NÚMERO IDENTIFICADOR

RES2024__________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel II

NAHIRA NICOLE DELGADO RAMOS

Peticionaria

v.

JESÚS JIMÉNEZ NÚÑEZ y OTROS

Recurrido

KLCE202400742

Certiorari 

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia, 

Sala de Carolina

Caso. Núm.

CA2022RF00834

Sobre:

Custodia y otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Adames Soto y la Jueza Aldebol Mora

Adames Soto, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2024.

a.

Acude ante nosotros la señora Nahira Nicole Delgado Ramos, 

(señora Delgado Ramos o peticionaria), solicitando la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, (TPI), el 21 de mayo de 2024. Le tocó decidir al foro primario en

qué escuela se debía matricular a una menor, hija de las partes de 

epígrafe, donde recibiera los servicios de educación especial que requería. 

La peticionaria sostuvo que la menor estaría mejor servida en una escuela 

privada, por ella elegida, mientras que el padre de la menor, el señor Jesús 

Jiménez Núñez (señor Jiménez Núñez o recurrido), impulsó que se 

mantuviera matriculada en una escuela pública especializada en 

educación especial. 

Luego de que el TPI considerara sendos informes sociales 

presentados por la Trabajadora Social que tuvo a su cargo investigar el 

asunto, junto a la argumentación de las partes en sala, decidió que sería 
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en la escuela pública Petra Román Vigo donde la menor recibiría todos los

servicios que requería, por lo que ordenó su matriculación allí.

La peticionaria no está conforme con tal decisión, y es por ello que

recurre ante nosotros. 

Sin embargo, evaluada con detenimiento la prueba documental que 

tuvo ante su consideración el foro recurrido, no encontramos nada allí que 

sirva para demostrar que hubiese abusado de su discreción al determinar 

dónde debía ser matriculada la menor, por lo cual decidimos denegar

expedir el recurso solicitado.

b.

Las partes de epígrafe son padres de la menor JJD, nacida el 23 de 

octubre de 2011. No estando las partes casadas entre sí, la señora

Delgado Ramos inició acción ante el TPI solicitando que se le concediera la 

custodia monoparental de la referida menor, y se le privase de la patria 

potestad al señor Jiménez Núñez, en contra de quien fue dirigida la 

Demanda.

En su Contestación a la demanda, el recurrido se allanó a la 

solicitud de custodia monoparental hecha por la peticionaria, pero objetó

ser privado de la patria potestad de la menor.

Las alegaciones contenidas tanto en la referida Demanda, como en 

la Contestación a Demanda, ilustran unas relaciones claramente 

conflictivas entre los padres de la menor.

Como parte del proceso iniciado por la peticionaria, el 21 de febrero 

de 2023, el TPI le ordenó a la Unidad Social que realizara una 

investigación con referencia a la menor. En cumplimiento, el 12 de junio 

del mismo año, la Trabajador Social a cargo de la evaluación, señora Tapia 

Serrano, presentó el Informe Social Forense1 requerido. En lo referente a la 

1 La Regla 34(E)(e) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B,

requiere a la parte que presenta un recurso de certiorari, la inclusión de un apéndice con

documentos que formen parte del expediente original del TPI, y puedan resultar útiles al 

Tribunal de Apelaciones para resolver la controversia que le toque dirimir. A pesar de que 

este primer Informe Social contenía información de mucha relevancia en la consideración 
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controversia ante nuestra consideración surge de dicho Informe que la 

menor: era participante del Programa de Educación Especial desde el 

2022; ameritaba ayuda individualizada y supervisión constante para 

la ejecución de tareas; estaba ubicada en el quinto grado en la escuela 

Pedro Moczó Baniet, en salón especial en escuela regular; tenía el 

siguiente aprovechamiento académico, ciencias 96%, español 97%, 

sociales 99%, matemáticas 99%, educación física 83%, e inglés 73%.

(Énfasis provisto).

Es de notar que el referido Informe no contenía recomendación 

alguna que sugiriera un cambio de escuela para la menor. De la

Minuta2 donde se recogieron las argumentaciones de las partes sobre las 

recomendaciones contenidas en el Informe Social tampoco surge que se 

hubiese discutido la posibilidad de un cambio de escuela para la menor, ni

que hubiese alguna insatisfacción con la escuela pública donde se 

encontraba matriculada.

El 23 de junio de 2023 el tribunal a quo le ordenó a la Unidad Social 

que realizara un Informe Social Complementario, con el propósito de 

verificar la evaluación terapéutica de la menor y las relaciones paternofiliales. 

A tenor, el 5 de febrero de 2024, la Trabajadora Social Pizarro 

Quiñonez presentó el Informe Complementario requerido. Surge de este

Informe Complementario, en lo pertinente, que la peticionaria matriculó a 

la menor en el Colegio Limari en Carolina. Se detalló en el mismo Informe

que las calificaciones de la menor en dicha escuela privada fueron las 

siguientes: matemáticas, 72%, estudios sociales, 55%, español, 54%, 

ciencia, 84%, educación física, 95%, inglés 81%. Fue indicado que la 

menor tenía un grave problema de ausentismo, (ausencias no justificadas 

en su mayoría), y se consideraba la posibilidad de que fracasara en sus 

de la controversia ante nuestra atención, la peticionaria optó por no incluirlo en el 

apéndice, omisión que no consideramos un mero desliz.

2 Apéndice 3 de la Oposición a certiorari, págs. 21-26.
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clases. A ello se añadió que la menor fue descrita como retraída, tímida, 

callada y no socializaba, pero hacía bullying y molestaba a otras niñas.

También se llamó la atención al hecho de que la peticionaria reconoció que 

la menor necesitaba tutorías académicas, pero al momento no contaba con 

los recursos económicos para proveerlas.

Surge de la Minuta3 donde fueron plasmadas las incidencias de la 

Vista de Lectura de Informe Complementario al cual aludimos en el párrafo 

anterior, en lo pertinente, que el recurrido llevó a la atención del Tribunal 

que, según dicho Informe: la menor había sido cambiada a un colegio 

privado sin su consentimiento; estaba a punto de un fracaso total 

académico, y el Departamento de Familia no quería cerrar el caso de la 

menor por esta razón; el colegio no proveía servicios para las necesidades 

de la menor. Añadió el recurrido que, mientras la menor se encontraba 

estudiando bajo el Programa de Educación Especial del Departamento de 

Educación, mantenía unas notas excelentes, por lo que entendía que el 

mejor bienestar de esta ubicaba en la escuela pública donde se le daban 

tales servicios. 

A lo anterior la peticionaria ripostó que: las ausencias al colegio eran 

justificadas, por razones médicas de la menor; que el cambio de la escuela 

fue por recomendación de las maestras anteriores, las cuales indicaron

que esta no estaba siendo retada en dicha escuela; había tratado de 

comunicarse con el recurrido, pero este la tenía bloqueada de sus 

llamadas.

A raíz de lo ello, el TPI le ordenó a la Unidad Social a realizar otro

informe complementario, esta vez para atender lo relacionado al

aprovechamiento escolar de la menor, y evaluar cuál escuela sería la mejor

para esta. De igual forma ordenó a la peticionaria a que cumpliera con 

velar por la asistencia de la menor a la escuela, e identificara un recurso a

través del cual esta pudiera tomar las tutorías académicas.

3 Apéndice 3 del recurso de certiorari, págs. 9-12.
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El 7 de mayo de 2024, la trabajadora social a cargo del caso

presentó al Tribunal un Informe de Labor Realizada, en respuesta a la 

Orden para que verificara la labor académica de la menor, y en qué 

escuela debía continuar estudios. En el análisis que proveyó la trabajadora 

social acerca de la controversia, informó que la menor había tenido una 

mejoría significativa en sus calificaciones en el colegio privado donde 

estaba, ya no se encontraba en nivel de fracaso escolar, además de 

mejorar notablemente la conducta, participación a clases y el problema de 

las ausencias, recibiendo tutorías educativas y ayuda sicológica. No 

obstante, destacó que la menor no había recibido el servicio de terapia 

ocupacional que requería, lo cual podría retrasar su desarrollo físico e 

intelectual.

En el Informe Complementario bajo discusión se indicó que la 

escuela pública Petra Román Vigo ofrece dentro de su plantel todos los 

servicios especiales que requiere la menor, de manera gratuita, además de 

contar con un componente socio emocional que reforzaría el proceso 

social. En definitiva, la recomendación del Informe Complementario fue en 

favor de que la menor asistiera a la escuela pública aludida.

En consecuencia, el 21 de mayo de 2024, el TPI emitió la Resolución

cuya revocación nos solicita la peticionaria, ordenando que la menor sea 

matriculada en la escuela Petra Román Vigo. 

En su recurso de certiorari la peticionaria aduce que, al así decidir, 

el foro primario cometió el siguiente error:

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia y abusó 

de su discreción al ordenar que la menor JJD sea 

matriculada en una escuela del sistema de educación 

pública, a pesar de que el mejor bienestar de la niña es que 

continúe estudiando en el colegio privado de educación 

individualizada en el que estudió hasta el sexto grado y, 

luego de un proceso de adaptación que fue difícil para ella, 

logró un aprovechamiento académico excepcional así como 

en los aspectos de conducta, procesos de socialización, 

participación en clase y estabilidad emocional. La decisión 

del foro de instancia no está sostenida con criterio alguno 

que aconseje que el mejor bienestar de la niña se garantiza

cambiándola de escuela para que inicie un nuevo proceso de 
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adaptación y ajuste que afectará su desempeño académico, 

social y emocional.

Junto a su recurso de certiorari la peticionaria incluyó una Solicitud

en auxilio de jurisdicción, suplicando la paralización de los procesos ante el 

TPI, hasta que dispusiéramos del asunto ante nuestra consideración.

Mediante Resolución de 11 de julio de 2024, accedimos a la petición 

de paralización de los procesos ante el foro primario, y le concedimos un 

término de cinco (5) días al recurrido para que se manifestara sobre los 

méritos del recurso presentado.

En cumplimiento, el recurrido instó Oposición a recurso de certiorari.

c.

La Regla 52.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1(d), 

establece, en lo pertinente, que el recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, podrá ser expedido por el Tribunal de Apelaciones por vías de 

excepción, cuando se recurre de casos de relaciones de familia.

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, 205 DPR 163, 174 (2020); Municipio 

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, 

en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su 

característica distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 711.

El concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas 

opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la 
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discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO Construction, 

supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

En el ejercicio de nuestra discreción al decidir expedir o no un 

recurso de certiorari, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Cónsono con esto, el mismo alto foro ha advertido

que nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de las 

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 

supra, pág. 730.

Sobre lo mismo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air 

Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Aún más, el alto Foro expresamente ha advertido que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Coop. Seguros Múltiples 

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).
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d.

La premisa fundamental de la cual partió la peticionaria para 

solicitarnos la revocación de la Resolución recurrida fue que, 

presuntamente, el TPI no contaba con ningún criterio o base para ordenar 

que la menor fuera matriculada en la escuela pública Petra Román Vigo. 

Aseveró la misma parte que el último informe social ante la consideración 

del foro recurrido lo que demostró fue que la menor exhibió un 

aprovechamiento académico extraordinario, cambios positivos en su 

conducta, y buenos ajustes en el colegio Limari. Sostuvo que, a diferencia 

de la escuela pública, en el referido colegio la instrucción es 

individualizada, y los servicios de educación especial que este último no 

ofrece podían ser obtenidos a través de otros medios.

No tiene razón la peticionaria al aseverar que el TPI carecía de bases 

para elegir la escuela pública. Muy al contrario, como detallamos en el 

tracto procesal, la prueba documental con la que contó el tribunal a quo al 

tomar su determinación sobre dónde debía continuar estudiando la 

menor, (los informes sociales descritos), sostenía sin dificultad la

conclusión de la Resolución recurrida, y en modo alguno nos colocan en 

posición de imputarle que hubiese abusado de su discreción al así actuar.

Sobre lo anterior, valga resaltar que, del primer Informe Social 

Forense donde fueron evaluadas las ejecutorias académicas de la menor, 

de 12 de junio de 2023, surgió que esta se encontraba en la escuela

pública, era participante del Programa de Educación Especial, donde 

recibía una serie de beneficios correspondientes a tal Programa, y 

mantenía excelentes notas en todas sus asignaturas, (salvo inglés). Es 

decir, la menor presentaba estupendo ajuste en la escuela pública donde 

estudiaba, beneficiándose de los servicios particulares que allí se ofrecían,

en el Programa de Educación Especial. 

Por lo anterior, no resulta sorpresivo que, al momento de la 

presentación de dicho Informe Social para la consideración del Tribunal,
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ninguna de las partes presentara objeción alguna a la educación que se 

encontraba recibiendo la menor hasta el momento. Nótese que, luego de 

dicho primer Informe, el TPI ordenó a la Trabajadora Social que realizara 

un Informe Complementario, pero con el propósito de verificar la evaluación 

terapéutica de la menor y las relaciones paterno-filiales, no para revisar su 

aprovechamiento académico, puesto que los servicios escolares que recibía 

resultaban evidentemente satisfactorios a ese momento.

A pesar de lo anterior, surge del Informe complementario de 5 de 

febrero de 2024, que la peticionaria cambió a la menor a un colegio 

privado, sin el consentimiento del recurrido, ni consultar al Tribunal. 

Cuando fue cambiada de escuela la menor: bajó sus notas de manera 

drástica, al punto del fracaso; presentó problemas de ajuste social; no se 

benefició de un programa de educación especial y; presentó un gran 

problema de ausentismo.

No resulta necesario destacar que lo descrito en el párrafo que 

precede representó un cambio dramático entre la situación académica

descrita en el primer Informe Social, (excelente ejecutoria de la menor en la 

escuela pública donde ubicaba), vis a vis lo ilustrado en el Informe 

Complementario, (empeoramiento de la experiencia escolar de la menor en 

todos los renglones, una vez fue cambiada a la escuela privada elegida por 

la peticionaria). A todas luces, ello causó que el TPI se viera compelido a 

intervenir con la situación académica de la menor, ordenando auscultar a 

la Unidad Social en qué escuela debía ser ubicada la menor, tomando

como guía su mejor bienestar.

Es así como, en el Informe Complementario de 7 de mayo de 2024, la 

trabajadora social recomendó al TPI que la menor fuera matriculada en la 

escuela pública Petra Román Vigo, contando esta institución escolar con 

todas las ayudas necesarias para estudiantes que requerían educación 

especial.
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Por lo anterior es que aseveramos no admitir la premisa de la 

peticionaria a los efectos de que el TPI estuvo desprovisto de prueba para 

determinar dónde se debía matricular la menor. El tracto procesal lo que 

establece es que la conclusión alcanzada por el foro primario fue el 

resultado de una serie de informes sociales que describieron a una menor

con muy buen aprovechamiento académico mientras se mantuvo

recibiendo todos los servicios brindados en el Programa de Educación 

Especial, pero que exhibió problemas académicos y de socialización en 

cuanto dejó de recibir tales servicios en una escuela privada.

Dicho lo anterior, advertimos que es cierto que la situación de la 

menor mejoró notablemente en la escuela privada donde se encontraba, 

según el último Informe Complementario que tuvo ante su atención el TPI. 

Sin embargo, la lectura de dicho Informe pone de manifiesto que, aún con 

la mejoría académica aludida, la menor continuaba sin recibir unos 

servicios que le eran indispensables, porque no estaban disponibles en la 

escuela privada que eligió la peticionaria para la menor, pero sí lo estaban

en la escuela pública Petra Román Vigo.

En la exposición de derecho destacamos que la intervención de este 

foro intermedio con una determinación interlocutoria del TPI se justifica,

cuando apreciamos que el foro primario actuó con prejuicio, parcialidad o 

incurrió en craso abuso de discreción. En este caso no podemos atribuir a 

la determinación recurrida visos de prejuicio o parcialidad, como tampoco 

observamos abuso de discreción al determinar en qué escuela se velaría 

por el mejor bienestar del menor. No nos corresponde sustituir el criterio 

del TPI por el nuestro, allí donde el foro primario contó con una prueba 

documental, como en este caso, que sirvió para sostener la determinación

recurrida.

En definitiva, no encontramos razones para intervenir con el curso 

decisorio elegido por el foro recurrido, que está sustentado, de modo que 

procede denegar el recurso de certiorari presentado.
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Parte Dispositiva

Por lo explicado, decidimos Denegar expedir el recurso de certiorari

presentado. En armonía, dejamos sin efecto la paralización de los 

procesos ante el Tribunal de Primera Instancia que dispusimos mediante 

Resolución de 11 de julio de 2024, debiendo las partes atenerse a lo 

ordenado por dicho foro primario en la Resolución de 21 de mayo de 2024.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones