Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

MANGO TREE 

PROPERTIES, LLC

Apelada

V.

YAMIL COLÓN NÚÑEZ, SU 

ESPOSA FULANA DE TAL, 

Y LA SOCIEDAD LEGAL 

DE BIENES 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS; ASÍ COMO 

PABLO VARONA BORGES; 

Y PASEO 13, INC.

Apelante

KLAN202400393

Apelación

procedente del

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan

Caso Núm.:

SJ2024CV02740

Sobre:

Desahucio en 

Precario 

Procedimiento 

Sumario

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2024.

El 18 de abril de 2024, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones Paseo 13, Inc., (en adelante, Paseo 13 o parte apelante), 

mediante recurso de Apelación. En el mismo nos solicita que 

revisemos la Sentencia emitida el 10 de abril de 2024 y notificada el 

11 de abril de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. En virtud del aludido dictamen, el foro a quo

declaró Ha Lugar la Demanda presentada el 21 de marzo de 2024

por Mango Tree Properties, LLC (en adelante Mango Tree o parte 

apelada) en cuanto al desahucio de Paseo 13 y desestimó sin 

perjuicio, la reclamación de Reconvención instada por la parte 

apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.
KLAN202400393 2

I

El caso que nos ocupa dio inicio el día 21 de marzo de 2024, 

cuando Mango Tree interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia 

una Demanda de desahucio en precario en contra del Sr. Yamil 

Colón Núñez por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales que compone con la señora Lucy De Jesús 

Pagán, así como contra Pablo Varona Borges y Paseo 13, Inc. En 

apretada síntesis, Mango Tree alegó que, estos últimos han ocupado 

ilegalmente, sin contrato y sin derecho alguno la posesión material 

y disfrute de una propiedad ubicada en el 13 Paseo de Diego, San 

Juan, Puerto Rico, perteneciente a Mango, Tree. Aseveró que estos 

se han negado a desocupar la propiedad, a pesar de habérsele 

requerido expresamente. Mango Tree alegó, además, que la 

propiedad en cuestión ha pertenecido por décadas a los miembros y 

administradores de la compañía, lo que subraya la importancia de 

su pronta restitución.

En cuanto al señor Yamil Colón Núñez, la señora Lucy De 

Jesús Pagán y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

entre ambos, Mango Tree alegó que estos invadieron y ocuparon la 

propiedad ubicada en 13 Paseo de Diego y procedieron a arrendarle 

la misma al señor Pablo Varona Borges y a Paseo 13, Inc., de la cual 

este último es el agente residente, presidente y secretario.

Mango Tree le solicitó al foro primario que ordenara el desalojo 

de los que ocupaban ilegalmente la propiedad y que les ordenara el 

pago de los honorarios, costas y gastos a su favor.

Diligenciados los Emplazamientos y Citación por Desahucio el 

9 de abril de 2024, compareció ante el foro primario Pablo Varona 

Borges & Paseo 13, Inc., mediante Moción Asumiendo representación 

Legal, Contestación a la Demanda, Reconvención y Solicitud para 

descalificar al Bufete Villarrubia, LLC. En esencia, negaron las 

alegaciones de la Demanda. Entre sus defensas afirmativas, arguyó
KLAN202400393 3

que, Paseo 13, a través de sus miembros, pusieron fin a las 

condiciones de abandono de la propiedad, le hicieron arreglos y 

reparaciones; invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo en habilitar la 

propiedad y que Mango Tree pretende enriquecerse injustamente de 

los arreglos que se le hicieron a la aludida propiedad. Por tal razón, 

reclamó una suma no menor de cinco mil cincuenta y cinco dólares 

con veintiocho centavos ($5,055.28).

En la Reconvención reiteró que, durante los últimos cuatro 

años Paseo 13 estuvo realizando arreglos, reparaciones e 

inversiones en la propiedad objeto de la controversia, que se 

encontraba en condiciones precarias e inhabitables. Alegó, además

que, la Notaria Nicole Stowell Alonso el 1ro de septiembre de 2023, 

otorgó la escritura de donación, a pesar de ser testigo del caso y 

abogada del bufete de la parte apelada.

Finalmente, acaecidas varias incidencias procesales, 

innecesarias pormenorizar, el 9 de abril de 2024 se celebró la vista 

evidenciaria para dirimir la procedencia del desahucio. 

Subsiguientemente, el 10 de abril de 2024, el foro a quo emitió la

Sentencia apelada mediante la cual declaró Ha Lugar la Demanda 

en cuanto al desahucio de Paseo 13 y desestimó sin perjuicio, la 

Reconvención instada por la parte apelante. 

En su Sentencia el Tribunal de Primera Instancia, consignó

las siguientes determinaciones de hechos:

1. La demandante Mango Tree es la titular de la 

propiedad ubicada en 13 Paseo de Diego, San 

Juan, Puerto Rico y descrita en la Escritura 

número 7, del 1 de septiembre de 2023, otorgada 

ante la Notaria Nicole Stowell Alonso.

2. El 8 de abril de 2023 se emitió una Resolución 

Corporativa de Mango Tree Properties, L[LC], 

mediante la cual se autoriza al Sr. Basil Andrew 

McManus t/c/c Drew McManus a comparecer en 

estos procedimientos en representación de dicha 

compañía.

3. El Sr. Pablo Varona Borges est[á] autorizado a 

representar en este caso a Paseo 13.
KLAN202400393 4

4. No existe un contrato de arrendamiento entre 

Mango Tree y Paseo 13 con relación a la propiedad 

ubicada en 13 Paseo de Diego, San Juan, Puerto 

Rico y descrita en la Escritura número 7, del 1 de 

septiembre de 2023, otorgada ante la Notaria 

Nicole Stowell Alonso.

5. Paseo 13 se encuentra actualmente ocupando la 

propiedad ubicada en 13 Paseo de Diego, San 

Juan, Puerto Rico y descrita en la Escritura 

número 7, del 1 de septiembre de 2023, otorgada 

ante la Notaria Nicole Stowell Alonso.

Además, el foro primario concluyó lo siguiente:

POR TODO LO CUAL, tras atender las particularidades 

del caso a la luz de la norma aplicable y los 

fundamentos antes expuestos, se dicta Sentencia 

declarando HA LUGAR la demanda en cuanto al 

Desahucio de Paseo 13 y se desestima sin perjuicio la 

reclamación de Reconvención presentada por Paseo 13.

Se dispone conforme al Artículo 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2832, una fianza en 

apelación de $100.00 en caso de recurrirse de la 

presente Sentencia.

El Recurso de Apelación a esta Sentencia deberá 

interponerse en el término de cinco (5) días contados 

desde su notificación. Artículo 629 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado por la 

Ley Núm. 86 de 5 de junio de 2011. 

Por último, se tiene a la parte demandante por desistida 

de la presente causa de acción contra el demandado 

Pablo Varona Borges, en virtud de lo de la Regla 39.1 (a) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, se ordena el cierre 

y archivo del caso por desistimiento, con perjuicio en 

cuanto a este. Asimismo, el Tribunal aprueba la 

estipulación alcanzada con los demandados Yamil 

Colón Núñez, su esposa Lucy De Jesús Pagan, y [l]a 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, en sus precisos términos y condiciones. Así, 

estos se atendrán al estricto cumplimiento de lo 

estipulado y de esta Sentencia. Se les apercibe que, de 

no cumplir con el acuerdo, la parte demandante podrá 

solicitar el lanzamiento. 

Se dicta esta Sentencia sin la imposición de costas, 

gastos, ni honorarios de abogado únicamente en cuanto 

a los demandados Pablo Varona Borges, Yamil Colón 

Núñez, su esposa Lucy De Jesús Pagan, y [l]a Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos.

El 16 de abril de 2024, Paseo 13 presentó Moción de 

Reconsideración para Relevo de Fianza en Apelación. La primera 
KLAN202400393 5

instancia judicial emitió y notificó el 16 de abril de 2024 Orden Nhl 

Sin Efecto Fianza en Apelación, la cual se transcribe a continuación:

Nada que proveer por falta de jurisdicción. Adviértase 

que el Artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil 

no permite eximir del pago de fianza en apelación por la 

naturaleza de la representación legal del demandado, 

Mar[í]a Luis Blanes v. Alberto Valdejuli y Pilar Muñiz, 73 

DPR 2 (1952). Asimismo, al procedimiento sumario de 

desahucio no le asiste el derecho a solicitar 

reconsideración en el TPI, véase el Artículo 629 del 

mismo ordenamiento jurídico. A esos efectos, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que la característica 

medular de un procedimiento civil sumario es lograr, lo 

más rápido y económicamente posible, la reivindicación 

de determinados derechos, reduciendo al mínimo 

constitucionalmente permisible el elenco de garantías 

procesales, conlleva acortar términos, en ocasiones, 

hacerlos improrrogables y prescindir de ciertos trámites 

comunes al procesos ordinarios sin negar al 

demandado o querellado una oportunidad real de 

presentar efectivamente sus defensas. Se acepta que 

estos procedimientos sumarios, en el fondo, 

constituyen unos tratos privilegiados y que su 

justificación responde a un interés gubernamental 

legítimo de atender prioritariamente ciertas causas de 

acción. Por ser la excepción, su aplicación está limitada 

a situaciones expresas en que la Asamblea Legislativa 

ha reconocido la necesidad y trascendencia de reparar, 

en un breve plazo, algún agravio. Turabo Ltd.

Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234 (1992).

Inconforme, la parte apelante acudió ante este foro revisor 

mediante recurso de Apelación y esgrimió los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la Reconvención presentada por Paseo 13, pese a 

que esta tenía un derecho a retener la propiedad 

hasta tanto se le compensara por los costos 

incurridos en la limpieza y rehabilitación de la 

propiedad abandonada por la parte demandanteapelada, antes de que se ordenara su desahucio.

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

descalificar al Bufete Villarrubio como 

representante legal de la parte demandanteapelada, a pesar de que las circunstancias 

particulares de este caso y la apariencia de 

parcialidad de la notaria, empleada y testigo del 

bufete, contravienen en el principio de la fe pública 

notarial e impiden que el Bufete Villarrubio 

represente a la apelada.

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no relevar 

de imposición de la fianza en apelación a la parte 

demandada-apelante, a pesar de esta estar 

representada por la Clínica de Asistencia Legal de 
KLAN202400393 6

la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico.

El 26 de abril de 2024, la parte apelada compareció mediante 

Alegato en Oposición a Recurso de Apelación y Solicitud de 

Desestimación. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver.

II

A. Desahucio

Respecto a la acción de desahucio, nuestro Máximo Foro ha 

expresado que esta es “el mecanismo que tiene el dueño o la dueña 

de un inmueble para recuperar la posesión de hecho de una 

propiedad, mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detenta sin pagar canon o merced alguna”. 

Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020); Payano v. 

Cruz, 2022 TSPR 78 (2022). El desahucio puede ser solicitado 

mediante un proceso sumario u ordinario. Adm. Vivienda Pública v. 

Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018). El procedimiento de 

desahucio sumario está reglamentado por los Arts. 620-634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838. Íd.; 

Payano v. Cruz, supra; ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 

(2016). Esta reglamentación responde al interés del Estado en 

atender expeditamente la reclamación del dueño de un inmueble, 

cuyo derecho a poseer y disfrutar su propiedad ha sido 

interrumpido. Íd.; Cooperativa v. Colón Lebrón, supra, pág. 820; 

Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, pág. 240. El objetivo 

de la acción de desahucio es recuperar la posesión de hecho de un 

bien inmueble. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10. Según 

el Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, las personas que 

pueden instar una acción de desahucio son los dueños de la finca, 
KLAN202400393 7

sus apoderados, los usufructuarios o cualquier otro que tenga 

derecho a disfrutarla y sus causahabientes. 32 LPRA sec. 2821.

El Código de Enjuiciamiento Civil es el cuerpo legal que 

articula las normas vigentes sobre esta acción. 32 LPRA 2821, et 

seq. Con relación al proceso de apelación de un desahucio, la Ley de 

Desahucio contiene un procedimiento especial. Acosta et al. v. 

Torres S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 989 (2012).

De otra parte, el procedimiento sumario de desahucio está 

reglamentado en los Artículos 620 a 634 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2821-2838. Es preciso señalar que, 

mediante la Ley Núm. 86-2011, se enmendó el Artículo 629 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2831, con el fin de reducir 

el término para apelar una sentencia de desahucio. 

Dicho Artículo dispone específicamente lo siguiente:

Las apelaciones deberán interponerse en el término de 

cinco (5) días contados desde la fecha del archivo en autos 

de la notificación de la sentencia, por las partes 

perjudicadas por la misma o sus abogados.

 

En el antes citado estatuto, el legislador plasmó su clara 

intención en la Exposición de Motivos, que en su parte pertinente 

dispone:

Las personas que optan por ofrecer sus viviendas para 

alquiler son selectivas en el proceso, con el fin de 

minimizar su riesgo como arrendador. A manera de 

ejemplo, una de las principales quejas de éstos es que 

el trámite de desahucio resulta muy extenso en los 

tribunales, debido a, entre otras cosas, constantes 

suspensiones, lo que resulta en consecuencias 

desfavorables para el arrendador. 

Como bien se puede apreciar, el término jurisdiccional de 

treinta (30) días para apelar las determinaciones de los tribunales 

de primera instancia se redujo en la nueva ley a cinco (5) días. El 

texto del Art. 629, según enmendado, dispone que “[l]as apelaciones 

deberán interponerse en el término de cinco (5) días contados desde 

la fecha de archivo en autos de la notificación de la sentencia, por 

las partes perjudicadas por la misma o sus abogados”. 
KLAN202400393 8

Así, la sentencia de desahucio, de conformidad con el artículo 

630 del Código de Enjuiciamiento Civil, es final y firme al expirar el 

término de cinco (5) días desde que se notifica la misma a los

demandados. González v. López, 69 DPR 944, 947 (1949).

B. Descalificación de abogado

La Regla 9.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

lo siguiente respecto al poder de los tribunales para supervisar la 

conducta de los abogados: 

El Tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar 

la conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, podrá, 

a iniciativa propia o a solicitud de parte, imponer sanciones 

económicas o de otra naturaleza o descalificar a un abogado o 

abogada que incurra en conducta que constituya un obstáculo para 

la sana administración de la justicia o infrinja sus deberes hacia el 

Tribunal, sus representados(as) o sus compañeros(as) 

abogados(as).

Según dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, los 

procedimientos de descalificación de abogados no constituyen 

acciones disciplinarias de por sí. ORIL v. El Farmer Inc., 204 DPR 

229, 241 (2020); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, 596 (2012); Meléndez v. Caribbean Int ́l News, 151 DPR 649, 

660 (2000). Puesto que, la descalificación es una medida preventiva 

que tiene como fin (1) evitar posibles infracciones a los cánones del 

Código de Ética Profesional o (2) evitar actos disruptivos de los 

abogados durante el trámite de un pleito. ORIL v. El Farmer Inc., 

supra, pág. 241; Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 

596. Es por lo que, los foros de instancia están facultados para 

evaluar y resolver las mociones de descalificación cuando estas sean 

presentadas en los casos que se ventilan ante sí. Liquilux Gas Corp. 

v. Berríos Zaragoza, 138 DPR 850, 864 (1995). Los jueces podrán 

descalificar a los abogados si ello resulta necesario para lograr la 
KLAN202400393 9

solución justa, rápida y económica de los pleitos. ORIL v. El Farmer 

Inc., supra, pág. 241. Nuestro más Alto Foro ha dispuesto que “[a]l 

evaluar lo sustantivo en la procedencia de una descalificación, los 

tribunales deben hacer un análisis de la totalidad de las 

circunstancias para valorar si la actuación del abogado constituye 

un acto disruptivo o si tiene el potencial de desembocar en una 

violación de los Cánones del Código de Ética Profesional”. Íd. pág. 

242; Meléndez v. Caribbean Int ́l News, supra, pág. 662.

La descalificación puede darse en dos instancias, ya sea (1) 

por orden del tribunal motu proprio, o (2) cuando el Tribunal accede 

a solicitud de una parte. En lo pertinente, cuando la parte adversa 

solicita la descalificación, el Tribunal Supremo ha expresado que, la 

mera presentación de la moción de descalificación no conlleva 

automáticamente la concesión de tal petición. ORIL v. El Farmer 

Inc., supra, pág. 242; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra, 

pág. 864. Cuando el tribunal evalúe una moción de descalificación, 

deberá además evaluar la totalidad de las circunstancias de acuerdo 

con los siguientes factores: (1) si el solicitante de la descalificación 

tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad de la posible 

violación ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o los 

hechos pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados 

implicados; (4) la etapa de los procedimientos en que surja la 

controversia sobre descalificación y su posible efecto en cuanto a la 

solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito detrás 

de la descalificación, es decir, si la moción se está utilizando como 

mecanismo para dilatar los procedimientos. Íd. págs. 242-

243; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra, págs. 864-

865; Otano v. Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996); Job Connection 

Center v. Sups. Econo, supra, págs. 597-598.

El juzgador de hechos podrá denegar una solicitud de 

descalificación presentada por una parte adversa si entiende que 
KLAN202400393 10

esta ha sido interpuesta como una táctica dilatoria del 

procedimiento. Íd.; Otano v. Vélez, supra, pág. 828. También podrá 

ser denegada en instancias donde la solicitud sea considerada 

frívola o cuando se presenta con el propósito de intimidar a la parte 

adversa. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 

598. Cuando el tribunal atiende una moción de descalificación 

deberá analizar si la continuación de la representación legal podría 

causarle perjuicio o una desventaja indebida en el caso a su 

solicitante. Íd.; ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 243. Asimismo, 

deberá sopesar el derecho que le asiste a toda persona de escoger 

con libertad su representación legal. Íd. Finalmente, el abogado 

contra quien se interponga la moción de descalificación tiene 

derecho a ser oído y a presentar prueba a su favor. Íd.; Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598.

En el contexto de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el 

Tribunal Supremo resolvió que, la descalificación de un abogado 

tiene repercusiones que afectan potencialmente los derechos de las 

partes, el trámite de los procedimientos, el derecho de la libre 

selección de representación legal y los derechos del representante 

legal a ser descalificado, es por lo que, es procedente la revisión 

interlocutoria. ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 244; Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 601. En estos casos, 

el más Alto Foro ha sido enfático en que “esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd.; ORIL v. El 

Farmer Inc., supra, pág. 244. En Job Connection Center v. Sups. 

Econo, supra, el Tribunal Supremo expresó que los tribunales 

apelativos estamos llamados a revisar la decisión sobre la 

descalificación, siempre y cuando se demuestre que el foro de 

instancia abusó crasamente de su discreción, actuó con perjuicio o 

parcialidad, se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que la 
KLAN202400393 11

intervención en esta etapa evitaría un perjuicio sustancial. ORIL v. 

El Farmer Inc., supra, pág. 244. Además, la descalificación de un 

abogado no deberá imponerse ligeramente, puesto que, esta afecta 

aspectos tales como los derechos de las partes y el trámite de los 

procedimientos. Íd. El Tribunal Supremo ha destacado que la 

descalificación únicamente procederá cuando sea estrictamente 

necesario, pues se considera un remedio drástico que debe ser 

evitado si existen medidas menos onerosas que puedan asegurar la 

integridad del proceso judicial y el trato justo de las partes. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 597; ORIL v. El Farmer 

Inc., supra, pág. 244.

C. Deferencia al Tribunal de Primera Instancia

Según es sabido, las determinaciones de hechos y de 

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de 

gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el 

juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical. Pueblo v. Hernández 

Doble, 210 DPR 850, 864 (2022); Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 

206 DPR 194, 219 (2021); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 770-771 (2013); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 

281, 289 (2011); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341, 356 

(2009). Bajo este supuesto, los foros de primera instancia tienen la 

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de los testigos. 

Pueblo v. Hernández Doble, supra; Santiago Ortiz v. Real Legacy et 

al., supra; Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 142 

(2013).

No obstante, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá 

ser preterida en ciertas instancias. Nuestro Máximo Foro ha 

reiterado que, los tribunales apelativos no debemos intervenir con 

las determinaciones ni las adjudicaciones de los juzgadores de 

primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o 
KLAN202400393 12

error manifiesto. Pueblo v. Hernández Doble, supra; Santiago Ortiz 

v. Real Legacy et al., supra; Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 

195 DPR 476, 490 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 753; Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 

(2012); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, supra.

Como sabemos, “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal 

ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no 

tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial 

está estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.” 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 

Véase, además, Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 373 (2020);

Umpierre Matos v. Juelle Abello, 203 DPR 254, 275 (2019), citando a 

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Es por lo 

que, nuestra más Alta Curia ha definido la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.” Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al., 2023 TSPR 65, 212 DPR ___ (2023); Pueblo v. Rivera Montalvo, 

supra, citando a Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735 

(2018); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 

(2016); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435, citando 

a IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). Así, la discreción se 

“nutr[e] de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y 

fundamentado en un sentido llano de justicia; no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna.” Citibank et 

al. v. ACBI et al., supra, citando a SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977). Ello “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 
KLAN202400393 13

144 DPR 651, 658 (1997); Hietel v. PRTC, supra, citando a Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra.

Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia 

de epígrafe, procedemos a aplicarla.

III

En su primer señalamiento de error, la parte apelante nos 

plantea que, incidió el foro primario al desestimar la Reconvención

presentada por Paseo 13, pese a que esta tenía un derecho a retener 

la propiedad hasta tanto se le compensara por los costos incurridos 

en la limpieza y rehabilitación de la propiedad abandonada por la 

parte demandante-apelada, antes de que se ordenara su desahucio. 

No le asiste la razón.

Al examinar las alegaciones de la reconvención sobre este 

particular, notamos que, la parte apelante alegó que puso fin a las 

condiciones de abandono de la propiedad, le hizo arreglos y 

reparaciones; invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en habilitar la 

propiedad en cuestión y que Mango Tree pretende enriquecerse 

injustamente de los arreglos que se le hicieron a la aludida 

propiedad. Por tal razón, reclamó una suma no menor de cinco mil 

cincuenta y cinco dólares con veintiocho centavos ($5,055.28)1.

En primer lugar, en el caso que nos ocupa, de la prueba 

desfilada, admitida y aquilatada por el foro a quo, durante la vista 

evidenciaria surge con meridiana claridad que, nunca existió un 

contrato de arrendamiento entre Mango Tree y Paseo 13 con relación 

a la propiedad ubicada en 13 Paseo de Diego, San Juan, Puerto Rico 

y descrita en la Escritura número 7, del 1 de septiembre de 2023, 

otorgada ante la Notaria Nicole Stowell Alonso. Quedó demostrado 

1 La parte apelante en su Reconvención no explicó con suficiente especificidad en 

qué consistieron dichas reparaciones, ni desglosó el costo total de las mismas, 

con identificación de cada una de las partidas.
KLAN202400393 14

a satisfacción del foro primario y de este foro revisor, que Paseo 13 

ha estado ocupando en precario la referida propiedad.

Por otro lado, la parte apelante no demostró ni tampoco surge 

del expediente que, de modo alguno, Mango Tree hubiese autorizado 

a Paseo 13 a ocupar la propiedad en cuestión y mucho menos, a 

realizar arreglos, reparaciones e inversiones en la propiedad objeto 

de la controversia. En vista de ello, la parte apelada no estaba 

obligada a resarcirle a la parte apelante la suma reclamada por tal 

concepto. En vista de lo anterior concluimos que, el foro primario 

no cometió el primer error señalado.

Como segundo señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que, erró el Tribunal de Primera Instancia al no descalificar 

al Bufete Villarrubio como representante legal de la parte 

demandante-apelada, a pesar de que las circunstancias particulares 

de este caso y la apariencia de parcialidad de la Notaria, empleada 

y testigo del bufete, contravienen en el principio de la fe pública

notarial e impiden que el Bufete Villarrubio represente a la apelada. 

No nos persuade.

Sobre este particular, coincidimos con la primera instancia 

judicial en que, la participación de la licenciada Stowell Alonso como 

notaria, no es relevante a la hora de dirimir las controversias del 

caso, ya que no surge del expediente que esta fungiera como 

abogada de alguna de las partes. Tampoco está en controversia el 

negocio jurídico en el cual la Notario le impartió su fe notarial. Las 

meras alegaciones sin más, de la parte apelante, no son suficientes 

para descalificar al Bufete Villarubio.

Conforme surge de la exposición del derecho que hicimos 

previamente, nuestra Alta Curia ha resuelto que, la mera 

presentación de la moción de descalificación no conlleva 

automáticamente la concesión de tal petición. ORIL v. El Farmer 

Inc., supra, pág. 242; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra, 
KLAN202400393 15

pág. 864. Cuando el tribunal evalúe una moción de descalificación, 

deberá además evaluar la totalidad de las circunstancias de acuerdo 

con los siguientes factores: (1) si el solicitante de la descalificación 

tiene legitimación activa para invocarla; (2) la gravedad de la posible 

violación ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o los 

hechos pertinentes a la controversia y el expertise de los abogados 

implicados; (4) la etapa de los procedimientos en que surja la 

controversia sobre descalificación y su posible efecto en cuanto a la 

solución justa, rápida y económica del caso, y (5) el propósito detrás 

de la descalificación, es decir, si la moción se está utilizando como 

mecanismo para dilatar los procedimientos. Íd. págs. 242-

243; Liquilux Gas Corp. v. Berríos Zaragoza, supra, págs. 864-

865; Otano v. Vélez, supra, pág. 828; Job Connection Center v. Sups. 

Econo, supra, págs. 597-598.

El juzgador de hechos podrá denegar una solicitud de 

descalificación presentada por una parte adversa si entiende que 

esta ha sido interpuesta como una táctica dilatoria del 

procedimiento. Íd.; Otano v. Vélez, supra, pág. 828. También podrá 

ser denegada en instancias donde la solicitud sea considerada 

frívola o cuando se presenta con el propósito de intimidar a la parte 

adversa. Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 

598. Cuando el tribunal atiende una moción de descalificación 

deberá analizar si la continuación de la representación legal podría 

causarle perjuicio o una desventaja indebida en el caso a su 

solicitante. Íd.; ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 243. Asimismo, 

deberá sopesar el derecho que le asiste a toda persona de escoger 

con libertad su representación legal. Íd. Finalmente, el abogado 

contra quien se interponga la moción de descalificación tiene 

derecho a ser oído y a presentar prueba a su favor. Íd.; Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598.
KLAN202400393 16

Respecto a nuestra facultad revisora en cuanto a la 

descalificación de la representación legal de una parte, nuestro 

Tribunal Supremo expresó en Job Connection Center v. Sups. Econo, 

supra, que, los tribunales apelativos estamos llamados a revisar la 

decisión sobre la descalificación, siempre y cuando se demuestre 

que el foro de instancia abusó crasamente de su discreción, 

actuó con perjuicio o parcialidad, se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que la intervención en esta etapa evitaría 

un perjuicio sustancial. ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 244. 

(Énfasis nuestro).

Además, la descalificación de un abogado no deberá 

imponerse ligeramente, puesto que, esta afecta aspectos tales como 

los derechos de las partes y el trámite de los procedimientos. Íd. El 

Tribunal Supremo ha destacado que la descalificación únicamente 

procederá cuando sea estrictamente necesario, pues se considera 

un remedio drástico que debe ser evitado si existen medidas menos 

onerosas que puedan asegurar la integridad del proceso judicial y el 

trato justo de las partes. Job Connection Center v. Sups. Econo, 

supra, pág. 597; ORIL v. El Farmer Inc., supra, pág. 244.

En la medida en que en el presente caso no están presentes 

los criterios doctrinarios antes esbozados para que intervengamos 

con la determinación discrecional del foro primario de denegar la 

aludida descalificación, declinamos intervenir con la misma.

Por último, en su tercer señalamiento de error, la parte 

apelante sostiene que, erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

relevar de imposición de la fianza en apelación a la parte 

demandada-apelante, a pesar de esta estar representada por la 

Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Le asiste la razón.
KLAN202400393 17

Ahora bien, en la medida en que no hemos requerido la 

prestación de fianza en apelación, por no ser procedente en derecho, 

dicho señalamiento de error se tornó en académico. En vista de ello, 

dicho señalamiento de error, no requiere mayor análisis ni 

discusión.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones