Número Identificador

RES2023 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

CARLOS AYALA TORRES

Peticionario

v.

JULIA PORTELA

Recurrida

KLCE202300871

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Aguadilla

Civil Núm.:

A CU 2010-0236

Sobre:

Relaciones Filiales

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores.

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2023.

El señor Carlos Gerardo Ayala Torres (señor Ayala Torres o 

peticionario) comparece ante nos mediante Petición de Certiorari y 

solicita que revoquemos la Orden notificada el 7 de julio de 2023, 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de 

Aguadilla. Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud 

Reiterando Solicitud de Notificación de Minuta como Resolución del 

peticionario.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

I.

Según surge del expediente, el señor Ayala Torres y la señora 

Delilah Feliciano Portela (señora Feliciano Portela) son los 

progenitores de CAF y DAF. Mediante Resolución de 13 de julio de 

2007, las partes acordaron compartir la custodia de los menores con 

su abuela materna, la señora Julia Portela Torres. Ello, con 

propósito de que estos se beneficiaran de poder estudiar en una 
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escuela con acceso limitado en la cual laboraba la señora Portela 

Torres. En el 2011, el TPI dictó Sentencia en la cual se establecieron 

las relaciones paternofiliales y la pensión alimentaria acordada por 

las partes.

Tras varios trámites procesales, el 27 de abril de 2021, la 

señora Feliciano Portela instó una Moción en Solicitud de Revisión de 

Pensión. En esta, requirió que se refiriera el caso al Examinador de 

Pensiones Alimentarias (EPA) para que se revisara la pensión 

alimentaria de sus hijos. El EPA pautó una vista para el 11 de marzo 

de 2022, pero el señor Ayala Torres se opuso. Lo anterior, bajo en 

fundamento de que, debido a que la abuela de los menores asumió 

la custodia y gastos de éstos, era necesario que se le brindara la 

información relacionada a los ingresos de la señora Portela Torres. 

Aseveró que la Panilla de Información Personal Económica de la 

abuela de sus hijos era indispensable para el cómputo que en su día 

se realizara relacionado a la pensión alimentaria. 

A raíz de lo anterior, el 17 de mayo de 2022, el TPI dictó 

Resolución, mediante la cual estableció que la información de los 

ingresos de la señora Portela Torres no eran pertinentes a la 

controversia del caso de referencia, toda vez que esta no era la 

persona llamada legalmente a proveer alimentos a los menores, esto 

por no ser la madre con patria potestad. El Tribunal subrayó que los 

llamados a proveer alimentos a los menores eran sus padres, 

independientemente de que hayan decidido compartir la custodia a 

los únicos efectos de que pudieran matricularse en una escuela 

particular. 

Celebrada la vista de revisión de pensión alimentaria, a la cual 

comparecieron ambas partes con sus respectivas representaciones 

legales, el 1 de agosto de 2022, el EPA emitió su Informe Especial y 

Recomendaciones de Pensión Final. En este incluyó las siguientes 

determinaciones de hecho:
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1. Las partes procrearon 2 menores de edad que tienen 

19 y 15 años, quienes se encuentran bajo la custodia 

de la madre.

2. El salario neto del demandante producto de su 

empleo a tiempo completo, y tomando en 

consideración el talonario de empleo presentado 

mediante moción del 18 de febrero de 2022 es de 

$2,214.89 mensual, lo cual representa un 46.538 de 

los gastos del menor.

3. El salario neto de la demandada Sra. Feliciano 

Portela madre con patria potestad es de $2,614.00 

mensual, 10 cual representa un 53.47% de los 

gastos de los menores. Adicional al ingreso regular 

de la demandada producto de su empleo a tiempo 

completo se le dio credibilidad a un ingreso adicional 

de $300.00 mensuales producto de las gestiones que 

realiza a favor de su unión laboral. Si bien la 

demandada testificó que esta realiza entre 1 a 3 

viajes mensuales para atender asuntos de la unión, 

no se desfiló prueba específica de los gastos por 

concepto de dichos viajes. En ausencia de esa 

prueba no estamos en posición de determinar qué 

cantidad específica si alguna que pudiera 

representar un reembolso. Por otro Lado, el

testimonio de la demandada estableció que esta 

recibe la cuantía mensualmente.

4. Existe un gasto de vivienda por concepto de alquiler 

de $810.00 mensuales donde viven 3 personas en la 

residencia.

5. Los menores se encuentran inscritos en un plan 

médico a través de la abuela materna la Sra. Portela.

6. No es un hecho en controversia que el menor de 19 

años es estudiante universitario en la Universidad de 

Fordham en los Estados Unidos.

El EPA recomendó al Tribunal lo siguiente:

1. El demandante pagará la cantidad de $577.93 

mensual por concepto de pensión alimentaria

básica, pagará además la cantidad de $251.27 por

concepto de pensión suplementaria de vivienda, 

para un total de $829.20 mensuales por concepto de 

pensión alimentaria, efectivo 27 de abril de 2022.

2. Esta cantidad deberá pagarla a través del 

Administrador de ASUME. Las partes deberán 

acudir a la agencia para abrir la cuenta y/o hacer el 

ajuste correspondiente.

3. Se recomienda al Tribunal ordenar a la secretaria 

notificar su determinación a la Administración de 

Sustento de Menores.

4. Se ordene al demandante no-custodio pagar el 

balance adeudado por concepto de retroactividad, el 

cual se calcula de la siguiente manera:

a. mayo a julio 2021: El demandante adeuda la 

cantidad de $1,287.60.

b. agosto 2021 a julio 2022: El demandante 

adeuda la cantidad de $3,950.40.

5. En total el retroactivo asciende a la suma de 

$5,238.00. Se recomienda un plan de pago a razón 

de $218.25 mensuales por 24 meses hasta el saldo 

total de la deuda. Este retroactivo es independiente 
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de cualquier deuda de alimentos que pueda tener ya 

vencida en la ASUME.

6. El demandante no-custodio responderá del 46.53% 

de los gastos escolares y de los gastos universitarios 

de los menores no cubiertos por las ayudas 

económicas de estos. La demandada deberá 

informar al demandante de las ayudas 

económicas recibidas por el menor según las 

certifique la institución académica y las agencias 

pertinentes, presentará además las facturas de 

aquellos gastos certificados por la institución 

académica y no cubiertos por dichas ayudas. Las 

facturas se presentarán en el término de 15 días 

luego de lo cual el demandante tendrá 15 días para 

el pago. Esta recomendación está sujeta a lo que el 

tribunal determine en cuanto una controversia sobre 

el ejercicio de la patria potestad alegada por la parte 

demandante.

7. El demandante responderá en un 46.53% de los 

gastos médicos no cubiertos por el plan médico, 

previa presentación de evidencia en un término de 

15 días luego de lo cual tendrá 15 días para el pago. 

Informan las partes que los menores se encuentran 

inscritos en un plan médico a través de la Sra. 

Portela.

8. Se recomienda la suma de $500.00 por concepto de 

honorarios de abogado, a ser pagados por el 

demandado no-custodio en un término de 30 días.

Consecuentemente, el foro primario dictó Resolución, en la 

cual aprobó las recomendaciones del EPA. Se le advirtió al señor 

Ayala Torres que podría ser encontrado incurso en desacato de no 

cumplir con el pago de la pensión alimentaria. A su vez, el Tribunal 

advirtió a las partes que la pensión sería revisable luego del paso de 

los tres (3) años desde la fecha de la Resolución o por un cambio 

sustancial en sus circunstancias.

Insatisfecho, el señor Ayala Torres incoó una Urgente Solicitud 

de Reconsideración. En lo pertinente, argumentó lo siguiente: (1) que 

nunca fue notificado de la universidad a la cual sería matriculado 

su hijo CAF, aun cuando, tanto la señora Feliciano Portela, como la 

señora Portela Torres conocían su precaria situación económica. A 

esos efectos, alegó que, tratándose de una decisión unilateral no 

podía ser responsable por los gastos inherentes por dicho concepto. 

Añadió que: (2) el EPA determinó que, conforme la pensión 

alimentaria establecida, surgía un retroactivo de $5,238.00, el cual 
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recomendó que fuera satisfecho a razón de $218.25, por un término 

de 24 meses. Al respecto, esbozó que, de cumplir con lo anterior, 

contaría exclusivamente con $760.00 para sufragar sus 

obligaciones económicas y poder subsistir. Así, solicitó al TPI que 

ajustara el plan de pago, a razón de $87.30 por espacio de 60 meses. 

Además, reiteró que la señora Portela Torres era una parte 

indispensable en el pleito de autos.

Mediante Resolución dictada el 22 de agosto de 2022, el foro 

a quo denegó el petitorio del señor Ayala Torres. El tribunal expuso 

que no surgía del escrito fundamento o alegación alguna por la cual 

el señor Ayala Torres se oponía o estuviera en desacuerdo con la 

universidad a la que asiste su hijo. Añadió que tampoco surgía 

argumento alguno que estableciera que la universidad que se eligió 

para el menor no redundaba en su beneficio. Así, determinó que 

existía ausencia total en las alegaciones de la moción en cuanto a 

alternativa alguna de a qué universidad estaría asistiendo el menor 

si fuera removido de la universidad a la que asiste actualmente. 

Por otro lado, el tribunal explicó que no incluyó como parte de 

la pensión mensual recurrente gasto alguno relacionado a la 

universidad del menor, sino que el señor Ayala Torres respondiera 

en el 46.53% de los gastos universitarios de CAF que no fueran 

cubiertos por las ayudas económicas. El TPI expresó que además se 

ordenó que la señora Feliciano Portela debía informarle al padre de 

sus hijos de las ayudas económicas recibidas por el menor, según 

las certificara la institución académica y las agencias pertinentes, 

luego lo cual se presentarían las facturas de aquellos gastos no 

cubiertos por las ayudas. En esa dirección, el foro de instancia 

aclaró que, una vez se presentaran dichas facturas, el señor Ayala 

Torres tendría la oportunidad de solicitar los remedios que establece 

la ley, de entender que las mismas no eran necesarias a la luz de los 

gastos de su hijo o irrazonables a la luz de su condición económica. 
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El 1 de diciembre de 2022, la señora Feliciano Portela 

presentó una Moción en Solicitud de Desacato. Arguyó que, a dicha 

fecha, el señor Ayala Torres no había realizado el pago 

correspondiente al 46.53% de los gastos escolares de los menores y 

los gastos universitarios no cubiertos por las ayudas económicas 

recibidas. Por lo anterior, requirió al TPI que citara a una vista de 

desacato e impusiera $500.00 por concepto de honorarios de 

abogado. El señor Ayala Torres se opuso al petitorio de desacato 

Alegó que hizo múltiples acercamientos a la madre de los menores 

para que se le brindara información relacionada a los beneficios que 

recibe CAF en la universidad, sin éxito. Añadió que, tanto la abuela, 

como la madre de los menores escondían información sobre los 

aludidos beneficios. Apuntaló que se encontraba en una situación 

económica sumamente delicada, pues el dinero que generaba 

apenas le alcanzaba para vivir. Argumentó que le parecía un fracaso 

de la justicia tener que cubrir gastos que no le fueron consultados, 

aun cuando su hijo universitario recibía beneficios sustanciales. 

Así, solicitó al Tribunal que ordenara a la señora Feliciano Portela y 

la señora Portela Torres proveer un desglose de todos los beneficios 

y ayudas que recibe el menor previo a tener que emitir cualquier 

pago. 

El 13 de abril de 2023 se celebró una vista de desacato de 

alimentos, a la cual comparecieron las partes representadas por sus 

abogados. La representación legal del señor Ayala Torres argumentó 

sobre los ingresos y gastos de su representado y que se activara la 

reserva para el prorrateo, por entender que esta no fue aplicada en 

la Resolución emitida el 2 de agosto de 2022.

El 24 de abril de 2023, el señor Ayala Torres solicitó al TPI la 

notificación de la Minuta como Resolución debido a su interés de 

acudir ante este Foro. Consiguientemente, el tribunal de instancia 

notificó una Minuta-Resolución el 2 de junio de 2023, en la cual hizo 
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constar que le trajeron a su atención asuntos que fueron 

previamente juzgados y, además, “ya transcurrió el término de 30 

días para acudir al Tribunal Apelativo...”. Manifestó que, si existía 

un cambio en las circunstancias del caso, procedería la modificación 

de la pensión alimentaria. Aclaró que la reserva fue aplicada en la 

Resolución. Además, el tribunal expresó lo siguiente:

El tribunal concedió un término de 45 días para 

un abono de $2,000.00. Se conceden tres meses 

adicionales para el pago del balance de $2,005.68.

Se imponen $250 de honorarios de abogado por 

la presente vista. Luego de acreditar $100 de honorarios 

de abogado recibidos hoy en corte abierta, el balance 

quedaría en $650. Se concede un término de 45 días 

para el pago.

De ser necesario, la licenciada Rodríguez 

someterá proyecto de orden a la universidad.

Posteriormente, el señor Ayala Torres instó otra solicitud 

notificación de Minuta como Resolución. En esta, insistió que el caso 

debía ser referido a la EPA y que la señora Portela Torres era parte 

esencial en el caso, por lo cual debía ser incluida. Esbozó que la 

Minuta-Resolución notificada por el foro primario recogió 

parcialmente lo ocurrido en la vista de desacato, más de esta surgía 

que no se atendieron todas sus peticiones. El 7 de julio de 2023, el 

TPI notificó la Orden que hoy revisamos, mediante la cual denegó lo 

solicitado por el señor Ayala Torres.

Inconforme, el señor Ayala Torres compareció ante este 

Tribunal en recurso de certiorari. En su escrito le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores:

Primer Error: Erró el TPI al no ordenar a la parte 

recurrida, en cumplimiento con su propia Resolución, a 

documentar todo lo solicitado y relacionado a los 

estudios universitarios del menor CAF, en la 

Universidad de Fordham en el Estado de New York.

Segundo Error: Erró el TPI al no incluir a la recurrida 

Portela Torres, empleada federal, persona con custodia 

legal de los menores en los procesos para establecer una 

pensión alimentaria aun cuando esta, entre otras cosas, 

provee plan médico a los menores.
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Tercer Error: Erró el TPI al no referir el caso para una 

modificación de pensión alimentaria a la Examinadora 

de Pensiones Alimentarias. Considerando la 

incapacidad económica del peticionario Ayala Torres y 

los exorbitantes e irrazonables supuestos gastos del 

menor.

El 5 septiembre de 2023, la señora Feliciano Portela presentó 

su alegato en oposición. 

Mediante Resolución del 26 de septiembre de 2023, 

ordenamos al Hon. Eric M. Ruiz Pérez, juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Agudilla, fundamentar la decisión recurrida, a 

tenor con la Regla 83.1 del Reglamento el Tribunal de Apelaciones. 

El 2 de octubre de 2023, notificada el 4 del mismo mes y año, el TPI 

dictó Resolución, cumpliendo así con lo ordenado. En esta, el foro 

primario enfatizó que cualquier cambio en las circunstancias de las 

partes que no haya estado presente en dichas instancias [2022], sí 

podría ser objeto de una modificación de la pensión alimentaria.

Así las cosas, procedemos a resolver. 

II.

A.

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, sean procesales o sustantivos. Rivera 

Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 TSPR 

65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 2023 TSPR 46, resuelto el 12 de abril de 2023; León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso.

Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 (2021);
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Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019).1 Entre ellos se 

encuentran los casos de relaciones de familia. 

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005).

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B)Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C)Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D)Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

1 El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso ante nuestra consideración, 

no procede nuestra intervención.

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas, por lo que le compete 

a la parte que las impugne probar lo contrario. Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). 

B.

Sabido es que los casos relacionados con los alimentos de los 

menores están revestidos del más alto interés público y que, en 

estos, el norte siempre es el bienestar del menor. Díaz Rodríguez v. 

García Neris, 208 DPR 706, 717 (2022); Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 DPR 528, 535 (2009); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 (1999). 

La Constitución de Puerto Rico establece que la obligación de los 

progenitores de alimentar a sus hijos menores de edad es parte del 

derecho a la vida.2 De León Ramos v. Navarro Acevedo, 195 DPR 157 

(2016).

En el ámbito de los procedimientos legales para la imposición, 

revisión o modificación de una pensión alimentaria, la Ley Orgánica 

de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 

de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA sec. 501-529 (a), 

le exige al juzgador computar la misma mediante las Guías 

2 Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo I. 
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Mandatorias para Computar las Pensiones Alimentarias en Puerto 

Rico.3 En estas Guías se define el concepto de alimento como: 

“Todo lo indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica del o de la alimentista según 

el ingreso familiar. Los alimentos comprenden también 

la educación e instrucción del o de la alimentista.”4

De otro lado, el Código Civil de Puerto Rico5 prescribe los 

derechos que cobijan a los menores, entre ellos el derecho de 

alimentos. El Artículo 653 de dicho cuerpo legal versa sobre el 

contenido de la obligación alimentaria y expone que:6

Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable 

para el sustento, la vivienda, la vestimenta, la 

recreación y la asistencia médica de una persona, según 

la posición social de su familia. 

Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos 

comprenden también su educación, las atenciones de 

previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias 

de su entorno familiar y social y los gastos 

extraordinarios para la atención de sus condiciones 

personales especiales.

31 LPRA sec. 7531.

La obligación de alimentar al menor es inherente a la 

maternidad y a la paternidad, por lo que recae sobre los obligados 

desde el momento en el que la relación filial queda establecida 

legalmente, independientemente de las fuentes de las cuales emana 

la obligación de alimentar. Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, 

pág. 718 (citas omitidas); Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 

DPR 550, 559 (2012). Esta obligación es personal de cada uno de los 

excónyuges, por lo que debe ser satisfecha del propio peculio y de 

forma proporcional a sus recursos y a la necesidad del menor una 

3 Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014 del Departamento de la 

Familia, ASUME, según enmendado por el Reglamento Núm. 8564 del 6 de marzo 

de 2015. Las Guías Mandatorias fueron emitidas de conformidad con el Artículo 

19 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, supra.

4Artículo 7 (5) del Reglamento Núm. 8529. 

5 Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020, según enmendada. 

6 Por su parte, el Art. 558 del Código Civil de Puerto Rico dispone los derechos 

que tienen los hijos. Estos son: (a) llevar el apellido de cada progenitor; (b) recibir 

alimentos por parte de ambos progenitores; (c) exigir en su favor la protección que 

surge de la patria potestad que sus progenitores ejercen sobre él; y (d) participar 

de la herencia de cada uno de los progenitores. 31 LPRA sec. 7104.
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vez decretado el divorcio. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, 202 DPR 

93, 108 (2019).

La Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores y las Guías Mandatorias fomentan la uniformidad del 

principio de proporcionalidad. Al respecto, nuestro Tribunal 

Supremo expresó en Díaz Rodríguez v. García Neris, supra, pág. 719:

A través de un descubrimiento de prueba amplio y 

compulsorio sobre la situación económica de las partes, 

las Guías permiten establecer de manera uniforme y 

equitativa la aportación monetaria de cada parte 

mediante criterios numéricos y descriptivos que toman 

en consideración los ingresos de los obligados y las 

necesidades de los menores. De León Ramos v. Navarro 

Acevedo, supra, pág. 170, Santiago, Maisonet v. 

Maisonet Correa, supra, pág. 564.

Por otro lado, sabido es que los decretos de alimentos son de 

carácter variable y que no constituyen cosa juzgada. Figueroa v. Del 

Rosario, 147 DPR 121, 128 (1998). Ello, porque están sujetos a ser 

revisados al paso de tres (3) años o en caso de que acontezca un 

cambio en las circunstancias que lo justifique. Es decir, si “hay un 

cambio sustancial en las circunstancias iniciales en que se 

determinó la pensión”. Íd.; Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, 

pág. 106. La justa causa puede consistir en: (1) variaciones o 

cambios significativos o imprevistos en los ingresos, la capacidad de 

generar ingresos, los egresos, los gastos, el capital del alimentante 

o alimentista, los gastos, las necesidades o las circunstancias del 

menor, o (2) cuando exista cualquier prueba de cambio sustancial 

en las circunstancias. Pesquera Fuentes v. Colón Molina, supra, pág. 

107.

Un cambio sustancial en las circunstancias se define como 

“aquel que afecta la capacidad del alimentante para proveer los 

alimentos o las necesidades de los alimentistas” o “si la cantidad de 

manutención resulta en una cantidad diferente a la pensión 

corriente”. Íd.; McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 748 (2004).
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III.

Debido a que la controversia bajo nuestra consideración versa 

sobre un asunto de alimentos, podemos revisar discrecionalmente 

la decisión recurrida vía el auto de certiorari, al palio de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. 

Mediante sus tres (3) señalamientos de error, el peticionario

impugna la determinación del Tribunal de no ordenar a la recurrida 

documentar lo solicitado por este en relación con los estudios 

universitarios del menor CAF en la Universidad de Fordham en el 

estado de Nueva York. Añade que el foro primario erró al no incluir 

como parte en el caso a la abuela de sus hijos, la señora Portela 

Torres, a los efectos de establecer la pensión alimentaria, aun 

cuando ésta, entre otras cosas, le provee plan médico a los menores. 

Además, entiende que el TPI debió referir el caso a la EPA para

modificar la cuantía de la pensión alimentaria de cual es

responsable, considerando su situación económica y los gastos 

universitarios de CAF. 

Por su parte, la recurrida esboza que el 29 de diciembre de 

2022 se le envió a la representación legal del peticionario un correo 

electrónico con evidencia de los gastos universitarios y las ayudas 

del menor CAF para el semestre de enero de 2023. Resalta que dicha 

documentación fue evaluada por el TPI y, en la vista de desacato, 

testificó al respecto y fue contrainterrogada por la abogada del 

peticionario. Asimismo, destaca que se hizo responsable de los 

gastos universitarios anteriores a la radicación de la solicitud de 

revisión de pensión alimentaria, pues el peticionario no aportó nada. 

Argumenta que el foro primario le indicó al peticionario que 

presentara un proyecto de orden dirigido a la Universidad de 

Fordham para solicitar cualquier documento que estimara 

necesario, más este no lo presentó.
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En cuanto al argumento de incluir como parte a la señora 

Portela Torres en el caso, la recurrida entiende que este demuestra 

frivolidad. En esencia, discute que este se haca destiempo, porque 

no se trajo a la atención del tribunal una vez establecida la pensión. 

Por último, la recurrida asevera que no procede referir el caso a la 

EPA, toda vez que la pensión se fijó en el 2022 y no han pasado los 

tres (3) años que dicta nuestro ordenamiento jurídico. Puntualiza 

que no aplica la excepción de modificar antes de ese tiempo, pues el 

peticionario no estableció cuáles fueron los cambios sustanciales en 

sus circunstancias.

Analizado el expediente con detenimiento, determinamos no 

ejercer nuestra función revisora. Desde su petición de 

reconsideración en cuanto a la pensión alimentaria establecida, 

instada el 18 de agosto de 2022 (la cual fue denegada y no se 

recurrió en apelación), el peticionario ha reiterado básicamente las 

mismas súplicas que incluye en el recurso de referencia. Ello quedó 

demostrado tras un examen de la contestación a la solicitud de 

desacato y las posteriores solicitudes de notificación sobre la Minuta 

concernida. Lo anterior demuestra que los argumentos y peticiones 

del peticionario fueron atendidos por el tribunal de instancia de 

forma apropiada. Por ende, como correctamente actuó el TPI, 

procedía denegar la Solicitud Reiterando Solicitud de Notificación de 

Minuta como Resolución. 

Es importante puntualizar que, aun cuando se recurre de una 

determinación de alimentos en un caso de relaciones de familia,

conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, concluimos 

que el TPI no abusó de su discreción ni la disposición recurrida es 

contraria a derecho.

Así, ante la ausencia de alguna de las instancias 

contempladas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, procede denegar la expedición del 

auto de certiorari.

IV.

Por los fundamentos que preceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones