p. I-3437), apartado 16.

77

(78)  Mientras que la tarifa original Alumix había sido concedida directamente por el proveedor de energía eléctrica ENEL, ente estatal que, en principio, actuaba como un operador de mercado racional al suministrar electricidad al precio Alumix, la tarifa de 2004 ha sido subvencionada por el Estado a través de una exacción parafiscal.

78

(79)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.

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| 24.11.2011 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 309/23 |
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24.11.2011

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 309/23

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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 24 de mayo de 2011

relativa a la ayuda estatal C 88/97 concedida por la República Francesa en favor del banco Crédit Mutuel

[notificada con el número C(2011) 3436]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2011/747/UE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1) y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

| (1) | El 25 de enero de 1991, la Asociación Francesa de Banca (en lo sucesivo, «la AFB»), la Cámara sindical de bancos populares y la entidad bancaria Crédit Agricole presentaron una denuncia en la que alegaban que Francia había concedido ayudas estatales al Crédit Mutuel. |
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(1)

El 25 de enero de 1991, la Asociación Francesa de Banca (en lo sucesivo, «la AFB»), la Cámara sindical de bancos populares y la entidad bancaria Crédit Agricole presentaron una denuncia en la que alegaban que Francia había concedido ayudas estatales al Crédit Mutuel.

| (2) | La Comisión solicitó por primera vez información sobre el Livret bleu por carta de 27 de mayo de 1991. |
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(2)

La Comisión solicitó por primera vez información sobre el Livret bleu por carta de 27 de mayo de 1991.

| (3) | Por carta de 6 de febrero de 1998, la Comisión informó a las autoridades francesas de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 108, apartado 2, del TFUE) en relación con las posibles medidas de ayuda incluidas en el mecanismo de ahorro del Livret bleu (2). |
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(3)

Por carta de 6 de febrero de 1998, la Comisión informó a las autoridades francesas de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 108, apartado 2, del TFUE) en relación con las posibles medidas de ayuda incluidas en el mecanismo de ahorro del Livret bleu (2).

| (4) | El 8 de abril de 1998, las autoridades francesas respondieron a las preguntas formuladas por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento. |
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(4)

El 8 de abril de 1998, las autoridades francesas respondieron a las preguntas formuladas por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento.

| (5) | El 18 de junio de 1998, el Crédit Mutuel remitió a la Comisión una carta en la que se exponían una serie de argumentos destinados a rechazar la calificación de ayuda estatal para las medidas contempladas en la decisión por la que se incoaba el procedimiento, así como un expediente de contabilidad analítica relativo al Livret bleu. Muchas de las partes interesadas enviaron también sus observaciones a la Comisión (véanse las secciones 3 y 4, considerandos 48 a 59), que esta transmitió a las autoridades francesas el 3 de septiembre de 1998. |
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(5)

El 18 de junio de 1998, el Crédit Mutuel remitió a la Comisión una carta en la que se exponían una serie de argumentos destinados a rechazar la calificación de ayuda estatal para las medidas contempladas en la decisión por la que se incoaba el procedimiento, así como un expediente de contabilidad analítica relativo al Livret bleu. Muchas de las partes interesadas enviaron también sus observaciones a la Comisión (véanse las secciones 3 y 4, considerandos 48 a 59), que esta transmitió a las autoridades francesas el 3 de septiembre de 1998.

| (6) | Por cartas de 29 de octubre 1999, 16 de mayo de 2000, 16 de octubre de 2000 y 19 de enero de 2001, los denunciantes remitieron a la Comisión cuatro memorias complementarias que esta transmitió a las autoridades francesas en dos tandas, el 21 de febrero de 2000 y el 3 de noviembre de 2000. |
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(6)

Por cartas de 29 de octubre 1999, 16 de mayo de 2000, 16 de octubre de 2000 y 19 de enero de 2001, los denunciantes remitieron a la Comisión cuatro memorias complementarias que esta transmitió a las autoridades francesas en dos tandas, el 21 de febrero de 2000 y el 3 de noviembre de 2000.

| (7) | El 5 de febrero de 2001, la Comisión transmitió a las autoridades francesas los documentos que había recibido de la AFB. |
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(7)

El 5 de febrero de 2001, la Comisión transmitió a las autoridades francesas los documentos que había recibido de la AFB.

| (8) | De noviembre de 1998 a diciembre de 1999, a petición de la Comisión, un asesor (3) (en lo sucesivo, «el asesor de la Comisión») llevó a cabo una auditoría de la contabilidad analítica del Livret bleu. El informe del asesor de la Comisión se presentó al examen de las autoridades francesas y del Crédit Mutuel el 10 de enero de 2000. El 7 de febrero de 2000 se celebró una reunión técnica de concertación sobre este informe entre los servicios de la Comisión, acompañados de su asesor, las autoridades francesas y el Crédit Mutuel. |
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(8)

De noviembre de 1998 a diciembre de 1999, a petición de la Comisión, un asesor (3) (en lo sucesivo, «el asesor de la Comisión») llevó a cabo una auditoría de la contabilidad analítica del Livret bleu. El informe del asesor de la Comisión se presentó al examen de las autoridades francesas y del Crédit Mutuel el 10 de enero de 2000. El 7 de febrero de 2000 se celebró una reunión técnica de concertación sobre este informe entre los servicios de la Comisión, acompañados de su asesor, las autoridades francesas y el Crédit Mutuel.

| (9) | Por carta de 14 de septiembre de 1999, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades francesas que precisaran las misiones de interés general confiadas al Crédit Mutuel. Los días 21 de febrero de 2000, 3 de noviembre de 2000 y 5 de febrero de 2001, les servicios de la Comisión transmitieron a las autoridades francesas para que formularan observaciones diversos documentos (4) incluidos en el expediente por los denunciantes relativos al posible «efecto llamada» del Livret bleu (véase la subsección 7.2.3, considerandos 110 a 118). Las autoridades francesas presentaron sus observaciones el 1 de febrero de 2001. |
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(9)

Por carta de 14 de septiembre de 1999, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades francesas que precisaran las misiones de interés general confiadas al Crédit Mutuel. Los días 21 de febrero de 2000, 3 de noviembre de 2000 y 5 de febrero de 2001, les servicios de la Comisión transmitieron a las autoridades francesas para que formularan observaciones diversos documentos (4) incluidos en el expediente por los denunciantes relativos al posible «efecto llamada» del Livret bleu (véase la subsección 7.2.3, considerandos 110 a 118). Las autoridades francesas presentaron sus observaciones el 1 de febrero de 2001.

| (10) | El 11 de abril de 2000, la Comisión recibió una denuncia de la Federación bancaria de la Unión Europea (FBE) relativa a las ayudas concedidas por el Estado francés a Crédit Mutuel en forma de derecho exclusivo de distribución del Livret bleu. |
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(10)

El 11 de abril de 2000, la Comisión recibió una denuncia de la Federación bancaria de la Unión Europea (FBE) relativa a las ayudas concedidas por el Estado francés a Crédit Mutuel en forma de derecho exclusivo de distribución del Livret bleu.

| (11) | En mayo de 2000, la Confédération nationale du Crédit Mutuel encargó a la empresa auditora Arthur Andersen que revisara la metodología de los trabajos de contabilidad analítica del Crédit Mutuel y el establecimiento de la cuenta de resultados del Livret bleu. Este trabajo se concluyó en septiembre de 2000 con la entrega de un informe detallado sobre la cuenta de resultados del Livret bleu que estimaba el resultado de la contabilidad analítica de dicha cartilla de ahorro en una pérdida, antes de impuestos, de 498 millones de francos franceses (FRF). Esta estimación tenía en cuenta determinados «correctivos». El 2 de febrero de 2001 se celebró una reunión para debatir sobre este informe entre la Comisión y el Crédit Mutuel. A raíz de las observaciones formuladas por la Comisión, el Crédit Mutuel pidió a Arthur Andersen que transmitiese una nota, con fecha de 8 de febrero de 2001, en la que se justificaba el método aplicado llamado método «de corrección de la sobreponderación de la actividad IARD, [actividad de seguro contra daños (5) del Crédit Mutuel]» que los servicios de la Comisión habían criticado. |
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(11)

En mayo de 2000, la Confédération nationale du Crédit Mutuel encargó a la empresa auditora Arthur Andersen que revisara la metodología de los trabajos de contabilidad analítica del Crédit Mutuel y el establecimiento de la cuenta de resultados del Livret bleu. Este trabajo se concluyó en septiembre de 2000 con la entrega de un informe detallado sobre la cuenta de resultados del Livret bleu que estimaba el resultado de la contabilidad analítica de dicha cartilla de ahorro en una pérdida, antes de impuestos, de 498 millones de francos franceses (FRF). Esta estimación tenía en cuenta determinados «correctivos». El 2 de febrero de 2001 se celebró una reunión para debatir sobre este informe entre la Comisión y el Crédit Mutuel. A raíz de las observaciones formuladas por la Comisión, el Crédit Mutuel pidió a Arthur Andersen que transmitiese una nota, con fecha de 8 de febrero de 2001, en la que se justificaba el método aplicado llamado método «de corrección de la sobreponderación de la actividad IARD, [actividad de seguro contra daños (5) del Crédit Mutuel]» que los servicios de la Comisión habían criticado.

| (12) | En abril de 2001, la Comisión solicitó a su asesor que definiese las divergencias entre su informe y el de Arthur Andersen y determinase las modificaciones de datos o de metodología que cabría introducir en su informe precedente. El asesor de la Comisión presentó un nuevo informe final el 23 de julio de 2001. En él se estimaba el resultado de la contabilidad analítica del Livret bleu en un beneficio acumulado no capitalizado de 1,074 millones FRF (163,7 millones EUR). Este informe se envió ese mismo día a las autoridades francesas. En una reunión celebrada el 26 de julio de 2001 entre la Comisión, las autoridades francesas, el Crédit Mutuel y Arthur Andersen, el Crédit Mutuel y Arthur Andersen comunicaron su desacuerdo con las conclusiones finales del auditor de la Comisión. Arthur Andersen mantuvo sus conclusiones en un documento de 13 de septiembre de 2001 transmitido junto con una nota de las autoridades francesas del 15 de septiembre de 2001. Las autoridades francesas enviaron a la Comisión una nueva nota de análisis jurídico del Livret bleu a la luz del Derecho comunitario de competencia el 26 de octubre 2001, y una nota de 7 de enero de 2002 relativa a los costes de la misión de servicio público que recuerda, sin añadir nuevos elementos, las evaluaciones de costes presentadas por el Crédit Mutuel. |
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(12)

En abril de 2001, la Comisión solicitó a su asesor que definiese las divergencias entre su informe y el de Arthur Andersen y determinase las modificaciones de datos o de metodología que cabría introducir en su informe precedente. El asesor de la Comisión presentó un nuevo informe final el 23 de julio de 2001. En él se estimaba el resultado de la contabilidad analítica del Livret bleu en un beneficio acumulado no capitalizado de 1,074 millones FRF (163,7 millones EUR). Este informe se envió ese mismo día a las autoridades francesas. En una reunión celebrada el 26 de julio de 2001 entre la Comisión, las autoridades francesas, el Crédit Mutuel y Arthur Andersen, el Crédit Mutuel y Arthur Andersen comunicaron su desacuerdo con las conclusiones finales del auditor de la Comisión. Arthur Andersen mantuvo sus conclusiones en un documento de 13 de septiembre de 2001 transmitido junto con una nota de las autoridades francesas del 15 de septiembre de 2001. Las autoridades francesas enviaron a la Comisión una nueva nota de análisis jurídico del Livret bleu a la luz del Derecho comunitario de competencia el 26 de octubre 2001, y una nota de 7 de enero de 2002 relativa a los costes de la misión de servicio público que recuerda, sin añadir nuevos elementos, las evaluaciones de costes presentadas por el Crédit Mutuel.

| (13) | La nota enviada el 26 de octubre de 2001 por las autoridades francesas a la Comisión explicaba porque, en su opinión: i) el régimen del Livret bleu no constituía una ayuda, ii) en el supuesto de que la Comisión mantuviera la calificación de ayuda, solo podría tratarse de una ayuda existente, y iii) se trataría en cualquier caso de una ayuda compatible. |
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(13)

La nota enviada el 26 de octubre de 2001 por las autoridades francesas a la Comisión explicaba porque, en su opinión: i) el régimen del Livret bleu no constituía una ayuda, ii) en el supuesto de que la Comisión mantuviera la calificación de ayuda, solo podría tratarse de una ayuda existente, y iii) se trataría en cualquier caso de una ayuda compatible.

| (14) | Por Decisión de 15 de enero de 2002 (6) (en lo sucesivo, «la Decisión anulada»), la Comisión declaró incompatible con el mercado interior la ayuda estatal concedida por la República Francesa a favor del Crédit Mutuel. |
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(14)

Por Decisión de 15 de enero de 2002 (6) (en lo sucesivo, «la Decisión anulada»), la Comisión declaró incompatible con el mercado interior la ayuda estatal concedida por la República Francesa a favor del Crédit Mutuel.

| (15) | La Decisión de 15 de enero de 2002 fue anulada por una sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2005 (7). |
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(15)

La Decisión de 15 de enero de 2002 fue anulada por una sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2005 (7).

| (16) | La Comisión no recurrió la sentencia del Tribunal. De conformidad con el artículo 266, apartado 1, del TFUE, la Comisión está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esa sentencia. En el ámbito de las ayudas estatales, ello significa que, a raíz de la anulación de la decisión, el procedimiento vuelve a la fase de investigación formal. |
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(16)

La Comisión no recurrió la sentencia del Tribunal. De conformidad con el artículo 266, apartado 1, del TFUE, la Comisión está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de esa sentencia. En el ámbito de las ayudas estatales, ello significa que, a raíz de la anulación de la decisión, el procedimiento vuelve a la fase de investigación formal.

| (17) | Mediante Decisión de 7 de junio de 2006 (8) (en lo sucesivo, «la Decisión de ampliación»), la Comisión amplió el procedimiento formal de investigación y aclaró el objeto de su evaluación de una posible ayuda. |
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(17)

Mediante Decisión de 7 de junio de 2006 (8) (en lo sucesivo, «la Decisión de ampliación»), la Comisión amplió el procedimiento formal de investigación y aclaró el objeto de su evaluación de una posible ayuda.

| (18) | Francia comunicó a la Comisión sus observaciones sobre la Decisión de ampliación por cartas de 1 de septiembre de 2006 y 7 de septiembre de 2006. |
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(18)

Francia comunicó a la Comisión sus observaciones sobre la Decisión de ampliación por cartas de 1 de septiembre de 2006 y 7 de septiembre de 2006.

| (19) | El 19 de septiembre de 2006, la Comisión Europea recibió una denuncia de la «Asociación de Víctimas del Crédit Mutuel». |
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(19)

El 19 de septiembre de 2006, la Comisión Europea recibió una denuncia de la «Asociación de Víctimas del Crédit Mutuel».

| (20) | La Comisión recibió las observaciones del Crédit Mutuel por carta de 13 de octubre de 2006. |
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(20)

La Comisión recibió las observaciones del Crédit Mutuel por carta de 13 de octubre de 2006.

| (21) | La Comisión transmitió las observaciones del Crédit Mutuel a las autoridades francesas por carta de 31 de octubre de 2006. |
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(21)

La Comisión transmitió las observaciones del Crédit Mutuel a las autoridades francesas por carta de 31 de octubre de 2006.

| (22) | Como consecuencia de dos peticiones de información complementaria de la Comisión, de 22 de septiembre de 2006 y de 28 de noviembre de 2006, Francia a presentó observaciones complementarias por cartas de 8 de noviembre de 2006 y 28 de febrero de 2007. |
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(22)

Como consecuencia de dos peticiones de información complementaria de la Comisión, de 22 de septiembre de 2006 y de 28 de noviembre de 2006, Francia a presentó observaciones complementarias por cartas de 8 de noviembre de 2006 y 28 de febrero de 2007.

| (23) | La Comisión se reunió con las autoridades francesas el 19 de diciembre de 2006 y con el Crédit Mutuel el 15 de enero de 2007. |
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(23)

La Comisión se reunió con las autoridades francesas el 19 de diciembre de 2006 y con el Crédit Mutuel el 15 de enero de 2007.

| (24) | El 10 de mayo de 2007, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 86, apartado 3, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 106, apartado 3, del TFUE) en relación con los artículos 43 y 49 del Tratado CE (en la actualidad, artículos 49 y 56 del TFUE), en virtud de la cual, Francia debía poner fin a los derechos especiales (9) del Crédit Mutuel, de las cajas de ahorro y de la Banque Populaire sobre la distribución del Livret bleu (en el caso de Crédit Mutuel) y del Livret A (en el caso de las cajas de ahorro y de La Poste) (10). |
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(24)

El 10 de mayo de 2007, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 86, apartado 3, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 106, apartado 3, del TFUE) en relación con los artículos 43 y 49 del Tratado CE (en la actualidad, artículos 49 y 56 del TFUE), en virtud de la cual, Francia debía poner fin a los derechos especiales (9) del Crédit Mutuel, de las cajas de ahorro y de la Banque Populaire sobre la distribución del Livret bleu (en el caso de Crédit Mutuel) y del Livret A (en el caso de las cajas de ahorro y de La Poste) (10).

| (25) | Dado que Francia no puso fin a los derechos especiales de distribución del Livret A y del Livret bleu en el plazo de nueve meses estipulado por la Decisión de 10 de mayo de 2007, la Comisión incoó el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE (en la actualidad, artículo 258 del TFUE) enviándole, el 5 de junio de 2008, una carta de emplazamiento por incumplimiento de la Decisión. |
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(25)

Dado que Francia no puso fin a los derechos especiales de distribución del Livret A y del Livret bleu en el plazo de nueve meses estipulado por la Decisión de 10 de mayo de 2007, la Comisión incoó el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE (en la actualidad, artículo 258 del TFUE) enviándole, el 5 de junio de 2008, una carta de emplazamiento por incumplimiento de la Decisión.

| (26) | El 19 de septiembre de 2009, la Comisión envió una solicitud de información complementaria a Francia, a la que esta respondió el 13 de octubre de 2009. |
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(26)

El 19 de septiembre de 2009, la Comisión envió una solicitud de información complementaria a Francia, a la que esta respondió el 13 de octubre de 2009.

| (27) | El 8 de octubre de 2009, la Comisión dio por concluido el procedimiento de infracción, dado que Francia, al adoptar la reforma de 1 de enero de 2009 por la que se liberalizaba la distribución de los Livrets A y bleu (11) había cumplido su obligación de suprimir los derechos especiales de distribución de dichas libretas (12). |
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(27)

El 8 de octubre de 2009, la Comisión dio por concluido el procedimiento de infracción, dado que Francia, al adoptar la reforma de 1 de enero de 2009 por la que se liberalizaba la distribución de los Livrets A y bleu (11) había cumplido su obligación de suprimir los derechos especiales de distribución de dichas libretas (12).

| (28) | A lo largo del año 2010, la Comisión formuló varias preguntas al Crédit Mutuel por medio de correos electrónicos, a los que el banco respondió, asimismo por correos electrónicos. |
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(28)

A lo largo del año 2010, la Comisión formuló varias preguntas al Crédit Mutuel por medio de correos electrónicos, a los que el banco respondió, asimismo por correos electrónicos.

| (29) | La presente Decisión cierra, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13), el procedimiento relativo a las eventuales medidas de ayuda contenidas en el mecanismo del Livret bleu. |
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(29)

La presente Decisión cierra, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13), el procedimiento relativo a las eventuales medidas de ayuda contenidas en el mecanismo del Livret bleu.

2.   DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DEL LIVRET BLEU

2.1.   El Crédit Mutuel

| (30) | El Crédit Mutuel es un grupo bancario y asegurador descentralizado formado por una red nacional de cajas con estatuto de sociedades cooperativas de capital variable. El Crédit Mutuel se rige por la Ley de 10 de septiembre de 1947 que estableció los principios de la cooperación. La entidad se organiza en tres niveles: local, regional y nacional. |
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(30)

El Crédit Mutuel es un grupo bancario y asegurador descentralizado formado por una red nacional de cajas con estatuto de sociedades cooperativas de capital variable. El Crédit Mutuel se rige por la Ley de 10 de septiembre de 1947 que estableció los principios de la cooperación. La entidad se organiza en tres niveles: local, regional y nacional.

| (31) | El grupo Crédit Mutuel, bajo sus dos marcas [Crédit Mutuel y Crédit Industriel et Commercial (en lo sucesivo, «el CIC»)], cuentan con más de 6 000 establecimientos y una plantilla de más de 72 000 empleados. Las cajas locales del Crédit Mutuel están federadas en 18 federaciones regionales que, a su vez, se integran en la Confédération nationale du Crédit Mutuel, órgano central de la red. El CIC agrupa a 6 bancos regionales y a diversas filiales especializadas, tanto en Francia como en el extranjero. |
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(31)

El grupo Crédit Mutuel, bajo sus dos marcas [Crédit Mutuel y Crédit Industriel et Commercial (en lo sucesivo, «el CIC»)], cuentan con más de 6 000 establecimientos y una plantilla de más de 72 000 empleados. Las cajas locales del Crédit Mutuel están federadas en 18 federaciones regionales que, a su vez, se integran en la Confédération nationale du Crédit Mutuel, órgano central de la red. El CIC agrupa a 6 bancos regionales y a diversas filiales especializadas, tanto en Francia como en el extranjero.

| (32) | Además, el Crédit Mutuel es un grupo que cuenta con una dirección única que desarrolla una política global. El Crédit Mutuel aplica el principio de solidaridad financiera interna dentro de la confederación, lo que garantiza la liquidez de las federaciones regionales. El grupo presenta las características de una empresa única desde el punto de vista del Derecho de competencia al tener un centro único centralizado de toma de decisiones. |
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(32)

Además, el Crédit Mutuel es un grupo que cuenta con una dirección única que desarrolla una política global. El Crédit Mutuel aplica el principio de solidaridad financiera interna dentro de la confederación, lo que garantiza la liquidez de las federaciones regionales. El grupo presenta las características de una empresa única desde el punto de vista del Derecho de competencia al tener un centro único centralizado de toma de decisiones.

2.2.   El Livret bleu

| (33) | El Livret bleu era un producto de ahorro regulado por el Estado, distribuido exclusivamente por el Crédit Mutuel. |
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(33)

El Livret bleu era un producto de ahorro regulado por el Estado, distribuido exclusivamente por el Crédit Mutuel.

| (34) | Este producto disfrutaba de una exención fiscal parcial en virtud de la Ley de presupuestos rectificativa de 1975 (14). Los intereses pagados a los ahorradores por las sumas depositadas disfrutaban de una exención fiscal de dos tercios. El Estado fijaba el tipo de remuneración bruto del Livret bleu para los ahorradores, de manera tal que, una vez descontado el impuesto (15), el tipo neto fuera idéntico al del Livret A, totalmente exento. |
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(34)

Este producto disfrutaba de una exención fiscal parcial en virtud de la Ley de presupuestos rectificativa de 1975 (14). Los intereses pagados a los ahorradores por las sumas depositadas disfrutaban de una exención fiscal de dos tercios. El Estado fijaba el tipo de remuneración bruto del Livret bleu para los ahorradores, de manera tal que, una vez descontado el impuesto (15), el tipo neto fuera idéntico al del Livret A, totalmente exento.

| (35) | El Estado fijaba el tipo de remuneración del Livret bleu a un nivel superior al de la inflación, ajustado al mercado monetario. El último tipo de remuneración neto del Livret bleu, antes de que se suprimiera este producto de ahorro con la reforma de 1 de enero de 2009 (véase el considerando 41), era del 4 % (16). El importe máximo que los ahorradores podían depositar en su Livret bleu era de 15 300 EUR. El saldo vivo del Livret bleu pasó de 13 000 millones EUR (85 000 millones FRF) en 1991 a 22 000 millones EUR en 2008. |
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(35)

El Estado fijaba el tipo de remuneración del Livret bleu a un nivel superior al de la inflación, ajustado al mercado monetario. El último tipo de remuneración neto del Livret bleu, antes de que se suprimiera este producto de ahorro con la reforma de 1 de enero de 2009 (véase el considerando 41), era del 4 % (16). El importe máximo que los ahorradores podían depositar en su Livret bleu era de 15 300 EUR. El saldo vivo del Livret bleu pasó de 13 000 millones EUR (85 000 millones FRF) en 1991 a 22 000 millones EUR en 2008.

| (36) | Las características del Livret bleu —puesta a disposición inmediata de los fondos, depósitos autorizados a partir de 15 EUR, ausencia de comisiones (en particular de apertura), etc.— generaban una gran liquidez. Además el Livret bleu permitía establecer órdenes permanentes de pago en favor del Tesoro público o de empresas públicas como EDF o France Télécom. Así pues, el Livret bleu, producto de ahorro destinado a los particulares, se asemejaba, en determinados aspectos, a una cuenta corriente. |
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(36)

Las características del Livret bleu —puesta a disposición inmediata de los fondos, depósitos autorizados a partir de 15 EUR, ausencia de comisiones (en particular de apertura), etc.— generaban una gran liquidez. Además el Livret bleu permitía establecer órdenes permanentes de pago en favor del Tesoro público o de empresas públicas como EDF o France Télécom. Así pues, el Livret bleu, producto de ahorro destinado a los particulares, se asemejaba, en determinados aspectos, a una cuenta corriente.

| (37) | Las obligaciones ligadas al empleo de los recursos captados por medio del Livret bleu evolucionaron con el paso del tiempo. |
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(37)

Las obligaciones ligadas al empleo de los recursos captados por medio del Livret bleu evolucionaron con el paso del tiempo.

| (38) | En un primer momento, el Crédit Mutuel tenía que asignar el 50 % de los recursos (porcentaje que se elevó en 1983 (17) al 65 % de los recursos y al 80 % de los depósitos nuevos) a aplicaciones de «interés general» (en especial, la financiación de entes públicos locales y otros organismos públicos), quedando el saldo restante a la libre disposición del banco (en lo sucesivo, «las aplicaciones libres»). |
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(38)

En un primer momento, el Crédit Mutuel tenía que asignar el 50 % de los recursos (porcentaje que se elevó en 1983 (17) al 65 % de los recursos y al 80 % de los depósitos nuevos) a aplicaciones de «interés general» (en especial, la financiación de entes públicos locales y otros organismos públicos), quedando el saldo restante a la libre disposición del banco (en lo sucesivo, «las aplicaciones libres»).

| (39) | Este sistema fue reformado drásticamente por un Decreto de 27 de septiembre de 1991 (18), que lo equiparó al del Livret A. En efecto, desde la entrada en vigor de ese Decreto, la totalidad de los depósitos nuevos (19) se centralizó en la Caisse des Dépôts et Consignation (en lo sucesivo, «la CDC») que, a cambio, pagaba al Crédit Mutuel una comisión de intermediación. Esta comisión, fijada inicialmente en un 1,3 % del saldo del Livret bleu asignado en cuenta en la CDC, pasó a ser de un 1,2 % el 1 de enero de 2005, y a un 1,1 % el 1 de noviembre de 2005. La CDC utiliza los recursos captados por el Crédit Mutuel principalmente para financiar la vivienda de protección oficial. |
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(39)

Este sistema fue reformado drásticamente por un Decreto de 27 de septiembre de 1991 (18), que lo equiparó al del Livret A. En efecto, desde la entrada en vigor de ese Decreto, la totalidad de los depósitos nuevos (19) se centralizó en la Caisse des Dépôts et Consignation (en lo sucesivo, «la CDC») que, a cambio, pagaba al Crédit Mutuel una comisión de intermediación. Esta comisión, fijada inicialmente en un 1,3 % del saldo del Livret bleu asignado en cuenta en la CDC, pasó a ser de un 1,2 % el 1 de enero de 2005, y a un 1,1 % el 1 de noviembre de 2005. La CDC utiliza los recursos captados por el Crédit Mutuel principalmente para financiar la vivienda de protección oficial.

| (40) | Además, esa profunda reforma del sistema se tradujo en una reasignación progresiva del saldo existente (20). Desde el Decreto de 27 de septiembre de 1991 hasta el final del primer semestre de 1999, la parte de las «aplicaciones de interés general» y de las «aplicaciones libres» existentes fue disminuyendo hasta que la práctica totalidad del saldo se asignó en cuenta en la CDC.














  En miles de millones FRF y en % | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
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| Saldos medios anuales | 85,5 | 83 | 80,2 | 83,4 | 88,7 | 91,5 | 92,7 | 98,1 | 98,7 |
| Saldos centralizados en la CDC | 1 % | 7 % | 12 % | 24 % | 39 % | 46 % | 51 % | 69 % | 100 % |
| Aplicaciones de interés general | 67 % | 54 % | 46 % | 35 % | 27 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Aplicaciones libres | 32 % | 39 % | 42 % | 41 % | 35 % | 34 % | 34 % | 21 % | 0 % |
| Fuente: Littlejohn Fraser. |

(40)

Además, esa profunda reforma del sistema se tradujo en una reasignación progresiva del saldo existente (20). Desde el Decreto de 27 de septiembre de 1991 hasta el final del primer semestre de 1999, la parte de las «aplicaciones de interés general» y de las «aplicaciones libres» existentes fue disminuyendo hasta que la práctica totalidad del saldo se asignó en cuenta en la CDC.

En miles de millones FRF y en %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Saldos medios anuales

85,5

83

80,2

83,4

88,7

91,5

92,7

98,1

98,7

Saldos centralizados en la CDC

1 %

7 %

12 %

24 %

39 %

46 %

51 %

69 %

100 %

Aplicaciones de interés general

67 %

54 %

46 %

35 %

27 %

20 %

15 %

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Aplicaciones libres

32 %

39 %

42 %

41 %

35 %

34 %

34 %

21 %

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Fuente: Littlejohn Fraser.

| (41) | El 1 de enero de 2009 entró en vigor una reforma de los Livrets A y bleu en virtud de la cual todos los bancos podían distribuir el Livret A y se ponía fin a la distinción entre ambas libretas de ahorro. Desde el 1 de enero de 2009, el Livret bleu del Crédit Mutuel no es sino un Livret A comercializado bajo otro nombre. El Livret bleu, y por consiguiente el derecho exclusivo de distribución del Crédit Mutuel desaparecieron ese día. |
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(41)

El 1 de enero de 2009 entró en vigor una reforma de los Livrets A y bleu en virtud de la cual todos los bancos podían distribuir el Livret A y se ponía fin a la distinción entre ambas libretas de ahorro. Desde el 1 de enero de 2009, el Livret bleu del Crédit Mutuel no es sino un Livret A comercializado bajo otro nombre. El Livret bleu, y por consiguiente el derecho exclusivo de distribución del Crédit Mutuel desaparecieron ese día.

2.3.   Descripción de los motivos por los que se decidió incoar/ampliar el procedimiento

| (42) | Tal como se expuso en la Decisión de ampliación (21), la Comisión consideró posible que Francia hubiera concedido una ayuda al Crédit Mutuel por medio de la comisión de intermediación. |
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(42)

Tal como se expuso en la Decisión de ampliación (21), la Comisión consideró posible que Francia hubiera concedido una ayuda al Crédit Mutuel por medio de la comisión de intermediación.

| (43) | De acuerdo con la jurisprudencia Altmark del Tribunal de Justicia, las compensaciones por servicio público no constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107 del TFUE si cumplen determinadas condiciones mencionadas en la sentencia Altmark de 24 de julio de 2003 (22). |
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(43)

De acuerdo con la jurisprudencia Altmark del Tribunal de Justicia, las compensaciones por servicio público no constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107 del TFUE si cumplen determinadas condiciones mencionadas en la sentencia Altmark de 24 de julio de 2003 (22).

| (44) | La Comisión estimó en su Decisión de ampliación que cabía la posibilidad de que no se cumpliera la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark, en la medida en que el Estado no había atribuido la misión de servicio público de captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial en alquiler al mejor postor, a través de un procedimiento de contratación pública, sino directamente mediante negociación con el Crédit Mutuel, lo que en principio no garantizaba en modo alguno que la remuneración establecida en favor del Crédit Mutuel no fuera superior a la que hubiera pedido una empresa bien gestionada. La Comisión consideró, asimismo, que las autoridades francesas no habían demostrado que el nivel de la compensación se hubiera determinado tomando como referencia los costes de una empresa de mediano tamaño bien gestionada del sector bancario. En efecto, el hecho de que las autoridades francesas subrayen que el Crédit Mutuel es una empresa bien gestionada no basta para afirmar que el nivel de la compensación se estableció sobre la base de un análisis de los costes que soportaría una empresa bien gestionada en el sentido de la jurisprudencia Altmark. |
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(44)

La Comisión estimó en su Decisión de ampliación que cabía la posibilidad de que no se cumpliera la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark, en la medida en que el Estado no había atribuido la misión de servicio público de captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial en alquiler al mejor postor, a través de un procedimiento de contratación pública, sino directamente mediante negociación con el Crédit Mutuel, lo que en principio no garantizaba en modo alguno que la remuneración establecida en favor del Crédit Mutuel no fuera superior a la que hubiera pedido una empresa bien gestionada. La Comisión consideró, asimismo, que las autoridades francesas no habían demostrado que el nivel de la compensación se hubiera determinado tomando como referencia los costes de una empresa de mediano tamaño bien gestionada del sector bancario. En efecto, el hecho de que las autoridades francesas subrayen que el Crédit Mutuel es una empresa bien gestionada no basta para afirmar que el nivel de la compensación se estableció sobre la base de un análisis de los costes que soportaría una empresa bien gestionada en el sentido de la jurisprudencia Altmark.

| (45) | Según la Comisión, la comisión de intermediación era un recurso estatal que podía suponer una ventaja selectiva capaz de falsear la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros, que no le había sido notificada. La comisión de intermediación podía, en consecuencia, contener elementos de ayuda ilegal. |
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(45)

Según la Comisión, la comisión de intermediación era un recurso estatal que podía suponer una ventaja selectiva capaz de falsear la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros, que no le había sido notificada. La comisión de intermediación podía, en consecuencia, contener elementos de ayuda ilegal.

| (46) | En su Decisión de ampliación, la Comisión consideró que cabía la posibilidad de que esta medida no fuera compatible con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 106, apartado 2, del TFUE) y que ninguna de las exenciones mencionadas el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE) parecía aplicable. |
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(46)

En su Decisión de ampliación, la Comisión consideró que cabía la posibilidad de que esta medida no fuera compatible con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 106, apartado 2, del TFUE) y que ninguna de las exenciones mencionadas el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE) parecía aplicable.

| (47) | Ateniéndose a los cálculos de su asesor, la Comisión consideró posible que el importe de la compensación superara la cantidad necesaria para cubrir los costes ocasionados por la ejecución de la obligación de servicio público (la captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial en alquiler), teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de esta obligación. Dado que había recordado que el importe de la compensación debía incluir todas las ventajas concedidas por el Estado o mediante fondos estatales, independientemente de su forma, la Comisión tuvo en cuenta para calcular la compensación no solo el coste neto de la captación de los depósitos centralizados en la CDC, sino también el resultado (coste o beneficio) neto de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres. El informe del asesor de la Comisión puso de manifiesto el pago de una compensación excesiva al Crédit Mutuel en los años 1991, 1992, 1993 y 1998. |
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(47)

Ateniéndose a los cálculos de su asesor, la Comisión consideró posible que el importe de la compensación superara la cantidad necesaria para cubrir los costes ocasionados por la ejecución de la obligación de servicio público (la captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial en alquiler), teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de esta obligación. Dado que había recordado que el importe de la compensación debía incluir todas las ventajas concedidas por el Estado o mediante fondos estatales, independientemente de su forma, la Comisión tuvo en cuenta para calcular la compensación no solo el coste neto de la captación de los depósitos centralizados en la CDC, sino también el resultado (coste o beneficio) neto de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres. El informe del asesor de la Comisión puso de manifiesto el pago de una compensación excesiva al Crédit Mutuel en los años 1991, 1992, 1993 y 1998.

3.   ARGUMENTOS DE LOS DENUNCIANTES

| (48) | La Comisión presentó los argumentos esgrimidos por los denunciantes en su Decisión de 6 de febrero de 1998 por la que se incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 108, apartado 2, del TFUE). Los escritos de ampliación transmitidos posteriormente presentan los argumentos nuevos que se exponen a continuación. |
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(48)

La Comisión presentó los argumentos esgrimidos por los denunciantes en su Decisión de 6 de febrero de 1998 por la que se incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en la actualidad, artículo 108, apartado 2, del TFUE). Los escritos de ampliación transmitidos posteriormente presentan los argumentos nuevos que se exponen a continuación.

| (49) | Una nota de la AFB sobre el efecto llamada del Livret bleu (actualizada a finales de febrero de 1999 y remitida a la Comisión en octubre de 1999) evalúa el producto neto bancario generado por ese efecto llamada en 17 000 millones FRF (2 600 millones EUR), suponiendo que el incremento experimentado por las cuotas de mercado del Crédit Mutuel en todos los segmentos durante el período 1986-1997 se deba exclusivamente a la distribución del Livret bleu. |
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(49)

Una nota de la AFB sobre el efecto llamada del Livret bleu (actualizada a finales de febrero de 1999 y remitida a la Comisión en octubre de 1999) evalúa el producto neto bancario generado por ese efecto llamada en 17 000 millones FRF (2 600 millones EUR), suponiendo que el incremento experimentado por las cuotas de mercado del Crédit Mutuel en todos los segmentos durante el período 1986-1997 se deba exclusivamente a la distribución del Livret bleu.

| (50) | Un estudio realizado por la Caisse Nationale du Crédit Agricole, remitido en mayo de 2000, analiza la evolución del número de sucursales del Crédit Mutuel. De acuerdo con ese estudio, el número total de sucursales permanentes disminuyó de 1991 a 1994, para luego ir aumentando progresivamente hasta recuperar en 1998 el nivel de 1990. La evolución fue diferente según las regiones: el número de sucursales permanentes, posteriormente no permanentes, disminuyó en las regiones de fuerte implantación histórica del Crédit Mutuel (Loira, Bretaña, Alsacia), mientras que se incrementó en las demás regiones. Por consiguiente, parece probable que el Crédit Mutuel redujese su implantación en las zonas rurales para reforzarla en las zonas urbanas. Estos datos parecen contradecir las alegaciones del Crédit Mutuel según las cuales tuvo que mantener una fuerte implantación en las zonas rurales durante los años noventa. También tienden a demostrar que el Crédit Mutuel estaba en condiciones de mantener una red excepcionalmente densa incluso después de que desapareciera cualquier control de las autoridades públicas. |
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(50)

Un estudio realizado por la Caisse Nationale du Crédit Agricole, remitido en mayo de 2000, analiza la evolución del número de sucursales del Crédit Mutuel. De acuerdo con ese estudio, el número total de sucursales permanentes disminuyó de 1991 a 1994, para luego ir aumentando progresivamente hasta recuperar en 1998 el nivel de 1990. La evolución fue diferente según las regiones: el número de sucursales permanentes, posteriormente no permanentes, disminuyó en las regiones de fuerte implantación histórica del Crédit Mutuel (Loira, Bretaña, Alsacia), mientras que se incrementó en las demás regiones. Por consiguiente, parece probable que el Crédit Mutuel redujese su implantación en las zonas rurales para reforzarla en las zonas urbanas. Estos datos parecen contradecir las alegaciones del Crédit Mutuel según las cuales tuvo que mantener una fuerte implantación en las zonas rurales durante los años noventa. También tienden a demostrar que el Crédit Mutuel estaba en condiciones de mantener una red excepcionalmente densa incluso después de que desapareciera cualquier control de las autoridades públicas.

| (51) | El 4 de junio de 1998, la AFB envió a la Comisión una carta en la que afirmaba que la remuneración del 1,3 % del saldo de los fondos del Livret bleu centralizados en la CDC era excesiva a la vista de que las cajas de ahorro y Correos percibían en esa misma época de la CDC un 1,20 % y un 1,50 %, respectivamente, de los fondos del Livret A, asimismo centralizados en la CDC. La AFB también indicaba en dicho correo que en 1997 había propuesto a las autoridades francesas encargarse de la captación de depósitos del Livret bleu a cambio de una remuneración de solo un 1 %, pero que el Gobierno no había respondido a esa oferta. La AFB hacía especial hincapié en que el informe de abril de 1998 del diputado R. Douyère sobre la modernización de las cajas de ahorro señalaba que los costes de captación para una caja de mediano tamaño, como la de Borgoña, era del 0,96 % de sus ingresos y que no había motivo para que los costes de gestión del Crédit Mutuel fueran más elevados. |
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(51)

El 4 de junio de 1998, la AFB envió a la Comisión una carta en la que afirmaba que la remuneración del 1,3 % del saldo de los fondos del Livret bleu centralizados en la CDC era excesiva a la vista de que las cajas de ahorro y Correos percibían en esa misma época de la CDC un 1,20 % y un 1,50 %, respectivamente, de los fondos del Livret A, asimismo centralizados en la CDC. La AFB también indicaba en dicho correo que en 1997 había propuesto a las autoridades francesas encargarse de la captación de depósitos del Livret bleu a cambio de una remuneración de solo un 1 %, pero que el Gobierno no había respondido a esa oferta. La AFB hacía especial hincapié en que el informe de abril de 1998 del diputado R. Douyère sobre la modernización de las cajas de ahorro señalaba que los costes de captación para una caja de mediano tamaño, como la de Borgoña, era del 0,96 % de sus ingresos y que no había motivo para que los costes de gestión del Crédit Mutuel fueran más elevados.

| (52) | Una memoria de la empresa Glais de agosto de 2000 aporta elementos estadísticos sobre la ventaja competitiva concedida al Crédit Mutuel por el derecho de distribución exclusivo del Livret bleu. El examen de las series cronológicas demuestra que el saldo de los depósitos en las cartillas Livret bleu así como el saldo de los demás depósitos registraron un fuerte crecimiento hasta el cambio de orientación de los años 1985-1987. El crecimiento de los préstamos a particulares continuó después de esa fecha y siguió siendo mayor en el caso del Crédit Mutuel que en el de sus principales competidores. El experto de la empresa Glais deduce de ello que «el efecto Livret bleu parece pues haberse producido por atracción de clientela y desde mediados de la década de los ochenta, el efecto positivo parece haberse perpetuado sin aumento de los depósitos. Por consiguiente, a partir de este período parece ser la clientela inicialmente fidelizada quien alimentó la estrategia expansionista del Crédit Mutuel». Sobre la base, principalmente, de un indicador que refleja la persistencia de los choques económicos aleatorios sobre las variables de actividad y la modelización de una ecuación simple de demanda de crédito, el experto de Glais llegó a la conclusión de que la actividad del Crédit Mutuel (esencialmente de crédito) parecía haberse desconectado de la evolución media del mercado bancario, fenómeno que se explicaría, en su opinión, por el hecho de que la clientela del Crédit Mutuel estaba más fidelizada, por ejemplo por medio del Livret bleu, que la de las otras redes bancarias. |
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(52)

Una memoria de la empresa Glais de agosto de 2000 aporta elementos estadísticos sobre la ventaja competitiva concedida al Crédit Mutuel por el derecho de distribución exclusivo del Livret bleu. El examen de las series cronológicas demuestra que el saldo de los depósitos en las cartillas Livret bleu así como el saldo de los demás depósitos registraron un fuerte crecimiento hasta el cambio de orientación de los años 1985-1987. El crecimiento de los préstamos a particulares continuó después de esa fecha y siguió siendo mayor en el caso del Crédit Mutuel que en el de sus principales competidores. El experto de la empresa Glais deduce de ello que «el efecto Livret bleu parece pues haberse producido por atracción de clientela y desde mediados de la década de los ochenta, el efecto positivo parece haberse perpetuado sin aumento de los depósitos. Por consiguiente, a partir de este período parece ser la clientela inicialmente fidelizada quien alimentó la estrategia expansionista del Crédit Mutuel». Sobre la base, principalmente, de un indicador que refleja la persistencia de los choques económicos aleatorios sobre las variables de actividad y la modelización de una ecuación simple de demanda de crédito, el experto de Glais llegó a la conclusión de que la actividad del Crédit Mutuel (esencialmente de crédito) parecía haberse desconectado de la evolución media del mercado bancario, fenómeno que se explicaría, en su opinión, por el hecho de que la clientela del Crédit Mutuel estaba más fidelizada, por ejemplo por medio del Livret bleu, que la de las otras redes bancarias.

| (53) | En una segunda memoria (diciembre de 2000), la empresa Glais propuso un nuevo análisis econométrico del grado de cautividad de la clientela de cada red bancaria. Sus resultados corroboran, según el experto, la hipótesis de que el Crédit Mutuel y las cajas de ahorro disponen de medios que les permiten retener a su clientela mucho mejor que las otras redes. Pero es imposible determinar si la causa de esta mayor «fidelización» de la clientela es la distribución de una cartilla de ahorro exenta de impuestos o la utilización de una nutrida red de sucursales en regiones diferentes (dos instrumentos de que disponen ambas redes). |
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(53)

En una segunda memoria (diciembre de 2000), la empresa Glais propuso un nuevo análisis econométrico del grado de cautividad de la clientela de cada red bancaria. Sus resultados corroboran, según el experto, la hipótesis de que el Crédit Mutuel y las cajas de ahorro disponen de medios que les permiten retener a su clientela mucho mejor que las otras redes. Pero es imposible determinar si la causa de esta mayor «fidelización» de la clientela es la distribución de una cartilla de ahorro exenta de impuestos o la utilización de una nutrida red de sucursales en regiones diferentes (dos instrumentos de que disponen ambas redes).

| (54) | Al margen del presente procedimiento, la Comisión recibió una memoria complementaria presentada por los demandantes, según la cual, la compra por el Crédit Mutuel, en abril de 1997, del Crédit Industriel et Commercial (CIC), con ocasión de la privatización de esta última entidad bancaria, anteriormente propiedad del grupo público de seguros GAN, había sido posible gracias a las ayudas concedidas al Crédit Mutuel a través del Livret bleu, que le permitieron aumentar su cuota en el mercado de depósitos del 2 % en 1969 al 6,9 %, aproximadamente, en 1997. Según los demandantes, los fondos propios de la empresa registraron un crecimiento rápido gracias a las ayudas en cuestión, pasando de 650 millones FRF (99 millones EUR) en 1974 a 47 300 millones FRF (7 200 millones EUR) en 1997. |
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(54)

Al margen del presente procedimiento, la Comisión recibió una memoria complementaria presentada por los demandantes, según la cual, la compra por el Crédit Mutuel, en abril de 1997, del Crédit Industriel et Commercial (CIC), con ocasión de la privatización de esta última entidad bancaria, anteriormente propiedad del grupo público de seguros GAN, había sido posible gracias a las ayudas concedidas al Crédit Mutuel a través del Livret bleu, que le permitieron aumentar su cuota en el mercado de depósitos del 2 % en 1969 al 6,9 %, aproximadamente, en 1997. Según los demandantes, los fondos propios de la empresa registraron un crecimiento rápido gracias a las ayudas en cuestión, pasando de 650 millones FRF (99 millones EUR) en 1974 a 47 300 millones FRF (7 200 millones EUR) en 1997.

| (55) | Por último, la denuncia de la Asociación de perjudicados del Crédit Mutuel (Association des Victimes du Crédit Mutuel), de 19 de septiembre de 2006, se refiere simplemente a un «desvío del ahorro público con fines privados y mercantiles [...] en detrimento de los ahorradores y de la economía francesa», sin esgrimir verdaderos argumentos ni aportar elementos de prueba en relación con la concesión de una posible ayuda estatal ilegal. |
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(55)

Por último, la denuncia de la Asociación de perjudicados del Crédit Mutuel (Association des Victimes du Crédit Mutuel), de 19 de septiembre de 2006, se refiere simplemente a un «desvío del ahorro público con fines privados y mercantiles [...] en detrimento de los ahorradores y de la economía francesa», sin esgrimir verdaderos argumentos ni aportar elementos de prueba en relación con la concesión de una posible ayuda estatal ilegal.

4.   OBSERVACIONES DE TERCEROS INTERESADOS

| (56) | A raíz de la publicación de la decisión de incoar el procedimiento de 6 de febrero de 1998, la Comisión recibió observaciones de numerosos terceros interesados. |
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(56)

A raíz de la publicación de la decisión de incoar el procedimiento de 6 de febrero de 1998, la Comisión recibió observaciones de numerosos terceros interesados.

| (57) | Algunos competidores del Crédit Mutuel señalaron el perjuicio que consideraban haber sufrido por la concesión al Crédit Mutuel del derecho exclusivo de distribución del Livret bleu. La mayoría de estos bancos alegan la existencia de un efecto llamada del Livret bleu que les habría hecho perder clientes en beneficio del Crédit Mutuel y desean la supresión de ese derecho exclusivo. Observaciones en ese sentido fueron transmitidas a la Comisión por las entidades siguientes: | Banque Dupuy de Parseval, |
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(57)

Algunos competidores del Crédit Mutuel señalaron el perjuicio que consideraban haber sufrido por la concesión al Crédit Mutuel del derecho exclusivo de distribución del Livret bleu. La mayoría de estos bancos alegan la existencia de un efecto llamada del Livret bleu que les habría hecho perder clientes en beneficio del Crédit Mutuel y desean la supresión de ese derecho exclusivo. Observaciones en ese sentido fueron transmitidas a la Comisión por las entidades siguientes:

Banque Dupuy de Parseval,

| | Banque Natexis, |
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Banque Natexis,

| | Banque de Picardie, |
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Banque de Picardie,

| | Banque Populaire de Bourgogne, |
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Banque Populaire de Bourgogne,

| | Banque Populaire Bretagne Atlantique, |
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Banque Populaire Bretagne Atlantique,

| | Banque Populaire du Centre, |
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Banque Populaire du Centre,

| | Banque Populaire Centre-Atlantique, |
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Banque Populaire Centre-Atlantique,

| | Banque Populaire de Champagne, |
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Banque Populaire de Champagne,

| | Banque Populaire de la Côte d’Azur, |
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Banque Populaire de la Côte d’Azur,

| | Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, |
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Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud,

| | Banque Populaire de Franche-Comté,du Maconnais et de l’Ain, |
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Banque Populaire de Franche-Comté,du Maconnais et de l’Ain,

| | Banque Populaire du Haut-Rhin, |
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Banque Populaire du Haut-Rhin,

| | Banque Populaire de La Loire, |
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Banque Populaire de La Loire,

| | Banque Populaire de Lorraine, |
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Banque Populaire de Lorraine,

| | Banque Populaire de Lyon, |
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Banque Populaire de Lyon,

| | Banque Populaire du Midi, |
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Banque Populaire du Midi,

| | Banque Populaire du Massif Central, |
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Banque Populaire du Massif Central,

| | Banque Populaire de l’Ouest, |
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Banque Populaire de l’Ouest,

| | Banque Populaire Provençale et Corse, |
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Banque Populaire Provençale et Corse,

| | Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l’Aude et de l’Ariège, |
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Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l’Aude et de l’Ariège,

| | Banque Populaire du Quercy et de l’Agenais, |
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Banque Populaire du Quercy et de l’Agenais,

| | Banque Populaire Savoisienne, |
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Banque Populaire Savoisienne,

| | Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, |
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Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg,

| | Banque Populaire du Sud-Ouest, |
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Banque Populaire du Sud-Ouest,

| | Banque Populaire du Tarn et de l’Aveyron, |
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Banque Populaire du Tarn et de l’Aveyron,

| | B.P.ROP Banque Populaire, |
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B.P.ROP Banque Populaire,

| | Banque de Savoie, |
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Banque de Savoie,

| | Crédit Commercial de France, |
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Crédit Commercial de France,

| | Crédit CommercialdelSud-Ouest, |
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Crédit CommercialdelSud-Ouest,

| | Crédit Lyonnais, |
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Crédit Lyonnais,

| | Société Générale, |
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Société Générale,

| | Union des Banques à Paris. |
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Union des Banques à Paris.

| (58) | Por otra parte, además de las observaciones en defensa del Crédit Mutuel que se presentan en la sección 4, la Comisión recibió observaciones en favor del mecanismo de la cuenta de ahorro Livret bleu de los terceros siguientes: | Sr. Bertholet, Diputado de la Drôme, |
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(58)

Por otra parte, además de las observaciones en defensa del Crédit Mutuel que se presentan en la sección 4, la Comisión recibió observaciones en favor del mecanismo de la cuenta de ahorro Livret bleu de los terceros siguientes:

Sr. Bertholet, Diputado de la Drôme,

| | Sr. Blondel, miembro del Conseil Général del Departamento Nord, |
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Sr. Blondel, miembro del Conseil Général del Departamento Nord,

| | Sr. Cabot, Director del Centre régional Information Jeunesse (Centro Regional de Información de la Juventud) de Toulouse, |
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Sr. Cabot, Director del Centre régional Information Jeunesse (Centro Regional de Información de la Juventud) de Toulouse,

| | Sr. Cormorèche, Alcalde de Montuel, |
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Sr. Cormorèche, Alcalde de Montuel,

| | Sr. Cornelis, miembro del Conseil Général del Departamento Nord, |
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Sr. Cornelis, miembro del Conseil Général del Departamento Nord,

| | Sr. Chavannes, Alcalde de Angulema, |
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Sr. Chavannes, Alcalde de Angulema,

| | Sr. Crépeau, Diputado por Charente-Maritime, |
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Sr. Crépeau, Diputado por Charente-Maritime,

| | Sr. Debavelaere, Senador por Pas-de-Calais, |
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Sr. Debavelaere, Senador por Pas-de-Calais,

| | Sr. Decool, Alcalde de Brouckerque, |
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Sr. Decool, Alcalde de Brouckerque,

| | Sr. Delevoye, Senador por Pas-de-Calais, |
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Sr. Delevoye, Senador por Pas-de-Calais,

| | Sr. Delnatte, Diputado por la Región Nord, |
| --- | --- |

Sr. Delnatte, Diputado por la Región Nord,

| | Sr. Dolez, Diputado por la Región Nord, |
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Sr. Dolez, Diputado por la Región Nord,

| | Sr. Ewald, Delegado regional de la Association pour le droit à l’initiative économique (Asociación para el Derecho a la Iniciativa Económica), |
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Sr. Ewald, Delegado regional de la Association pour le droit à l’initiative économique (Asociación para el Derecho a la Iniciativa Económica),

| | Sr. Fronton, Union départementale des associations familiales (Unión departamental de Asociaciones familiares) de Haute-Garonne, |
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Sr. Fronton, Union départementale des associations familiales (Unión departamental de Asociaciones familiares) de Haute-Garonne,

| | Sr. Foy, Senador por la Región Nord, |
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Sr. Foy, Senador por la Región Nord,

| | Sr. Galiègue, Presidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Solesmes, |
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Sr. Galiègue, Presidente de la Caisse de Crédit Mutuel de Solesmes,

| | Sra. Gournay, Alcalde de Caestre, |
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Sra. Gournay, Alcalde de Caestre,

| | Sra. Armelle Guinebertière, Diputada del Parlamento Europeo, |
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Sra. Armelle Guinebertière, Diputada del Parlamento Europeo,

| | Sr. Hervé, Alcalde de Rennes, |
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Sr. Hervé, Alcalde de Rennes,

| | Sr. Humez, Presidente del Comité Departamental de Lucha contra la Mucoviscidosis de Pas-de-Calais, |
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Sr. Humez, Presidente del Comité Departamental de Lucha contra la Mucoviscidosis de Pas-de-Calais,

| | Sra. Ingelaere, Presidenta de Flandr’action, |
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Sra. Ingelaere, Presidenta de Flandr’action,

| | Sr. Juppé, Diputado y Alcalde de Burdeos, |
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Sr. Juppé, Diputado y Alcalde de Burdeos,

| | Sr. Lapalu, Presidente de la association Animation et gestion d’organismes privés (Asociación de animación y administración de organismos privados), |
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Sr. Lapalu, Presidente de la association Animation et gestion d’organismes privés (Asociación de animación y administración de organismos privados),

| | Sr. Lazaro, Diputado por la Región Nord, |
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Sr. Lazaro, Diputado por la Región Nord,

| | Sr. Lebreton, Presidente del Conseil Général des Côtes d’Armor, |
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Sr. Lebreton, Presidente del Conseil Général des Côtes d’Armor,

| | Sr. Ledieu, Alcalde de Cateau-Cambrésis, |
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Sr. Ledieu, Alcalde de Cateau-Cambrésis,

| | Sr. Leleu, Administrador del Crédit Mutuel Nord, |
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Sr. Leleu, Administrador del Crédit Mutuel Nord,

| | Sr. Maille, Presidente de la comunidad urbana de Brest, |
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Sr. Maille, Presidente de la comunidad urbana de Brest,

| | Sr. Masclet, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais, |
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Sr. Masclet, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais,

| | Sr. Méhaignerie, Presidente del Conseil Général d’Ille-et-Villaine, |
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Sr. Méhaignerie, Presidente del Conseil Général d’Ille-et-Villaine,

| | Sr. millones, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais, |
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Sr. millones, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais,

| | Sra. Novak, Presidenta de la Association pour le droit à l’initiative économique (Asociación para el Derecho a la Iniciativa Económica), |
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Sra. Novak, Presidenta de la Association pour le droit à l’initiative économique (Asociación para el Derecho a la Iniciativa Económica),

| | Sra. Permuy, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais, |
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Sra. Permuy, miembro del Conseil Régional de la Región Nord-Pas-de-Calais,

| | Sr. Albert Rivaux, miembro del Conseil Général de Pas-de-Calais, |
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Sr. Albert Rivaux, miembro del Conseil Général de Pas-de-Calais,

| | Sr. de Rohan, Presidente del Conseil Régional de Bretaña, |
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Sr. de Rohan, Presidente del Conseil Régional de Bretaña,

| | Sr. Valla, miembro del Conseil Général de Ardèche, |
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Sr. Valla, miembro del Conseil Général de Ardèche,

| | Sr. Vanlerenberghe, Alcalde de Arras, |
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Sr. Vanlerenberghe, Alcalde de Arras,

| | Sr. Villain, Alcalde de Cambrai, |
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Sr. Villain, Alcalde de Cambrai,

| | Sr. de Villiers, Diputado de la Región de Vendée. |
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Sr. de Villiers, Diputado de la Región de Vendée.

| (59) | Una gran mayoría de los terceros destacan el papel desempeñado, especialmente a escala regional, por el Crédit Mutuel en la financiación de la economía social y, en particular, de las asociaciones sin ánimo de lucro. Destacan, asimismo, la labor del Crédit Mutuel entre las clases populares, de las que procede una parte considerable de su clientela. Varios ediles destacaron el papel del Crédit Mutuel en la creación de empresas y de empleo y en el desarrollo de las iniciativas locales, en colaboración con los entes públicos locales. Otros consideran que el Crédit Mutuel, por sus estructuras descentralizadas, responde mejor que los establecimientos centralizados a las necesidades locales y a un desarrollo equilibrado del territorio. |
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(59)

Una gran mayoría de los terceros destacan el papel desempeñado, especialmente a escala regional, por el Crédit Mutuel en la financiación de la economía social y, en particular, de las asociaciones sin ánimo de lucro. Destacan, asimismo, la labor del Crédit Mutuel entre las clases populares, de las que procede una parte considerable de su clientela. Varios ediles destacaron el papel del Crédit Mutuel en la creación de empresas y de empleo y en el desarrollo de las iniciativas locales, en colaboración con los entes públicos locales. Otros consideran que el Crédit Mutuel, por sus estructuras descentralizadas, responde mejor que los establecimientos centralizados a las necesidades locales y a un desarrollo equilibrado del territorio.

5.   OBSERVACIONES DEL CRÉDIT MUTUEL

| (60) | El Crédit Mutuel reprocha a la Comisión la duración, especialmente larga, de la gestión del expediente. |
| --- | --- |

(60)

El Crédit Mutuel reprocha a la Comisión la duración, especialmente larga, de la gestión del expediente.

| (61) | Además, según el Crédit Mutuel, la sentencia del Tribunal no se limitaba a constatar una falta de motivación, sino que formulaba críticas sobre el razonamiento de la Comisión que no se habrían tenido en cuenta en la Decisión de ampliación, en especial en lo tocante al cálculo de la posible compensación excesiva. Sobre este particular, el Crédit Mutuel reprocha a la Comisión haber sumado los saldos anuales positivos y no haber deducido los saldos de los años negativos, contrariamente a lo preconizado por el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (en lo sucesivo, «el Marco comunitario de 2005») (23). |
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(61)

Además, según el Crédit Mutuel, la sentencia del Tribunal no se limitaba a constatar una falta de motivación, sino que formulaba críticas sobre el razonamiento de la Comisión que no se habrían tenido en cuenta en la Decisión de ampliación, en especial en lo tocante al cálculo de la posible compensación excesiva. Sobre este particular, el Crédit Mutuel reprocha a la Comisión haber sumado los saldos anuales positivos y no haber deducido los saldos de los años negativos, contrariamente a lo preconizado por el Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (en lo sucesivo, «el Marco comunitario de 2005») (23).

| (62) | En opinión del banco, la comisión de intermediación cumple los cuatro criterios de la jurisprudencia Altmark:






  a) | por lo que atañe a la primera condición, al Crédit Mutuel se le habrían encomendado dos servicios de interés económico general consistentes, respectivamente, en mantener un número importante de sucursales en zonas rurales en razón de objetivos de ordenación territorial y en captar depósitos destinados a la financiación de la vivienda de protección oficial. En cuanto al mantenimiento de sucursales en zonas rurales, el Crédit Mutuel refuta la conclusión de la Comisión según la cual los textos legales y reglamentarios franceses son excesivamente vagos como para encomendar al Crédit Mutuel tal misión y, por tanto, para que se cumpla la primera condición de la jurisprudencia Altmark. Según el Crédit Mutuel, la Comisión habría llegado a esta conclusión por el hecho de que esos textos no imponen unas obligaciones específicas al Crédit Mutuel al aplicarse a todo el sector bancario. El Crédit Mutuel considera asimismo que la Comisión intenta imponerle la carga de probar que se cumple la primera condición de la jurisprudencia Altmark, lo que no prevería la citada jurisprudencia; |
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(62)

En opinión del banco, la comisión de intermediación cumple los cuatro criterios de la jurisprudencia Altmark:

a)

por lo que atañe a la primera condición, al Crédit Mutuel se le habrían encomendado dos servicios de interés económico general consistentes, respectivamente, en mantener un número importante de sucursales en zonas rurales en razón de objetivos de ordenación territorial y en captar depósitos destinados a la financiación de la vivienda de protección oficial. En cuanto al mantenimiento de sucursales en zonas rurales, el Crédit Mutuel refuta la conclusión de la Comisión según la cual los textos legales y reglamentarios franceses son excesivamente vagos como para encomendar al Crédit Mutuel tal misión y, por tanto, para que se cumpla la primera condición de la jurisprudencia Altmark. Según el Crédit Mutuel, la Comisión habría llegado a esta conclusión por el hecho de que esos textos no imponen unas obligaciones específicas al Crédit Mutuel al aplicarse a todo el sector bancario. El Crédit Mutuel considera asimismo que la Comisión intenta imponerle la carga de probar que se cumple la primera condición de la jurisprudencia Altmark, lo que no prevería la citada jurisprudencia;

| b) | por lo que se refiere a la segunda condición, el Crédit Mutuel subraya que la comisión de intermediación se estableció simultáneamente a la obligación de centralizar los fondos en la CDC, así como que el método de cálculo de esa comisión se fijó de manera objetiva y transparente; |
| --- | --- |

b)

por lo que se refiere a la segunda condición, el Crédit Mutuel subraya que la comisión de intermediación se estableció simultáneamente a la obligación de centralizar los fondos en la CDC, así como que el método de cálculo de esa comisión se fijó de manera objetiva y transparente;

| c) | en cuanto a la tercera condición, el banco estima que la remuneración no bastaba para cubrir los costes de captación, ya que la actividad relacionada con las aplicaciones centralizadas en la CDC presenta un saldo negativo para el conjunto del período 1991-2005; |
| --- | --- |

c)

en cuanto a la tercera condición, el banco estima que la remuneración no bastaba para cubrir los costes de captación, ya que la actividad relacionada con las aplicaciones centralizadas en la CDC presenta un saldo negativo para el conjunto del período 1991-2005;

| d) | el Crédit Mutuel considera que la cuarta condición también se cumple. El importe de la comisión de intermediación se habría determinado en función de los costes reales sufragados por el Crédit Mutuel por la distribución del Livret bleu. El Crédit Mutuel sería una empresa bien gestionada en el sentido de la jurisprudencia Altmark puesto que sus costes de gestión estarían entre los más bajos. La Comisión así lo habría reconocido en su Decisión de ampliación (24). El Crédit Mutuel también considera que la Comisión no ha explicado suficientemente las razones por las que piensa que esta condición no se cumple. |
| --- | --- |

d)

el Crédit Mutuel considera que la cuarta condición también se cumple. El importe de la comisión de intermediación se habría determinado en función de los costes reales sufragados por el Crédit Mutuel por la distribución del Livret bleu. El Crédit Mutuel sería una empresa bien gestionada en el sentido de la jurisprudencia Altmark puesto que sus costes de gestión estarían entre los más bajos. La Comisión así lo habría reconocido en su Decisión de ampliación (24). El Crédit Mutuel también considera que la Comisión no ha explicado suficientemente las razones por las que piensa que esta condición no se cumple.

| (63) | En cualquier caso, el Crédit Mutuel cree que la medida es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 106, apartado 2, del TFUE. El Crédit Mutuel critica en especial el método de cálculo de la compensación excesiva al que se hace referencia en la Decisión de ampliación. En su opinión, la Comisión habría, en primer lugar, cometido errores de cálculo al evaluar el resultado global de la cuenta de resultados del Livret bleu al asumir las conclusiones equivocadas de su asesor, a pesar de los puntos de desacuerdo no resueltos entre el asesor de la Comisión y el del Crédit Mutuel (25). |
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(63)

En cualquier caso, el Crédit Mutuel cree que la medida es compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 106, apartado 2, del TFUE. El Crédit Mutuel critica en especial el método de cálculo de la compensación excesiva al que se hace referencia en la Decisión de ampliación. En su opinión, la Comisión habría, en primer lugar, cometido errores de cálculo al evaluar el resultado global de la cuenta de resultados del Livret bleu al asumir las conclusiones equivocadas de su asesor, a pesar de los puntos de desacuerdo no resueltos entre el asesor de la Comisión y el del Crédit Mutuel (25).

| (64) | El Crédit Mutuel contesta a continuación el enfoque anual utilizado por la Comisión (es decir, tener en cuenta únicamente los importes de los años de compensación excesiva y no hacer lo mismo con los importes de los años de infracompensación), lo que chocaría con algunos precedentes, con la Decisión anulada y, en su opinión, con el Marco comunitario de 2005 (26). La Comisión debería utilizar un enfoque global (es decir, deducir del importe total de los años de compensación excesiva el importe de los años de infracompensación) que cubriera todo el período 1991-1998, por un lado, y todo el período iniciado en 1999, por otro. |
| --- | --- |

(64)

El Crédit Mutuel contesta a continuación el enfoque anual utilizado por la Comisión (es decir, tener en cuenta únicamente los importes de los años de compensación excesiva y no hacer lo mismo con los importes de los años de infracompensación), lo que chocaría con algunos precedentes, con la Decisión anulada y, en su opinión, con el Marco comunitario de 2005 (26). La Comisión debería utilizar un enfoque global (es decir, deducir del importe total de los años de compensación excesiva el importe de los años de infracompensación) que cubriera todo el período 1991-1998, por un lado, y todo el período iniciado en 1999, por otro.

| (65) | Por añadidura, en su Decisión de ampliación, la Comisión no tuvo correctamente en cuenta el beneficio razonable, ya que para evaluarlo se basó en los costes de los fondos propios reglamentarios, estimados en un 6 %, cuando esos costes suponen un cargo en la contabilidad analítica y no un margen. La Comisión debería haber tomado en consideración el rendimiento de los fondos propios recomendado por Arthur Andersen (27). Además, de esa manera, la Comisión utilizó para el cálculo del beneficio razonable una base evanescente que carece de valor a partir de la centralización de todos los saldos en la CDC, ya que esos saldos no tienen coste alguno en términos de fondos propios reglamentario. El Crédit Mutuel subraya que el indicador utilizado por la Comisión equivale a privarle de cualquier margen de beneficio normal en el Livret bleu. En su opinión, todo banco, incluso tratándose de una aplicación centralizada sin coste alguno para los fondos propios en el sentido reglamentario estricto del coeficiente de solvencia, debe poder obtener un margen de beneficio normal. |
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(65)

Por añadidura, en su Decisión de ampliación, la Comisión no tuvo correctamente en cuenta el beneficio razonable, ya que para evaluarlo se basó en los costes de los fondos propios reglamentarios, estimados en un 6 %, cuando esos costes suponen un cargo en la contabilidad analítica y no un margen. La Comisión debería haber tomado en consideración el rendimiento de los fondos propios recomendado por Arthur Andersen (27). Además, de esa manera, la Comisión utilizó para el cálculo del beneficio razonable una base evanescente que carece de valor a partir de la centralización de todos los saldos en la CDC, ya que esos saldos no tienen coste alguno en términos de fondos propios reglamentario. El Crédit Mutuel subraya que el indicador utilizado por la Comisión equivale a privarle de cualquier margen de beneficio normal en el Livret bleu. En su opinión, todo banco, incluso tratándose de una aplicación centralizada sin coste alguno para los fondos propios en el sentido reglamentario estricto del coeficiente de solvencia, debe poder obtener un margen de beneficio normal.

| (66) | La Comisión tampoco ha tenido correctamente en cuenta los costes generados por la otra misión de interés general que el Crédit Mutuel estima realizar, a saber mantener sucursales en zonas rurales, con el fin de incitar el ahorro popular en todo el territorio, permitiendo que el mayor número posible de personas tenga acceso a una entidad bancaria. |
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(66)

La Comisión tampoco ha tenido correctamente en cuenta los costes generados por la otra misión de interés general que el Crédit Mutuel estima realizar, a saber mantener sucursales en zonas rurales, con el fin de incitar el ahorro popular en todo el territorio, permitiendo que el mayor número posible de personas tenga acceso a una entidad bancaria.

| (67) | Por último, el Crédit Mutuel rebate la existencia de un hipotético efecto llamada. Sobre este particular, recuerda que la Comisión reconoció en la Decisión anulada, que no se había podido demostrar oficialmente ese efecto y considera que desde entonces no se tienen elementos nuevos que apunten en esa dirección. |
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(67)

Por último, el Crédit Mutuel rebate la existencia de un hipotético efecto llamada. Sobre este particular, recuerda que la Comisión reconoció en la Decisión anulada, que no se había podido demostrar oficialmente ese efecto y considera que desde entonces no se tienen elementos nuevos que apunten en esa dirección.

| (68) | En lo que respecta al procedimiento, el Crédit Mutuel invoca varios principios generales del Derecho comunitario para rechazar cualquier devolución de una posible ayuda, en particular el principio de confianza legítima y el de la observancia de un plazo razonable. |
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(68)

En lo que respecta al procedimiento, el Crédit Mutuel invoca varios principios generales del Derecho comunitario para rechazar cualquier devolución de una posible ayuda, en particular el principio de confianza legítima y el de la observancia de un plazo razonable.

6.   OBSERVACIONES DE FRANCIA

| (69) | Francia considera que se cumplen las condiciones de la jurisprudencia Altmark:






  a) | por lo que se refiere a la primera condición, subraya que la Comisión ha reconocido que el Crédit Mutuel tenía encomendada una misión de servicio de interés económico general consistente en la captación de depósitos para la financiación de la vivienda de protección oficial. Francia recuerda que la Comisión señaló en su Decisión de ampliación que el mantenimiento de sucursales en zonas rurales por motivos de ordenación territorial también podía considerarse un servicio de interés económico general (28), pero no responde a los argumentos esgrimidos por la Comisión en su Decisión de ampliación, según los cuales la primera condición de la jurisprudencia Altmark no se cumple porque no existe una legislación o una normativa nacional que imponga de manera suficientemente clara una misión en el sentido del artículo 106, apartado 2, del TFUE (29); |
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(69)

Francia considera que se cumplen las condiciones de la jurisprudencia Altmark:

a)

por lo que se refiere a la primera condición, subraya que la Comisión ha reconocido que el Crédit Mutuel tenía encomendada una misión de servicio de interés económico general consistente en la captación de depósitos para la financiación de la vivienda de protección oficial. Francia recuerda que la Comisión señaló en su Decisión de ampliación que el mantenimiento de sucursales en zonas rurales por motivos de ordenación territorial también podía considerarse un servicio de interés económico general (28), pero no responde a los argumentos esgrimidos por la Comisión en su Decisión de ampliación, según los cuales la primera condición de la jurisprudencia Altmark no se cumple porque no existe una legislación o una normativa nacional que imponga de manera suficientemente clara una misión en el sentido del artículo 106, apartado 2, del TFUE (29);

| b) | en lo que atañe a la segunda condición, Francia considera que los parámetros de compensación se habían establecido previamente de manera objetiva y transparente; |
| --- | --- |

b)

en lo que atañe a la segunda condición, Francia considera que los parámetros de compensación se habían establecido previamente de manera objetiva y transparente;

| c) | en cuanto a la tercera condición, Francia afirma que el importe de la compensación (la comisión de intermediación) no superaba lo necesario para cubrir los costes del sistema, y se remite, a tal efecto, a la cuenta de resultados analítica del Livret bleu del Crédit Mutuel de los años 1999 a 2005; |
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c)

en cuanto a la tercera condición, Francia afirma que el importe de la compensación (la comisión de intermediación) no superaba lo necesario para cubrir los costes del sistema, y se remite, a tal efecto, a la cuenta de resultados analítica del Livret bleu del Crédit Mutuel de los años 1999 a 2005;

| d) | la cuarta condición también se cumpliría a juicio de Francia, puesto que la gestión del Crédit Mutuel respondería a los criterios de eficacia exigidos (30). |
| --- | --- |

d)

la cuarta condición también se cumpliría a juicio de Francia, puesto que la gestión del Crédit Mutuel respondería a los criterios de eficacia exigidos (30).

| (70) | Por lo que se refiere a las condiciones relativas a la existencia de una ayuda, Francia se remite a los argumentos esgrimidos antes de la anulación de la Decisión de 2002:






  a) | la condición relativa a los recursos estatales no se cumple porque los beneficios obtenidos por el Crédit Mutuel de los saldos no centralizados en la CDC (aplicaciones libres y aplicaciones de interés general) procedían de recursos privados (los depósitos de los ahorradores) y no se encontraban a disposición de las autoridades públicas; |
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(70)

Por lo que se refiere a las condiciones relativas a la existencia de una ayuda, Francia se remite a los argumentos esgrimidos antes de la anulación de la Decisión de 2002:

a)

la condición relativa a los recursos estatales no se cumple porque los beneficios obtenidos por el Crédit Mutuel de los saldos no centralizados en la CDC (aplicaciones libres y aplicaciones de interés general) procedían de recursos privados (los depósitos de los ahorradores) y no se encontraban a disposición de las autoridades públicas;

| b) | los intercambios comerciales entre Estados miembros no pudieron verse afectados antes de la culminación del mercado único de las actividades bancarias y financieras, que se produjo el 1 de enero de 1993 tras la adopción de la Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE (31) (en lo sucesivo, «la Segunda Directiva Bancaria»). Las autoridades francesas consideran que, desde esa fecha y debido a la inexistencia de un estatuto europeo de la sociedad cooperativa y a las limitaciones que ello suponía para la expansión transfronteriza de las sociedades cooperativas como el Crédit Mutuel, las cajas de este banco no han llevado a cabo actividades fuera de las fronteras nacionales. Las cuentas Livret bleu abiertas por no residentes representaban, en el mejor de los casos, menos de un 0,1 % de los depósitos. Las autoridades francesas también creen que el mercado que interesaba a las entidades bancarias extranjeras en Francia era muy diferente del mercado del Crédit Mutuel; |
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b)

los intercambios comerciales entre Estados miembros no pudieron verse afectados antes de la culminación del mercado único de las actividades bancarias y financieras, que se produjo el 1 de enero de 1993 tras la adopción de la Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780/CEE (31) (en lo sucesivo, «la Segunda Directiva Bancaria»). Las autoridades francesas consideran que, desde esa fecha y debido a la inexistencia de un estatuto europeo de la sociedad cooperativa y a las limitaciones que ello suponía para la expansión transfronteriza de las sociedades cooperativas como el Crédit Mutuel, las cajas de este banco no han llevado a cabo actividades fuera de las fronteras nacionales. Las cuentas Livret bleu abiertas por no residentes representaban, en el mejor de los casos, menos de un 0,1 % de los depósitos. Las autoridades francesas también creen que el mercado que interesaba a las entidades bancarias extranjeras en Francia era muy diferente del mercado del Crédit Mutuel;

| c) | la comisión de intermediación pagada por la CDC al Crédit Mutuel por los saldos del Livret bleu centralizados no puede haber constituido una ayuda, sino una mera remuneración de una prestación efectuada por el banco, cuyo precio se había fijado contractualmente en 1991 en un 1,3 %. Las autoridades francesas insisten en la importancia de los costes de gestión del Livret bleu debido al elevado número de libretas con un saldo inferior a 5 000 FRF (762 EUR). Asimismo se han referido a los trabajos de contabilidad analítica realizados por el Crédit Mutuel (tras la implantación de la medida en cuestión) para llegar a la conclusión de que el importe de esa remuneración estaba totalmente justificado. En su opinión, cualquier ventaja aportada por el Livret bleu al Crédit Mutuel debe ser examinada como contrapartida a las cargas ligadas a un objetivo de interés económico general. Sobre este particular, llaman la atención de la Comisión sobre el uso creciente de los depósitos del Livret bleu para el logro de objetivos financieros de interés general, porcentaje que superó el 50 % de los fondos del Livret bleu de 1975 a 1983, el 65 % de 1983 a 1991 y alcanzó el 100 % en 1998, a raíz de la centralización de los saldos en la CDC; |
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c)

la comisión de intermediación pagada por la CDC al Crédit Mutuel por los saldos del Livret bleu centralizados no puede haber constituido una ayuda, sino una mera remuneración de una prestación efectuada por el banco, cuyo precio se había fijado contractualmente en 1991 en un 1,3 %. Las autoridades francesas insisten en la importancia de los costes de gestión del Livret bleu debido al elevado número de libretas con un saldo inferior a 5 000 FRF (762 EUR). Asimismo se han referido a los trabajos de contabilidad analítica realizados por el Crédit Mutuel (tras la implantación de la medida en cuestión) para llegar a la conclusión de que el importe de esa remuneración estaba totalmente justificado. En su opinión, cualquier ventaja aportada por el Livret bleu al Crédit Mutuel debe ser examinada como contrapartida a las cargas ligadas a un objetivo de interés económico general. Sobre este particular, llaman la atención de la Comisión sobre el uso creciente de los depósitos del Livret bleu para el logro de objetivos financieros de interés general, porcentaje que superó el 50 % de los fondos del Livret bleu de 1975 a 1983, el 65 % de 1983 a 1991 y alcanzó el 100 % en 1998, a raíz de la centralización de los saldos en la CDC;

| d) | suponiendo que efectivamente hubiera habido una ayuda, se habría tratado de una ayuda existente, puesto que el régimen del Livret bleu se implantó antes de la liberalización del mercado bancario el 1 de enero de 1993 (plazo límite para la transposición de la Segunda Directiva Bancaria). |
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d)

suponiendo que efectivamente hubiera habido una ayuda, se habría tratado de una ayuda existente, puesto que el régimen del Livret bleu se implantó antes de la liberalización del mercado bancario el 1 de enero de 1993 (plazo límite para la transposición de la Segunda Directiva Bancaria).

| (71) | En su nota de 26 de octubre de 2001, las autoridades francesas exponen la razón por la cual, si la Comisión mantenía la calificación de ayuda, se trataría en cualquier caso de una ayuda compatible con el mercado interior en virtud del artículo 106, apartado 3, del TFUE. Francia reprocha a la Comisión haber cometido errores en el cálculo del resultado global de la cuenta de resultados del Livret bleu al no utilizar el método recomendado por el asesor del Crédit Mutuel (32). También mantiene que la Comisión debe tener en cuenta un beneficio razonable que estiman en [...] (33). |
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(71)

En su nota de 26 de octubre de 2001, las autoridades francesas exponen la razón por la cual, si la Comisión mantenía la calificación de ayuda, se trataría en cualquier caso de una ayuda compatible con el mercado interior en virtud del artículo 106, apartado 3, del TFUE. Francia reprocha a la Comisión haber cometido errores en el cálculo del resultado global de la cuenta de resultados del Livret bleu al no utilizar el método recomendado por el asesor del Crédit Mutuel (32). También mantiene que la Comisión debe tener en cuenta un beneficio razonable que estiman en [...] (33).

| (72) | En sus observaciones sobre la Decisión de ampliación, las autoridades francesas critican asimismo a la Comisión por haber seguido un «razonamiento asimétrico» y no compensar los importes de los años de compensación excesiva (1991, 1992, 1993 y 1998) con los años de infracompensación (1994 a 1997) y haber reproducido en el anexo I de la Decisión de ampliación las conclusiones de su asesor sobre los tres puntos de divergencia existentes entre Francia y la Comisión. Francia precisa que, si se toma en consideración todo el período 1999-2005, el sistema ligado al Livret bleu no habría sido compensado suficientemente por el Estado. Así, el importe de la comisión de intermediación no habría superado lo necesario para hacer frente a los costes de distribución del Livret bleu reflejados en su contabilidad analítica de la libreta, elaborada conjuntamente con la Comisión (sin perjuicio de dos adaptaciones) (34) y cumpliría las exigencias de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (35). Según Francia, las disminuciones recientes de la comisión de intermediación se han debido, principalmente, a las necesidades de los organismos de financiación de protección oficial (36). |
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(72)

En sus observaciones sobre la Decisión de ampliación, las autoridades francesas critican asimismo a la Comisión por haber seguido un «razonamiento asimétrico» y no compensar los importes de los años de compensación excesiva (1991, 1992, 1993 y 1998) con los años de infracompensación (1994 a 1997) y haber reproducido en el anexo I de la Decisión de ampliación las conclusiones de su asesor sobre los tres puntos de divergencia existentes entre Francia y la Comisión. Francia precisa que, si se toma en consideración todo el período 1999-2005, el sistema ligado al Livret bleu no habría sido compensado suficientemente por el Estado. Así, el importe de la comisión de intermediación no habría superado lo necesario para hacer frente a los costes de distribución del Livret bleu reflejados en su contabilidad analítica de la libreta, elaborada conjuntamente con la Comisión (sin perjuicio de dos adaptaciones) (34) y cumpliría las exigencias de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (35). Según Francia, las disminuciones recientes de la comisión de intermediación se han debido, principalmente, a las necesidades de los organismos de financiación de protección oficial (36).

| (73) | Las autoridades francesas precisan que desde 1999 existe un mecanismo para el reembolso de las eventuales compensaciones excesivas. |
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(73)

Las autoridades francesas precisan que desde 1999 existe un mecanismo para el reembolso de las eventuales compensaciones excesivas.

| (74) | De la misma manera, Francia explica que el riesgo de falta de liquidez a un mes lo asumía el Crédit Mutuel y que el riesgo de falta de liquidez a más de un mes lo asumía la CDC. También precisa que, por lo que se refiere a las sumas captadas por medio del Livret bleu, el tipo de ponderación de los riesgos para el cálculo de las necesidades de fondos propios necesarios para garantizar el margen de solvencia era cero. Francia señala que la ponderación del riesgo para el cálculo de las necesidades de fondos propios del Crédit Mutuel para los demás productos de ahorro y recursos distintos del Livret bleu osciló entre un [...] y un [...] % de 1999 a 2005. Las autoridades francesas precisan que, como desde la centralización total de los saldos en la CDC en 1999 carecía de sentido aplicar el coeficiente de solvencia europeo, el Crédit Mutuel extrapoló el coste de los fondos propios de los demás productos de ahorro y otros recursos, limitándolo, no obstante, ([...] a [...] % entre 1999 y 2005), para calcular el beneficio razonable correspondiente al Livret bleu. A instancias de la Comisión, Francia también facilita precisiones sobre el margen de compensación relativo a la constitución de una reserva obligatoria en la Banque de France. |
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(74)

De la misma manera, Francia explica que el riesgo de falta de liquidez a un mes lo asumía el Crédit Mutuel y que el riesgo de falta de liquidez a más de un mes lo asumía la CDC. También precisa que, por lo que se refiere a las sumas captadas por medio del Livret bleu, el tipo de ponderación de los riesgos para el cálculo de las necesidades de fondos propios necesarios para garantizar el margen de solvencia era cero. Francia señala que la ponderación del riesgo para el cálculo de las necesidades de fondos propios del Crédit Mutuel para los demás productos de ahorro y recursos distintos del Livret bleu osciló entre un [...] y un [...] % de 1999 a 2005. Las autoridades francesas precisan que, como desde la centralización total de los saldos en la CDC en 1999 carecía de sentido aplicar el coeficiente de solvencia europeo, el Crédit Mutuel extrapoló el coste de los fondos propios de los demás productos de ahorro y otros recursos, limitándolo, no obstante, ([...] a [...] % entre 1999 y 2005), para calcular el beneficio razonable correspondiente al Livret bleu. A instancias de la Comisión, Francia también facilita precisiones sobre el margen de compensación relativo a la constitución de una reserva obligatoria en la Banque de France.

7.   EVALUACIÓN

7.1.   Existencia de la ayuda

| (75) | En su Decisión de ampliación, la Comisión consideró que la única de las medidas en cuestión que podía contener elementos de ayuda era la comisión de intermediación pagada al Crédit Mutuel por la CDC (37). |
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(75)

En su Decisión de ampliación, la Comisión consideró que la única de las medidas en cuestión que podía contener elementos de ayuda era la comisión de intermediación pagada al Crédit Mutuel por la CDC (37).

| (76) | El elemento de ayuda que parece entrañar la comisión de intermediación se implantó el 27 de septiembre de 1991 por un decreto de ese mismo día. La presente Decisión lo analiza hasta la liberalización de la distribución del Livret A y la armonización de este último con el Livret bleu, el 1 de enero de 2009 (38). |
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(76)

El elemento de ayuda que parece entrañar la comisión de intermediación se implantó el 27 de septiembre de 1991 por un decreto de ese mismo día. La presente Decisión lo analiza hasta la liberalización de la distribución del Livret A y la armonización de este último con el Livret bleu, el 1 de enero de 2009 (38).

7.1.1.   Las condiciones de la jurisprudencia Altmark no se cumplen

| (77) | Conviene señalar que, en virtud de la jurisprudencia Altmark (39), las compensaciones pagadas como contrapartida de las misiones de servicio público no constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen cuatro condiciones acumulativas. |
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(77)

Conviene señalar que, en virtud de la jurisprudencia Altmark (39), las compensaciones pagadas como contrapartida de las misiones de servicio público no constituyen ayudas estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE si se cumplen cuatro condiciones acumulativas.

| (78) | En sus observaciones en respuesta a la Decisión de ampliación, las autoridades francesas y el Crédit Mutuel invocan la existencia de dos servicios de interés económico general, a saber el mantenimiento de un número significativo de sucursales en zonas rurales en aras de objetivos de ordenación territorial y la captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial. |
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(78)

En sus observaciones en respuesta a la Decisión de ampliación, las autoridades francesas y el Crédit Mutuel invocan la existencia de dos servicios de interés económico general, a saber el mantenimiento de un número significativo de sucursales en zonas rurales en aras de objetivos de ordenación territorial y la captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial.

| (79) | Sin embargo, incluso antes de que se implantara la medida en cuestión, el Crédit Mutuel no tenía ya obligación alguna de mantener sucursales en zonas rurales, dado que la Ley relativa a la apertura y el cierre de agencias bancarias había sido derogada en 1987 y el régimen de control (que habría mantenido el Crédit Mutuel de 1987 a 1991) se había suprimido el 1 de julio de 1991 (40). Las autoridades francesas y el Crédit Mutuel no rebatieron la conclusión de la Decisión de ampliación de que «con posterioridad a 1991 [es decir, al 1 de julio de 1991], no existe ningún acto en virtud del cual al Crédit Mutuel se le encomendara, en el sentido del artículo 86 CE [en la actualidad, artículo 106 del TFUE], la misión mencionada en el considerando 24, inciso iii) anterior [mantenimiento de sucursales en zonas rurales en razón de objetivos de ordenación territorial]» (41). |
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(79)

Sin embargo, incluso antes de que se implantara la medida en cuestión, el Crédit Mutuel no tenía ya obligación alguna de mantener sucursales en zonas rurales, dado que la Ley relativa a la apertura y el cierre de agencias bancarias había sido derogada en 1987 y el régimen de control (que habría mantenido el Crédit Mutuel de 1987 a 1991) se había suprimido el 1 de julio de 1991 (40). Las autoridades francesas y el Crédit Mutuel no rebatieron la conclusión de la Decisión de ampliación de que «con posterioridad a 1991 [es decir, al 1 de julio de 1991], no existe ningún acto en virtud del cual al Crédit Mutuel se le encomendara, en el sentido del artículo 86 CE [en la actualidad, artículo 106 del TFUE], la misión mencionada en el considerando 24, inciso iii) anterior [mantenimiento de sucursales en zonas rurales en razón de objetivos de ordenación territorial]» (41).

| (80) | Por lo tanto, solo es preciso verificar si es aplicable la jurisprudencia Altmark en lo que atañe a la misión de captación de depósitos para financiar la vivienda de protección oficial. |
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(80)

Por lo tanto, solo es preciso verificar si es aplicable la jurisprudencia Altmark en lo que atañe a la misión de captación de depósitos para financiar la vivienda de protección oficial.

| (81) | La Comisión recuerda que los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a la naturaleza de los servicios que pueden ser calificados de interés económico general. En su opinión, los decretos de aplicación de las disposiciones del artículo 9 de la Ley de Presupuestos rectificativa de 1975 (42) y del artículo 24 de la Ley de Presupuestos rectificativa de 1982 (43), en particular el Decreto de 27 de septiembre de 1991, confían claramente al Crédit Mutuel la misión (definida en los artículos R323-10 y R 331-14 del Código de Construcción y Vivienda) de captar fondos para transferirlos a la CDC para que esta última pudiera financiar la vivienda de protección oficial. La Comisión cree que Francia no cometió un error manifiesto de apreciación al calificar esta misión como un servicio de interés económico general. |
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(81)

La Comisión recuerda que los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación en cuanto a la naturaleza de los servicios que pueden ser calificados de interés económico general. En su opinión, los decretos de aplicación de las disposiciones del artículo 9 de la Ley de Presupuestos rectificativa de 1975 (42) y del artículo 24 de la Ley de Presupuestos rectificativa de 1982 (43), en particular el Decreto de 27 de septiembre de 1991, confían claramente al Crédit Mutuel la misión (definida en los artículos R323-10 y R 331-14 del Código de Construcción y Vivienda) de captar fondos para transferirlos a la CDC para que esta última pudiera financiar la vivienda de protección oficial. La Comisión cree que Francia no cometió un error manifiesto de apreciación al calificar esta misión como un servicio de interés económico general.

| (82) | En virtud de la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark, «cuando la empresa que estuviese autorizada a ejercer obligaciones de servicio público, en un caso particular, no fuese elegida en el marco del procedimiento de contratos públicos que permiten la elección del proveedor de dicho servicio con el menor coste para la Comunidad, hay que determinar, vistos los ingresos y ganancias oportunos por el ejercicio de estas obligaciones, el nivel de compensación requerida en base al análisis de los costes que tendría, en el ejercicio de dichas obligaciones, una empresa normal bien dirigida [...] para el cumplimiento de las exigencias que requieren los servicios públicos, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones» (44). |
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(82)

En virtud de la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark, «cuando la empresa que estuviese autorizada a ejercer obligaciones de servicio público, en un caso particular, no fuese elegida en el marco del procedimiento de contratos públicos que permiten la elección del proveedor de dicho servicio con el menor coste para la Comunidad, hay que determinar, vistos los ingresos y ganancias oportunos por el ejercicio de estas obligaciones, el nivel de compensación requerida en base al análisis de los costes que tendría, en el ejercicio de dichas obligaciones, una empresa normal bien dirigida [...] para el cumplimiento de las exigencias que requieren los servicios públicos, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones» (44).

| (83) | La Comisión cree que la cuarta condición no se cumple por lo que se refiere a la misión de captación de depósitos centralizados en la CDC para la financiación de la vivienda de protección oficial. Sobre este punto, cabe señalar que el Estado no asignó esta misión al mejor postor mediante un procedimiento de licitación, sino negociando directamente con el Crédit Mutuel. El nivel de la comisión de intermediación no se fijó por referencia a los costes ligados a la ejecución del servicio de interés económico general de una empresa normal bien dirigida. En efecto, el nivel de la comisión de intermediación del 1,3 % no podía basarse en los costes realmente soportados por el Crédit Mutuel por el ejercicio del servicio de interés económico general, ya que, en septiembre de 1991, no existía una contabilidad separada del Livret bleu que permitiera detallar los costes ligados específicamente al Livret bleu en la contabilidad del banco. La contabilidad separada del Livret bleu se estableció varios años después, reconstruyéndose con efecto retroactivo para los años anteriores a 1991. Así pues, no existe indicación alguna de que el nivel de la comisión de intermediación se fijara por referencia a los costes que tendría una empresa normal bien gestionada como consecuencia de la ejecución de la misión de interés económico general en cuestión. Las autoridades francesas arguyen que el Crédit Mutuel estaría, en general, bien gestionado. Sin embargo, no demuestran verdaderamente tal afirmación, remitiéndose fundamentalmente al considerando 13 de la Decisión de ampliación en el que la Comisión menciona simplemente los resultados financieros globales (valor del balance, resultado neto, coeficiente de explotación, fondos propios y coeficiente de solvencia) del Crédit Mutuel en 2004. De cualquier forma, si un Estado miembro determina el nivel de la compensación sobre la base de un análisis de los costes de una empresa normal bien gestionada, no debería tener ninguna dificultad para demostrárselo a la Comisión y explicarle el método empleado, lo que Francia no ha hecho en el presente caso. Por último, el hecho de que desde la liberalización de la distribución de los Livrets A y bleus, e 1 de enero de 2009, la comisión de intermediación del Crédit Mutuel pasara del 1,1 % al 0,6 % parece indicar que el nivel de dicha comisión era superior al que se habría establecido teniendo en cuenta los costes de una empresa normal bien gestionada que llevara a cabo la misma misión de interés general. |
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(83)

La Comisión cree que la cuarta condición no se cumple por lo que se refiere a la misión de captación de depósitos centralizados en la CDC para la financiación de la vivienda de protección oficial. Sobre este punto, cabe señalar que el Estado no asignó esta misión al mejor postor mediante un procedimiento de licitación, sino negociando directamente con el Crédit Mutuel. El nivel de la comisión de intermediación no se fijó por referencia a los costes ligados a la ejecución del servicio de interés económico general de una empresa normal bien dirigida. En efecto, el nivel de la comisión de intermediación del 1,3 % no podía basarse en los costes realmente soportados por el Crédit Mutuel por el ejercicio del servicio de interés económico general, ya que, en septiembre de 1991, no existía una contabilidad separada del Livret bleu que permitiera detallar los costes ligados específicamente al Livret bleu en la contabilidad del banco. La contabilidad separada del Livret bleu se estableció varios años después, reconstruyéndose con efecto retroactivo para los años anteriores a 1991. Así pues, no existe indicación alguna de que el nivel de la comisión de intermediación se fijara por referencia a los costes que tendría una empresa normal bien gestionada como consecuencia de la ejecución de la misión de interés económico general en cuestión. Las autoridades francesas arguyen que el Crédit Mutuel estaría, en general, bien gestionado. Sin embargo, no demuestran verdaderamente tal afirmación, remitiéndose fundamentalmente al considerando 13 de la Decisión de ampliación en el que la Comisión menciona simplemente los resultados financieros globales (valor del balance, resultado neto, coeficiente de explotación, fondos propios y coeficiente de solvencia) del Crédit Mutuel en 2004. De cualquier forma, si un Estado miembro determina el nivel de la compensación sobre la base de un análisis de los costes de una empresa normal bien gestionada, no debería tener ninguna dificultad para demostrárselo a la Comisión y explicarle el método empleado, lo que Francia no ha hecho en el presente caso. Por último, el hecho de que desde la liberalización de la distribución de los Livrets A y bleus, e 1 de enero de 2009, la comisión de intermediación del Crédit Mutuel pasara del 1,1 % al 0,6 % parece indicar que el nivel de dicha comisión era superior al que se habría establecido teniendo en cuenta los costes de una empresa normal bien gestionada que llevara a cabo la misma misión de interés general.

| (84) | En tanto en cuanto las condiciones de la jurisprudencia Altmark son acumulativas, basta con que una de esas condiciones no se cumpla para que la jurisprudencia no se aplique y la medida en cuestión pueda constituir una ayuda estatal. De lo anteriormente expuesto resulta que la medida en cuestión no cumple la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark. En consecuencia, la misma no se aplica y es preciso evaluar si la medida constituye realmente una ayuda estatal (45)
   (46). |
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(84)

En tanto en cuanto las condiciones de la jurisprudencia Altmark son acumulativas, basta con que una de esas condiciones no se cumpla para que la jurisprudencia no se aplique y la medida en cuestión pueda constituir una ayuda estatal. De lo anteriormente expuesto resulta que la medida en cuestión no cumple la cuarta condición de la jurisprudencia Altmark. En consecuencia, la misma no se aplica y es preciso evaluar si la medida constituye realmente una ayuda estatal (45)
   (46).

7.1.2.   Las condiciones relativas a la existencia de una ayuda se cumplen

| (85) | El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
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(85)

El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

7.1.2.1.   Imputabilidad al Estado y recursos estatales

| (86) | En virtud de un convenio suscrito entre el Crédito Mutuel y el Estado, en el que se fijaban la modalidades de aplicación del Decreto de 27 de septiembre de 1991, el Crédit Mutuel percibía anualmente de la CDC una comisión de intermediación (47). El importe de esa comisión de intermediación, establecida para compensar las obligaciones de servicio público, lo fijaba el Estado. Por añadidura, la CDC es una empresa pública cuyo comportamiento es imputable al Estado (48). Por consiguiente, se cumple la condición relativa a la imputabilidad al Estado y a los recursos estatales. |
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(86)

En virtud de un convenio suscrito entre el Crédito Mutuel y el Estado, en el que se fijaban la modalidades de aplicación del Decreto de 27 de septiembre de 1991, el Crédit Mutuel percibía anualmente de la CDC una comisión de intermediación (47). El importe de esa comisión de intermediación, establecida para compensar las obligaciones de servicio público, lo fijaba el Estado. Por añadidura, la CDC es una empresa pública cuyo comportamiento es imputable al Estado (48). Por consiguiente, se cumple la condición relativa a la imputabilidad al Estado y a los recursos estatales.

7.1.2.2.   Selectividad

| (87) | La Comisión de intermediación se concedía exclusivamente al Crédit Mutuel, como contrapartida a la captación del ahorro centralizado en la CDC para la financiación de la vivienda de protección oficial a través del Livret bleu cuya distribución exclusiva se había concedido al Crédit Mutuel. Esta medida tenía, por lo tanto, un carácter selectivo. |
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(87)

La Comisión de intermediación se concedía exclusivamente al Crédit Mutuel, como contrapartida a la captación del ahorro centralizado en la CDC para la financiación de la vivienda de protección oficial a través del Livret bleu cuya distribución exclusiva se había concedido al Crédit Mutuel. Esta medida tenía, por lo tanto, un carácter selectivo.

7.1.2.3.   Las condiciones de la jurisprudencia Altmark no son aplicables y, por lo tanto, procede verificar si existe una ayuda que falsea la competencia

| (88) | Al tratarse de una transferencia de recursos estatales cuyo único beneficiario era el Crédit Mutuel, la comisión de intermediación mejoraba la posición competitiva de este banco frente a la de sus competidores. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una mejora de la posición competitiva de una empresa tras recibir una ayuda estatal constituye generalmente la prueba del falseamiento de la competencia respecto de las otras empresas que no se han beneficiado de una ayuda similar (49). |
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(88)

Al tratarse de una transferencia de recursos estatales cuyo único beneficiario era el Crédit Mutuel, la comisión de intermediación mejoraba la posición competitiva de este banco frente a la de sus competidores. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una mejora de la posición competitiva de una empresa tras recibir una ayuda estatal constituye generalmente la prueba del falseamiento de la competencia respecto de las otras empresas que no se han beneficiado de una ayuda similar (49).

7.1.2.4.   Repercusión en el comercio entre Estados miembros

| (89) | Además, según una jurisprudencia reiterada, los intercambios entre Estados miembros se ven afectados desde el momento en que la empresa beneficiaria de la ayuda ejerce su actividad en un ámbito abierto a la competencia en el que se producen intercambios entre Estados miembros (50). Ahora bien, desde 1979, la cuota de mercado de los bancos extranjeros alcanzó el 8 % para las actividades de crédito (4 % en el caso de las sucursales sin personalidad jurídica, 4 % en el de las filiales con forma jurídica francesa) y el 4,5 % para las actividades de depósito (2 % y 2,5 % respectivamente). La cuota de los bancos europeos no franceses en relación con la del conjunto de bancos extranjeros era del 50 % tratándose de los créditos y del 70 % de los depósitos. Así pues, el Crédit Mutuel a partir de los años setenta tuvo que hacer frente a la competencia de las redes extranjeras en territorio francés. Además, el mercado del ahorro bancario líquido, en el que se inscribía el Livret bleu, así como las CODEVI (cuentas de desarrollo industrial), el LEP (Plan de ahorro popular), el Livret jeune (libreta de ahorro juvenil), las cuentas en libretas corrientes y las CEL (cuentas de ahorro-vivienda) (51), ya estaba abierto a la competencia en el período considerado. |
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(89)

Además, según una jurisprudencia reiterada, los intercambios entre Estados miembros se ven afectados desde el momento en que la empresa beneficiaria de la ayuda ejerce su actividad en un ámbito abierto a la competencia en el que se producen intercambios entre Estados miembros (50). Ahora bien, desde 1979, la cuota de mercado de los bancos extranjeros alcanzó el 8 % para las actividades de crédito (4 % en el caso de las sucursales sin personalidad jurídica, 4 % en el de las filiales con forma jurídica francesa) y el 4,5 % para las actividades de depósito (2 % y 2,5 % respectivamente). La cuota de los bancos europeos no franceses en relación con la del conjunto de bancos extranjeros era del 50 % tratándose de los créditos y del 70 % de los depósitos. Así pues, el Crédit Mutuel a partir de los años setenta tuvo que hacer frente a la competencia de las redes extranjeras en territorio francés. Además, el mercado del ahorro bancario líquido, en el que se inscribía el Livret bleu, así como las CODEVI (cuentas de desarrollo industrial), el LEP (Plan de ahorro popular), el Livret jeune (libreta de ahorro juvenil), las cuentas en libretas corrientes y las CEL (cuentas de ahorro-vivienda) (51), ya estaba abierto a la competencia en el período considerado.

| (90) | La Comisión considera, por tanto, que se cumplen las cuatro condiciones necesarias para que exista una ayuda. |
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(90)

La Comisión considera, por tanto, que se cumplen las cuatro condiciones necesarias para que exista una ayuda.

7.1.2.5.   Ilegalidad de la medida de ayuda

| (91) | Por último, la medida de ayuda es ilegal ya que no se notificó a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE y se ejecutó después de la entrada en vigor en Francia del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. |
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(91)

Por último, la medida de ayuda es ilegal ya que no se notificó a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE y se ejecutó después de la entrada en vigor en Francia del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

| (92) | En respuesta al argumento de las autoridades francesas según el cual, se trataría de una ayuda existente por haber sido adoptada antes de finalizar el plazo de transposición, es decir, del 1 de enero de 1993, de la Segunda Directiva Bancaria, la Comisión subraya que esta Directiva pretendía la realización del mercado interior en el sector de las entidades de crédito desde el ángulo de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicio. Esto no implica que el mercado en cuestión estuviera cerrado a la competencia antes de la introducción de la comisión de intermediación, sino simplemente que aún existían algunos obstáculos para la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el sector bancario. La Decisión de 10 de mayo de 2007 pone de manifiesto que el Livret bleu se inscribía en un «mercado» del ahorro bancario líquido, lo que implica la apertura de la actividad en cuestión a la competencia, y no confirma en modo alguno el argumento de las autoridades francesas según el cual, la actividad en cuestión solo se habría abierto a la competencia a partir de 1993. Por el contrario, la Decisión hace referencia a la existencia de un mercado «maduro» (52). |
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(92)

En respuesta al argumento de las autoridades francesas según el cual, se trataría de una ayuda existente por haber sido adoptada antes de finalizar el plazo de transposición, es decir, del 1 de enero de 1993, de la Segunda Directiva Bancaria, la Comisión subraya que esta Directiva pretendía la realización del mercado interior en el sector de las entidades de crédito desde el ángulo de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicio. Esto no implica que el mercado en cuestión estuviera cerrado a la competencia antes de la introducción de la comisión de intermediación, sino simplemente que aún existían algunos obstáculos para la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios en el sector bancario. La Decisión de 10 de mayo de 2007 pone de manifiesto que el Livret bleu se inscribía en un «mercado» del ahorro bancario líquido, lo que implica la apertura de la actividad en cuestión a la competencia, y no confirma en modo alguno el argumento de las autoridades francesas según el cual, la actividad en cuestión solo se habría abierto a la competencia a partir de 1993. Por el contrario, la Decisión hace referencia a la existencia de un mercado «maduro» (52).

7.2.   Compatibilidad de la ayuda con el mercado interior

| (93) | Habida cuenta de que la medida en cuestión contiene elementos de una ayuda estatal, la Comisión debe analizar su compatibilidad con el mercado interior. |
| --- | --- |

(93)

Habida cuenta de que la medida en cuestión contiene elementos de una ayuda estatal, la Comisión debe analizar su compatibilidad con el mercado interior.

| (94) | De conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [...] quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión». |
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(94)

De conformidad con el artículo 106, apartado 2, del TFUE: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [...] quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión».

| (95) | Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la práctica de la Comisión y al Marco comunitario de 2005, el artículo 106, apartado 2, del TFUE significa que una ayuda estatal concedida a una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general puede ser declarada compatible con el mercado interior si la medida de ayuda cumple las condiciones siguientes:






  a) | el servicio prestado reviste las características de un servicio de interés económico general; |
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(95)

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la práctica de la Comisión y al Marco comunitario de 2005, el artículo 106, apartado 2, del TFUE significa que una ayuda estatal concedida a una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general puede ser declarada compatible con el mercado interior si la medida de ayuda cumple las condiciones siguientes:

a)

el servicio prestado reviste las características de un servicio de interés económico general;

| b) | el Estado ha confiado efectivamente a la empresa la realización de ese servicio de interés económico general mediante uno o varios actos oficiales; |
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b)

el Estado ha confiado efectivamente a la empresa la realización de ese servicio de interés económico general mediante uno o varios actos oficiales;

| c) | los principios de necesidad y proporcionalidad se respetan, y |
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c)

los principios de necesidad y proporcionalidad se respetan, y

| d) | el desarrollo de los intercambios no queda afectado en una forma contraria al interés de la Unión. |
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d)

el desarrollo de los intercambios no queda afectado en una forma contraria al interés de la Unión.

| (96) | Las condiciones a) y b) se cumplen por las razones expuestos en el considerando 81. |
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(96)

Las condiciones a) y b) se cumplen por las razones expuestos en el considerando 81.

| (97) | En cuanto a la condición de la letra d), la Comisión no dispone de indicio alguna para considerar que los intercambios intracomunitarios se han visto afectados de forma tan importante que la ayuda no cumpla esta condición. En particular, la Decisión de 10 de mayo de 2007 pedía que se pusiera punto final a la exclusividad del derecho de distribución del Livret bleu, ya que los derechos especiales vinculados a la misma suponían una restricción de la libre prestación de servicios en la Comunidad (53). Sin embargo, salvo que hubiera compensado en exceso la misión de servicio de interés general confiada al Crédit Mutuel, no cabría considerar que la comisión de intermediación haya afectado al desarrollo de los intercambios en forma contraria al interés de la Unión. |
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(97)

En cuanto a la condición de la letra d), la Comisión no dispone de indicio alguna para considerar que los intercambios intracomunitarios se han visto afectados de forma tan importante que la ayuda no cumpla esta condición. En particular, la Decisión de 10 de mayo de 2007 pedía que se pusiera punto final a la exclusividad del derecho de distribución del Livret bleu, ya que los derechos especiales vinculados a la misma suponían una restricción de la libre prestación de servicios en la Comunidad (53). Sin embargo, salvo que hubiera compensado en exceso la misión de servicio de interés general confiada al Crédit Mutuel, no cabría considerar que la comisión de intermediación haya afectado al desarrollo de los intercambios en forma contraria al interés de la Unión.

| (98) | En consecuencia, la Comisión pasa a examinar si se han respetado correctamente los principios de necesidad y de proporcionalidad, es decir, si el importe de la compensación que representa la comisión de intermediación no superó lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones (54). |
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(98)

En consecuencia, la Comisión pasa a examinar si se han respetado correctamente los principios de necesidad y de proporcionalidad, es decir, si el importe de la compensación que representa la comisión de intermediación no superó lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones (54).

| (99) | Para verificar que no hubo una compensación excesiva (véase la subsección 7.2.5), la Comisión utiliza – para el período comprendido entre el 27 de septiembre de 1991 (véase la subsección 7.2.1) y el 31 de diciembre de 2005 – un enfoque global (véase la subsección 7.2.2). Dicho enfoque tiene en cuenta todas las ventajas ligadas al Livret bleu, sin, no obstante, incluir en ellas un posible efecto llamada cuya intensidad no se ha podido establecer (véase la subsección 7.2.3). También tiene en cuenta un beneficio razonable (véase la subsección 7.2.4), también en el caso de los saldos centralizados en la CDC. |
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(99)

Para verificar que no hubo una compensación excesiva (véase la subsección 7.2.5), la Comisión utiliza – para el período comprendido entre el 27 de septiembre de 1991 (véase la subsección 7.2.1) y el 31 de diciembre de 2005 – un enfoque global (véase la subsección 7.2.2). Dicho enfoque tiene en cuenta todas las ventajas ligadas al Livret bleu, sin, no obstante, incluir en ellas un posible efecto llamada cuya intensidad no se ha podido establecer (véase la subsección 7.2.3). También tiene en cuenta un beneficio razonable (véase la subsección 7.2.4), también en el caso de los saldos centralizados en la CDC.

7.2.1.   Inicio del período considerado: 27 de septiembre de 1991

| (100) | En la Decisión de ampliación, el cálculo de los resultados netos del Livret bleu a efectos de valorar la existencia de una posible compensación excesiva incluía los resultados de todo el año 1991 (55). En otras palabras, los ingresos netos procedentes de las aplicaciones libres y de las aplicaciones de interés general se tuvieron en cuenta desde el 1 de enero de 1991. |
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(100)

En la Decisión de ampliación, el cálculo de los resultados netos del Livret bleu a efectos de valorar la existencia de una posible compensación excesiva incluía los resultados de todo el año 1991 (55). En otras palabras, los ingresos netos procedentes de las aplicaciones libres y de las aplicaciones de interés general se tuvieron en cuenta desde el 1 de enero de 1991.

| (101) | Tal como se expuso en los considerandos 75 y 76, la única medida en causa en el presente asunto es la comisión de intermediación, cuyo principio se estableció el 27 de septiembre de 1991, al mismo tiempo que se encargaba al Crédit Mutuel que centralizara sus saldos en la CDC con el fin de financiar la vivienda de protección oficial. Con anterioridad a esa fecha, ni la comisión de intermediación ni la centralización en la CDC existían. Por consiguiente, la Comisión debe comenzar a valorar la proporcionalidad de la ayuda a partir de esa fecha. |
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(101)

Tal como se expuso en los considerandos 75 y 76, la única medida en causa en el presente asunto es la comisión de intermediación, cuyo principio se estableció el 27 de septiembre de 1991, al mismo tiempo que se encargaba al Crédit Mutuel que centralizara sus saldos en la CDC con el fin de financiar la vivienda de protección oficial. Con anterioridad a esa fecha, ni la comisión de intermediación ni la centralización en la CDC existían. Por consiguiente, la Comisión debe comenzar a valorar la proporcionalidad de la ayuda a partir de esa fecha.

| (102) | Por tanto, los gastos e ingresos inherentes a la realización del servicio de interés económico general no pueden ser anteriores al 27 de septiembre de 1991. En otras palabras, solo a partir de la creación de la medida de ayuda en cuestión (la comisión de intermediación) pueden tomarse en consideración los gastos e ingresos ligados a la ejecución del servicio de interés económico general financiado por medio de esta ayuda. En conclusión, la Comisión considera que su Decisión de ampliación contenía una incoherencia al limitar la medida de ayuda únicamente a la comisión de intermediación creada el 27 de septiembre de 1991, pero seguir teniendo en cuenta los ingresos netos de los Livrets bleus del período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 27 de septiembre de 1991. |
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(102)

Por tanto, los gastos e ingresos inherentes a la realización del servicio de interés económico general no pueden ser anteriores al 27 de septiembre de 1991. En otras palabras, solo a partir de la creación de la medida de ayuda en cuestión (la comisión de intermediación) pueden tomarse en consideración los gastos e ingresos ligados a la ejecución del servicio de interés económico general financiado por medio de esta ayuda. En conclusión, la Comisión considera que su Decisión de ampliación contenía una incoherencia al limitar la medida de ayuda únicamente a la comisión de intermediación creada el 27 de septiembre de 1991, pero seguir teniendo en cuenta los ingresos netos de los Livrets bleus del período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 27 de septiembre de 1991.

| (103) | Dado que el Crédit Mutuel solo puede comunicar los resultados netos de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres sobre una base anual, la Comisión considera que, por lo que se refiere al año 1991, solo deben tenerse en cuenta los resultados netos correspondientes al período comprendido entre el 27 de septiembre de 1991 y el 31 de diciembre de 1991, calculando los resultados netos de todo el ejercicio 1991 en proporción al número de días pertinentes, es decir 96/365. Los resultados netos de los saldos centralizados en la CDC correspondientes al año 1991 pueden tomarse en consideración en su totalidad porque, tal como se indicó en el considerando 101, esta centralización se produjo después del 27 de septiembre de 1991, de manera que, por definición, ninguna parte de esos resultados se refiere al período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 27 de septiembre de 1991. |
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(103)

Dado que el Crédit Mutuel solo puede comunicar los resultados netos de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres sobre una base anual, la Comisión considera que, por lo que se refiere al año 1991, solo deben tenerse en cuenta los resultados netos correspondientes al período comprendido entre el 27 de septiembre de 1991 y el 31 de diciembre de 1991, calculando los resultados netos de todo el ejercicio 1991 en proporción al número de días pertinentes, es decir 96/365. Los resultados netos de los saldos centralizados en la CDC correspondientes al año 1991 pueden tomarse en consideración en su totalidad porque, tal como se indicó en el considerando 101, esta centralización se produjo después del 27 de septiembre de 1991, de manera que, por definición, ninguna parte de esos resultados se refiere al período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 27 de septiembre de 1991.

7.2.2.   Enfoque global hasta el final de 2005 y anual a partir de entonces

| (104) | En su Decisión de ampliación, la Comisión recomendaba la adopción de un enfoque anual para evaluar la existencia de una posible compensación excesiva. Este enfoque tiene su origen en el Marco comunitario de 2005 y constituye un giro en relación con la práctica precedente. En efecto, antes de la adopción del Marco comunitario de 2005 para evaluar la existencia de una posible compensación excesiva la Comisión utilizaba un enfoque que podría calificarse de «global» en virtud del cual, los importes relativos a los años de compensación excesiva podían compensarse, sin limitaciones, con los importes de los años de infracompensación (56). |
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(104)

En su Decisión de ampliación, la Comisión recomendaba la adopción de un enfoque anual para evaluar la existencia de una posible compensación excesiva. Este enfoque tiene su origen en el Marco comunitario de 2005 y constituye un giro en relación con la práctica precedente. En efecto, antes de la adopción del Marco comunitario de 2005 para evaluar la existencia de una posible compensación excesiva la Comisión utilizaba un enfoque que podría calificarse de «global» en virtud del cual, los importes relativos a los años de compensación excesiva podían compensarse, sin limitaciones, con los importes de los años de infracompensación (56).

| (105) | En virtud del punto 26 del Marco comunitario de 2005, la Comisión aplicará a las ayudas no notificadas las disposiciones del citado Marco si la ayuda se concedió después de la publicación de aquel en el Diario Oficial de la Unión Europea y las disposiciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda en los demás casos. La ayuda en cuestión se concedía anualmente (57) y no se notificó. El Marco comunitario de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de noviembre de 2005. Por consiguiente, hay que aplicar las normas en vigor en el momento de la concesión de la ayuda al período anterior a 2006 y el Marco comunitario de 2005 al período que va del 1 de enero de 2006 a la supresión de la medida, el 31 de diciembre de 2008. |
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(105)

En virtud del punto 26 del Marco comunitario de 2005, la Comisión aplicará a las ayudas no notificadas las disposiciones del citado Marco si la ayuda se concedió después de la publicación de aquel en el Diario Oficial de la Unión Europea y las disposiciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda en los demás casos. La ayuda en cuestión se concedía anualmente (57) y no se notificó. El Marco comunitario de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de noviembre de 2005. Por consiguiente, hay que aplicar las normas en vigor en el momento de la concesión de la ayuda al período anterior a 2006 y el Marco comunitario de 2005 al período que va del 1 de enero de 2006 a la supresión de la medida, el 31 de diciembre de 2008.

| (106) | El Marco comunitario de 2005 recomienda un enfoque «anual» en la medida en que el cálculo de una posible compensación excesiva debe hacerse anualmente, sin que su importe pueda descontarse del año siguiente, salvo cuando ese importe no supere el 10 % del importe de la compensación anual (58). |
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(106)

El Marco comunitario de 2005 recomienda un enfoque «anual» en la medida en que el cálculo de una posible compensación excesiva debe hacerse anualmente, sin que su importe pueda descontarse del año siguiente, salvo cuando ese importe no supere el 10 % del importe de la compensación anual (58).

| (107) | Por el contrario, antes de la adopción del Marco comunitario de 2005, cuando la Comisión verificaba que la empresa no hubiese recibido una compensación excesiva como contrapartida a la ejecución de la misión de interés general, utilizaba un enfoque «global» (véase el considerando 104) (59). |
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(107)

Por el contrario, antes de la adopción del Marco comunitario de 2005, cuando la Comisión verificaba que la empresa no hubiese recibido una compensación excesiva como contrapartida a la ejecución de la misión de interés general, utilizaba un enfoque «global» (véase el considerando 104) (59).

| (108) | En el enfoque global, los resultados de cada año, acumulados año tras año, se actualizan aplicándoles el tipo de referencia para Francia vigente el 1 de enero de cada año (60). |
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(108)

En el enfoque global, los resultados de cada año, acumulados año tras año, se actualizan aplicándoles el tipo de referencia para Francia vigente el 1 de enero de cada año (60).

7.2.3.   Ventajas que se han tenido en cuenta

| (109) | Con arreglo al punto 17, primera frase, del Marco comunitario de 2005, «los ingresos que deben tenerse en cuenta deben incluir al menos todos los ingresos procedentes del servicio de interés económico general». Así pues, a la hora de verificar que no ha existido una compensación excesiva, es preciso tener en cuenta el resultado neto de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres durante el período objeto de investigación. De hecho, la Comisión considera que estos resultados constituyen ingresos instituidos por Francia, a partir del 27 de septiembre de 1991, en favor del Crédit Mutuel en el marco de la prestación por parte de este último del servicio de interés general de financiación de la vivienda de protección oficial a través de la CDC. En la contabilidad analítica estas aplicaciones se ligan a un recurso específico, los depósitos captados gracias a la distribución del Livret Bleu. En condiciones de mercado competitivas (sin el derecho especial de distribución de un producto de ahorro exenta de impuestos), el Crédit Mutuel no hubiera podido obtener este recurso al mismo coste, por lo que las aplicaciones y recursos correspondientes deben tenerse en cuenta en la economía global del sistema del Livret bleu. Además, la propia Francia confirmó la existencia de un vínculo entre estas aplicaciones, el Livret bleu y la misión de financiar la vivienda de protección oficial al reasignar los saldos relativos a esas aplicaciones a la CDC a partir de 1991 (61). En otras palabras, cuando, el 27 de septiembre de 1991, encomienda al Crédit Mutuel el servicio de interés económico general de capitación de depósitos centralizados en la CDC y destinados a financiar la vivienda de protección oficial, Francia confirma la concesión de la distribución del Livret Bleu al Crédit Mutuel. El beneficio resultante de la utilización de fondos depositados en este último debe, por lo tanto, ser considerado, a partir de esa fecha, como un ingreso concedido al Crédit Mutuel por la prestación del servicio de interés económico general. |
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(109)

Con arreglo al punto 17, primera frase, del Marco comunitario de 2005, «los ingresos que deben tenerse en cuenta deben incluir al menos todos los ingresos procedentes del servicio de interés económico general». Así pues, a la hora de verificar que no ha existido una compensación excesiva, es preciso tener en cuenta el resultado neto de las aplicaciones de interés general y de las aplicaciones libres durante el período objeto de investigación. De hecho, la Comisión considera que estos resultados constituyen ingresos instituidos por Francia, a partir del 27 de septiembre de 1991, en favor del Crédit Mutuel en el marco de la prestación por parte de este último del servicio de interés general de financiación de la vivienda de protección oficial a través de la CDC. En la contabilidad analítica estas aplicaciones se ligan a un recurso específico, los depósitos captados gracias a la distribución del Livret Bleu. En condiciones de mercado competitivas (sin el derecho especial de distribución de un producto de ahorro exenta de impuestos), el Crédit Mutuel no hubiera podido obtener este recurso al mismo coste, por lo que las aplicaciones y recursos correspondientes deben tenerse en cuenta en la economía global del sistema del Livret bleu. Además, la propia Francia confirmó la existencia de un vínculo entre estas aplicaciones, el Livret bleu y la misión de financiar la vivienda de protección oficial al reasignar los saldos relativos a esas aplicaciones a la CDC a partir de 1991 (61). En otras palabras, cuando, el 27 de septiembre de 1991, encomienda al Crédit Mutuel el servicio de interés económico general de capitación de depósitos centralizados en la CDC y destinados a financiar la vivienda de protección oficial, Francia confirma la concesión de la distribución del Livret Bleu al Crédit Mutuel. El beneficio resultante de la utilización de fondos depositados en este último debe, por lo tanto, ser considerado, a partir de esa fecha, como un ingreso concedido al Crédit Mutuel por la prestación del servicio de interés económico general.

| (110) | El denunciante y otras autoridades y organismos (el Consejo de la Competencia e informes de parlamentarios u organismos de investigación) (62) consideran que el derecho exclusivo de distribución del Livret bleu produjo un «efecto llamada» al permitir al Crédit Mutuel captar y retener a una clientela a la que ha vendido otros productos bancarios además del Livret bleu. En su Decisión de ampliación, la Comisión no excluyó que el Livret bleu hubiera podido generar ingresos indirectos gracias al efecto llamada (63), aunque recordó que hasta el momento dichos ingresos no se habían podido cuantificar (64). |
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(110)

El denunciante y otras autoridades y organismos (el Consejo de la Competencia e informes de parlamentarios u organismos de investigación) (62) consideran que el derecho exclusivo de distribución del Livret bleu produjo un «efecto llamada» al permitir al Crédit Mutuel captar y retener a una clientela a la que ha vendido otros productos bancarios además del Livret bleu. En su Decisión de ampliación, la Comisión no excluyó que el Livret bleu hubiera podido generar ingresos indirectos gracias al efecto llamada (63), aunque recordó que hasta el momento dichos ingresos no se habían podido cuantificar (64).

| (111) | Al término de la instrucción del presente asunto, la Comisión constata que, si bien no cabe excluir la existencia de un efecto llamada, las datos de que dispone no le permiten en el presente caso cuantificar con precisión el posible efecto llamada. |
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(111)

Al término de la instrucción del presente asunto, la Comisión constata que, si bien no cabe excluir la existencia de un efecto llamada, las datos de que dispone no le permiten en el presente caso cuantificar con precisión el posible efecto llamada.

| (112) | En los documentos facilitados por los denunciantes se presume la existencia de efectos llamada, sin aportar, no obstante, pruebas que demuestren tal presunción y sin lograr evaluar con precisión la incidencia financiera de esos efectos. |
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(112)

En los documentos facilitados por los denunciantes se presume la existencia de efectos llamada, sin aportar, no obstante, pruebas que demuestren tal presunción y sin lograr evaluar con precisión la incidencia financiera de esos efectos.

| (113) | En cuanto a los estudios de la empresa Glais (véanse los considerandos 52 y 53), la Comisión considera que el Crédit Mutuel puede legítimamente afirmar que estos análisis no aportan ninguna prueba irrefutable de la existencia de un efecto llamada cuantificable. |
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(113)

En cuanto a los estudios de la empresa Glais (véanse los considerandos 52 y 53), la Comisión considera que el Crédit Mutuel puede legítimamente afirmar que estos análisis no aportan ninguna prueba irrefutable de la existencia de un efecto llamada cuantificable.

| (114) | En las observaciones de los denunciantes se proponen tres evaluaciones subjetivas. En primer lugar, teniendo en cuenta que los demás bancos se habían ofrecido a distribuir el Livret bleu a cambio de una comisión del 1 %, los denunciantes han propuesto una estimación del efecto llamada calculando la diferencia entre el nivel de la comisión percibida por el Crédit Mutuel y ese tipo del 1 %, es decir un 0,3 %, lo que equivaldría a unos 300 millones FRF anuales. Sin embargo, no existen pruebas de que, durante el período considerado, los competidores del Crédit Mutuel hubieran podido llevar a cabo esta misión en las mismas condiciones, con un nivel de remuneración del 1 %. Además, este primer argumento no demuestra el efecto llamada, sino que parece retomar el argumento de que el Crédit Mutuel recibió una compensación excesiva, lo que, como se demostrara, no sucedió. De la misma manera, nada permite demostrar que el efecto llamada equivalga a la diferencia entre la comisión de intermediación y la hipotética menor comisión que los competidores del Crédit Mutuel proponían como contrapartida a la distribución del Livret bleu. |
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(114)

En las observaciones de los denunciantes se proponen tres evaluaciones subjetivas. En primer lugar, teniendo en cuenta que los demás bancos se habían ofrecido a distribuir el Livret bleu a cambio de una comisión del 1 %, los denunciantes han propuesto una estimación del efecto llamada calculando la diferencia entre el nivel de la comisión percibida por el Crédit Mutuel y ese tipo del 1 %, es decir un 0,3 %, lo que equivaldría a unos 300 millones FRF anuales. Sin embargo, no existen pruebas de que, durante el período considerado, los competidores del Crédit Mutuel hubieran podido llevar a cabo esta misión en las mismas condiciones, con un nivel de remuneración del 1 %. Además, este primer argumento no demuestra el efecto llamada, sino que parece retomar el argumento de que el Crédit Mutuel recibió una compensación excesiva, lo que, como se demostrara, no sucedió. De la misma manera, nada permite demostrar que el efecto llamada equivalga a la diferencia entre la comisión de intermediación y la hipotética menor comisión que los competidores del Crédit Mutuel proponían como contrapartida a la distribución del Livret bleu.

| (115) | De acuerdo con el segundo método propuesto por los denunciantes, el efecto llamada se calcularía en función del crecimiento de las cuotas de mercado del Crédit Mutuel. Este método de evaluación no puede aceptarse ya que se basa en el postulado de que el aumento de las cuotas de mercado se debe exclusivamente al Livret bleu, postulado que no encuentra apoyo en ningún elemento objetivo. |
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(115)

De acuerdo con el segundo método propuesto por los denunciantes, el efecto llamada se calcularía en función del crecimiento de las cuotas de mercado del Crédit Mutuel. Este método de evaluación no puede aceptarse ya que se basa en el postulado de que el aumento de las cuotas de mercado se debe exclusivamente al Livret bleu, postulado que no encuentra apoyo en ningún elemento objetivo.

| (116) | La tercera evaluación del derecho exclusivo de distribución se funda en la pérdida de ingresos fiscales provocada por la exención fiscal del Livret bleu. Si el Crédit Mutuel hubiera querido distribuir, sin esa exención fiscal, una libreta de ahorros ofreciendo, cualquiera que fuera la situación fiscal de los ahorradores, el mismo rendimiento neto que el del Livret bleu, habría asumido un coste de oportunidad igual al importe del teórico impuesto (potencialmente) pagado por los ahorradores. En opinión de los denunciantes, se debe considerar que la ventaja fiscal acumulada en el período 1991-1997, estimada en 4 500 millones FRF, proporcionó al Crédit Mutuel ventajas inducidas por el mismo importe. Este razonamiento no puede aceptarse ya que, probablemente, el Crédit Mutuel no habría distribuido el Livret bleu en las mismas condiciones si hubiera tenido que asumir íntegramente el coste de la exención fiscal, que, por otra parte, beneficia directamente a sus socios. |
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(116)

La tercera evaluación del derecho exclusivo de distribución se funda en la pérdida de ingresos fiscales provocada por la exención fiscal del Livret bleu. Si el Crédit Mutuel hubiera querido distribuir, sin esa exención fiscal, una libreta de ahorros ofreciendo, cualquiera que fuera la situación fiscal de los ahorradores, el mismo rendimiento neto que el del Livret bleu, habría asumido un coste de oportunidad igual al importe del teórico impuesto (potencialmente) pagado por los ahorradores. En opinión de los denunciantes, se debe considerar que la ventaja fiscal acumulada en el período 1991-1997, estimada en 4 500 millones FRF, proporcionó al Crédit Mutuel ventajas inducidas por el mismo importe. Este razonamiento no puede aceptarse ya que, probablemente, el Crédit Mutuel no habría distribuido el Livret bleu en las mismas condiciones si hubiera tenido que asumir íntegramente el coste de la exención fiscal, que, por otra parte, beneficia directamente a sus socios.

| (117) | Las posibles ventajas en cuestión son difíciles de demostrar y de cuantificar. La ventaja económica directa obtenida por la explotación del Livret bleu se puede calcular directamente a partir de su contabilidad. En cambio, la ventaja económica inducida por la venta de otros productos o servicios a los clientes fidelizados por el Livret bleu solo se reflejaría en la contabilidad analítica de esos otros productos, si se pudiera distinguir a primera vista lo que se vende a los clientes fidelizados o captados por el Crédit Mutuel gracias al Livret bleu y lo que se vende a los clientes que han confiado en el Crédit Mutuel por otros motivos, lo que no sucede en el presente caso. Por estas razones, el asesor de la Comisión no pudo cuantificar el posible efecto llamada con el método contable aplicable para evaluar el conjunto de las ventajas económicas directas generadas por el Livret bleu. |
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(117)

Las posibles ventajas en cuestión son difíciles de demostrar y de cuantificar. La ventaja económica directa obtenida por la explotación del Livret bleu se puede calcular directamente a partir de su contabilidad. En cambio, la ventaja económica inducida por la venta de otros productos o servicios a los clientes fidelizados por el Livret bleu solo se reflejaría en la contabilidad analítica de esos otros productos, si se pudiera distinguir a primera vista lo que se vende a los clientes fidelizados o captados por el Crédit Mutuel gracias al Livret bleu y lo que se vende a los clientes que han confiado en el Crédit Mutuel por otros motivos, lo que no sucede en el presente caso. Por estas razones, el asesor de la Comisión no pudo cuantificar el posible efecto llamada con el método contable aplicable para evaluar el conjunto de las ventajas económicas directas generadas por el Livret bleu.

| (118) | Otros intentos de evaluación más sofisticados de ese efecto realizados por el asesor de la Comisión tampoco se vieron coronados por el éxito. Por consiguiente, la Comisión considera que no puede tomar en consideración la posible ventaja debida al efecto llamada para verificar la ausencia de una hipotética compensación excesiva. |
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(118)

Otros intentos de evaluación más sofisticados de ese efecto realizados por el asesor de la Comisión tampoco se vieron coronados por el éxito. Por consiguiente, la Comisión considera que no puede tomar en consideración la posible ventaja debida al efecto llamada para verificar la ausencia de una hipotética compensación excesiva.

7.2.4.   Cálculo del beneficio razonable

| (119) | Al verificar la ausencia de una compensación excesiva a la empresa encargada de un servicio de interés económico general, hay que tener en cuenta un beneficio razonable (65). El Marco comunitario de 2005 precisa que «por “beneficio razonable”, se debe entender un tipo de remuneración de los fondos propios que tenga en cuenta el riesgo, o la inexistencia del mismo, soportado por la empresa [...]. Normalmente, dicho tipo no debe superar el tipo medio registrado en el sector interesado durante los últimos años» (66). |
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(119)

Al verificar la ausencia de una compensación excesiva a la empresa encargada de un servicio de interés económico general, hay que tener en cuenta un beneficio razonable (65). El Marco comunitario de 2005 precisa que «por “beneficio razonable”, se debe entender un tipo de remuneración de los fondos propios que tenga en cuenta el riesgo, o la inexistencia del mismo, soportado por la empresa [...]. Normalmente, dicho tipo no debe superar el tipo medio registrado en el sector interesado durante los últimos años» (66).

| (120) | En la Decisión de ampliación (67), la Comisión consideró que cabía atribuir a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libres un beneficio razonable medio del 6 % de los fondos propios que se les destinaban. Ese tipo, variable de un año a otro y calculado, por término medio, en un 6 %, se corresponde con el tipo de rentabilidad inicialmente recomendado por el Crédit Mutuel: el banco había considerado como coste de los fondos propios el importe de los dividendos efectivamente distribuidos durante el año en cuestión. En la presente Decisión, por lo que se refiere a la toma en consideración de un beneficio razonable a la hora de verificar la ausencia de una posible compensación excesiva, la Comisión no se aparta, en lo que atañe a las aplicaciones libres y a las aplicaciones de interés general, del enfoque utilizado en la Decisión de ampliación, descrito en la subsección 7.2.5. |
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(120)

En la Decisión de ampliación (67), la Comisión consideró que cabía atribuir a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libres un beneficio razonable medio del 6 % de los fondos propios que se les destinaban. Ese tipo, variable de un año a otro y calculado, por término medio, en un 6 %, se corresponde con el tipo de rentabilidad inicialmente recomendado por el Crédit Mutuel: el banco había considerado como coste de los fondos propios el importe de los dividendos efectivamente distribuidos durante el año en cuestión. En la presente Decisión, por lo que se refiere a la toma en consideración de un beneficio razonable a la hora de verificar la ausencia de una posible compensación excesiva, la Comisión no se aparta, en lo que atañe a las aplicaciones libres y a las aplicaciones de interés general, del enfoque utilizado en la Decisión de ampliación, descrito en la subsección 7.2.5.

| (121) | En su Decisión de ampliación (68), la Comisión estimaba, sin embargo, que no debía aplicar ese beneficio razonable a los depósitos centralizados en la CDC en la medida en que estos no suponían coste alguno en fondos propios desde el punto de vista de la normativa prudencial, puesto que el Crédit Mutuel no había invertido esos depósitos, sino que los había centralizado en la CDC. Ahora bien, desde un punto de vista prudencial, el riesgo de crédito vinculado a los fondos centralizados en la CDC se considera parejo a la exposición con respecto al Estado (República Francesa), lo que equivale a una ponderación del riesgo igual a cero, que, por lo tanto, no requiere fondos propios. |
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(121)

En su Decisión de ampliación (68), la Comisión estimaba, sin embargo, que no debía aplicar ese beneficio razonable a los depósitos centralizados en la CDC en la medida en que estos no suponían coste alguno en fondos propios desde el punto de vista de la normativa prudencial, puesto que el Crédit Mutuel no había invertido esos depósitos, sino que los había centralizado en la CDC. Ahora bien, desde un punto de vista prudencial, el riesgo de crédito vinculado a los fondos centralizados en la CDC se considera parejo a la exposición con respecto al Estado (República Francesa), lo que equivale a una ponderación del riesgo igual a cero, que, por lo tanto, no requiere fondos propios.

| (122) | No tener en cuenta ningún beneficio razonable en relación con los fondos centralizados en la CDC supondría una disminución del beneficio razonable total (el relativo a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libre, por un lado, y el relativo a los saldos centralizados en la CDC, por otro) de 1991 à 1999, y su desaparición total a partir de 2000 a raíz de la centralización en la CDC de todos los saldos 1999 (69). |
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(122)

No tener en cuenta ningún beneficio razonable en relación con los fondos centralizados en la CDC supondría una disminución del beneficio razonable total (el relativo a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libre, por un lado, y el relativo a los saldos centralizados en la CDC, por otro) de 1991 à 1999, y su desaparición total a partir de 2000 a raíz de la centralización en la CDC de todos los saldos 1999 (69).

| (123) | En su carta de 1 de septiembre de 2006, en la que formulaban sus observaciones en respuesta a la Decisión de ampliación, las autoridades francesas confirmaron que los fondos centralizados en la CDC no consumían fondos propios reglamentarios. Sin embargo, según ellas, «habida cuenta de que no resultaba pertinente aplicar el coeficiente de solvencia europeo a partir de la centralización total en la CDC, acaecida en 1999, el Crédit Mutuel [propone] integra[r] para calcular el beneficio razonable del Livret bleu un coste de los fondos propios obtenido por referencia al de otros productos de ahorro y otros recursos». La Comisión no considera satisfactorio ese enfoque, ya que supone atribuir artificialmente a los recursos centralizados en la CDC unas necesidades de capital reglamentario que dependen de las necesidades medias de capital de los otros activos del Crédit Mutuel, que son totalmente independientes del Livret bleu. |
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(123)

En su carta de 1 de septiembre de 2006, en la que formulaban sus observaciones en respuesta a la Decisión de ampliación, las autoridades francesas confirmaron que los fondos centralizados en la CDC no consumían fondos propios reglamentarios. Sin embargo, según ellas, «habida cuenta de que no resultaba pertinente aplicar el coeficiente de solvencia europeo a partir de la centralización total en la CDC, acaecida en 1999, el Crédit Mutuel [propone] integra[r] para calcular el beneficio razonable del Livret bleu un coste de los fondos propios obtenido por referencia al de otros productos de ahorro y otros recursos». La Comisión no considera satisfactorio ese enfoque, ya que supone atribuir artificialmente a los recursos centralizados en la CDC unas necesidades de capital reglamentario que dependen de las necesidades medias de capital de los otros activos del Crédit Mutuel, que son totalmente independientes del Livret bleu.

| (124) | En efecto, el que no sean necesarios fondos propios reglamentarios refleja la ausencia de riesgo de pérdida de crédito, como sucede en el caso de los saldos centralizados en la CDC. La actividad de captación de depósitos por cuenta de la CDC tampoco entraña un riesgo de liquidez (con excepción del riesgo intramensual), ni de transformación de los vencimientos, porque el importe asignado a la CDC se ajusta mensualmente en función de la evolución de los depósitos y el tipo de interés pagado por la CDC se transfiere inmediatamente a los depositantes. Por lo tanto, es verdad que este servicio de interés económico general tiene un bajo nivel de riesgo para el Crédit Mutuel. Sin embargo, existen otros tipos de riesgos, como, por ejemplo, el operativo, el económico (riesgo de que el nivel de la remuneración no cubra los costes soportados), el jurídico y el de reputación. Allende de esto, otras actividades bancarias como la distribución de fondos mutualizados, la gestión de patrimonios o la venta de productos financieros (por ejemplo, acciones y obligaciones) no requieren el uso de fondos propios reglamentarios, sin dejar de ser, por esa razón, muy rentables. En consecuencia, no existe un vínculo directo entre la utilización de fondos propios reglamentarios —calculada sobre la base de reglas de prudencia cuyo objetivo específico no consiste en modo alguno en evaluar la rentabilidad de una actividad— y el beneficio que se espera de una actividad. |
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(124)

En efecto, el que no sean necesarios fondos propios reglamentarios refleja la ausencia de riesgo de pérdida de crédito, como sucede en el caso de los saldos centralizados en la CDC. La actividad de captación de depósitos por cuenta de la CDC tampoco entraña un riesgo de liquidez (con excepción del riesgo intramensual), ni de transformación de los vencimientos, porque el importe asignado a la CDC se ajusta mensualmente en función de la evolución de los depósitos y el tipo de interés pagado por la CDC se transfiere inmediatamente a los depositantes. Por lo tanto, es verdad que este servicio de interés económico general tiene un bajo nivel de riesgo para el Crédit Mutuel. Sin embargo, existen otros tipos de riesgos, como, por ejemplo, el operativo, el económico (riesgo de que el nivel de la remuneración no cubra los costes soportados), el jurídico y el de reputación. Allende de esto, otras actividades bancarias como la distribución de fondos mutualizados, la gestión de patrimonios o la venta de productos financieros (por ejemplo, acciones y obligaciones) no requieren el uso de fondos propios reglamentarios, sin dejar de ser, por esa razón, muy rentables. En consecuencia, no existe un vínculo directo entre la utilización de fondos propios reglamentarios —calculada sobre la base de reglas de prudencia cuyo objetivo específico no consiste en modo alguno en evaluar la rentabilidad de una actividad— y el beneficio que se espera de una actividad.

| (125) | Sin embargo, hay que convenir en que si, en el presente caso, la Comisión autorizase al Crédit Mutuel a obtener un beneficio razonable por la parte de los fondos centralizada en la CDC, estaría reconociendo que la fijación del nivel adecuado de ese beneficio supone un ejercicio que conlleva una evaluación económica compleja. El Livret bleu es un producto bancario atípico con características propias tanto de un producto de ahorro como de una cuenta corriente y en el que los fondos captados se centralizan en un organismo público. Así pues, no existen productos que, en sí, puedan comparársele directamente y dar una indicación del cuál sería el beneficio razonable de una actividad similar. |
| --- | --- |

(125)

Sin embargo, hay que convenir en que si, en el presente caso, la Comisión autorizase al Crédit Mutuel a obtener un beneficio razonable por la parte de los fondos centralizada en la CDC, estaría reconociendo que la fijación del nivel adecuado de ese beneficio supone un ejercicio que conlleva una evaluación económica compleja. El Livret bleu es un producto bancario atípico con características propias tanto de un producto de ahorro como de una cuenta corriente y en el que los fondos captados se centralizan en un organismo público. Así pues, no existen productos que, en sí, puedan comparársele directamente y dar una indicación del cuál sería el beneficio razonable de una actividad similar.

| (126) | A falta de un producto suficientemente comparable al Livret bleu, la Comisión cree que en el presente caso puede utilizar dos indicadores que permiten evaluar si, por lo que se refiere a los fondos centralizados en la CDC, un determinado beneficio puede ser considerado razonable. Esos dos indicadores son:






  a) | el margen de beneficio del sector bancario francés, es decir, el resultado antes de impuestos dividido por el volumen de negocios (en el presente caso, el volumen de negocios de los bancos viene representado por sus resultados de explotación). Con arreglo a las cifras del sector bancario francés para el período considerado (del 27 de septiembre de 1991 hasta el final de 2008), el margen de beneficio medio es de un 23 % por año; |
| --- | --- | --- |

(126)

A falta de un producto suficientemente comparable al Livret bleu, la Comisión cree que en el presente caso puede utilizar dos indicadores que permiten evaluar si, por lo que se refiere a los fondos centralizados en la CDC, un determinado beneficio puede ser considerado razonable. Esos dos indicadores son:

a)

el margen de beneficio del sector bancario francés, es decir, el resultado antes de impuestos dividido por el volumen de negocios (en el presente caso, el volumen de negocios de los bancos viene representado por sus resultados de explotación). Con arreglo a las cifras del sector bancario francés para el período considerado (del 27 de septiembre de 1991 hasta el final de 2008), el margen de beneficio medio es de un 23 % por año;

| b) | el tipo de rendimiento del sector bancario francés, es decir, el resultado antes de impuestos dividido por el importe de los activos. El tipo de rendimiento anual medio para todo el período considerado es de 45 puntos básicos (0,45 %). |
| --- | --- |

b)

el tipo de rendimiento del sector bancario francés, es decir, el resultado antes de impuestos dividido por el importe de los activos. El tipo de rendimiento anual medio para todo el período considerado es de 45 puntos básicos (0,45 %).

| (127) | El cuadro que figura a continuación (70) muestra el margen de beneficio y el tipo de rendimiento del sector bancario francés en el período 1993-2008 (no se dispone de datos anteriores a 1993): | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (72) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultado antes de impuestos (71) | 15,2 | 2,7 | 25,0 | 41,0 | 67,5 | 14,4 | 19,8 | 22,5 | 24,6 | 23,5 | 23,4 | 29,6 | 31,3 | 46,2 | 34,3 | –4,4 |
| Resultado de explotación (71) | 362,4 | 335,4 | 345,6 | 356,1 | 375,3 | 60,8 | 64,6 | 70,5 | 74,9 | 77,0 | 80,6 | 83,5 | 89,5 | 104,1 | 98,0 | 79,1 |
| Margen de beneficio | 4,2 % | 0,8 % | 7,2 % | 11,5 % | 18 % | 23,7 % | 30,6 % | 31,9 % | 32,8 % | 30,6 % | 29,0 % | 35,5 % | 35,0 % | 44,4 % | 35,1 % | –5,6 % |
| Margen de beneficio medio | 22,8 % |
| Activos (71) | No disponible | 16 333 | 17 216 | 18 291 | 19 894 | 3 052 | 3 394 | 3 452 | 3 783 | 3 793 | 3 960 | 4 390 | 5 275 | 6 041 | 7 061 | 7 699 |
| Tipo de rendimiento | No disponible | 0,02 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,47 % | 0,58 % | 0,65 % | 0,65 % | 0,62 % | 0,59 % | 0,68 % | 0,59 % | 0,77 % | 0,49 % | –0,05 % |
| Tipo de rendimiento medio | 0,45 % |

(127)

El cuadro que figura a continuación (70) muestra el margen de beneficio y el tipo de rendimiento del sector bancario francés en el período 1993-2008 (no se dispone de datos anteriores a 1993):

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (72)

Resultado antes de impuestos (71)

15,2

2,7

25,0

41,0

67,5

14,4

19,8

22,5

24,6

23,5

23,4

29,6

31,3

46,2

34,3

–4,4

Resultado de explotación (71)

362,4

335,4

345,6

356,1

375,3

60,8

64,6

70,5

74,9

77,0

80,6

83,5

89,5

104,1

98,0

79,1

Margen de beneficio

4,2 %

0,8 %

7,2 %

11,5 %

18 %

23,7 %

30,6 %

31,9 %

32,8 %

30,6 %

29,0 %

35,5 %

35,0 %

44,4 %

35,1 %

–5,6 %

Margen de beneficio medio

22,8 %

Activos (71)

No disponible

16 333

17 216

18 291

19 894

3 052

3 394

3 452

3 783

3 793

3 960

4 390

5 275

6 041

7 061

7 699

Tipo de rendimiento

No disponible

0,02 %

0,15 %

0,22 %

0,34 %

0,47 %

0,58 %

0,65 %

0,65 %

0,62 %

0,59 %

0,68 %

0,59 %

0,77 %

0,49 %

–0,05 %

Tipo de rendimiento medio

0,45 %

| (128) | Para calcular el margen de beneficio y el tipo de rendimiento del Crédit Mutuel por su actividad de captación de depósitos centralizados en la CDC, la Comisión utiliza los valores siguientes:






  a) | para el denominador del margen de beneficio, los ingresos percibidos por la actividad de captación de depósitos centralizados en la CDC, es decir, el importe anual de la comisión de intermediación; |
| --- | --- | --- |

(128)

Para calcular el margen de beneficio y el tipo de rendimiento del Crédit Mutuel por su actividad de captación de depósitos centralizados en la CDC, la Comisión utiliza los valores siguientes:

a)

para el denominador del margen de beneficio, los ingresos percibidos por la actividad de captación de depósitos centralizados en la CDC, es decir, el importe anual de la comisión de intermediación;

| b) | para el denominador del tipo de rendimiento, los depósitos transferidos a la CDC; |
| --- | --- |

b)

para el denominador del tipo de rendimiento, los depósitos transferidos a la CDC;

| c) | para el numerador, o lo que es igual, para el resultado antes de impuestos, la Comisión estima que, si se tiene cuenta como beneficio razonable un margen del 4,2 % para la actividad de captación de depósitos en la CDC, es decir, un resultado antes de impuestos equivalente a un 4,2 % de la comisión de intermediación recibida de la CDC, el Crédit Mutuel no obtiene una compensación excesiva (véase el cuadro del considerando 132). |
| --- | --- |

c)

para el numerador, o lo que es igual, para el resultado antes de impuestos, la Comisión estima que, si se tiene cuenta como beneficio razonable un margen del 4,2 % para la actividad de captación de depósitos en la CDC, es decir, un resultado antes de impuestos equivalente a un 4,2 % de la comisión de intermediación recibida de la CDC, el Crédit Mutuel no obtiene una compensación excesiva (véase el cuadro del considerando 132).

| (129) | Por lo que se refiere al segundo indicador (el tipo de rendimiento), la Comisión observa que, si toma en consideración un tipo de rendimiento de 5 puntos básicos como beneficio razonable para la actividad de captación de los depósitos centralizados en la CDC, resulta que el Crédit Mutuel no recibió una compensación excesiva por la gestión del Livret bleu durante el período considerado. |
| --- | --- |

(129)

Por lo que se refiere al segundo indicador (el tipo de rendimiento), la Comisión observa que, si toma en consideración un tipo de rendimiento de 5 puntos básicos como beneficio razonable para la actividad de captación de los depósitos centralizados en la CDC, resulta que el Crédit Mutuel no recibió una compensación excesiva por la gestión del Livret bleu durante el período considerado.

| (130) | Con arreglo al Marco comunitario de 2005, el beneficio razonable no debe superar el tipo medio registrado en el sector interesado durante los últimos años. Un margen de beneficio de un 4,2 % representa menos de una quinta parte del margen de beneficio medio del sector bancario (22,8 %). Dado que, como se expuso en el considerando 124, la actividad de captación de los depósitos centralizados en la CDC es una actividad de escaso riesgo y, por tanto, de bajo rendimiento, la Comisión cree que un margen de beneficio del 4,2 % no es manifiestamente excesivo y se puede considerar, en este caso, como un beneficio razonable. |
| --- | --- |

(130)

Con arreglo al Marco comunitario de 2005, el beneficio razonable no debe superar el tipo medio registrado en el sector interesado durante los últimos años. Un margen de beneficio de un 4,2 % representa menos de una quinta parte del margen de beneficio medio del sector bancario (22,8 %). Dado que, como se expuso en el considerando 124, la actividad de captación de los depósitos centralizados en la CDC es una actividad de escaso riesgo y, por tanto, de bajo rendimiento, la Comisión cree que un margen de beneficio del 4,2 % no es manifiestamente excesivo y se puede considerar, en este caso, como un beneficio razonable.

| (131) | De la misma manera, la Comisión cree que tomar en consideración un beneficio de 5 puntos básicos para los saldos centralizados en la CDC es razonable a la vista del tipo de rendimiento medio de 45 puntos básicos del sector bancario francés en el período considerado y representa un umbral bajo y prudente que puede estimarse como un beneficio que, en el presente caso, no parece manifiestamente desproporcionado. Por otra parte, el bajo nivel de beneficio refleja adecuadamente el nivel de riesgo asumido por el Crédit Mutuel por su actividad de captación para la CDC que, como se indica en el considerando 124, es escaso. |
| --- | --- |

(131)

De la misma manera, la Comisión cree que tomar en consideración un beneficio de 5 puntos básicos para los saldos centralizados en la CDC es razonable a la vista del tipo de rendimiento medio de 45 puntos básicos del sector bancario francés en el período considerado y representa un umbral bajo y prudente que puede estimarse como un beneficio que, en el presente caso, no parece manifiestamente desproporcionado. Por otra parte, el bajo nivel de beneficio refleja adecuadamente el nivel de riesgo asumido por el Crédit Mutuel por su actividad de captación para la CDC que, como se indica en el considerando 124, es escaso.

7.2.5.   Verificación de la inexistencia de una compensación excesiva

| (132) | A la vista de las consideraciones anteriores, la Comisión realizó una verificación —cuyos resultados se muestran en el cuadro que figura a continuación— de la inexistencia de una compensación excesiva utilizando el método descrito en las subsecciones 7.2.1 a 7.2.4 (73):








  (en millones EUR) |
| --- | --- |
| | COMPENSACIÓN | COMPENSACIÓN EXCESIVA O INFRACOMPENSACIÓN |
| Año | Comisión de intermediación
  (anual) | Enfoque global (74)

  (hasta el final de 2005) | Enfoque anual (75)

  (a partir de 2006) |
| 1991 (del 27.9.1991 al 31.12.1991) | 1,5 | 43,8 | No aplicable


  (el enfoque global se aplica hasta 2005, véase la subsección 7.2.2) |
| 1992 | 9,1 | 125,1 |
| 1993 | 16,8 | 184,0 |
| 1994 | 36,6 | 127,3 |
| 1995 | 59,5 | 114,5 |
| 1996 | 74,7 | 107,8 |
| 1997 | 82,3 | 88,4 |
| 1998 | 118,9 | 92,0 |
| 1999 | 188,9 | 98,3 |
| 2000 | 188,2 | 106,3 |
| 2001 | 181,9 | 91,3 |
| 2002 | 187,8 | 76,3 |
| 2003 | 197,7 | 61,2 |
| 2004 | 204,4 | 45,7 |
| 2005 | 196,7 | 15,0 |
| 2006 | [...] | | –39,1 |
| 2007 | [...] | | –24,3 |
| 2008 | [...] | | –6,1 |

(132)

A la vista de las consideraciones anteriores, la Comisión realizó una verificación —cuyos resultados se muestran en el cuadro que figura a continuación— de la inexistencia de una compensación excesiva utilizando el método descrito en las subsecciones 7.2.1 a 7.2.4 (73):

(en millones EUR)

COMPENSACIÓN

COMPENSACIÓN EXCESIVA O INFRACOMPENSACIÓN

Año

Comisión de intermediación

(anual)

Enfoque global (74)

(hasta el final de 2005)

Enfoque anual (75)

(a partir de 2006)

1991 (del 27.9.1991 al 31.12.1991)

1,5

43,8

No aplicable

(el enfoque global se aplica hasta 2005, véase la subsección 7.2.2)

1992

9,1

125,1

1993

16,8

184,0

1994

36,6

127,3

1995

59,5

114,5

1996

74,7

107,8

1997

82,3

88,4

1998

118,9

92,0

1999

188,9

98,3

2000

188,2

106,3

2001

181,9

91,3

2002

187,8

76,3

2003

197,7

61,2

2004

204,4

45,7

2005

196,7

15,0

2006

[...]

–39,1

2007

[...]

–24,3

2008

[...]

–6,1

| (133) | Puede constatarse que la compensación excesiva registrada al finalizar el año 2005 (15 millones EUR) es inferior al 10 % de la compensación de 2005 (196,7 millones EUR). De conformidad con el punto 21 del Marco comunitario de 2005 este importe puede descontarse el año siguiente. El resultado final es una infracompensación de -6,1 millones EUR al final del año 2008 para todo el período considerado. |
| --- | --- |

(133)

Puede constatarse que la compensación excesiva registrada al finalizar el año 2005 (15 millones EUR) es inferior al 10 % de la compensación de 2005 (196,7 millones EUR). De conformidad con el punto 21 del Marco comunitario de 2005 este importe puede descontarse el año siguiente. El resultado final es una infracompensación de -6,1 millones EUR al final del año 2008 para todo el período considerado.

| (134) | En consecuencia, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la comisión de intermediación no compensó en exceso al Crédit Mutuel por el servicio de interés económico general que se le confió desde el 27 de septiembre de 1991 hasta el final de 2008. |
| --- | --- |

(134)

En consecuencia, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la comisión de intermediación no compensó en exceso al Crédit Mutuel por el servicio de interés económico general que se le confió desde el 27 de septiembre de 1991 hasta el final de 2008.

8.   CONCLUSIÓN

| (135) | La Comisión concluye que la República Francesa ejecutó ilegalmente la ayuda en cuestión, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE. No obstante, la ayuda puede ser considerada compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE, puesto que la compensación pagada por el Estado no superó lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones. |
| --- | --- |

(135)

La Comisión concluye que la República Francesa ejecutó ilegalmente la ayuda en cuestión, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del TFUE. No obstante, la ayuda puede ser considerada compatible con el mercado interior con arreglo al artículo 106, apartado 2, del TFUE, puesto que la compensación pagada por el Estado no superó lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal ejecutada por la República Francesa en favor del Crédit Mutuel de conformidad con el Decreto de 27 de septiembre de 1991, por el que se definían las aplicaciones de interés general del Crédit Mutuel, es compatible con el mercado interior.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión es la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 24 de mayo de 2011.

Por la Comisión

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente

---

(1)  DO C 146 de 12.5.1998, p. 6, y DO C 210 de 1.9.2006, p. 12.

1

(2)  Denominación comercial de la libreta en cuestión, mencionada hasta el 31 de diciembre de 2008 en el artículo L221-1 del Código Monetario y Financiero (Code Monétaire et financier) con el nombre de compte spécial sur livret du crédit mutuel.

2

(Code Monétaire et financier)

compte spécial sur livret du crédit mutuel.

(3)  El auditor contable independiente (chartered accountant) Littlejohn Frazer, asistido por dos empresas auditoras francesas, Auditec y Scacchi.

3

(chartered accountant)

(4)  Entre ellos dos estudios estadísticos de la empresa auditora «Concurrence et Stratégie» dirigida por el catedrático de Economía Michel Glais.

4

(5)  IARD significa “Incendios, Accidentes, Riesgos Diversos”.

5

(6)  Decisión 2003/216/CE de la Comisión, de 15 de enero de 2002, relativa a la ayuda estatal concedida por la República francesa en favor del banco Crédit Mutuel (DO L 88 de 4.4.2003, p. 39).

6

(7)  Sentencia de 18 de enero de 2005 en el asunto T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel/Comisión (Rec. 2005, p. II-143).

7

(8)  Decisión C 88/97 de la Comisión, de 7 de junio de 2006, relativa al Crédit Mutuel («Livret bleu») Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (DO C 210 de 1.9.2006, p. 12).

8

(9)  El Crédit Mutuel disfruta del derecho exclusivo de distribución del Livret bleu. Sin embargo, este derecho fue calificado de derecho especial en la Decisión de 10 de mayo de 2007 debido a la naturaleza prácticamente idéntica del Livret bleu y del Livret A.

9

(10)  Decisión C(2007) 2110 de 10 de mayo de 2007, disponible en el sitio internet de la Comisión Europea, en la página: http://ec.europa.eu/competition/liberalisation/livret_a_fr.pdf.

10

(11)  Véase el considerando 41.

11

(12)  Véase el comunicado de prensa de la Comisión de 8 de octubre de 2009, disponible en el sitio internet de la Comisión, en la página: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1482&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en.

12

(13)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

13

(14)  Artículo 9 de la Ley de presupuestos rectificativos de 1975, Ley no 75-1242 de 27 de diciembre de 1975 [JORF (Boletín Oficial de la República Francesa) de 28.12.1975].

14

o

(15)  A través del régimen obligatorio de exacción liberatoria en origen, aplicado por el Crédit Mutuel por cuenta del ahorrador.

15

(16)  Este tipo era del 3 % a fecha de la Decisión anulada, véase la nota 6. El tipo de remuneración del Livret A era de un 2 % libre de impuestos a 1 de febrero de 2011.

16

(17)  Decreto de 31 de octubre de 1983«Importe de la aplicación obligatoria de interés general del Crédit Mutuel», JORF de 19.11.1983, p. 3278.

17

(18)  Decreto de 27 de septiembre de 1991 en el que se definían las aplicaciones de interés general del Crédit mutuel, JORF no 275 de 26.11.1991, p. 15383.

18

o

(19)  Mientras que el saldo existente se transfirió progresivamente a la CDC; véase el considerando 40.

19

(20)  Por contraposición a los depósitos nuevos, íntegramente centralizados en la CDC desde el Decreto de 27 de septiembre de 1991; véase el considerando 39.

20

(21)  Véanse los considerandos 36 y 50.

21

(22)  Sentencia del Tribunal de 24 de julio de 2003 en el asunto C-280/00, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (Rec. 2003, p. I-7747).

22

(23)  DO C 297 de 29.11.2005, p. 4.

23

(24)  El Crédit Mutuel se limita a remitirse al considerando 13 de la Decisión de ampliación en el que la Comisión se refiere a los resultados económicos del Crédit Mutuel en 2004 (valor del balance, resultado neto, coeficiente de explotación, fondos propios y coeficiente de solvencia).

24

(25)  Se trata: i) del correctivo IARD, ii) del cálculo de un margen de beneficio normal (beneficio razonable), y iii) de la responsabilidad de los socios. Véase el anexo I de la Decisión de ampliación.

25

(26)  El Crédit Mutuel hace referencia al punto 21 del Marco comunitario de 2005 según el cual, cuando el coste del servicio económico de interés general varíe considerablemente de un año a otro, puede resultar necesaria excepcionalmente para el funcionamiento del servicio de interés económico general una compensación excesiva superior al 10 %.

26

(27)  Arthur Andersen propuso un método de cálculo del coste de los fondos propios que lo mejoraba en relación con la evaluación inicial del Crédit Mutuel. Arthur Andersen propuso utilizar un tipo igual a la relación entre el resultado antes de impuestos y los fondos propios. Según Arthur Andersen este tipo reflejaría mejor la rentabilidad global del banco, mientras que el Crédit Mutuel había considerado como coste de los fondos propios el importe de los dividendos efectivamente distribuidos, es decir un tipo de rentabilidad del 6 % para el conjunto de sus actividades.

27

(28)  Véase el considerando 25 de la Decisión de ampliación.

28

(29)  Véase el considerando 28 de la Decisión de ampliación.

29

(30)  Francia se limita a remitirse al considerando 13 de la Decisión de ampliación en el que la Comisión cita los resultados financieros del Crédit Mutuel en 2004 (valor del balance, resultado neto, coeficiente de explotación, fondos propios y coeficiente de solvencia).

30

(31)  DO L 386 de 30.12.1989, p. 1.

31

(32)  Sobre los puntos de desacuerdo entre el asesor de la Comisión y el del Crédit Mutuel, véase la nota 25.

32

(33)  Amparado por el secreto comercial.

33

(34)  La primera modificación está ligada a la integración de la cotización obligatoria en el Fondo de garantía de depósitos establecido por la Ley de 25 de enero de 1999 sobre el ahorro y la seguridad financiera, y la segunda tiene relación con la modificación del cálculo de los fondos propios para tener en cuenta el beneficio razonable a partir de 1999.

34

(35)  DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Esta Directiva fue derogada por la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (DO L 318 de 17.11.2006, p. 17).

35

(36)  Según las autoridades francesas, la rebaja de la comisión de intermediación habría permitido a la CDC disminuir el coste de financiación de los arrendadores de viviendas sociales.

36

(37)  Véase el considerando 50 de la Decisión de ampliación: «[...] en el presente procedimiento, la Comisión considera que la única medida que puede contener elementos de ayuda es la comisión de intermediación».

37

(38)  Véase el considerando 41.

38

(39)  Véase la nota 22.

39

(40)  Las autoridades francesas se han referido a la Ley relativa a la apertura y el cierre de agencias bancarias, derogada en 1987. No obstante, de 1987 a 1991, se mantuvo un régimen de control del Crédit Mutuel. La normativa preveía un régimen de autorización y no un régimen de prohibición formal del cierre agencias o de reestructuraciones, en particular a partir de 1987. Este régimen de control se suprimió el 1 de julio de 1991 en el contexto más general de la renegociación de las relaciones contractuales entre el Estado y el Crédit Mutuel.

40

(41)  Véase el considerando 29 de la Decisión de ampliación.

41

(42)  Véase el considerando 34 y la nota 14.

42

(43)  Ley no 82-1152 de 30 de diciembre de 1982 (JORF de 31.12.1982, p. 3995).

43

o

(44)  Véase el apartado 93 de la sentencia Altmark citada en la nota 22.

44

(45)  Con arreglo al punto 7 del Marco comunitario de 2005: «Si los Estados miembros no respetan estos criterios [es decir, las cuatro condiciones de la jurisprudencia Altmark] [en la actualidad, artículo 107, apartado 1, del TFUE], la compensación por servicio público constituye una ayuda estatal» (el subrayado es nuestro).

45

(46)  Este examen es independiente del hecho de que la reforma de 1 de enero de 2009 pusiera fin a la infracción de la legislación europea sobre contratación pública que suponía la atribución directa al Crédit Mutuel de la misión de servicio público de captación de depósitos destinados a financiar la vivienda de protección oficial.

46

(47)  En virtud del convenio entre el Estado y el Crédit Mutuel en el que se fijaban las modalidades de aplicación del Decreto de 27 de septiembre de 1991, «La CDC pagará anualmente al Crédit Mutuel [...] el margen de compensación a fecha del último día laborable de cada año».

47

(48)  Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1996 en el asunto T-358/94, Air France/Comisión (Rec. 1996, p. II-2019), en especial sus apartados 58 a 61. Véase asimismo la Decisión 2010/606/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2010, relativa a la ayuda estatal C 9/09 (ex NN 49/08, NN 50/08 y NN 45/08) ejecutada por el Reino de Bélgica, la República Francesa y el Gran Ducado de Luxemburgo en favor de Dexia SA (DO L 274 de 19.10.2010, p. 54), considerandos 123, 124 y 125.

48

(49)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto C-730/79, Philip Morris/Comisión (Rec. 1980, p. 2671), apartados 11 y 12.

49

(50)  Sentencia de 13 de julio de 1988 en el asunto C-102/87, Francia/Comisión (Rec. 1988, p. 4067), apartado 19.

50

(51)  Véase el considerando 45 de la Decisión de 10 de mayo de 2007.

51

(52)  Véanse los considerandos 58 y 90 de la Decisión de 10 de mayo de 2007.

52

(53)  Véase el considerando 223 de la Decisión de 10 de mayo de 2007.

53

(54)  Véase el punto 14 del Marco comunitario de 2005.

54

(55)  Véanse los cuadros de los considerandos 68, 69, 73, 75, 76 y 79 de la Decisión de ampliación.

55

(56)  Se trata en su gran mayoría de casos en los que las empresas de servicio público desarrollaban sus actividades en el sector audiovisual [véase, a título de ejemplo, la Decisión 2004/838CE de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales ejecutadas por Francia en favor de France 2 y France 3 (DO L 361 de 8.12.2004, p. 21)].

56

(57)  Véase la nota 46.

57

(58)  Véase el punto 21 del Marco comunitario de 2005. En respuesta a la petición del Crédit Mutuel (véase la nota 26) de que se aplicara un enfoque global en virtud de la segunda y tercera frases del punto 21 del Marco comunitario de 2005, según las cuales, cuando los costes del servicio de interés general varíen considerablemente de un año a otro puede resultar necesaria, excepcionalmente, una compensación excesiva superior al 10 %, la Comisión recordaba que en virtud de la cuarta frase de ese punto 21, el Estado miembro debía explicar esa compensación «» [...] «». (el subrayado es nuestro). Ahora bien, la medida en cuestión no fue notificada y esta considera que el Crédit Mutuel no ha demostrado la existencia de una situación especial que justifique la aceptación, con carácter excepcional, para determinados años concretos, de una compensación excesiva superior al 10 %.

58

(59)  Véase como ejemplo la Decisión 2004/838/CE de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales ejecutadas por Francia en favor de France 2 y France 3 (DO L 361 de 8.12.2004, p. 21).

59

(60)  Véase la Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés de recuperación de las ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización para 25 Estados miembros aplicables a partir del 1 de enero de 2007 (DO C 317 de 23.12.2006, p. 2). Véase asimismo la página en internet siguiente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

60

(61)  Véase el considerando 39.

61

(62)  Véase, en particular, el dictamen del Conseil de la concurrence (Dictamen no 96-A-12 de 17 de septiembre de 1996, p. 8), el informe del senador Alain Lambert (Informe no 52de 30 de octubre de 1996, p. 72) y un estudio de Nathalie Daley, del Centre d’économie industrielle CERNA (La banque de détail en France: de l’intermédiation aux services, de febrero de 2001, p. 9).

62

o

o

La banque de détail en France: de l’intermédiation aux services,

(63)  Véanse los considerandos 52 y 53 de la Decisión de ampliación.

63

(64)  Véase el considerando 67 de la Decisión de ampliación «Los posibles resultados ligados a la distribución exclusiva del Livret bleu no se han podido cuantificar».

64

(65)  Véase el considerando 48 de la Decisión de ampliación y el punto 14 del Marco comunitario de 2005 que establece que: «El importe de la compensación no puede superar lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como por el desempeño de estas obligaciones.» (el subrayado es nuestro).

65

(66)  Véase el punto 18 del Marco comunitario de 2005.

66

(67)  Véase la sección 2 del anexo I de la Decisión de ampliación, considerandos 124 a 137.

67

(68)  Véase la sección 2 del anexo 1 de la Decisión de ampliación, considerando 132.

68

(69)  Véanse los considerandos 39 y 40.

69

(70)  Los datos del cuadro son resultado de cálculos basados en los datos facilitados por la Comisión Bancaire: http://www.banquedefrance.fr/fr/supervi/analyses_comparatives/analyses_comparatives.htm).

70

(71)  Los importes se expresan en miles de millones de FRF hasta 1998 y en miles de millones de EUR posteriormente.

71

(72)  Las datos de 2008 son estimativos.

72

(73)  Se han utilizado los tipos de referencia siguientes para los años 1992 a 2008: 10,61; 11; 8,93; 7,94; 8,22; 7,01; 5,83; 4,77; 5,7; 6,33; 5,06; 4,8; 4,43; 4,08; 3,7; 4,62; 5,19.

73

(74)  Resultado neto acumulado y actualizado, en millones EUR, teniendo en cuenta la comisión de intermediación, los resultados netos (gastos menos ingresos), de los saldos centralizados en la CDC, las aplicaciones libres y las aplicaciones de interés general, y utilizando un beneficio razonable de 5 puntos básicos para los fondos centralizados en la CDC, así como un beneficio razonable medio de un 6 % para los fondos propios asignados a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libres (véanse las subsecciones 7.2.1 a 7.2.4).

74

(75)  Resultado neto no acumulado y sin actualizar, en millones EUR, teniendo en cuenta la comisión de intermediación, los resultados netos (gastos menos ingresos), de los saldos centralizados en la CDC, las aplicaciones libres y las aplicaciones de interés general, y utilizando un beneficio razonable de 5 puntos básicos para los fondos centralizados en la CDC, así como un beneficio razonable medio de un 6 % para los fondos propios asignados a las aplicaciones de interés general y a las aplicaciones libres (véanse las subsecciones 7.2.1 a 7.2.4).

75

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