Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

SAMUEL SANTIAGO 

SANTIAGO Y OTROS

Apelantes

v.

JESÚS CASTRO 

SANTIAGO Y OTROS

Apelados

v.

DOMINO ́S CORP. 

Y OTROS

Apelados

KLAN202300178

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.: 

SJ2017CV01263 

(806)

Sobre: 

Daños y Perjuicios

SAMUEL SANTIAGO 

SANTIAGO Y OTROS

Apelados

v.

JESÚS CASTRO 

SANTIAGO Y OTROS

Apelantes

v.

DOMINO ́S CORP. 

Y OTROS

Apelados

KLAN202300195

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

San Juan

Civil núm.: 

SJ2017CV01263 

(806)

Sobre: 

Daños y Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2023.

En un caso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito,

el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

desestimó, por prescripción, las reclamaciones contra una 

aseguradora presentadas por los demandantes y por un chofer 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 2

demandado por vía de una demanda contra tercero. Según se 

explica en detalle a continuación, procede la desestimación de la 

apelación del chofer, pues la misma no se notificó a todas las partes 

del caso; en cuanto a los demandantes, concluimos que los términos 

de la póliza no le permiten reclamar contra la aseguradora.

I.

En marzo de 2017, el Sr. Samuel Santiago Santiago y la Sa. 

Carmen Pagán Arroyo (los “Demandantes”) presentaron una acción 

de daños y perjuicios en conexión con un accidente de tránsito 

ocurrido el 8 septiembre de 2016, aproximadamente a las 7:20 pm. 

Alegaron que, mientras cruzaban la Ave. San Claudio en Cupey, 

fueron atropellados por un vehículo (el “Vehículo”) manejado por el 

Sr. Jesús Castro Santiago (el “Chofer”).

Esta acción se presentó contra el Chofer y contra Domino’s 

Corp. (“Dominos”), quien se alegó era el patrono del Chofer. 

También se incluyó como demandados a Juan Doe y Juana Doe. 

Según se alegó en la demanda:

[...]

5. El codemandado, Sr. Castro Santiago, al 

momento de ocurrir el accidente, se 

encontraba en gestiones de trabajo 

(entregando pizza) que beneficiaban 

directamente a su patrono, el codemandado 

Domino’s Corp.

6. La parte demandada tenía expedida una póliza 

de seguros que, de prevalecer la parte 

demandante en su causa de acción, cubre el 

tipo de reclamación que nos ocupa. 

[...]

9. Por desconocer de su existencia y verdadero 

nombre, hemos denominado a Juan Doe y 

Juana Doe a cualquier persona natural o 

jurídica que pudiera tener alguna 

responsabilidad por los hechos alegados en 

esta demanda.

En junio de 2017, el TPI le anotó la rebeldía a Dominos.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 3

Mientras tanto, por los mismos hechos y en solicitud de los 

mismos remedios, los Demandantes presentaron, en agosto de 

2017, la acción de referencia (la “Demanda”) en contra del Chofer, 

Juan Doe y Juana Doe. En cuanto a estos últimos, se alegó lo 

mismo que en la primera acción. En septiembre de 2017, los 

Demandantes enmendaron la Demanda para incluir al Sr. Gilberto 

Castro de Armas y la Sra. Madeline Santiago Morales; se alegó que 

estos eran los padres del Chofer, quien era menor de edad al 

momento de los hechos.

En febrero de 2018, el Chofer contestó la Demanda y 

reconvino.

En marzo del mismo año, el Chofer presentó una Demanda 

Contra Tercero para traer al pleito a: Dominos, la Compañía de 

Seguros ABC e Integrand Assurance Company (“Integrand”). Se 

alegó que, al momento de los hechos, el Demandado realizaba 

funciones para Dominos y que este era su patrono. También se 

alegó que Integrand tenía expedida una póliza de seguros que 

incluía al Vehículo.

En mayo de 2018, el TPI consolidó ambas acciones e instruyó 

a las partes a que presentaran todos los documentos y mociones en 

el caso posterior (SJ2017CV01263).

El 31 de julio de 2018 Dominos fue emplazado

personalmente.1

1 Véase Entrada núm. 23 del Expediente Electrónico del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”) y Entrada núm. 48. Véase, además, 

SUMAC Entrada núm. 43, donde surge que el 15 de octubre de 2018, el TPI 

notificó la siguiente Orden:

No obra en sistema ni en el expediente judicial dirección alguna de 

la tercera Demadada, Domino’s Corp. Surge que fue emplazada 

personalmente. Ante la falta de dicha información, el Tribunal está 

impedido en notificar determinaciones a dicha parte. Se le 

conceden 10 días a la tercera demandante para proveer dirección 

física o postal de la tercera demandada, Domino’s Corp.

El 24 de octubre de 2018, el Chofer cumplió con lo ordenado e informó que la 

dirección de Domino’s Corp. es: PMB 519 138 Avenida Winston Churchill San 

Juan P.R. 00926, con número de teléfono (787) 754- 0236. Véase SUMAC Entrada 

núm. 45.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 4

El 31 de agosto de 2018, los Demandantes solicitaron en el 

caso más viejo autorización para enmendar la demanda con el fin 

de incluir a Integrand como demandado adicional e incluir la 

siguiente alegación:

6. La parte codemandada Integrand Ass. Co. 

tenía expedida una póliza de seguros que, de 

prevalecer la parte demandante en su causa 

de acción, cubre el tipo de reclamación que 

nos ocupa.

En septiembre de 2018, Integrand presentó una Moción 

Solicitando Desestimación de Demanda Contra Tercero. Sostuvo que: 

1) la póliza núm. AP 28092767 (la “Póliza”), expedida a favor de 

Gaither International (“Gaither”), no provee cubierta para la 

reclamación de autos; 2) el Chofer no es asegurado bajo la Póliza; 3) 

el Chofer no era empleado de Gaither, por lo que no existe 

responsabilidad vicaria; 4) Gaither no tiene obligación legal de emitir 

pago por los daños alegados en la Demanda; 5) el empleado dueño 

del Vehículo, Oscar Fernando Castro de Armas, no tiene cubierta ya 

que la Póliza claramente establece que no cualifica como asegurado 

si el empleado de Gaither es dueño del Vehículo, y que este tampoco 

aparece como asegurado adicional; 6) el Chofer no cualifica como 

asegurado bajo la póliza de Gaither; y 7) el Vehículo era utilizado 

como herramienta de trabajo para Dominos, pero no para Gaither.

En noviembre de 2018, el TPI también notificó una Resolución

mediante la cual motu proprio le anotó la rebeldía a Dominos por no 

haber presentado la correspondiente alegación responsiva, ni haber 

solicitado una prórroga para presentar su alegación responsiva,

dentro del término reglamentario aplicable.2

El 19 de diciembre de 2018, Integrand contestó la Demanda 

Contra Tercero. 

2 Véase SUMAC Entrada núm. 48.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 5

Tras varias incidencias procesales, el 19 de mayo de 2021, la 

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico (la 

“Aseguradora”), sucesor en interés de Integrand, presentó una 

Contestación Enmendada a la Demanda Contra Tercero, la que fue 

permitida por el TPI. En esencia, negó responsabilidad por los 

hechos de la Demanda y levantó la defensa de prescripción.3

El 24 de febrero de 2022, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio en el que estipularon hechos, 

delimitaron sus teorías y defensa, y estipularon la Póliza. 

El 28 de febrero de 2022, la Aseguradora presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria (la “Moción”). Reiteró que la Póliza no provee 

cubierta para la reclamación de autos porque el Chofer no figuraba 

como persona autorizada bajo la Póliza; además, arguyó que la 

reclamación en su contra estaba prescrita, al haberse presentado en 

el 2018, cuando el accidente ocurrió el 8 de septiembre de 2016.4

Los Demandantes se opusieron a la Moción; arguyeron que la 

Póliza incluía al Vehículo que conducía el Chofer y que, por tanto, 

la Aseguradora debe responder. En cuanto a la prescripción, 

plantearon que esa defensa fue renunciada porque no se incluyó al 

contestarse inicialmente la Demanda Contra Tercero.

5

Por su parte, el Chofer también se opuso a la Moción; sostuvo 

que, al momento de expedirse la Póliza, Integrand tenía 

conocimiento de que el Vehículo no estaba a nombre de Gaither. 

Arguyó que en la Póliza se incluyeron varios vehículos para los 

cuales Gaither no era el titular registral y que, por medio de la Póliza, 

Integrand representó que existía cubierta para los vehículos. En 

cuanto a la prescripción, solo adujo que Integrand fue 

oportunamente demandada.6

3 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 55-56.

4 Íd., págs. 106-126.

5 Íd., págs. 191-202.

6 Íd., págs. 231-244.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 6

El 19 de mayo de 2022, las partes presentaron el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado (el “Informe”).7 El 

24 de mayo, se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio y Vista 

Transaccional en la cual el TPI aprobó el Informe y el TPI señaló el 

Juicio en su Fondo para el 22, 23 y 26 de junio.8

Posteriormente, la Aseguradora presentó una moción 

informativa suplementando su solicitud de sentencia sumaria9 y el

Chofer presentó su escrito en oposición.10

Mediante una Sentencia Parcial notificada el 11 de octubre de 

2022 (la “Sentencia”), el TPI desestimó la reclamación contra la 

Aseguradora. El TPI concluyó que la misma estaba prescrita.11

Inconformes, el 26 de octubre, los Demandantes solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia, así como determinaciones de 

hechos y de derecho adicionales; la Aseguradora se opuso.

Mediante una Resolución notificada el 14 de noviembre, el TPI 

denegó la reconsideración solicitada.

No obstante, el 8 de diciembre, los Demandantes advirtieron 

al TPI que la Sentencia no había sido notificada a Dominos12, por lo 

cual, ese mismo día, el TPI notificó nuevamente la Sentencia.

13

Poco después, el 16 de diciembre, los Demandantes 

informaron al TPI que la dirección utilizada una semana antes para 

notificar la Sentencia a Dominos tenía un error porque no se 

incluyeron los últimos 4 dígitos del código postal. Además, 

suplieron dos direcciones adicionales de Dominos que informaron 

haber encontrado; una de ellas expusieron que surgía de la página 

web del Servicio Postal de Estados Unidos.

14 Ese mismo día, el TPI 

7 Véase SUMAC Entrada núm. 172.

8 Véase SUMAC Entrada núm. 174.

9 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 292-301.

10 Íd., págs. 302-304.

11 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 307-319.

12 Véase SUMAC Entrada núm. 196.

13 Véase SUMAC Entrada núm. 197 y Entrada núm. 190, Notificación Versión 2.

14 Véase SUMAC Entrada núm. 198 y Anejo 1.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 7

ordenó notificar nuevamente la Sentencia a todas las direcciones 

provistas en la moción.

15

El 29 de diciembre, los Demandantes solicitaron la

reconsideración de la Sentencia y determinaciones de hechos y de 

derecho adicionales. La Aseguradora se opuso a la solicitud de 

reconsideración. El 1 de febrero, el Chofer indicó al TPI que se unía 

a lo planteado por los Demandantes.

Mediante una Resolución notificada el 2 de febrero, el TPI 

denegó la solicitud de reconsideración y de determinaciones de 

hechos y de derecho adicionales presentada por los Demandantes y 

a la cual se había unido el Chofer.

El 6 de marzo (lunes), los Demandantes presentaron uno de 

los recursos que nos ocupa (KLAN202300178); plantean que erró el 

TPI:

1. al no dictaminar que tanto la contestación de 

Integrand Assurance Co., como la posterior 

contestación de la Asociación de Garantía de 

Seguros Misceláneos de Puerto Rico a la 

demanda contra terceros presentada en su 

contra, tuvo el efecto jurídico de enmendar 

automáticamente la demanda, sin necesidad 

que la parte demandante apelante tuviese que 

hacer nada. Mercado Figueroa v. Municipio de 

San Juan, 2015 TSPR 14.

2. al declarar que la causa de acción del 

demandante contra tercero, Sr. Jesús Castro, 

de incumplimiento de contrato de la 

Asociación de Garantía de Seguros 

Misceláneos de Puerto Rico por haberle 

negado defensa y cubierta bajo la póliza de 

Integrand que aseguraba el vehículo que él 

conducía y que impactó a los demandantes 

apelantes estaba prescrita.

3. al no pasar juicio respecto a la “Moción 

Solicitando Autorización del Honorable 

Tribunal para Enmendar la Demanda”, que 

fue presentada el 31 de agosto de 2018, en la 

Secretaría del TPI, bajo los dos números del 

presente caso: KDP2017-0306 y 

SJ2017CV01263.

15 Véase SUMAC Entrada núm. 199 y Entrada núm. 190, Notificación Versión 3.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 8

Ese mismo día, el Chofer presentó el otro recurso que nos 

ocupa (KLAN202300195); señala que erró el TPI al determinar que 

la causa de acción en contra de la Aseguradora está prescrita.

Mediante una Resolución emitida el 8 de marzo consolidamos 

ambos recursos. 

La Aseguradora se opuso a ambos recursos de apelación. 

Resolvemos.

II.

En cuanto al recurso KLAN202300195, concluimos que 

procede su desestimación, pues el mismo no fue notificado a 

Dominos, quien es parte en este caso.

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

882 (2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

Para el perfeccionamiento adecuado de un recurso presentado 

ante el foro apelativo intermedio es necesario la oportuna 

presentación y la notificación del escrito a las partes apeladas. 

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543 (2017). En tal 

contexto, la Regla 13 (A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 13(A), establece que el término para presentar el recurso de 

apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde el archivo 

en autos de copia de la notificación de la sentencia”. Dicho término 

es de carácter jurisdiccional. Íd; véase también la Regla 52.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). Como sabemos, un 

término jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable.
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Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Por ende, 

no puede acortarse, ni extenderse. Torres v. Toledo, 152 DPR 843, 

851 (2000). 

Por su parte, la Regla 13 (B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que la parte apelante deberá notificar a las 

partes el recurso de apelación y los Apéndices dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, ello con independencia 

de si comparecieron a los procedimientos, o si se efectuó una 

declaración de rebeldía en cuanto a su persona. Dicho término es 

de estricto cumplimiento. A tales efectos, la parte apelante deberá 

certificar con su firma en el recurso, por sí o por medio de su 

representación legal, la fecha en que se efectuó la notificación. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (B)(1).

Cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, los 

tribunales no están atados al automatismo que conlleva un requisito 

de carácter jurisdiccional y pueden, por lo tanto, proveer el remedio 

que estimen pertinente, extendiendo el término según las 

circunstancias. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 

(2000). Sin embargo, la justa causa tiene que ser acreditada con 

explicaciones concretas y particulares que permitan al juzgador 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza. Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 92-93 (2013).

Por su parte, la Regla 83 (C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 83 (C), permite la desestimación de un recurso de 

apelación por falta de jurisdicción.

En este caso, no surge del expediente que el Chofer haya 

notificado su recurso a Dominos. De todas maneras, le concedimos 

al Chofer un término para que mostrase causa por la cual no 

debíamos desestimar el recurso por ausencia de notificación a 

Dominos y a la Aseguradora. Sin embargo, al comparecer al 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 10

respecto, el Chofer únicamente acreditó haber notificado su recurso 

a los Demandantes y a la Aseguradora, pero no acreditó, ni aseveró, 

haber notificado el recurso a Dominos.

Al no haberse acreditado la notificación del recurso a 

Dominos, y al no haberse siquiera intentado aducir algún tipo de 

justa causa para dicha omisión, nos vemos en la obligación de 

desestimar el mismo.

Por otra parte, y contrario a lo planteado por la Aseguradora, 

no procede la desestimación del recurso presentado por los 

Demandantes. Aunque la Aseguradora plantea que el apéndice del 

recurso es incompleto, la norma es que ello no nos obliga a 

desestimar. Tampoco tiene razón la Aseguradora al plantear que el 

término para apelar comenzó cuando el TPI intentó por primera vez 

notificar la Sentencia a Dominos. En las circunstancias particulares 

de este caso, consideramos razonable la determinación del TPI de 

que era necesaria una segunda notificación a dicha parte, por lo 

cual el término para solicitar reconsideración y apelar comenzó a

transcurrir a partir de esa segunda notificación.

III.

El mecanismo de sentencia sumaria procura, ante todo, 

aligerar la tramitación de aquellos casos en los cuales no existe una 

controversia de hechos real y sustancial que exija la celebración de 

un juicio en su fondo. Véase Rodríguez García v. Univ. Carlos Albizu,

200 DPR 929 (2018); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200.

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36, rige el proceso mediante el cual una parte puede solicitar al 

tribunal que dicte sentencia sumaria a su favor. Cuando cualquier 

parte solicite que el pleito sea resuelto por la vía sumaria, deberá 

demostrar “la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 11

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación”. 32 LPRA Ap. V, Rs. 36.1 y 36.2.

El criterio rector al momento de considerar la procedencia de 

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el 

derecho. Véanse Rodríguez García, 200 DPR a la pág. 941;

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017);

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013).

El TPI no debe dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción, una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como 

cuestión de derecho, no procede. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

189 DPR 586 (2013); González v. Multiventas, 165 DPR 873, 889 

(2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 136 

DPR 881, 913–914 (1994).

IV.

“La prescripción extintiva es una institución de derecho 

sustantivo que extingue el derecho a ejercer determinada causa de 

acción”. Maldonado Rivera v. Suarez y otros, 195 DPR 182, 192 

(2016). En otras palabras, la prescripción extintiva es materia de 

naturaleza sustantiva, regida por nuestro Código civil. SLG García–

Villega v. ELA et al, 190 DPR 799, 812 (2014); Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); 31 LPRA ant. sec. 5291.

La prescripción extintiva “tiene como propósito castigar la 

inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones, puesto que no 

se debe exponer a las personas toda la vida, o por un largo tiempo, 

a ser demandadas”. SLG Haedo-López v. SLG Roldán-Rodríguez, 203 

DPR 324, 336-337 (2019) (Citas omitidas). Véase, además, COSSEC 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 12

et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). “Al respecto, 

transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin reclamo 

alguno por parte del titular del derecho, se origina una presunción 

legal de abandono”. Fraguada Bonilla, 186 a la pág. 374.

El término prescriptivo para presentar una reclamación, al 

amparo del Artículo 1802 del Código civil, supra, es de un año desde 

que el agraviado supo, o debió saber con razonable diligencia, del 

daño. Artículo 1868 del Código civil, 31 LPRA ant. sec. 5298; SLG 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 832 (2011).

Así mismo, el término prescriptivo, cuando no exista 

disposición especial que indique alguna otra cosa, comenzará a 

transcurrir desde el día en que pudo ejercitarse la misma. Art. 1869 

del Código civil, 31 LPRA ant. sec. 5299. Para que comience a 

transcurrir el término, es necesario que la persona perjudicada 

conozca del daño sufrido, quién se lo ha causado y los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. 

Fraguada Bonilla, 186 a la pág. 374 (Citas omitidas).

Ahora bien, “si el desconocimiento [de los elementos de la 

causa de acción] se debe a falta de diligencia, entonces no son 

aplicables estas consideraciones sobre la prescripción”. Íd.;

COSSEC et al., supra. A estos efectos, se le exige a la parte afectada 

la diligencia de una persona prudente y razonable, de manera que 

descubra los elementos necesarios para su causa de acción en un 

tiempo razonable para, así, cumplir con los propósitos de la

prescripción. Véase, Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 330 (2004). 

Comenzado a transcurrir el término, el Artículo 1873 del Código civil 

establece que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor”. 31 LPRA ant. sec. 5303.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 13

V.

El Código civil establecía una presunción de mancomunidad 

en las obligaciones, salvo que se pactara expresamente la 

solidaridad. 31 LPRA ant. sec. 3101. En cuanto a las obligaciones 

extracontractuales civiles que surgen de la culpa o negligencia, el 

Código civil no disponía si habría de regir la solidaridad o la 

mancomunidad. Ante esta laguna, se estableció que, cuando exista 

pluralidad de co-causantes de un daño indivisible, estos 

responderán solidariamente ante el agraviado. García v. Gobierno 

de la Capital, 72 DPR 138 (1951). Por lo que el perjudicado podrá 

recobrar de cada causante la totalidad de la deuda que proceda.

En materia de la prescripción, el Código civil disponía que: 

“[l]a interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones 

solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y 

deudores”. 31 LPRA ant. sec. 5304. No obstante, en acciones de 

daños y perjuicios, cuando coincide más de un causante de un 

daño, el agraviado ordinariamente deberá interrumpir la

prescripción en relación con cada co-causante por separado, dentro 

del término de un año establecido por el Artículo 1868 del Código 

civil, supra, si interesa conservar su causa de acción contra cada 

uno de ellos. Por ello, la presentación oportuna de la demanda 

contra un presunto co-causante ordinariamente no tiene el efecto 

de interrumpir el término prescriptivo contra el resto de los alegados 

co-causantes del daño. Fraguada Bonilla, supra (Citas omitidas).

No obstante, recientemente se aclaró que, en atención a la 

particular naturaleza de la relación entre quien responde 

vicariamente por los actos de otra persona, la reclamación por daños 

contra uno de ellos interrumpe en cuanto al otro. Pérez et al. v.

Lares Medical et al, 207 DPR 965 (2021).

En efecto, entre un patrono y su empleado existe una relación 

de solidaridad propia que se distingue de la solidaridad impropia 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 14

que de ordinario existe entre los co-causantes de un daño 

extracontractual. En otras palabras, cuando aplica la 

responsabilidad vicaria que se establece bajo el Artículo 1803 del 

Código civil, supra, no es de aplicación la solidaridad impropia 

establecida en Fraguada Bonilla, supra, y su progenie.

VI.

El Código de Seguros de Puerto Rico define el seguro como “el 

contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra 

o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al 

producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. Feliciano 

Aguayo v. MAPFRE, 207 DPR 138, 148 (2021), citando el Artículo

1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 102. 

“[D]ebido a que la industria de los seguros está revestida del más 

alto interés público, es reg[lament]ada extensamente por el Estado”. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 614, 632 (2009) (Citas 

omitidas); véase, por ejemplo, 26 LPRA secs. 1-10377. El “negocio 

de seguros está investido de un alto interés público debido al papel 

que juega en la protección de los riesgos que amenazan la vida o el 

patrimonio de los ciudadanos”. RJ Reynolds v. Vega Otero, 197 DPR 

699, 706 (2017); Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 575 

(2013). Este alto interés surge “de la extraordinaria importancia que 

juegan los seguros en la estabilidad de nuestra sociedad”. RJ 

Reynolds, supra; SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 384 

(2009). Lo anterior, toda vez que el contrato de seguro “permite 

igualmente a las personas, como a los negocios, proteger sus 

recursos al transferir el impacto monetario de ciertos riesgos a 

cambio del pago de una prima”. Feliciano Aguayo, 207 DPR a la pág. 

150.

Ahora bien, según establece el Código de Seguros de Puerto 

Rico, este tipo de contrato debe ser interpretado “globalmente, a 

base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 15

expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido o 

modificado por aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a 

la póliza para formar parte de ésta”. Íd., citando el Artículo 11.250 

del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA. sec. 1125.

Por ser un contrato de adhesión, el mismo debe ser 

interpretado liberalmente a favor del beneficiario. Sin embargo, “si 

los términos del contrato de seguro son claros, específicos y no dan 

margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, se hará valer 

la clara voluntad de las partes”. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 

DPR 355, 369-370 (2008).

En cuanto a los endosos de exclusión de cubierta, el Código 

de Seguros dispone que todo asegurador debe “[p]roveer al 

consumidor una orientación clara y completa sobre la cubierta, 

beneficios, límites y exclusiones de la póliza de seguros gestionada 

por su conducto, así como de los deberes y obligaciones de éste como 

asegurado bajo la misma”. 26 LPRA sec. 949c (1). 

Las cláusulas de exclusión se interpretarán restrictivamente, 

de modo que se cumpla con los propósitos de cubierta al asegurado. 

En efecto, “las exclusiones se han de interpretar restrictivamente a 

favor del asegurado, para así cumplir con el propósito de todo seguro 

de ofrecer la mayor protección a la persona asegurada.” (Citas 

omitidas). Monteagudo Perez v. E.L.A., 172 DPR 12, 21 (2007). Claro 

está, “si las cláusulas de exclusión son claras y aplican a 

determinada situación, la aseguradora no será responsabilizada por 

aquellos riesgos expresamente excluidos”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR 880, 899-900 (2012); Integrand Assurance 

v. CODECO et al., 185 DPR 146, 162 (2012); Jiménez López et al. v. 

SIMED, 180 DPR 1, 10, 11 (2010); Molina v. Plaza Acuática, 166 DPR 

260, 267-268 (2005).

Respecto al alcance de la responsabilidad del asegurador 

frente al perjudicado, el Artículo 20.010 del Código de Seguros de 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 16

Puerto Rico, dispone que “[e]l asegurador que expidiere una póliza 

asegurando a una persona contra daños o perjuicios, [...] será 

responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, 

y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su 

responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá 

del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme 

dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha 

sentencia”. 26 LPRA sec. 2001.

En cuanto a la naturaleza de la relación jurídica entre un 

asegurador y un asegurado esta es de carácter contractual. Pues se 

rige por lo pactado en el contrato de seguros, que es ley entre las 

partes. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 531 (1999).

Véase, además, Echandi Otero, 174 DPR a la pág. 355. En atención 

a lo anterior, se ha resuelto que “[p]ara que exista solidaridad entre 

una compañía aseguradora y el asegurado, ello debe surgir 

claramente del contrato de seguros. Dicha solidaridad debe haberse 

pactado expresamente o, al menos, debe surgir claramente del 

contenido del contrato que la relación entre las partes se constituyó 

con tal carácter”. Gen. Accid. Ins. Co. P.R., 148 DPR a la pág. 537, 

citando a Torrellas v. Sucn. Torellas, 57 DPR 501 (1940). Así pues, 

es en virtud de dicha relación contractual, que la aseguradora viene 

obligada a indemnizar y proteger a su asegurado en caso de 

producirse el suceso incierto previsto. S.L.G. Francis-Acevedo, 176 

DPR a la pág. 384; Monteagudo Pérez, 172 DPR a la pág. 20; Díaz 

Ayala v. ELA, 153 DPR 675, 690 (2001).

Por otro lado, el Código de Seguros dispone distintas maneras 

en que una persona perjudicada puede solicitar el resarcimiento 

correspondiente contra un asegurador o un asegurado. El Artículo 

20.030 del Código de Seguros de Puerto Rico, provee lo siguiente:

(1) La persona que sufriere los daños y 

perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa 

contra el asegurador conforme a los términos y 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 17

limitaciones de la póliza, acción que podrá 

ejercitar contra el asegurador solamente o contra 

éste y el asegurado conjuntamente. La acción 

directa contra el asegurador se podrá ejercer 

solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del 

asegurador no excederá de aquella dispuesta en 

la póliza, y el tribunal deberá determinar no 

solamente la responsabilidad del asegurador, si 

que también la cuantía de la pérdida. Cualquier 

acción incoada conforme a esta sección estará 

sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y 

a las defensas que pudieran alegarse por el 

asegurador en acción directa instada por el 

asegurado.

(2) En una acción directa incoada por la persona 

que sufriere los daños y perjuicios contra el 

asegurador, éste está impedido de interponer 

aquellas defensas del asegurado basadas en la 

protección de la unidad de la familia u otras 

inmunidades similares que estén reconocidas en 

el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.

(3) Si el perjudicado entablara demanda contra 

el asegurado solamente, no se estimará por ello 

que se le prive, subrogándose en los derechos del 

asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de 

sostener acción contra el asegurador y cobrarle 

luego de obtener sentencia firme contra el 

asegurado. 23 LPRA sec. 2003.

Conforme al Artículo 20.030 del Código de Seguros de Puerto 

Rico, cuando una persona alega que ha sufrido daños y perjuicios 

causados por las acciones u omisiones culposas o negligentes de un 

asegurado, puede encausar su acción de tres formas distintas: (1) 

demandar al asegurador; (2) demandar al asegurado, o (3) demandar 

al asegurado y su asegurador conjuntamente. Savary et al. v. Mun. 

Fajardo et al., 198 DPR 1014, 1024 (2017); SLG Albert-García v. 

Integrand Asrn., 196 DPR 382, 393 (2016); Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 289 (1988). Esta acción se 

caracteriza por ser “independiente, distinta y separada” de la 

reclamación que tiene disponible el promovente en contra del 

causante de sus daños. Savary, 198 DPR a la pág. 1024; Ruiz v. 

New York Dept Stores, 146 DPR 353, 364 (1998). Véase, además,

SLG Albert-García, supra. 
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 18

Cuando la persona se dirige contra el asegurado solamente lo 

hace sin perjuicio del derecho del perjudicado de instar una acción 

posterior contra el asegurador y reclamarle a éste el pago de la 

indemnización a que tiene derecho por sentencia firme contra el 

asegurado. Neptune Packing Corp., 120 DPR a la pág. 290. Véase, 

además, Ruiz, 146 DPR a la pág. 367-368. 

La elección del mecanismo procesal para presentar una acción 

judicial en contra de un asegurador o asegurado repercutirá en 

cuanto a los requisitos que el tercero perjudicado tendrá que 

cumplir para ser compensado por los daños sufridos. Menéndez, 

Velázquez, 203 DPR a la pág. 907. En la relación entre asegurado, 

asegurador y tercero perjudicado, el vínculo jurídico del tercero 

perjudicado y el asegurador solo surge en dos (2) escenarios: ante 

una acción directa contra el asegurador o ante una acción conjunta 

en contra de un asegurador y su asegurado. Véase, por ejemplo,

Almonte de Mejías v. Díaz, 86 DPR 111 (1962).

Cuando un tercero perjudicado solicita indemnización al 

asegurador solamente, su derecho está predicado en los términos de 

la póliza entre el asegurado y el asegurador. SLG Albert García, 

supra, pág. 393. Al respecto, en Trigo v. The Travelers, Ins. Co., 91 

DPR 868 (1965), se resolvió que, en la causa de acción directa frente 

a una aseguradora, un tercero perjudicado tiene derecho a exigir 

compensación por los daños sufridos, aun cuando la causa de 

acción contra el asegurado haya prescrito, pero solo si se 

interrumpió oportunamente la acción contra dicha aseguradora. 

Véase, Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623 (1982). Es 

decir, aunque la causa de acción estuviese prescrita contra el 

asegurado, ello no implica que esté también prescrita contra la 

aseguradora.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 19

VII.

Concluimos que erró el TPI al considerar que la reclamación 

de los Demandantes contra la Aseguradora estaba prescrita. En 

primer lugar, en la demanda inicial se incluyó a la Aseguradora, 

aunque con nombre desconocido. Por tanto, cuando posteriormente 

se le identificó, los efectos de ello se retrotraen a la demanda inicial, 

la cual se presentó dentro del año del accidente.

En segundo lugar, y más importante aún, partiendo de la 

premisa de que el Chofer fuese una parte asegurada en la Póliza en 

conexión con la responsabilidad pública del Vehículo (lo cual, como 

veremos, no es correcto), existiría una solidaridad propia entre el 

Chofer y la Aseguradora que implicaría que interrumpir en cuanto a 

uno de ellos conlleva automáticamente la interrupción del término 

en cuanto al otro.

En efecto, en este caso, la Póliza establecía un pacto expreso 

de solidaridad entre la Aseguradora y su asegurado a favor de 

terceros. Esto se desprendía claramente de la Sección II, Cláusula 

A de la Póliza:

We will pay all sums an “insured” legally must 

pay as damages because of “bodily injury” or 

“property damage” to which this insurance 

applies...16

Al haberse establecido la solidaridad en la Póliza, los 

Demandantes podían interrumpir el término prescriptivo para 

demandar a la Aseguradora mediante una reclamación judicial 

contra el asegurado bajo la Póliza. De esta forma, la presentación 

de una demanda contra el asegurado también interrumpiría el 

término prescriptivo contra la Aseguradora.

VIII.

Ahora bien, un examen detenido de la Póliza arroja que el 

Chofer no está protegido por la misma, por lo cual los Demandantes 

16 Véase Apéndice del Recurso KLAN202300178, pág. 139.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 20

no tienen una causa de acción viable contra la Aseguradora. 

Veamos.

La Póliza dispone que el asegurado nombrado (“named 

insured”) es Gaither.17 También dispone en el segundo inciso (“Item 

Two”) que la misma provee cobertura para el Vehículo.18 El dueño 

del Vehículo es el Sr. Oscar Fernando Castro de Armas,19 quien se 

alega era el tío paterno del Chofer y accionista mayoritario de 

Gaither.20 

La parte pertinente de la Póliza, llamada “Business Auto 

Coverage Form” (CA 00 01 10 13), SECTION I - COVERED AUTOS, 

dispone:

Item Two of the Declarations shows the “autos” 

that are covered “autos” for each of your 

coverages. The following numerical symbols 

describe the “autos” that may be covered “autos”.

The symbols entered next to a coverage on the 

Declarations designate the only “autos” that are 

covered “autos”

A. Description Of Covered Auto Designation 

Symbols

Symbol – Description Of Covered Auto 

Designation Symbol

1 - Any “Auto”

[...]

7 - Specifically Described “Autos” 

Only those “autos” described in Item Three of 

the Declarations for which a premium charge 

is shown (and for Covered Autos Liability 

Coverage any “trailers” you don’t own while 

attached to any power unit described in Item 

Three).

[...]

9 - Non owned “autos”

Only those “autos” you do not own, lease, 

hire, rent or borrow that are used in 

connection with your business. This 

includes “autos” owned by your “employees”, 

partners (if you are a partnership), members 

(if you are a limited liability company) or 

17 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, pág. 128.

18 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 129 y 131.

19 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, pág. 127

20 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, pág. 233.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 21

members of their house holds but only while 

used in your business or your personal 

affairs.

[...]21

La parte de la Póliza llamada SECTION II - COVERED AUTOS 

LIABILITY COVERAGE, dispone:

A. Coverage

We will pay all sums an “insured” legally must 

pay as damages because of “bodily injury” or 

“property damages” to which this insurance 

applies, caused by an “accident” and resulting 

from the ownership, maintenance or use of a 

covered “auto”.

We will also pay all sums an “insured” legally 

must pay as a “covered pollution cost or 

expense” to which this insurance applies, 

caused by an “accident” and resulting from the 

ownership, maintenance or use of covered 

“autos”. However, we will only pay for the 

“covered pollution cost or expense” if there is 

either “bodily injury” or “property damage” to 

which this insurance applies that is caused by 

the same “accident”.

We have the right and duty to defend any 

“insured” against a “suit” asking for such 

damages or a “covered pollution cost or 

expense”. However, we have no duty to defend 

any “insured” against a “suit” seeking 

damages for “bodily injury” or “property 

damages” or a “covered pollution cost or 

expense” to which this insurance does not 

apply. We may investigate and settle any claim 

or “suit” as we consider appropriate. Our duty 

to defend or settle ends when the Covered 

Autos Liability Coverage Limit of Insurance 

has been exhausted by payment of 

judgements or settlements. 

1. Who is An Insured

The following are “insureds”:

a. You for any covered “auto”

b. Anyone else while using with your 

permission a covered “auto” you own, 

hire or borrow except:

(1) The owner or anyone else from 

whom you hire or borrow a 

covered “auto”.

21 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 138-139.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 22

This exception does not apply if the 

covered “auto” is a “trailer” 

connected to a covered “auto” you 

own. 

(2) Your “employee” if the covered 

“auto” is owned by that 

“employee” or a member of his or 

her household.

(3) Someone using a covered “auto” 

while he or she is working in a 

business of selling, servicing, 

repairing, parking or storing “autos” 

unless that business is yours.

(4) Anyone other than your 

“employees”, partners (if you are a 

partnership), members (if you are a 

limited liability company) or a lessee 

or borrower or any of their 

“employees”, while moving property 

to or from a covered “auto”.

(5) A partner (if you are a partnership) 

or a member (if you are a limited 

liability company) for a covered 

“auto” owned by him or her or a 

member of his or her household.

(Énfasis suplido).22

Por otro lado, el endoso Hired Autos Specified As Covered 

Autos You Own CA 99 16 10 13 de la Póliza (el “Endoso”) establece 

lo siguiente:

B Changes In Covered Autos Liability 

Coverage

The following is added to the Who is An Insured

provision:

While any covered “auto” described in the 

Schedule is rented or leased to you and is being 

used by or for you, its owner or anyone else from 

whom you rent or lease it is an “insured” but only 

for that covered “auto”.23

De lo anterior surge que el Chofer no es un asegurado bajo la 

Póliza. Ello porque el Chofer no es el principal asegurado (es 

Gaither), y porque no se alegó que el Vehículo, al momento del 

accidente, fuese propiedad de, o hubiese sido prestado a, o alquilado 

22 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, págs. 139-140.

23 Véase Apéndice del recurso KLAN202300178, pág. 158.
KLAN202300178 cons. con KLAN202300195 23

por, Gaither. De hecho, lo que surge del récord es que, al momento 

del accidente, el Vehículo se utilizaba para beneficio de Dominos. 

Aun partiendo de la premisa de que el Vehículo hubiese sido 

prestado a Gaither, la Póliza excluye como asegurado al dueño del 

vehículo prestado y también a empleados de Gaither cuando este, o 

algún miembro de su hogar, es el dueño del vehículo. Ello implica 

que, en estas circunstancias, el Chofer no es un asegurado bajo la 

Póliza.

Así pues, como el Chofer no es un asegurado bajo la Póliza, 

dadas las circunstancias del accidente objeto de la Demanda, los 

Demandantes no tienen una causa de acción viable contra la 

Aseguradora. La Aseguradora sólo responde por los actos o la 

responsabilidad que pueda atribuírsele a algún asegurado suyo 

conforme a los términos y condiciones de sus obligaciones bajo la 

Póliza. No responde automáticamente por cualquier accidente en el 

cual esté involucrado un vehículo incluido en la Póliza. En 

consecuencia, aunque por otros fundamentos, concluimos que 

actuó correctamente el TPI al desestimar la Demanda contra la 

Aseguradora.

IX.

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

KLAN202300195 por falta de jurisdicción y se confirma la Sentencia

apelada en el recurso KLAN202300178.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones