N ÚMERO IDENTIFICADOR RE S20 2 4

____

_ ___ __________ Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel I I

NAHIRA NICOLE DELGADO RAMOS

Pe ticionaria

v .

JESÚS JIMÉNEZ N ÚÑEZ y OTROS

Recurrido KLCE202 400 742 Certi orari procedente del Tribunal de Primera In s tan cia, Sala de Carolina
Caso

. N úm

. CA2022RF00834
So br e: Custodia y otros Panel integra do por su president e , e l Jue z Ber m ú dez Torres , el Juez Adames Soto y la Jueza Aldebol M ora Adames Soto, Juez Ponente
R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puer to Rico, a 2 3 de julio de 2024.

a.
Acu de ante nosotros la señora Nahira Nicole Delgado Ramos, ( señora De l g ado Ramos o peticionaria ) , solici tando la revocación de una
Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Sup erior de Carolina, ( TPI ) , el 2 1 de mayo de 2024. L e tocó d ecidir al foro p rimario en qué escuela se debía matri cular a una men or, hija de las partes de epígrafe , donde recibier a los servicios de educación especial que requer ía. La peticion aria sost uvo que la menor estaría mejor servi da en una escuela privada, por ella elegida, mientras que el padre de la m enor, el señor Je sús
Jiménez Nú ñez (se ñ or Jiménez Núñez o recurrid o) , impuls ó que se
mantuviera matr icu lada en una escuela pública es pecializada en educación especial. Luego de que el TPI considerara sendos informes sociales presentados por la Trabajadora Social que tuvo a su cargo investigar el asunto, junto a la argumentación de las partes en sala, decidi ó que seríaKLCE202400742 2

en la escuela pública Petra Román Vigo d onde la menor recibiría todos los

se rvicios que requería, por lo que ordenó su matr icula ción allí

. La peticionari a no está co nforme con tal decisión, y es por ello que

recurr e ante nosotros. Sin embargo, evaluada con de tenimiento la prueba documental que

tuvo ante su cons ideración el foro recurrido , no encontramos nada allí que sirva para demostrar que hubiese abusado de su discreción a l determinar
dónde debía ser matriculada la menor , por lo cual decidimos denegar

e xpedi r el recurso solicitado.
b. Las partes de epígrafe so n pa dres de la men or JJD, nacida el 23 de
octubre de 2011 . No estando las pa rtes casa das en tre sí, la señora
Del g ado Ramos inició acción ante el TPI solicitando que se le concediera la

cus todia monoparental de la referida menor, y se le pri vase de la patria

po testad al se ñor Jiménez Núñez , en contra de quien fue dirigida la
Demanda

. En su Contestación a la demanda , el recurrido se allan ó a la solicitud de custodia monoparental hecha por la peticio naria, pero objetó

ser privado de la patria po testad de la menor. Las alegacion es contenidas tanto en la referida Demanda , como en la Contestación a D emanda , ilustran unas relaciones claramente conflictivas entre los padres de la menor. Como parte d el proceso iniciado por la peticionari a, el 21 de febrero
de 2023 , el TPI le ordenó a la Unidad Social que realizara una
investi gación con refer enci a a la menor. En cumplimiento, el 12 de junio
del mismo año , la T rabajador Social a cargo de la evaluació n, señora Tapia
Serrano , presentó el I nforme Social Forense 1 requerido

. En lo referente a la

1 L a Regla 34( E ) ( e ) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones , 4 LPRA Ap

. XXII

- B , requiere a la parte que presenta un recurso de certiorari , la inclusión de un apéndice con documentos que formen parte del expediente original del TPI , y puedan re sultar útiles al Tribunal de A pelaciones para resolver la controve r sia que l e toque dirimir

. A pesar de que este primer Informe Social contenía información de mucha relevan cia en la consideraciónKLCE202400742 3

controv ersia ante nuestra cons ideración surge de dicho Informe que la

menor : era part icipante del Programa de Educación Espe cial desde el
2022 ; ameritaba ayuda indi vidualizada y supervisión constante para la ejecución de tareas; esta ba ubicada en el quinto grado en la escue la
P e dro Moczó Baniet , en salón especial en escuela regula r ; tenía el siguiente aprovechamiento académic o, c iencias 96%, e s pañol 97%,

s ociales 99 % , m atemáticas 99%, e ducación f ísica 83% , e i nglés 73%

. ( Énfasis provisto )

. E s de notar que el referido Informe no contenía re comendación algu na que sugi riera un cambio de escuela para la menor

. De la
Minuta

2 donde se recogi eron las argumentaciones de las partes sobre las
recomendaciones cont en idas en el Informe Social tampoco surge que se hubiese discutido la p osibilidad de un cambio de escuela para la menor, ni que hubiese alguna ins atisfacción con la escuela pública donde se

encon tra ba matriculada

. E l 23 de junio de 2023 el tribunal a quo le ordenó a la Unidad Social

qu e realizara un Informe Social Complementario , con el propósito de
veri ficar la evaluación t erapéutica de la menor y las relaciones paterno

filiales. A tenor, el 5 de febrero de 202 4 , la Trabajadora Social Pizarro Quiñonez pre sentó el Info rme Comp leme ntario re querido. S urge de este Inform e Complementario , en lo pertinente , que la peticionari a matriculó a
la menor en e l Colegio Limari en Carolina. S e de talló en el mismo Informe que l as calific aciones de la menor en d icha escuela privada fue ron las siguientes: m ate máticas, 72%, estudios sociales , 5 5 %, español, 54 %, ciencia, 84 %, educación física , 9 5% , ingl és 81 %. Fue i ndic ado que la menor tenía un grave problema de ausentismo, (ausencias no justificadas en su mayoría ) , y se cons ideraba la p osibilidad de que fracasar a en sus

de la controversia ante nuestra atención, la peticionaria optó por no inclu irlo en el apén dice , omisión que no consideramos un mero desliz

. 2 Apéndice 3 de la Oposición a c ertiorari , págs. 21

- 26.KLCE202400742 4

clases

. A ello se añadió que l a menor fue descrita como retraída, tímida, callada y no socializa ba , pero hac ía bully i ng y molesta ba a otras niñas. También se llamó la atención al hecho de que la peticionari a reconoció que
la menor necesitaba tu torías académicas, pero al momento no contaba con
los recursos econ ómicos para proveerla s.
S urge de la Minuta 3 donde fueron plasmad a s las in ci dencias d e la
Vista de Lec tura de Info rme Complem entario al cual aludimos en el párr afo
anterior , en lo pertinente , que el recurrido llevó a la atención del Tribunal

q ue, según dicho Informe : la menor había sido cambi ada a un colegio

p rivado sin su consentimiento; est aba a punto de un fracaso total
académico , y el Departamento de F amilia no quería cerrar el caso de la

menor po r est a razón ; el colegio no proveía servicios para las necesidades
de la menor. Añadió el recurrido que, mient ras la menor se encont raba
estudian do bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, mantenía unas notas excelentes, por lo que entendía que el mejor bienestar de esta ubicaba e n la escuela pública donde se le daban
tales servicios

. A lo anterior la pet icionaria ripostó que : las au sencias a l colegio eran jus tificadas, por razones médicas de la menor ; que el cambio de la escuela fue por recomendación de las maestras ante riores , las cuales indicaron

que e sta no estaba siendo retada en dicha escuela; había tratado de
comunicarse con el re currido, pero este la tenía bloque ada de sus
llamadas

. A r aíz de l o ello , el TPI le ordenó a la Uni dad Social a realizar o tro informe complementari o , esta vez para atender lo relacionado al aprovechamiento escolar de la menor, y evaluar cuál escuela sería la mejor
para esta

. De igual forma ordenó a la peticiona ria a que cu mpliera con velar por la asistencia de la menor a la escue la , e identificara un recurso a través del cual esta pudiera t omar las tutorías acad émicas

.

3 A péndice 3 del recurso de cer tiorari , págs. 9

- 12.KLCE202400742 5
E l 7 de mayo de 2024, la traba jadora social a cargo d el caso presentó al Tribunal un Informe de Labor Realizada , en respuesta a la
Orden para que verificara la lab or académica de la menor , y en qué
escuela debía continuar estudios. En el análisis que proveyó la tr abajadora
social acerca de la controversia, informó que la menor había tenido u na mejoría signi ficativ a en sus calificaciones en el colegio privado donde
estaba , ya no se encontr aba en nivel de frac aso escol ar, además de

m ejorar notablemente la conducta, participación a clases y el problema de las ausencias, recibiendo tutorías educati vas y a yuda sicológica. No obstante, destacó que la menor no había recibido el ser vicio de terap ia ocupacion al que requería , lo cual podría retrasar su desarrollo físico e
intel ec tual.
E n el Informe Complementario bajo discusión se in dicó que la
escuela pública Petra Román Vigo ofrec e dentro de su plantel todos los servicios especiales que requiere la menor , de manera gr atuita, además de contar con un comp o nente socio emocional que reforzar ía el proceso social. En definitiva, la recomendación del Informe Compleme ntario fue en favor de que la menor asistiera a la escuela pú b lica aludida.
En consecuencia , el 21 de mayo de 2024, el TPI emitió la Resoluci ón cuya revocación nos solicita la peticionari a, ordenando que la menor sea
matriculada en la escuela Petra Román Vigo.
En su recurso de certiorari la peticionaria aduce que , al así decidir, el foro primario cometió el siguie nte error:

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su discreción al ordenar qu e la menor JJD sea m a triculada en una escuela del sistema de educación públic a, a pesar de que el me jor bienestar de la niña es que contin úe estudiando en el col egio privado de educación in dividualizada en el que estudió hasta el se xto grado y, luego de un proceso de ad aptación que fue difícil para ella , logró un aprovec hamiento académico excepcional as í como en los aspectos de conducta, proce sos de socialización , participación en clase y estabilidad emocional. La decisión del foro de inst ancia no está sostenida con criterio alguno que aconseje que el mejor bienestar de la niña se garantiza cambi ándola de escuela para que inicie un nuevo proceso deKLCE202400742 6 ad aptación y a

juste que afectará su de sempe ño académ ico, social y emocional.
Junto a s u recurso de certiorari la peticionari a incluyó una Solicitud en auxilio de juri sdi cc ión , suplicando la par alización de los procesos ante el TPI, hasta que dispu siéramos del asunto ant e nuestra consideración.
Mediante Resolución de 11 de julio de 2024, accedimos a la peti ción de paralización de los procesos ante el foro primario , y le concedimos un término de cinco ( 5 ) días al recurrido para que se manifestara sobre los
mér itos del recurso presentado. En cumplimiento, e l re currido instó Oposición a recurso de certior a r i

.

c. La Regla 52.1 ( d ) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52 .1( d ) , establece , en lo pertinente, que el recurso de certiorari para revisar
resoluciones u órde nes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, podrá ser expedido por el Tribunal de Apelaciones por vías de excepción , cuando se rec urre de casos de relaciones de familia

. El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v.
American International Insurance , 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction , 201 DPR 703, 710 (2019);
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LL C., 194 DPR 723 , 728 (2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el
tribunal inferior. García v. Padró , 165 DPR 324 , 334 (2005). La expedición
del auto descansa en la s ana discreción del tribunal, y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, su pra , pág. 711

. E l concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR , 185 DPR 307 , 338 (2012). Claro, laKLCE202400742 7

discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimient o judicial para llegar a una conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction,
supra , págs. 711

- 712; Negrón v. Srio. de Justicia , 154 DPR 79 , 91 (2001).
En el ejercicio de nuestra discreción al decidir expedir o no u n recurso de certiorari , nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de pasión, pr e

juicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello , 155 DPR 62, 78

- 79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

q ue nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las
determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC , supra, pág. 730

. S obre lo mismo, nuestro Tribunal Supremo ha expr esado que “de ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial ”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co ., 132 DPR 170, 181 (1992 ); Rivera y otros v. Bco. Popular

, 152 DPR 140, 155 (2000). Aún más, el alto Foro expresam ente ha advertido que un t ribunal

re vi sor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circuns tancias extraordinarias o indicios de pasión , prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Coop. Seguro s Múl tiples
de P

. R . v. Lugo , 136 DPR 203, 208 ( 1994 )

.KLCE202400742 8 d. La pre misa fundamental de la cual par t ió la peticionaria pa ra solicitarnos la revo cación de la R esolución recurrida fue que, presuntamente , el TPI no contaba con ningún c riterio o base para ordenar que la menor fuera matriculada en la escuela pública Petra Román Vigo

. As e ver ó la misma parte que el último informe social ante la consideración del foro recurrido lo que demostró fue que la menor exhib ió un aprovechamiento académico ex t raordinario , cambios positivos en su conducta, y buenos ajustes en el colegio Limari . Sost uvo que , a diferencia de la escuela pública , en el re ferido colegio la instrucción es
in dividualizada, y los servicios de educación especial que este último no ofrece p odí an ser obtenidos a través de otros medios. No tiene razón la peticio naria al aseverar que el TPI carecía de bases

para elegir la escuela pública

. Muy al contrario, c omo deta llamos en el tracto procesal, la prueba documental con la que contó el tribunal a quo al
tomar su determinación sobre dónde debía continuar estudian do la

menor , ( los informes sociales descrito s ) , sostenía sin dificu ltad la
conclusión de la Resolución recurrida , y en modo alguno nos coloca n en posición de impu tarle que hubiese abusado de su discreción a l así actuar

. Sobre lo anterior, v alga res altar que , del p rimer Informe Social
Forense donde fue ron evaluadas las ejecutorias académicas de la menor,
de 12 de junio de 2023, surgió que esta se encontraba en la escuela pública, era participante del Programa de Educación Especial, donde

re cibía una serie de beneficios correspond ientes a tal Programa, y
mantenía exc elentes notas en todas sus asignat uras, ( s a lvo inglés )

. Es decir, la m enor presentaba es tupendo ajuste en la escuela públic a donde
estudiaba , beneficiándose de los servicios particulares que a llí se ofrec ía n ,

e n el Programa d e Educación Especial. Por lo anterior, no resulta sorpresiv o que , al momento de la presentación de dicho Informe Social para la consideración del Tribun al ,KLCE202400742 9

ninguna de las partes presentara obje ción alguna a la educación que se encontraba recibiendo la menor hasta el momento . Nótese que , luego de dicho primer Informe, el TPI ord enó a la Trabajadora Social que realizara

un Informe Complementario , pero con el propósito de verificar la evaluación terapéutica de la menor y las relaciones paterno

- fili ales, no para revisar su aprovechamiento académico, puesto que l os servicios e scolares que recibía
resulta ba n evidentemente satisfac t orios a ese momento. A pesar de lo anterior, surge del In fo rme comp lementario de 5 de
febrero de 202 4 , que la peticionari a cambió a la menor a un colegio privado, sin el consentimiento del recurrido, ni cons ultar a l Tribunal

. C uando fue cambiada de escuela la menor : baj ó sus notas de manera
drást ica , al pun to del fracaso ; present ó prob lemas de ajuste social ; no se benefici ó de un programa de educación especial y ; present ó un gran problema de ausentismo

. No re sulta necesario des tacar que lo descrito en el párrafo que

prece de representó un cambio dramático entre la situación académica
descrita e n el primer Informe S ocial , ( excelente ejecutoria de la menor en la escuela pública donde ubicaba ) , vis a vis l o ilustr ado en el Informe Complementario , ( empeoramiento de la e xperiencia escolar de la menor en todos los renglones , una vez fue camb iada a la e scuela privada elegida por la peticionari a )

. A todas luces, ello causó que el TP I se vi era comp elido a
intervenir con la situación académica de la menor , ordenando auscultar a la Unidad Social e n qué escuela debía ser ubicada la menor , tomando como guía su mejor bienestar

. Es así como , en el Informe Complementario de 7 de ma yo de 2024, la trabajadora social recomendó al T PI que la menor fuera matri culada en la

escu ela pública Petra Román Vigo , conta ndo esta institución escolar con todas las a

yuda s necesarias para estudiantes que requerían e ducación especial.KLCE202400742 10 Por lo anterior es que aseveramos no admitir la premisa de la peticionaria a los efectos de que el TP I estuvo desprovisto de prueb a para determinar dónde se debía matri cular la menor

. El tracto procesal lo que establece es que l a con cl usión alcanzada por el foro prima rio fue el
resultado de una serie de informes social es que d escribieron a una menor

con muy buen aprove chamiento académico mientras se mantuvo
recibiendo todos los ser vicios brin dados en el Programa de Educación Especia l, pero que exhibió problemas académicos y de socializaci ó n en cuanto dejó de recibir tales servicios en una escuela privada

. Dicho lo anterior, advertimos que e s cierto que la situación de la menor mejoró notablemente en la escuela privada donde se enco n traba , según el último In

forme Complementario que tuvo ante su atención el TPI

. Sin embarg o, la lec tura de dicho I nforme pone de manifiesto que, aún con la mejoría académica aludida, la menor continua ba sin recibir un os servicios que le eran indispensable s, por que no estaban dispon ibles en la escuela privada que eligió la peticionaria para la menor, pero sí lo estaba n en l a escu ela pública Petra Román Vigo

. E n la exposición de derecho destacamos que la intervención de este
foro inte rmedio con una determinación interlocutoria del TPI se justifica , cuando apreci a mos q ue el foro primario actu ó con preju icio , parci alidad o
incurri ó en craso abuso de discreción. En este cas o no podemos atrib uir a la determi nación re currida visos de prejui cio o parci a li dad, como tampo co observamos abuso de discreción al determinar en qué escuela se vel aría por el mejor bienestar del menor. No nos corresponde sustituir el cri terio del TPI por el nuestro, allí donde e l foro primario contó con una prueba
documental , como en este caso, que s irvió para sostener la determinación
recurrida

. En definitiva, no encontramos razon es para intervenir con el curso decisorio elegido por el foro recurrido, que está sustentado, de modo que procede denegar el recurso de certiorari presentado.KLCE202400742 11 Parte Dispositiva Por lo explicado, de cidimos Denega r expedir el recurso de certiorari presentado. En a rmonía , dejamos sin efecto la paralización de los
proceso s ante el Tribunal de Primera Instancia qu e dispus imos mediante
Resolución de 11 de julio de 2024 , debiendo las partes atenerse a lo ordenado por dicho foro primario en la Resoluc i ón de 21 de mayo de 2024

. Notifíquese inmediatamente . Lo a cordó el Trib un al y l o certifica s u Secretaria.

Lcda. Li l ia M. Oquen d o Solí s Secretaria del Tribunal de Apelacio nes