Número Identificador

RES2024________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

GEOVANY SOTO PONCE 

Peticionario 

v.

LUZEM ARLENE TORRES 

OSORIO 

Recurrido 

KLCE202400415

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Bayamón 

Civil Núm.:

BY2022RF00544

Sobre: 

Divorcio- Ruptura 

Irreparable

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores

Rivera Marchand, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2024.

Comparece Geovany Soto Ponce (Soto Ponce o peticionario) y 

nos solicita la revocación de una Resolución emitida el 10 de marzo 

de 2024 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI o foro primario).

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto certiorari. Veamos. 

I.

Soto Ponce instó una demanda sobre divorcio contra Luzem 

Arlene Torres Osorio (Torres Osorio o recurrida) y tras los 

procedimientos de rigor, el foro primario notificó una sentencia en 

la cual decretó roto y disuelto el vínculo matrimonial. Los asuntos 

relacionados a la custodia y bienestar de los hijos menores de ambas 

partes continuaron dilucidándose ante el foro judicial. En

cumplimiento con una orden del TPI, la Unidad Social de Salas de 

Familia y Menores inició una investigación, en aras de realizar una 

evaluación y así rendir un informe con recomendaciones al tribunal. 

Pendiente lo anterior y durante la etapa investigativa, el 5 de febrero 
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de 2024, la trabajadora social presentó una Moción de la Unidad 

Social. En esta, expuso que, las partes fueron referidas para la toma 

de muestras sobre una prueba toxicológica capilar panel V. La 

prueba del peticionario fue realizada el 8 de enero de 2024. Ante los

resultados positivos obtenidos, recomendó que el peticionario fuera 

referido a tratamiento en el área de sustancias y evaluación en el 

área del alcohol. Añadió que, las relaciones paternofiliales fueran

llevadas a cabo a través de un profesional de la conducta humana y 

que comenzara el tratamiento de forma inmediata. 

Al siguiente mes, la representación legal del peticionario

solicitó los resultados toxicológicos y, en cumplimiento, la Unidad 

Social notificó los resultados de ambos progenitores junto a la copia 

del formulario sobre la cadena de custodia de la muestra de Soto 

Ponce.

1

En reacción, el peticionario instó una Réplica a: Moción de la 

Unidad Social. En esta, afirmó entre otras cosas, que tiene licencia 

para el uso de cannabis medicinal y la prueba que le fue realizada 

arrojó un falso positivo. A su vez, presentó copia del resultado de 

otra prueba de dopaje realizada con posterioridad por otro 

laboratorio el 7 de febrero de 2024. Los resultados fueron entregados 

al peticionario el 14 de febrero de 2024 y son distintos, por lo que 

suplicó que se celebrara una vista evidenciaria.

2 La recurrida 

acreditó su postura sobre lo recomendado por la Unidad Social. En 

un escrito posterior indicó que, en todo momento el peticionario tuvo 

conocimiento de los resultados y procedió por su cuenta a realizar 

otra prueba, sin informar a la trabajadora social o al Tribunal. Lo 

antes, sin garantías de una cadena de custodia confiable. Evaluado

1 En la prueba realizada por orden del Tribunal (en Labcorp; OCCUMED Health 

Services) Soto Ponce arrojó positivo a las sustancias de Cocaína, 

Benzoylecogonine, Cocaethylene y NorCocaine Véase, Apéndice, págs. 8-9. 

2 En la prueba realizada por OMEGA Laboratories se refleja resultado positivo del 

peticionario a THC Metabolite. Apéndice, pág. 14.
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lo anterior, el 10 de marzo de 2024, el TPI emitió la Resolución

recurrida, en la que dispuso: 

Habiendo examinado la solicitud de la parte 

demandante y con el beneficio de la posición fijada por 

la parte demandada, este tribunal acoge los resultados 

que surgieron de las pruebas realizadas a la parte 

demandante y que en su consecuencia motivan a la 

Trabajadora Social a emitir varias recomendaciones. La 

prueba realizada por la parte demandante sin la 

autorización del Tribunal carece de validez.3

Insatisfecho, el 9 de abril de 2024, Soto Ponce presentó una 

Urgente Solicitud de Aclaración de Resolución. En síntesis, le solicitó 

al TPI que indicara si procedía una vista evidenciaria para cumplir 

con el debido proceso de ley o, de lo contrario, estaría acudiendo al 

foro apelativo. En consecuencia, el 9 de abril de 2024, el foro 

primario emitió una Resolución señalando que la determinación

emitida el 10 de marzo de 2024 fue clara.4

En desacuerdo, Soto Ponce acude ante esta Curia y señala 

que el foro primario cometió los siguientes errores:

Erró y abuso crasamente de su discreción el TPI al no 

celebrar una vista evidenciaría para presentar testigos 

que autentiquen la prueba ofrecida y se admita la 

prueba de referencia ofrecida por la unidad social, 

conforme lo requieren las reglas de evidencia y el debido 

proceso de ley del compareciente. 

Erró y abuso crasamente de su discreción el TPI al 

privarle al compareciente de confrontar la prueba en su 

contra, contrainterrogar a testigos, impugnar la 

evidencia y presentar prueba a su favor y en su defensa. 

(Mayúsculas y Negrillas suprimidas). 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,

5

estamos en posición de resolver. 

II.

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario le solicita a un tribunal de mayor jerarquía 

3 Apéndice, pág. 27. 

4 Apéndice, pág. 31.

5 El 24 de abril de 2024, Torres Osorio presentó su Moción Cumpliendo con 

Resolución de 15 de abril de 2024.
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que revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 

Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y otros, 2023 

TSPR 65, resuelto el 8 de mayo de 2023; Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023). Es norma reiterada que, 

una resolución u orden interlocutoria, contrario a una sentencia, es 

revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante auto de 

certiorari. Rivera Gómez y otros v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. y 

otros, supra. A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra.

Por su parte, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro 

apelativo intermedio para revisar las resoluciones u órdenes 

interlocutorias que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v.

Medshape, et al., 207 DPR 994, 995 (2021). Esa regla establece que 

el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

No obstante, la citada Regla 52.1, también dispone que el 

tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier otra 

situación en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable a la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 
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Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019).

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 

otros parámetros. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari.

Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 

145, resuelto el 19 de diciembre de 2023. La citada Regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

(Énfasis nuestro). 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 

supra. 
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III.

En síntesis, el peticionario solicita que ejerzamos nuestra 

función discrecional, para que se revoque el dictamen recurrido y se

celebre una vista evidenciaria. Si bien es cierto que, el recurso de 

autos trata sobre asuntos de relaciones de familia contemplados en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, tras evaluar el recurso 

de epígrafe, al amparo de los criterios para la expedición del auto de 

certiorari de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra, concluimos que el mismo no presenta un asunto 

que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

De un examen del expediente colegimos que, al considerar la 

solicitud de custodia, en la que, evidentemente surgen controversias 

entre los progenitores en cuanto a la misma, el foro primario refirió 

el caso ante la Unidad Social de Salas de Familia y Menores para 

que realizara una investigación en aras de evaluar la totalidad de las 

circunstancias del caso. Lo antes, con el propósito de que, en su día, 

la trabajadora social asignada al caso, presente un informe con 

recomendaciones al foro judicial sobre custodia, para garantizar el 

mejor bienestar de los menores. Durante la etapa investigativa y sin 

haber consignado un informe final, la trabajadora social presentó 

una moción informativa. Ello, en cumplimiento de sus funciones de

mantener informado y ayudar al tribunal a tomar decisiones 

dirigidas al interés óptimo de los menores, en cualquiera de las

etapas del proceso.

6 En la referida moción, la trabajadora social

informó sobre la prueba de dopaje realizada -por orden del TPI- al 

peticionario que arrojó positivo a sustancias controladas y, en su 

consecuencia, recomendó que se continuaran las relaciones 

6 Véase Ley Núm. 223-2011 conocida como “Ley Protectora de los Derecho de los 

Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia.” En particular sección VIII 

Responsabilidades: 4. Si identifica que un (a) menor o componente de la familia 

necesita una evaluación de un (una) profesional sicólogo, siquiatra o evaluaciones 

de adicciones (sustancias controladas, alcohol), solicitará al Tribunal que ordene 

el correspondiente referido con la justificación necesaria para dicha intervención. 
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paternofiliales dentro de un contexto terapéutico y que el 

peticionario recibiera tratamiento. En atención a los 

cuestionamientos sobre el resultado de la prueba toxicológica, la

solicitud de vista instada por el peticionario y lo informado por la 

trabajadora social, el TPI se limitó a expresar lo siguiente: 

Habiendo examinado la solicitud de la parte demandante y 

con el beneficio de la posición fijada por la parte demandada, 

este tribunal acoge los resultados que surgieron de las 

pruebas realizadas a la parte demandante y que en su 

consecuencia motivan a la Trabajadora Social a emitir varias 

recomendaciones. La prueba realizada por la parte 

demandante sin la autorización del Tribunal carece de 

validez.

Es de notar que, en la Resolución impugnada, el foro recurrido 

se circunscribe a explicar cierta postura sobre los resultados que 

motivan a la trabajadora social a emitir recomendaciones. No 

obstante, no surge que, el TPI haya ordenado implementar las 

recomendaciones de la trabajadora social. Es decir que, del texto del 

referido pronunciamiento no observamos que el TPI haya -de forma 

fehaciente- alterado las relaciones paternofiliales, tampoco se 

establecen sesiones terapéuticas y mucho menos identificamos una 

clara adjudicación a la solicitud de vista suplicada por el 

peticionario. 

Hemos evaluado sosegadamente la presente causa y ante el

cuadro fáctico que se desprende del expediente, particularmente en 

esta etapa investigativa preliminar de los procedimientos, no 

identificamos fundamento que obligue a esta Curia intervenir con la 

determinación del foro primario. Conforme establece nuestro 

ordenamiento jurídico sobre los asuntos de custodia, las partes 

tendrán su oportunidad de realizar propiamente la impugnación del

informe social forense que, a esta fecha no se ha presentado. Nada 

de lo expuesto por el foro recurrido indica lo contrario. A nuestro 

entender, hasta la fecha, el foro primario no ha notificado en autos

cambio alguno en las relaciones paternofiliales en este caso. En 
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ausencia de claridad en el pronunciamiento recurrido, no se reúnen 

los criterios, conforme la normativa antes expuesta que, permiten

nuestra intervención en esta etapa de los procesos. Distinto a lo 

expuesto por el foro judicial en una orden posterior (emitida el 9 de 

abril de 2024), somos de la opinión que, la resolución recurrida, lejos 

de adjudicar y comunicar una determinación clara e inequívoca, 

resalta ciertas ambigüedades sujetas a interpretación. 

En su consecuencia, colegimos que el foro judicial, dentro de 

su sana discreción dejó pendiente ante su consideración, los 

asuntos planteados, así como las recomendaciones preliminares de 

la trabajadora social, para ser consideradas en sus méritos en el 

momento que estime apropiado, sin menoscabo a los derechos de 

ambas partes a confrontar cualquier prueba presentada en su 

contra, conforme exige un debido proceso de ley. Tan es así, que, 

recientemente el TPI emitió una resolución en la que extendió el 

término (a vencer el 9 de julio de 2024), para la trabajadora social 

presentar el informe social forense final sin ordenar remedio 

provisional alguno.7 Ciertamente, lo antes no limita la autoridad y 

jurisdicción del foro judicial de entretener y atender, conforme a 

derecho, las particularidades y circunstancias que, se presenten

ante su atención, dentro de un debido proceso de ley, en aras de 

garantizar el mejor bienestar de los menores en este caso. 

En el ejercicio de nuestra discreción al amparo de los criterios 

que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, somos de la opinión que nuestra intervención 

no es propicia en esta etapa de los procedimientos, por lo que, 

procede denegar la expedición del auto de certiorari. Resaltamos que, 

lo antes no prejuzga los señalamientos que tengan a bien presentar 

7 Entrada núm. 164 en el expediente electrónico del portal del Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Poder Judicial.
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ambas partes dentro de un debido proceso de ley en una etapa 

posterior.

IV. 

Por los fundamentos esbozados, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones