Número Identificador

RES2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI-ESPECIAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES 

VILLARRUBIA RUIZ

Peticionaria

v.

AGUADA EMERALD FIELDS 

CANNABIS WELLNESS 

CENTER, LLC., NATALIA 

ALBERTORIO RIVERA EN 

SU CARÁCTER PERSONAL, 

COMO SOCIO 

ADMINISTRADORA Y 

AGENTE RESIDENTE DE 

AGUADA EMERALD FIELDS 

CANNABIS WELLNESS 

CENTER, LLC., EMERALD 

HOLDINGS, LLC., 

WILFREDO ORTIZ, 

PERSONA NATURAL ABC, 

PERSONA JURÍDICA DEF

Recurridos

KLCE202300048

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Aguadilla

Caso Núm.:

AU2020CV00418

Sobre:

Ley General de 

Corporaciones de 

Puerto Rico, 

Incumplimiento de 

Contrato, Dolo, 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero.

Martínez Cordero, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2024.

Comparece la señora María de los Ángeles Villarrubia Ruiz (en 

adelante, señora Villarrubia Ruiz o peticionaria), ante este Tribunal 

revisor, mediante un recurso de Certiorari. Nos solicita que 

revisemos la Orden emitida y notificada el 21 de diciembre de 2022, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en 

adelante, TPI o foro primario). Mediante el aludido dictamen, el TPI 

determinó que Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, 

LLC (en adelante, Aguada Emerald o recurrida) cumplió con el

descubrimiento de prueba cursado por la señora Villarrubia Ruiz.
KLCE202300048 2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de Certiorari. 

I

El 13 de diciembre de 2020, la señora Villarrubia Ruiz 

presentó una Demanda sobre la Ley General de Corporaciones1, 

incumplimiento de contrato, dolo y daños y perjuicios en contra de 

Aguada Emerald, la Sra. Natalia Albertorio Rivera (en adelante, 

señora Albertorio Rivera), en su carácter personal y como socia 

administradora de Aguada Emerald, el Sr. Wilfredo Ortiz Aponte (en 

adelante, señor Ortiz Aponte), quien era el esposo de la señora 

Albertorio Rivera, la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos, Emerald Holdings LLC, Health Herb LLC y otros2. 

Así las cosas, el 28 de enero de 2021, la peticionaria presentó 

una Demanda enmendada3. Posteriormente, el 15 de marzo de 2022, 

la señora Villarrubia Ruiz presentó una segunda Demanda 

enmendada a los fines de incluir una acción derivativa en 

representación Aguada Emerald y reclamar la anulación de la 

transferencia de la licencia para la operación del dispensario de 

cannabis medicinal y reclamar todos los daños y perjuicios que 

dicha transferencia le ocasionó a Aguada Emerald.

4

Por su parte, el señor Ortiz Aponte presentó su Contestación 

a segunda demanda enmendada.

5 De igual forma, Emerald 

Holdings, presentó su Contestación a la segunda demanda 

enmendada6. A su vez, Aguada Emerald, presentó su Contestación 

a segunda demanda enmendada y Reconvención enmendada.

7

1 Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según 

enmendada, 14 LPRA § 3501 et seq.

2 Véase entrada Núm. 1 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (en adelante, SUMAC). 

3 Véase Entrada Núm. 12 del SUMAC.

4 Véase Entrada Núm. 180 del SUMAC.

5 Véase Entrada Núm. 201 del SUMAC

6 Véase Entrada Núm. 207 del SUMAC.

7 Véase Entrada Núm. 208 del SUMAC.
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Luego de varios incidentes procesales, los cuales no son 

necesarios pormenorizar, inició el descubrimiento de prueba. Según 

surge del expediente ante nuestra consideración, el 5 de diciembre 

de 2022, la señora Villarrubia Ruiz, presentó una Solicitud de orden 

sobre producción de documentos y una Moción incluyendo anejos de 

solicitud de orden de producción de documentos.

8 En esencia, solicitó 

a la señora Albertorio Rivera, administradora de Aguada Emerald, 

unos documentos que no había entregado. 

En específico, solicitó los siguientes documentos: 1) 

certificados de membresía y evidencia de pago; 2) copia de los 

formularios 499R-3, W3PR y 480 emitidos durante los años 2018 a

2021; 3) copia de las planillas de contribución sobre ingresos para 

los años 2020 y 2021; 4) copia de las planillas de CRIM para los 

años 2018 a 2021; 5) copia del pago de patentes para los años 2018

a 2021; 6) copia de los informes del Departamento de Estado para 

los años 2018 a 2021; 7) reporte de las compras y ventas de los años 

2018 a 2021 o documentos relacionados a compras y ventas de 

Aguada Emerald; 8) copia de los documentos donde se haya llevado 

cuenta del dinero que se mantuvo en bóveda durante los años 2018

a 2021; 9) estado financiero para el periodo que concluye el 31 de 

agosto de 2021; 10) mayor general detallado, para los periodos 

terminados el 31 de diciembre de 2018 a 2021 o récords de la 

contabilidad de Aguada Emerald; 11) contratos de empleados; 12) 

contratos con contratistas; 13) contratos con otras compañías; y 14) 

copia de documentos relativos a la venta del inventario de productos 

de cannabis de Aguada Emerald que se vendió a EFA, LLC, 

incluyendo cualquier documento que demostrase el precio pagado 

por Aguada Emerald al adquirir los productos. 

8 Apéndice del Recurso, a las págs. 3-6.
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Con relación a dicha solicitud, el 7 de diciembre de 2022, el 

TPI emitió una Orden, que se notificó al día siguiente, en la cual 

dispuso lo siguiente: 

“Se ordena a la señora Natalie Albertorio como 

administradora de Aguada Emerald producir los 

documentos requeridos al inciso 6 en Moción de orden 

sobre producción de documentos presentada por la 

parte demandante. 

Si no puede producirlo expréselo y si puede y no lo hace, 

el Tribunal tomará determinaciones en la vista...”

9

El 9 de diciembre de 2022, Aguada Emerald presentó una 

Moción en cumplimiento de orden. Arguyó que, el 21 de noviembre de 

2022, la señora Albertorio Rivera contestó la producción de 

documentos que se le remitió el 5 de diciembre de 2022. Además, 

acompañó la Moción con un documento intitulado Contestaciones a 

segunda producción de documentos.

10 En el referido documento, 

Aguada Emerald objetó la mayoría de los requerimientos. En la 

misma fecha, el TPI emitió y notificó una Orden en la cual determinó 

que la señora Albertorio Rivera cumplió con la producción de 

documentos.11 

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2022, la señora 

Villarrubia Ortiz presentó una Moción de reconsideración12. Adujo 

que, Aguada Emerald indujo a error al TPI, toda vez que presentó 

una Moción en la cual esbozó que cumplió con el descubrimiento de 

prueba. No obstante, señaló que la señora Albertorio Rivera

acompañó una contestación a requerimiento de documentos que se 

le había cursado previamente y, en la cual había objetado la 

solicitud de producción de documentos. Por tanto, razonó que tal 

incumplimiento ocurrió puesto a que los documentos requeridos,

nunca fueron producidos. En virtud de lo anterior, solicitó se dejara 

sin efecto la Orden que se dictó el 9 de diciembre de 2022, se 

9 Apéndice del Recurso, a la pág. 7. 

10 Id., a las págs. 8-13. 

11 Id., a la pág. 14. 

12 Id., a las págs. 15-19. 
KLCE202300048 5

impusiera el pago de $3,000.00 en gastos y honorarios de abogado 

y se ordenase a producir los documentos solicitados. 

Por su parte, el 19 de diciembre de 2022, Aguada Emerald, 

presentó su Oposición a la moción de meconsideración.

13 Sostuvo que 

la producción de documentos fue atendida conforme a derecho y al 

Operating Agreement de Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness 

Center LLC. A su vez, enfatizó que el proceder de la señora 

Villarrubia Ruiz provocó el retraso de los procedimientos.14

Para la misma fecha, el TPI emitió una Resolución, notificada 

el 20 de diciembre de 2022, en la cual determinó lo siguiente: 

Aguada Esmerald y/o Natalia Albertorio cumpla con 

Orden de 7 de diciembre de 2022 so pena severas 

sanciones y concluir no producen documentos por serle 

adversa a su teoría de caso.

15

No obstante, dos días después, el 21 de diciembre de 2022, el

TPI emitió una segunda Resolución, que se notificó al día siguiente 

en la cual determinó lo siguiente:

“A Moción de Reconsideraci[ó]n de parte demandante No 

ha lugar. Se le instruye observar los C[á]nones de [É]tica 

Profesional en especial los relativos a la relaci[ó]n entre 

abogados y la forma ha dirigirse al Tribunal. 

No se fijan san[c]iones económicas por ahora. Se le 

advierte a la parte demandante no regrese con el 

habitual escrito alegando el Tribunal no concedió 20 

días para exponer conforme Regla 8.4 de Procedimiento 

Civil ya que estos discurren desde la radicaci[ó]n del 

escrito al notificarse. 

Los letrados se quejan sus escritos no son atendidos 

con prontitud, me siento satisfecho de ser la 

excepción[.] [E]sta moci[ó]n se radicó el 19 de diciembre 

de 2022 y es resuelta el 21 de diciembre de 2022. 

Recuerden tienen fecha de cierre de Descubrimiento 

Prueba y Vista de CAJ..”

16

Inconforme con la determinación que emitió el foro primario, 

el 18 de enero de 2023, la peticionaria acudió ante este foro 

13 Apéndice del Recurso, a las págs. 20-32. 

14 Acompañó dicha Moción con el Operating Agreement of Aguada Emerald Fields 

Cannabis Wellness Center, LLC Limited Liability Company Commonwealth of 

Puerto Rico. Véase, además, entradas Núm. 305, 306,411,419 y 420 del SUMAC. 

15 Apéndice del Recurso, a la pág. 33. 

16 Id., a las págs. 1-2. 
KLCE202300048 6

intermedio mediante recurso de Certiorari donde alegó la comisión 

de un (1) error, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia e 

incurrió en prejuicio, parcialidad y craso abuso de su 

discreción al dictar la Resolución del 21 de diciembre 

de 2022. A pesar de que Aguada Emerald no ha 

producido los documentos solicitados; 

constituyendo este proceder una violación al debido 

proceso de ley de la parte recurrente.

El 6 de febrero de 2023, Aguada Emerald compareció ante este 

Tribunal mediante una Solicitud de desestimación. En esencia, alegó 

que la señora Villarrubia Ruiz incumplió con las disposiciones del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, específicamente, con la 

Regla 33(A) y (B)17. Además, arguyó que no procedía la expedición 

del auto de Certiorari, amparándose en la Regla 40, del referido 

Reglamento18 y en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil19. De 

otra parte, adujo que el descubrimiento de prueba ante el TPI no 

había culminado y, que estaba pautado para culminar el 15 de mayo 

de 2023. Por ello, razonó que, si la peticionaria estaba inconforme 

con las objeciones que se presentaron en la producción de 

documentos, debió cumplir con la Regla 34 de las de Procedimiento 

Civil,

20 y no radicar otra Solicitud de producción de documentos, en 

la cual requirió los mismos documentos. 

Por su parte, el 13 de febrero de 2023, la parte peticionaria 

presentó su Oposición a solicitud de desestimación. Esbozó que, el 

19 de enero de 2023, notificó por correo certificado con acuse de 

recibo copia de la portada sellada conforme lo exige la Regla 33 del 

Tribunal de Apelaciones. A su vez, señaló que esperar a que 

culminase el juicio ante el TPI, para luego presentar un recurso de 

apelación, representaba un fracaso irremediable a la justicia. 

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33. 

18 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

19 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

20 32 LPRA Ap. V, R. 34. 
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El 13 de febrero de 2023, Aguada Emerald presentó su Alegato 

en oposición. De ahí, mediante Resolución emitida el 28 de febrero 

de 2023, esta Curia desestimó el recurso instado por falta de 

jurisdicción. Empero, dicho dictamen fue revocado por el Alto Foro 

mediante Sentencia el 16 de febrero de 2024. A tenor, y en 

cumplimiento con lo mandatado en la Sentencia emitida por la 

última instancia judicial, hemos evaluado los méritos del recurso 

instado, por lo que procederemos a exponer el derecho aplicable.

II

A. Expedición del recurso de Certiorari

Los recursos de Certiorari presentados ante el Tribunal de 

Apelaciones deben ser examinados en principio bajo la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil.21 Esta Regla limita la autoridad y el alcance 

de la facultad revisora de este Tribunal mediante el recurso 

de Certiorari sobre órdenes y resoluciones dictadas por los 

Tribunales de Primera Instancia. La Regla lee como sigue:

[...]

El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.22

[...]

Por su parte, la Regla 52.2 (b) dispone sobre los términos y 

efectos de la presentación de un recurso de Certiorari que: 

21 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

22 Id.
KLCE202300048 8

[...]

(b) Recurso de “certiorari” [...]

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones 

para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar 

las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal 

de Apelaciones en recursos discrecionales o para revisar 

cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones deberán presentarse dentro del término de 

treinta (30) días contados desde la fecha de notificación 

de la resolución u orden recurrida. El término aquí 

dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo 

cuando medien circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari.

23

[...]

El recurso de Certiorari es un vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.24 Expedir el recurso “no procede cuando existe otro 

recurso legal que protege rápida y eficazmente los derechos de la 

parte peticionaria”.25 Conviene desatacar que la discreción ha sido 

definida como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.26 A 

esos efectos, se ha considerado que “la discreción se nutre de un 

juicio racional apoyado en la razonabilidad y en un sentido llano de 

justicia y no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.27 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones28, esboza los criterios que el Tribunal deberá considerar 

para expedir un auto de Certiorari, como sigue:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

23 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).

24 800 Ponce de León, Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 205 DPR 163, 174 (2020).

25 Id.

26 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); SLG ZapataRivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).

27 Id.

28 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202300048 9

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición el auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, Tribunal 

Supremo) ha establecido que un tribunal revisor no debe sustituir 

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.29 Quiérase decir, no hemos de 

interferir con los Tribunales de Primera Instancia en el ejercicio de 

sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones en 

que se demuestre que este último: (i) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (ii) incurrió en un craso abuso de discreción, o (iii) se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.30

B. El Descubrimiento de Prueba

El descubrimiento de prueba permite a las partes descubrir, 

obtener o perpetuar la prueba necesaria para sustentar sus 

alegaciones en el acto del juicio.31 Además, está basado en el 

principio básico de que antes del juicio, las partes tienen derecho a 

descubrir toda información relacionada con su caso, 

independientemente quién la posea.32 Así, las cosas, las normas que 

regulan el procedimiento de descubrimiento de prueba persiguen los 

siguientes propósitos: (i) precisar los asuntos en controversia; (ii) 

obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando una 

sorpresa en esta etapa de los procedimientos; (iii) facilitar la 

29 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

30 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

31 Id., 151.

32 Id., 152.
KLCE202300048 10

búsqueda de la verdad; y, (iv) perpetuar evidencia.33 A esos efectos, 

su finalidad es permitir que las partes puedan prepararse para el 

juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la 

evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias del 

caso.34

Los Tribunales de Primera Instancia tienen amplia discreción 

para regular el ámbito del descubrimiento de prueba, ya que están 

obligados a garantizar una solución económica, justa y rápida del 

caso, sin ventaja para ninguna de las partes.35 Al establecer el 

término para realizar el descubrimiento de prueba, deben hacer un 

balance entre dos (2) intereses de gran importancia, de una parte, 

garantizar la pronta solución de las controversias, y de otra, velar 

que las partes tengan la oportunidad de realizar un amplio 

descubrimiento, para que en la vista en su fondo no surjan 

sorpresas.36 A raíz de ello, el fin del descubrimiento de prueba es 

que las partes obtengan la información necesaria para la 

preparación del juicio, con el objetivo de que puedan precisar los 

asuntos en controversia y descubrir la verdad de lo ocurrido.37 A 

tales efectos, para dar cumplimiento a ese objetivo, los tribunales 

deben conceder un tiempo razonable para que ambas partes puedan 

completar su descubrimiento de prueba, evaluar la información 

obtenida, y así estar en mejor posición de presentar su caso.38

III

Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración 

se trata de un Certiorari, este tribunal revisor debe determinar, como 

cuestión de umbral, si procede su expedición. En su único 

señalamiento de error, la peticionaria alega que el foro primario erró 

33 Id.

34 Id.

35 Id., 153-154.

36 Id., 154-155

37 Id., 156.

38 Id. 
KLCE202300048 11

e incurrió en prejuicio, parcialidad y craso abuso de discreción al 

dictar la Resolución del 21 de diciembre de 2022. Ello, a pesar de 

que Aguada Emerald no produjo los documentos solicitados, lo que 

constituyó una violación al debido proceso de ley. 

En específico, la peticionaria esboza que el foro primario dictó 

múltiples órdenes a los fines de que Aguada Emerald entregase los 

documentos solicitados. No obstante, plantea que, en varias 

ocasiones, el TPI dejó sin efecto dichas órdenes, por lo que la privó 

de su derecho a realizar su descubrimiento de prueba de manera 

adecuada. Además, sostiene que Aguada Emerald nunca cumplió 

con la entrega de los documentos solicitados. 

Por su parte, Aguada Emerald argumenta que cumplió con el 

descubrimiento de prueba, dado que entregó copia de las facturas 

de costos de los productos, las planillas de contribución sobre 

ingresos, los estados financieros las facturas de ventas del 

inventario disponible. A su vez, señala que la señora Villarrubia Ruiz 

pretendía que se entregase información confidencial al amparo del 

Art. 19.20 de la Ley General de Corporaciones39. Por último, aduce 

que, de estar inconforme con los documentos, la peticionaria debió 

presentar una moción al amparo de la Regla 34 de las de 

Procedimiento Civil y, no una segunda producción de documentos. 

Como es sabido, un tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia, 

salvo que se demuestre que dicho tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.40 Puntualizamos, 

que el Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una 

39 14 LPRA sec. 3970.

40 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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decisión de un tribunal inferior.41 A esos efectos, la naturaleza 

discrecional del recurso de Certiorari queda enmarcada dentro de la 

normativa que le concede deferencia de las actuaciones de los 

Tribunales de Primera Instancia, de cuyas determinaciones se 

presume su corrección. Ahora bien, la expedición del recurso 

de Certiorari al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil42, no 

opera en el vacío; tiene que anclarse en una de las razones de peso 

que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.43

Tras evaluar minuciosamente el recurso presentado por la 

señora Villarrubia Ruiz, la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, así como los autos ante el TPI en el SUMAC, 

juzgamos que no procede nuestra intervención. Es nuestra 

apreciación que no se configuran ninguna de las instancias que 

justificaría la expedición del auto de Certiorari al amparo de la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, ni de la Regla 52.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil.

44 El señalamiento de error y los fundamentos 

aducidos en la petición presentada no lograron persuadirnos de 

activar nuestra función discrecional en el caso de autos. Razonamos 

que esta no es la etapa del procedimiento más propicia para nuestra 

intervención. Puntualizamos que tampoco estamos ante una 

determinación que configure abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto que amerite nuestra función

revisora. El dictamen recurrido no es patentemente erróneo, y 

encuentra cómodo resguardo en la sana discreción de la primera 

instancia judicial. Además, razonamos que la peticionaria no nos ha 

persuadido de que, al aplicar la norma de abstención apelativa en 

este momento, conforme al asunto planteado constituirá un rotundo 

41 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).

42 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

43 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

44 Id. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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fracaso de la justicia. Por todo lo antes mencionado, no atisbamos 

razón para intervenir con la determinación recurrida.

A su vez, resaltamos que el funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema judicial y la pronta disposición de los asuntos litigiosos 

hacen necesario que los jueces de instancia ostenten gran 

flexibilidad y discreción para lidiar diariamente con el manejo y la 

tramitación de los asuntos judiciales.45 Es nuestra apreciación que 

no existen elementos que justifiquen nuestra intervención con el 

manejo del caso según determinado por el foro primario. Ello,

tomando en consideración que la determinación de manejo del 

caso responde al curso procesal adoptado por el TPI. De igual forma, 

resulta menester destacar que el TPI tiene discreción al ordenar el 

cumplimiento con el descubrimiento de prueba y cualquier otro 

asunto procesal. Así las cosas, debemos abstenernos de intervenir 

con la determinación del foro primario en esta etapa de los 

procedimientos.

Por último, advertimos que lo aquí resuelto, no tiene efecto de 

juzgar o considerar en los méritos ninguna de las controversias 

planteadas por las partes, de modo que estas podrían ser traídas

nuevamente en una etapa posterior. Es decir, la denegatoria de esta 

Curia a expedir un recurso de Certiorari no implica que el dictamen 

revisado esté libre de errores o que constituya una adjudicación en 

los méritos.46 Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución de 

denegatoria de un auto de Certiorari no implica posición alguna de 

este Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata 

dicho recurso.47 La resolución denegatoria simplemente es indicio 

de la facultad discrecional del tribunal revisor de negarse a revisar 

en determinado momento una decisión emitida por el TPI. 48 

45 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 145.

46 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016).

47 SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).

48 Id., 756.
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IV

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de Certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones