Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

PANEL ESPECIAL

COMISIÓN DE JUEGOS 

DEL GOBIERNO DE 

PUERTO RICO

Recurrido

V.

CAMARERO RACE TRACK; 

SEÑOR LUCAS CASTRO 

BADÍA; SEÑOR OMAR 

CARRIÓN, AGENTE 

HÍPICO #546

OMAR CARRIÓN 

TORRES

Recurrente

KLRA202300523

Revisión de Decisión 

Administrativa

procedente de la 

Comisión de Juegos 

del Gobierno de 

Puerto Rico

Caso Núm.:

NH-21-46

Sobre:

INVESTIGACIÓN 

bajo la Ley Núm. 

199 del 8 de 

diciembre de 2014, 

la cual enmienda los 

Artículos 3, 4, 6 y 9, 

12, 14, 15, 16, 19, 

20, 26, 27, 28 y 30 

de la Ley Núm. 83 

del 2 de julio de 

1987: “Artículo 12 

(a) (13) – Facultades 

del Administrador 

Hípico; Licencias de 

Agentes Hípicos, 

Reglamento 8944 del 

6 de abril del 2017, 

Cap. 9, Art. XXII, 

2201 (a) (b) (c) (d) 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Martínez Cordero y el Juez Rivera Colón

Lebrón Nieves, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2024.

El 6 de octubre de 2023, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Omar Carrión Torres (en adelante, el 

recurrente o señor Carrión Torres), por medio de un recurso de 

Revisión Judicial, en el que nos solicita la revisión de una Resolución

emitida el 28 de octubre de 2022, y notificada el 4 de agosto de 2023, 

por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, 

la recurrida o la Comisión de Juegos). En virtud de la referida 
KLRA202300523 2

Resolución, y en lo aquí pertinente, la Comisión de Juegos dispuso 

que el recurrente debía esperar a una determinación de aprobación 

o denegación de licencia, emitida por el Director Ejecutivo de la 

Comisión de Juegos, para solicitar autorización como parte 

interventora.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.

I

Los hechos que suscitaron la controversia de epígrafe son los 

que adelante se esbozan.

El 6 de noviembre de 2020, el señor Lucas Castro Badia (en 

adelante, señor Castro Badia), presentó una solicitud de licencia 

para la apertura de una agencia hípica #2412, por medio de la 

gerente del Sistema de Videojuegos Electrónicos de Camarero Race 

Track Inc., empresa operadora del Hipódromo Camarero (en 

adelante, Camarero). En razón de ello, el 2 de marzo de 2021, el 

señor Carrión Torres, dueño de la agencia hípica #546, dirigió una 

misiva a la Administración de la Industria del Deporte Hípico (AIDC), 

titulada RE: Oposición a la Solicitud de Licencia de Agencia Hípica, 

Propiedad Colindante a la Agencia #546 del Barrio Celada de Gurabo.

Por medio de esta, el recurrente adujo que inicialmente se le había 

indicado que la agencia para la cual solicitaban la licencia se 

ubicaría dentro del garaje de gasolina, continuo a su local. No 

obstante, expresó que, luego se percató de que donde se pretendía 

abrir dicha agencia era en la misma propiedad del garaje de 

gasolina, pero en un local distinto. A esos efectos, esgrimió que la 

licencia fue solicitada para establecer una agencia hípica similar a 

la suya, y la cual llevaba 30 años operando. Especificó que, ambas 

agencias estarían a ciento cinco (105) pies de distancia. En atención 

a ello, el señor Carrión Torres solicitó que se denegara la licencia, 
KLRA202300523 3

toda vez que la expedición de la misma no respondía a los mejores

intereses del deporte hípico.

El 24 de junio de 2021, Camarero remitió una carta al Director 

Ejecutivo de la Comisión de Juegos, así como al Director del 

Negociado Hípico de la misma agencia, recomendando 

favorablemente la aprobación de la solicitud del señor Castro Badia. 

Posteriormente, el 7 de julio de 2021, un inspector de la Oficina de 

Investigación y Regulación del Negociado Hípico realizó una 

inspección de la agencia hípica #2412. El 14 de julio de 2021, este 

último rindió un informe de la investigación ante la Comisión de 

Juegos, indicando, a grandes rasgos, que la aprobación de la 

licencia afectaría grandemente los ingresos del negocio del señor 

Carrión Torres.

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2021, notificada al 

siguiente día, el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos emitió 

una Orden, con el propósito de iniciar un proceso de investigación, 

de conformidad con la autoridad concedida en la Ley Núm. 83 de 2 

de julio de 1987, 15 LPRA § 198 et seq., conocida como la Ley de la 

Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico.

1 El Director Ejecutivo de 

la Comisión de Juegos designó al licenciado José R. Martínez Ramos 

como Juez Administrativo para que iniciara el proceso de 

investigación y, entre otras funciones, rindiera una resolución

“conteniendo sus determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho... disponiendo de la controversia, en este caso en todo lo 

relacionado con la solicitud #2412 y si procede o no la misma.”2 En 

adición, citó a las partes al salón de vistas del Negociado Hípico, 

para el 21 de octubre de 2021, a los fines de que prestaran su 

testimonio y sometieran toda la prueba que entendieran pertinente 

1 Véase, Artículo 5(a)(10), 15 LPRA § 198k, de la referida Ley.

2 Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 88.
KLRA202300523 4

para la investigación, y así determinar si procedía o no la concesión

de la licencia.

Conforme surge del expediente administrativo, tras varias 

incidencias procesales innecesarias pormenorizar, la vista en sus 

méritos se celebró el 26 de abril de 2022.

Cabe destacar que, en el ínterin, específicamente el 1 de 

noviembre de 2021, Camarero presentó un documento ante la 

Comisión de Juegos, intitulado Comparecencia de Camarero Race 

Track Corp. En esencia, reiteró que endosó su aprobación de la 

licencia del señor Castro Badia. Añadió que, el recurrente no había

fundamentado en derecho la justificación de una denegatoria. 

Finalmente, solicitó, entre otros, que cumpliera con los

procedimientos para la determinación sobre la apertura de la nueva 

agencia.

Luego de escuchar los planteamientos de las partes, el 5 de 

julio de 20223, el Juez Administrativo emitió Resolución, denegando 

la solicitud de agencia hípica #2412. Según surge de la misma, el 

Juez Administrativo razonó que no existía un protocolo que 

estableciera los requisitos para la aprobación de licencias y 

denegación de agentes hípicos, conforme lo establece el Reglamento 

Núm. 8944 del 6 de abril de 2017, conocido como el Reglamento 

Hípico Parte General y de Licencias.

En desacuerdo, el 1 de agosto de 2022, el señor Castro Badia 

presentó un recurso de Revisión Administrativa ante la Junta de 

Comisionados de la Comisión de Juegos (en adelante, Junta de 

Comisionados). A través de esta, solicitó la revocación de la referida 

Resolución. En atención a ello, el 28 de octubre de 2022, la Junta 

de Comisionados desestimó el recurso instado. En su dictamen, 

expresó que el Juez Administrativo actuó ultra vires, puesto que, 

3 La resolución fue notificada el 11 de julio de 2022.
KLRA202300523 5

según se desprendía de la delegación que le fue hecha, su función 

se limitaba a presentar un informe con determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho. Añadió que, “la facultad adjudicativa[,] a 

los fines de determinar si denegaba o no la solicitud de licencia de 

agente hípico del señor Castro [Badía]”4, fue retenida por el Director 

Ejecutivo de la Comisión de Juegos.

Por otro lado, la Junta de Comisionados concluyó que el señor 

Carrión Torres no tenía legitimación activa para actuar como parte 

interventora. En lo específico, dispuso lo siguiente:

[E]l señor Omar Carrión venía obligado a esperar a que 

el Director Ejecutivo determinara si aprobaba la licencia 

del Sr. Castro, para entonces poder tener legitimación 

activa para iniciar un procedimiento adjudicativ[o] ante 

la Comisión de Juegos. Del mismo modo, el Sr. Omar 

Carrión venía obligado a esperar a que el Director 

Ejecutivo determinara si denegaba la licencia del Sr. 

Castro, en cuyo caso, de éste último iniciar un 

procedimiento ante la Comisión de Juegos, el Sr. Omar 

Carrión, podía solicitar autorización como parte 

interventora.5

En consonancia con todo lo anterior, la Junta de 

Comisionados devolvió la solicitud de licencia al Director Ejecutivo 

de la Comisión de Juegos para la continuación de los 

procedimientos, a los fines de determinar si concedía o denegaba la 

licencia solicitada.

Cabe destacar que, dicha Resolución fue inicialmente 

notificada el 31 de octubre de 2022. No obstante, conforme surge 

del expediente, la Comisión de Juegos remitió la notificación al 

representante legal del recurrente, utilizando una dirección de 

correo electrónico incorrecta. Ante ello, el 27 de diciembre de 2022, 

se envió una segunda notificación a todas las partes.

Inconforme, el señor Carrión Torres acudió por primera vez 

ante esta Curia, el 26 de enero de 2023, mediante recurso de 

4 Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 15.

5 Íd., pág. 16.
KLRA202300523 6

Revisión Judicial, alegando que la Comisión de Juegos había 

cometido dos (2) errores.

Mediante Sentencia emitida por este mismo panel, el 28 de 

abril de 2023, en el caso con identificación alfanumérica 

KLRA202300045, resolvimos desestimar el recurso, toda vez que, 

razonamos que el mismo era prematuro. En lo específico, 

dispusimos que, la Resolución recurrida no incluía las advertencias 

requeridas por nuestro ordenamiento jurídico en torno al derecho 

de revisión. A esos efectos, señalamos que no hubo una notificación 

adecuada, y ello nos privaba de jurisdicción en ese momento para 

atender el recurso. En adición, advertimos a las partes que lo 

resuelto no impedía su comparecencia futura, ello luego de que la 

Comisión de Juegos notificara adecuadamente su determinación.

Más adelante, el 4 de agosto de 2023, la Resolución fue 

nuevamente notificada, con las advertencias legales 

correspondientes.6 Ante ello, el 6 de octubre de 2023, el señor 

Carrión Torres instó el presente recurso de Revisión Judicial, y nos 

expone los siguientes señalamientos de error:

1- Erró la Honorable Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico en coartar los derechos 

constitucionales de una parte indispensable en el 

pleito administrativo.

2- Erró la Honorable Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico en emitir una resolución que carece 

de planteamientos en derecho para sustentarse.

El 17 de octubre de 2023, emitimos Resolución interlocutoria 

mediante la cual, en lo pertinente, concedimos a la parte recurrida 

hasta el 6 de noviembre de 2023 para presentar su alegato en 

6 Precisa señalar que, el 30 de junio de 2023, el señor Carrión Torres presentó un 

Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Por 

medio del mismo, solicitó que se ordenara a la Comisión de Juegos a emitir la 

Resolución del 28 de octubre de 2022, notificada formalmente el 27 de diciembre 

de 2022, con todas las exigencias en ley relacionadas a la notificación adecuada. 

Tras varios trámites procesales, el 31 de agosto de 2023, el foro primario 

desestimó el caso. En esencia, toda vez que la Comisión de Juegos notificó la 

Resolución el 4 de agosto de 2023 –incluyendo las advertencias del derecho de 

notificación pertinentes– la controversia ante el tribunal a quo se tornó académica, 

por lo que el foro carecía de jurisdicción.
KLRA202300523 7

oposición. Le apercibimos que, transcurrido el término dispuesto, el 

recurso se entendería perfeccionado para su adjudicación final. En 

adición, ordenamos a la Comisión de Juegos a someter copia 

certificada del expediente administrativo.

En cumplimiento, el 1 de noviembre de 2023, compareció el 

señor Castro Badia mediante Oposición a Recurso de Revisión 

Judicial. Posteriormente, el 6 de noviembre de 2023, la Comisión de 

Juegos presentó su Oposición a Recurso de Revisión. En igual fecha, 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden, acompañando con copia 

del expediente administrativo del caso NH-21-46.

Perfeccionado el recurso, y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a disponer del mismo.

II

A. Revisión Determinaciones Administrativas

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa. Hernández Feliciano v. Mun. 

Quebradillas, 2023 TSPR 6, 211 DPR ___ (2023); OEG v. Martínez 

Giraud, 210 DPR 79, 87-89 (2022); Pérez López v. Depto. Corrección, 

208 DPR 656, 672 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 

803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 202 DPR 

117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016); 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 216 (2012); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Es por 

ello, que, tales determinaciones suponen una presunción de 

legalidad y corrección, que a los tribunales nos corresponde 

respetar, mientras la parte que las impugne no presente prueba 

suficiente para derrotarlas. Íd. No obstante, tal norma no es 
KLRA202300523 8

absoluta. Es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia 

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables, 

ilegales o contrarias a derecho. 

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en 

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 

una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 

alguna de esas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. (Énfasis suplido).7

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad. 

Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez 

Giraud, supra, pág. 90; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820; 

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, supra, pág. 127; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. Bajo este criterio, se limita 

la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó de forma arbitraria 

o ilegal, o de manera tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción. Íd.; Pérez López v. Depto. Corrección, supra, 

pág. 673; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra.

7 Véase además, Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; Super Asphalt 

v. AFI y otros, supra.
KLRA202300523 9

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA § 9675, conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(en adelante, LPAU), “estableció el marco de revisión judicial de las 

agencias administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, 

pág. 35. La intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Hernández 

Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, 

supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. 

Jta. Directores, supra, pág. 217; Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9675. 

Nuestro Máximo Foro, ha expresado que, esta intervención “debe 

ocurrir cuando la decisión administrativa no se fundamente en 

evidencia sustancial o cuando la agencia se equivoque en la 

aplicación de la ley”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36. 

Siendo así, aquellas determinaciones de hechos formuladas por el 

ente administrativo deberán sostenerse cuando estén basadas en 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad. Íd.; Hernández Feliciano v. Mun. 

Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt 

v. AFI y otros, supra. Por otro lado, las determinaciones de derecho 

pueden ser revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 

4.5 LPAU, 3 LPRA § 9675. No obstante, los tribunales deberán darles 

peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice de 

aquellas leyes particulares que administra. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, págs. 36-37; Torres Rivera v. Policía de PR, supra. El 

Tribunal Supremo ha dispuesto que, la deferencia que le deben los 
KLRA202300523 10

tribunales a la interpretación que haga el ente administrativo sobre 

aquellas leyes y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede 

si la agencia: “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales. Íd. págs. 627-628; OEG v. Martínez Giraud, supra.

Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado que, 

conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá prevalecer 

en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria realizada 

por una agencia provoque un resultado incompatible o contrario al 

propósito para el cual fue aprobada la legislación y la política 

pública que promueve. Así, “la deferencia judicial al expertise

administrativo, concedido cuando las agencias interpretan la ley, 

tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, ilegales 

o que conduzcan a la comisión de una injusticia”. Íd.

B. Comisión de Juegos y Facultades del Director Ejecutivo

La Ley Núm. 81 de 29 de julio de 2019, 15 LPRA § 981 et seq., 

conocida como la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico (en adelante, Ley Núm. 81-2019), establece la política 

pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada a las apuestas en 

eventos deportivos y ligas de juegos electrónicos. A través de la 

referida Ley, se creó la Comisión de Juegos de Puerto Rico, a los 

fines de regir y fiscalizar todos los asuntos de la industria de 

apuestas autorizadas por internet, en deportes, ligas de juegos 

electrónicos y, asuntos dispuestos en la Ley sobre Juegos al Azar y 

Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos8, y en la Ley 

de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico9. 15 LPRA § 982a.

Así pues, la Comisión de Juegos ostenta facultad para 

reglamentar lo concerniente a la industria y el deporte hípico.

Artículo 4(a) de la Ley Núm. 83-1987, 15 LPRA § 198e. A tenor, y en 

8 Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada; 15 LPRA § 71 et seq.

9 Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada; 15 LPRA § 198 et seq.
KLRA202300523 11

lo que aquí concierne, la Comisión de Juegos faculta a su director 

ejecutivo a, entre otras cosas, otorgar, suspender o cancelar las 

licencias de dueños de caballos, jinetes, entrenadores, mozos de 

cuadra, agentes hípicos o cualquier otro tipo de licencia o permiso 

relacionado con la actividad hípica. Artículo 5(a)(2) de la Ley Núm. 

83-1987, 15 LPRA § 198k. Como corolario, el director ejecutivo 

podrá llevar a cabo aquellas investigaciones que entienda 

necesarias, para determinar si alguna persona ha violado la Ley

Núm. 83-1987, o cualquier reglamento u orden promulgada de 

acuerdo con la misma. En adición, el director ejecutivo tiene 

facultad para delegar a un oficial examinador, para que este reciba 

prueba en relación a cualquier querella o asunto presentado ante sí. 

Dicho oficial examinador podrá “tomar juramento de los testigos que 

comparezcan ante él y deberá rendir un informe al Director 

Ejecutivo conteniendo sus determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho.” Artículo 5(a)(10) de la Ley Núm. 83-1987, 

15 LPRA § 198k.

C. Parte Interventora en Procedimientos Adjudicativos y en la 

Concesión de Licencias

La LPAU define interventor como “aquella persona que no sea 

parte original en cualquier procedimiento adjudicativo que la 

agencia lleve a cabo y que haya demostrado su capacidad o interés 

en el procedimiento.” (Énfasis nuestro). Sección 1.3(f) de la LPAU, 3 

LPRA § 9603. Añade que, para que se le permita intervenir o 

participar a una parte que tenga un interés legítimo en un 

procedimiento adjudicativo, esta viene obligada a presentar una 

solicitud por escrito y debidamente fundamentada ante la agencia.

Sección 3.5 de la LPAU, 3 LPRA § 9645. Dicho de otra manera, una 

persona interesada en intervenir en un proceso adjudicativo debe 

presentar una solicitud en la que claramente demuestre cómo se 

afectará su interés por la decisión administrativa. Metro Senior v. 
KLRA202300523 12

AFV, 209 DPR 203 (2022); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe, 178 DPR 

563, 576 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 193 (2009).

La agencia deberá considerar la solicitud y podrá concederla 

o denegarla a su discreción, tomando en consideración los 

siguientes factores:

(a) Que el interés del peticionario puede ser afectado 

adversamente por el procedimiento adjudicativo.

(b) Que no existan otros medios en derecho para que el 

peticionado pueda proteger adecuadamente su 

interés.

(c) Que el interés del peticionario ya esté representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento.

(d) Que la participación del peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente más 

completo del procedimiento.

(e) Que la participación del peticionario pueda extender 

o dilatar excesivamente el procedimiento.

(f) Que el peticionario represente o sea portavoz de 

otros grupos o entidades de la comunidad.

(g) Que el peticionario pueda aportar información, 

pericia, conocimientos especializados o 

asesoramiento técnico que no estaría disponible de 

otro modo en el procedimiento. Claro TV y Junta 

Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177, 208 (2010); JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 

189-190.

El derecho de intervención únicamente existe y está 

disponible dentro de un procedimiento adjudicativo. Claro TV y 

Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 209. En lo pertinente al caso 

de marras, el Tribunal Supremo ha dicho que el proceso inicial en 

el que se dilucida si se concede o no una licencia, no es de 

naturaleza adjudicativa. En lo específico, el Alto Foro explicó lo 

siguiente:

[E]l proceso inicial de concesión de licencia o franquicia 

no es adjudicativo y, por lo tanto, en esa etapa es 

inaplicable el derecho de intervención. Esta 

determinación no se altera por el hecho de que existan 

leyes especiales reguladas por las agencias que 

permitan una mayor participación, incluso específica y 

definida, de personas que se opongan a la solicitud de 
KLRA202300523 13

franquicia o permiso. Aunque tal consideración podría 

hacer parecer que este proceso es adjudicativo, no lo es 

porque no se está cuestionando la decisión de una 

agencia ni se está contraponiendo un derecho sobre 

otro. La participación de estas personas sólo es un 

mecanismo para obtener información que le pueda ser 

útil a la agencia para tomar la determinación de 

conceder o denegar una licencia, permiso o franquicia.

Llegar a una conclusión diferente derrotaría nuestra 

política pública sobre las telecomunicaciones y los 

propósitos del Capítulo V. de la L.P.A.U. (Énfasis 

suplido). Íd., pág. 211.

III

En esencia, nos corresponde determinar si, la Comisión de 

Juegos incidió al determinar que el señor Carrión Torres no tenía 

legitimación activa para actuar como parte interventora, en el 

proceso de concesión de licencia al señor Castro Badia, para la 

apertura de la agencia hípica #2412. Sostiene el recurrente que, la 

Comisión de Juegos coartó sus derechos constitucionales como 

parte indispensable, y no fundamentó en derecho su determinación.

Conforme el derecho expuesto, la figura del interventor en 

trámites ante agencias surge únicamente cuando se está ante un 

procedimiento adjudicativo. Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One 

Link, supra. Más específicamente, se ha resuelto que, en los trámites 

de concesión de licencia, el derecho de intervención no tiene lugar 

sino hasta que se determine si se concede o deniega la misma.10

Evaluada la controversia ante nuestra consideración bajo 

dicho precepto legal, se desprende de manifiesto que, en el presente 

caso aún no está operante el derecho de intervención. Veamos.

Surge del tracto reseñado que, el señor Carrión Torres 

presentó una carta ante la Comisión de Juegos, oponiéndose a la 

concesión de licencia a favor del señor Castro Badia. Posteriormente, 

el Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos, bajo las facultades 

que le confiere la ley habilitadora, designó un Juez Administrativo,

a los fines de determinar si se debía o no conceder la referida 

10 Véase, Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 211.
KLRA202300523 14

licencia. El Juez Administrativo realizó su labor, y emitió una 

Resolución, el 5 de julio de 2022, por medio de la cual, denegó la 

solicitud presentada por el señor Castro Badia.

No obstante, la determinación del Juez Administrativo fue 

revocada por la Junta de Comisionados, bajo el fundamento de que

este actuó ultra vires. En resumidas cuentas, la Junta de 

Comisionados concluyó que, quien ostentaba la facultad para 

determinar si se denegaba o se concedía la licencia, era el Director

Ejecutivo de la Comisión de Juegos. A esos fines, la Junta de 

Comisionados devolvió el caso al Director Ejecutivo de la Comisión 

de Juegos, para que este emitiera su determinación en cuanto a la 

licencia.

De lo anterior, surge claramente que aún no existe una 

determinación final de la agencia, sobre si concede o no la licencia

al señor Castro Badia. En ese sentido, queda claro que el proceso de 

concesión de licencia a favor del señor Castro Badia se encuentra 

en su etapa inicial. Es decir, lo que se ha llevado a cabo ante la 

Comisión de Juegos, hasta este momento, constituye la etapa 

preliminar del proceso, en el que la agencia pondera si concede o no 

la licencia solicitada.11 Si bien es cierto que dicho proceso está 

íntimamente atado con el proceso adjudicativo de concesión de 

licencia12, el mismo es uno evaluativo y no constituye en manera 

alguna un proceso adjudicativo. Insistimos en que, el derecho de 

intervención en casos como el presente, surge una vez se haya 

determinado si procede o no la concesión de la licencia solicitada.

Toda vez que, la Comisión de Juegos aún no ha emitido su 

determinación en cuanto a la referida licencia, no cabe hablar del 

derecho de intervención en el presente caso. Al momento, no 

existe un derecho de intervención que le permita al señor Castro 

11 Véase, Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, supra, pág. 216.

12 Véase, San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 390 (2001).
KLRA202300523 15

Torres presentar una solicitud para participar en el procedimiento 

como parte interventora. Cónsono a ello, avalamos la decisión de la 

Comisión de Juegos, en cuanto a que el señor Carrión Torres viene 

obligado a esperar que la agencia determine si aprueba o deniega la 

licencia del señor Castro Badia, para adquirir legitimación activa y 

poder solicitar autorización como parte interventora. 

A tenor con todo lo anterior, razonamos que en el caso de 

marras no se justifica nuestra intervención. Consideramos que, la 

recurrida no actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera 

de los poderes que le fueron delegados.13 Asimismo, somos del 

criterio de que, el recurrente no logró rebatir la presunción de 

corrección que cobija la determinación recurrida. Por tal razón, la 

Resolución emitida por la Junta de Comisionados de la Comisión de 

Juegos merece la mayor deferencia de este Honorable Tribunal.

IV

Por los fundamentos expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

13 Véase Hernández Feliciano v. Mun. Quebradillas, supra; OEG v. Martínez Giraud, 

supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Pérez López v. 

Depto. Corrección, supra; Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra,

pág. 216.