Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

EDGAR ABNER REYES 

COLÓN

Recurrido

v.

SHEILA LI BENABE 

GONZÁLEZ

Peticionaria

KLCE202400303

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Caso núm.: 

SJ2021RF00002

(708)

Sobre: Alimentos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2024.

Luego de una estipulación sobre el monto de una pensión 

alimentaria final, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”): (i) declinó 

imponer intereses por mora al padre en conexión con la condena de 

honorarios impuesta a favor de la madre, (ii) determinó que la 

estipulación no obligaba al padre a sufragar el costo de una 

cuidadora de la hija de las partes para el mes de junio de 2023, y 

(iii) determinó que la madre se había obligado, bajo la transacción, 

a devolver un reloj marca Rolex al padre. Según se explica a 

continuación, en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la 

invitación a intervenir con lo actuado por el TPI en cuanto a los 

intereses reclamados; por otra parte, concluimos, contrario al TPI, 

que el padre sí se obligó a sufragar el costo de la cuidadora hasta el 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron los correspondientes recursos anteriores (KLCE202200358, 

KLCE202300137, KLCE202300243, KLAN202300608 y KLCE202300890); véase, 

además, Orden Administrativa OATA-2023-032 de 27 de febrero de 2023.
KLCE202400303 2

30 de junio de 2023 y que, como las partes no llegaron a un acuerdo 

en cuanto al reloj en controversia, no procedía ordenar su entrega.

I.

La acción de referencia se presentó en enero de 2021 por el 

Sr. Edgar Abner Reyes Colón (el “Padre”) contra la Sra. Sheila Li

Benabe González (la “Madre”).2 Las partes tienen en común una hija 

menor de edad (la “Hija”) para la cual se fijó una pensión alimentaria 

provisional de $3,000.00 mensuales.

3

Como resultado de una vista celebrada el 19 de mayo de 

2023 (la “Vista”), las partes llegaron a un acuerdo sobre la pensión 

alimentaria final para beneficio de la Hija. Mediante una Resolución 

notificada el 23 de mayo (la “Sentencia”), el TPI acogió la referida 

transacción. 

Se dispuso que el Padre pagaría “la suma de $5,000.00 

mensuales, el 100% de los gastos académicos, campamento de 

verano [y] gastos médicos”. Además, se acordó que las partes 

dividirían por la mitad los “gastos extraordinarios” de la Hija. Se 

acordó que el acuerdo sería “efectivo el 1 de junio de 2023” y que “la 

actual cuidadora cesará sus funciones el 30 de junio de 2023”. Se 

estipuló “el recogido de unos bienes muebles pertenecientes” al 

Padre, pero no se incluyó en la Sentencia cuáles eran.

Mediante el recurso que nos ocupa, presentado el 11 de marzo

(lunes), la Madre nos plantea un número de controversias 

relacionadas a incidentes ocurridos luego de la referida transacción. 

La Madre formula los siguientes señalamientos de error:

1. Erró, abusó de su discreción y actuó contrario 

a derecho el TPI en contra del mejor bienestar 

de la menor al no imponer el desacato 

inmediato y ordenar el pago de intereses 

legales por mora al peticionado/demandante, 

tras el incumplimiento por más de 5 meses 

con la Sentencia de este Tribunal de 

2 Véase Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), 

Entrada núm. 1.

3 Véase SUMAC, Entrada núm. 29.
KLCE202400303 3

Apelaciones y el impago de los honorarios de 

abogado impuestos.

2. Erró, abusó de su discreción y actuó contrario 

a derecho el TPI en contra del 

peticionado/demandante por el impago de la 

cuidadora de la menor hasta la fecha de su 

terminación de empleo, 30 de junio de 2023.

3. Erró, abusó de su discreción, actuó contrario 

a derecho, totalmente parcializado y de forma 

ultra vires el TPI al determinar que la 

peticionaria/demandada desacató una orden 

de entrega de un Rolex que le fue regalado, ello 

porque no existe dicha Orden y la propia voz 

del TPI durante la Vista sobre el particular 

dispone lo contrario.

4. Erró, abusó de su discreción y actuó contrario 

a derecho el TPI en contra del mejor bienestar 

de la menor al denegar los honorarios de 

abogado de la menor por el claro y patente 

desacato del peticionado/demandante en el 

cumplimiento con la Orden de este respetable 

Tribunal de Apelaciones modificando la 

cuantía de honorarios de abogado e 

imponiendo su pago.

Mediante una Resolución de 13 de marzo, le ordenamos al 

Padre mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto 

solicitado y revocar la decisión recurrida. El 8 de abril, el Padre 

compareció y consignó su oposición al recurso.

Aunque el TPI dispuso de las controversias en un solo 

documento, por tratarse de asuntos distintos, exponemos el trámite 

procesal pertinente a cada controversia, y evaluamos y disponemos, 

separadamente, de cada uno de los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración.

II.

El 12 de junio de 2023, la Madre presentó una Urgente 

Solicitud de Establecimiento de Honorarios de Abogados al Amparo 

de lo Dispuesto en el Artículo 22 de la Ley Especial de Sustento de 

Menores.

4 En dicho escrito, la Madre hizo un recuento del trabajo 

realizado por su representante legal desde que solicitó el aumento 

4 Véase SUMAC, Entrada núm. 1026.
KLCE202400303 4

de pensión alimentaria a favor de la menor y puntualizó que la 

pensión alimentaria, efectivamente, fue aumentada; por lo que 

solicitó $55,825.00 en concepto de honorarios de abogados.

Mediante una Orden notificada el 13 de junio, el TPI, sin 

ofrecer explicación alguna, ordenó al Padre a pagar únicamente 

$2,000.00 en concepto de honorarios de abogado.5 

Insatisfecha, el 12 de julio, la Madre presentó un recurso ante 

este Tribunal, al cual el Padre se opuso. Mediante una Sentencia 

de 31 de agosto de 2023 (KLAN202300608), concluimos que era 

“ridículamente baja la cuantía concedida por el TPI en concepto de 

honorarios de abogado” y le ordenamos al Padre “pagar a la 

demandada $31,900.00 por concepto de honorarios de abogado.” El

mandato de esta Sentencia fue notificado el 19 de octubre de 2023.

El 30 de octubre, la Madre arguyó ante el TPI, mediante una 

moción, que a raíz de la emisión del mandato por este Tribunal, el 

Padre estaba obligado a “pagar de inmediato la cuantía [impuesta] 

por concepto de honorarios de abogado”.

El 14 de noviembre, la Madre presentó una Urgente Solicitud 

de Orden, en la cual nuevamente solicitó que se le ordenara al Padre 

el pago inmediato de los $31,900.00 fijados por este Tribunal, más 

los intereses legales acumulados.

El 12 de enero, el TPI celebró una vista de desacato. Según la 

correspondiente minuta, en la misma, el Padre arguyó que podía 

pagar los honorarios en un plazo de 24 meses.

Mediante una Resolución notificada el 8 de febrero (la 

“Resolución”), el TPI le ordenó al Padre acreditar en un término de 5 

días “el pago de la totalidad del balance de los honorarios de abogado 

impuestos por el Tribunal de Apelaciones”. No obstante, el TPI 

5 Véase SUMAC, Entrada núm. 1027.
KLCE202400303 5

observó que este Tribunal no había dispuesto sobre el término 

específico en que debería realizarse el referido pago. 

Conforme lo ordenado por el TPI, el 12 de febrero, el Padre 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual informó 

que ese día había entregado a uno de los abogados de la Madre la 

totalidad del balance pendiente de honorarios de abogado

determinado por este Tribunal.

Aún inconforme, en el recurso de referencia, la Madre plantea 

que el TPI erró al no imponerle al Padre “intereses por mora” en el 

pago de los honorarios. Hizo referencia a que el Artículo 674 del 

Código civil de Puerto Rico establece que los “alimentos concedidos 

devengan intereses por mora desde el momento en que se dicta la 

sentencia”. Por tanto, arguye que el TPI debió obligar al Padre a 

satisfacer intereses a partir de la fecha en que se emitió el mandato 

al respecto por este Tribunal en octubre de 2023.

Por su parte, el Padre sostiene que no proceden los intereses 

por mora; arguye, por primera vez, que este Tribunal actuó sin 

jurisdicción al modificar la cuantía de honorarios inicialmente 

impuesta por el TPI. El Padre plantea que, luego de emitida la 

Sentencia, el TPI no tenía jurisdicción para atender, posteriormente 

y de forma separada, la solicitud de la Madre de honorarios en 

conexión con el proceso que llevó a la estipulación entre las partes.

En el ejercicio de nuestra discreción, hemos determinado no 

intervenir con la determinación del TPI de no imponer intereses por 

mora al Padre con relación a los honorarios de abogado impuestos 

por este Tribunal. En las particulares y específicas circunstancias 

de este caso, no podemos concluir que el TPI hubiese cometido un 

error de derecho o abusado de su discreción al así actuar, ni 

tampoco que estemos ante algún fracaso de la justicia que justifique 

nuestra intervención. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40. Adviértase que, distinto al 
KLCE202400303 6

recurso de apelación, tenemos la facultad de expedir o denegar un 

recurso de certiorari de manera discrecional. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

III.

En cuanto al gasto de la cuidadora, el 15 de septiembre de 

2023, la Madre presentó un escrito mediante el cual le solicitó al TPI 

que le ordenase al Padre satisfacer el costo de los servicios de cuido 

de la Menor hasta el 30 de junio de 2023 ($1,733.00),

correspondiente al mes de junio de 2023.

El 19 de septiembre, el Padre presentó un escrito en oposición. 

Sostuvo que lo acordado por las partes, y recogido por el TPI en la 

Sentencia, no incluía el pago por el Padre del costo de la cuidadora 

para el mes de junio de 2023. Ello porque lo acordado tuvo 

efectividad el 1 de junio de 2023 y nada se dispuso en la Sentencia 

sobre quién asumiría el costo de la cuidadora por dicho mes.

El 14 de noviembre, la Madre reiteró su solicitud de pago en 

cuanto a la cuidadora. Resaltó que, hasta la transacción entre las 

partes, el Padre había tenido la obligación de pagar el costo de la 

cuidadora y que, por medio de la transacción, las partes 

explícitamente acordaron que esta continuaría trabajando como tal 

hasta el 30 de junio de 2023.

Mediante la Resolución, el TPI concluyó que el Padre no había 

acordado sufragar el costo de la cuidadora de la Menor para el mes 

de junio de 2023. Razonó que la “única obligación” del Padre, “a 

partir del 1 de junio de 2023[,] era la específicamente establecida” 

en la “transacción que se formalizó”.

Inconforme, la Madre plantea, mediante el recurso que nos 

ocupa, que, al haberse estipulado por las partes que “la actual 
KLCE202400303 7

cuidadora cesará sus funciones el 30 de junio de 2023”, contra el 

trasfondo de que era el Padre quien venía pagando por sus servicios

por acuerdo entre las partes, ello necesariamente implicó un 

acuerdo de este de continuar pagando por dichos servicios hasta el 

30 de junio de 2023. 

El Padre arguye, en cambio, que, a partir del 1 de junio, solo 

“tendría que pagar a la madre custodia lo que ... específicamente se 

dispuso” en el acuerdo entre las partes, “y nada más”.

Concluimos que erró el TPI al negarse a ordenarle al Padre 

que satisfaga el costo de los servicios brindados por la cuidadora 

durante el mes de junio de 2023. Es de crucial importancia recordar 

que el asunto del costo de la cuidadora fue objeto de intensas 

controversias entre las partes antes de que estas llegaran finalmente 

a un acuerdo. De hecho, al respecto, se presentaron dos recursos 

ante la consideración de este panel (KLCE202200358 y 

KLCE202300137).

En efecto, del récord surge que, inicialmente y de forma 

provisional, las partes acordaron que el Padre sufragaría el costo de 

la cuidadora. No obstante, unos meses después, el Padre determinó 

que dichos servicios ya no eran necesarios y logró que el TPI le 

relevara del pago de los mismos. Este Tribunal revocó la 

determinación del TPI. 

A pesar de nuestra decisión, el Padre se negó a reembolsar a 

la Madre por el costo de la cuidadora; en vez, pretendió pagarle 

directamente a esta por unos servicios que ya habían sido pagados 

por la Madre. Por tanto, fue necesario que el TPI interviniese para 

ordenar al Padre reembolsar a la Madre el referido costo, luego de lo 

cual el Padre acudió ante el Tribunal en defensa de su errónea 

postura. Al denegar la expedición del auto solicitado por el Padre, 

le impusimos una sanción económica por haber presentado un 

recurso frívolo.
KLCE202400303 8

Es en el referido contexto que las partes llegaron a un 

acuerdo final, plasmado en la Sentencia, a los efectos de que “la 

actual cuidadora cesará sus funciones el 30 de junio de 2023”. 

Naturalmente, como hasta dicho momento el Padre había 

estado pagando por dichos servicios, el acuerdo necesariamente 

implica una estipulación sobre la fecha a partir de la cual ya el Padre 

no estaría obligado a pagar por los mismos (1 de julio de 2023). Ello, 

a su vez, significa que el Padre accedió, mediante el acuerdo, a que 

continuaría pagando por la cuidadora hasta el 30 de junio de 2023. 

Es decir, el único significado razonable del lenguaje del acuerdo 

entre las partes, a la luz de la situación que imperaba cuando se 

alcanzó el mismo, es que el Padre accedió a mantenerse pagando

por la cuidadora hasta el 30 de junio de 2023. Si las partes 

hubiesen pretendido que dicha obligación cesara al 31 de mayo de 

2023, no hubiese sido necesario consignar una fecha de cese de 

servicios.

6

IV.

Por otra parte, el 16 de noviembre de 2023, el Padre presentó 

una Solicitud de Desacato; sostuvo que la Madre no había cumplido 

con su obligación de entregar un reloj marca Rolex que tenía en su 

posesión (el “Reloj”). Según el Padre, desde la Vista, el TPI le había 

ordenado a la Madre que entregara el Reloj, pero esta no había 

cumplido con la supuesta directriz.

El 9 de enero, la Madre se opuso a lo solicitado por el Padre. 

Planteó que, en la Vista, ella nunca accedió a entregar el Reloj, 

aunque sí se acordó la entrega de otros cuatro relojes del Padre. 

Alegó que el Reloj fue un “regalo efectuado” a ella, de parte del Padre, 

durante el matrimonio entre ambos.

6 De hecho, precisamente así fue que interpretamos el lenguaje del acuerdo en 

ocasión de exponer, al resolver un recurso anterior en este caso (KLCE20230080), 

la naturaleza y contenido de la transacción entre las partes. Allí expusimos que, 

de conformidad con el acuerdo, “al 30 de junio de 2023, el Padre dejaría de aportar 

hacia el pago de cualquier ‘cuidadora’ de la Hija que la Madre pudiera contratar.”
KLCE202400303 9

Mediante la Resolución, el TPI concluyó que la Madre tenía la 

obligación de entregar el Reloj al Padre, ello en virtud de la 

transacción entre las partes. Por tal razón, declaró con lugar la 

solicitud de desacato del Padre por el incumplimiento de la Madre 

con los “acuerdos transaccionales”. Ordenó a la Madre acreditar en 

5 días que había entregado el Reloj.

Inconforme, la Madre solicita la revisión de esta 

determinación. Reiteró que el acuerdo entre las partes únicamente 

incluyó la entrega de cuatro relojes, y que el Reloj había sido un 

regalo “antes de que [ella] se graduara de la escuela de derecho”. En 

apoyo de su planteamiento sobre una falta de acuerdo sobre el Reloj, 

la Madre anejó una transcripción de la Vista.

Por su parte, el Padre aduce que el TPI, y este Tribunal, no 

tienen jurisdicción al respecto porque la Sentencia advino final y 

firme. Señala que, en la misma, se ordenó a la Madre entregar “unos 

bienes muebles” del Padre. Indica que, en la minuta de la Vista, se 

aclaró que “no son 4 sino que son 5 relojes”. Además, sostuvo que 

la transcripción de la Vista apoya su teoría de que el acuerdo incluyó 

la entrega del Reloj.

Concluimos que erró el TPI al ordenar a la Madre entregar el 

Reloj. De la transcripción de la Vista, cuya exactitud no fue 

impugnada por el Padre, surge claramente que no se formalizó un 

acuerdo entre las partes para la entrega del mismo. En cambio, el 

acuerdo se circunscribió a la entrega de otros (cuatro) relojes. 

Véanse págs. 69-70 de la Transcripción (abogados de ambas partes 

únicamente hacen referencia a cuatro relojes).

Aunque luego, durante la Vista, el Padre insistió en que 

debían ser cinco relojes, la representación de la Madre respondió 

que ella únicamente accedía a entregar cuatro de ellos. Ambas 

partes fueron enfáticas en sus posturas al respecto, por lo que está 

claro que no hubo acuerdo en cuanto al Reloj. Véanse págs. 72 y 
KLCE202400303 10

87-89 de la Transcripción. El TPI se abstuvo de adjudicar u 

ordenar nada al respecto, presumiblemente porque únicamente se 

estaba precisando el alcance de una estipulación entre las partes. 

Véase pág. 88 de la Transcripción.

Contrario a lo planteado por el Padre, no tiene pertinencia 

que, en la minuta de la Vista, se hubiese consignado que el TPI había 

determinado que “[s]e dejó claro que no son 4 sino que son 5 relojes”. 

Ello porque, según expuesto, surge claramente de la transcripción 

de la Vista que no es correcto lo aseverado en la referida minuta. 

Como si ello no fuera suficiente, la referida minuta no fue firmada 

por el TPI, por lo cual tampoco puede considerarse como una 

determinación que pueda formar la base de alguna teoría sobre “ley 

del caso”. De hecho, al no estar firmada por el TPI, tampoco se podía 

solicitar su revisión ante este Tribunal.

Tampoco tiene razón el Padre al plantear que ya el TPI había, 

de algún otro modo, adjudicado este asunto antes de la notificación 

de la Resolución. La Sentencia no aborda específicamente lo 

relacionado con el Reloj. Tampoco la orden del 30 de mayo se 

refiere al Reloj, pues la misma se emitió en conexión con una moción 

del Padre, presentada el 29 de mayo, que únicamente hizo 

referencia a los “4 relojes” sobre los cuales no hay controversia. 

Aunque posteriormente (31 de mayo), el Padre hizo referencia 

a “5 relojes” y, en un escrito del 19 de junio, “aclaró” que la 

referencia anterior a “4 relojes” había sido un “error involuntario” de 

su abogada, ello ocurrió luego de la orden del 30 de mayo, por lo 

cual no se puede concluir que, mediante la misma, se hubiese 

ordenado a la Madre entregar el Reloj. 

Por supuesto, nada de lo aquí dispuesto constituye una 

adjudicación sobre la titularidad del Reloj. Únicamente está ante 

nuestra consideración si hubo un acuerdo entre las partes que 

obligase a la Madre a entregar el mismo. Surge claramente del 
KLCE202400303 11

récord que no hubo tal acuerdo y, por tanto, erró el TPI cuando, 

mediante la Resolución, le requirió a la Madre entregar el Reloj al 

Padre.

V.

Finalmente, la Madre plantea que el TPI debió condenar al 

Padre a satisfacer honorarios de abogado en conexión con los 

asuntos que plantea a través del recurso que nos ocupa. Solicitó 

que le impusiéramos $7,500.00 por dicho concepto. Veamos.

En cuanto a los honorarios de abogado en los casos de 

alimentos, el Artículo 22(1) de la Ley Orgánica de la Administración 

para el Sustento de Menores, 8 LPRA sec. 521(1), dispone que se 

otorgará el pago de honorarios de abogado a favor del alimentista, 

cuando este prevalezca en un procedimiento para fijar, modificar o 

para hacer efectiva una orden de pensión alimentaria. 

En efecto, “la obligación alimentaria incluye el pago de una 

partida para cubrir los honorarios de abogado.” Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 740 (2009). De esta forma, 

procede la imposición de los honorarios de abogado a favor de los 

menores en una acción para reclamar alimentos, sin la necesidad 

de que actúe con temeridad el demandado al defenderse de la 

reclamación. Íd., a la pág. 741; Chévere v. Levis,152 DPR 492, 502 

(2000). Incluso, aunque el alimentista esté representado por una 

organización de asistencia legal a indigentes, tiene derecho a 

reclamar una partida por honorarios de abogado. Íd.; Semidey v. 

Tribunal, 99 DPR 705, 707 (1970).

Dicha norma está más que justificada, pues la negación de 

esos fondos en un pleito de alimentos privaría al alimentista, o a su 

representante, de los recursos económicos necesarios para reclamar 

y hacer efectivo su derecho. Incluso, podría comprometer la pensión 

alimentaria para atender el reclamo de pago del representante legal. 
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Torres Rodríguez, 177 DPR a la pág. 741; Rodríguez Avilés v.

Rodríguez Beruff, 117 DPR 616, 621.

El criterio rector es compensar las dificultades que sufre el 

alimentista al tener que reclamar judicial o administrativamente los

alimentos a quien tiene la obligación moral y legal de suministrarlos. 

Íd. Asimismo, es importante recordar que los honorarios de abogado 

no pertenecen al abogado, sino al litigante que dará a la cuantía 

concedida el destino que desee. Torres Rodríguez, 177 DPR a la pág. 

743.

Por otro lado, el criterio que debe regir la imposición de la 

partida correspondiente a los honorarios de abogados es el de 

razonabilidad. En consecuencia, la concesión de honorarios de 

abogado que haga el TPI no debe alterarse a menos que la cantidad 

concedida sea irrazonable. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 

DPR 1003, 1035 (2010). Entre los factores que han de considerarse 

para la fijación de honorarios de abogado está la extensión del pleito. 

No obstante, “[p]ueden existir otros factores, asociados al curso de 

los procedimientos y las circunstancias del caso en particular, que 

incidan en el criterio del juzgador en el ejercicio de establecer una 

cuantía de honorarios justa y razonable.” Íd., a las págs. 1035-1036.

Como surge de lo expuesto arriba, la Madre ha prevalecido

ante este Tribunal en su reclamación de alimentos en cuanto al pago 

de los servicios de la cuidadora durante el mes de junio de 2023 y, 

además, prevaleció en cuanto al alcance del acuerdo entre las partes 

en lo relacionado con el Reloj. Sobre la base del récord relacionado

con estos dos asuntos, tanto ante el TPI como ante este Tribunal, 

concluimos que es razonable que el Padre satisfaga a la Madre 

$3,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

auto de Certiorari solicitado en cuanto a la decisión del Tribunal de 
KLCE202400303 13

Primera Instancia de no imponer intereses por mora; se expide el 

auto solicitado en cuanto a los demás asuntos objeto de la decisión 

recurrida y se revocan aquellas porciones de la misma mediante las 

cuales se ordenó a la demandada entregar un reloj y se denegó la 

solicitud de esta de condenar al demandante a pagar el costo de los 

servicios de la cuidadora por el mes de junio de 2023.

Por tanto, en o antes de los cinco días laborables siguientes a 

la expedición del mandato, el demandante deberá satisfacer a la 

demandada la suma de $1,733.00 (servicios de la cuidadora por el 

mes de junio de 2023), más $3,000.00 por concepto de honorarios 

de abogado. En la medida que el demandante no pague la totalidad 

de dichas cuantías dentro del término provisto, este tendrá que 

satisfacer una sanción adicional de $200.00 por cada día que 

transcurra entre la fecha límite aquí dispuesta y la fecha en que 

finalmente cumpla con lo aquí ordenado. 

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto y 

resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones