EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como 

Secretario General y en 

representación del Partido 

Independentista Puertorriqueño 

(PIP) y sus miembros 

individuales; Hon. María De 

Lourdes Santiago Negrón, 

Senadora y Portavoz del PIP en el 

Senado; Hon. Denis Márquez 

Lebrón, Representante y Portavoz 

del PIP, Cámara de 

Representantes; Roberto Iván 

Aponte Berríos, Comisionado 

Electoral del PIP

 Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; Hon. Pedro Pierluisi 

Urrutia, Gobernador de Puerto 

Rico; Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE); Hon. Jessika D. 

Padilla Rivera, Presidenta 

Interina de la CEE; Lcdo. Aníbal 

Vega Borges, Comisionado 

Electoral del Partido Nuevo 

Progresista (PNP); Lcda. Karla 

Angleró González, Comisionada 

Electoral del Partido Popular 

Democrático (PPD); Lillian 

Aponte Dones, Comisionada 

Electoral del Movimiento 

Victoria Ciudadana (MVC); Lcdo. 

Juan Manuel Frontera Suau, 

Comisionado Electoral del 

Proyecto Dignidad (PD); Hon.

Nelson Pérez Méndez, Secretario 

del Departamento de Hacienda; 

Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia, 

Director de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP)

Demandados

2024 TSPR 95

214 DPR ___

Número del Caso: MC-2024-0035

Fecha: 28 de agosto de 2024

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Carlos Iván Gorrín Peralta

Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves

Lcdo. José Edgardo Torres Valentín

Lcdo. Krénly Cruz Ramírez de Arellano
MC-2024-0035 2

Representantes legales de la parte demandada:

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Claudio Aliff Ortiz

Lcdo. Eliezer Aldarondo López

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Comisionada Electoral del Partido Movimiento Victoria Ciudadana

Lcdo. Frank Torres Viada

Lcda. Alessandra N. Torres García

Comisionado Electora del Partido Proyecto Dignidad

Lcda. Chery M. Negrón Rosario

Comisionada Electoral del Partido Popular Democrático 

Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni

Oficina del Procurador General

Hon. Fernando Figueroa Santiago

Procurador General

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Mariola Abreu Acevedo

Procuradora General Auxiliar

Materia: Derecho Constitucional – Constitucionalidad de la Ley 

Núm. 165-2020 y la Orden Ejecutiva OE-2024-016.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio 

público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, 

como Secretario General y en 

representación del Partido 

Independentista 

Puertorriqueño (PIP) y sus 

miembros individuales; Hon. 

María De Lourdes Santiago 

Negrón, Senadora y Portavoz 

del PIP en el Senado; Hon. 

Denis Márquez Lebrón, 

Representante y Portavoz del 

PIP, Cámara de 

Representantes; Roberto Iván 

Aponte Berríos, Comisionado 

Electoral del PIP

 Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; Hon. Pedro 

Pierluisi Urrutia, 

Gobernador de Puerto Rico; 

Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE); Hon. 

Jessika D. Padilla Rivera, 

Presidenta Interina de la 

CEE; Lcdo. Aníbal Vega 

Borges, Comisionado 

Electoral del Partido Nuevo 

Progresista (PNP); Lcda.

Karla Angleró González, 

Comisionada Electoral del 

Partido Popular Democrático 

(PPD); Lillian Aponte Dones, 

Comisionada Electoral del 

Movimiento Victoria 

Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan 

Manuel Frontera Suau, 

Comisionado Electoral del 

Proyecto Dignidad (PD); Hon. 

Nelson Pérez Méndez, 

Secretario del Departamento 

de Hacienda; Lcdo. Juan 

Carlos Blanco Urrutia, 

Director de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP)

Demandados

MC-2024-0035
MC-2024-0035 2

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora 

Pabón Charneco 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Nos solicitan que declaremos la inconstitucionalidad de 

la Ley Núm. 165-2020, infra, y de la Orden Ejecutiva OE-2024-

016, infra, mediante las que se convoca a los electores de 

Puerto Rico a participar de un plebiscito pautado para el 5 

de noviembre de 2024. Este plebiscito ofrecerá a los votantes 

elegibles la ocasión de escoger una (1) de las tres (3) 

alternativas de estatus definidas en el proyecto de ley 

federal Puerto Rico Status Act, HR 8393.

Como foro al que se le ha delegado la jurisdicción 

original y la competencia exclusiva para atender las 

controversias presentadas, debemos examinar la Ley Núm. 165-

2020, infra, y especialmente la autorización sobre el uso de 

la Orden Ejecutiva como mecanismo para convocar este evento 

electoral. Luego de un examen detallado de las disposiciones 

cuestionadas y de las alegaciones presentadas por la parte 

peticionaria, concluimos que la Asamblea Legislativa proveyó 

al Ejecutivo criterios y principios inteligibles para

delegarle la facultad de convocar el plebiscito. Asimismo, 

concluimos que el Gobernador se ajustó a la delegación 

concedida, no excedió el mandato de ley ni actuó de forma 

arbitraria o caprichosa al proclamar la Orden Ejecutiva OE2024-016, infra.

I

El 11 de julio de 2024, la parte peticionaria presentó 

ante nos una Demanda sobre Sentencia Declaratoria e 
MC-2024-0035 3

Injunction (Demanda). Amparó su petición en la jurisdicción 

original del Tribunal Supremo dispuesta en el Art. 3.002 de 

la Ley Núm. 201-2003, conocida como Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24s; el Art. 8.1 de la Ley 

Núm. 165-2020, conocida como Ley para Implementar la Petición 

de Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 984, y la 

Regla 16 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. 

XXI-B.

La parte peticionaria sostiene como primera causa de 

acción que la Ley Núm. 165-2020, supra, y la Orden Ejecutiva 

Núm. OE-2024-016 violentan la Doctrina de Separación de 

Poderes al autorizar la celebración de un plebiscito mediante 

Orden Ejecutiva.1 Específicamente, arguye que tal 

autorización conlleva una delegación indebida de las 

funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo. Expresa que

esta:

[p]retende ser una delegación al ejecutivo sin 

estándares relativos al qué, el cuándo y el cómo de 

una votación realmente legislada por el gobernador. 

Se trata de una usurpación ejecutiva de un poder 

claudicado por el poder legislativo, en violación 

de la separación de poderes que debe haber en este 

país, y reorientado a Puerto Rico en la dirección 

del autoritarismo y el totalitarismo.2

Como segunda causa de acción, la parte peticionaria sostiene 

que la Orden Ejecutiva Núm. OE-2024-016 usurpa el poder de 

1 Boletín Administrativo Núm. OE-2024-016 de 1 de julio de 2024, conocida 

como Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. 

Pierluisi, para convocar la celebración de una consulta electoral a los 

fines de implementar la petición de estadidad del plebiscito de 2020,

https://docs.pr.gov/files/Estado/OrdenesEjecutivas/2024/OE-2024-

016.pdf (última visita, 17 de agosto de 2024).

2 Demanda, pág. 11.
MC-2024-0035 4

la Asamblea Legislativa para aprobar el presupuesto de esta 

consulta, pues “[p]resumiblemente, el proyecto [de plan 

presupuestario ordenado por el Art. 3.1 de la Ley Núm. 165-

2020] tendría que ser aprobado por el receptor, es decir, el 

gobernador”.3 Por otro lado, expresa como tercera causa de 

acción que las disposiciones que ordenan al Presidente de la 

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) a 

preparar el borrador de la papeleta de votación, los 

proyectos de reglamentos, el plan presupuestario, entre 

otros, despojan a la CEE de sus facultades reglamentarias en 

violación a la Ley Núm. 58-2020, conocida como Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4501 et seq.

(Código Electoral). Añade como cuarta y quinta causa de 

acción que la Ley Núm. 165-2020, supra, y la Orden Ejecutiva 

OE-2024-016 violan la libertad de expresión e igual 

protección de las leyes al limitar “la capacidad de realizar 

actividades proselitistas, para promover la abstención 

electoral, o para realizar alguna modalidad de expresión 

electoral sobre otras opciones de estatus” y que, a su vez,

anulan el valor del derecho al voto. Finalmente, como sexta 

causa de acción expresa que la Ley Núm. 165-2020, supra,

viola la Constitución “al no contemplar en su título 

delegación alguna al gobernador ni la convocatoria y 

celebración de una votación plebiscitaria”.4

3 Demanda, pág. 11.

4 Alegato de la Parte Demandante Peticionaria, pág. 10.
MC-2024-0035 5

Por todo lo anterior, la parte peticionaria solicita 

que declaremos inconstitucional la Ley Núm. 165-2020, supra, 

y que determinemos que la Orden Ejecutiva OE-2024-016 usurpa 

facultades legislativas y reglamentarias. De igual forma, 

solicita que dictemos una orden de injunction dirigida a los 

demandados para impedir la implantación de la Ley Núm. 165-

2020, supra, y la Orden Ejecutiva OE-2024-016.

El 16 de julio de 2024, acogimos la petición presentada 

en jurisdicción original, y ordenamos a la parte 

peticionaria a que en un término improrrogable de quince 

(15) días presentara su alegato. Transcurrido este término, 

concedimos quince (15) días a la parte demandada para que 

presentara su posición. Así las cosas, el 15 de agosto de 

2024 el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista 

(PNP), Lcdo. Aníbal Vega Borges, compareció mediante Moción 

de desestimación por falta de jurisdicción5 y Alegato en 

oposición. El 16 de agosto de 2024, presentaron sus alegatos

la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana 

(MVC), Lillian Aponte Dones; la Comisionada Electoral del 

Partido Popular Democrático (PPD), Lcda. Karla Angleró 

González; el Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad 

(PD), Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau; y el Gobierno de 

Puerto Rico, por sí y en representación del Gobernador de 

Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, la Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE) y la Presidenta Alterna de la 

5 En cuanto a la Moción de desestimación por falta de jurisdicción, 

proveemos no ha lugar.
MC-2024-0035 6

CEE, Hon. Jessika D. Padilla Rivera, el Secretario del 

Departamento de Hacienda, Hon. Nelson Pérez Méndez, y el 

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Lcdo. Juan 

Carlos Blanco Urrutia.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes

estamos en posición de resolver.

II

Como expresamos, la Demanda se presentó al amparo de la 

jurisdicción original de este foro. A pesar de no haber 

cuestionamiento alguno sobre el particular, como parte de la

obligación que tenemos de auscultar nuestra propia 

jurisdicción, examinaremos nuestra facultad para atender el 

recurso de autos previo a atender en los méritos la 

impugnación de la celebración del plebiscito.

Sobre este aspecto, la Sec. 5 del Art. V de la 

Constitución de Puerto Rico establece que “[e]l Tribunal 

Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus 

jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de 

hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se 

determinen por ley”. (Negrillas suplidas). Art. V, Sec. 5, 

Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, págs. 434-435. Asimismo, 

el Art. 3.002(a) de la Ley Núm. 201-2003, supra, recoge la 

facultad constitucional anteriormente expuesta y añade, en 

lo pertinente, que el Tribunal Supremo o cada una de sus 

Salas conocerá “[e]n primera instancia[...] de aquellos otros 

recursos y causas que se determinen por ley”. (Negrillas 

suplidas). El procedimiento a seguir en los casos de 
MC-2024-0035 7

jurisdicción original está recogido en la Regla 16 del 

Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Al amparo de estas disposiciones, la Ley Núm. 165-2020, 

supra, nos confirió jurisdicción original para atender

aquellas acciones legales que tengan como fin evitar la 

celebración de una votación bajo ese estatuto. Sobre el 

particular, el Art. 8.1(a) de la Ley Núm. 165-2020, supra,

establece que:

Toda controversia, demanda, litigio o impugnación 

relacionada con este capítulo que sea ventilada en 

un tribunal de justicia, se tramitará y 

considerará bajos los términos y las condiciones 

dispuestas en el Código Electoral de Puerto Rico. 

Cuando alguna impugnación, controversia o acción 

legal plantee directamente, o conlleve en alguna 

de sus consecuencias, la paralización de los 

procesos conducentes a la celebración de la 

votación en la fecha y horario dispuestos según 

esta Ley, será considerada y resuelta directamente 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. (Negrillas 

suplidas).

En Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407

(2020), examinamos una disposición idéntica a la citada y 

reconocimos la jurisdicción original y competencia exclusiva

de este Tribunal para atender la impugnación de la Ley Núm. 

51-2020, conocida como Ley para la Definición Final del 

Estatus Político de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 939, et seq. 

En esa ocasión, expresamos de forma detallada que, ante el 

andamiaje constitucional y legal que nos autoriza a examinar

aquellas causas que se determinen por ley, “somos el único 

tribunal en el sistema local de justicia que puede atender 

la impugnación a la Ley Núm. 51-2020 y, por eso, nos toca 
MC-2024-0035 8

resolver y emitir mediante Sentencia lo que proceda en los 

méritos”.6 Íd., pág. 427. De manera similar, la Ley Núm. 165-

2020, supra, nos delega el poder de atender, en jurisdicción 

original y competencia exclusiva, la impugnación de este 

estatuto y de cualquier Orden Ejecutiva proclamada a su 

amparo, que conlleve la paralización de la votación en ella 

contemplada. Por lo tanto, resulta forzoso concluir que 

podemos atender el recurso de autos en sus méritos.

Procederemos entonces a examinar el derecho aplicable 

a las causas de acción presentadas por la parte peticionaria.

III

A. Separación de Poderes

La Sec. 2 del Art. I de la Constitución de Puerto Rico, 

supra, pág. 275, consagra la Doctrina de Separación de 

Poderes al disponer que:

[e]l gobierno del Estado Libre Asociado tendrá 

forma republicana y sus Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta 

Constitución, estarán igualmente subordinados a la 

soberanía del pueblo de Puerto Rico. 

Esta distribución tripartita del poder público, garantiza la 

independencia de cada rama estableciendo sus 

responsabilidades y ámbito de acción. A su vez, busca evitar 

6 En específico, expusimos que:

Se trata de un mecanismo especial creado por ley, análogo al 

de sentencia declaratoria de la Regla 59.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., pero para que sea este Foro —y no el 

Tribunal de Primera Instancia— quien lo atienda y adjudique 

lo que corresponda. En otras palabras, somos el único tribunal 

en el sistema local de justicia que puede atender la 

impugnación a la Ley Núm. 51-2020 y, por eso, nos toca resolver 

y emitir mediante Sentencia lo que proceda, en los méritos. 

Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, 427 (2020).
MC-2024-0035 9

la concentración de poderes en una sola, o el abuso de poder 

de parte de otra, de forma que se preserven las libertades 

del Pueblo y un sistema democrático de gobierno. Senado v. 

Tribunal Supremo y otros, 208 DPR 115, 135 (2021); Domínguez 

Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 1, 91 (2010). Sin embargo, 

cada uno de estos poderes es soberano e independiente 

respecto al ejercicio del poder conferido, y a la vez, se

interrelaciona con los otros mediante un sistema de pesos y 

contrapesos que permite que las tres ramas ostenten algún 

grado de poder compartido que opere como freno para evitar 

la acumulación desmedida de poder en una sola rama. Rivera 

Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802 (2014); 

Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra.

Históricamente, la aprobación del Presupuesto General 

ha presentado un claro ejemplo de la coordinación de los 

poderes constitucionales entre las ramas legislativa y 

ejecutiva. Por mandato constitucional, este trámite conlleva

el Mensaje sobre la Situación del Estado del Gobernador a la 

Asamblea Legislativa, así como la presentación del 

Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras 

Permanentes del Gobierno de Puerto Rico para el estudio, 

análisis, enmienda y aprobación por ambas Cámaras 

Legislativas.7 Todo ello tiene el objetivo de que se “cumpla 

con la obligación constitucional de que las asignaciones 

propuestas no excedan el cálculo de los recursos totales”.

7 Art. IV, Sec. 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 424. Véase, 

Herrero y otros v. ELA, 179 DPR 277(2010). 
MC-2024-0035 10

Herrero y otros v. ELA, 179 DPR 277, 303 (2020). Ciertamente, 

desde el 2016 en este trámite participa la Junta de 

Supervisión y Administración Financiera, ente que evalúa y 

certifica el presupuesto (presupuesto certificado) 

considerado por la Asamblea Legislativa de conformidad con 

la Ley Pública 114-187 (2016), conocida como Puerto Rico 

Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). 

No obstante, el Presupuesto General representa un importante 

ejercicio de coordinación entre ambas ramas.

En cuanto a esta interrelación entre los poderes de

gobierno, examinemos entonces las particularidades del Poder 

Legislativo y el alcance de la delegación de poderes cuasilegislativos a la Rama Ejecutiva.

B. El Poder Legislativo y la delegación de poderes

En el Poder Legislativo recae la entera facultad de 

aprobar, enmendar o derogar leyes. Art. III, Sec. 1, Const. 

PR, supra, pág. 401. Véase, Gobierno Ponce v. Caraballo, 166 

DPR 723, 736 (2006). Entre otras facultades de particular 

pertinencia al caso de autos, la Sec. 4 del Art. VI de la 

Constitución de Puerto Rico, supra, le otorga al Poder 

Legislativo “la potestad de establecer y reglamentar el 

proceso electoral”. Santini Gaudier v. CEE, 185 DPR 522, 531

(2012) (Sentencia). Además, la Asamblea Legislativa tiene la 

responsabilidad de promulgar las leyes que garanticen la 

expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio y 

que protejan al ciudadano contra toda coacción en el 

ejercicio de la prerrogativa electoral. Art. II, Sec. 2, 
MC-2024-0035 11

Const. PR, supra, pág. 285. Véase, McClintock v. Rivera 

Schatz, 171 DPR 584 (2007).

En atención a esta encomienda constitucional, la 

Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral de Puerto 

Rico. En todo lo concerniente a los procesos electorales, 

este representa una legislación básica de aplicación 

general, mediante la cual se habilita a la CEE a planificar, 

organizar, coordinar y supervisar los procedimientos de 

naturaleza electoral. Art. 1.5 de la Ley Núm. 165-2020, 

supra; Art. 3.2 de la Ley Núm. 58-2020, supra. Véase, Santini 

Gaudier v. CEE, supra, págs. 531-532. Por ello, el propio 

Art. 11.1(1) del Código Electoral, 16 LPRA sec. 4781, dispone 

que “[t]odo referéndum, consulta o plebiscito que se realice 

en Puerto Rico, se regirá por una ley habilitadora y por las 

disposiciones de[l Código] en todo aquello necesario o 

pertinente para lo cual dicha ley habilitadora no disponga 

de manera específica”. (Negrillas y subrayado suplidos).

A pesar de ser facultades propias del Poder Legislativo, 

nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la validez de la 

delegación de poderes de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo

o a una entidad ejecutiva, aunque no de forma absoluta.8

Hemos validado tales delegaciones, siempre y cuando la ley 

“establezca normas adecuadas, pautas, estándares, criterios, 

8 Con relación a la “discreción judicial”, hemos expresado que “[s]e 

puede establecer como principio invariable, que cualquier delegación de 

poder legislativo concediendo discreción absoluta, resultaría 

inconstitucional, pues ello equivaldría a una delegación in toto del 

poder legislativo, actuación contraria a los cánones constitucionales 

de una democracia”. Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 

92 (1990), citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964).
MC-2024-0035 12

o principios inteligibles o aquellas garantías o 

salvaguardas procesales y sustantivas que sirvan de guía a 

la delegación y que delimiten sus facultades, para evitar 

que las actuaciones de los entes administrativos resulten 

arbitrarias o caprichosas”. Domínguez Castro et al. v. ELA 

I, supra, pág. 93. Véase, Sánchez et al. v. Depto. Vivienda 

et al., 184 DPR 95, 122 (2011). Véanse además, E. 

Chemerinsky, Constitutional Law: principles and policies, 

5th ed., New York, Wolters Kluwer, 2015, págs. 343-345; L. 

Fisher y K.J. Harriger, American Constitutional Law, 10th 

ed., North Carolina, Carolina Academic Press, 2013, Vol.I, 

pág. 207. Estos criterios no tienen que ser expresos; pueden 

surgir del historial legislativo y pueden ser amplios y 

generales. Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 693 (1953)(“Tales normas no necesitan expresarse con 

precisión o exactitud matemática y pueden ser tan generales 

que justifiquen más de una conclusión y, a menos que la norma 

no se exprese o sea tan sumamente vaga que como cuestión de 

hecho no exista, la presunción de constitucionalidad que 

conlleva toda ley basta para sostener su validez”). Asimismo,

por lo general es suficiente justificación que tenga un fin 

o interés público para que se sostenga la delegación. 

Domínguez Castro et al. v. ELA I, supra, pág. 93. 

La determinación de si la ley cuestionada contiene un 

principio inteligible o normas adecuadas conlleva un 

análisis caso a caso. En este, los tribunales auscultamos la

delegación conferida y los criterios establecidos por la 
MC-2024-0035 13

Asamblea Legislativa. Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et 

al., supra, pág. 122. Véase, Rodríguez v. Bco. Gub. de Fom. 

P.R., 151 DPR 383, 400 (2000). Además, ante el 

cuestionamiento de una delegación “debemos analizar si ‘en 

la operación real del sistema y en un contexto histórico 

determinado el poder delegado tiende a desembocar en una 

concentración de poder indebida en una de las ramas o en una 

disminución indeseable de la independencia que sea 

incompatible con el ordenamiento político de la 

Constitución’”. (Énfasis suprimido). Senado v. Tribunal 

Supremo y otros, supra, págs. 135-136, citando a Nogueras v. 

Hernández Colón, 127 DPR 405, 426 (1990).

Aún cumplidos todos estos elementos, la Asamblea

Legislativa mantiene la autoridad para revocar cualquier

delegación de competencia que haya concedido. Gobierno Ponce 

v. Caraballo, supra. De igual forma, la Asamblea Legislativa 

cuenta con otros métodos para mantener el control sobre las

delegaciones concedidas a otra rama.9

Sobre lo anterior, resume el profesor Farinacci Fernós 

que:

“Para que una delegación sea constitucionalmente 

válida, esta debe cumplir con ciertas exigencias. 

Entre estas podemos identificar: (1) que se trate 

de un poder delegable, (2) que, en efecto, se haya 

9 Con relación a los controles sobre los poderes delegados que se han 

identificado en la jurisdicción federal, ver L. Fisher y K.J. Harriger, 

American Constitutional Law, 10th ed., North Carolina, Carolina Academic 

Press, 2013, Vol.I, pág. 213(“Congress maintains control over delegated 

power through a variety of methods: the power to appropriate funds, 

changes in authorization language, reliance on nonstatutory controls, 

and different forms of the “legislative veto” (which retains some 

vitality even after the Supreme Court declared it unconstitutional in 

1983). Another form of control, the power to investigate...”).
MC-2024-0035 14

llevado a cabo la delegación, (3) que se acompañen 

suficientes principios inteligibles para guiar el 

ejercicio del poder cuasi-legislativo delegado, (4) 

que la entidad a la que se le otorga el poder actúe 

dentro de los límites establecidos por la ley, y 

(5) que el ejercicio de dicho poder no sea 

arbitrario o caprichoso. Típicamente, el resultado 

de este ejercicio de poder es la adopción de un 

reglamento legislativo que genera derechos u 

obligaciones y tiene fuerza de ley”. J.M. Farinacci 

Fernós, Las Órdenes Ejecutivas, el Poder 

Legislativo y las Emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. 

Púb. Y Leg. UIPR 190, 192 (2020). 

C. Órdenes ejecutivas

La Orden Ejecutiva es uno de los mecanismos con los que 

cuenta el gobernador para expresar el ejercicio de los 

poderes que le confieren las leyes, la Constitución o 

aquellos inherentes a su cargo. Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., 177 DPR 121 (2009); Otero de Ramos v. Srio. De 

Hacienda, 156 DPR 876 (2002). Esta conlleva un mandato 

dirigido a uno de los brazos auxiliares de la Rama Ejecutiva

para que proceda de conformidad con la Orden emitida.

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., supra, pág. 138. Véanse,

W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto 

Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 

1020 (2007); J.M. Farinacci Fernós, supra. Véase además, Op. 

Sec. Just. 1968-2. Por lo tanto, cuando se emite una Orden 

Ejecutiva dentro del marco constitucional y legal apropiado, 

esta es aceptada como un instrumento de acción gubernamental,
MC-2024-0035 15

y tiene fuerza y efecto de ley.10 Hernández, Romero v. Pol. 

de P.R., supra, pág. 138. Véase, Op. Sec. Just. 1981-22. 

(“En cuanto al alcance de la Orden Ejecutiva, está 

establecido que se presume su validez y 

constitucionalidad”). 

Como cualquier acto de una rama de gobierno, las Órdenes

Ejecutivas están sujetas a ser cuestionadas e interpretadas.

Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, 208 DPR 727, 741 

(2022). A pesar de que las controversias relacionadas a estas

se vinculan en muchas ocasiones a la relación entre los 

poderes constitucionales y se atienden dentro del ámbito 

político, las Órdenes Ejecutivas no están exentas del examen 

y control de los Poderes Legislativo y Judicial. El primero 

por los distintos métodos de control con los que cuenta, y 

el segundo por la responsabilidad de los tribunales de 

interpretar la Constitución y las leyes. 

Así, la impugnación de una Orden Ejecutiva puede

responder principalmente a planteamientos sobre “1) su 

invalidez o inconstitucionalidad por carecer el Gobernador 

de poder para emitirla, 2) su inconstitucionalidad por 

infringir alguna disposición de la Constitución, y 3) su

invalidez por ser contraria a alguna ley”. W. Vázquez 

Irizarry, supra, pág. 1057. En tales casos, la Orden 

10 J.M. Farinacci Fernós, Las Órdenes Ejecutivas, el Poder Legislativo y 

las Emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. Y Leg. UIPR 190, 193 

(2020)(“Si, en efecto, la Asamblea Legislativa le ha delegado debidamente 

al o a la Gobernador(a) poderes cuasi-legislativos, este(a) puede 

ejercerlos a través de una orden ejecutiva. Se trata del equivalente de 

un reglamento legislativo adoptado por una agencia administrativa.”).
MC-2024-0035 16

Ejecutiva debe ser interpretada dentro de las leyes 

aplicables de ser susceptible a ello, y ante la posibilidad 

de dos interpretaciones prevalecerá la que sostenga su 

validez. Op. Sec. Just. 1981-22 y Op. Sec. Just. 1991-25. 

Aunque no existe referencia constitucional o 

estatutaria que regule este mecanismo, su uso en Puerto Rico 

ha seguido la costumbre federal. Ramos et al. v. ELA et al., 

190 DPR 448, 463-464 (2014); Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., supra, págs. 137-138. Véanse, J.J. Álvarez González, 

Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones 

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 

Tomo 1, 2009, pág. 257; W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 

1019; G. Igartúa de la Rosa, Aspectos legales: Promulgaciones

de órdenes ejecutivas y proclamas por el Gobernador de Puerto 

Rico, 21 Rev. Der. P.R. 271 (1981). De importante influencia

en la esfera federal ha sido la Opinión Concurrente del Juez 

Jackson en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579 

(1952). En esta Opinión, el Juez Jackson encuadra el uso de 

las Órdenes Ejecutivas por el Poder Ejecutivo en tres (3) 

escenarios generales: (1) cuando actúa conforme a una 

autorización legislativa expresa o implícita; (2) cuando 

actúa sin una autorización o denegatoria legislativa y, por 

lo tanto, solo se fundamenta en sus propias prerrogativas, 

y (3) cuando actúa de forma incompatible con la voluntad 

legislativa expresa o implícita. 

El primer escenario es de particular importancia al 

caso de autos en el que se alega que hubo una delegación 
MC-2024-0035 17

indebida de poderes de la Rama Legislativa a la Rama 

Ejecutiva y no se cuestiona que actuara sin autorización o 

de forma contraria a la voluntad legislativa. En tales 

casos, sostiene el Juez Jackson que cuando existe una 

delegación expresa o implícita del Poder Legislativo, la 

autoridad del Poder Ejecutivo está en su máxima expresión 

por incluir la que posee por sí mismo, así como las delegadas 

por el Poder Legislativo.11 Bajo estas circunstancias, indica

que existe una fuerte presunción de que los actos del 

Ejecutivo son válidos, que la interpretación por los 

tribunales puede ser menos estricta, y que el peso de la 

prueba descansa sobre quien la impugna.12 Íd. Véase además, 

W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 67. Sin embargo, por existir 

una autorización legislativa en este tipo de escenario, la 

controversia gira principalmente sobre la constitucionalidad 

de la ley. E. Chemerinsky, op. cit., pág. 355.

11 “When the President acts pursuant to an express or implied 

authorization of Congress, his authority is at its maximum, for it 

includes all that he possesses in his own right plus all that Congress 

can delegate.” Op. Conformidad Jackson en Youngstown Sheet & Tube Co. 

v. Sawyer, 343 US 579, 635 (1952).

12 Un ejemplo reciente de este escenario es Trump v. Hawaii, 138 S.Ct. 

2392 (2018). La Immigration and Nationality Act (INA) delegó en el 

Presidente amplios poderes para suspender la inmigración, entre ellos, 

decidir cuándo, a quienes, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones lo 

haría de ser detrimental a los intereses nacionales. Amparado en esa

ley, el Presidente Trump emitió dos Órdenes Ejecutivas y posteriormente 

emitió una Proclama limitando la inmigración de ciertos países. Esta 

última fue impugnada. El Tribunal Supremo Federal determinó que la ley 

confería amplia discreción al Presidente para ello y que sus acciones 

estuvieron dentro de los poderes delegados y sus propósitos fueron

legítimos. 
MC-2024-0035 18

IV

A. Ley Núm. 165-2020

En Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, hicimos 

un recuento detallado de las distintas consultas sobre el 

estatus político que se han presentado al Pueblo de Puerto 

Rico.13 También reconocimos la constitucionalidad de la Ley 

Núm. 51-2020, supra, al autorizar la celebración del 

Plebiscito de 3 de noviembre de 2020, y el fin público que 

perseguía: ratificar y “hacer valer la expresión sobre la 

autodeterminación de los puertorriqueños” en los Plebiscitos 

de 2012 y 2017, así como, promulgar e impulsar un proceso de 

transición en el Congreso Federal de resultar favorecida la 

alternativa correspondiente. Así pues, aceptamos que la 

decisión de realizar este tipo de consultas es prerrogativa 

de las ramas políticas de gobierno y que “la decisión 

legislativa de cómo poner en vigor e[l] mandato electoral

[resultante] merece deferencia” siempre que esté enmarcada 

en el esquema constitucional. Íd. págs. 436. Luego de nuestra 

decisión en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, se 

celebró el Plebiscito de 2020 contemplado en la Ley Núm. 51-

2020, supra.

El 30 de diciembre de 2020, se promulgó la Ley Núm. 

165-2020, supra. Expresa que tiene el fin de hacer valer la 

voluntad electoral del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020 

y autorizar al Gobernador a tomar las medidas necesarias 

13 Sobre los plebiscitos de 1967 al 2017, véase Aponte Rosario et al. v. 

Pres. CEE II, supra.
MC-2024-0035 19

para ello, incluyendo “agilizar y garantizar que el pueblo 

de Puerto Rico pueda volver a votar, en caso de ser 

necesario, para hacer valer su voluntad electoral”.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 165-2020 (2020[Parte 4] 

Leyes de Puerto Rico 3788-3790). Es pues, la ley habilitadora 

de las Consultas Electorales que puedan surgir en consecución 

de ese propósito.14 Expresa el Art. 1.3 de la Ley Núm. 165-

2020, 16 LPRA sec. 977a, que este estatuto:

dispone los procedimientos y los parámetros que 

regirán la celebración de toda consulta electoral 

cuyo propósito sea hacer valer la voluntad 

electoral de la mayoría absoluta de los electores 

en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, 

incluyendo cualquier petición, propuesta, 

respuesta o ratificación electoral relacionada con 

el estatus político de Puerto Rico que sea 

presentada o solicitada por una o ambas cámaras

legislativas del Congreso, el Presidente de Estados 

Unidos de América o ambos.

Específicamente, la Ley Núm. 165-2020, supra, faculta 

al primer oficial electo del Pueblo, “para hacer cumplir 

todos los propósitos de esta Ley mediante Orden Ejecutiva”. 

Art. 8.3, Ley Núm. 165-2020, supra. Para ello, lo autoriza 

a convocar una Consulta y establecer la fecha y las 

alternativas que se presentarán en la papeleta de votación. 

14 Art. 11.1 de la Ley Núm. 58-2020, conocida como Código Electoral de 

Puerto Rico de 2020, 16 LPRA sec. 4781. Cabe señalar, que el Art. 8.2 

de la Ley Núm. 165-2020, conocida como Ley para Implementar la Petición 

de Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 948a, establece que 

“[n]o se aplicará y tampoco se utilizará o interpretará ninguna ley, 

parte de ley, reglamento, plan, orden ejecutiva o administrativa que sea 

inconsistente con los propósitos de esta Ley”. No obstante, el Art. 1.6 

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977d, autoriza el uso supletorio 

de varias leyes, incluyendo el Código Electoral a fines de implantar sus 

disposiciones.
MC-2024-0035 20

Estas facultades delegadas al Gobernador están sujetas al 

cumplimiento de los propósitos de la ley. Íd.

Por otro lado, el Art. 5.11 de la Ley Núm. 165-2020, 

supra, recoge los deberes de la CEE,15 y el Art. 3.1 detalla

las tareas de coordinación inicial para la votación que debe 

realizar el Presidente de la CEE:

No más tarde de los quince (15) días posteriores a 

la proclama de convocatoria publicada por el 

Gobernador para una votación relacionada con los 

propósitos de este capítulo, el Presidente de la 

Comisión Estatal de Elecciones deberá presentarle 

al Gobernador:

(a) El borrador de la papeleta de votación.

(b) El proyecto de reglamento para la votación y su 

escrutinio general.

(c) Un proyecto o propuesta para el diseño general 

de la campaña de educación masiva a los electores, 

la cual será objetiva y no partidista sobre las 

alternativas en la papeleta de votación.

(d) Un proyecto de plan presupuestario de los 

gastos de la votación, incluyendo la campaña 

educativa a los electores. 16 LPRA sec. 979.

Como podemos observar de la disposición aprobada con 

relación al presupuesto, la ley requiere al Presidente de la 

CEE a presentarle al Gobernador “un proyecto de plan 

presupuestario de los gastos de la votación, incluyendo la 

campaña educativa a los electores”. Art. 3.1 de la Ley 165-

2020, supra. Asimismo, el Art. 1.7 de la ley, 16 LPRA sec. 

977e, especifica que: 

No se podrá invocar disposición de ley general o 

especial, reglamento, orden ejecutiva o 

administrativa, y ningún plan para alterar o 

posponer las transferencias presupuestarias y las 

asignaciones económicas que sean necesarias para 

que el Gobernador, la Comisión Estatal de 

15 El Art. 1.5 de la Ley Núm. 165-2020, supra, expresa que en “las 

sesiones y trabajos de la Comisión Estatal relacionadas con estas 

votaciones podrán votar los miembros propietarios de esta”.
MC-2024-0035 21

Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con 

las votaciones aquí autorizadas y con todos los 

propósitos de este capítulo, de las secs. 939 et 

seq. de este título, las secs. 1721 et seq. del 

Título 3, y las secs. 621 et seq. de este título, 

en lo relacionado con el derecho de los ciudadanos 

americanos de Puerto Rico a determinar su estatus 

político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría 

Financiera y Agencia Fiscal tienen el deber 

ministerial de priorizar, identificar y hacer 

disponibles los recursos económicos necesarios para 

cumplir con todos los propósitos de las mencionadas 

leyes. Los desembolsos de las transferencias 

presupuestarias y de las asignaciones económicas 

nunca excederán de los treinta (30) días naturales,

contados a partir de la petición presentada a esos 

fines. (Negrillas suplidas).

Por otro lado, los Arts. 6.1 y 6.2 de la Ley Núm. 165-

2020, supra, detallan el proceso y los requisitos de 

certificación ante la CEE para representar una alternativa 

de estatus político, incluyendo promover la abstención 

electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra 

alternativa de estatus político. Para ello, el interesado

“deberá cumplir con los requisitos de registro y 

certificación en la Oficina del Contralor Electoral como 

requisito previo a sus actividades proselitistas o su 

certificación en la Comisión” cuando “reciba o utilice 

donaciones, incurra en recaudaciones y/o gastos de campaña 

en medios publicitarios o cualquier tipo de actividad 

proselitista”. En cambio, en aquellas instancias en las que 

no necesariamente media el proceso de certificación 
MC-2024-0035 22

dispuesto en los Arts. 6.1 y 6.2 para representar una 

alternativa de estatus político, el Art. 7.1 de la Ley Núm. 

165-2020, supra, requiere “cumplir con la presentación de 

los informes financieros que le requiera la Oficina del 

Contralor Electoral por virtud de esta Ley y de la Ley 222-

2011” de solicitarse, recibirse o utilizarse donaciones, 

incurrir en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios 

publicitarios o en cualquier tipo de actividad proselitista.

En resumen, la Ley Núm. 165-2020, supra, requiere que 

todo partido político, agrupación de ciudadanos, comité de 

acción política y persona natural o jurídica que para sus 

actividades proselitistas relacionadas a una Consulta 

plebiscitaria a su amparo, ya sea como representante o no de 

las alternativas de estatus político, y que recaude o utilice 

donaciones de un tercero, deberá rendir cuentas a la Oficina 

del Contralor Electoral. Lo anterior es cónsono con la 

política pública a favor de que el financiamiento de las 

campañas políticas sea un proceso público y transparente. 

Véase Arts. 2.001-2.003 de la Ley Núm. 222-2011, conocida 

como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico, 16 LPRA sec. 621 nota.

B. Orden Ejecutiva OE-2024-016

Amparado en el mandato legislativo expresado en la Ley 

Núm. 165-2020, supra, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva

OE-2024-016, mediante la que proclamó la celebración de un

plebiscito el 5 de noviembre de 2024. Esta Consulta recoge 

tres (3) alternativas: Estadidad, Independencia y Soberanía 
MC-2024-0035 23

en Libre Asociación con los Estados Unidos, tal cual fueron

definidas en el proyecto de ley federal Puerto Rico Status 

Act, HR 8393.16

Reseña la Orden Ejecutiva OE-2024-016 que estas opciones 

han sido presentadas y examinadas en los cuerpos legislativos 

federales con el objetivo de ofrecer a los electores un 

referéndum y sin alternativas coloniales y vinculante al 

Congreso de los Estados Unidos. Así, el H.R. 8393 fue 

presentado en la segunda sesión del 117mo Congreso Federal 

(2021-2022). El 15 de diciembre de 2022, esta medida contó 

con la aprobación de la Cámara de Representantes y con el 

apoyo del Ejecutivo federal.17 No obstante, llegado el fin de 

la sesión legislativa sin haber sido evaluado por el Senado, 

el proyecto fue presentado nuevamente ante la sesión 

legislativa actual. Se presentó en la Cámara de 

Representantes federal como el H.R. 2757, y una versión 

homóloga en el Senado federal, clasificada como el S. 3231.18

Además de las alternativas y definiciones indicadas, la 

Orden Ejecutiva OE-2024-016 copia íntegramente los 

procedimientos y parámetros de la Ley Núm. 165-2020, supra. 

Específicamente, con relación al presupuesto la Orden 

Ejecutiva OE-2024-016 recoge las disposiciones pertinentes 

del Art. 3.1, así como la del Art. 1.7 de la Ley Núm. 165-

2020, supra. 

16 H.R.8393, Gongress.gov, https://www.congress.gov/bill/117thcongress/house-bill/8393 (última visita 18 de agosto de 2024).

17 Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 

Statement of Administration Policy, H.R. 8393-Puerto Rico Status Act (15 

de diciembre de 2022) disponible en https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2022/12/HR8393-SAP.pdf.

18 Véase, H.R.2757, 118th Cong. (1st Sess. 2023) y S.3231, 118th Cong. 

(1st Sess. 2023).
MC-2024-0035 24

Discutida la normativa aplicable, procedamos a su 

aplicación.

V

La Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 165-2020, 

supra, en el ejercicio de su facultad de aprobar leyes que 

garanticen la expresión del Pueblo mediante el voto. Al 

hacerlo, expresó que el propósito de la ley es hacer valer 

la voluntad electoral mayoritaria expresada en el Plebiscito 

de 3 de noviembre de 2020. Para ello, autorizó al Gobernador

a convocar una votación mediante Orden Ejecutiva.

Como adelantáramos, la parte peticionaria impugna el 

mecanismo utilizado para convocar la Consulta electoral y 

asignar los recursos económicos necesarios: la Orden 

Ejecutiva. Sostiene que la Orden Ejecutiva OE-2024-016 es 

inconstitucional porque carece de una autorización 

legislativa válida. Expresa que la Ley Núm. 165-2020, supra, 

que habilita la celebración del Plebiscito delega 

indebidamente funciones legislativas al Poder Ejecutivo por 

dejar a su discreción la celebración de la votación, la fecha 

y el contenido de lo que se sometería a la consideración del 

electorado. Por lo tanto, aunque la parte peticionaria acepta 

que nuestro ordenamiento jurídico permite la delegación de 

poderes mediante el establecimiento de criterios 

inteligibles, arguye que la Ley Núm. 165-2020, supra,

constituye una delegación al ejecutivo sin estándares.

En primer lugar, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE 

II, supra, pág. 446, reconocimos que ante una ley promulgada 
MC-2024-0035 25

por la Asamblea Legislativa en respuesta al mandato del 

electorado, no debemos intervenir con la facultad 

legislativa de hacer valer ese mandato mediante aquellos 

mecanismos que estime convenientes y que caigan dentro del 

marco constitucional. A través de la Ley Núm. 165-2020,

supra, la Asamblea Legislativa optó por delegar ciertas 

facultades al Gobernador y que este las ejercitara mediante 

el mecanismo de la Orden Ejecutiva. Tal delegación de poderes

se sostendrá de haberse establecido en la ley aquellos

estándares o principios inteligibles o salvaguardas 

procesales y sustantivas que delimiten las facultades así 

delegadas, de forma tal que se eviten actuaciones ejecutivas

arbitrarias o caprichosas. Debemos analizar, además, si el 

poder delegado puede desembocar en una concentración 

indebida en una de las ramas o en una disminución indeseable 

de la independencia que sea incompatible con el ordenamiento 

político de la Constitución. 

Con estas normas en mente, examinemos la Ley Núm. 165-

2020, supra. El estatuto faculta al Gobernador a convocar 

una Consulta e incluir la fecha y las alternativas que se 

presentarán en la papeleta de votación. Otros asuntos a 

incluirse en la Orden Ejecutiva fueron especificados por la 

ley.19 Al examinar las facultades delegadas, concluimos que 

estas fueron claramente sujetas al cumplimiento de los 

19 Por ejemplo, véase, el Art. 2.2 de la Ley Núm. 165-2020, supra, sobre 

el texto de la Proclama del Gobernador para cada votación convocada por 

virtud de la ley, el Art. 4.4 sobre las instrucciones en la papeleta de 

votación, y el Capítulo V sobre votación y escrutinio general.
MC-2024-0035 26

propósitos de la ley de hacer prevalecer el reclamo electoral 

del Pueblo de Puerto Rico, incluyendo el que los electores

vuelvan a votar para responder a cualquier propuesta 

relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea 

planteada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas 

del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o 

ambos. Arts. 1.3, 2.1 y 8.3 de la Ley Núm. 165-2020, supra.

Lo anterior, delimita la Consulta electoral que el Gobernador 

puede convocar al amparo de la Ley Núm. 165-2020, supra. Por 

lo tanto, concluimos que la Asamblea Legislativa proveyó los 

criterios suficientes para delegar el poder legislativo

requerido para que el Gobernador emitiera la Orden Ejecutiva. 

Asimismo, concluimos que el Gobernador emitió la Orden 

Ejecutiva OE-2024-016 sujeto a tales criterios y 

salvaguardas por lo que tampoco se excede del mandato de

ley. Veamos.

En cuanto a la fecha del evento electoral, el Art. 2.1 

de la Ley Núm. 165-2020, supra, reconoció que la votación a 

ser convocada podía coincidir en fecha con eventos 

electorales convocados por otras leyes, e incluso con las 

Elecciones Generales. A tenor con eso, la Orden Ejecutiva

establece que el plebiscito se celebrará el día de las 

Elecciones Generales, el 5 de noviembre de 2024.

En cuanto a las alternativas a presentarse al electorado 

y sus respectivos significados, el Gobernador incluyó 

aquellas que se han presentado y considerado por el Congreso 

y el Presidente de los Estados Unidos mediante proyectos de 
MC-2024-0035 27

ley, en total conformidad con las consideraciones de la 

Asamblea Legislativa al promulgar la Ley Núm. 165-2020, 

supra. No podemos perder de perspectiva que las tres (3) 

fórmulas de estatus político presentadas en la Orden 

Ejecutiva OE-2024-016 se circunscriben a lo dispuesto en el 

Art. 1.3 de la Ley Núm. 165-2020, supra, de someter ante el 

electorado cualquier propuesta relacionada con el estatus 

político de la Isla “que sea presentada o solicitada por una 

o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de 

Estados Unidos de América o ambos”.

Además, la parte peticionaria señala que la Ley Núm. 

165-2020, supra, no asigna fondos para la votación y que la

Orden Ejecutiva OE-2024-016 permite que se modifique el 

presupuesto aprobado el 30 de junio de 2024, sin intervención 

alguna de la Asamblea Legislativa.20

La Asamblea Legislativa autorizó expresamente las 

transferencias presupuestarias y las asignaciones económicas 

que sean necesarias para cumplir con las votaciones a 

convocarse bajo la Ley Núm. 165-2020, supra, bajo las mismas 

condiciones y a través de los mismos funcionarios que dispone 

para toda otra votación en el Código Electoral de Puerto 

Rico. Compare el Art. 1.7 de la Ley Núm. 165-2020, supra, 

con el Art. 3.1(3) del Código Electoral de Puerto Rico, 

supra. Además, la Orden Ejecutiva especifica que tales 

transferencias “deberán mantenerse dentro de los parámetros 

del presupuesto certificado aplicable”. 

20 Demanda, págs. 11-13.
MC-2024-0035 28

En nuestro ordenamiento jurídico la Asamblea 

Legislativa puede delegar al Ejecutivo la facultad de 

realizar ciertas transferencias dentro de un presupuesto 

aprobado. Por lo tanto, no es correcto lo aseverado por la 

parte peticionaria. Las transferencias presupuestarias

requeridas por la Orden Ejecutiva OE-2024-016 no se hacen a 

espaldas del poder legislativo, sino que han sido aprobadas 

por ley. Además, estas se han limitado a que el Gobernador 

las realice dentro de los parámetros establecidos en el 

presupuesto vigente. Por lo tanto, podemos concluir que el 

ejercicio de los poderes delegados mediante el uso de la 

Orden Ejecutiva no fue arbitrario ni caprichoso y que este

se ajustó a los parámetros delineados.

Por otro lado, la parte peticionaria argumenta que, 

ante la alegada inconstitucionalidad de la Ley Núm. 165-

2020, supra, las disposiciones que ordenan a la Presidencia

de la CEE a llevar a cabo ciertas funciones que recaen en 

las Comisionadas y los Comisionados de conformidad con el 

Código Electoral de Puerto Rico, les despojarían de sus 

facultades reglamentarias. Reconocemos la pericia electoral 

de la CEE. No obstante, el Poder Legislativo tiene la 

potestad de establecer y reglamentar el proceso electoral. 

Bajo esa potestad promulgó el Código Electoral, el cual 

representa una legislación básica de aplicación general en 

todo lo concerniente a los procesos electorales. 

Posteriormente emitió la Ley Núm. 165-2020, supra, ley 

especial y habilitadora del Plebiscito convocado para el 5 
MC-2024-0035 29

de noviembre de 2024. Esta ley especial identifica al 

Presidente de la CEE como un funcionario capacitado que

también tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar los 

trabajos de naturaleza electoral. Por lo tanto, los 

argumentos de la parte peticionaria no nos convencen ante la 

expresión clara de la Asamblea Legislativa. 

Como cuarta causa de acción, la parte peticionaria 

sostiene que varias disposiciones de la Ley Núm. 165-2020, 

supra, persiguen controlar el contenido de la expresión a 

favor o en contra de las alternativas incluidas en la 

papeleta. Sin embargo, no ha sometido propiamente una 

controversia real, genuina y seria de derecho constitucional 

en sus argumentos que nos suscite una duda seria sobre la 

constitucionalidad de la misma por violación a su derecho de 

expresión. Véase, ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958) (citando 

a Ashwander v. Tennessee, 297 US 288, 346 (1935)). Véase 

además, Hernández, Santa v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 

741. (“El sujeto activo en la impugnación no puede valerse 

de una mera alegación de inconstitucionalidad”).

Recordemos que este Foro, como intérprete de la ley, 

está afecto por la doctrina de autolimitación ante el 

cuestionamiento de la validez o constitucionalidad de un

estatuto, por lo que “es un principio cardinal que esta Corte 

primero se asegurará de si existe una interpretación 

razonable de la ley, que le permita soslayar la cuestión 

constitucional”. Íd. Véase, además, Senado v. Tribunal 

Supremo y otros, supra, págs. 134-135. Tampoco “se 
MC-2024-0035 30

considerará el aspecto constitucional de una medida 

legislativa cuando se pueda resolver el asunto mediante un 

análisis estatutario”. Senado v. Tribunal Supremo y otros, 

supra, pág. 135 (citando a Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 

DPR 715, 721 (2000)).

Las disposiciones que identifica la parte peticionaria 

en la Demanda son los Arts. 5.10 y 6.1 de la Ley Núm. 165-

2020, supra. Al respecto, abunda en el Alegato presentado

que:

El Artículo 5.10 de la ley dispone lo siguiente:

(a) La alternativa impresa en la papeleta de 

votación que resulte con la mayoría del cien 

por ciento (100%) de los votos válidos y 

definidos como “Papeletas Adjudicadas” a su 

favor, será la alternativa certificada por la 

comisión como la ganadora y la legítima 

expresión mayoritaria de los electores...

Es lamentable la chapusería legislativa de la 

redacción de esta disposición incomprensible. 

Literalmente significa que solo se certificará una 

alternativa en la papeleta si logra “la mayoría del 

cien por ciento (100%) de los votos” emitidos. Es 

de suponer que si hay tres alternativas, como luego 

dispone el gobernador en su inválida orden 

ejecutiva, ninguna alternativa lograría esa 

ambiciosa meta de unanimidad. La redacción sugiere 

que si no hay unanimidad, la comisión no va a poder 

certificar ninguna alternativa ganadora. Se habría 

perdido todo el esfuerzo e inversión económica para 

viabilizar esta votación. Dándole el beneficio de 

la duda, lo que habrán querido decir con esta 

descuidada redacción debe referirse a la alternativa 

que hubiere logrado la mayoría de las “papeletas 

adjudicadas” emitidas por quienes hubieran votado 

por las alternativas ofrecidas por el gobernador. 

Por supuesto, tampoco se define qué significa 

“mayoría”. Habiendo tres alternativas en la 

papeleta, existe la posibilidad de que solo 
MC-2024-0035 31

prevalezca alguna alternativa por pluralidad, sin 

alcanzar el 50% de mayoría simple. ¿Qué significa 

esta enigmática redacción? Ciertamente luce 

bastante ambigua o vaga la redacción. (Negrillas 

suplidas). Alegato de la Parte Demandante 

Peticionaria, págs. 24-25. 

De una lectura de esta disposición y del examen de las 

interpretaciones razonables de la misma, no podemos concluir

que la frase “la mayoría del cien por ciento (100%) de los 

votos válidos y definidos como ‘Papeletas Adjudicadas’”

conlleve el requisito de “unanimidad” y por lo tanto, haga 

de esta disposición una ambigua. La redacción cuestionada 

es la misma que se ha contemplado para procesos electorales 

previos.21 Incluso, la parte peticionaria reconoce que la

disposición citada cuenta con una interpretación razonable 

por lo que constituye una “alternativa ganadora” aquella 

“que hubiere logrado la mayoría de las “papeletas 

adjudicadas”. Véase, Demanda, pág. 15, n.2. Por lo tanto, 

existiendo una interpretación razonable, no vemos méritos en 

el planteamiento constitucional que se nos presenta sobre 

este asunto.

La parte peticionaria también expresa que el Art. 6.1

de la Ley Núm. 165-2020, supra, requiere:

que si una persona o partido político realiza 

actividades en ejercicio de su libertad de palabra 

en relación con esta votación habiendo recaudado 

fondos que emplea para su actividad proselitista, 

tiene que registrarse con la CEE informar al 

21 Véase, Sec. 3(d) de la Ley 7-2017, según enmendada, conocida como Ley 

para la Desconolización Inmediata de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 975i.(“La 

alternativa de estatus político impresa en la papeleta de votación que 

resulte con la mayoría del cien por ciento (100%) de los votos definidos 

como “Papeletas Adjudicadas” a su favor, será la alternativa certificada 

por la Comisión como la ganadora”).
MC-2024-0035 32

Contralor electoral sobre sus actividades, y si no 

lo hace puede ir a la cárcel o tener que pagar una 

severa multa por ejercer sus derechos 

constitucionales.

Como si eso fuera poco, un partido o persona o 

agrupación que interese certificarse para 

participar en la campaña relativa a esta votación 

tiene que certificar que no va a promover 

abstención electoral. Si no lo hace, no puede 

obtener su certificación. Es decir que la ley 

discrimina contra ciertas personas por razón del 

contenido de su expresión. Conforme a una larga 

lista de decisiones judiciales tanto de la corte 

Suprema de los Estados Unidos como del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, la igual protección de las 

leyes prohíbe penalizar el ejercicio de un derecho 

fundamental como la libertad de palabra, 

especialmente la expresión política, a menos que, 

bajo un escrutinio judicial muy estricto, sea 

necesario el discrimen y no haya otras alternativas 

para lograr intereses apremiantes del estado.

Demanda, págs. 15-16.

Como expresáramos anteriormente, el texto claro de la 

Ley Núm. 165-2020, supra, permite a toda persona o entidad 

ser certificado como representante de una alternativa cuando 

este lo solicite y cumpla con los requisitos de la ley. A 

esos efectos, el Art. 6.2 de la Ley 165-2020, supra, indica

los requisitos que se deben cumplir para ello. Además, el 

Art. 6.1(f) de la Ley Núm. 165-2020, supra, dispone que, 

Todo partido político, por petición, agrupación de 

ciudadanos, comité de acción política y persona 

natural o jurídica que sea certificado como 

representante de alguna de las alternativas 

impresas en la papeleta de votación, y que reciba 

o utilice donaciones, incurra en recaudaciones y/o 

gastos de campaña en medios publicitarios o 

cualquier tipo de actividad proselitista para 

favorecer u oponerse a alguna de las alternativas; 

incluyendo promover la abstención electoral o 

alguna modalidad de expresión electoral u otra 
MC-2024-0035 33

alternativa de estatus político, deberá cumplir con 

los requisitos de registro y certificación en la 

Oficina del Contralor Electoral como requisito 

previo a sus actividades proselitistas o su 

certificación en la Comisión. 

La parte peticionaria omite hacer referencia al Art. 

7.1 de la Ley Núm. 165-2020, supra, el cual no hace alusión 

al concepto de “representantes de alguna de las 

alternativas”. Por el contrario, dispone que quien participe 

en actividades proselitistas durante la campaña de alguna de 

las votaciones autorizadas por la ley deberá sufragar sus 

gastos de campaña con sus propios recursos económicos. No 

obstante, si solicita, recibe o utiliza donaciones, incurre 

en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios 

publicitarios para favorecer u oponerse a alguna de las 

alternativas en la papeleta; incluyendo la abstención 

electoral o alguna modalidad de expresión electoral u otra 

alternativa, “tendrán que cumplir con la presentación de los 

informes financieros que le requiera la Oficina del Contralor 

Electoral por virtud de la ley y de la Ley 222-2011”.22

Nuestro ordenamiento jurídico establece la obligación 

de informar los recaudos y gastos relacionados a las 

actividades proselitistas, así como las penalidades de 

22 La Ley Núm. 165-2020, supra, reconoce como ley supletoria a la Ley 

Núm. 222-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Fiscalización 

del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, 16 LPRA sec. 

621, et seq. El Art. 2.002 de la Ley Núm. 222-2011, supra, dispone que 

es de aplicación a “toda persona, natural o jurídica, que recaude, gaste, 

contribuya o de alguna forma reciba recaudos o donativos o participe en 

el financiamiento de una campaña eleccionaria relacionada con puestos 

electivos, fórmulas de status, o alternativas para evaluación y selección 

de los electores en un referéndum, plebiscito o consultas que se 

establezcan a través de legislación a ese respecto”. La ley requiere la 

presentación de informes y tipifica como delito su incumplimiento.
MC-2024-0035 34

incumplir con esta, con el fin de brindarle transparencia al 

sistema electoral de Puerto Rico. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 222-2011, supra(2011[Parte 2] Leyes 

de Puerto Rico 2375-2379). A la luz de lo anterior, 

concluimos que la parte peticionaria no nos ha presentado 

cómo la Ley Núm. 165-2020 vincula o distingue el contenido 

de la expresión a las obligaciones y penalidades que 

establece de forma que active las protecciones 

constitucionales que reclama.

Por otro lado, la parte peticionaria expresa que quien 

“interese certificarse para participar en la campaña 

relativa a esta votación tiene que certificar que no va a 

promover abstención electoral”.(Negrillas suplidas).

Demanda, pág. 16. Sin embargo, más allá de presentar ese 

argumento general, no alude a disposición legal alguna que 

sustente su planteamiento ni tampoco abunda con fundamentos 

jurídicos sobre ese asunto. Por lo tanto, no hemos sido

puestos en posición para hacer una determinación al 

respecto.23

23 La Regla 16 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, 

requiere que cuando se presente una petición en jurisdicción original 

se incluya “un señalamiento breve y conciso de las cuestiones de derecho 

planteadas en la petición, y la argumentación de [estas]”. Además, la 

parte peticionaria cuenta -como norma general- con un término para 

presentar un alegato que debe ajustarse a las disposiciones de la Regla 

33 de nuestro Reglamento, supra, en el que debe proveer una discusión a 

fondo de los méritos de la petición. Como hemos expresado, el alegato 

es un instrumento fundamental porque trae a la atención del foro judicial

las normas de derecho y la jurisprudencia aplicable, y sirve para 

discutir a fondo las alegaciones y para exponer de forma adecuada los 

fundamentos del recurso. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005). 

Siendo ello así, nos hemos negado a atender aquellos planteamientos 

presentados sin discutir y fundamentar apropiadamente dado a que una 

escasa discusión no pone a este foro en posición de aquilatar y 

justipreciar el planteamiento anotado. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1009 n. 5 (2012).
MC-2024-0035 35

Como quinta causa de acción la parte peticionaria 

sostiene que las disposiciones impugnadas anulan el valor 

del derecho al voto, pues al “[n]o contabilizar las papeletas 

en blanco o dañadas, ni identificar su número para fines de 

la certificación de los resultados, menoscaba severamente la 

expresión de los electores en cuanto al proceso y las 

alternativas, en violación del derecho constitucional al 

voto libre y sin coacción”. Alegato de la Parte Demandante 

Peticionaria, pág. 34. En esencia, su argumento conlleva que 

reconsideremos o distingamos nuestra decisión en Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009), del 

caso de autos y que adoptemos nuevamente la expresada en 

Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445 (1993).

El Art. II, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico 

dispone que: “[l]as leyes garantizarán la expresión de la 

voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, 

directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda 

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. Sobre 

lo anterior, en Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

supra, pág. 71, dispusimos que “el derecho al voto, como 

instrumento del derecho a la libre expresión, comprende no 

solo la prerrogativa de un ciudadano de votar por los 

candidatos o las opciones de su predilección, sino el derecho 

de acudir a la urna y depositar la papeleta en blanco o 

dañarla”. Íd. Además, añadimos que “la intención de un 

elector que deposita su papeleta en blanco, que anula 

voluntariamente su papeleta o que vota por un personaje 
MC-2024-0035 36

ficticio, es expresar su inconformidad, ya sea con las 

propuestas presentadas o con los candidatos disponibles en 

[e]sta”. Íd., pág. 74. No obstante, aclaramos de manera 

tajante que este tipo de voto “de ninguna manera puede ser 

contado para efectos de influir o afectar el resultado de 

una elección, referéndum o plebiscito, entre otros eventos 

electorales”. Íd. Lo anterior se debe a que, en todo evento 

electoral, lo justo es que quienes finalmente elijan sean 

aquellos que tuvieron la intención, clara e inequívoca, de 

votar por unos de los candidatos o de las propuestas que 

fueron presentadas en la papeleta. Íd., pág. 73. 

En esa misma línea y en el contexto de una controversia 

que buscaba impedir la celebración de una Consulta de estatus 

político, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra,

pág. 436, expresamos que resulta “particularmente nocivo y 

contrario al mandato de neutralidad inyectar un elemento 

totalmente subjetivo y especulativo en la adjudicación de 

los votos”.24 En particular, detallamos que:

La adjudicación de las papeletas en blanco como si 

fueran votos en contra de la fórmula ganadora 

amplía de manera artificial el universo electoral 

y diluye la proporción de votos válidos emitidos 

por las fórmulas en contienda. Esto dificulta e 

impide que se verifique en el escrutinio el mandato 

mayoritario y concede una ventaja electoral 

indebida a la condición territorial actual[...]. Es 

decir, ‘la inercia concedería ventaja solamente a 

la condición existente, que prevalecería vigente 

al frustrarse por un escrutinio engañoso la 

voluntad mayoritaria de cambio’. Ese favoritismo 

24 Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, supra, pág. 436, citando a 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 91 (2009)(Opinión 

de Conformidad del Juez Asociado señor Martínez Torres, a la cual se 

unieron el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora 

Pabón Charneco).
MC-2024-0035 37

es contrario al principio de neutralidad de la 

Constitución en materia de estatus político. 

(Citas omitidas). Íd., págs. 436-437.

En vista de lo anterior, hemos colegido que no podemos 

utilizar la decisión voluntaria de los votantes que no 

participaron en un evento electoral para ir precisamente en 

contra de la expresión popular. Íd., pág. 437. Lo único que 

podemos hacer es concluir que quien no votó o depositó su 

papeleta en blanco dejó la decisión en manos de aquellas 

personas que sí optaron por participar del evento electoral. 

Íd. No vemos razones para variar esta norma hoy.

Por último, la parte peticionaria sostiene que el título 

de la Ley Núm. 165-2020, supra, no contempla delegación 

alguna al gobernador ni la convocatoria y celebración de una 

votación plebiscitaria. Debido a ello, entiende que esta 

violenta el Art. III, Sec. 17, Const. PR, supra, pág. 417, 

el cual dispone, en lo pertinente, que: 

“[n]o se aprobará ningún proyecto de ley, con 

excepción de los de presupuesto general, que 

contenga más de un asunto, el cual deberá ser 

claramente expresado en su título, y toda aquella 

parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado 

en el título será nula”. 

Con respecto a esta disposición, hemos expresado en el 

pasado que su propósito es asegurar que se informe al público 

en general y a los legisladores en particular del asunto del 

cual es objeto de legislación, de manera que se impida la 

inclusión de materia incongruente y extraña. Bomberos 

Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 746-747 

(2011). Esa disposición no “requiere que el título constituya 
MC-2024-0035 38

un índice detallado del contenido de la ley, sino meramente 

que sea un hito indicador del asunto cubierto por la misma”. 

Íd., pág. 747 (citando a Herrero y otros v. ELA, supra, pág. 

295). Tampoco exige que los detalles o los procedimientos 

estatuidos en las leyes aparezcan relacionados en sus 

títulos, bastando que el asunto —el tema o la materia—

sobre el cual una ley trata aparezca claramente expresado en 

su título. Pueblo v. Vázquez Bruno, 93 DPR 540, 542-543 

(1966); Pueblo v. Díaz Torres, 89 DPR 720, 724-725 (1963). 

El título de la Ley Núm. 165-2020, supra, dispone que 

la misma es: “Para establecer la “Ley para Implementar la 

Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”; [...], a los 

fines de establecer la política pública del Gobierno de 

Puerto Rico para la implementación para la petición de 

Estadidad [...]; y para otros fines relacionados”. Concluimos

que esta informa de manera suficiente, tanto al público como 

a los legisladores, sobre los asuntos que son objeto de 

legislación. Por lo cual, consideramos que la autorización

realizada al Gobernador para convocar a la Consulta no es 

materia incongruente o extraña a la Ley Núm. 165-2020, supra, 

y es parte del asunto objeto de la misma. Véase Parte V, 

pág. 25 de esta Opinión.

VI

Atendidos todos los asuntos presentados y por todo lo 

antes discutido, se provee no ha lugar a la Demanda 

presentada por la parte peticionaria, y se sostiene la 

constitucionalidad de la Ley Núm. 165-2020, supra, y de la 
MC-2024-0035 39

Orden Ejecutiva OE-2024-016 conducentes a la celebración del 

Plebiscito convocado para el 5 de noviembre de 2024. 

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, 

como Secretario General y en 

representación del Partido 

Independentista 

Puertorriqueño (PIP) y sus 

miembros individuales; Hon. 

María De Lourdes Santiago 

Negrón, Senadora y Portavoz 

del PIP en el Senado; Hon. 

Denis Márquez Lebrón, 

Representante y Portavoz del 

PIP, Cámara de 

Representantes; Roberto Iván 

Aponte Berríos, Comisionado 

Electoral del PIP

 Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; Hon. Pedro 

Pierluisi Urrutia, 

Gobernador de Puerto Rico; 

Comisión Estatal de

Elecciones (CEE); Hon. 

Jessika D. Padilla Rivera, 

Presidenta Interina de la 

CEE; Lcdo. Aníbal Vega 

Borges, Comisionado 

Electoral del Partido Nuevo 

Progresista (PNP); Lcda.

Karla Angleró González, 

Comisionada Electoral del 

Partido Popular Democrático 

(PPD); Lillian Aponte Dones, 

Comisionada Electoral del 

Movimiento Victoria 

Ciudadana (MVC); Lcdo. Juan 

Manuel Frontera Suau, 

Comisionado Electoral del 

Proyecto Dignidad (PD); Hon. 

Nelson Pérez Méndez, 

Secretario del Departamento 

de Hacienda; Lcdo. Juan 

Carlos Blanco Urrutia, 

Director de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP)

Demandados

MC-2024-0035
MC-2024-0035 2

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Atendidos todos los asuntos presentados y por todo lo 

discutido en la Opinión que antecede, se provee no ha lugar 

a la Demanda presentada por la parte peticionaria, y se 

sostiene la constitucionalidad de la Ley Núm. 165-

2020, conocida como Ley para Implementar la Petición de 

Estadidad del Plebiscito de 2020, 16 LPRA sec. 984, y de la 

Orden Ejecutiva OE-2024-016 conducentes a la celebración del 

Plebiscito convocado para el 5 de noviembre de 2024. 

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el 

Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor 

Estrella Martínez emitió Opinión de Conformidad. La Jueza 

Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón 

Pérez disienten con Opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

 Secretario del Tribunal Supremo
 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Lic. Juan Dalmau Ramírez, como 

Secretario General y en 

representación del Partido 

Independentista Puertorriqueño 

(PIP) y sus miembros 

individuales; Hon. María De 

Lourdes Santiago Negrón, 

Senadora y Portavoz del PIP en 

el Senado; Hon. Denis Márquez 

Lebrón, Representante y 

Portavoz del PIP, Cámara de 

Representantes; Roberto Iván 

Aponte Berríos, Comisionado 

Electoral del PIP 

Peticionarios 

v.

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; Hon. Pedro Pierluisi 

Urrutia, Gobernador de Puerto 

Rico; Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE); Hon. Jessika 

D. Padilla Rivera, Presidenta 

Interina de la CEE; Lic. Aníbal 

Vega Borges, Comisionado 

Electoral del Partido Nuevo 

Progresista (PNP); Lic. Karla 

Angleró González, Comisionada 

Electoral del Partido Popular 

Democrático (PPD); Lillian 

Aponte Dones, Comisionada 

Electoral del Movimiento 

Victoria Ciudadana (MCV); Lic. 

Juan Manuel Frontera Suau, 

Comisionado Electoral del 

Proyecto Dignidad (PD); Hon. 

Nelson Pérez Méndez, Secretario 

del Departamento de Hacienda; 

Lic. Juan Carlos Blanco 

Urrutia, Director de la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

Demandados

MC-2024-0035
 MC-2024-0035 2

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor 

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

“Mientras alguien ejerza poder sobre nosotros 

a su arbitrio en parte alguna de nuestras 

vidas, dicte una ley sin nuestra participación 

o consentimiento o reclame soberanía o 

superioridad sobre nosotros con visos de 

legalidad, no somos libres ni iguales. El 

consentimiento a que se nos trate así no salva. 

El consentimiento a la esclavitud o la 

desigualdad ni libera ni equipara.” [Énfasis 

suplido]

Hon. José Trías Monge

“Un centenario y una denuncia”, Diálogo, 

diciembre de 1998, pág. 24. (1998).

*

The perpetuation of this colonial condition 

runs against the very principles upon which 

this Nation was founded. Indefinite colonial 

rule by the United States is not something that 

was contemplated by the Founding Fathers nor 

authorized per secula seculorum by the 

Constitution. See Downes, 182 U.S. at 380, 21 

S.Ct. 770 (Harlan, J., dissenting) (“The idea 

that this country may acquire territories 

anywhere upon the earth, by conquest or treaty, 

and hold them as mere colonies or provinces,—

the people inhabiting them to enjoy only those 

rights as Congress chooses to accord to them,—

is wholly inconsistent with the spirit and 

genius, as well as with the words, of the 

Constitution.”). And far from being a matter of 

local concern to the United States citizens in 

Puerto Rico only, the inequality to which these 

citizens are subjected is an injury to every 

American, because as surely as the current 

situation causes irreparable harm to United 

States citizens residing in Puerto Rico, it 

just as powerfully denigrates the entire Nation 

and the Constitution.

Hon. Juan R. Torruella, Opinión Concurrente en 

Igartua de la Rosa v. US, 229 F.3d 80, pág. 90 

(2000).

I
 MC-2024-0035 3

Cuando tuve el honor de presentar el libro titulado 

The Constitutional Evolution of Puerto Rico and Other U.S. 

Territories de la autoría del Hon. Gustavo A. Gelpí, 

expresé que: 

Una relación colonial genera desigualdades y 

controversias en muchos ámbitos de la sociedad. 

En todas esas dimensiones existe el potencial 

de que permeen planteamientos, fundamentos, 

argumentos y soluciones jurídicas. Es por ello 

que los miembros de la Judicatura federal y 

local no estamos exentos, como juristas y 

ciudadanos, de enfrentarnos a controversias 

civiles y criminales, entre otras, en las que 

se cuestionen desigualdades, tensiones 

sociales y, más relevante aun, quién tiene el 

poder para realizar determinada acción.1

Ciertamente, hoy nos enfrentamos a una controversia 

de alto interés público cuya cuestión medular es si el 

Pueblo tiene el poder para expresarse en las urnas con 

respecto al estatus de Puerto Rico a través de un mecanismo 

delineado por la Asamblea Legislativa e instrumentado por 

el Poder Ejecutivo. La contestación es en la afirmativa.

Por ello, estoy conforme con que este Tribunal haya 

validado el ejercicio de la libertad de expresión del 

Pueblo de Puerto Rico a través de un plebiscito. Me 

explico.

II

Como sabemos, bajo el esquema constitucional federal 

Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos sujeto 

a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la 

 

 1 L. F. Estrella Martínez, Puerto Rico la Evolución 

de un Apharteid Territorial, 52 Rev. Jurídica U. Inter. 

P.R. 425 (2018).
 MC-2024-0035 4

Cláusula Territorial de la Constitución federal. Artículo 

IV, Sec. 3, Cl. 2, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. Harris v. 

Rosario, 446 US 651 (1980); Franklin California Tax-Free 

v. Puerto Rico, 2015 WL 4079422 (1er Cir. 2015); Pueblo 

v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 (2015). Al amparo de

este mismo esquema constitucional federal, la llamada

“Admissions Clause” faculta al Congreso a admitir nuevos 

estados a la Unión. En específico, esta dispone que: 

New States may be admitted by the Congress 

into this Union; but no new State shall be formed 

or erected within the Jurisdiction of any other 

State; nor any State be formed by the Junction of 

two or more States, or Parts of States, without 

the Consent of the Legislatures of the States 

concerned as well as of the Congress. Artículo IV, 

Sec. 3, Cl. 1, Const. EE.UU.

Tal cláusula sobre el poder del Congreso para admitir 

nuevos estados ha desempeñado un papel significativo en 

la historia estadounidense, puesto que treinta y siete

(37) de los estados han sido admitidos de conformidad con 

este. (Traducción suplida). E. Biber & T. B Colby, 

National Constitution Center, The Admissions Clause. Ahora 

bien, se reconoce que no hay un marco regulatorio uniforme 

en lo que atañe a la aplicación de esta disposición 

constitucional. En consecuencia, se ha precisado que:

the Constitution provides almost no guidance 

as to how Congress should exercise it, nor does 

the Constitution impose any other express limits 

on it. Neither is there much guidance in the 

Framing history about its meaning or scope. 

Accordingly, much of the practical meaning of the 

Admissions Clause must be drawn either from 

caselaw interpreting the Clause or from the 

practice of Congress in admitting states, 

beginning with Vermont in 1791 and ending with 

Alaska and Hawaii in 1959. Íd.
 MC-2024-0035 5

Entiéndase, el conocer la experiencia histórica en 

los procesos de autodeterminación de los territorios es 

indispensable para examinar y contextualizar la 

controversia ante nos. Por lo tanto, debemos tener 

presente que el camino hacia la autodeterminación de los 

pueblos no es lineal ni se logra por medio de un método 

exclusivo. Se ha demostrado históricamente que no hay un 

proceso único o uniforme para la admisión como estado y 

que, por el contrario, este ha sido uno flexible y 

adaptable a las particularidades de cada territorio. 

Aponte Rosario v. Presidente Comisión Estatal de 

Elecciones, 205 DPR 407, 442 (2020); Comptroller General 

of the United States, Experiences of Past Territories Can 

Assist Puerto Rico Status Deliberations, General 

Accounting Office, 1980, Capo. 2, pág. 3.2

Al revisar el acercamiento de los antiguos 

territorios a sus reclamos en esta materia, se han 

reconocido varios métodos, a saber: 1) las asambleas de 

pueblo; 2) las encuestas; 3) los censos y las convenciones 

regionales; 4) la elección de diputados territoriales 

afines a la causa estadista, y 5) la celebración de 

referéndums o plebiscitos. Aponte Rosario v. Presidente 

Comisión Estatal de Elecciones, supra, pág. 443 citando a 

 

2 “The history of statehood admissions is one of both 

tradition and flexibility. While emphasizing the 

traditional principles of democracy, economics 

capability, and an adherence to the electorate’s choice 

of self-government, the Congress has also considered each 

State’s unique characteristics”. Íd., pág .20
 MC-2024-0035 6

Grupo de Investigadores Puertorriqueños, Breakthrough 

from Colonialism: An Interdisciplinary Study of Statehood, 

San Juan, Ed. UPR, 1984, Vol. I, pág. 1182.

Tal como lo ha reconocido el Congressional Research 

Office, “some states took similar paths to admission, 

though, in general, those paths have varied 

considerable.”3 Por ello, resulta inescapable reconocer 

que el voto directo de los electores de los territorios 

en un plebiscito constituye un mecanismo válido para 

utilizarse. Incluso, la historia revela que múltiples 

territorios celebraron más de una consulta para continuar 

reclamando su admisión a la Unión Americana. A modo de 

ejemplo, ese fue el caso de Florida, Alaska4 y Hawaii,

siendo estos dos (2) últimos los territorios que más 

recientemente fueron admitidos a la Unión. Congressional 

Research services, supra, págs. 11-13.

 

 3Congressional Research Office, Admission of States 

to the Union: A Historical Reference Guide, Congressional 

Research Service, pág. 1

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47747/2

(última visita el 23 de agosto de 2024).

4Véase, Michael Schwaiger, Understanding the

Unoriginal: Indeterminant Originalism and Independent

Interpretation of the Alaska Constitution, 22 Alaska L. 

Rev. 293, 305–06 (2005); G. Alan Tarr, Of Time, Place, and

the Alaska Constitution, 35 Alaska L. Rev. 155, 172 

(2018); Michael J. Kelly, Quiescent Sovereignty of U.S.

Territories, 105 Marq. L. Rev. 501, 537 (2022); Thomas 

Metzloff, Preparing the Way: Tom Stewart's Recollections

on the Alaska State Constitutional Convention, 35 Alaska 

L. Rev. 289, 305–06 (2018).
 MC-2024-0035 7

Ante ese cuadro, hoy nuestra tarea no es seleccionar 

el mecanismo que mejor creamos conveniente, sino evaluar 

si la Orden Ejecutiva aquí impugnada instrumenta un

mecanismo que es válido dentro de los principios que rigen 

la realidad jurídica entre la relación de Estados Unidos 

y Puerto Rico, y los contornos del sistema constitucional

federal y local. 

III

Para iniciar esta tarea, debemos contextualizar que,

en términos sustantivos, el presente caso bien podría 

considerarse una secuela de Aponte Nazario v. Presidente 

Comisión Estatal de Elecciones, 205 DPR 407 (2020). En 

apretada síntesis, allí se declaró la finalidad pública 

y, con ello, la constitucionalidad de la Ley Núm. 51-2020, 

conocida como la Ley para la definición final del estatus 

político de Puerto Rico (Ley Núm. 51-2020), 16 LPRA sec. 

939 et seq. (la cual disponía para la celebración de una 

consulta de estatus político en las elecciones generales

de 2020)5, y del Subcapítulo VIII-B de la Ley Núm. 58-

2020, conocida como el Código Electoral de Puerto Rico de 

2020 (relacionada con el ejercicio del voto presidencial).

Sin ánimo de reproducir todo lo allí discutido, resulta 

 

 5 En dicho plebiscito de 2020 se le consultó al 

electorado la pregunta siguiente: ¿Debe Puerto Rico ser 

admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? 

Sí o No. De los 1,190,399 votos, el “Sí” obtuvo un 52% y 

el “No” obtuvo un 48%. Véase, Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 165-2020.
 MC-2024-0035 8

material que tengamos presente ciertos enunciados por su 

vínculo con la controversia de autos.

En específico, que el Pueblo de Puerto Rico ostenta 

el poder de expresarse para ejercer su derecho a la 

autodeterminación. Íd., pág. 420. Particularmente porque

nuestra Constitución es neutral en materia de estatus 

político, con la consecuencia de no cerrarle la puerta a 

la autodeterminación de nuestro pueblo. Íd., págs. 420 y 

448. En otras palabras, en la Constitución de Puerto Rico 

no se comprometió el futuro político del territorio, sino 

que este pertenece al Pueblo, y por esto las aspiraciones 

que se plantearon en la Constitución no están sujetas a

alguna fórmula de estatus político. Íd., pág. 459.

En vista de lo anterior, fundamentamos que los 

resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 constituyen

un ejercicio de autodeterminación donde la fórmula de la 

estadidad obtuvo la mayoría de los votos. Íd., pág. 434.

Así determinamos que estos resultados establecieron un 

mandato electoral al gobierno por parte del pueblo para 

la descolonización conforme a la voluntad mayoritaria.

Íd., págs. 421 y 457. Muy particularmente, resolvimos que 

la expresión popular constituye en sí misma un fin público

cuya consecuencia es que la legislación que se apruebe al 

amparo de este mandato tendrá esa finalidad siempre que,

claro está, se enmarquen en el esquema constitucional. 

Íd., págs. 422 y 439. En consecuencia, entre varios 

asuntos, se validó la finalidad pública de la Ley Núm. 55-
 MC-2024-0035 9

2020, la cual disponía para la celebración de un

plebiscito en las pasadas elecciones generales del 2020. 

Así las cosas, cuando la legislación impugnada cumpla 

con nuestro ordenamiento constitucional debemos ser 

deferentes con las actuaciones de las otras ramas de 

gobierno, indistintamente de que como jueces y juezas en 

nuestro carácter personal discrepemos o coincidamos con

sus bondades o sabiduría. Íd., págs. 422 y 446. Véanse, 

P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580 611 (1988); McCormick v. 

Marrero Juez, 64 DPR 260, 267 (1944). Pues, al final de 

cuentas, no podemos ser selectivos al aceptar la voluntad 

del pueblo y no reconocer que la decisión de realizar una 

consulta de estatus político es una prerrogativa que recae 

primariamente en las ramas políticas de gobierno. Íd., 

pág. 434 y 436.

En este punto, no cabe duda de que llevar a cabo una 

consulta de estatus o plebiscito constituye un mecanismo 

legítimo de las ramas políticas para conocer la voluntad 

actual del pueblo en lo que concierne a su futuro político. 

Ahora bien, lo que está aquí en controversia es 

precisamente identificar cuáles son las prerrogativas de 

cada una de estas ramas políticas, entiéndase del poder 

legislativo y del poder ejecutivo, al momento de diseñar, 

convocar e implementar esta consulta. En específico, si 

mediante la Ley Núm. 165-2020, infra, aquí impugnada, el 

poder legislativo violó el principio axiomático de 

separación de poderes al delegarle al Gobernador ciertas
 MC-2024-0035 10

facultades relacionadas con este mecanismo electoral y su 

sujeción por medio de una orden ejecutiva. Para responder

a esto, procedemos a reseñar la normativa aplicable.

IV

A.

La Constitución de Puerto Rico estableció un sistema 

republicano de gobierno por medio de tres (3) poderes

subordinados todos a la soberanía del Pueblo de Puerto Rico. 

Art. I, Sec. 2, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. De ordinario,

mediante esta forma de gobierno, el Poder Legislativo

aprueba las leyes a través de la Asamblea Legislativa, el 

Poder Ejecutivo las implementa y pone en vigor mediante la 

figura central del Gobernador(a), y el Poder Judicial las 

interpreta. Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 458 

(1994); Véase, además, Art. III, IV y V, Sec. 1, Const. 

ELA, supra. Cada uno de estos Poderes, aunque soberano e 

independiente con respecto al ejercicio del poder 

conferido, se interrelaciona con los otros, manteniendo

íntegra la autoridad de cada cual. Santana v. Gobernadora, 

165 DPR 28 (2005); Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 

361, 420 (1995). 

Por ello, el principio de separación de poderes procura 

establecer el ámbito de acción de cada una de las ramas 

mediante un sistema de pesos y contrapesos para evitar que 

las actuaciones de una de las ramas de gobierno causen 

detrimento a otra. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208 

DPR 115, 135 (2021); Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR. II, 
 MC-2024-0035 11

191 DPR 791, 802 (2014), Díaz Carrasquillo v. García 

Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014); Domínguez Castro v. ELA, 

178 DPR 1, 93 (2010).

Como resultado, este principio de separación de 

poderes salvaguarda la independencia de cada rama de 

gobierno. Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005). 

Ello resulta fundamental para nuestro esquema democrático 

de gobierno, por lo que no constituye una mera conveniencia 

o mecanismo de organización gubernamental. Córdova y Otros

v. Cámara Representantes, 171 DPR 789, 800, (2007) citando 

a Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724 (2004).

Al resolver una controversia que requiere un 

pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la doctrina de 

separación de poderes, debemos analizar si “en la 

operación real del sistema y en un contexto histórico 

determinado el poder delegado tiende a desembocar en una 

concentración de poder indebida en una de las ramas o en 

una disminución indeseable de la independencia que sea 

incompatible con el ordenamiento político de la 

Constitución”. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208 

DPR 115, 136 (2021) (citando a Nogueras v. Hernández Colón 

I, 127 DPR 405, 426 (1990)). 

En una de las decisiones judiciales más importantes 

de este Tribunal en torno a la separación de poderes, la 

cual contó con el criterio unánime de sus miembros, 

reiteré que “la doctrina de separación de poderes ... tiene 

como propósito fungir como un sistema de pesos y 
 MC-2024-0035 12

contrapesos entre las tres (3) Ramas o Poderes, con el fin 

de que se garantice que cada una ejerza un ejercicio cabal, 

legítimo y adecuado de sus funciones”. Dalmau Santiago v.

Oronoz Rodríguez, supra, pág. 174 (Op. de conformidad del 

Juez Asociado señor Estrella Martínez)(cita omitida).

Conviene aquí puntualizar que el tema de separación 

y delegación de poderes ha sido objeto de un extenso 

análisis en el contexto del Derecho Administrativo. En 

específico, se ha discutido ampliamente la delegación de 

poderes reglamentarios y adjudicativos por parte de la 

Asamblea Legislativa a los organismos administrativos por 

virtud de sus leyes orgánicas. Véanse, Departamento de 

Justicia v. Jiménez, 199 DPR 293 (2017); Danosa v. 

Negociado, 185 DPR 1008 (2012); M.& B. S., Inc., v. Depto. 

De Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987); López v. Junta 

de Planificación, 80 DPR 646 (1958); Hilton Hotels v. 

Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953); Luce & Company, 

S. en C. V. Junta de Salario Mínimo de P.R., 62 DPR 452 

(1943). 

De este modo, hemos expresado que, tanto en la 

jurisdicción federal como en la nuestra, es incuestionable 

la validez de la delegación de poderes a un organismo 

administrativo siempre y cuando mediante ley se

establezcan normas adecuadas, pautas, estándares, 

criterios o principios inteligibles, así como aquellas 

garantías o salvaguardas procesales y sustantivas que 

sirvan de guía a la delegación y que delimiten sus 
 MC-2024-0035 13

facultades. Ello para así evitar que las actuaciones de 

los entes administrativos resulten arbitrarias o 

caprichosas. Véanse, Sánchez Collazo v. Departamento de 

la Vivienda, 184 DPR 95 (2011); Bomberos Unidos v. Cuerpo 

Bomberos, 180 DPR 723, 742 (2011); Domínguez Castro v. 

ELA, supra, pág. 93; Rodríguez v. Bco. Gub. De Fom., 151 

DPR 383, 400 (2000).6 En el contexto administrativo, el 

“principio inteligible” tendría el efecto real de 

establecer límites a la jurisdicción de una agencia 

administrativa. M. Izquierdo Encarnación, Introducción al 

derecho administrativo, Ed. Situm, San Juan, 2019, pág. 

33.7

 

 6 Véase, Mistreta v. U.S., 488 U.S. 361, 372-373 

(1989), el cual resume perfectamente la doctrina federal 

de delegación de poderes y el “principio inteligible”. 

(“So long as Congress “shall lay down by legislative act 

an intelligible principle to which the person or body 

authorized to [exercise the delegated authority] is 

directed to conform, such legislative action is not a 

forbidden delegation of legislative power.” Íd., pág. 372 

(citas omitidas).

 7 Véase, J.W. Hampton & Co. v. United States, 276 

U.S. 394, 409 (1928), el cual acuñó la norma del principio 

inteligible: “[I]f Congress shall lay down by legislative 

act an intelligible principle to which the person or body 

authorized to fix such rates is directed to conform, such 

legislative action is not a forbidden delegation of 

legislative power.” Asimismo, en Whitman v. American 

Trucking, 531 U.S. 457, 474-475 (2001), se validó la 

delegación de poder hecha a la Environmental Protection 

Agency (EPA) para adoptar regulación siempre y cuando 

fuera en protección de la salud pública. Es decir, el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó como 

principio inteligible el requisito de que la regulación 

adoptada fuera para proteger la salud pública. Dicho foro 

judicial ha sido extremadamente deferente con las 

delegaciones hechas por el Congreso al Ejecutivo para 

ejecutar la política pública.
 MC-2024-0035 14

No obstante, la determinación de si la legislación 

en cuestión contiene un principio inteligible o normas 

adecuadas va a depender de un análisis caso a caso en el 

que se ausculten la delegación conferida y los criterios 

establecidos por el legislador. Sánchez V. Depto. 

Vivienda, 184 DPR 95, 122 (2011) (cita omitida). Véase, 

Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra, pág. (Op. de 

conformidad Juez Asociado señor Estrella Martínez).

Sin embargo, estos criterios, pautas o principios no 

tienen que ser expresos, pues pueden surgir, inclusive, 

del historial legislativo y podrían ser amplios y 

generales; si tiene un fin o interés público, por lo 

general es suficiente justificación para que se sostenga 

la delegación. (Negrillas suplidas). Domínguez Castro v. 

ELA, supra, pág. 93 (citas omitidas); Rodríguez Román v. 

Bco. Gub. De Fom., supra, pág. 400. Según hemos 

consignado, 

nada impide que la Legislatura establezca 

normas generales que sean amplias y que dejen al 

administrador un adecuado margen de libertad para 

complementar las normas legislativas mediante la 

utilización de un juicio especializado, que se 

pueda desarrollar conforme a un análisis, 

apreciación y discreción administrativa que tenga 

una base de razonabilidad. (Negrillas suplidas). 

Domínguez Castro v. ELA, supra, pág. 94; Debién 

v. Junta de Contabilidad, 76 DPR 96, 104 (1954).

En ese contexto, hemos reconocido que la delegación 

de poderes puede hacerse constitucionalmente a base de 

normas amplias y generales. López v. Junta de 

Planificación, 80 DPR 646, 661 (1958) (citas omitidas). 
 MC-2024-0035 15

B.

En lo aquí pertinente, es norma reiterada que, como 

parte del principio de separación de poderes en nuestro 

ordenamiento jurídico, al Poder Ejecutivo se le reconoció, 

entre otros deberes, las funciones, atribuciones y el 

poder expreso de “[c]umplir y hacer cumplir las leyes”, 

así como el de “[e]jercer las otras facultades y 

atribuciones y cumplir con los demás deberes que se le 

señalen por esta Constitución o por ley”. Art. IV, Secc. 

4, Const. PR, LPRA, Tomo 1.8

De ordinario, el Gobernador no posee poderes 

legislativos inherentes, los cuales, por arreglo

constitucional, pertenecen al Poder Legislativo. Véase, 

Art. III, Secc. 17 y Art. II, Secc. 19 de la Const. PR, 

LPRA, Tomo 1. Por esta razón, la única manera en la que 

el Poder Ejecutivo podría ejercer poderes legislativos es 

mediante la doctrina de la delegación de poderes. Esto 

ocurre cuando la Asamblea Legislativa, por medio de un 

estatuto, le confiere la facultad de ejercer ciertos 

poderes de naturaleza cuasi-legislativa sujetos a las 

 

 8 Véase, además, el Artículo 48 del Código Político 

de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 1. (“El Gobernador ejercerá 

las facultades y cumplirá las obligaciones enumeradas a 

continuación:... (14) Expedirá y trasmitirá las proclamas 

electorales. (15) Ejercerá las facultades y cumplirá las 

obligaciones que le están además asignadas por las leyes 

de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico”. 

(Negrillas suplidas). Íd. Véase también la Ley Núm. 104 

de 28 de junio de 1956, conocida como la Ley para facultar 

al Gobernador la delegación de ciertas funciones y 

deberes, 3 LPRA sec. 1a inciso (a) et seq.
 MC-2024-0035 16

exigencias constitucionales. Véase, J.M. Farinacci Fernós, 

Las órdenes Ejecutivas, el poder legislativo y las 

emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. y Leg. UIPR, (2020), 

págs. 2-3.

Ahora bien, el Gobernador tiene a su alcance el uso 

de las órdenes ejecutivas como un instrumento para 

ejecutar sus funciones, facultades y deberes. Asunto que 

nos conduce a auscultar la naturaleza, utilidad y alcance 

de las órdenes ejecutivas en nuestro ordenamiento

jurídico.

C.

Si bien no existe referencia constitucional o 

estatutaria que explique o regule el poder del Gobernador 

para emitir órdenes ejecutivas, estas se han definido como 

un mandato que el primer ejecutivo da a los componentes 

de la Rama Ejecutiva en virtud del poder inherente del 

Gobernador como administrador de esta rama. W. Vázquez 

Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto Rico y el 

uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 953, 988

y 1020 (2007).9 Véase, Hernández Romero v. Pol. De P.R.

177 DPR 121, 167 (2009) (Hernández Denton, Op. disidente).

 

 9 El Secretario de Justicia también ha emitido varias 

Opiniones sobre las órdenes ejecutivas. Véanse, Op. Sec. 

Just. Núm. 1968-2; 1984-31; 1985-5; 1985-10; 1991-25; 

1994-3; entre otras. Por otra parte, el Profesor W. 

Vázquez Irizarry define poder inherente como aquel que un 

funcionario reclama poseer independientemente de que no 

exista base textual alguna, directa o indirecta que lo 

valide o sostenga. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del 

Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 

76 Rev. Jur. UPR 951, 961 (2007).
 MC-2024-0035 17

En ese sentido, representan un mandato dirigido a uno de 

los brazos auxiliares del Poder Ejecutivo conforme a 

nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico 

estatutario. Hernández Romero v. Pol. De P.R., supra, pág. 

138.

En particular, existen leyes que sujetan determinadas 

actuaciones a su autorización mediante órdenes ejecutivas.

(Negrillas suplidas). W. Vázquez Irizarry, op. cit., pág.

1020. Así, consecuentemente, este Tribunal ha expresado

que un Gobernador tiene el poder inherente de emitir 

órdenes ejecutivas, pero que ese poder estará limitado por 

las leyes aplicables. (Negrillas suplidas). Otero De Ramos 

v. Srio. De Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002). A su vez, 

enunciamos que una orden ejecutiva no puede ir por encima

y derrotar los objetivos pretendidos por la Asamblea 

Legislativa al aprobar las leyes. (Negrillas suplidas) Íd. 

Similarmente, hemos reconocido que el uso de las 

órdenes ejecutivas responde a una actuación consustancial 

a las facultades delegadas por la Constitución de Puerto 

Rico al Poder Ejecutivo. Hernández, Romero v. Pol. de 

P.R., 177 DPR 121, 138 (2009); Otero De Ramos v. Srio. De 

Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002). Como resultado, el 

Gobernador tiene el poder de emitir órdenes ejecutivas y 

estas tendrán fuerza de ley siempre que su promulgación 

sea a tenor con los poderes explícitos conferidos por la 

Constitución o por un poder delegado por la Asamblea 
 MC-2024-0035 18

Legislativa mediante una ley.10 Rodríguez Ramos et al. v. 

ELA et al., 190 DPR 448, 463-464 (2014); Otero de Ramos 

v. Srio. de Hacienda, 156 DPR 876, 892 (2002).

En otras palabras, el Gobernador puede dictar órdenes

ejecutivas tanto para ejercer algún poder cuasilegislativo debidamente delegado por la Asamblea 

Legislativa como para ejercer sus poderes de naturaleza 

ejecutiva. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes Ejecutivas, 

el poder legislativo y las emergencias, 3 Amicus, Rev. 

Pol. Púb. y Leg. UIPR, (2020), pág. 3 (citas omitidas).

Como norma general, las órdenes ejecutivas solo 

aplican a los componentes de la Rama Ejecutiva, es decir, 

no le aplican a la ciudadanía en general. W. Vázquez 

Irizarry, op. cit., págs. 1029-1030. En vista de lo 

anterior, para que una orden ejecutiva pueda tener fuerza 

de ley, aplicar de forma general a la ciudadanía y tener 

efecto normativo, “debe tratarse del ejercicio de algún 

poder cuasi-legislativo debidamente delegado por la 

Asamblea Legislativa. De lo contrario, estaríamos ante un 

acto patentemente inconstitucional, por violar el 

 

 10 Véase, W. Vázquez Irizarry, Los poderes del 

Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 

76 Rev. Jur. UPR 951, 1029 (2007).(“La orden ejecutiva 

emitida conforme a una facultad dispuesta en ley 

constituye, al igual que la adopción de un reglamento por 

una agencia, un ejercicio de poderes delegados por la 

Asamblea Legislativa. En cambio, la orden adoptada al 

amparo de facultades constitucionales, aunque también 

responde a una delegación, posee un sentido más general y 

quizás menos limitado al provenir del poder 

constituyente”). Íd., pág. 1052.
 MC-2024-0035 19

principio de separación de poderes”. J.M. Farinacci

Fernós, op. cit., pág.3.

En ese contexto, surgirán controversias jurídicas

como la de autos en la que se procure examinar si la orden 

ejecutiva emitida por el Poder Ejecutivo está usurpando

el poder de legislar de la Asamblea Legislativa. Así, por 

ejemplo, se podría alegar que la orden ejecutiva es 

inválida o inconstitucional por el Gobernador carecer de 

poder para emitirla, que es inconstitucional por infringir 

alguna disposición de la Constitución o que es inválida 

por ser contraria a alguna ley. Véanse, W. Vázquez 

Irizarry, op. cit., pág. 1057. A causa de ello, la orden 

ejecutiva impugnada estará sujeta a revisión judicial y 

podría ser declarada inválida o inconstitucional. Véanse, 

W. Vázquez Irizarry, op. cit., págs. 1061-106211; Regla

21.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. VI.

Sin embargo, han sido pocas las ocasiones en que la 

jurisprudencia de este Tribunal ha tenido ante sí o 

mencionado órdenes ejecutivas específicas en circunstancias 

que no presentan problemas de separación de poderes por 

existir una delegación legislativa o por canalizar el 

ejercicio de poder que la Constitución le brinda al Primer 

Ejecutivo. J. J. Álvarez González, Derecho constitucional 

 

 11 “Aunque no toda acción judicial de impugnación de 

una orden [ejecutiva] tiene que conllevar un planteamiento 

constitucional, el remedio adecuado para llevar un caso 

ante los tribunales es uno que se utiliza tradicionalmente 

en el litigio público. Nos referimos a una solicitud de 

sentencia declaratoria acompañada de una petición para la 

expedición de un interdicto”. Íd., pág. 1061.
 MC-2024-0035 20

de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los 

Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 257

(citas omitidas).

Por ello, cuando se discute la impugnación de una orden 

ejecutiva es conveniente recurrir de modo ilustrativo a la 

esfera federal, en particular a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos en el caso normativo Youngstown 

Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579 (1952). En apretada 

síntesis, tal caso tuvo su génesis cuando el Congreso 

cuestionó si el entonces presidente Truman tenía el poder

constitucional como primer ejecutivo de la Nación y 

comandante en jefe de las fuerzas armadas para emitir la 

Orden Ejecutiva núm. 10340. En esta, se instruyó al 

Secretario de Comercio a incautar las fábricas de acero del 

país con el propósito de asegurar la producción de

armamentos y municiones para la Guerra de Corea (dado el 

inminente aviso de huelga de los trabajadores unionados).

Las compañías de acero impugnaron la orden ejecutiva y, en 

una votación de seis (6) a tres (3) con siete (7) opiniones 

distintas, el alto foro federal declaró la orden 

inconstitucional por violar el principio de separación de 

poderes, en particular por haber constituido un acto 

legislativo no autorizado ni constitucional ni 

estatutariamente. En concreto, determinó que:

The President's power, if any, to issue the 

order must stem either from an act of Congress or 

from the Constitution itself. There is no statute 

that expressly authorizes the President to take 

possession of property as he did here. Nor is there 

any act of Congress to which our attention has 
 MC-2024-0035 21

been directed from which such a power can fairly 

be implied. Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 

supra, pág. 585. 

En lo aquí material, la opinión concurrente del Juez 

Asociado Robert Jackson elaboró un análisis de tres (3) 

escenarios prácticos para determinar la validez de la 

actuación del ejecutivo y con ello distinguir entre las 

posibles consecuencias legales. En el primer escenario, que 

veremos es el mismo que se presenta en el caso ante nos, 

el presidente actúa conforme a una autorización expresa o 

implícita del Congreso. Íd., pág. 635. Bajo este escenario,

la autoridad del primer ejecutivo es máxima, pues incluye

la suma del poder que posee por sí mismo como presidente 

más todo aquel que el Congreso le pueda delegar. De esta 

forma, una actuación bajo este escenario gozaría de una 

presunción sólida y una amplia libertad de interpretación 

judicial, y la carga de persuadir recaería pesadamente

sobre aquel que intente atacarla. Íd., págs. 636-637.12

En el segundo supuesto, el presidente actúa en ausencia 

de autorización o prohibición del Congreso y solo se 

fundamenta en sus poderes inherentes. Aquí se crea un área

de penumbra, puesto que tanto el presidente como el Congreso 

pudieran tener autoridad concurrente o la distribución 

entre ambos pudiera ser incierta. Íd. En este escenario,

 

 12 El profesor J. J. Álvarez González comenta que, en 

este escenario, para que la actuación se decrete inválida 

tiene que haber violado la doctrina de poderes enumerados, 

las prerrogativas de los estados o un derecho individual. 

J.J. Álvarez González, Notas sobre derecho constitucional, 

Ed. Situm, San Juan, 2022, pág.20.
 MC-2024-0035 22

será una cuestión práctica evaluar la inercia, indiferencia 

o la quietud del Congreso en cuanto a si permitieron o 

invitaron a la actuación presidencial.

Por último, en el tercero de los escenarios, el 

presidente actúa tomando medidas que son contrarias a la 

voluntad legislativa expresa o implícita. Aquí su autoridad

está en el punto más bajo porque solo depende de sus propios 

poderes constitucionales en contraposición a los poderes 

del Congreso sobre el asunto. Un reclamo presidencial en 

este escenario requiere un escrutinio cuidadoso porque lo 

que está en juego es el equilibrio del sistema 

constitucional. Íd., pág. 637-368.13

Según adelantado, comenta el Profesor

constitucionalista J.J. Álvarez González que la 

jurisprudencia puertorriqueña está prácticamente huérfana 

de análisis sobre las fronteras entre aquellos asuntos que 

son competencia del poder ejecutivo y aquellos que 

requieren actuación legislativa, toda vez que no tenemos 

en nuestro ordenamiento jurídico una decisión análoga a 

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra. J. J. Álvarez 

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y 

 

 13 Al Juez Jackson aplicar su modelo tripartito de 

análisis a la orden ejecutiva del Presidente Truman,

resolvió que se trató de una actuación bajo el tercero de 

los escenarios. En apretada síntesis, concluyó que el 

presidente no tiene el poder legislativo, que su acción se 

originó de su propia voluntad individual, contrario a la 

voluntad del Congreso, y que, por ello, representó un 

ejercicio de autoridad sin ley. 
 MC-2024-0035 23

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 256.

Si bien el marco de análisis de Youngstown aún no ha 

sido aplicado de forma expresa por este Tribunal, sí ha 

sido empleado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos

y algunas cortes inferiores en instancias donde resultó 

necesario analizar si el Presidente tenía el poder para 

actuar cuando la autoridad constitucional entre este y el 

Congreso estaba en disputa. Véase, A. A. Graber, Executive 

Orders: An Introduction, U.S. Congressional Research 

Service, (R46738, Mar. 29, 2021), pág. 8.14 Del mismo modo, 

se debe tener presente que, aunque este modelo de Youngstown

es práctico y conveniente para evaluar la delegación de 

poderes constitucionales entre el Congreso y el Presidente, 

existen limitaciones adicionales a la acción del primer 

 

 14 Véase, City and County of San Francisco v. Trump, 

897 F.3d 1225 (9th Cir. 2018); Zivotofsky v. Kerry, 576 US 

1 (2015); Kaplan v. Conyers, 733 F.3d 1148 (Fed. Cir. 2013), 

cert. denied, 134 S. Ct. 1759, 188 L. Ed. 2d 592 (2014); 

Dames & Moore v. Regan, 453 US 654 (1981). 

Por otra parte, tenemos presente que, recientemente en 

Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278 (2023) 

(Sentencia), se impugnó la autoridad del Gobernador Hon. 

Pedro Pierluisi Urrutia para emitir órdenes ejecutivas para 

declarar una emergencia y delegar en el Secretario de Salud 

la facultad de establecer ciertas medidas relacionadas con 

el COVID-19. No obstante, recordemos que, tras divergencias 

de criterios, el caso se resolvió mediante una Sentencia

breve, con varias opiniones de conformidad y, por ello, no 

hubo una opinión mayoritaria que entrara en los méritos 

respecto al análisis del poder del Gobernador para emitir 

órdenes ejecutivas en el contexto de una emergencia, así 

como el alcance y la validez de las referidas órdenes. 

Véase, Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, supra (Op. de 

conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez).
 MC-2024-0035 24

ejecutivo como, por ejemplo, que este no podría ejercer una 

acción patentemente inconstitucional aun cuando el Congreso 

le autorizara a realizarla. A. A. Graber, supra, pág. 11 

citando a Clinton v. New York, 524 U.S. 417, 436 (1998).

En ese sentido, debo advertir que este no es el único 

modelo de análisis existente al cual los tribunales 

podemos recurrir al momento de revisar una actuación 

ejecutiva.15

Ahora bien, según se adelantado, soy del criterio que 

este pleito se enmarca en el primero de los escenarios del 

esquema de Youngstown, en el cual existe una delegación 

estatutaria al poder ejecutivo. Ante ello, debemos 

evaluar, además, el alcance de dicha delegación 

estatutaria y el alcance de la orden ejecutiva impugnada.

En la esfera federal para este análisis, los tribunales

generalmente pudieran: (1) evaluar el texto del estatuto 

para determinar el alcance de la delegación de poder; (2)

 

15 Por ejemplo, a nivel federal se reconoce que:

 

[...]In other cases, a reviewing court may 

determine the scope of Congress’s delegation of 

power to the President. To perform that 

analysis, courts will generally use traditional 

tools of statutory interpretation. Courts may 

also be required to determine the scope of the 

President’s action in the executive order. 

Courts will begin with the text of the executive 

order, and may defer to agency interpretations 

of that order (depending on the circumstances of 

the particular case). Separately, courts may 

also review other constitutional issues raised 

by the executive order (for example, whether the 

order violates the First Amendment to the U.S. 

Constitution). A. A. Graber, supra. 
 MC-2024-0035 25

considerar la cantidad de poder que normalmente se le 

otorga al poder ejecutivo en la materia en cuestión, y (3)

considerar si el poder legislativo no ha actuado después

de acciones ejecutivas tomadas conforme al estatuto (la 

acción o inacción para concluir si hubo aceptación al 

poder conferido).16 A. A. Graber, supra., pág. 12 (citas 

omitidas).17

En síntesis, ante una controversia como la de autos, 

el Tribunal evaluará si la actuación ejecutiva, como la 

 

16 Para un caso en que se evaluó el alcance del poder 

delegado por el Congreso, véase, Trump v. Hawaii, 585 U.S. 

667 (2018).

17 El Profesor Farinacci-Fernós propone un análisis 

similar para evaluar la validez del contenido legislativo 

de las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador, el 

cual dependerá de dos (2) factores a considerarse. En 

primer lugar, si cumple con los requisitos 

constitucionales de la doctrina de la delegación de 

poderes. Es decir: (1) si se trata de un poder delegable; 

(2) si, en efecto, se llevó a cabo la delegación; (3) si 

se acompañaron suficientes principios inteligibles para 

guiar el ejercicio del poder cuasi-legislativo delegado; 

(4) si las órdenes ejecutivas están dentro de los límites 

establecidos por la ley, y (5) si el ejercicio de dicho 

poder no es arbitrario o caprichoso. Luego propone que se 

debe evaluar el componente sustantivo, que la referida 

orden ejecutiva no puede violar los derechos consagrados 

en la Constitución, particularmente que “[d]ado que las 

órdenes ejecutivas interfieren directamente con derechos 

fundamentales como la expresión, la asociación y la 

libertad de movimiento, el contenido de las órdenes 

ejecutivas debe analizarse a través de un escrutinio 

estricto”. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes Ejecutivas, 

el poder legislativo y las emergencias, 3 Amicus, Rev. 

Pol. Púb. Y Leg. UIPR, (2020), pág. 5. Nótese que este 

modelo se asemeja al utilizado al evaluar la delegación 

de poder de reglamentación y adjudicación a las agencias 

administrativas por parte de la Asamblea Legislativa en 

las leyes habilitadoras. Según apreciado, este Tribunal 

observó esos criterios y examinó con detenimiento los 

planteamientos de alegadas violaciones de derechos 

fundamentales de los demandantes.
 MC-2024-0035 26

aquí impugnada, constituye un ejercicio legítimo de poder 

por existir una delegación con base legal al amparo del 

esquema constitucional que sustente la facultad o 

prerrogativa pretendida, o si, por el contrario,

representa una usurpación de las facultades legislativas.

Indistintamente del modelo de análisis, ello sin duda

alguna requiere una evaluación e interpretación judicial

tanto del texto del estatuto como de la actuación del 

Primer Ejecutivo, todo esto enmarcado en nuestro

ordenamiento constitucional y en la doctrina de delegación 

de poderes. 

V

Así las cosas, la controversia se circunscribe a 

revisar judicialmente la validez de la Ley Núm. 165-2020 

y de la OE-2024-016 bajo el principio de separación de 

poderes y la doctrina de delegación de poderes. Para esto,

como punto de partida, es necesario examinar tanto el texto 

de la Ley Núm. 165-2020, por tratarse del estatuto en el 

que el Gobernador sustenta el ejercicio de su autoridad, 

así como de la OE-2024-016 y la Proclama del Gobernador 

Boletín Administrativo Núm.: P.2024-277 del 1 de julio de 

2024, por constituir la acción ejecutiva impugnada.

Veamos.

La Ley Núm. 165-2020 reconoció como política pública

del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente:

Conforme a la Ley 51-2020, conocida como “Ley 

para la Definición Final del Estatus Político 

de Puerto Rico”, y los resultados del 

Plebiscito de Estadidad Sí o No que por virtud 
 MC-2024-0035 27

de dicha ley se realizó el 3 de noviembre de 

2020, una mayoría absoluta de los electores 

reclamó la igualdad de deberes y derechos como 

ciudadanos americanos con la estadidad. Este 

reclamo electoral del pueblo de Puerto Rico 

constituye un mandato a su gobierno y un fin 

público con la más alta prioridad. 

[...]

Esta Ley [165-2020] dispone los procedimientos 

y los parámetros que regirán la celebración de 

toda consulta electoral cuyo propósito sea 

hacer valer la voluntad electoral de la mayoría 

absoluta de los electores en el plebiscito de 

3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier

petición, propuesta, respuesta o ratificación 

electoral relacionada con el estatus político 

de Puerto Rico que sea presentada o solicitada 

por una o ambas cámaras legislativas del 

Congreso, el Presidente de Estados Unidos de 

América o ambos. 

En Orlando José Aponte Rosario v. Presidente 

Comisión Estatal de Elecciones (2020 TSPR 119) 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que 

la Asamblea Legislativa tiene la facultad de 

escoger mecanismos legítimos para adelantar su 

objetivo y registrar la expresión del pueblo. 

La sabiduría o conveniencia de esa 

determinación legislativa es una cuestión 

política no justiciable. Por lo tanto, conforme 

al mandato del pueblo, en los plebiscitos de 

2012 y 2017, el Subcapítulo VII-B de la Ley 58-

2020, conocida como Código Electoral de Puerto 

Rico de 2020 y la Ley 51-2020, conocida como la 

Ley para la Definición Final del Estatus 

Político de Puerto Rico tienen un fin público 

conforme al Sec. 9 del Art. VI de la 

Constitución de Puerto Rico.18 

Esta Ley, por lo tanto, cumple cabalmente en 

todos sus alcances y propósitos con el 

principio de “fin público” dispuesto en nuestra 

Constitución y con las interpretaciones del 

Tribunal Supremo. (Negrillas suplidas) 

Artículo 1.3 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA 

sec. 977a.

 

 18 “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos 

públicos para fines públicos y para sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del estado, y en todo 

caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 9, Const. P.R. 

LPRA, Tomo 1.
 MC-2024-0035 28

Nótese que la Ley Núm. 165-2020 constituyó un 

ejercicio del Poder Legislativo para institucionalizar 

como política pública el mandato del pueblo reiterado 

consistentemente en las tres (3) últimas consultas de 

estatus político (2012, 2017 y 2020). Como reconocimos en 

Aponte Nazario, “[e]xiste un fin público en la legislación 

aprobada por mandato de los electores de Puerto Rico para 

ejercer su derecho de autodeterminación.” Aponte Nazario 

v. Presidente Comisión Estatal de Elecciones, supra, pág. 

422.

En lo aquí pertinente, y relacionado con nuestra 

discusión previa sobre la formulación del principio de 

inteligibilidad, el estatuto enumeró en su Exposición de 

Motivos seis (6) propósitos principales: 

1. Establecer que las acciones y las gestiones 

dirigidas a hacer valer la petición de la 

estadidad por la mayoría absoluta de los 

electores en el Plebiscito de 3 de noviembre de 

2020, constituye un fin público de la más alta 

prioridad y también un mandato del pueblo a su 

gobierno.

2. Garantizar la protección del derecho 

fundamental protegido por la Primera Enmienda 

de la Constitución federal que tienen los 

ciudadanos americanos de Puerto Rico para 

reclamar al Gobierno federal la reparación del 

agravio que representa la actual condición 

territorial establecida hace 122 años.

3. Autorizar al Gobernador a tomar las medidas que 

sean necesarias dentro del marco de un “fin 

público” para hacer valer la voluntad electoral 

mayoritaria del Plebiscito de 2020.

4. Implementar y apoyar los propósitos de la Ley 

51-2020, conocida como “Ley para la Definición 

Final del Estatus Político de Puerto Rico”, 
 MC-2024-0035 29

incluyendo la coordinación y la ejecución de la 

transición a la estadidad ordenada en esta.

5. Fortalecer a la Comisión para la Igualdad de 

Puerto Rico, creada por la Ley 30-2017, según 

enmendada, a los fines de facilitar el 

cumplimiento de sus funciones y deberes 

legales. 

6. Establecer las reglas para agilizar y 

garantizar que el pueblo de Puerto Rico pueda 

volver a votar, en caso de ser necesario, para 

hacer valer su voluntad electoral expresada en 

el Plebiscito de 2020, incluyendo cualquier 

votación que sea necesaria para responder a 

cualquier petición, propuesta, respuesta o 

ratificación electoral relacionada con el 

estatus político de Puerto Rico que sea 

planteada o solicitada por una o ambas cámaras 

legislativas del Congreso, el Presidente de 

Estados Unidos de América o ambos. (Negrillas 

suplidas). Íd., Exposición de Motivos.

Obsérvese que, desde la Exposición de Motivos, se 

reconoce que el Gobernador posee poderes amplios delegados

para implementar la política pública, lo que incluye tomar 

aquellas medidas que la adelanten y que se enmarquen en 

un fin público. Cónsono con ello y lo enunciado en el 

tercero de los propósitos, el estatuto define al 

“Gobernador” como la persona autorizada por esta Ley para:

tomar las medidas que sean necesarias dentro 

del marco de un “fin público”, como contratar, 

asignar, reasignar, obligar o dedicar recursos 

públicos para hacer valer, dentro o fuera de 

Puerto Rico, la voluntad electoral mayoritaria 

del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020; 

incluyendo convocar las votaciones que sean 

necesarias para hacer valer esa voluntad 

electoral”. (Negrillas suplidas). Artículo 

1.4(o) de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977b.

Similarmente, mediante el Artículo 8.3, siendo este 

el origen de este pleito, se dispuso expresamente que 
 MC-2024-0035 30

[l]a Asamblea Legislativa faculta al Gobernador 

de Puerto Rico para hacer cumplir todos los 

propósitos de esta Ley mediante Orden Ejecutiva.

Esta facultad discrecional que se le confiere al 

Gobernador, siempre se ejercerá haciendo 

prevalecer la voluntad electoral de la mayoría 

absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto 

Rico en favor de la igualdad con la estadidad, 

según expresada en el plebiscito de 3 de 

noviembre de 2020. (Negrillas suplidas). Artículo 

8.3 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 984b.

Consecuente con dicha facultad delegada, y muy 

similarmente a lo que serían las Proclamas de otros 

eventos electorales, el Artículo 2.1 a su vez delimitó los 

principios o parámetros de la actuación autorizada al 

Gobernador al específicamente facultarle a convocar 

mediante orden ejecutiva, cuando lo considere necesario:

a. Una votación o proceso electoral para 

hacer valer la voluntad electoral de la mayoría 

absoluta de los ciudadanos americanos de Puerto 

Rico en favor de la estadidad, según los 

resultados del Plebiscito de 3 de noviembre de 

2020. 

b. Esa facultad del Gobernador también podrá 

ser ejercida para convocar e instrumentar una 

votación cuando medie alguna petición, 

propuesta, respuesta o ratificación electoral 

relacionada con el estatus político de Puerto 

Rico que sea presentada o solicitada por una o 

ambas cámaras legislativas del Congreso, el 

Presidente de Estados Unidos de América o 

ambos. 

c. El Gobernador podrá llevar a cabo una 

consulta electoral con una papeleta avalada por 

el Departamento de Justicia Federal conforme a 

la P.L. 113-76.

d. Una consulta para una ratificación de la 

voluntad del Pueblo de Puerto Rico.

e. Una votación para resolver el estatus 

político futuro de Puerto Rico. (Negrillas 

suplidas) Artículo 2.1 de la Ley Núm. 165-2020, 

16 LPRA sec. 978.
 MC-2024-0035 31

Ahora bien, esta autorización al Gobernador para 

dictar una Proclama de convocatoria para cada votación que 

convoque por virtud de la Ley Núm. 165-2020 debe 

circunscribirse a ciertos criterios de forma y 

notificación muy puntuales.19 Íd., Artículo 2.2, infra.

Precisamente, el Artículo 2.2 dispone tanto de elementos 

procesales como sustantivos que deberán incluirse en la 

Proclama en conjunto con aquellas facultades cuasilegislativas delegadas al Gobernador. Al respecto, de 

manera detallada se establece: el horario de la votación;

el proceso para certificar los resultados conforme a la 

doctrina de Suarez Cáceres v. Com. Estatal de Elecciones, 

176 DPR 31 (2009); el sistema de escrutinio a utilizarse 

por la Comisión Estatal de Elecciones; el proceso para 

identificar a los electores calificados; la garantía del 

derecho al voto, incluyendo el voto ausente y adelantado;

los mecanismos de educación y divulgación al electorado;

 

 19 En particular: Las votaciones convocadas por el 

Gobernador, en cumplimiento con los propósitos de esta 

Ley, podrán coincidir en fecha con eventos electorales 

convocados por otras leyes, e incluso con las Elecciones 

Generales. 

El Gobernador deberá proclamar la convocatoria de esas 

votaciones no más tarde de los noventa (90) días previos 

a la fecha seleccionada para su celebración. Deberá 

publicar la proclama de convocatoria en por lo menos dos 

(2) periódicos de circulación general en Puerto Rico en

los idiomas español e inglés. Además del sello de la 

gobernación en el encabezamiento de la proclama, se 

incluirá la fecha y el título “Ley para Implementar la 

Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”. Íd.
 MC-2024-0035 32

y el reconocimiento a las leyes supletorias aplicables en 

todo aquello que no contradiga la Ley Núm. 165-2020 

(incluyendo el Código Electoral de 2020). Véase, Artículo 

2.2 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 978a. Del mismo 

modo, el contenido sustantivo de todos esos temas también 

se elabora en los capítulos y artículos subsiguientes de 

la Ley Núm. 165-2020. Véanse los Capítulos II en adelante 

de la Ley Núm. 165-2020.

Además, el Artículo 2.2 también particulariza 

aquellas prerrogativas delegadas exclusivamente al Primer 

Ejecutivo “en el ejercicio de las facultades y los deberes 

que esta Ley le confiere al Gobernador”. Íd. Así, sobre

la convocatoria, se reconoce que el Gobernador determinará 

en su Proclama: (1) la fecha de la votación convocada,20

(2) las alternativas que se le presentarán a los electores 

en la papeleta de votación y la pregunta, si alguna, que 

se les planteará a los electores en la misma papeleta, y 

(3) el significado de cada alternativa impresa en la 

papeleta que se le presentarán a los electores. Íd., 16 

LPRA sec. 978a.

Con relación a la fecha de la consulta, el propio 

estatuto reconoce que la selección de la fecha de la 

votación pudiese “coincidir en fecha con eventos 

electorales convocados por otras leyes, e incluso con las 

elecciones generales”. Artículo, 2.1 de la Ley Núm. 165-

 

 20 Véase, además, el Artículo 5.1 de la Ley Núm. 165-

2020, 16 LPRA sec. 981.
 MC-2024-0035 33

2020, supra. Ello precisamente fue lo que ocurrió aquí, 

pues surge tanto de la OE-2024-016 como de la Proclama en 

controversia que el Gobernador seleccionó el 5 de 

noviembre de 2024 como la fecha del plebiscito, misma 

fecha de las elecciones generales. Véase, Proclama del 

Gobernador Boletín Administrativo Núm.: P.2024-277 del 1 

de julio de 2024, pág. 2.

Por otro lado, en cuanto a las alternativas que se 

les presentarán a los electores y su significado, 

adviértase que el Artículo 4.1 delimita el alcance de esta 

facultad. Artículo 4.1 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA 

sec. 980. Asimismo, conviene recordar que, en virtud de 

la doctrina de delegación de poderes, los criterios, 

pautas y principios no tienen que ser expresos, pues como 

vimos, podrían ser amplios y generales y si tienen un fin 

o interés público, por lo general será suficiente 

justificación para sostener la delegación. (Negrillas 

suplidas). Domínguez Castro v. ELA, supra, pág. 93 (citas 

omitidas); Rodríguez Román v. Bco. Gub. De Fom., supra, 

pág. 400.

De esta forma, la Asamblea Legislativa facultó al 

Gobernador, como en efecto ocurrió, a identificar y 

definir las alternativas. Claramente, estas alternativas 

tendrían que guiarse y ser consistentes con el propósito 

e interés público primordial de la Ley Núm. 165-2020, que 

es, entre otras, la celebración de toda consulta electoral

o votación cuyo propósito sea hacer valer la voluntad 
 MC-2024-0035 34

electoral de la mayoría absoluta de los electores,

reiterada en los pasados plebiscitos de 2020, 2017 y 2012.

Dicho esto, aunque la Ley Núm. 165-2020 confiere al 

Gobernador el poder cuasi-legislativo de identificar y 

definir las alternativas o pregunta de estatus político

que se incluirán en la papeleta, -lo que a todas luces 

implica una delegación amplia y general sobre las opciones

de la consulta-, la propia ley establece ciertos

parámetros al ejercicio de la discreción y potestad que 

pueda tener el Gobernador sobre el asunto. Ciertamente, 

esta discreción cedería ante la eventualidad de que fuese

el gobierno federal de los Estados Unidos el que 

estableciera la pregunta que se les hará a los electores, 

si alguna, y las alternativas a incluirse en la papeleta 

de votación. Obsérvese que tal excepción no ocurrió en 

este caso.

Sin embargo, se desprenden tanto de la OE-2024-016 

como de la Proclama del Gobernador las tres (3) 

alternativas identificadas para la consulta 

plebiscitaria, a saber: la independencia, la soberanía en 

libre asociación con los Estados Unidos o la estadidad, 

así como las definiciones de cada una de estas opciones

según surgieron del texto propuesto por la Cámara de 
 MC-2024-0035 35

Representantes de los Estados Unidos para el proyecto de 

ley “Puerto Rico Status Act, H.R. 8393”.21

Ante este panorama, opino que muy difícilmente podría 

sostenerse con éxito que las alternativas seleccionadas y 

definidas en virtud del poder cuasi-legislativo delegado 

por la Ley Núm. 165-2020 y su política pública son 

arbitrarias, caprichosas, irrazonables o representan una 

usurpación a la facultad de la Asamblea Legislativa de 

legislar. Por el contrario, sostengo que tienen apoyo en 

una base de razonabilidad y en el ámbito de discreción y 

autoridad delegada estatutariamente al Primer Ejecutivo.

Similarmente, relacionado con los límites del poder 

delegado, es pertinente clarificar que la Ley Núm. 165-

2020 también le reconoce un rol concomitante a la Comisión 

Estatal de Elecciones. A causa de ello, y cónsono con 

nuestro Código Electoral de 2020, infra, la identifica 

como la agencia con la obligación primaria de planificar, 

 

21 Dicho Proyecto de la Cámara de Representantes del 

Congreso de los Estados Unidos se presentó el 15 de julio 

de 2022 con el propósito de “[t]o enable the people of 

Puerto Rico to choose a permanent, nonterritorial, fully 

self-governing political status for Puerto Rico and to 

provide for a transition to and the implementation of that 

permanent, nonterritorial, fully self-governing political 

status, and for other purposes”. H.R. 8393. Este proyecto 

no culminó su trámite legislativo para convertirse en ley. 

En lo aquí pertinente, proponía para la realización de un 

plebiscito en Puerto Rico el 5 de noviembre de 2023 con 

las siguientes alternativas: independencia, soberanía en 

libre asociación con los Estados Unidos y estadidad. 

Véase, H.R. 9393, Congress.Gov, Text - H.R.8393 - 117th 

Congress (2021-2022): Puerto Rico Status Act | 

Congress.gov | Library of Congress (última visita el 23

de agosto de 2024).
 MC-2024-0035 36

coordinar y realizar toda votación o proceso electoral 

autorizado por virtud de dicha Ley, como lo sería el 

plebiscito aquí impugnado, incluyendo el escrutinio 

general y la certificación de sus resultados. Artículo 1.5 

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977c. Véase, además,

los Artículos 5.11 y 5.12, de la Ley Núm. 165-2020, 16 

LPRA sec. 981j-981k.

Por ejemplo, en el Capítulo III de la Ley Núm. 165-

2020 se especifican los trámites requeridos por la 

Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) 

previo a la votación; en el Capítulo IV se detallan las 

instrucciones a los electores que deben incluirse en las 

papeletas de votación y la campaña de educación que deberá 

llevar a cabo la C.E.E.; en el Capítulo V, entre varios 

asuntos, se incluye una lista de los deberes específicos 

de la C.E.E. para la votación; en el Capítulo VI se aborda 

el procedimiento para certificar como representantes de 

las alternativas de las papeletas, entre otras 

disposiciones que limitan el alcance de la delegación de 

poder. Ley Núm. 165-2020, supra.

Adviértase que ello es consistente con el Capítulo 

XI del Código Electoral de Puerto Rico relacionado con el 

rol de la C.E.E. ante un referéndum, consulta o plebiscito

en virtud de la ley habilitadora que lo instrumente.

Artículos 11.1-11.11 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 

4781-4791. Además, recuérdese que nos encontramos ante una 

ley especial y, por reconocimiento expreso, el Código 
 MC-2024-0035 37

Electoral de 2020 aplica supletoriamente en todo aquello 

que no fuese campo ocupado o le contradiga. Artículo 1.6 

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPR A sec. 977d.22

VI

Hasta este punto queda claro que, a través de la Ley 

Núm. 165-2020, la Asamblea Legislativa delegó en el 

Gobernador la facultad discrecional de convocar, mediante 

orden ejecutiva y proclama, una votación o proceso 

electoral para hacer valer la voluntad de la mayoría 

absoluta de los ciudadanos de Puerto Rico, según los 

resultados del Plebiscito del 3 de noviembre de 2020 como 

pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Como resultado, el plebiscito convocado para el 5 de 

noviembre de 2024 constituye una implementación de la 

delegación de poderes cuasi-legislativos expresamente 

conferidos al Gobernador por la Ley Núm. 165-2020. Por 

 

 22 “Todo referéndum, consulta o plebiscito que se 

realice en Puerto Rico, se regirá por una ley habilitadora 

y por las disposiciones de esta Ley [Código Electoral] en 

todo aquello necesario o pertinente para lo cual dicha ley 

habilitadora no disponga de manera específica” (Negrillas 

suplidas). Artículo 11.1 del Código Electoral de 2020, 16 

LPRA sec. 4781.(1). A su vez, el inciso subsiguiente 

clarifica el rol supletorio de los Comisionados ante la 

eventualidad que la ley habilitadora del plebiscito no lo 

disponga: “[c]uando cualquier ley o ley habilitadora no 

disponga de manera específica sobre el diseño y la 

ejecución de la campaña educativa objetiva y no partidista 

de la o las alternativas en un referéndum, consulta o 

plebiscito y la orientación sobre los aspectos electorales 

de la misma, serán los miembros propietarios de la 

Comisión quienes deberán realizar ese diseño y ejecución”. 

Íd., (2). Nótese que esta disposición desvanece la 

alegación de los demandantes peticionarios sobre la 

usurpación de las facultades de los Comisionados 

Electorales en el plebiscito, pues todos estos asuntos se 

atendieron en la Ley Núm. 165-2020. 
 MC-2024-0035 38

ello, al dictar la referida orden ejecutiva, el Gobernador 

se circunscribió a un poder expresamente delegado por

virtud de ley.

Por demás, el Gobernador está ejerciendo 

simultáneamente su función constitucional de cumplir y 

hacer cumplir las leyes y aquellos deberes que se le 

señalen mediante ley. Art. IV, Secc. 4, Const. PR, LPRA, 

Tomo 1. En ese escenario, y según la normativa antes 

reseñada, la OE-2024-016 tiene fuerza de ley, pues su base 

legal está arraigada en la autoridad y en los parámetros 

conferidos estatutariamente.

En consecuencia, al considerar los escenarios 

planteados en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, 

la actuación del Gobernador se enmarca en el primer 

escenario. Es evidente que, al dictar la OE-2024-016, el 

Gobernador actuó conforme a una autorización expresa de la 

Asamblea Legislativa. A tales efectos, su autoridad es 

máxima, ya que incluye la suma del poder que posee por su 

rol como Primer Ejecutivo más todo aquel que la Asamblea 

Legislativa le delegó. De esta forma, su actuación bajo 

este escenario goza de una presunción sólida que merece una 

amplia libertad de interpretación judicial y, por ende, la 

carga de persuadir recae pesadamente sobre aquella parte 

que pretende atacarla. Véase, Youngstown Sheet & Tube Co.

v. Sawyer, supra (Op. concurrente del Juez Jackson).

Igualmente importante, la Constitución de Puerto Rico 

no presenta algún impedimento ni limita la delegación de 
 MC-2024-0035 39

poder que la Asamblea Legislativa otorgó al Gobernador para 

convocar e instrumentar un plebiscito conforme a la 

política pública establecida en la Ley Núm. 165-2020. Por 

el contrario, la propia Constitución de Puerto Rico 

establece que se dispondrá por ley todo lo concerniente al 

proceso electoral, tal como ocurrió aquí. Véase, Art. VI, 

Sec. 4, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. Así, en asuntos de materia

electoral, la Asamblea Legislativa posee un amplio margen

de autoridad para legislar. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v.

Romero Barceló, 110 DPR 248, 256 (1980).

En el contexto de una controversia sobre la 

separación de poderes, donde la adjudicación se centra en 

el derecho al voto como herramienta para reclamar la

reparación de agravios al Gobierno federal, y con el fin 

de obtener una solución acerca del estatus jurídicopolítico de Puerto Rico, es pertinente recordar las 

palabras del Delegado Figueroa en la Asamblea 

Constituyente: 

“Vamos a llevar principios a la constitución. 

Acordémonos que la constitución en su parte

dogmática garantiza los derechos del ciudadano. Y 

acordémonos también que en su parte orgánica debe 

establecer el funcionamiento de los tres poderes 

del gobierno dentro del equilibrio balanceado que 

ha establecido como una norma brillante y 

admirable la nación americana.” Diario de 

Sesiones de la Convención Constituyen, pág. 1299.

Precisamente, el balance requerido en nuestro 

ordenamiento constitucional exige reconocer que la 

Asamblea Legislativa delineó una política pública que es 

válidamente ejecutable por las acciones administrativas
 MC-2024-0035 40

de diversos componentes del Poder Ejecutivo. La separación 

de poderes busca el balance adecuado para que, 

primordialmente, no se vulneren los derechos de la 

ciudadanía. Sin embargo, la parte demandante nos invita a 

una interpretación del concepto de separación de poderes 

que establecería una independencia formalista y rígida 

entre poderes que, a fin de cuentas, provocaría un 

obstáculo mayor a la expresión del Pueblo de Puerto Rico 

a través del ejercicio democrático del derecho al voto.

Por lo tanto, contrario a lo alegado por los 

demandantes peticionarios, no nos hallamos ante una 

delegación de poder irrestricta ni ante una actuación 

unilateral del Gobernador que viole el principio de 

separación de poderes. Esta delegación al Poder Ejecutivo 

no constituye, por sí sola, un menoscabo a las facultades 

legislativas. La OE-2024-016 no representa una acción 

arbitraria o caprichosa por parte del Gobernador, sino que 

tiene base en la Ley Núm. 165-2020 y su alcance se 

circunscribe al poder cuasi-legislativo delegado.

VII

Dicho todo esto, me es preciso señalar que tampoco 

tiene méritos el reclamo de los demandantes peticionarios 

de que tanto la Ley Núm. 165-2020 como la OE-2024-016 

violan el derecho a la libertad de expresión en su 

modalidad de reglamentación de contenido y que, por ello,

se infringe la cláusula constitucional de igual protección 
 MC-2024-0035 41

de las leyes.23 Para resolver esto, conviene reseñar la 

normativa y estándar aplicable ante un reclamo de 

violación constitucional por control gubernamental en el 

contenido de la expresión. 

A.

La Sección Cuarta de la Carta de Derechos de la 

Constitución de Puerto Rico consagra el derecho 

fundamental de los ciudadanos a la libertad de expresión 

como uno de los valores de más alta jerarquía 

constitucional, al disponer que “[n]o se aprobará ley 

alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o 

el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a 

pedir al gobierno la reparación de agravios”. Art. II, 

Sec. 4, Const. P.R. LPRA, Tomo 1. ELA v. Northwestern 

Selecta, 185 DPR 40 (2012); Vigoreaux Lorenzana v. 

 

 23 En lo que atañe a la alegación que el Artículo 5.10 

(a) de la Ley Núm. 165-2020 es ambiguo por establecer que 

resultará ganadora la alternativa que obtenga el 100% de 

los votos válidos, es evidente que se trató de una 

inadvertencia en su redacción. Acoger lo sugerido por los 

demandantes peticionarios daría al traste con el sistema 

electoral democrático representativo donde siempre 

resulta ganador el candidato o asunto que obtenga la mayor 

cantidad de votos válidos de los electores. Véase, además,

el Artículo 20 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 

5342. (“Para descubrir el verdadero sentido de una ley 

cuando sus expresiones son ambiguas, se considerará su 

razón y su espíritu, mediante la atención a los objetivos 

del legislador, a la causa o el motivo para dictarla”.

Íd.) Véase, además, Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31 (2009). 
 MC-2024-0035 42

Quizno’s, 173 DPR 254 (2008); Muñiz v. Admor. Deporte 

Hípico, 156 DPR 18 (2002).24

El derecho a la libertad de expresión abarca el 

ámbito general de la libertad de conciencia, de 

pensamiento, de expresión y las actividades propias para 

ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad 

la totalidad de esos derechos. Oficina del Comisionado de 

Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co. Inc., 205 DPR 

1005, 1018 (2020); U.P.R. v. Laborde Torres, 180 DPR 253, 

286 (2010); Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 

23 (citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente 2564 (1951)). 

Este derecho fue concebido no solamente como una 

garantía de la expresión política, sino también para 

facilitar el desarrollo pleno del individuo y estimular 

el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos 

vitales del proceso democrático. Izquierdo II v. Cruz, 

2024 TSPR 20 (2024); U.P.R. v. Laborde Torres, supra, pág. 

286; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 DPR 568, 576 (1992). 

En vista de ello, esta garantía constitucional es raíz

indiscutible de nuestro sistema democrático de gobierno 

y, en consecuencia, los tribunales estamos llamados a su 

 

24 Esta protección se extiende tanto a personas 

naturales como a personas jurídicas. Véase, Asoc. de 

Maestros v. Srio. de Educación, 156 DPR 754 (2002); 

Colegio de Abogados v. Schneider, 112 DPR 540 (1982) 

citando a First National Bank of Boston v. Belloti, 435 

US 765 (1978). Véase, además, Citizens United v. Federal 

Election Com’n, 558 US 310 (2010).
 MC-2024-0035 43

más cautelosa protección. U.P.R. v. Laborde, supra, págs. 

286-87; Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra, pág. 260.

En lo aquí material, esta garantía constitucional a 

la libertad de expresión no constituye un derecho 

absoluto, pues puede subordinarse a otros intereses cuando 

la necesidad y conveniencia pública lo requieran. Oficina 

del Comisionado de Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co. 

Inc., supra, pág. 1019; U.P.R. v. Laborde, supra; Asoc. 

de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768; Mari 

Brás v. Casañas, 96 DPR 15, 20-21 (1968). En consecuencia, 

es norma reiterada que este derecho está sujeto a la 

imposición de limitaciones, siempre y cuando las mismas 

sean interpretadas restrictivamente, de manera que no 

abarquen más de lo necesario. Oficina del Comisionado de 

Seguros de P.R. v. Point Guard Ins. Co. Inc., supra, pág. 

1019; U.P.R. v. Laborde Torres, supra; Muñiz v. Admor. 

Deporte Hípico, supra, pág. 24; Velázquez Pagán v. A.M.A.,

131 DPR 568, 577 (1992).

La precitada Sección Cuarta de nuestra Carta de 

Derechos tiene su origen en la Primera Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos. Emda. I, Const. EE.UU., 

LPRA, Tomo 1. Véase, U.P.R. v. Laborde Torres, supra,

(citando a J. Trías Monge, Historia Constitucional de 

Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181).25

 

 25 Véanse, Balzac v. People of Porto Rico, 258 US 298, 

314 (1922). Véanse, además: Pueblo v. García Colón I, 182 

DPR 129, 147 (2011); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

supra, pág. 288; Izquierdo II v. Cruz, supra.
 MC-2024-0035 44

Por esa razón, en nuestro ordenamiento jurídico hemos 

adoptado el análisis utilizado por el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos al momento de resolver controversias 

que involucren el derecho a la libertad de expresión, 

entiéndase, la distinción entre la reglamentación 

gubernamental del contenido de la expresión vis a vis la 

reglamentación gubernamental del tiempo, lugar y manera 

de la expresión. Íd. en la pág. 288; Muñiz v. Admor. 

Deporte Hípico, supra, (citando a R. Serrano Geyls, 

Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 

San Juan. Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, pág. 1278); 

Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

En lo que aquí nos concierne, las reglamentaciones 

de contenido son especialmente desfavorecidas y suelen 

someterse a un escrutinio estricto, el cual requiere que 

exista un propósito gubernamental apremiante y que la 

medida sea necesaria para alcanzarlo. J. J. Álvarez 

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y 

relaciones constitucionales con los Estados Unidos, 

Bogotá, Ed. Temis, Tomo 1, 2009, pág. 972. Sin embargo, 

“algunas reglamentaciones de contenido se permiten cuando 

conciernen a ciertos tipos de contenido que no se 

consideran protegidos por la libertad de expresión o cuya 

protección es de menor grado”. Íd.

Ante una controversia donde se alegue una 

intervención gubernamental con el contenido de cierta 

expresión, el tribunal tendrá que determinar si la 
 MC-2024-0035 45

reglamentación impugnada es neutral o no en cuanto al 

contenido de la expresión que se pretende prohibir o 

restringir, indistintamente del foro donde se haya 

realizado la expresión. Asoc. de Maestros v. Srio. de 

Educación, supra, pág. 769; Muñiz v. Admor. Deporte 

Hípico, supra, pág. 25. En cuanto esto último, se 

entenderá que una medida procura limitar el contenido de 

una expresión cuando la prohibición va dirigida 

precisamente a las ideas o a la información que se quiere 

diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de 

la expresión, o por el efecto que esa información o idea 

pueda tener. Íd. Ante ello, como norma general, una 

reglamentación limita el contenido de una expresión cuando 

favorece cierta expresión sobre otra, por las ideas o los 

puntos de vista que se transmiten. Asoc. De Maestros v.

Srio. De Educación, supra, pág. 769 citando a Turner

Broadcasting System Inc. v. FCC, 512 U.S. 622 (1994). 

Asimismo, se entiende que el propósito es restringir el 

contenido de la expresión si la reglamentación no puede 

justificarse sin hacer referencia a este. Íd., citando a 

Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001).

B.

En lo pertinente, los Artículos 6.1 y 6.2 de la Ley 

Núm. 165-2020 establecen los requisitos para certificarse 

como representante de una de las alternativas que se 

presentarán a la consideración de los electores en el 

plebiscito. De entrada, se indica que no se certificará a
 MC-2024-0035 46

organización alguna que incumpla con los requisitos allí 

dispuestos, con los de la C.E.E. o los de la Ley Núm. 222-

2011, conocida como Ley para la Fiscalización del 

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, (Ley 

Núm. 222-2011) 16 LPRA secs. 621 et seq. Artículo 6.1(a) 

de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 982a.

Por ello, previo a la certificación, el partido 

político, la agrupación de ciudadanos o el comité de 

acción deberán demostrar que están registrados según lo 

requerido por la Ley Núm. 222-2011, independientemente de 

que su participación sea individual, en alianza o 

coalición. Artículo 6.2(a) de la Ley Núm. 165-2020, 16 

LPRA sec. 982a. El siguiente inciso añade, entre varios 

asuntos, que al presentar su solicitud también deberán 

informar a la C.E.E. si su certificación tiene el 

propósito de solo favorecer u oponerse a alguna de las 

alternativas impresas en las papeletas de votación, 

promover la abstención electoral, alguna modalidad de 

expresión electoral u otra alternativa. (Negrillas 

suplidas). Íd., (b). En lo aquí material, el Artículo 

6.1(f) dispone que:

Todo partido político, por petición, 

agrupación de ciudadanos, comité de acción 

política y persona natural o jurídica que sea 

certificado como representante de alguna de las 

alternativas impresas en la papeleta de votación, 

y que reciba o utilice donaciones, incurra en 

recaudaciones y/o gastos de campaña en medios 

publicitarios o cualquier tipo de actividad 

proselitista para favorecer u oponerse a alguna de 

las alternativas; incluyendo promover la 

abstención electoral o alguna modalidad de 

expresión electoral u otra alternativa de estatus 
 MC-2024-0035 47

político, deberá cumplir con los requisitos de 

registro y certificación en la Oficina del 

Contralor Electoral como requisito previo a sus 

actividades proselitistas o su certificación en la 

Comisión. Artículo 6.1(f) de la Ley Núm. 165-2020, 

16 LPRA sec. 982a

En lo que concierne a la penalidad por 

incumplimiento, tanto el Artículo 6.1(h) como el 6.2(d) 

reconocen que toda persona natural o jurídica que, 

fraudulentamente, obrare en contravención a cualesquiera 

de las disposiciones de esta sección o que, teniendo una 

obligación impuesta por éste, voluntariamente dejare de 

cumplirla, o se negare a ello, será culpable de delito 

electoral y, convicta, será sancionada con pena de 

reclusión que no excederá de dos (2) años o multa que no 

excederá de diez mil dólares ($10,000) por cada 

infracción, o ambas penas a discreción del tribunal. Íd.

Los demandantes sostienen que el precitado Artículo 

6.1(f) no deja claro si el requisito de certificación es 

aplicable a personas o entidades que no han solicitado 

representar una de las alternativas de la papeleta o si 

incurren en gastos con fondos propios no solicitados 

mediante recaudos. Sostienen que el Artículo provoca 

ambigüedad ya que, si una persona, grupo o partido realiza 

actividades en el ejercicio de su libertad de palabra en 

relación con la votación, lo haría sin tener claro si

incurrirá o no en la conducta punible penalmente, lo que 

sería contrario a su derecho a la libertad de palabra y 

al voto. Argumentan que la ley discrimina por razón del 

contenido de la expresión al requerir que la persona o 
 MC-2024-0035 48

entidad a certificarse “tiene que certificar que no va a 

promover abstención electoral. Si no lo hace, no puede 

obtener su certificación”.26 Además, sostienen que 

discrimina entre las personas que interesan promover las 

alternativas y aquellas que no están de acuerdo con alguna 

o que desean ejercer su derecho al voto para hacer constar 

su oposición, lo que constituye una violación a la igual 

protección de las leyes. No les asiste la razón.

Ante el planteamiento de los demandantes 

peticionarios, debemos responder si el Artículo 6.1(f)-

(h) y el Artículo 6.2(d) contienen disposiciones 

estrictamente necesarias para adelantar un interés 

gubernamental apremiante. Ciertamente, el interés 

apremiante del Estado es proteger la pureza e integridad 

de los procesos electorales y su adecuada fiscalización, 

todo esto de conformidad con la propia Ley Núm. 222-2011. 

En esencia, dicho cuerpo estatutario establece el marco 

regulatorio para el financiamiento de las campañas 

políticas, incluyendo aquellos provenientes del Fondo 

Especial para el Financiamiento de Campañas y el Manejo 

de las Donaciones y Aportaciones. 

Esta ley procura que nuestro sistema electoral se 

fundamente en guías y procedimientos que estimulen el 

ejercicio del derecho al voto y donde cada elector tenga 

la seguridad de que existen unas reglas uniformes que 

 

 26 Véase, Alegato de la parte demandante 

peticionaria, pág. 26.
 MC-2024-0035 49

serán implementadas de manera equitativa a todos los 

participantes de cada evento. Exposición de motivos, Ley 

Núm. 222-2011. Esto es particularmente importante cuando 

el sistema electoral conlleva el financiamiento de 

campañas políticas y el manejo de donativos y gastos de 

campaña. En lo aquí material, se dispone que:

Los donativos y gastos con fines 

electorales componen una parte esencial del 

complejo aparato electoral. Estos conceptos 

operan en una zona constitucionalmente sensitiva 

de principios y derechos fundamentales de 

expresión y de asociación. Coinciden con esos 

derechos el interés gubernamental de carácter 

apremiante, de proteger la integridad del 

proceso electoral. A través de los años, este 

balance ha sido objeto de evaluación 

legislativa, lo que ha resultado en medidas 

diseñadas para mantener un sistema electoral 

íntegro y responsivo a las necesidades 

institucionales del Pueblo, de forma consistente 

con los imperativos constitucionales que le 

guían y sirven de referencia.

[...]

La ciudadanía tiene un interés particular 

en conocer quién contribuye a las campañas 

electorales, y el Estado tiene un interés 

apremiante en asegurarse que dicha libertad de 

expresión sea debidamente reconocida, 

respetada, canalizada y protegida. De esta 

manera, se alerta y previene contra la 

corrupción e ilegalidades que en algunos 

momentos han flagelado al sistema electoral, 

promoviendo decisiones informadas para el 

beneficio de presentes y futuras generaciones.

Esta legislación le brindará al sistema 

electoral de Puerto Rico la transparencia que 

requiere. Es menester que el sistema electoral 

de Puerto Rico tenga las guías y requisitos 

necesarios para asegurar que el pueblo conozca 

quién financia las expresiones que intentan 

influenciarlo mediante actividades y anuncios de 

campaña. (Negrillas suplidas). Exposición de 

motivos, Ley Núm. 222-2011.
 MC-2024-0035 50

Para lograr este propósito, y cumplir con la política 

pública de transparencia y fiscalización de las campañas 

políticas, la Ley Núm. 222-2011 creó la Oficina del 

Contralor Electoral como la entidad a cargo de velar por 

su cumplimiento.27 Para ello, esta ley le es aplicable a 

toda persona, natural o jurídica, que recaude, gaste, 

contribuya o de alguna forma reciba recaudos o donativos 

o participe en el financiamiento de una campaña 

eleccionaria relacionada con puestos electivos, fórmulas 

de estatus, o alternativas para la evaluación y selección 

de los electores en un referéndum, plebiscito o consultas 

que se establezcan a través de legislación a tales fines.

(Negrillas suplidas). Artículo 2.002 de la Ley Núm. 222-

2011, 16 LPRA sec. 621 nota. 

Así, por ejemplo, el mencionado estatuto exige a los 

distintos comités (de campaña, de acción política, 

autorizado o de partido político) presentar una 

declaración de organización ante la Oficina del Contralor 

Electoral (Registro de Comités) y radicar informes 

trimestrales donde detallen la contabilidad de todo 

donativo o contribución recibida y de todo gasto 

incurrido, incluyendo aquellos con cargo al Fondo Especial 

para el Financiamiento de Campañas Electorales (entre 

 

 27 El estatuto impone ciertas penas por el 

incumplimiento con sus disposiciones, las cuales incluyen 

multas o pena de reclusión bajo ciertos delitos 

electorales allí reconocidos. Véase, Capítulo XIII de la 

Ley Núm. 222-2011.
 MC-2024-0035 51

estos informes se incluyen los de ingresos y gastos, 

donativos tardíos, usos de medios de difusión, divulgación 

de comunicaciones electorales,28 recaudos, entre otros). 

Véase el Capítulo VII de la Ley Núm. 222-2011; Artículo 

7.000, 16 LPRA sec. 627.

Retomando el texto del Artículo 6.1 (f) de la Ley 

Núm. 165-2020, adviértase que lo único que requiere es que 

todo partido político, persona (natural o jurídica) o 

comité de acción política que fuese certificado como 

representante de una de las alternativas y reciba o 

utilice donaciones, o lleve a cabo recaudaciones y/o 

gastos de campaña en medios publicitarios o cualquier 

actividad proselitista (sea para favorecer u oponerse a 

alguna de las alternativas, incluyendo la abstención 

electoral o alguna modalidad de alternativa de estatus 

político), deberá cumplir con el requisito de registro en 

la Oficina del Contralor Electoral, previo a incurrir en 

dichas actividades proselitistas. En otras palabras, tanto 

los favorecedores como los detractores de las alternativas 

de consulta que incurran en gastos de campaña deberán 

 

 28 Véase, Artículo 2.004(20) de la Ley Núm. 222-2011, 

16 LPRA sec. 621. (Comunicación electoral o con fines 

electorales: “toda comunicación que: (a) se refiere a un 

partido político, ideología política, aspirante o 

candidato, y (b) aboga expresamente por la elección o 

derrota de dicho partido político, ideología política, 

aspirante o candidato, lo que ocurre cuando contiene 

palabras, tales como, pero sin que se entienda que excluye 

otras expresiones con idéntico resultado: vota por, vota 

en contra de, apoya a, rechaza o repudia a, trabaja por 

la elección de, trabaja por la derrota de, elige a, derrota 

a, ayúdanos a elegir a, ayúdanos a derrotar o a sacar, 

entre otras”.[...].) Íd.
 MC-2024-0035 52

registrarse en la Oficina del Contralor Electoral. Tal 

cuestión es la norma en todos los eventos electorales de 

nuestra historia moderna.

Nótese que contrario a lo alegado, el texto de esta 

disposición no le niega a persona o entidad alguna el 

derecho a la libertad de expresión por tener que confirmar 

que no promoverá la abstención electoral como requisito 

para ser certificada por la C.E.E. como representante de 

una de las alternativas. Su único alcance se circunscribe 

a procurar que se cumpla con la Ley Núm. 222-2011 y la 

política pública de transparencia y fiscalización de los 

donativos políticos, el financiamiento y los gastos de

campaña, aunque se trate de un plebiscito.29 Esta 

disposición no está favoreciendo una expresión sobre otra. 

Por lo tanto, su aplicabilidad es neutral y responde 

estrictamente a la necesidad de proteger un interés 

público apremiante. Por ello, no constituye una 

reglamentación discriminatoria en el contenido de su 

expresión. Véase, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 

 

 29 Véase, Berríos Martínez v. Gobernador II, 137 DPR 

185 (1994) (donde se validó la imposición de restricción 

a contribuciones en el contexto de un referéndum sobre 

enmienda constitucional). (“En resumen, en la 

jurisprudencia federal se ha reconocido la validez de los 

estatutos dirigidos a preservar la integridad del proceso 

electoral y la confianza del ciudadano en su Gobierno, 

mediante mecanismos que eviten tanto la realidad como la 

apariencia de corrupción, así como las influencias 

indebidas. First National Bank of Boston v. Bellotti, 435 

U.S. 765, 788789 (1978); Buckley v. Valeo, 424 us 1, 

48(1976)”). Íd., pág. 235.
 MC-2024-0035 53

supra, pág. 770; Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, 

pág. 26.

A su vez, los peticionarios parecen pasar por alto 

que en el Capítulo 7, que trata de las recaudaciones y 

gastos de campaña, el Artículo 7.1 de la Ley Núm. 165-

2020 vuelve a clarificar el requisito de cumplir con la 

presentación de los informes ante la Oficina del Contralor 

cuando se soliciten, reciban o utilicen donaciones, se 

incurran en recaudaciones y/o gastos de campaña en medios 

publicitarios o en cualquier tipo de actividad 

proselitista para favorecer u oponerse a alguna de las 

alternativas en la papeleta. En específico, que: 

Cada partido político, por petición, 

agrupación de ciudadanos, comité de acción política 

y persona natural o jurídica que participe en 

actividades proselitistas durante la campaña de 

alguna de las votaciones autorizadas por este 

capítulo, deberá sufragar sus gastos de campaña con 

sus propios recursos económicos. No obstante, si 

éstos solicitan, reciben o utilizan donaciones, 

incurren en recaudaciones y/o gastos de campaña en 

medios publicitarios o en cualquier tipo de 

actividad proselitista para favorecer u oponerse a 

alguna de las alternativas en la papeleta; 

incluyendo promover la abstención electoral o 

alguna modalidad de expresión electoral u otra 

alternativa, tendrán que cumplir con la 

presentación de los informes financieros que le 

requiera la Oficina del Contralor Electoral por 

virtud de este capítulo y de las secs. 621 et seq. 

de este título, conocidas como ‘Ley para la 

Fiscalización del Financiamiento de Campañas 

Políticas en Puerto Rico.[...] (Negrillas suplidas). 

Artículo 7.1 de la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 

983.

En fin, es evidente que el propósito ulterior de las 

disposiciones aquí impugnadas es prevenir la corrupción y 

las ilegalidades en el sistema electoral y a su vez 
 MC-2024-0035 54

promover las decisiones electorales informadas. Véase,

Exposición de Motivos, Ley Núm. 222-2011. Así las cosas, 

se trata de un balance entre el interés en la fiscalización 

y la prevención de la corrupción mediante restricciones 

razonables y adecuadas, sin que estas representen una 

limitación a los derechos constitucionales de libertad de 

expresión y derecho al voto. 

Precisamente, tanto la Constitución de los Estados 

Unidos de América como la Constitución de Puerto Rico 

consagran como garantía fundamental el derecho al voto. 

Rodríguez Ramos v. Comisión Estatal de Elecciones, 205 DPR 

16, 54 (2021) (Op. de conformidad el Juez Asociado señor 

Estrella Martínez). Como muestra del arraigo de estos 

preceptos, la Constitución de Puerto Rico impuso una 

restricción a la intervención de este derecho al 

establecer que las leyes aprobadas por la Asamblea 

Legislativa siempre “garantizarán la expresión de la

voluntad del [P]ueblo mediante el sufragio universal, 

igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra 

toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa 

electoral”. Art. II, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1. 

En ese sentido, la Constitución facultó a la Asamblea 

Legislativa a regular todo lo concerniente a nuestro 

ordenamiento electoral, teniendo en cuenta la ineludible 

dimensión constitucional de la cual goza el derecho al 

voto. Art. VI, Sec. 4, Const. PR, supra; Pierluisi et al.

v. C.E.E. et al., supra, pág. 855 (citando a McClintock
 MC-2024-0035 55

v. Rivera Schatz, 171 DPR 584, 597 (2007)). En atención a 

esto, el Código Electoral de 2020 reconoce a los Electores 

ciertos derechos y prerrogativas individuales, a saber:

(2) La supremacía de los derechos electorales 

individuales del ciudadano sobre los derechos y las 

prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos 

Independientes y agrupaciones políticas;

(3) La administración de los organismos 

electorales de Puerto Rico dentro de un marco de 

estricta imparcialidad, uniformidad, pureza, 

transparencia y justicia.

[...] 

(9) El derecho del Elector a participar y votar 

hasta resolver de manera final y concluyente el 

estatus jurídico-político de Puerto Rico. (Negrillas 

suplidas). Artículo 5.1 del Código Electoral de 

2020, 16 LPRA sec 4561. 

VII

 Ante este panorama, queda claro que mediante la Ley 

Núm. 165-2020 no hubo una indebida delegación de poder al 

Poder Ejecutivo, por lo que no se incurrió en una violación 

al principio constitucional de separación de poderes. Esta

delegación tiene un fin e interés público bien delimitado, 

fundamentado en cumplir la política pública reiterada por 

la mayoría de los electores en las pasadas consultas de 

estatus. Como señalamos, ese interés público es suficiente 

para sostener la delegación. Además, la delegación de 

poder que realizó la Asamblea Legislativa es 

constitucionalmente válida al proveer unas guías adecuadas 

que orientaron la utilización de ese poder. 

Ciertamente, el mecanismo de una consulta a través

de un plebiscito es uno de los pasos permitidos por el 

ordenamiento jurídico de los Estados Unidos para que un 

territorio reclame salir de las garras de la cláusula 
 MC-2024-0035 56

territorial y solicite al Congreso ser admitido como 

Estado. Por otra parte, los que se opongan a ello tendrán 

la opción de votar por otras fórmulas descolonizadoras. 

En su vertiente más participativa, esa determinación debe 

recaer en el voto directo del Pueblo para atender su 

estatus político.

En ese sentido, no podemos adscribirles a los pasados 

eventos electorales de estatus una especie de cosa juzgada

que impida que el Pueblo nuevamente ejerza su libertad de 

expresión. Realmente, hasta que la descolonización de 

Puerto Rico no sea una realidad, el asunto de su estatus 

político será juzgado por el Pueblo de Puerto Rico, y el 

foro más democrático, pacífico y adecuado para ello son 

las urnas electorales. El reclamo repetitivo de un Pueblo 

no se considera cosa juzgada hasta que se vea el fruto de 

la justicia descolonizadora. Por ello, sostengo que,

contrario a la posición de los demandantes-peticionarios, 

ni la Ley Núm. 165-2020 ni la OE-2024-016 inciden sobre 

sus derechos individuales, por lo que procede en Derecho 

declarar no ha lugar la demanda.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión 

disidente. 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Todo puertorriqueño y toda puertorriqueña ostenta el 

derecho fundamental a la autodeterminación. No obstante, como 

garantes de los derechos fundamentales de las personas 

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, como 

Secretario General y en

representación del Partido

Independentista Puertorriqueño 

(PIP) y sus miembros individuales; 

Hon. María De Lourdes Santiago

Negrón, Senadora y Portavoz del PIP 

en el Senado; Hon. Denis Márquez 

Lebrón, Representante y Portavoz del

PIP, Cámara de Representantes; 

Roberto Iván Aponte Berríos, 

Comisionado Electoral del PIP

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, 

Gobernador de Puerto Rico; Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE); Hon. 

Jessika D. Padilla Rivera, 

Presidenta Interina de la CEE; 

Lcdo. Aníbal Vega Borges, 

Comisionado Electoral del Partido 

Nuevo Progresista (PNP); Lcda. Karla 

Angleró González, Comisionada 

Electoral del Partido Popular 

Democrático (PPD); Lillian Aponte 

Dones, Comisionada Electoral del 

Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); 

Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, 

Comisionado Electoral del Proyecto 

Dignidad (PD); Hon. Nelson Pérez 

Méndez, Secretario del Departamento 

de Hacienda; Lcdo. Juan Carlos 

Blanco Urrutia, Director de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(OGP)

Demandados

MC-2024-0035
MC-2024-0035 2

ciudadanas e intérpretes últimos de nuestra Constitución, es 

nuestra responsabilidad auscultar si los mecanismos diseñados 

para la consecución de ese derecho cumplen con los lineamentos 

constitucionales que rigen nuestro ordenamiento.

Hoy, una mayoría de esta Curia soslaya los principios 

democráticos que sostienen nuestro sistema republicano en 

cuanto al poder para promulgar las leyes que realizó la 

Asamblea Legislativa a través de la Ley 165-2020, infra, al 

Primer Mandatario del país. En ese proceder, la Legislatura 

se amparó en el alegado interés público de hacer valer los 

resultados del plebiscito celebrado el pasado 3 de noviembre 

de 2020. 

Un análisis desapasionado, sereno y objetivo del derecho 

aplicable nos forzaba a declarar el referido estatuto 

inconstitucional por infringir indebidamente el principio de 

separación de poderes y la doctrina de la delegación. Por 

tanto, debido a que el curso mayoritario avala las actuaciones 

patentemente inconstitucionales de las ramas de gobierno 

hermanas, disiento.

I

Debido a que no existe controversia sobre los hechos 

medulares que dieron pie a la demanda de epígrafe y estos 

están reseñados satisfactoriamente en la Opinión mayoritaria, 

me refiero directamente al derecho aplicable.

A. Separación de poderes

“El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
MC-2024-0035 3

tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, según se establecen por esta Constitución, 

estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de 

Puerto Rico”. Art. I, Sec. 2, Const. ELA [Const. PR] LPRA, 

Tomo 1.

En Puerto Rico, la separación de poderes está consagrada 

expresamente en el Artículo I, Sección 2 de nuestra Carta 

Magna. Su propósito yace en que las tres ramas de gobierno

comprendan y respeten sus poderes, entiendan la interrelación 

de sus funciones, y así garanticen la independencia de cada 

una. Dalmau Santiago v. Oronoz Rodríguez, 208 DPR 115, 135 

(2021). De esta manera, lo que se forma es un sistema de 

pesos y contrapesos que impide la acumulación excesiva e 

impropia en un solo ente y en detrimento de los demás. Íd.; 

Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 DPR 97, 110 (2014); 

Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724, 752 (2000).

En la jurisdicción federal, aun cuando la doctrina de 

separación de poderes no está incorporada explícitamente en 

la Constitución de los Estados Unidos de América, esta se ha 

reconocido jurisprudencialmente por ser fundamental para el 

buen funcionamiento de un organismo democrático. Colón Cortés 

v. Pesquera, supra, pág. 750. Así, el Máximo Foro federal ha 

reiterado que esta “regla técnica de derecho” “protege la 

libertad del ciudadano frente a una peligrosa acumulación de 

poder en una rama de gobierno”. Íd., págs. 751-752.

B. Delegación de poderes

“Está bien establecido en los sistemas federal y
MC-2024-0035 4

puertorriqueño que el poder legislativo puede delegar 

funciones legislativas al ejecutivo, siempre que la 

legislación en que lo haga contenga parámetros que limiten 

el ejercicio de discreción del ejecutivo”. J.J. Álvarez 

González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones 

constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis 

S. A., 2009, pág. 245. Véase, además: D. Fernández Quiñones, 

Derecho administrativo y Ley de procedimiento administrativo 

uniforme, 3a ed., Bogotá, Forum, 2013, cap. 2, sec. 2.

En la esfera federal, la doctrina de la no-delegación 

supone una traba para que se deleguen aquellos poderes 

investidos exclusivamente en el Poder Legislativo según 

surgen del Artículo I, Sección 1 de la Constitución de la 

Unión Americana. Es decir, como norma general, queda 

prohibido que la Asamblea Legislativa le transfiera sus

poderes a otras ramas del gobierno. Gundy v. United States, 

139 S. Ct. 2116, 2123 (2019); Wayman v. Southard, 23 US 1, 

42 (1825). No obstante, “en reconocimiento de las 

complicaciones que surgen de una sociedad moderna y la 

naturaleza técnica de muchos de estos problemas, el Congreso 

está autorizado a delegar poder al amparo de directrices 

amplias”. J.M. Farinacci Fernós, Divergencias entre la 

Doctrina Federal y Puertorriqueña en el Derecho 

Administrativo, 92 REV. JUR. UPR 187, 201 (2023). Véanse 

también: Gundy v. United States, supra, pág. 2123; Mistretta 

v. United States, 488 US 361, 372 (1989).
MC-2024-0035 5

En materia de la delegación legislativa, el Prof. 

Demetrio Fernández Quiñones nos indica que la tendencia 

prevaleciente en Estados Unidos es imprimirle validez a 

delegaciones amplias y vagas. D. Fernández Quiñones, 

op. cit., pág. 44. En Yakus v. United States, 321 US 414 

(1944), el Tribunal Supremo federal reiteró la validez de la 

delegación del poder legislativo, cuando esta fuese 

sustentada por “estándares ‘suficientemente definidos y 

precisos para permitirle al Congreso, las cortes, y al público 

comprender’ si la guía establecida por la Asamblea 

legislativa había sido acatada”. (Traducción nuestra). Gundy 

v. United States, supra, pág. 2136.1 Así pues, al examinar un 

estatuto bajo el crisol de la doctrina de la no-delegación, 

los tribunales no deben limitarse a si existe una norma 

inteligible, sino que deben analizar la totalidad del sistema 

de controles diseñados por la Asamblea Legislativa, tanto 

procesales como sustantivos, para el ejercicio de las 

facultades delegadas. D. Fernández Quiñones, op. cit., 

pág. 44. Véase Kent v. Dulles, 375 US 116 (1958).2

1 Véase además las decisiones emitidas por la Corte Suprema federal en 

Buttfield v. Stranaham, 192 US 470 (1904) y en J. W. Hampton Jr., & Co. 

V. United States, 276 US 394 (1928), donde se incorpora a la 

jurisprudencia el concepto del “principio inteligible”. D. Fernández 

Quiñones, Derecho administrativo y Ley de procedimiento administrativo 

uniforme, 3a ed., Bogotá, Forum, 2013, págs. 38-39.

2 “[E]xiste un aclara postura en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

federal en torno a la cuestión de si el estatuto contiene o no una norma. 

La ausencia de esa norma que pueda precisarse de la faz del estatuto 

plantea de suyo graves y serios problemas de delegación. La acción 

administrativa, independientemente de lo razonable que pueda ser o no, 

de las medidas procesales que invoque para poner en vigor el estatuto, 

no tendrá el efecto de subsanar la falla cometida en el ámbito de la 

doctrina del poder de delegación”. D. Fernández Quiñones, op. cit., 

pág. 45. Véanse Panama Refining Company v. Ryan, 293 US 388 (1935); Yakus 

v. United States, 321 US 414 (1944); Cf. Zemel v. Rusk, 381 US 1 (1965).
MC-2024-0035 6

Por otro lado, la doctrina que hemos desarrollado en el 

derecho puertorriqueño es consistente con su vertiente 

análoga federal. Desde la década de los cuarenta, este 

Tribunal reconoció la complejidad de ciertos asuntos que 

requerían una reglamentación particularizada y que se podría 

beneficiar del conocimiento especializado de las agencias 

administrativas. Luce & Co. v. J.S.M., 62 DPR 452, 466 (1944).

En esa coyuntura, hemos reconocido la importancia de que la 

Asamblea Legislativa pudiera delegar en una agencia del Poder 

Ejecutivo, mediante reglas amplias y generales, la facultad 

de reglamentar. 

Hemos reconocido, además, ciertos criterios a examinar 

para identificar si la Asamblea Legislativa ha delegado 

válidamente parte de sus poderes a la Rama Ejecutiva. Entre 

estos, que estemos ante un poder delegable; que la legislación 

que provee para la delegación contenga suficientes principios 

inteligibles para guiar el ejercicio del poder delegado; que 

el ente que recibe la delegación actúe dentro de los linderos 

establecidos en el estatuto y, que el ejercicio del poder 

delegado no sea arbitrario o caprichoso. J. M. Farinacci 

Fernós, Las órdenes ejecutivas, el poder legislativo y las 

emergencias, 3 Amicus, Rev. Pol. Púb. y Leg. UIPR 190, 192 

(2020).

Al igual que en Estados Unidos, en Puerto Rico,

La creciente complejidad de la vida moderna y la 

multiplicación de los eventos y servicios que se fiscalizan 

[hacen] necesaria la delegación de poderes por la Asamblea 

Legislativa a un organismo especializado que pudiese 

encararlo en todos sus frentes. Esta delegación de autoridad 

bajo criterios amplios no se cuestiona hoy día. Gallardo v. 

Clavell, 131 DPR 275, 285 (1992).
MC-2024-0035 7

Sin embargo, cabe destacar que la gran mayoría de la 

jurisprudencia sobre la materia se ha circunscrito a la 

delegación del poder “cuasilegislativo” a una agencia 

administrativa. Véanse: Asoc. Farmacias Com. V. Depto. de 

Salud, 156 DPR 105 (2002); Gallardo v. Clavell, supra; López 

Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987); Consejo 

de Educación Superior v. U.I.A., 120 DPR 241 (1987); M. & 

B.S., Inc v. Depto. de Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987); 

López Salas v. Junta de Planificación, 80 DPR 646 (1958); 

Hilton Hotels International Inc. v. Junta de Salario Mínimo, 

74 DPR 670 (1953); Luce & Co. v. J.S.M., supra.

En lo pertinente a la controversia de autos, es a través 

de las órdenes ejecutivas que el Primer Funcionario del país 

puede ejercer los poderes que la Asamblea Legislativa le ha 

delegado debidamente.3 J. M. Farinacci Fernós, Las órdenes 

ejecutivas, el poder legislativo y las emergencias, supra

pág. 193. Así pues, al promulgar un mandato al palio de este 

mecanismo, la orden ejecutiva debe hacer referencia al 

estatuto que autoriza su ejercicio. Íd. Por tanto, “una orden 

ejecutiva sólo tiene fuerza de ley cuando descansa en una 

autoridad conferida por la Constitución o las leyes”.

(Negrillas suplidas). Íd. (citando a W. Vázquez Irizarry, Los 

poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes 

ejecutivas, 76 REV. JUR. UPR 951, 1029 (2007)). 

3 La orden ejecutiva es utilizada para ejercer los poderes inherentes al 

cargo, aquellos que emanan de la Constitución o de alguna ley en 

particular. W. Vázquez Irizarry, Los poderes del Gobernador de Puerto 

Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 76 REV. JUR. UPR 951, 1052 (2007).
MC-2024-0035 8

Nótese, sin embargo, que “la Asamblea Legislativa 

históricamente ha delegado debidamente en

el Poder Ejecutivo poderes de naturaleza cuasilegislativa 

para la atención de ciertas emergencias, las cuales, dicho 

sea de paso, suelen ser atendidas mediante órdenes

ejecutivas”. Amadeo Ocasio v. Pierluisi Urrutia, 211 DPR 278, 

329 (2023) (Sentencia) (Opinión de conformidad del Juez 

Asociado Estrella Martínez). 

C. El poder de determinar y aprobar el presupuesto

El proceso para determinar el presupuesto público está 

enmarcado de manera general en el Artículo I en sus Secciones 

4, 6, 7 y 8 de nuestra Constitución. Véase, Presidente de la 

Cámara v. Gobernador, 167 DPR 149, 177-178 (2006) (Opinión 

disidente de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez). El 

conjunto de estas disposiciones constituye “un plan mínimo 

para mantener la estabilidad económica del gobierno”. Íd., 

pág. 178 (citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención 

Constituyente de Puerto Rico 2587 (1961) (Diario 

de Sesiones)). Lo anterior requiere el ejercicio conjunto, 

pero flexible, entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Íd., pág. 179. 

Según surge del informe preparado por la Comisión de la 

Rama Legislativa de la Asamblea Constituyente, el proceso 

presupuestario puede describirse de la forma siguiente:

En primer lugar[,] el Gobernador debe presentar a la 

Asamblea Legislativa un mensaje sobre el estado del gobierno 

y además un informe detallado sobre los propuestos ingresos 

y desembolsos para el próximo año. Las asignaciones que haga 

la Asamblea Legislativa no podrán exceder el cálculo de los 

recursos totales, a menos que se impongan contribuciones 

suficientes para cubrir el exceso. Si a pesar de esta 
MC-2024-0035 9

precaución los recursos disponibles no son suficientes para 

cubrir las asignaciones se debe establecer un orden de 

prioridades comenzando con el pago de intereses y 

amortización de la deuda pública. Esta prioridad 

constitucional se adopta con el propósito de asegurar 

garantías para mantener el crédito público, tan necesario 

para el mejoramiento económico del pueblo. Finalmente, habrá 

una reasignación automática de fondos en el caso de que en 

un año determinado no se aprueben las asignaciones 

necesarias. Esta última disposición ha probado su eficacia 

en dos ocasiones durante las últimas décadas. Diario de 

Sesiones, supra, pág. 2587. Presidente de la Cámara v. 

Gobernador, supra, págs. 179-180.

Además de lo anterior, la Sección 20 del Artículo III 

de nuestra Constitución, supra, “faculta al Gobernador para 

que al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos 

en más de una partida, pueda rebajar o eliminar partidas y 

reducir al mismo tiempo los totales correspondientes”. 

Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, págs. 180-181.

En lo concerniente a las transferencias de fondos 

públicos ya aprobados, es menester resaltar —por su carácter 

persuasivo— la Opinión del entonces Secretario de Justicia y 

actual Gobernador de Puerto Rico, a los efectos de ilustrar 

que “no existe autoridad legal para que el Gobernador pueda 

disponer, mediante una orden ejecutiva, el traspaso de fondos 

entre partidas asignadas en los presupuestos de dos 

organismos gubernamentales distintos y separados, siendo 

necesario para ello la acción legislativa a tal fin”. LXV Op. 

Sec. Just. Núm. 1 de 1994, pág. 2. Además, este explicó que 

como “las asignaciones que una ley concede a una agencia 

gubernamental tienen el carácter de fondos públicos, [...]

cualquier desembolso de [estos] que no haya sido autorizado 

expresa o implícitamente por dicha ley, constituye una 

violación al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución de 
MC-2024-0035 10

Puerto Rico”. (citas omitidas). Íd. Una ley solamente puede 

ser enmendada por otra ley posterior y no por una orden 

ejecutiva ni un convenio interagencial. (citas omitidas). 

Íd.

D. Ley 165-2020

A tan solo tres días del cambio de gobierno, según 

dictaron los resultados de las Elecciones Generales de Puerto 

Rico en el 2020, se aprobó la Ley para implementar la petición 

de estadidad del plebiscito de 2020, Ley Núm. 165-2020, 

16 LPRA secs. 977 et seq. (Ley 165-2020). Conforme surge de 

la Exposición de Motivos del referido estatuto, el interés 

público que busca adelantar es hacer valer el resultado del 

plebiscito del 3 de noviembre de 2020 sobre el estatus 

territorial de la Isla. Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 165-2020 (2020 [Parte 4] Leyes de Puerto Rico 3789). En 

conjunto con dicho interés, la Asamblea Legislativa señaló 

varios “propósitos principales” que propulsaron la 

promulgación de la ley en cuestión. Entre otros, se incluyó:

3. Autorizar al Gobernador a tomar las medidas que sean 

necesarias dentro del marco de un “fin público” para hacer 

valer la voluntad electoral mayoritaria del Plebiscito de 

2020. 

. . . . . . . .

6. Establecer las reglas para agilizar y garantizar que el 

pueblo de Puerto Rico pueda volver a votar, en caso de ser 

necesario, para hacer valer su voluntad electoral expresada 

en el Plebiscito de 2020, incluyendo cualquier votación que 

sea necesaria para responder a cualquier petición, propuesta, 

respuesta o ratificación electoral relacionad con el estatus 

político de Puerto Rico que sea planteada o solicitada por 

una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente 

de Estados Unidos de América o ambos. Íd., pág. 3790.

Para la comisión de estos propósitos, la Legislatura

delegó en la figura del primer ejecutivo del país el poder 

para: 
MC-2024-0035 11

[C]onvocar, mediante Orden Ejecutiva, cuando así lo considere 

necesario:

a. Una votación o proceso electoral para hacer valer la 

voluntad de la mayoría absoluta de los ciudadanos americanos 

de Puerto Rico en favor de la estadidad, según los resultados 

del Plebiscito de 3 de noviembre de 2020.

b. Esa facultad del Gobernador también podrá ser ejercida 

para convocar e instrumentar una votación cuando medie alguna 

petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral 

relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea 

presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas 

del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o 

ambos. 

c. El gobernador podrá llevar a cabo una consulta electoral 

con una papeleta avalada por el Departamento de Justicia 

Federal conforme a la P.L. 113-76.

d. Una consulta para una ratificación de la voluntad del 

Pueblo de Puerto Rico.

e. Una votación para resolver el estatus político futuro de 

Puerto Rico. 16 LPRA sec. 978.

La Ley 165-2020 dispone que la cabeza del Poder Ejecutivo

escogerá la(s) fecha(s) en el que se celebrará(n) el(los)

evento(s) electoral(es). Asimismo, el Gobernador tendrá la 

discreción sobre cuáles serían aquellas “alternativas que se 

le presentarán a los electores en la papeleta de la votación 

y la pregunta, si alguna, que se les planteará a los electores 

en la misma papeleta”.4 16 LPRA sec. 978a. No tan solo eso, 

sino que el Legislador le concedió el poder de determinar 

cuál sería el significado que tendrían cada una de estas 

alternativas. Íd.

Por otro lado, la precitada ley incide sobre las 

facultades y deberes que ostenta el Presidente de la Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE). Esto, pues, luego de que el 

Gobernador emita una proclama a los efectos de poner en vigor 

los poderes investidos a través de la Ley 165-2020, el 

4 “Excepto cuando el Gobierno federal haya establecido la pregunta a los 

electores, si alguna, y/o las alternativas a imprimirse en la papeleta 

de votación, ambos asuntos serán establecidos por el Gobernador a través 

de Orden Ejecutiva y al publicar la proclama de la votación, según se 

dispone en esta Ley”. Ley para implementar la petición de estadidad del 

plebiscito de 2020, Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 980. (Ley 165-2020).
MC-2024-0035 12

Presidente de la CEE tendrá la obligación de presentarle al 

Primer Ejecutivo una propuesta que debe incluir: el borrador 

de la papeleta a ser utilizada; el reglamento para la votación 

y el escrutinio general; el diseño general de la campaña de 

educación a través de los medios de comunicación, y el plan 

presupuestario de los gastos de votación lo que incluye el 

costo de la campaña educativa. 16 LPRA sec. 979.

En cuanto a las asignaciones económicas se refiere, la 

ley objeto de litigio, en su Artículo 1.7, señala que:

No se podrá invocar disposición de ley general o 

especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y 

ningún plan para alterar o posponer las transferencias 

presupuestarias y las asignaciones económicas que sean 

necesarias para que el Gobernador, la Comisión Estatal de 

Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las 

votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de 

este capítulo, de las secs. 939 et seq. de este título, las 

secs. 1721 et seq. del Título 3, y las secs. 621 et seq. de 

este título, en lo relacionado con el derecho de los 

ciudadanos americanos de Puerto Rico a determinar su estatus 

político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar 

y hacer disponibles los recursos económicos necesarios para 

cumplir con todos los propósitos de las mencionadas leyes. 

Los desembolsos de las transferencias presupuestarias y de 

las asignaciones económicas nunca excederán de los treinta 

(30) días naturales, contados a partir de la petición 

presentada a esos fines. (Negrillas suplidas). 16 LPRA sec. 

977e.

En ese sentido, la Ley 165-2020 deja a la completa 

discreción de la Rama Ejecutiva el poder de establecer el 

presupuesto hábil y necesario para celebrar el evento 

electoral que proclama el Gobernador. 

E. Orden Ejecutiva 2024-016

El 1 de julio de 2024, el Gobernador incumbente, 

Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, proclamó el Boletín 

Administrativo Núm. OE-2024-016 de 1 de julio de 2024, 
MC-2024-0035 13

conocido como Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, 

Hon. Pedro R. Pierluisi, para convocar la celebración de una 

consulta electoral a los fines de implementar la petición de 

estadidad del plebiscito de 2020,

https://docs.pr.gov/files/Estado/OrdenesEjecutivas/2024/OE2024-016.pdf (última visita, 27 de agosto de 2024) (OE-2024-

016). En virtud de los poderes conferidos por la Ley 165-

2020, el Gobernador decretó la celebración de un plebiscito 

sobre el estatus territorial el día de las Elecciones 

Generales, el 5 de noviembre de 2024. Dispuso, además, que 

las alternativas de votación que se le ofrecerán a las y los 

electores serán: (1) la estadidad, (2) la independencia y, 

(3) la soberanía en libre asociación con los Estados Unidos; 

con sus respectivas definiciones. OE-2024-016, supra, 

sec. 2a.5

A su vez, ordenó a la Presidenta alterna de la CEE a 

que, en un término de quince días, cumpliera con el mandato 

dispuesto en el Artículo 3.1 de la Ley 165-2020. OE-2024-016, 

supra, sec. 3a. Esto incluye la preparación de un proyecto 

presupuestario de los gastos necesarios para el plebiscito, 

así como la campaña educativa a las y los electores. Asimismo, 

ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP), al Secretario del Departamento de Hacienda 

5 Estas, así como sus respectivas definiciones, tienen origen en el 

Proyecto Núm. 8393 de la Cámara de Representantes del Congreso de los 

Estados Unidos. Puerto Rico Status Act, H.R. 8393, 117th Cong. (2022), 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/8393/text. Cabe 

resaltar que el referido proyecto fue presentado por el Rep. Raúl M. 

Grijalva del estado de Arizona y contó con el aval mayoritario en dicho 

cuerpo legislativo. Sin embargo, la medida no obtuvo la aprobación del 

Senado previo a que culminara la sesión legislativa.
MC-2024-0035 14

(Hacienda) y al Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría 

Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) a identificar y hacer 

disponibles los fondos públicos necesarios para la ejecución 

de dicha orden. Agregó que:

El presupuesto final será aprobado por el Gobernador, 

con el consejo de la OGP, la AFFAF y el Departamento de 

Hacienda y se convertirá para todos los efectos fiscales y 

legales en la petición presupuestaria que regirá las 

asignaciones económicas necesarias para cumplir con los 

propósitos de la Ley Núm. 165-2020 y esta Orden Ejecutiva.

OE-2024-016, supra, sec. 5a.

De igual forma, y según lo establecido en el Artículo 1.8 

de la Ley 165-2020 el Gobernador reiteró que, según lo 

dispuesto expresamente en la Sección 402 de la Ley Pública 

114-187, 2016, Puerto Rico Oversight Management, and Economic 

Stability Act (PROMESA), ninguna “asignación de fondos 

relacionados con este plebiscito requerirá ser consultado 

con, ni considerado por la [Junta de Supervisión y 

Administración Financiera] por ésta carecer de jurisdicción 

y facultad para ello”. OE-2024-016, supra, sec. 5a. 

II

Entre las distintas causas de acción que levanta la 

parte demandante, resaltan aquellas que emanan del principio 

cardinal que rige el sistema republicano de gobierno: la 

separación de poderes. Alegan que la Asamblea Legislativa, 

a través de la Ley 165-2020, claudicó impermisiblemente su 

autoridad de legislar y la delegó de forma inconstitucional 

al Primer Mandatario del país.6 Asimismo, y dentro de ese 

ejercicio de poder presuntamente inválido, se le otorgó al 

6 Demanda, págs. 8-11. 
MC-2024-0035 15

Gobernador o a la Gobernadora la potestad de usurpar el poder 

de la Legislatura para aprobar el presupuesto anual del 

gobierno.7 Las Comisionadas y el Comisionado del Partido 

Popular Democrático,8 del Movimiento de Victoria Ciudadana9 y 

del Proyecto Dignidad10 —codemandados en el pleito—

presentaron argumentos en apoyo a estas contenciones. 

Comienzo con el asunto atinente al presupuesto.

A.

La parte demandante ampara su reclamo en que la potestad 

que reside en el Gobernador para aprobar un presupuesto para 

celebrar el plebiscito, en virtud del Artículo 1.7 de la Ley 

165-2020, supra, se desvía de los contornos delineados para 

la aprobación del presupuesto gubernamental. Es decir, según 

lo expuesto en la Sección 5a de la OE-2024-016, se pretende 

modificar el presupuesto aprobado el 30 de junio de 2024 por 

la Asamblea Legislativa y firmado por el propio Gobernador. 

La Opinión mayoritaria despachó superfluamente este 

planteamiento al expresar que tales transferencias 

presupuestarias y asignaciones económicas necesarias fueron 

autorizadas por la Ley Núm. 165-2020. A su vez, coligió que 

se utiliza un lenguaje similar en el Artículo 3.1(3) del 

Código Electoral de Puerto Rico, 16 LPRA sec. 4511(3). Por 

tanto, sostuvo que, debido a que nuestro ordenamiento permite 

la delegación al Poder Ejecutivo para “realizar ciertas 

transferencias dentro de un presupuesto aprobado” y que la 

7 Íd., pág. 11-13.

8 Lcda. Karla Angleró González.

9 Sa. Lillian Aponte Dones.

10 Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau.
MC-2024-0035 16

OE-2024-016 expresamente circunscribe los fondos públicos 

necesarios al presupuesto certificado, estamos ante una 

delegación de poder, y un ejercicio de este, válido. 

Sin embargo, según reseñado, el proceso previo a aprobar

el presupuesto supone el ejercicio integrado de los poderes 

legislativos y ejecutivos. Una vez aprobado, el Gobernador

no puede realizar transferencias de fondos entre partidas 

asignadas en los organismos gubernamentales distintos, debido 

a que ello supone acción legislativa a esos efectos. LXV Op. 

Sec. Just. Núm. 1 de 1994, pág. 2. 

La ley objeto de litigio, en su Artículo 1.7, supra, le 

concede al Gobernador la potestad y la discreción irrestricta

de establecer el presupuesto final para la celebración de un 

plebiscito. En específico, la Asamblea Legislativa estableció

que: 

No se podrá invocar disposición de ley general o 

especial, reglamento, orden ejecutiva o administrativa, y 

ningún plan para alterar o posponer las transferencias 

presupuestarias y las asignaciones económicas que sean 

necesarias para que el Gobernador, la Comisión Estatal de 

Elecciones y otros funcionarios puedan cumplir con las 

votaciones aquí autorizadas y con todos los propósitos de 

este capítulo, de las secs. 939 et seq. de este título, las 

secs. 1721 et seq. del Título 3, y las secs. 621 et seq. de 

este título, en lo relacionado con el derecho de los 

ciudadanos americanos de Puerto Rico a determinar su estatus 

político.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, el Secretario de Hacienda y el Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal tienen el deber ministerial de priorizar, identificar 

y hacer disponibles los recursos económicos necesarios para 

cumplir con todos los propósitos de las mencionadas leyes. 

Los desembolsos de las transferencias presupuestarias y de 

las asignaciones económicas nunca excederán de los treinta 

(30) días naturales, contados a partir de la petición 

presentada a esos fines. (Negrillas suplidas). 16 LPRA sec. 

977e.

Como surge de la primera porción del precitado Artículo,

al delegar estos poderes a la figura del Gobernador, la 
MC-2024-0035 17

Asamblea Legislativa no estableció límites o linderos sobre

dónde podría obtener el presupuesto necesario para cumplir 

con el interés público de la legislación. A esos efectos, 

prohibió tajantemente utilizar disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas vigentes que puedan alterar 

o posponer la asignación de fondos públicos que, a discreción 

del Primer Mandatario, sean necesarios para la consecución 

de su objetivo. 

Si bien esta Curia ha favorecido la delegación de poderes 

cuasilegislativos a la Rama Ejecutiva, nuestro análisis como 

intérpretes últimos y guardianes de la Constitución de Puerto 

Rico no se puede dar en el vacío. En el caso ante nos, es 

evidente que la norma necesaria o el principio inteligible

para sostener la validez constitucional de dicha delegación 

no surge ni de la intención legislativa ni del texto expreso 

del estatuto. No estamos ante una delegación permisible del 

poder de la Asamblea Legislativa para realizar transferencias 

dentro de un presupuesto aprobado, pues aún dentro de la 

mirada más liberal de la doctrina de la delegación, esta 

falló en establecer los límites mínimos para facultar al 

Gobernador a realizar dichos actos. 

El análisis realizado por la mayoría es uno flaco y 

descarnado. Para imprimirle validez constitucional a la 

delegación sin límites que realiza la Asamblea Legislativa, 

el cuerpo mayoritario de esta Curia se enfrasca en la 

“razonabilidad” del contenido de la OE-2024-016. Este no es 

el único criterio aplicable. “La acción administrativa, 
MC-2024-0035 18

independiente de lo razonable que pueda ser o no, de las 

medidas procesales que invoque para poner en vigor el 

estatuto, no tendrá el efecto de subsanar la falla cometida 

en el ámbito de la doctrina del poder de delegación”. D. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 45. Por tanto, es erróneo 

el resultado al que llega la mayoría de mis compañeros y mi 

compañera al sostener la validez constitucional de la 

delegación para la transferencia de fondos públicos dentro 

del presupuesto aprobado.

B.

De otro lado, la parte demandante plantea que la Ley 

165-2020 le confiere de manera íntegra la facultad de decidir 

sobre los siguientes asuntos: (1) la ocurrencia o no de la 

votación; (2) la fecha para su celebración; (3) si se 

presentará al electorado una pregunta para que responda de 

alguna forma no definida con su voto; (4) cuáles alternativas 

se les ofrecerán a dicho electorado, y (5) cuál será el 

significado de tales alternativas.11 En ese sentido, resalta 

que el ejercicio de dicha discreción recaerá inevitablemente 

en el criterio político del Gobernador. 

Por su parte, el criterio mayoritario avaló la 

delegación sobre estos asuntos, en tanto y en cuanto la 

Asamblea Legislativa estableció los principios inteligibles 

necesarios para la delegación de dicho poder de carácter 

legislativo. Particularmente, señala que la actuación del 

Primer Ejecutivo del país está limitado a la declaración de 

11 Demanda, pág. 10.
MC-2024-0035 19

política pública (Artículo 1.3), y al poder de convocatoria 

(Artículo 2.1) y, sus facultades de propulsar la consecución 

de la estadidad (Artículo 8.3), según los resultados del 

plebiscito de 3 de noviembre de 2020. Véase, 16 LPRA secs. 

977a, 978, 984b. Asimismo, sostuvo que la actuación del 

Gobernador mediante la OE-2024-016 estuvo dentro de los 

contornos delineados en la Ley 165-2024. Esto último, al 

hacer énfasis en que las alternativas que habrán de aparecer 

en la papeleta y el significado que estas tendrán se desprende 

del Proyecto de la Cámara Núm. 8393, supra.

Sin entrar a dirimir la validez jurídica de los últimos 

plebiscitos celebrados en Puerto Rico y al asumir la 

legitimidad del interés público expresado en la Ley 165-2020, 

es palpable que existen preocupaciones genuinas en cuanto al 

poder que posee el Gobernador en un asunto tan debatible en 

nuestro país como lo es el estatus territorial. Nuevamente, 

una mayoría de la y los miembros del Tribunal sopesan la 

validez de la delegación de poderes por parte de la Rama 

Legislativa, según la razonabilidad que surge de la actuación 

ejecutiva. Como mencioné, y reitero, nuestro análisis no

puede ni debe limitarse al último.

En ese sentido, la ley no limita de forma efectiva la 

facultad que tiene el Gobernador para utilizar la 

convocatoria para celebrar un plebiscito y que, a través de 

este, se busque adelantar sus propios intereses políticos. 

Máxime cuando este representa a un partido político cuya base 

ideológica principal está basada, en gran medida, en el marco 
MC-2024-0035 20

del estatus territorial. Más allá, la Ley 165-2020 no provee 

salvaguardas y atenta contra los intereses de aquellas y 

aquellos puertorriqueños que ostentan distintos ideales 

políticos y territoriales, pues no tienen a su haber un ente 

que los represente a la hora de la toma de decisiones. 

Dicho esto, es menester traer este análisis a la luz de 

la jurisprudencia aplicable. Como es norma reiterada, existe 

una corriente que favorece la delegación de la Asamblea 

Legislativa. Particularmente, porque en la sociedad en la que 

habitamos, la proliferación del sistema administrativo ha 

permitido la regulación minuciosa de asuntos específicos que, 

a su vez, se beneficia de la pericia con la que cuentan 

personas expertas en las distintas materias. Es decir, 

responde a una necesidad de naturaleza práctica, pues la 

Asamblea Legislativa posee limitaciones reales de recursos, 

especialidad y tiempo. Véase J.M. Farinacci Fernós, 

Divergencias entre la Doctrina Federal y Puertorriqueña en 

el Derecho Administrativo, supra, pág. 204. 

No obstante, creo que este Tribunal pasó la oportunidad 

para atemperar estos pronunciamientos que se fundamentan en 

la necesidad de un derecho administrativo robusto, para 

entonces auscultar la aplicación de estos mismos principios 

ante una delegación directa a la figura del gobernador. ¿Qué 

sucede cuando no estamos ante una situación que requiera el 

expertise del Primer Ejecutivo? ¿Qué sucede cuando ante una 

delegación como la anteriormente descrita, no está presente 

una cuestión de emergencia? ¿Se justifica la delegación 
MC-2024-0035 21

entonces? O, por el contrario, ¿estaríamos ante una 

delegación inconstitucional?12 A mi juicio, estas 

interrogantes merecen mayor discusión y una mirada integral 

del Derecho administrativo y los poderes conferidos al primer 

ejecutivo del país. 

IV

Por los fundamentos expuestos, disiento del curso de 

acción mayoritario.

Maite D. Oronoz Rodríguez

 Jueza Presidenta

12 Obsérvese que, la promulgación de reglas legislativas por las agencias 

administrativas está sujeta al cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en la LPAU. A saber, notificación pública al inicio del 

proceso, la oportunidad de comentarios por parte de la comunidad, 

evaluación de estos por la agencia, la adopción final, la presentación 

del reglamento ante el Departamento de Estado y su promulgación. “[E]l 

cumplimiento estricto con este procedimiento tiene tres importantes 

consecuencias: 1) da efecto de ley a los reglamentos, 2) concede 

legitimidad al proceso de adopción de política pública, y 3) justifica 

la deferencia que eventualmente le darán los tribunales a las 

interpretaciones de ley que allí se dispongan”. W. Vázquez Irizarry, Los 

poderes del Gobernador de Puerto Rico y el uso de órdenes ejecutivas, 

supra, pág. 1052. Esto, ciertamente, no es lo que ocurre en el caso de 

la promulgación de una orden ejecutiva. 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN 

PÉREZ.

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2024.

Lcdo. Juan Dalmau Ramírez, 

como Secretario General y en 

representación del Partido 

Independentista 

Puertorriqueño (PIP) y sus 

miembros individuales; Hon. 

María De Lourdes Santiago 

Negrón, Senadora y Portavoz 

del PIP en el Senado; Hon. 

Denis Márquez Lebrón, 

Representante y Portavoz del 

PIP, Cámara de Representantes; 

Roberto Iván Aponte Berríos, 

Comisionado Electoral del PIP

 Peticionarios

 v.

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; Hon. Pedro 

Pierluisi Urrutia, Gobernador 

de Puerto Rico; Comisión 

Estatal de Elecciones (CEE); 

Hon. Jessika D. Padilla 

Rivera, Presidenta Interina de 

la CEE; Lcdo. Aníbal Vega 

Borges, Comisionado Electoral 

del Partido Nuevo Progresista 

(PNP); Lcda. Karla Angleró 

González, Comisionada 

Electoral del Partido Popular 

Democrático (PPD); Lillian 

Aponte Dones, Comisionada 

Electoral del Movimiento 

Victoria Ciudadana (MVC); 

Lcdo. Juan Manuel Frontera 

Suau, Comisionado Electoral 

del Proyecto Dignidad (PD); 

Hon. Nelson Pérez Méndez, 

Secretario del Departamento de 

Hacienda; Lcdo. Juan Carlos 

Blanco Urrutia, Director de la 

Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OGP)

 Demandados

MC-2024-0035

 
MC-2024-0035 2

Por encontrarnos ante unas actuaciones de los Poderes

Legislativo y Ejecutivo sustantiva y procesalmente 

disparatadas, las cuales entran en conflicto con los más 

elementales principios del derecho constitucional 

estadounidense y puertorriqueño, enérgicamente disentimos del 

curso de acción seguido por una mayoría de mis compañeros y 

compañera de estrado en el presente caso. Estos últimos, en 

un acto de interpretación judicial totalmente acomodaticio, 

una vez más le dan la espalda al Pueblo de Puerto Rico y, al 

así hacerlo, permiten el uso ilegal e indiscriminado de fondos 

públicos para fines estrictamente político-partidistas. En 

esta ocasión, para la celebración de una nueva consulta 

plebiscitaria en el País, -- que tendrá lugar el próximo 5 de 

noviembre de 2024 --, la cual fue exclusivamente diseñada, 

mediante una Orden Ejecutiva, por el gobernante de turno, sin 

la participación de las distintas fuerzas políticas que aquí 

cohabitan; y cuya puesta en vigor en nada resolverá el déficit 

de democracia que afecta a nuestra isla, pues la misma no 

goza del aval del Congreso de los Estados Unidos de América, 

parte indispensable al tratar este tipo de asunto. Ello, --

el que este Tribunal dé paso a lo que a todas luces parece 

ser una encuesta de simpatías financiada con fondos del erario 

público --, como mínimo, “hiere la retina”. Veamos.

I.

El origen de esta controversia pudiera trazarse allá 

para el mes de diciembre de 2020, en las postrimerías de uno 

de los cuatrienios más convulsos y complejos en la historia 
MC-2024-0035 3

reciente de Puerto Rico. Específicamente, el 30 de diciembre 

de 2020 la Asamblea Legislativa, entonces dominada por el 

Partido Nuevo Progresista (en adelante, “PNP”), aprobó la Ley 

Núm. 165-2020, infra, mejor conocida como la Ley para 

implementar la petición de estadidad del plebiscito de 2020

(en adelante, “Ley Núm. 165-2020”). La referida pieza 

legislativa fue aprobada con el velado propósito de convocar 

la celebración de un nuevo evento plebiscitario en la Isla 

que facilitara una supuesta transición hacia la estadidad. 

Entre otras cosas, la Ley Núm. 165-2020, infra, concedió 

al Gobernador de Puerto Rico amplias facultades para decidir 

cuándo y cómo se realizaría la votación o proceso electoral 

al que hemos hecho referencia. Entre estas facultades, la 

Asamblea Legislativa cedió al Poder Ejecutivo la potestad 

para decidir y confeccionar: si se realizaría o no la consulta 

aludida, la fecha y horario de la mencionada votación, las 

alternativas de estatus que se presentarían a los electores, 

y el significado de estas alternativas. 

Para poder iniciar el referido proceso plebiscitario se 

dispuso en la ley que, noventa (90) días antes de la fecha 

designada para su celebración, el Gobernador de Puerto Rico 

tendría que emitir una proclama mediante la cual anunciara al 

País su intención de convocar la consulta plebiscitaria en 

cuestión con todos los detalles y elementos necesarios para 

su realización. De igual manera, la referida pieza 

legislativa facultó al Primer Ejecutivo para adelantar los 
MC-2024-0035 4

propósitos de la Ley Núm. 165-2020, infra, mediante el uso de 

órdenes ejecutivas. 

Así las cosas, el pasado 1 de julio de 2024 el Gobernador 

de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia (en adelante, 

“gobernador”, “Gobernador Pierluisi Urrutia” o “Primer 

Ejecutivo”), emitió la Orden Ejecutiva OE-2024-016, titulada 

“Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. 

Pierluisi, para convocar la celebración de una consulta 

electoral a los fines de implementar la petición de estadidad 

del plebiscito de 2020”. En ésta, haciendo uso de las

cuestionadas facultades que le cedió la Asamblea Legislativa 

mediante la Ley Núm. 165-2020, infra, el Primer Ejecutivo 

proclamó y reguló la celebración de una consulta 

plebiscitaria el día 5 de noviembre de 2024, misma fecha en 

que se celebrarán los comicios generales en el País.

Como si fuera poco, en virtud de los poderes ya aludidos, 

el Gobernador Pierluisi Urrutia determinó, unilateralmente, 

que en la consabida consulta plebiscitaria los votantes 

puertorriqueños tendrían la opción de escoger, únicamente, 

entre tres (3) opciones de estatus político, a saber: (a) 

Estadidad; (b) Independencia; o (c) Soberanía en Libre 

Asociación con los Estados Unidos. Adicionalmente, el Primer 

Ejecutivo, mediante la misma Orden Ejecutiva, adoptó, 

nuevamente de forma unilateral, las definiciones y 

explicaciones de cada una de las opciones de estatus político.

Asimismo, en la referida Orden Ejecutiva, y conforme a 

lo estatuido en la Ley Núm. 165-2020, infra, el Gobernador 
MC-2024-0035 5

Pierluisi Urrutia reguló, entre otras cosas, todo lo 

relacionado a: (1) la certificación de los resultados del 

plebiscito, (2) la manera en que se contarían los votos, (3) 

la forma en que se podrían realizar actividades proselitistas 

a favor de una alternativa de estatus, y (4) el modo mediante 

el cual se presupuestaría la consulta. Sobre esto último, el 

Primer Ejecutivo ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina 

de Gerencia y Presupuesto, al Secretario de Hacienda y al 

Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal, para que priorizasen, identificasen e hicieran 

disponibles los fondos públicos necesarios para cumplir con 

la aludida orden ejecutiva. 

Enterados de lo anterior, el 11 de julio de 2024 el 

Partido Independentista Puertorriqueño (en adelante, “PIP” o 

“los peticionarios”), representado por su Secretario General, 

el Lcdo. Juan Dalmau Ramírez y otros miembros de dicha 

colectividad,1 presentaron ante este Tribunal una Demanda en 

jurisdicción original en contra del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, su Gobernador y varios funcionarios de la 

Comisión Estatal de Elecciones (en adelante, “CEE”), entre 

otros. En la misma, éstos solicitaron la concesión de una 

sentencia declaratoria e interdicto permanente mediante los 

cuales se declarase la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 

165-2020, infra, por diversos fundamentos, y, a su vez, se 

1 Específicamente, comparecieron como co-peticionarios la senadora Hon. 

María de Lourdes Santiago Negrón, el representante Hon. Denis Márquez 

Lebrón y el Comisionado Electoral del Partido Independentista 

Puertorriqueño (PIP), Lcdo. Roberto Iván Aponte Berríos. 
MC-2024-0035 6

impidiese la celebración de la consulta plebiscitaria aquí en 

controversia. 

A grandes rasgos, en su recurso legal el PIP sostiene 

que, –- en lo sustantivo --, la pieza legislativa objeto de 

estudio en el presente caso, es inconstitucional por 

violentar: (1) el principio de separación de poderes; (2) los 

derechos constitucionales a la libertad de expresión, la 

igual protección de las leyes y al voto, y (3) el requisito 

constitucional de que el título de toda ley debe reflejar el 

contenido de ésta. De igual manera, -- y en lo relacionado al 

aspecto procesal --, los peticionarios arguyen que el llamado 

a la celebración de una consulta plebiscitaria el próximo 5 

de noviembre de 2024 mediante el mecanismo de la Orden 

Ejecutiva, -- en este caso la OE-2024-016 --, constituye una 

usurpación de determinadas facultades legislativas del Poder 

Legislativo y violenta, además, la facultad reglamentaria 

que, por ley, le ha sido delegada a la CEE. 

Acogido por este Tribunal el antedicho recurso, emitimos 

una Resolución en la cual le concedimos, a todas las partes 

con interés en este litigio, un breve término para que 

expresaran su posición respecto a lo aquí peticionado por el 

PIP. Dicha Resolución fue oportunamente notificada a éstas 

últimas. 

Así las cosas, y luego de que el PIP presentara su 

alegato, el 15 de agosto de 2024 compareció ante nos el 

Comisionado Electoral del PNP, Lcdo. Aníbal Vega Borges (en 

adelante, “Comisionado Vega Borges”), mediante dos escritos. 
MC-2024-0035 7

En el primero de éstos, titulado Moción de desestimación por 

falta de jurisdicción, del demandado Comisionado Electoral 

del PNP, Lcdo. Aníbal Vega Borges, el referido Comisionado 

nos solicita que desestimemos el recurso presentado por el 

PIP, ya que, según alega, las controversias ahí planteadas no 

son justiciables por los peticionarios carecer de 

legitimación activa y por tratarse de un asunto que constituye 

una cuestión política.2 A dicha moción, los peticionarios se 

opusieron mediante un escrito presentado el 26 de agosto de 

2024.

En su segundo escrito, titulado Alegato en oposición, 

del demandado Comisionado Electoral del PNP, Lcdo. Aníbal 

Vega Borges, el referido Comisionado sostiene, a grandes 

rasgos, que los planteamientos de los peticionarios son 

inmeritorios y que tanto la Ley Núm. 165-2020, infra, como la 

Orden Ejecutiva OE-2024-016 son, respectivamente, actuaciones 

legislativas y ejecutivas, totalmente válidas. Por tanto, nos 

solicita que reconozcamos la constitucionalidad de la ley y 

orden ejecutiva aquí impugnadas y que deneguemos la sentencia 

declaratoria solicitada. Similar posición adoptó el Estado, 

representado por su Gobernador, la CEE, y otros funcionarios 

del Poder Ejecutivo.

2 Sobre el particular, basta con señalar que los planteamientos de 

justiciabilidad esgrimidos por la parte demandada son improcedentes en 

derecho. Por tanto, concluimos que la controversia traída ante nuestra 

consideración por los peticionarios es justiciable. Al respecto, véanse 

Ramos, Méndez v. García García, 203 DPR 379 (2019) (Colón Pérez, Opinión 

Disidente); Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, 203 DPR 596, 612-

614 (2019) (Colón Pérez, Opinión de Conformidad); Bhatia Gautier v. 

Gobernador 199 DPR, 59, 68-73 (2017); Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE 

II, infra (Colón Pérez, Opinión Disidente); Córdova y otros v. Cámara de 

Representantes, infra; Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).
MC-2024-0035 8

Por otro lado, el 16 de agosto de 2024 comparecieron 

ante nos, mediante sus correspondientes alegatos, las demás 

partes con interés en la presente causa, entiéndase los 

Comisionados Electorales del Partido Popular Democrático, del 

Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. Estos, 

en apretada síntesis, nos solicitan que declaremos con lugar 

la demanda presentada por los peticionarios por, entre otros 

fundamentos, existir una flagrante violación a la doctrina de 

separación de poderes en la Ley Núm. 165-2020, infra, y la 

acción ejecutiva aquí impugnadas.

Así pues, atendida la controversia presentada ante nos, 

una mayoría de mis compañeros y compañera de estrado, como ya 

mencionamos, valida una actuación del Poder Ejecutivo 

totalmente antidemocrática y procesalmente disparatada, la 

cual choca frontalmente con la doctrina de separación de 

poderes, y cuya puesta en vigor en nada resuelve el déficit 

de democracia que afecta a nuestro País, y mucho menos vincula 

al Congreso de los Estados Unidos de América, parte 

indispensable en el asunto que hoy nos ocupa. A tan leniente 

trato, -- a lo que consideramos un proceder totalmente 

contrario a los más nobles postulados que engalanan nuestra 

Carta Magna --, no podemos imprimirle nuestra aprobación. Es 

por ello que, como ya mencionamos, enérgicamente disentimos 

del curso de acción seguido por la mayoría de esta Curia. 

Explicamos por qué. 
MC-2024-0035 9

II.

A.

Como es sabido, allá para el 25 de julio de 1952, en 

nuestra jurisdicción, entró en vigor la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, uno de los documentos 

más importantes en nuestra vida como colectivo. Desde 

entonces, y dada la manifiesta voluntad del Pueblo que así la 

adoptó en las urnas, ha imperado en nuestro País un sistema 

republicano de gobierno divido en tres grandes poderes: el 

Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Art. I, Sec. 2, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

Es, precisamente, de esta organización estructural de 

nuestro gobierno de donde surge lo que los juristas conocemos 

como la doctrina constitucional de separación de poderes; 

figura jurídica que, desde hace casi un siglo, ha gobernado 

el funcionamiento de nuestro aparato gubernamental. Véase, 

Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789, 

799-800 (2007); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407, 427 (1982). Mediante la aludida doctrina de estirpe 

constitucional, se persigue evitar la concentración indebida 

de poder en una misma rama de gobierno a través de la 

distribución de poderes y facultades complementarias entre 

las otras ramas, Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 88 

(1998); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 458-459 

(1994); Silva v. Hernández Agosto, 118 DPR 45, 57 (1986), 

procurando, a su vez, el cerrarle las puertas a la tiranía 

que pudiera engendrar la concentración de poderes en una sola 
MC-2024-0035 10

de las ramas de gobierno, a expensas de las demás. Clases A, 

B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 681 (2011); Colón Cortés v. 

Pesquera, 150 DPR 724, 750 (2000); Nogueras v. Hernández Colón 

I, 127 DPR 405, 426 (1990).

Así pues, nuestro sistema de gobierno está fundado en el 

reconocimiento de la interrelación o interdependencia entre 

las funciones de cada poder. Córdova y otros v. Cámara de 

Representantes, supra, pág. 800; Sánchez et al. v. Secretario 

de Justicia, 157 DPR 360, 386 (2002); Silva v. Hernández 

Agosto, supra, pág. 57. Para lograr lo anterior, las y los 

miembros de nuestra Convención Constituyente concibieron un 

complejo sistema de pesos y contrapesos que evita que las 

actuaciones de un poder de gobierno causen detrimento o 

vulneren las prerrogativas constitucionalmente asignadas a 

otro de los poderes. Senado v. Tribunal Supremo y otros, 208 

DPR 115, 135 (2021); Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 

DPR 97, 110 (2014); Noriega v. Hernández Colón, supra, pág.

459. Véase, también, A. Acevedo Vilá, Separación de Poderes: 

entre la teoría y práctica, 2a ed., San Juan, Ediciones SITUM, 

2023, págs. 35-36.

Esta interacción que nuestra Carta Magna establece entre 

las distintas ramas de gobierno promueve que, dentro del 

aparato gubernamental, se “gene[re] un equilibrio dinámico 

entre poderes coordinados y de igual rango, [para] evitar así 

que ninguno de éstos amplíe su autoridad a expensas de otro”. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 89. Lo anterior, claro 

está, no supone una enajenación total entre los tres poderes 
MC-2024-0035 11

de gobierno, sino que instaura en nuestra estructura de 

gobierno un sistema de colaboración y de supervisión 

tripartita entre los mismos.

Dicho ello, conviene recordar aquí que, en el ejercicio 

de delimitar el alcance de la doctrina de separación de 

poderes, este Tribunal ha sido enfático en que no permitirá 

“que [los poderes políticos] del Gobierno se conviertan en 

árbitros de sus propios actos”. Silva v. Hernández Agosto, 

supra, pág. 55. Conforme a ello, cuando surjan conflictos o 

choques constitucionales entre las referidas ramas de 

gobierno, le corresponderá al Poder Judicial resolver las 

controversias habidas entre estas. Acevedo Vilá v. Meléndez, 

164 DPR 875, 883 (2005); Silva v. Hernández Agosto, supra, 

pág. 55. Esto, en virtud de su función y facultad de ser el 

último intérprete de la ley y de la constitución. Acevedo 

Vilá v. Meléndez, supra, pág. 883; Noriega Rodríguez v. 

Jarabo, 136 DPR 497, 516 (1994); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 

114 DPR 576, 591 (1983).

B.

Establecido lo anterior, precisa señalar también que, en 

virtud de la doctrina de separación de poderes antes aludida, 

en nuestra jurisdicción se instauró un Poder Ejecutivo 

facultado para, entre otras determinadas cosas, cumplir y 

hacer cumplir las leyes y ejercer cualquier otra facultad o 

atribución que se le señale por la Constitución o por ley. 

Art. IV, Sec. 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además, 

Santana v. Gobernadora, 165 DPR 28, 48 (2005); Noriega v. 
MC-2024-0035 12

Hernández Colón, supra, pág. 458. El Poder Ejecutivo, por 

mandato constitucional, lo ejerce el Gobernador quien es 

elegido por el voto directo en cada elección general. Art. 

IV, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

Así las cosas, y en aras de que el Gobernador de Puerto 

Rico pueda ejercer adecuadamente sus funciones, en el pasado 

hemos sentenciado que ello requiere, como mínimo, que “el 

Primer Ejecutivo tenga la autoridad legal para impartir 

instrucciones u órdenes de carácter obligatorio a los 

funcionarios de la Rama Ejecutiva [...] para que se tomen las 

medidas que, a su juicio, adelanten la política pública del 

Gobierno”. Santana v. Gobernadora, supra, pág. 47. Para ello, 

el Gobernador puede valerse de diversos documentos como lo 

son las proclamas, los memorandos y las órdenes ejecutivas. 

Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., 211 DPR 278, 361 

(2023) (Colón Pérez, Opinión de conformidad) (citando a J.M. 

Gaffney, Executive Order An Introduction, U.S. Congressional 

Research Service, (R46738, March, 29, 2021), pág. 1).

Sobre estas últimas, -- entiéndase, las órdenes 

ejecutivas --, hemos reconocido que las mismas constituyen 

una actuación consustancial a las facultades del Gobernador 

como autoridad máxima del Poder Ejecutivo que lidera, las 

cuales, de ordinario, tienen el propósito de hacer valer sus 

designios como administrador de dicho poder de gobierno. W. 

Vázquez Irizarry, Los poderes del gobernador de Puerto Rico 

y el uso de órdenes ejecutivas, 76 Rev. Jur. UPR 951, 988 

(2007). Véase, además, Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et 
MC-2024-0035 13

al., supra, pág. 361 (Colón Pérez, Opinión de conformidad);

Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 DPR 121, 138 (2009).

Por lo tanto, y como regla general, las órdenes ejecutivas 

carecen de fuerza de ley ya que se limitan a regular 

determinados asuntos atinentes exclusivamente al Poder 

Ejecutivo como ente administrativo. W. Vázquez Irizarry, 

supra, pág. 1029. Véase, además, Guzmán v. Calderón, 164 DPR 

220, 266 (2005) (Rivera Pérez, Opinión de conformidad). 

Empero, existen circunstancias en las que las órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobernador de Puerto Rico sí 

podrían tener fuerza de ley. Para que esto sea posible, la 

directriz emitida por el Primer Ejecutivo debe descansar en 

la autoridad conferida a éste ya sea por medio de la 

Constitución o por alguna ley mediante la cual la Asamblea 

Legislativa le haya delegado el poder para ello. Amadeo Ocasio 

et al. v. Gobernador et al., supra, pág. 362. Véase, además, 

W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1029.

En ese sentido, y según ya hemos visto, si bien las 

órdenes ejecutivas pueden servir al Gobernador de Puerto Rico 

para ejercer sus prerrogativas como Primer Ejecutivo y jefe 

de la Rama Ejecutiva, también pueden servirle para ejercer 

aquellas facultades que le sean delegadas por la Asamblea 

Legislativa. J.M. Farinacci Fernós, Las órdenes ejecutivas y 

las emergencias, 3 (Núm. 2) AMICUS, Rev. Leg. & Pol. Púb. 

UIPR 190, 192-193 (2020). Cuando esto último sucede, es 

preciso que el Gobernador haga referencia expresa al estatuto 
MC-2024-0035 14

que autoriza dicho ejercicio. J.M. Farinacci Fernós, supra, 

pág. 193; W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 1024.

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Sobre el 

particular, y como bien señala el profesor Jorge M. Farinacci 

Fernós, “el o la Gobernador(a) solamente puede utilizar una 

orden ejecutiva para adoptar medidas de naturaleza 

legislativa si la Asamblea Legislativa en efecto así se lo ha 

delegado, mediante un estatuto que cumpla con las exigencias 

constitucionales correspondientes”. (Énfasis suplido). J.M. 

Farinacci Fernós, supra, pág. 193. Por lo tanto, es necesario 

que la delegación de poderes o facultades hechas por el Poder 

Legislativo sea una igualmente válida. 

En esa dirección, y para que así sea, la aludida 

delegación debe cumplir con ciertas exigencias entre las 

cuales, en lo pertinente, podemos mencionar las siguientes:

(1) que se trate de un poder delegable

(2) que, en efecto, se haya llevado a cabo la 

delegación

(3) que se acompañen suficientes principios 

inteligibles para guiar el ejercicio del poder 

cuasi-legislativo delegado

(4) que la entidad a la que se le otorga el poder 

actúe dentro de los límites establecidos por 

la ley; y 

(5) que el ejercicio de dicho poder no sea 

arbitrario o caprichoso. (Énfasis suplido). 

J.M. Farinacci Fernós, supra, págs. 192 y 195. 

Véase, además, Domínguez Castro v. ELA, 178 DPR 

1, 92-93 (2010). 

Por lo tanto, aun cuando el Primer Ejecutivo tenga la 

facultad para emitir órdenes ejecutivas bajo el supuesto de 

un poder delegado por la Asamblea Legislativa, su actuación 
MC-2024-0035 15

pudiera ser contraria a derecho si la delegación del referido 

poder no cuenta con “suficientes principios inteligibles para 

guiar el ejercicio de [los] poderes cuasi-legislativos” 

delegados. (Énfasis suplido). J.M. Farinacci Fernós, supra, 

pág. 195. Véase, además, J.J. Álvarez González, Derecho 

constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales 

con los Estados Unidos: casos y materiales, Bogotá, Ed. Temis, 

2009, pág. 245. Ello fue, precisamente, lo que sucedió aquí.

Al respecto, en el normativo caso de Youngstown Sheet & 

Tube Co. v. Sawyer, 343 US 579 (1952), el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos de América, confrontado con una 

controversia de esta índole, invalidó una orden ejecutiva 

emitida por el Presidente de ese país debido a que, entre 

otras razones, ésta no pretendía ejecutar un mandato 

legislativo de la forma que lo había prescrito el Congreso, 

-- como cuestión de hecho, no había actuación legislativa 

alguna que delegara al Primer Ejecutivo el poder que pretendió 

accionar --, sino que buscaba ejecutar una política ejecutiva 

de aplicación general creada y delineada por él mismo. Íd., 

pág. 588. (“The President's order does not direct that a 

congressional policy be executed in a manner prescribed by 

Congress—it directs that a presidential policy be executed in 

a manner prescribed by the President”).

En ese mismo caso, -- y de particular importancia para 

un cabal entendimiento de la controversia ante nuestra 

consideración --, el Juez Jackson emitió una reconocida 

Opinión Concurrente en la que propuso un esquema de análisis 
MC-2024-0035 16

para evaluar la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas 

emitidas por el Presidente de los Estados Unidos de América 

cuando el Primer Ejecutivo actúa en tres distintos 

escenarios, a saber: (1) por virtud de una autorización 

legislativa expresa o implícita; (2) en ausencia de 

autorización o prohibición estatutaria y alude a sus poderes 

constitucionales independientes; o (3) de forma contraria a 

la voluntad legislativa expresa o implícita. Amadeo Ocasio et 

al. v. Gobernador et al., supra, pág. 377 (Colón Pérez, 

Opinión de conformidad) (citando a Youngstown Sheet & Tube 

Co. v. Sawyer, supra, págs. 635-638). Es al primero de esos 

escenarios al que en este escrito le prestaremos particular 

atención. 

Sobre el primer escenario, -- a saber, cuando el 

gobernante actúa en virtud de una autorización legislativa 

expresa o implícita, como alegadamente sucedió en la causa de 

epígrafe --, el Juez Jackson concluyó que la autoridad del 

Primer Ejecutivo “está en su máxima expresión pues [ésta] 

incluye atribuciones que posee por sí mismo, así como las 

delegadas por el Congreso. En [ese] escenario las cortes deben 

presumir que el poder existe y el peso de la prueba lo tiene 

quien impugna”. W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 967; véase, 

además, Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, supra, págs. 

635-646 (Juez Jackson, Opinión concurrente). 

Ahora bien, aun cuando haya tal delegación expresa por 

parte de la Asamblea Legislativa, es de notar que existen 

escenarios en donde es posible cuestionar si la acción del 
MC-2024-0035 17

Primer Ejecutivo está o no dentro del alcance del poder que 

se le ha conferido por ley y si dicha actuación viola o no lo 

dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos de América 

o en la de Puerto Rico. Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et 

al., supra, págs. 381-381 (Colón Pérez, Opinión de 

conformidad); véase, además, J.M. Gaffney, supra, pág. 12.3 

Y es que, después de todo, “el Primer Ejecutivo no puede 

incurrir en una acción inconstitucional a[u]n cuando el Poder 

Legislativo haya autorizado tal acción”. (Énfasis suplido). 

Amadeo Ocasio et al. v. Gobernador et al., supra, pág. 384, 

esc. 15. (Colón Pérez, Opinión de conformidad). Véase, 

además, Clinton v. New York, 524 US 417, 436 (198). 

En esos casos, y como hemos sentenciado previamente, el 

análisis que vienen llamados a seguir los tribunales debe 

tener presente: “[(1)]el texto del estatuto o legislación que 

le delegó el poder al Presidente de los Estados Unidos [o al 

Gobernador]; [(2)] el alcance del poder delegado por el 

Congreso [o la Asamblea Legislativa] en dicho estatuto; [(3)] 

el poder que tradicionalmente ostenta el Presidente de los 

Estados Unidos [o el Gobernador] en el tema particular bajo 

estudio; y [(4)] la acción o inacción del Congreso [o la 

Asamblea Legislativa], tras un patrón prologado de la acción

del Primer Ejecutivo ejercitada al amparo de determinado 

estatuto”. (Énfasis nuestro). Amadeo Ocasio et al. v. 

Gobernador et al., supra, pág. 381 (Colón Pérez, Opinión de 

conformidad). Véase, además, J.M. Gaffney, supra, pág. 12. 

3 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46738/4
MC-2024-0035 18

Solo habiendo realizado dicho análisis estaríamos en posición 

de evaluar la corrección, o no, de las actuaciones del 

Presidente de los Estados Unidos o, como en este caso, las 

del Gobernador de Puerto Rico.

Examinado ya lo relacionado a la facultad del Primer 

Ejecutivo para dictar órdenes ejecutivas, así como los 

criterios a analizarse a la hora de sopesar su legalidad, 

pasemos ahora a estudiar aquello relacionado a las facultades 

del Poder Legislativo que aquí nos compete. 

III.

A.

En lo que a las referidas facultades se refiere, la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dicta 

que el Poder Legislativo recaerá en una Asamblea Legislativa 

que se compondrá de dos cámaras: el Senado y la Cámara de 

Representantes. Art. III, Sec. 1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 

Asimismo, nuestra Carta Magna concede a la Asamblea 

Legislativa amplios poderes para aprobar leyes en protección 

de la vida, la salud y el bienestar del Pueblo, Art. II, Sec. 

19, Const. ELA, supra. Véase, además, Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, págs. 84-85,4. Entre estos poderes, y en lo aquí 

pertinente, se encuentra el poder exclusivo de “regular todo 

lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de 

4 Tal facultad es la que, habitualmente, se conoce como el “poder de razón 

de estado”. Dicho poder, ha sido definido por esta Curia como “[a]quel 

poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para 

prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar 

o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la 

comunidad, el cual puede delegarse a los municipios”. Domínguez Castro v. 

ELA, 178 DPR 1, 36 (2010).
MC-2024-0035 19

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y 

candidaturas”. (Énfasis suplido). (Citas omitidas). Rivera 

Segarra et al. v. Rivera Lassen et al., 2024 TSPR 60. (Colón 

Pérez, Opinión disidente). Véase, P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 

631, 636 (1984). Véase, además, Art. VI, Sec. 4, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.

Esta encomienda legislativa, -- la de regular mediante 

legislación todo lo concerniente a los procesos electorales 

que acontecen en la Isla --, constituye una delegación 

constitucional específica. De este modo, y en virtud del 

principio de separación de poderes, se “dispuso el ámbito de 

acción” de la Asamblea Legislativa en lo que respecta al 

proceso electoral puertorriqueño. Córdova y otros v. Cámara 

de Representantes, supra, pág. 799.5

B.

Por otro lado, -- y en otro renglón que impacta la 

correcta disposición de los asuntos que nos ocupan, por éstos 

conllevar la erogación de fondos públicos --, es menester 

señalar que la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico también dispone de la manera en que se atenderá 

la confección y aprobación del presupuesto del Gobierno de 

5 Por tanto, es norma conocida que, de ordinario, y velando por el fiel 

cumplimiento del aludido principio constitucional, la Rama Judicial no 

intervendrá en asuntos que claramente son de la competencia de otras ramas 

de Gobierno. Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 DPR 789, 

801 (2007). Sin embargo, es igualmente sabido que “la Rama Judicial tiene 

el poder de determinar si las otras ramas del Gobierno observaron las 

limitaciones constitucionales y si los actos de una de éstas exceden sus 

poderes delegados”. Íd. Lo anterior, y en lo aquí pertinente, debido a 

que, si bien la Asamblea Legislativa posee amplia facultad para regular 

todo lo relacionado al proceso electoral, dicho poder “no es carta blanca 

ni absoluta”, pues está limitado por lo que permite la constitución. 

P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 631, 636-637 (1984).
MC-2024-0035 20

Puerto Rico. Art. III, Sec. 20; Art. IV, Sec. 4; y Art. VI 

Secs. 6-8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Sobre el particular, se 

ha reconocido que nuestra constitución provee un 

procedimiento de elaboración presupuestaria que contempla una 

estrecha interrelación, aunque flexible, entre el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo. Presidente de la Cámara v. 

Gobernador, 167 DPR 149, 179 (2006) (Rodríguez Rodríguez, 

Opinión disidente). Véase, además, A.L. Guzmán Santiago, 

Aspectos legales del proceso presupuestario del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 35 (Núm. 2) Rev. Jur. 

UPR, 291, 308 (1966).6

Es decir, si bien el Poder Ejecutivo goza de ciertas 

facultades que le confiere la Constitución en el proceso de 

adopción de un presupuesto, lo cierto es que el presupuesto, 

una vez aprobado por la Asamblea Legislativa y el Gobernador, 

constituye una Ley que solo puede ser enmendada mediante 

ulterior legislación a esos efectos. Véase, a modo 

ilustrativo, Op. Sec. Just., Núm. 1 de 1994 (suscrita por el 

entonces Secretario de Justicia, Pedro R. Pierluisi Urrutia). 

Por tanto, no existe autoridad legal para que el Gobernador, 

por encima de los poderes que la constitución confiere al 

6 “La Constitución establece una coordinación estrecha entre las ramas 

ejecutiva y legislativa en la elaboración del presupuesto al disponer que 

la Rama Ejecutiva preparará y someterá el proyecto de presupuesto a la 

Asamblea Legislativa y que corresponderá a ésta el promulgar la 

legislación necesaria para darle vigencia a ese presupuesto. Para evitar 

la posibilidad, quizás remota, de que la Asamblea Legislativa abuse del 

poder absoluto que tiene sobre la promulgación de las leyes 

presupuestarias, la Constitución le concede al Gobernador el veto de 

partidas para eliminar las desviaciones indeseables y/o innecesarias en 

la promulgación o aprobación del presupuesto”. A.L. Guzmán Santiago, 

Aspectos legales del proceso presupuestario del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 35 (Núm. 2) Rev. Jur. UPR, 291, 308 (1966).
MC-2024-0035 21

Poder Legislativo, traspase, mediante orden ejecutiva, 

“fondos entre partidas asignadas en los presupuestos de dos 

organismos gubernamentales distintos y separados, siendo 

necesario para ello la acción legislativa a tal fin”. (Énfasis 

nuestro). Íd.

C.

Dicho ello, nos parece en extremo necesario aprovechar 

esta oportunidad para también expresarnos sobre otro asunto 

que está entrañablemente relacionado a la controversia que 

hoy atendemos. Se trata de la cesión de facultades 

constitucionalmente delegadas a una Asamblea Legislativa que 

comprometen el criterio y la facultad de actuar de una 

Asamblea Legislativa futura.

Sobre el particular, y a modo de ejemplo, basta con 

señalar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 

América ha reiterado, en innumerables ocasiones, que un 

Congreso no puede limitar el poder o facultades de un Congreso 

posterior. Lockhart v. U.S., 546 US 699, 703 (2005); U.S. v. 

Winstar Corp., 518 US 839, 872 (1996) (citando con aprobación 

a W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England 90 

(1765)); Fletcher v. Peck, 10 US 87, 135 (1810) (“[t]he 

principle asserted is, that one legislature is competent to 

repeal any act which a former legislature was competent to 

pass: and that one legislature cannot abridge the powers of 

a succeeding legislature”). (Énfasis nuestro).

En igual dirección, este Tribunal, en Córdova y otros v. 

Cámara de Representantes, supra, págs. 808-809, resolvió, 
MC-2024-0035 22

entre otras cosas, que la Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 

2004 (mejor conocida como la Ley del referéndum sobre el 

sistema cameral de la Asamblea Legislativa), 16 LPRA ant. 

sec. 971 et seq., aprobada por la decimocuarta Asamblea 

Legislativa, era inconstitucional por cuanto obligaba a su 

homóloga decimoquinta a actuar de determinada manera en 

contravención de las funciones básicas de las que gozan los 

legisladores en su quehacer legislativo. Abundando en lo 

anterior, en una Opinión de Conformidad emitida por la 

entonces Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez en dicho 

caso, esta última expresó que “es inválido un mandato 

legislativo que comprometa los votos de una Asamblea 

Legislativa posterior y pretenda obligar a sus miembros a 

aprobar cierta legislación”. (Énfasis nuestro). Córdova y 

otros v. Cámara de Representantes, supra, pág. 808 (Rodríguez 

Rodríguez, Opinión de conformidad). Véase, además, Pueblo v. 

Tribunal de Distrito, 70 DPR 678, 681 (1966).

En ese asunto, tanto lo sentenciado por el Máximo Foro 

Judicial Federal, como por este Alto Foro, tiene una razón de 

ser. Y es que, como bien expresamos en el pasado, “[e]l 

despojo o la limitación de alguna de las funciones básicas de 

un parlamento socavaría la base misma de la democracia en el 

país”. (Énfasis suplido). Romero Barceló v. Hernández Agosto, 

115 DPR 368, 375-376 (1984). Todo lo anterior cobra mayor 

relevancia cuando se trata de facultades legislativas tan 

trascendentales como lo son la de decidir y regular todo lo 

concerniente a los procesos electorales que se celebran en 
MC-2024-0035 23

nuestro País, y la de aprobar las partidas presupuestarias 

relacionadas con el mismo. 

Evaluado lo anterior, entendemos necesario analizar

aquella normativa constitucional que gobierna todo lo 

relacionado al uso de fondos públicos para fines privados y 

políticos.

IV.

Sobre esto último, la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico claramente dispone que “[s]ólo se 

dispondrá de las propiedades y fondos públicos y para 

sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del 

estado, y en todo caso por autoridad de ley”. Art. VI, Sec. 

9, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 450. Al analizar 

el alcance de la precitada disposición constitucional, este 

Tribunal ha manifestado que la misma no encierra enigma alguno 

y que su mandato es claro: todo uso del dinero del País debe 

ir destinado, únicamente a la consecución de una finalidad 

pública. Véase, Rosario Rodríguez v. Rosselló et al. II, 207 

DPR 870, 884 (2021) (Colón Pérez, voto particular disidente); 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 395 (2000); 

P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580, 606 (1988). 

La determinación de qué constituye una finalidad 

pública, es una tarea que recae en la prudencia de las otras 

ramas de gobierno, y especialmente en la Asamblea 

Legislativa, quien “tiene la facultad de asignar fondos 

públicos -- ya sea a entidades públicas, semipúblicas o aun 

privadas -- siempre que cumplan con una función 
MC-2024-0035 24

reconocidamente pública y cuando el propósito de estas sea 

colaborar en el desempeño de alguna labor gubernamental”. 

Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, 472 (2020) 

(Colón Pérez, Opinión disidente). Al ejercer tan delicada 

tarea hemos reconocido que “las opciones del legislador en 

este campo son amplias, siempre y cuando éste se mueva dentro 

del marco de la Constitución”. P.I.P. v. C.E.E., supra, pág. 

608.

Sin embargo, la determinación de lo que constituye un 

fin público debe “resultar en el más razonable acomodo entre 

los diversos intereses particulares de la ciudadanía, y en 

ajuste a los tiempos”. Rosario Rodríguez v. Rosselló et al. 

II, supra, pág. 884 (Colón Pérez, voto particular disidente). 

Ello quiere decir que el concepto de fin público “está ligado 

al bienestar general y que tiene que ceñirse a las cambiantes 

condiciones sociales de una comunidad específica”. P.P.D. v. 

Gobernador I, 139 DPR 643, 686 (1995). Véase, además, P.R. 

Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 DPR 982, 997 

(1960). 

Nótese que las expresiones de este Tribunal han aludido 

al vínculo entre finalidad pública y las cambiantes 

condiciones sociales del País, no a sus cambiantes 

circunstancias políticas, y, mucho menos, a las políticopartidistas. En ese sentido, la utilización de fondos 

públicos para promover agendas político-partidistas está 

vedada por el Art. VI, Sec. 9, supra, de nuestra Constitución. 
MC-2024-0035 25

Véase, P.P.D. v. Gobernador I, supra; Miranda v. C.E.E., 141 

DPR 775 (1996). 

Es por ello que, aunque de ordinario, la determinación 

inicial que tomen los poderes de gobierno aludidos sobre lo 

que constituye un fin público nos merece prudencia y 

deferencia, nada nos impide que, en el descargo de nuestra 

función revisora, podamos “evaluar si determinado uso de 

propiedad o fondos del Estado por parte de la Legislatura y 

el Ejecutivo constituye un uso para un fin público”. Báez 

Galib y otros v. C.E.E., supra, pág. 396. En otras palabras, 

la deferencia debida a las ramas hermanas, no puede llevarnos 

“al absurdo de que este Tribunal se cruce de brazos para 

permitir un uso de fondos públicos para un fin claramente 

contrario a nuestro ordenamiento constitucional”. Íd. Véase, 

además, Aponte Rosario et al. v. CEE II, supra, pág. 474 

(Colón Pérez, Opinión disidente).7

Una vez examinado todo lo referente a aquellas 

disposiciones constitucionales que guardan relación con las 

controversias que hoy nos ocupan, pasamos, por último, a 

evaluar el contenido de la Ley Núm. 165-2020, infra, objeto 

del presente litigio, y de la OE-2024-016 que nace de la 

misma.

7 Sobre el particular, debemos recordar que: “la Constitución, cuerpo de 

normas supremas, se impone a la legislación ordinaria. Dicho documento, 

que constituye nuestro proyecto de vida en comunidad, otorga a la Rama 

Judicial amplios poderes para examinar actuaciones alegadamente 

inconstitucionales del Poder Legislativo o Ejecutivo al amparo de la 

relación dinámica de la separación de poderes”. P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 

580, 612 (1988).
MC-2024-0035 26

V.

A.

Según ya habíamos mencionado en la exposición fáctica 

que antecede, la Ley Núm. 165-2020, 16 LPRA sec. 977 et seq., 

-- disposición legal aquí bajo estudio --, fue aprobada en 

las postrimerías del cuatrienio pasado en un intento 

desesperado por conferir al gobernador electo para los 

próximos cuatro años, -- en este caso, el Gobernador Pierluisi 

Urrutia --, la facultad de poder realizar una consulta 

plebiscitaria en el momento y circunstancias que éste 

entendiera conveniente. Lo anterior, debido a que, como es 

sabido, a raíz del evento eleccionario de noviembre de 2020, 

el PNP había perdido el control del poder legislativo para el 

próximo cuatrienio. 

Según el propio texto de la Ley Núm. 165-2020, supra, 

dicho estatuto lleva el nombre oficial de Ley para implementar 

la petición de estadidad del plebiscito de 2020. 16 LPRA sec. 

977. Como parte de su declaración de política pública, la 

precitada disposición legal expresa: 

Este capítulo dispone los procedimientos y los 

parámetros que regirán la celebración de toda 

consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer 

la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los 

electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 

2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, 

respuesta o ratificación electoral relacionada con 

el estatus político de Puerto Rico que sea 

presentada o solicitada por una o ambas cámaras 

legislativas del Congreso, el Presidente de Estados 

Unidos de América o ambos. (Énfasis suplido). Art. 

1.3, 16 LPRA sec. 977a. 

Es decir, de una somera lectura del precitado texto surge 

diáfanamente que la celebración de una consulta electoral en 
MC-2024-0035 27

virtud de la Ley Núm. 165-2020, supra, solo podrá realizarse: 

(1) si se tratase de una consulta que busca “hacer valer” la 

supuesta voluntad electoral de los puertorriqueños expresada 

en noviembre de 2020; o (2) si una o ambas cámaras del 

Congreso de los Estados Unidos de América o el Presidente del 

mismo País, o ambos poderes federales, solicitan o presentan 

a Puerto Rico la realización de una consulta electoral 

relacionada al estatus político de la Isla. 

No obstante, en su Artículo 2.1, infra, y de forma 

contradictoria con la precitada declaración de política 

pública, la mencionada disposición legal facultó “al 

Gobernador de Puerto Rico para convocar, mediante Orden 

Ejecutiva, cuando así lo considere necesario: [...] (d) una 

consulta para una ratificación de la voluntad del Pueblo de 

Puerto Rico; (e) una votación para resolver el estatus 

político futuro de Puerto Rico”. 16 LPRA sec. 978. Para poder 

ejercer esta supuesta facultad plebiscitaria, la Ley Núm. 

165-2020, supra, mandata para que el Gobernador de Puerto 

Rico emita una proclama al menos noventa (90) días previos a 

la fecha seleccionada por él para la celebración de la 

consulta. Íd.

El texto de lo que debe contener la referida proclama se 

halla transcrito en el Artículo 2.2 de la mencionada 

disposición legal. 16 LPRA sec. 978a. Sin embargo, el mismo 

contiene ciertos espacios en blanco que tendrían que ser 

llenados por el Gobernador en virtud de las facultades que se 

le delegan.
MC-2024-0035 28

En ese sentido, el Artículo 4.1 de la Ley Núm. 165-2020, 

supra, faculta al Gobernador de Puerto Rico para que, mediante 

Orden Ejecutiva y sin participación alguna de la Asamblea 

Legislativa, determine cuáles serán las alternativas que se 

le presentarán a los electores en la votación. 16 LPRA sec. 

980. De igual modo, el texto de la proclama que se transcribe 

en la ley autoriza al Gobernador para definir, 

unilateralmente, cada una de las alternativas de estatus que 

vayan a aparecer en la papeleta de la consulta. Art. 2.2, 16 

LPRA sec. 978a.

Por otro lado, la mencionada disposición legal también 

dispone en varias secciones que será el Presidente de la CEE, 

la persona encargada de entregar al Gobernador diversos 

borradores y proyectos necesarios para la votación. Véanse, 

Arts. 3.1, 3.2 y 4.4, 16 LPRA secs. 979, 979a y 980c. Esto, 

en aparente contradicción con la organización operativa de la 

CEE. A esos efectos, véase los Arts. 3.1(2) y 3.4 del Código 

Electoral de Puerto Rico. 16 LPRA secs. 4511 y 4514.8

B.

En virtud de lo anterior, y como ya habíamos reseñado, 

el 1 de julio de 2024, el Gobernador Pierluisi Urrutia emitió 

la Orden Ejecutiva OE-2024-016. Mediante ésta, el Primer 

Ejecutivo, “a los fines de hacer valer la voluntad electoral 

8 El Código Electoral de Puerto Rico de 2020 establece que “las decisiones 

de la Comisión relacionadas con asuntos de específica naturaleza electoral 

se tomarán con la unanimidad de los Comisionados Electorales propietarios 

presentes que la componen”. Art. 3.4, 16 LPRA sec. 4514. Es decir, como 

el cuerpo colegiado que es, el Código Electoral exige la toma de 

decisiones mediante la participación de los comisionados electorales que 

componen la Comisión Estatal de Elecciones.
MC-2024-0035 29

expresada en el Plebiscito 2020”, y de manera unilateral, 

ordenó la celebración de una nueva consulta plebiscitaria en 

el País para el próximo 5 de noviembre de 2024.

Asimismo, y mediante la aludida Orden Ejecutiva, el 

Primer Ejecutivo decidió, -- nuevamente a su exclusivo 

arbitrio --, que las tres alternativas a ser presentadas a 

las y los electores hábiles serían únicamente: (A) la 

Estadidad; (B) la Independencia; y (C)la Soberanía en Libre 

Asociación con los Estados Unidos de América.

Como si ello fuera poco, en la referida Orden Ejecutiva, 

el Gobernador Pierluisi Urrutia, sin consultar con nadie, se 

dio a la tarea de definir las mencionadas alternativas de 

estatus político, a su gusto y conveniencia. Para ello, y 

según indica la Opinión Mayoritaria en el presente caso, el 

Primer Ejecutivo se basó en las alternativas y definiciones 

contenidas en el proyecto de ley federal, Puerto Rico Status 

Act, HR 8393. Proyecto que, habiendo sido presentado ante la 

Cámara de Representantes federal durante el año 2022, no llegó 

a ser considerado por el Senado federal.

De igual forma, mediante la mencionada Orden Ejecutiva, 

y sobrepasando sus facultades constitucionales, el Primer 

Ejecutivo ordenó al Director Ejecutivo de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto, al Secretario de Hacienda y el 

Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal, para que priorizasen, identificasen e hicieran 

disponibles los fondos públicos necesarios para cumplir con 

la aludida orden ejecutiva. Lo anterior, a pesar de que el 
MC-2024-0035 30

presupuesto aprobado por la actual Asamblea Legislativa no 

contempla ninguna asignación para dicho fin.

Es, pues, a la luz de los hechos y el derecho antes 

expuestos que, -- desde la disidencia --, procedemos a 

disponer de los asuntos que nos ocupan.9

VI.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso el 

PIP nos solicita que declaremos la inconstitucionalidad de la 

Ley Núm. 165-2020, supra, que delegó en el Gobernador de 

Puerto Rico la potestad para realizar, a su libre albedrío, 

una consulta plebiscitaria en el País; la que, como cuestión 

de hecho, ha sido pautada para el próximo 5 de noviembre de 

2024. Lo anterior, por entender que, -- entre otras razones 

--, el referido estatuto violenta el principio de separación 

de poderes. A todas luces, les asiste la razón a los 

peticionarios. 

Y es que, de conformidad con la normativa antes expuesta, 

ha quedado claramente demostrado aquí que:

1) La Ley Núm. 165-2020, supra, choca 

frontalmente con la doctrina de 

separación de poderes en la medida en 

9 Si bien en los alegatos que presentaron las partes ante este Tribunal, 

y particularmente en el presentado por el PIP, también se impugnan la ley 

y la orden ejecutiva aquí en controversia por las mismas violentar el 

derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y la denominada 

“regla de un solo asunto”, entendemos que no es necesario en estos 

momentos tener que elaborar sobre el particular, pues con tan solo 

enfatizar en la doctrina de separación de poderes y en aquello relacionado 

a las facultades que tiene el gobernante para emitir órdenes ejecutivas, 

resulta suficiente para decretar la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 

165-2020, 16 LPRA sec. 977 et seq., y de la Orden Ejecutiva OE-2024-016. 

Es por tal razón que limitamos nuestro análisis a lo antes expresado. 
MC-2024-0035 31

que ésta permite que el Gobernador de 

Puerto Rico, mediante orden ejecutiva, 

dé paso a un proceso electoral que, 

conforme a nuestra Constitución, debe 

ser exclusivamente determinado por 

ley.10 Al así hacerse, también se 

10 A nuestro juicio, tanto la referida legislación como la orden ejecutiva 

emitida en virtud de ésta, son actuaciones totalmente contrarias al 

principio constitucional de separación de poderes. Ello queda 

diáfanamente constatado con el texto de la Ley Núm. 165-2020, supra, que 

delega excesiva y ampliamente en la figura del gobernador una facultad 

que, por el texto expreso de nuestra constitución, recae exclusivamente 

en la Asamblea Legislativa. 

Es decir, estamos convencidos de que cuando la ley aquí en 

controversia dispone que el Gobernador podrá determinar, a su exclusivo 

arbitrio y mediante orden ejecutiva, cuándo realizar determinada consulta 

plebiscitaria, qué se le preguntará a los electores y cuáles serán las 

definiciones de las distintas opciones de estatus político a presentarse 

en la papeleta, -- lo que de por sí consideramos una actuación 

antidemocrática --, se perfecciona una flagrante violación a la 

disposición constitucional que reza que “[s]e dispondrá por ley de todo 

lo concerniente al proceso electoral”. (Énfasis suplido). Art. VI, Sec. 

4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 447. 

La Opinión Mayoritaria, en cambio, aduce, entre otras razones, que 

la selección de las alternativas de estatus político a presentarse en la 

consulta por parte del Gobernador, así como sus respectivas definiciones, 

se trata de una actuación válida por cuanto se refiere a alternativas que 

han sido discutidas y adoptadas por uno de los cuerpos legislativos del 

Congreso federal. Yerran mis compañeros y compañera de estrado. El mero 

hecho de que el Gobernador Pierluisi Urrutia haya decidido, por sí solo 

y sin la participación de la actual Asamblea Legislativa, llamada por 

nuestro ordenamiento constitucional a legislar todo lo relacionado a los 

procesos electorales, que las alternativas a presentarse a los electores, 

así como sus definiciones, serían las consideradas por el Congreso 

federal, constituye un acto decisorio unilateral e insostenible, -- al 

menos hasta el día de hoy --, a la luz de los principios que contempla 

nuestra Constitución. 

De igual manera, hoy una mayoría de este Tribunal concluye que la 

delegación de poderes contenida en la Ley Núm. 165-2020, supra, es válida 

por cuanto contiene suficientes principios inteligibles para guiar el 

proceder del Gobernador. Con dicha apreciación no podemos coincidir. Y es 

que, según ha quedado demostrado, semejante conclusión resulta 

indefendible cuando, como en el presente caso, se trata de una ley que 

deja en el exclusivo arbitrio del Gobernador la decisión final sobre 

elementos esenciales de la consulta plebiscitaria aquí en controversia 

(incluyendo la pregunta que ha de presentarse a las y los electores). Por 

tanto, resulta incomprensible determinar que hubo una delegación de 

poderes con suficientes principios inteligibles, cuando la ley aquí en 

controversia lo que delega es la facultad exclusiva al Gobernador para 

hacer lo que le venga en gana con relación al plebiscito.
MC-2024-0035 32

impuso, por parte de la Asamblea 

Legislativa que aprobó la mencionada 

disposición legal, una traba a la actual 

Asamblea Legislativa en el descargo de 

sus funciones constitucionales.11

2) La Ley Núm. 165-2020, supra, vulnera 

aquellas disposiciones constitucionales 

que prohíben el uso de fondos públicos 

para sufragar asuntos estrictamente 

político-partidistas. A esos efectos, 

basta solo con acudir a la carta que, 

en el año 2020, y en un proceso 

plebiscitario muy similar al que hoy es 

objeto de estudio, el Departamento de 

Justicia federal remitió al entonces 

Presidente de la CEE, en la que dejaba 

entrever que aquella consulta adolecía 

de un claro elemento políticopartidista.12 Elemento que hoy, 

nuevamente, resurge al menor asomo.13

11 No albergamos duda alguna que, con la aprobación de la Ley Núm. 165-

2020, supra, aquí en controversia, la decimoctava Asamblea Legislativa 

procuró usurpar las facultades de la próxima Asamblea Legislativa con el 

velado propósito de brindar al futuro gobernador del PNP, -- en ausencia 

del poder sobre las cámaras legislativas para el próximo cuatrienio tras 

los resultados electorales de 2020 --, el amplio poder para convocar, 

dirigir, planificar y ejecutar una consulta plebiscitaria para que, ante 

la celebración de unos nuevos comicios, pudiera motivar a salir votar a 

sus huestes. 

12 Véase, Anejo I.

13 Así las cosas, nos reiteramos en nuestro criterio esbozado, desde la 

disidencia, en Aponte Rosario et al. v. Pres. CEE II, 205 DPR 407, (2020) 
MC-2024-0035 33

De otra parte, y relacionado al uso de 

fondos públicos, el referido estatuto 

también infringe los postulados de 

nuestra Constitución al permitir que, 

mediante Orden Ejecutiva, el Gobernador 

pudiese “enmendar” el presupuesto 

vigente aprobado por ley por la actual 

Asamblea Legislativa; poder que el 

Primer Ejecutivo finalmente ejerció al 

instruir al Director Ejecutivo de la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto, al 

Secretario de Hacienda y el Director de 

la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal, para que priorizasen, 

identificasen e hicieran disponibles 

los fondos públicos necesarios para 

cumplir con lo dispuesto en la aludida 

Orden Ejecutiva, en contravención de 

las asignaciones presupuestarias 

establecidas por ley.

En fin, como hemos podido apreciar, nos encontramos ante 

una pieza legislativa que dio paso a unas desacertadas 

actuaciones del Poder Ejecutivo, con serios visos de 

inconstitucionalidad. Sostener lo contrario y permitir que, 

(Colón Pérez, Opinión disidente) en el sentido de que las agendas 

anexionistas promovidas desde las ramas del gobierno de Puerto Rico no 

constituyen un “fin público” que justifique el dispendio de fondos 

públicos.
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-- en una clara violación al principio constitucional de 

separación de poderes, y a aquel que prohíbe el uso de fondos 

públicos para fines estrictamente político-partidistas --, se 

someta al País, por enésima vez, a una consulta plebiscitaria 

inconsecuente y hecha a la medida y antojo de cierto 

gobernante, resulta, sin más, un absurdo jurídico. Lo que 

está mal, está mal, sin importar las bondades que algunos 

miembros de esta Curia pudieran encontrarle al referido 

estatuto.

VII.

Es pues, por los fundamentos antes expuestos que 

enérgicamente disentimos del curso de acción seguido por una 

mayoría de mis compañeros y compañera de estrado. En 

consecuencia, hubiésemos declarado la inconstitucionalidad de 

la Ley Núm. 165-2020, supra, y de la Orden Ejecutiva OE-2024-

016. 

 Ángel Colón Pérez

 Juez Asociado
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