EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

In re:

Marcos A. Rivera Ortiz

(TS-5,398)

John Ward Llambías

(TS-7,532)

2023 TSPR 141

213 DPR ___

Número del Caso: CP-2019-0008

Fecha: 7 de diciembre de 2023

Oficina del Procurador General: 

Lcda. Lorena Cortés Rivera 

Subprocuradora General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General 

Lcdo. Omar Andino Figueroa

Subprocurador General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Abogados de los querellados:

Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz:

Lcda. Daisy Calcaño López

Lcdo. Donald Millán Guindín

Lcdo. John Ward Llambías:

Por derecho propio

Comisionada Especial:

Hon. Ygrí Rivera Sánchez

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio 

de la abogacía por infracción a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del 

Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso 

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal 

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marcos A. Rivera Ortiz

 TS-5,398

John Ward Llambías

 TS-7,532 

CP-2019-008

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

Una vez más nos vemos obligados a suspender a dos 

miembros de la profesión legal del ejercicio de la abogacía. 

En esta ocasión, por sus infracciones a los Cánones 9, 12, 

18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. 

Veamos.

I.

El Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz (licenciado Rivera 

Ortiz) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de 

diciembre de 1976.1 Por su parte, el Lcdo. John Ward Llambías 

1 El Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz prestó juramento de notario el 21 de 

enero de 1977, pero fue suspendido del ejercicio de la notaría mediante 

Opinión Per Curiam y Sentencia de 6 de julio de 1992 por dejar de adherir 

y cancelar sellos de rentas internas.
CP-2019-008 2

(licenciado Ward Llambías) fue admitido al ejercicio de la 

abogacía el 30 de noviembre de 1982.2

El 15 de mayo de 2006, la Sra. Elizabeth Rodríguez 

Flecha presentó una queja ética en contra del licenciado 

Rivera Ortíz y el licenciado Ward Llambías (promovidos).

Expuso que ella, junto a otras cincuenta y nueve (59)

personas (promoventes), trabajaban en la compañía Life 

Savers, Inc. de donde se retiraron por condiciones de

incapacidad. La compañía estaba asegurada por Medical Card 

System (MCS), el cual administraba el Plan de Incapacidad a 

largo plazo. Alegaron que este beneficio les fue suspendido

de forma arbitraria. 

El 24 de julio de 2002, los promoventes contrataron los 

servicios profesionales del licenciado Rivera Ortiz para 

llevar una acción en contra de la aseguradora, quien presentó 

una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de 

Primera Instancia el 14 de agosto de 2002.3 Sin embargo, la 

acción fue trasladada al Tribunal de Distrito Federal a 

petición de la parte demandada. Por ello, el licenciado 

Rivera Ortiz le comunicó a los promoventes la necesidad de 

contratar a un abogado con experiencia en el foro federal y 

les recomendó al licenciado Ward Llambías. Las partes 

firmaron un contrato de servicios profesionales el 8 de enero 

2 El Lcdo. John Ward Llambías prestó juramento de notario el 16 de 

diciembre de 1982. El 29 de abril de 2016 fue suspendido de forma 

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por 

incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y con 

nuestras órdenes. El 24 de octubre de 2016 fue reinstalado al ejercicio 

de la abogacía.

3 Graciano Álamo Rodríguez v. MCS Life Insurance Company, et. al., civil 

núm. HSCI200200802.
CP-2019-008 3

de 2003 y el licenciado Rivera Ortiz se mantuvo como parte 

de la representación legal para colaborar con el licenciado 

Ward Llambías. 

Luego de varios trámites procesales e incomparecencias

de la representación legal de los promoventes, el Tribunal

de Distrito Federal ordenó la desestimación con perjuicio de 

la acción por incumplimiento con sus órdenes.4 Los 

promoventes advinieron en conocimiento de la desestimación 

con perjuicio de la demanda debido a que acudieron 

directamente al Tribunal para obtener información de su caso 

y entonces se comunicaron con los promovidos. Así las cosas,

el 17 de septiembre de 2003, el licenciado Ward Llambías

presentó un escrito titulado Notice of Attorney Appearance

para que se le anotara como nuevo abogado activo en el caso. 

Finalmente, el licenciado Ward Llambías optó por apelar

la desestimación de la acción ante el Tribunal de Apelaciones 

de Estados Unidos para el Primer Circuito.5 Principalmente, 

argumentó que su incomparecencia a la vista de conferencia 

inicial se debió a que no había sido notificado a pesar de 

ser el abogado activo en dicho caso, presentar previamente

ciertas mociones y sostener comunicaciones con los 

representantes legales de los demandados. Sostuvo que solo 

habían notificado al licenciado Rivera Ortiz, quien surgía 

como abogado de récord. El foro apelativo declaró no ha lugar

4 Véase el Informe de la Oficina de la Procuradora General, Anejo IV, 

págs. 18-21.

5 Véase el Informe de la Oficina de la Procuradora General, Anejo V, 

págs. 22-24.
CP-2019-008 4

el recurso. Concluyó que el licenciado Ward Llambías fue 

frívolo al no notificar que era el abogado activo hasta 

después que se desestimó la causa, razón por la cual no 

recibió las notificaciones.6 Sin embargo, al licenciado 

Rivera Ortiz sí recibirlas, concluyó que el foro primario 

tuvo razón al desestimar, pues bastaba con que se notificara 

a uno de los abogados del caso.

El 9 de mayo de 2005, los promoventes presentaron una 

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia por daños y 

perjuicios contra los promovidos.7 En vista de que la demanda 

versaba sobre los mismos hechos alegados en la queja, 

ordenamos la paralización del procedimiento disciplinario 

hasta su culminación. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

anotación de rebeldía de los promovidos, el 18 de mayo de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

en la que declaró con lugar la demanda de impericia 

profesional.8

El Procurador General sometió la querella disciplinaria

el 22 de noviembre de 2019. En esta imputó al licenciado 

Rivera Ortiz violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 de 

Ética Profesional, supra, y al licenciado Ward Llambías

violaciones a los Cánones 12, 18 y 38, de Ética 

Profesional,supra. 

6 Id.

7 Graciano Álamo-Rodríguez, et als. v. John Ward Llambías, et als., Civil 

Núm. KAC2005-3440.

8 Los promoventes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones, foro que 

modificó y confirmó el dictamen recurrido. Posteriormente acudieron ante 

este Tribunal. Estos recursos fueron denegados.
CP-2019-008 5

El licenciado Rivera Ortiz expuso que trabajó de manera 

rápida y efectiva en la primera fase del caso, y cuando se 

trasladó al foro federal, descansó en el licenciado Ward 

Llambías para que cumpliera con toda la exigencia y 

especialización que requiere el proceso federal. El 

licenciado Rivera Ortiz sostuvo que estaba para ayudar, por 

lo que él alegó que no se le puede exigir el mismo rigor 

profesional. 

El licenciado Ward Llambías, por su parte, solicitó una 

prórroga de quince (15) días, pero al cumplirse el término 

no compareció por lo que le concedimos diez (10) días 

adicionales para contestar. El licenciado Ward Llambías se 

limitó a reiterar en que no incurrió en error, ni 

negligencia, separándose de cualquier tipo de 

responsabilidad. Insistió en que la responsabilidad recaía

en el licenciado Rivera Ortiz, ya que él era el abogado de 

récord y era quien estaba siendo notificado por el Tribunal. 

Consecuentemente, referimos el asunto a la Comisionada 

Especial, Hon. Ygrí Rivera Sánchez, quien presentó su 

Informe el 23 de junio de 2023. En el mismo, concluyó que 

los promovidos habían incumplido con los Cánones imputados 

en la querella y esto quedó probado de manera clara, robusta 

y convincente según la prueba presentada por estipulación de 

las partes. 

Además, le otorgó entera credibilidad al 

arrepentimiento mostrado por el licenciado Rivera Ortiz

sobre sus omisiones éticas y recomendó a este Tribunal tomar 
CP-2019-008 6

en consideración la existencia de atenuantes e imponer una 

sanción proporcional a las faltas éticas objeto del presente 

procedimiento.

A la luz de este tracto fáctico procedemos a exponer el 

derecho aplicable.

II.

El Canon 9 de Ética Profesional, supra, expresa que 

"[e]l abogado debe observar para con los tribunales 

una conducta que se caracterice por el mayor respeto". 

La profesión de la abogacía por su propia naturaleza requiere 

de sus funcionarios la más escrupulosa atención y diligencia 

ante cualquier tribunal o foro que estén obligados a 

comparecer. In re Pagán Ayala, 130 DPR 678, 681 (1992); In 

re Colón Torres, 129 DPR 490 (1991). Tanto así que “la 

desatención por parte de los letrados de los requerimientos 

realizados durante un proceso disciplinario no sólo denota 

indisciplina, desobediencia y falta de respeto hacia 

las autoridades, sino que además causa demoras 

irrazonables en el trámite de los casos, afectando 

la administración de la justicia”. In re Cardona 

Estelritz, 2023 TSPR 100, 212 DPR __; In re López Santiago, 

199 DPR 797, 808-809 (2018); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 

433, 444 (2008). 

Por su parte, el Canon 12 de Ética Profesional, supra,

expresa que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus 

compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su 

asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación 
CP-2019-008 7

de las causas”. Esto implica que, en virtud de ello, todo 

letrado está “obligado a realizar todas las diligencias 

necesarias para asegurarse de no causar demoras 

indebidas en el trámite de las causas de acción que 

le sean encomendadas”. In re Lugo Quiñones I, 206 DPR 1 

(2021); In re Pérez Guerrero, 201 DPR 345 (2018); In re 

Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re López Montalvo, 173 

DPR 193 (2008). Esto forma parte del deber fundamental que 

tienen los abogados para con su cliente. In re Lugo Quiñones

I, supra; In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729 (2019); In re 

Otero Calero, 200 DPR 561 (2018); In re Morell Bergantiños, 

195 DPR 759 (2016). Siendo ello así, el deber de diligencia 

profesional es incompatible con la desidia, despreocupación, 

inacción y displicencia. In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).

Ahora bien, el Canon 18 del Código de Ética 

Profesional, supra, expresa que:

Será impropio de un abogado asumir una 

representación profesional cuando está consciente 

de que no puede rendir una labor idónea competente 

y que no puede prepararse adecuadamente sin que 

ello apareje gastos o demoras irrazonables a su 

cliente o a la administración de la justicia. 

Es deber del abogado defender los intereses del 

cliente diligentemente, desplegando en cada caso 

su más profundo saber y habilidad y actuando en 

aquella forma que la profesión jurídica en general 

estima adecuada y responsable...

Nosotros le hemos exigido a nuestros abogados que en 

los trámites judiciales que ocupan sean celosos, cuidadosos 

y diligentes. In re Cardona Estelritz, supra. Si de lo 

contrario, el comportamiento del letrado "exhibe una 

conducta negligente que pueda acarrear o, en efecto acarree, 
CP-2019-008 8

la desestimación de un caso", infringe los preceptos del 

Canon 18 de Ética Profesional. In re Rivera Nazario, 193 DPR 

573 (2015); véase, también, In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 

968(2007); In re Guadalupe Díaz, 155 DPR 135, 154-155, 

(2001). 

Algunos de los comportamientos que esta Curia ha 

sancionado como violaciones a este deber de diligencia, son: 

1) no comparecer a los señalamientos del tribunal, 2) no 

contestar interrogatorios que le son sometidos, 3) no 

informar a las partes sobre la presentación de un perito, 4) 

desatender o abandonar el caso, 5) permitir que expire el 

término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, y 6) 

cualquier tipo de actuación negligente que puede conllevar 

o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso. 

In re Collazo I, supra. Esta conducta es altamente 

reprochable, pues los intereses de su cliente son los 

verdaderamente afectados. In re Lugo Quiñones I, supra; In 

re Rodríguez Lugo, supra; In re López Santiago, supra; In re 

Nieves Nieves, supra.

Asimismo, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 

supra, expresa que “[e]l abogado debe mantener a su cliente 

siempre informado de todo asunto importante que surja en el 

desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. En la 

relación abogado-cliente es fundamental el deber de mantener 

al cliente informado. Este Tribunal ha expresado que cuando 

el abogado "[n]o atiende los reclamos de información que le 

hace el cliente; no le informa del resultado adverso de una 
CP-2019-008 9

gestión; ocurre la desestimación o el archivo de la acción; 

no mantiene al cliente al tanto del estado de los 

procedimientos del caso; o le niega información sobre el 

mismo" se infringe este Canon. In re: Lugo Quiñones I, supra; 

In re Pérez Guerrero, supra; In re Vázquez Bernier, 198 DPR 

459 (2017); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739(2014).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 

supra, expresa que “[e]l abogado deberá esforzarse, al 

máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad 

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios 

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta 

profesional impropia”. Las actuaciones de cada abogado se 

ven reflejadas en la profesión, por tal razón, “siempre deben 

actuar con el más escrupuloso sentido de 

responsabilidad que impone la función social que 

ejercen”. In re Lugo Quiñones I, supra; In re Vázquez 

Bernier, supra; In re Rivera Nazario, supra; In re 

Gordon Menéndez, 183 DPR 628 (2011).

III.

Como mencionamos anteriormente, el asunto fue referido 

a una Comisionada Especial quien al examinar meticulosamente 

la prueba presentada concluyó que los Querellados violaron 

los Cánones del Código de Ética Profesional imputados. 

Coincidimos con dicha apreciación.

Primero, el licenciado Rivera Ortiz quebrantó sus 

deberes profesionales al no cumplir con las órdenes que le 
CP-2019-008 10

fueron notificadas por el Tribunal. El no mostrar la 

diligencia necesaria para con ese foro ocasionó que la 

demanda a la cual se comprometió a representar y recibió 

honorarios para ello, fuese desestimada con perjuicio, 

causándole severos daños a sus clientes. De igual forma, al 

no informarle oportunamente la desestimación del caso a sus 

clientes violó su deber de mantener informado al cliente. 

Por tal razón, el licenciado Rivera Ortiz infringió los 

Cánones 9, 12, 18, 19 y 38.

Al igual que el licenciado Rivera Ortiz, el licenciado 

Ward Llambías no fue diligente con los trámites procesales 

del caso que aquí nos ocupa, lo que ocasionó que fuese 

desestimado con perjuicio. Contrario a lo que el letrado 

expuso en su contestación, el no recibir las notificaciones 

del Tribunal no lo excusa de sus deberes con el cliente. Su 

conducta fue negligente al no comparecer como abogado activo 

en el caso hasta luego de que la demanda fuese desestimada, 

lo que refleja indiferencia y dejadez en el asunto. Por tal 

razón, infringió los Cánones 12, 18 y 38. 

La conducta aquí esbozada es una que merece ser 

sancionada. Previo a determinar la sanción correspondiente 

a un profesional del Derecho que ha infringido los 

Cánones de Ética Profesional, hemos adoptado varios 

criterios o factores a considerarse: (1) la reputación 

del abogado en la comunidad; (2) su historial 

disciplinario; (3) si la conducta es una aislada; (4) 

si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa 
CP-2019-008 11

frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a 

alguna parte; (7) si resarció al cliente o la clienta; (8) 

si demostró aceptación o arrepentimiento sincero por la 

conducta que le fuera imputada y, (9) otros atenuantes 

o agravantes que surjan de los hechos. In re Roldán 

González, 195 DPR 414 (2016).

IV.

A tenor de todo lo antes expuesto, se suspende 

inmediatamente del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Marcos 

A. Rivera Ortiz por un término de tres (3) meses. El 

licenciado Rivera Ortiz ha sido objeto de sanciones 

disciplinarias previamente por su incumplimiento con las 

disposiciones de la Ley Notarial. Sin embargo, también 

tomamos en consideración que el letrado se mostró 

arrepentido por su conducta. 

En cuanto al Lcdo. John Ward Llambías, tampoco estamos 

ante una primera falta disciplinaria. Por lo tanto, se le

suspende inmediatamente del ejercicio de la abogacía por un 

término de cuatro (4) meses.

En consecuencia, se le impone a estos el deber de 

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para 

continuar representándolos, devolver cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e 

informar inmediatamente de su suspensión a los foros 

judiciales y administrativos en donde tengan casos 

pendientes. Además, tienen la obligación de acreditar y 
CP-2019-008 12

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo 

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros 

a quienes le notifican de su suspensión dentro del término 

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta 

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar 

que no se les reinstale a la práctica de la profesión legal, 

de solicitarlo en el futuro.

Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Marcos A. Rivera Ortiz

 TS-5,398

John Ward Llambías

 TS-7,532 

CP-2019-008

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam 

que antecede, se suspende inmediatamente del ejercicio de la 

abogacía al Lcdo. Marcos A. Rivera Ortiz por un término de 

tres (3) meses. El licenciado Rivera Ortiz ha sido objeto de 

sanciones disciplinarias previamente por su incumplimiento 

con las disposiciones de la Ley Notarial. Sin embargo, 

también tomamos en consideración que el letrado se mostró 

arrepentido por su conducta. 

En cuanto al Lcdo. John Ward Llambías, tampoco estamos 

ante una primera falta disciplinaria. Por lo tanto, se le 

suspende inmediatamente del ejercicio de la abogacía por un 

término de cuatro (4) meses.

En consecuencia, se le impone a estos el deber de 

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para 

continuar representándolos, devolver cualesquiera 

honorarios recibidos por trabajos no realizados e 

informar inmediatamente de su suspensión a los foros 

judiciales y administrativos en donde tengan casos 

pendientes. Además, tienen la obligación de acreditar y 

certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo 

anterior, incluyendo una lista de los clientes y los foros 

a quienes le notifican de su suspensión dentro del término 

de treinta (30) días a partir de la notificación de esta 
CP-2019-008 2

Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar 

que no se les reinstale a la práctica de la profesión legal, 

de solicitarlo en el futuro.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado 

señor Rivera García no intervino. La Jueza Presidenta Oronoz 

Rodríguez inhibida.

Bettina Zeno González

Secretaria del Tribunal Supremo Interina