Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

PR ASSET PORTFOLIO 2013-1

INTERNATIONAL, LLC

Peticionario

 

v.

ONE ALLIANCE INSURANCE 

CORPORATION

Recurrido

KLCE202300152

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Arecibo

Caso Núm.:

SJ2019CV10739 

(403)

Sobre:

Seguros 

Incumplimiento 

Aseguradoras 

Huracanes 

Irma/María 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard

Santiago Calderón, jueza ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2023.

Comparece ante nos PR Asset Portfolio 2013-1 International, 

LLC (“PRAPI” o parte peticionaria) mediante Petición de Certiorari y 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 13 de febrero de 2023, 

notificada el mismo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Arecibo (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por PRAPI.

En la misma fecha de presentación del recurso, la parte 

peticionaria sometió una Urgente Solicitud de Consolidación de 

Recurso de Certiorari con Otros Recursos Idénticos ya Consolidados 

ante este Honorable Tribunal, y de Orden de Auxilio de Jurisdicción, 

la cual declaramos No Ha Lugar mediante Resolución del 24 de 

febrero de 2023.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Número Identificador

RES2023__________
KLCE202300152 2

I.

Para su cabal entendimiento, es pertinente exponer los 

hechos que precedieron a la Demanda instada por PRAPI. Así pues, 

el 2 de octubre de 2017, PRAPI reclamó a su aseguradora, One 

Alliance Insurance Corporation (One Alliance), los daños que le 

causó el paso del huracán María por Puerto Rico. Debido a que había 

varias propiedades involucradas, PRAPI acordó con One Alliance 

atender la reclamación en tres fases que denominaron 1st, 2nd, and 

3rd Claim Submission. El propósito era llevar el proceso de 

inspección y ajuste de manera escalonada y agilizar la solución de 

la reclamación. One Alliance y PRAPI, a través de sus representantes 

y ajustadores, realizaron las inspecciones de las propiedades 

incluidas en la reclamación. Ya evaluadas las propiedades del 1st 

and 2nd Claim Submission, el 17 de noviembre de 2017, PRAPI 

sometió a One Alliance el 1st Claim Submission. El 18 de diciembre 

de 2017, One Alliance le sometió a PRAPI el ajuste parcial con 

relación a 33 propiedades de las 43 propiedades objeto del 1st Claim 

Submission. 

Posteriormente, el 6 de enero de 2018, PRAPI sometió el 2nd 

Claim Submission. En junio de 2018, One Alliance le envió a PRAPI 

el ajuste correspondiente al 2nd Claim Submission. El 14 de 

septiembre de 2018, One Alliance ajustó la reclamación sobre las 

propiedades objeto del 1st Claim Submission y ofreció pagarle a 

PRAPI por estas. Así pues, el 20 de septiembre de 2018, PRAPI 

sometió a One Alliance el correspondiente Proof of Loss. El 26 de 

septiembre de 2018, One Alliance emitió dos (2) cheques como pago 

del ajuste del 1st Claim Submission.

El 28 de marzo de 2019, las partes llegaron a un acuerdo 

sobre las propiedades del 2nd Claim Submission. Ante ello, el 16 de 

mayo de 2019, One Alliance ajustó la reclamación y ofreció emitir el 

pago correspondiente a PRAPI por 29 propiedades de las 64 
KLCE202300152 3

propiedades que incluyeron en el 2nd Claim Submission. PRAPI 

aceptó y el 29 de mayo de 2019 remitió al ajustador de One Alliance 

los Proof of Loss del 2nd Claim Submission. Sin embargo, el 20 de 

junio de 2022, One Alliance le remitió una carta a PRAPI rechazando 

el Proof of Loss relacionado al 2nd Claim Submission. Señaló que 

albergaba dudas sobre el interés asegurable de PRAPI en algunas de 

las propiedades incluidas en la reclamación.

El 6 de septiembre de 2019, PRAPI presentó Demanda1 sobre 

incumplimiento de contrato de seguro, mala fe, acciones 

declaratorias, así como, un reclamo de daños y perjuicios y solicitud 

de honorarios de abogado contra One Alliance. Posteriormente, 

PRAPI presentó una primera Demanda Enmendada2. En la misma, 

se añadió una causa de acción de remedios civiles al amparo de la 

Ley 247-2018. Luego, el 26 de junio de 2020, se presentó una 

Segunda Demanda Enmendada3, la cual se permitió, a los fines de 

incluir dos propiedades. En síntesis, en la Segunda Demanda 

Enmendada se solicitó que se le ordenara a One Alliance pagar las 

partidas reclamadas por la parte demandante, PRAPI, en sus 

Declaraciones de Pérdida correspondiente a las propiedades del 2nd 

Claim Submission.

Por su parte, el 2 de febrero de 2021, One Alliance presentó

Reconvención4. En síntesis, alegó que, PRAPI cometió fraude al 

ocultar información de hechos materiales relacionados a su 

reclamación, así como, prestó falsas representaciones con el fin de 

beneficiarse del contrato de seguros. One Alliance solicitó que se 

devuelva el pago de $217,248.06, correspondiente al 1st Claim 

Submission.

1 Véase Entrada Núm. 1 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC).

2 Véase Entrada Núm. 15 SUMAC.

3 Véase Entrada Núm. 36 SUMAC.

4 Véase Entrada Núm. 87 SUMAC.
KLCE202300152 4

En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, 

el 3 de junio de 2022, PRAPI instó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial5. Argumentó que el TPI: “(1) Declare que PRAPI no tiene que 

devolver o pagarle a One Alliance suma alguna con relación a la 

porción de la reclamación que ya la aseguradora pagó del 1st Claim 

Submission; (2) Ordene que One Alliance le pague de inmediato a 

PRAPI las sumas relacionadas a la porción de la reclamación sobre 

la cual ya existe un acuerdo, pero que One Alliance no pagó; (3) 

Declare que One Alliance no podía anular las pólizas; (4) Ordene que 

One Alliance culmine la investigación en base a los documentos que 

PRAPI le sometió a través de sus ajustadores públicos dentro de un 

término perentorio y ajuste de las reclamaciones de las propiedades 

que siguen pendiente; y (5) Ordene a One Alliance a pagarle 

inmediatamente a PRAPI la suma fruto de ese ajuste”. Además, 

PRAPI solicitó que se dicte Sentencia Sumaria Parcial a su favor 

sobre las causas de acción Primera, Cuarta, Tercera y parte de la 

Segunda, contenidas en su Demanda Enmendada; y que se 

desestime la Reconvención presentada por One Alliance por los 

mismos fundamentos. 

Por su parte, el 22 de agosto de 2022, One Alliance presentó 

moción intitulada Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria” y 

“Relación de Hechos Materiales Incontrovertidos Apoyando Solicitud 

de Sentencia Sumaria”

6. En su escrito, afirmó que existen 

controversias de hechos medulares que impiden que se dicte 

sentencia sumaria parcial porque el Tribunal deberá tener contacto 

con la prueba que justifica las defensas de la aseguradora y 

determinar si la conducta de PRAPI constituye un patrón de fraude.

Además, adujo que no procede una sentencia sumaria cuando 

5 Véase Entrada Núm. 199 SUMAC.

6 Véase Entrada Núm. 205 SUMAC.
KLCE202300152 5

existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor credibilidad es esencial. 

Así las cosas, el 13 de febrero de 2023, notificada el mismo 

día, el foro primario emitió una Resolución7 mediante la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial y la moción 

intitulada Relación de Hechos Materiales Incontrovertidos Apoyando 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentadas por PRAPI. En su 

dictamen, incluyó ochenta y cinco (85) determinaciones de hechos. 

De otra parte, el foro primario consignó los siguientes veinticuatro 

(24) hechos en controversia:

1. Hecho #13 – de los anejos 1A y 1B de la oposición 

(minutas) surge que Anthony Santoro ya no trabaja para la 

parte demandante por lo que entendemos no es 

representante corporativo de PRAPI. 

2. Hecho #15 – no se sustenta con la deposición anejada, 

Exhibit 2. 

3. Hecho #18 – no se sustenta con la declaración jurada 

anejada. 

4. Hecho #21 – no es un hecho material. 

5. Hechos #23 al #32 – estos hechos propuestos están 

relacionados con las pólizas que los demandantes poseían 

con Mapfre, que no es parte en este pleito, y la información 

es inmaterial a las controversias entre las partes. 

6. Hecho #34 – no es un hecho material.

7. Hecho #39 – no se sustenta con el anejo incluido. 

8. Hecho #45 – no se sustenta con el anejo incluido. 

9. Hechos #48 al #51 – los hechos aquí propuestos afirman 

que PRAPI enviaba a One Alliance reportes mensuales los 

cuales, en esencia, eran utilizados para emitir los endosos 

correspondientes. Sin embargo, de la deposición del Sr. Vélez 

(exhibit 4.1), surge que el endoso de “reporting” no estaba 

incluido en la póliza. Por ende, existe controversia en cuanto 

a si existe o no el endoso. 

10.Hechos #58 y #59 – no se sustenta con el anejo incluido, 

además, no fue lo que declaró el deponente. 

11.Hechos #79 y #81- lo relacionado con el 3rd claim 

submission en cuanto al valor de las alegadas perdidas, está 

en controversia. 

12.Hechos #96 y #97 – no se sustentan con el anejo al que 

hace referencia. 

7 Véase Entrada Núm. 244 SUMAC.
KLCE202300152 6

13.Hecho #100 – la cita que se transcribe en el este hecho 

propuesto no surge de la evidencia a la que hace referencia. 

14.Hecho #103 – no se sustenta con el anejo incluido; el 

documento no está firmado y entendemos que no es 

suficiente para probar lo que pretende (que se realizó una 

investigación de la reclamación). 

15.Hecho #104 – según la evidencia anejada como exhibit 9, 

el Sr. Rivera indica que se había inspeccionado parte del 2nd 

Claim Submission. 

16.Hecho #106 – no se sustenta con el anejo incluido. 

17.Hechos #111 al #114 – no está redactado según lo que se 

expone en la deposición anejada, entiéndase, que no se 

sustenta con la prueba anejada. 

18.Hecho #115 – de la misiva enviada en enero de 2021 surge 

la cita de las cláusulas a las que hace referencia, véase 

exhibit 26, pág. 3. 

19.Hecho #116 – del exhibit 22, págs. 68 a la 71, surge que 

los abogados discutieron, teniendo fuera al deponente, y 

aclararon que la pregunta se refería a los Informes 

preparados por Adjusters, Inc., relacionados a las 

propiedades reclamadas y no a “estudios de títulos” formales 

como tal. 

20.Hecho #119 – no se puede identificar claramente el 

alegado reporte, y la referencia que hace a la deposición no 

expresa nada en concreto con relación a ese reporte. 

21.Hecho #120 – la redacción del hecho propuesto no 

corresponde a lo que dice la deposición.

22.Hecho #124 – no es lo que contestó el deponente – expresó 

que su trabajo no se trata de inferir. 

23.Hecho #125 – no se sustenta con la evidencia a la que 

hace referencia; inmediatamente luego de que el deponente 

contestó que no le preguntaron por que en la pestaña 

indicaba “sold” – el deponente indica que le había solicitado 

al asegurado que les dejara saber qué había pasado con esas 

propiedades. 

24.Hechos #128 al #135 – lo relacionado con las 

reclamaciones del 3rd Claim Submission y parte del 2nd 

Claim Submission, está en controversia. Asimismo, lo 

relacionado al interés asegurable es un asunto que tiene que 

ver directamente con lo que establece la póliza, si algo, con 

relación a ese tema. No se ha puesto al tribunal en posición 

de tomar una determinación con relación a lo que constituye 

interés asegurable.

Inconforme con el referido dictamen, el 17 de febrero de 2023, 

PRAPI acudió ante este foro revisor mediante petición de Certiorari y 

formuló los siguientes señalamientos de error:

1. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL DE PRAPI Y NO ORDENAR EL PAGO DE AJUSTE EMITIDO 

POR ONE ALLIANCE.
KLCE202300152 7

2. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL DE PRAPI A BASE DE LAS MERAS ALEGACIONES DE 

ONE ALLIANCE SOBRE EL SUPUESTO FRAUDE QUE SUBYACE SU 

DEFENSA AFIRMATIVA Y RECONVENCIÓN

3. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL DE PRAPI Y NO ORDENAR EL AJUSTE DEL RESTANTE 

DE LA RECLAMACIÓN.

En la misma fecha de presentación del recurso, la parte 

peticionaria sometió una Urgente Solicitud de Consolidación de 

Recurso de Certiorari con Otros Recursos Idénticos ya Consolidados 

ante este Honorable Tribunal, y de Orden de Auxilio de Jurisdicción, 

la cual declaramos No Ha Lugar mediante Resolución del 24 de 

febrero de 2023. Además, concedimos a One Alliance hasta el 28 de 

febrero de 2023 para que expusiera su posición.

El 28 de febrero de 2023, One Alliance compareció mediante 

Oposición a Petición de Certiorari. En su escrito, reiteró que la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por PRAPI pretende que 

el TPI adjudique la totalidad de las controversias y no de manera 

parcial. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el asunto ante nuestra consideración. 

II.

-AEl auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil8 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones9. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no 

debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando 

estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.

9 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202300152 8

prejuicio, parcialidad o error manifiesto10. Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente:

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo11.

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia12. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece que:

[...] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

[...]

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar. Éstos son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

10 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

12 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992).
KLCE202300152 9

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.

-BComo norma general, nuestro ordenamiento procesal civil 

requiere que las sentencias dictadas por los tribunales cumplan con 

ciertas exigencias de forma. A esos efectos, la Regla 42.2 de

Procedimiento Civil13 preceptúa que: “[e]n todos los pleitos el 

tribunal especificará los hechos probados y consignará 

separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará que se 

registre la sentencia que corresponda”. No obstante, y en atención a 

que los pleitos resueltos por la vía sumaria solamente exigen que el 

foro sentenciador aplique el Derecho a los hechos incontrovertidos 

propuestos por el promovente —y que no fueron controvertidos por 

la parte promovida en su oposición—, la Regla 42.214 también 

establece que:

No será necesario especificar los hechos probados y 

consignar separadamente las conclusiones de derecho:

13 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.

14 Íd.
KLCE202300152 10

(a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 [o] 36.1 y 36.2[,] o 

al resolver cualquier otra moción, a excepción de lo dispuesto 

en la Regla 39.2 [...];

(b) en casos de rebeldía;

(c) cuando las partes así lo estipulen, o

(d) cuando por la naturaleza de la causa de acción o el 

remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo estime.

En los casos en que se deniegue total o parcialmente una 

moción de sentencia sumaria, el tribunal determinará los 

hechos en conformidad con la Regla 36.4 [...]

15. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil16

considera las instancias en las que el foro primario no decida el 

pleito en virtud de una moción de sentencia sumaria, en específico 

dispone lo siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 

de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 

pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 

la [moción], y es necesario celebrar juicio, será obligatorio 

que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.

A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 

regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno. 

Claramente, esta regla procesal delimita las instancias en las 

que el tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia 

sumaria presentada “mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos”. Conforme al texto de la regla, estas 

instancias son: (1) cuando no se dicta sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito; (2) cuando no se concede todo el remedio 

solicitado, y (3) cuando se deniega la moción de sentencia sumaria 

15 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.

16 Íd.
KLCE202300152 11

presentada. Íd. Estas tres instancias conllevan, por supuesto, la 

celebración de un juicio en su fondo. Es justamente por ello que se 

le requiere al tribunal que consigne los hechos sobre los cuales no 

hay controversia, puesto que será innecesario pasar prueba sobre 

éstos durante el juicio.

-CEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en varias

ocasiones que la sentencia sumaria es un remedio extraordinario y 

discrecional que sólo se debe conceder cuando no existe una 

controversia genuina de hechos materiales y lo que resta es aplicar 

el derecho17. En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá hacer lo siguiente:

(1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en 

oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; 

(2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos18. 

Analizados estos criterios, el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; cuando haya alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; cuando surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o cuando como cuestión de derecho, no 

procede19. La sentencia sumaria se puede dictar a favor o en contra 

de la parte que la solicita, según proceda en Derecho20.

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y solo procederá 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

17 Maldonado v. Cruz., 161 DPR 1, 39, (2004). Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

334 (2004). 

18 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 

19 Íd., págs. 333-334.

20 Maldonado v. Cruz, supra
KLCE202300152 12

sí documentos no controvertidos21. Es importante mencionar, que 

este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia 

sumaria22.

Los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al 

atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes: 

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario;

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra; 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos;

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia23.

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta24. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos25. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

21 Íd., pág. 334.

22 Íd.

23 Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018).

24 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).

25 Íd., en la pág. 115.
KLCE202300152 13

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia26.

III.

En el caso ante nos, PRAPI alega que el Foro primario se 

equivocó al denegar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial debido a 

que One Alliance está impedida de retractarse de los ajustes 

emitidos en el 1st Claim Submission y parte del 2nd Claim 

Submission, como también de los acuerdos pactados entre las 

partes. Señala que el TPI debió ordenarle a One Alliance cumplir con 

el pago del ajuste emitido en el 2nd Claim Submission e indica que 

no procede devolver el pago realizado por el 1st Claim Submission. 

Además, alega que el TPI debe ordenarle a One Alliance completar 

ese proceso, y que le page a PRAPI las sumas restantes

inmediatamente. Por su parte, One Alliance aduce que, existen 

controversias de hechos medulares que impiden que se dicte 

Sentencia Sumaria Parcial debido a que PRAPI actuó de manera 

fraudulenta.

Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

nos faculta a revisar una determinación del foro de instancia sobre 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Sin embargo, 

al amparo de los criterios que guían nuestra discreción, resolvemos 

que no se han producido las circunstancias que exijan nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. 

Tras examinar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, la Moción de Sentencia Sumaria Parcial y su 

oposición, entendemos que, tal y como lo decidió el foro recurrido, 

en esta etapa de los procedimientos existen controversias de hechos 

esenciales que deben ser dirimidas en un juicio en su fondo, por 

presentar cuestiones de credibilidad e intención. De las propias 

26 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).
KLCE202300152 14

alegaciones de las partes se desprenden actuaciones que implican 

propósitos mentales, de intención y negligencia que solo pueden 

justipreciarse mediante un juicio plenario.

Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo que la 

parte promovente de una moción de sentencia sumaria “debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material27. En el caso de 

autos, el foro de instancia determinó hechos esenciales que están 

en controversia y que son determinantes para la solución de las 

reclamaciones presentadas por PRAPI y One Alliance en su 

Reconvención. 

De nuestra revisión “de novo” y el análisis realizado, conforme 

a lo dispuesto en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, colegimos que el TPI, en el ejercicio 

de su sana discreción, enunció la doctrina establecida por el 

Tribunal Supremo y ejerció la potestad de excluir los hechos 

propuestos que no hayan sido debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica a la evidencia admisible que 

supuestamente los sostiene”28.

A su vez, la parte peticionaria no ha demostrado que el 

tribunal recurrido haya actuado de forma prejuiciada o parcializada 

o que cometiera un error en la aplicación de la norma jurídica que 

amerite nuestra intervención. Tampoco constató que, el abstenernos 

de interferir con el dictamen del TPI, constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia en esta etapa de los procesos, de manera 

que estemos llamados a ejercer nuestra función revisora. Por 

consiguiente, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

27 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.

28 Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 433 (2013).
KLCE202300152 15

IV.

Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.

Notifíquese Inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones