Número Identificador

SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

JORGE BURGOS RAMOS,

LISVIA ARCE GARCÍA 

Apelante

v.

PEDRO GIL ROCIO,

PROVIDENCIA PABÓN 

AGUIRRE T/C/C COMO 

PROVIDENCIA PABÓN DE 

GIL, SUCESIÓN 

DESCONOCIDA DE PEDRO 

GIL Y OTROS

Apelado

KLAN202400598

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de San 

Juan

Caso Núm.:

SJ2023CV05871 

(504)

Sobre:

Acción 

Contradictoria de 

Dominio, Usucapión

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2024.

Comparece Jorge Burgos Ramos y Lisvia Arce García (en 

conjunto, parte apelante) mediante recurso de Apelación y nos 

solicitan la revisión de la Sentencia emitida y notificada el 16 de 

mayo de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. Mediante el aludido dictamen, el foro primario 

desestimó la Demanda Enmendada presentada por la parte 

apelante.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de Apelación por falta de jurisdicción. 

I. 

El 19 de junio de 2023, la parte apelante presentó una 

Demanda Enmendada1 sobre cancelación de asiento de inscripción, 

sentencia declaratoria y dominio contradictorio contra Pedro Gil 

1 Apéndice del recurso, págs. 8-9.
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Rocio y Providencia Pabón Aguirre t/c/c Providencia Pabón de Gil

(en conjunto, parte apelada).

El 17 de octubre de 2023, el TPI ordenó la anotación de 

rebeldía a la parte apelada por no haber comparecido en el pleito2.

El 14 de noviembre de 2023, notificada el 15 de noviembre de 2023, 

se emitió una Orden3, en la que se le ordenó a la parte apelante 

presentar un memorando de derecho en el que expusiera su posición 

sobre cómo se logra probar la posesión de un bien inmueble, en 

calidad de arrendador del inmueble en controversia. El 11 de 

diciembre de 2023, la parte apelante presentó Memorando de 

Derecho4.

Así las cosas, el 16 de mayo de 2024, el TPI emitió y notificó 

la Sentencia5 apelada, en la que desestimó la Demanda Enmendada

presentada por la parte apelante. 

Inconforme, el 17 de junio de 2024, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el recurso de epígrafe en el que le 

imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda enmendada sin celebrar una vista en su fondo a 

pesar de haber anotado la rebeldía a los demandadosapelados.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda al interpretar de forma incorrecta el concepto de 

posesión inmediata.

Erró al determinar que no se puede consumar la prescripción 

extraordinaria por haber cedido en arrendamiento el 

inmueble por consiguiente no se cumple con el requisito de 

posesión ininterrumpida.

Examinado el recurso que nos ocupa, y con el propósito de 

lograr el “más justo y eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores, según lo permite la Regla (7)(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.

2 Apéndice del recurso, pág. 10.

3 Apéndice del recurso, pág. 17.

4 Apéndice del recurso, págs. 18-24.

5 Apéndice del recurso, págs. 1-7.
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II. 

-ALos tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción6. Por ello, antes de entrar en los méritos de una 

controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar7. 

El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” como 

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

o controversias”8. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, 

por lo que deben ser resueltas con preferencia9. Si el tribunal carece 

de jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo, 

sin necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión10. De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de 

eficacia11. La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

autoriza a este Tribunal para que, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte, desestime un recurso por falta de jurisdicción12.

Un recurso es prematuro cuando es presentado en el tribunal 

antes de que dicho foro tenga jurisdicción para atenderlo13. Su 

presentación no produce efecto jurídico alguno ya que la falta de 

jurisdicción es un defecto insubsanable14. Por lo tanto, el tribunal 

no puede intervenir en un recurso prematuro y deberá desestimar 

el caso al concluir que no hay jurisdicción15. 

6 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).

7 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).

8 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. 

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963).

9 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).

10 Íd.

11 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).

12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008), Pueblo v. Santana 

Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999).

14 Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000).

15 Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.
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III. 

En este caso, la parte apelante solicitó la revisión de la 

Sentencia emitida y notificada el 16 de mayo de 2024. En síntesis, 

la parte apelante alega que erró el TPI al desestimar la Demanda 

Enmendada. Ahora bien, como mencionamos, los tribunales 

tenemos la indelegable labor de auscultar nuestra jurisdicción, 

incluso cuando dicho asunto no se nos haya planteado. Así, al 

evaluar el expediente y la Sentencia apelada, notamos que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso debido a su 

presentación prematura. Veamos.

Al examinar con detenimiento el expediente ante nuestra

consideración, advertimos que la Sentencia apelada no contiene el 

nombre ni la firma del juez o la jueza que emitió la determinación. 

Por tanto, no tenemos jurisdicción para atender el recurso de 

epígrafe. Nuestra decisión está basada en el hecho de que la firma 

del juez o jueza no constituye un mero requisito de forma; todo lo 

contrario, esta es la que le brinda a toda orden, resolución y 

sentencia autenticidad, legitimidad y validez. 

La falta de cumplimiento del foro primario con el requisito 

jurídico de notificar adecuadamente la Sentencia, en la cual 

determinó desestimar la causa de acción presentada por la parte 

apelante, provocó que los procesos acontecidos con posterioridad no 

surtieran efectos legales; por lo que, no existe una Sentencia

revisable. 

No cabe duda de que una notificación defectuosa no activa los 

términos jurisdiccionales que tienen las partes para presentar los 

recursos posteriores a la sentencia16. Hasta que no se emita una

Sentencia firmada por el juez o la jueza que tomó la determinación 

no comenzarán a transcurrir los términos para acudir ante este 

16 Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 723 (2011); Dávila Pollock 

et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).
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tribunal. Por lo anterior, resulta forzoso desestimar el presente 

recurso de apelación por haberse presentado de forma prematura, 

lo que nos priva de jurisdicción.

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción y devolvemos el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí 

dispuesto.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones