Número Identificador

SEN-RES2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

RECURRIDOS 

v.

YAHAIRA VALENTÍN 

ANDRADES 

PETICIONARIA

KLCE202400618

Consolidado con 

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez 

Salón 201

Criminal Núm.:

ISCR202300912-913

Sobre:

Art. 262 y Art. 264 CP 

2012

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

RECURRIDOS 

v.

JOSÉ G. RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ

PETICIONARIO

KLCE202400629

Criminal Núm.:

ISCR202300910-911

Sobre: 

Art. 262 y Art. 264 CP 

2012

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 

Mártir y el Juez Candelaria Rosa.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2024. 

Recurren ante nos Yahaira Valentín Andrades (en adelante, 

“señora Valentín”) y José Guillermo Rodríguez Rodríguez (en lo sucesivo, 

“señor Rodríguez”), mediante los recursos de certiorari: KLCE202400618

y KLCE202400629 respectivamente. Sus comparecencias son a los fines 

de solicitar nuestra intervención para que dejemos sin efecto la

determinación emitida el 13 de marzo de 2024 y notificada el 15 de marzo 

de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. Mediante el referido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha 

Lugar tanto la “Moción De Desestimación Al Amparo De La Regla 64 (P) 

De Procedimiento Criminal,” presentada por el señor Rodríguez, como el 

“Escrito Solicitud De Desestimación Al Amparo De La Regla 64p De Las 
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De Procedimiento Criminal Por Determinación De Causa Contraria A 

Derecho Y/O Ausencia Total De Prueba,” presentado por la señora 

Valentín.

Por los fundamentos que expondremos, denegamos los recursos 

presentados. 

I.

Por los hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2016, el 

Ministerio Público por conducto de la Oficina del Fiscal Especial 

Independiente (FEI), presentó contra la señora Valentín y el señor 

Rodríguez dos (2) denuncias por los mismos dos (2) delitos. La primera 

de ellas, por el delito del incumplimiento del deber, según dispuesto en el 

Art. 262 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5353. La 

segunda, por el delito de malversación de fondos públicos, según

dispuesto en el Art. 264(b) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 

sec. 5355. Posteriormente, se celebró la vista preliminar de los casos de 

epígrafe. Ésta ocurrió en las siguientes fechas: 15 y 17 de agosto de 

2023; 2 y 6 de octubre de 2023; 2 y 3 de noviembre de 2023. En dicha 

vista, el Ministerio Público sostuvo la procedencia de los cargos 

imputados con la presentación de evidencia documental y las

declaraciones de tres (3) testigos.

1

Celebrada la vista, el foro recurrido, encontró causa para acusar a 

la señora Valentín y al señor Rodríguez de los delitos imputados. A esos 

efectos, el Ministerio Público presentó acusaciones contra la señora 

Valentín y el señor Rodríguez. Estas fueron por infracción al Art. 262 del 

Código Penal de Puerto Rico, supra y al Art. 264(b) del Código Penal de 

Puerto Rico, supra. En desacuerdo con sus acusaciones, la señora 

Valentín y el señor Rodríguez presentaron mociones de desestimación.

En el caso del señor Rodríguez (KLCE2024-0629), el 15 de 

diciembre de 2023, se presentó una “Moción De Desestimación Al 

Amparo De La Regla 64 (P) De Procedimiento Criminal.” En esta, alegó

1 Señalamos, que el señor Rodríguez y la señora Valentín, sostienen que estas tres (3) 

personas declararon en calidad de peritos. Mientras que el Ministerio Público argumenta 

que solo una (1) de ellas fue calificada como tal.
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 3

que la determinación de causa probable para acusar fue contraria a 

derecho, y que existió ausencia total de prueba de varios de los 

elementos que configuran los dos (2) delitos por los cuales fue acusado. 

Para sustentar su posición, adujo que incidió el foro recurrido al no tomar 

conocimiento judicial sobre unos hechos importantes, y al descartar del 

conocimiento judicial otros hechos para los cuales previamente había

tomado conocimiento. Añadió que el tribunal de instancia no aplicó 

correctamente el concepto de pertinencia dispuesto en la Regla 401 de 

las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 401. Agregó, que el foro recurrido no admitió prueba en su 

favor, a pesar de su derecho a presentar dicha prueba, según establece 

la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Criminal, según

enmendadas, 34 LPRA Ap. II, R. 23. En particular, según argumentó, el 

referido foro negó la admisibilidad de dos (2) carpetas que contenían

informes rendidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Sostuvo, 

que los aludidos informes apoyarían su defensa de exclusión de 

responsabilidad penal, según contenida en el Artículo 30(b)(4) del Código 

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5043. 

Además, arguyó que no se configuró uno de los elementos 

objetivos del delito dispuesto en el Artículo 262 del Código Penal de 

Puerto Rico, supra. Planteó, que este es un delito que tiene el concepto 

de pérdida como consecuencia y ello no ocurrió en el presente caso toda 

vez que los fondos públicos en cuestión fueron recuperados. A su vez, 

argumentó que no se cumplió con ninguno de los elementos subjetivos de 

los delitos por los cuales fue acusado. Esto, dado a que, no actuó con 

intención. En cambio, según esgrimió, dentro de su gestion laboral 

impartió instrucciones legítimas; recibió el asesoramiento de personas 

capacitadas; los fondos públicos fueron depositados en una institución

reconocida y bajo las protecciones requeridas; y dichos fondos fueron 

recibidos por el municipio de una forma fragmentada e insuficiente para la 

obra que se habían asignado. 
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En respuesta, el 31 de enero de 2024, el Ministerio Público 

presentó una “Moción En Oposición A Moción De Desestimación Al 

Amparo De La Regla 64(P) De Procedimiento Criminal.” De entrada, 

argumentó que el escrito del señor Rodríguez no cumplía con la Regla 64 

(p) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64. Esto, 

toda vez que, presentó la petición de desestimación a solo siete (7) días 

de la fecha designada para juicio, sin justa causa para ello. En cuanto a 

los méritos de la desestimación, sostuvo que el único propósito de los 

fondos públicos asignados al Municipio de Mayagüez era la construcción

de un Centro de Trauma. A tenor de lo anterior, alegó que los actos 

delictivos se configuraron en el momento en que los referidos fondos 

públicos fueron utilizados para una inversión. Ello, dado que, al invertirse

dichos fondos se cambió el propósito para el cual fueron destinados. 

Además, alegó que plantear que los referidos fondos fueron recuperados, 

constituía una admisión del señor Rodríguez de que efectivamente estos 

se perdieron. De otra parte, indicó que los hechos que el señor Rodríguez 

pretendía que fueran tomados en conocimiento judicial, no cumplen con lo

dispuesto en la Regla 201 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 

según enmendadas, 32 LPRA AP VI, R. 201. Finalmente, sostuvo que los 

informes rendidos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, los cuales 

el señor Rodríguez intentó que fueran admitidos en evidencia, no 

cumplían con el estándar de pertinencia dispuesto en la Regla 401 de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, supra. Así pues, peticionó al foro 

recurrido que se mantuviera la determinación de causa probable para 

acusar. 

En cuanto al caso de la señora Valentín (KLCE202400618), el 26

de diciembre de 2023, ésta presentó un escrito intitulado “Escrito Solicitud 

De Desestimación Al Amparo De La Regla 64p De Las De Procedimiento 

Criminal Por Determinación De Causa Contraria A Derecho Y/O Ausencia 

Total De Prueba.” En esencia, planteó que la determinación de causa 

probable para acusar fue contraria a derecho, y se dictaminó ante
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 5

ausencia total de prueba. Ello, dado que, el Ministerio Público no logró 

establecer los elementos subjetivos requeridos para los delitos por los 

cuales se le acusó. Sostuvo, que ambos delitos tienen como elemento

mental la intención, lo cual no se logró configurar en su caso. Toda vez 

que, sus actuaciones fueron dirigidas por las instrucciones del señor 

Rodríguez en calidad de alcalde del Municipio de Mayagüez; trabajó bajo 

el curso regular de sus funciones como directora de finanzas del referido 

municipio; y realizó una inversión legítima, la cual fue efectuada con el 

asesoramiento de personas que tenían el conocimiento legal y financiero

para ello. 

Agregó, que a este caso también le era de aplicabilidad la relación 

de causalidad que se establece en el Artículo 7 del Código Penal de 

Puerto Rico, 33 LPRA, sec. 5007. Esto, dado que, medió la actuación 

fraudulenta y engañosa de terceras personas. De otra parte, argumentó 

que el foro recurrido incidió al rechazar la toma de conocimiento de 

judicial de unos hechos para los cuales el Ministerio Público no tenía 

objeción. En virtud de lo expuesto, solicitó a dicho foro que desestimara 

las dos (2) acusaciones en su contra.

En reacción, el 31 de enero de 2024, el Ministerio Público presentó 

una “Oposición A Moción Al Amparo De La Regla 64(p) De Procedimiento 

Criminal Presentada Por La Acusada.” En síntesis, adujo que la prueba

presentada cumplió con el estándar requerido para establecer causa 

probable para acusar. A tenor de ello, reiteró que logró demostrar que al 

Municipio de Mayagüez le fue entregada una cantidad monetaria, por

medio de tres (3) Resoluciones Conjuntas, a los fines de completar dos 

(2) etapas del Centro de Trauma de Mayagüez. Por lo cual, distinto a lo 

argumentado por la señora Valentín, se hizo una inversión ilegal de 

fondos restringidos. Añadió, que las personas con las cuales se gestionó 

la inversión, quienes a su vez eran contratistas del aludido municipio, ni 

siquiera cumplían con las credenciales necesarias para ello. 
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 6

En cuanto al elemento subjetivo de los delitos por los cuales se 

acusó a la señora Valentín, indicó que ella tenía conocimiento de la 

prohibición que existía de no utilizar los fondos desembolsados para 

propósitos distintos al asignado por ley. Ante ello, según arguyó, al 

momento de que la señora Valentín se alejó del propósito destinado para 

los fondos públicos en cuestión, cometió los delitos dispuestos en el 

pliego acusatorio. De otra parte, contrario a los argüido por la señora 

Valentín, sostuvo que objetó los hechos para los que ella pretendía que 

se tomara conocimiento judicial, toda vez que estos no cumplían con los 

requisitos dispuestos en la Regla 201 de las Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, supra. Particularmente, entiende que dichos hechos no eran 

de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal y 

tampoco susceptibles de corroboración inmediata y exacta mediante 

fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada. A la 

luz lo expuesto, solicitó al foro recurrido que se mantuviera inalterada la 

determinación de causa probable para acusar. 

En atención a los escritos presentados, el 15 de marzo de 2024, el 

foro recurrido notificó una “Resolución,” para ambos casos de epígrafe. 

Mediante esta, declaró No Ha Lugar tanto la “Moción De Desestimación 

Al Amparo De La Regla 64 (P) De Procedimiento Criminal,” presentada 

por el señor Rodríguez, como el “Escrito Solicitud De Desestimación Al 

Amparo De La Regla 64p De Las De Procedimiento Criminal Por 

Determinación De Causa Contraria A Derecho Y/O Ausencia Total De 

Prueba, presentado por la señora Valentín. En consecuencia, ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

Inconformes, el 1 de abril de 2024, la señora Valentín y el señor 

Rodríguez, presentaron de forma oportuna solicitudes de reconsideración. 

El 3 de mayo de 2024, el foro recurrido notificó a los acusados que sus

peticiones fueron declaradas No Ha Lugar. Aun inconformes, el 3 de junio 

de 2024, el señor Rodríguez y la señora Valentín, presentaron sus 

respectivos recursos de certiorari.
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 7

El señor Rodríguez (caso: KLCE202400629), esbozó en su 

recurso el siguiente señalamiemto de error:

Cometió error el TPI al declarar sin lugar la moción de 

desestimación que presentó el peticionario, luego de 

demostrársele que a nivel de vista preliminar se habían 

incumplido con varios de los requisitos de ley que gobiernan 

la determinación de causa probable a nivel de vista 

preliminar, así como que existía en la prueba que presentó 

el MP una asuencia toal de varios de los elementos que 

configuran los delitos tipificados en los Arts. 262 y 264(b) del 

Código Penal, además no había causalidad y estaba el 

eximente de respinsabilidad bajo el Art. 30 (b) (4) del Código 

Penal.

Por su parte, la señora Valentín, (caso: KLCE202400618), expuso 

en su recurso los siguientes señalamientos de error: 

Erró el honorable tribunal de instancia al declarar No Ha 

Lugar la desestimación al amparo de la Regla 64P a pesar 

de que hubo ausencia total de prueba del elemento 

subjetivo requerido por los artículos 262 y 264 del Código 

Penal del 2012. 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al declarar 

No ha Lugar la desestimación al amparo de la Regla 64P, a 

pesar de que la prueba presentada no fue suficiente en 

dicha etapa para adjudicar responsabilidad penal a la Sra. 

Yahaira Valentín Andrades. 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al declarar 

No ha Lugar la desestimación al amparo de la Regla 64 P a 

pesar de que la determinación de causa es una contraria a 

derecho toda vez que el tribunal en vista preliminar se negó 

a tomar conocimiento judicial y no adjudicó la petición de la 

defensa en contravención a las disposiciones de la Regla 

103 y 201 de Evidencia y el derecho que poseen los 

imputados de presentar prueba a su favor.

Posteriormente, el 20 de junio de 2024, ambos recursos de 

certiorari fueron consolidados por este Tribunal, dado que, recurren de 

una misma “Resolución.” Así las cosas, el 10 de julio de 2024, la Oficina 

del Fiscal Especial Independiente (FEI), presentó ante nos una “Oposición 

a Expedición de Certiorari.” Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a disponer de los recursos que nos ocupan.

II.

A. Recurso de Certiorari:

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión 

de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 8

A pesar de la amplitud de errores que pueden ser revisados mediante 

el certiorari este auto sigue siendo un recurso discrecional y los tribunales 

debemos utilizarlo con cautela y por razones de peso. Íd., pág. 918. Las 

resoluciones u órdenes dictadas por los tribunales de primera instancia 

son revisables ante este Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso 

de certiorari. Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24y.

La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

delimita los criterios para la expedición de un auto de certiorari. Así pues, 

estas consideraciones “orientan la función del tribunal apelativo 

intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”. Rivera et al.

v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194, 209 (2023). La aludida regla 

permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el 

vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar los 

asuntos planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International, 

205 DPR 163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40, 

supra, dispone los siguientes criterios:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXIIB.
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 9

B. Vista Preliminar:

La vista preliminar es un procedimiento anterior al juicio mediante 

el cual se determina si hay causa probable para acusar a un imputado de

delito grave. E. L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico 

y Estados Unidos, 1era ed., Colombia, Editorial Forum, 1993, Vol. III, pág. 

63. Se trata de un procedimiento de origen estatutario que se encuentra 

delimitado en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v.

Andaluz Méndez, 143 DPR 656, 661 (1997); Pueblo v. Martínez Torres,

116 DPR 793, 801 (1986). El objetivo principal de la vista preliminar es

evitar que una persona sea sometida en forma arbitraria e injustificada a 

los rigores de un procedimiento criminal. Pueblo v. García Saldaña, 151 

DPR 783, 788 (2000); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 149 DPR 363, 374

(1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 665 (1985). De forma

similar a toda determinación judicial, la determinación de causa probable 

para acusar goza de una presunción de corrección. Pueblo v. Nieves 

Cabán, 201 DPR 853, 866 (2019); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 

684, 687 (1988).

En esta etapa del procedimiento no se hace una adjudicación en 

los méritos sobre la culpabilidad del imputado, pues no se trata de un mini 

juicio. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 733 (2014); Pueblo v. 

Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011). Por tanto, no hace falta cumplir 

con un riguroso quantum de prueba más allá de duda razonable, el cual 

se requiere en el juicio. Pueblo v. Rodríguez Aponte, supra, pág. 664. Si 

bien el ministerio público tiene la obligación de presentar evidencia y la 

obligación de persuadir al magistrado de la existencia de causa probable 

para acusar al imputado, se trata de una carga moderada. Chiesa Aponte,

op. Cit., pág. 89. Dicha carga se satisface con aquella prueba que 

justifique someter al imputado a juicio por delito grave, en el sentido de 

que el Ministerio Público cuenta con evidencia que, de ser creída por el 

juzgador, establezca los elementos del delito y la conexión del imputado 

con el mismo. Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 875 (2010); 
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 10

Pueblo v. Ríos Alonso, 149 DPR 761, 766-767 (1999); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, supra, pág. 663-664; Chiesa Aponte, op. Cit., pág. 90.

En otras palabras, basta que el Ministerio Público presente durante 

la vista preliminar una scintilla de evidencia en la cual pueda apoyarse 

una determinación prima facie de que se cometió un delito y que con toda 

probabilidad el imputado lo cometió. Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 

707; Pueblo v. Pillot Rentas, 169 DPR 746, 751 (2006); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, supra, pág. 664. En síntesis, para que la 

determinación de causa probable se haga conforme a la ley y al Derecho,

el juicio del tribunal debe basarse en alguna prueba que demuestre que 

existe causa probable para creer que el acusado cometió el delito.

Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 DPR 592, 594 (1972). A esos 

efectos, el Ministerio Publico no viene obligado a presentar toda la prueba 

en su poder, sino que puede utilizar aquella que estime suficiente para 

sustentar su argumento de que existe causa para acusar, siempre y

cuando se trate de prueba que podrá ser admisible en el juicio. Pueblo v. 

Rivera Vázquez, supra, pág. 876.

C. Moción para desestimar la acusación o denuncia, Regla 64 (p) 

de las Reglas Procedimiento Criminal, supra.

Nuestro ordenamiento procesal criminal, mediante la Regla 64 (p), 

supra, permite a una persona imputada de delito solicitar la desestimación

de la denuncia o acusación. Pueblo v. Branch, 154 DPR 575, 584 (2001).

Dicha desestimación procede en las siguientes instancias: (1) cuando la 

parte promovente de la solicitud demuestra que en la vista hubo ausencia 

total de prueba sobre la existencia de causa probable para creer que el 

imputado cometió el delito por el cual es procesado, y (2) cuando se ha 

incumplido con los requisitos de ley y jurisprudenciales que gobiernan la 

determinación de causa probable. Íd, pág. 584-585. La solicitud de

desestimación es un remedio que solo puede ser invocado por la persona 

acusada, y de no peticionarlo, se entiende renunciado. Pueblo v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 454, 458 (1975). Esta solicitud le permite a la referida 

persona acusada intentar rebatir la presunción de corrección de la 
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 11

determinación de causa probable, en aquellas instancias en que entienda 

que el Estado no cumplió con su deber en esa etapa. Pueblo v. Nieves

Cabán, supra, pág. 866-867. En otras palabras, dicha moción de 

desestimación constituye el remedio procesal adecuado para lograr la 

desestimación de la acusación o de alguno de los cargos incluidos en

esta. Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 734-735. 

III.

En esencia, la señora Valentín y el señor Rodríguez alegan que

sus respectivas determinaciones de causa probable para acusar son

contrarias a derecho, y fueron dictaminadas a pesar de que hubo 

ausencia total de prueba con respecto al elemento subjetivo que 

requieren los artículos 262 y 264 del Código Penal del 2012. La señora

Valentín aduce que el Juez que presidió la vista preliminar incidió al 

descartar hechos adjudicativos que previamente se habían probado 

mediante conocimiento judicial. Todo ello, en contravención de su 

derecho a presentar prueba en su favor. Indica también que la prueba 

presentada por el Ministerio Público no fue suficiente para cumplir con el 

estándar probatorio para acusar. Finalmente, aduce que el Municipio de 

Mayagüez fue víctima de actos fraudulentos de terceras personas. 

Por su parte, el señor Rodríguez, de forma similar argumenta, que 

incidió el foro recurrido al no tomar conocimiento judicial de unos hechos 

para los cuales se había provisto la información suficiente para que fueran 

acogidos por dicho tribunal. De igual modo, aduce que el referido foro erró 

al descartar, al momento de emitir su dictamen, hechos de los cuales se 

había tomado conocimiento judicial. Añade, que los Informes rendidos por 

la Oficina del Contralor eran pertinentes, y el tribunal de instancia erró al 

no admitirlos en evidencia. A su vez, agrega que no se cumplieron con los 

elementos subjetivos de los delitos por los cuales fue acusado. De igual 

manera, plantea que no se cumple con el concepto de causalidad 

requerido por nuestro ordenamiento penal. Toda vez que, fueron las 

actuaciones voluntarias de terceras personas lo que dio paso a la 
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 12

existencia de una malversación de fondos públicos en el Municipio de 

Mayagüez. Finalmente, arguye que a su caso le es de aplicabilidad el 

eximente de responsabilidad penal contenido en el Art. 30 (b)(4) del 

Código Penal de Puerto Rico, supra.

Conforme fue expuesto, la determinación de causa probable para 

acusar goza de una presunción de corrección. A esos efectos, la persona 

acusada tiene el peso de la prueba para demostrar que se le infringió

algún derecho o que hubo ausencia total de prueba sobre alguno de los 

elementos de los delitos por los cuales se encontró causa. Además, 

según reseñamos, la carga probatoria del Ministerio Público para esta 

etapa de los procesos se resume en una scintilla de evidencia. Dicha 

evidencia debe establecer los elementos del delito y la conexión del 

imputado con este. En otras palabras, el objetivo de la vista preliminar se 

circunscribe en comprobar si el Ministerio Público tiene justificación para 

continuar con el proceso judicial. Por lo cual, la vista preliminar no tiene 

un elevado estándar probatorio que le convierta en un mini juicio. 

Entiéndase, en la referida vista solo se requiere que se demuestre prueba 

suficiente para continuar con los procedimientos, lo cual no es equivalente

a una adjudicación final del caso. 

Luego de evaluar de forma detallada y cuidadosa la totalidad del 

expediente ante nos, y de escuchar detenidamente el audio de la vista 

preliminar con el testimonio de la perita auditora que fue vertido en ella, 

concluimos que tanto la señora Valentín como el señor Rodríguez, no

lograron rebatir la presunción de corrección de la determinación de causa 

probable para acusar. A su vez, determinamos que ambos casos no 

cumplen con ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, que nos 

mueva a expedir los recursos de certiorari y variar la determinación del 

tribunal de instancia. Por consiguiente, nos abstenemos de intervenir con 

el dictamen recurrido. Reiteramos que en esta etapa de los 

procedimientos no se adjudica de forma definitiva la responsabilidad de 
KLCE202400618 consolidado KLCE202400629 13

los aquí acusados. Por lo cual, le corresponderá al Ministerio Público en 

el juicio probar su caso más allá de duda razonable. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos los recursos de 

certiorari presentados. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

El juez Candelaria Rosa concurre sin escrito.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones