Número Identificador: 

RES2024___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

JOSÉ VARGAS FERNÁNDEZ

T/C/C JOSÉ L. VARGAS 

FERNÁNDEZ, ÁNGELA L.

ROSARIO DE LEÓN T/C/C 

ÁNGELA LUCÍA ROSARIO DE 

LEÓN T/C/C ANGÉLICA

LUCÍA ROSARIO DE LEÓN

T/C/C ÁNGELA LUCÍA 

ROSARIO T/C/C ÁNGELA 

ROSARIO DE LEÓN Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202400330

Certiorari

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala 

Superior de SAN JUAN

Caso Núm. 

SJ2022CV10413 (604)

Sobre:

Ejecución de Hipoteca

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez Barresi 

Ramos y la Jueza Santiago Calderón.

Barresi Ramos, juez ponente

R E S O L U C I Ó N

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 30 de julio de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora ÁNGELA L.

ROSARIO DE LEÓN (señora ROSARIO DE LEÓN) mediante Petición de Certiorari

interpuesta el 18 de marzo de 2024. En su recurso, nos solicita que revisemos 

la Resolución decretada el 30 de enero de 2024 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.

1 Mediante la referida decisión, el 

foro a quo declaró no ha lugar la Moción de Inhibición presentada el 20 de 

octubre de 2023 por la señora ROSARIO DE LEÓN.

Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la presente 

controversia.

1 Dicho dictamen judicial fue notificado y archivado en autos el 1 de febrero de 2023. 

Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 133- 135.
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- I -

El 29 de noviembre de 2022, el BANCO POPULAR DE PUERTO RICO

(BPPR) entabló una Demanda sobre ejecución de hipoteca In Rem en contra 

de los señores JOSÉ VARGAS FERNÁNDEZ (señor VARGAS FERNÁNDEZ) y ROSARIO 

DE LEÓN.

2 Expuso, entre otras cosas, que el 16 de agosto de 2006, los señores 

VARGAS FERNÁNDEZ y ROSARIO DE LEÓN otorgaron un pagaré a favor del R & 

G Premier Bank of Puerto Rico Inc. o a su orden por la suma principal de 

$192,000.00 más intereses a razón de 7.125% anual, el cual se garantizó con 

una hipoteca voluntaria constituida mediante escritura pública número 423 

sobre la propiedad sita en la Urbanización Las Lomas en San Juan, Puerto 

Rico. Manifestó que el 30 de noviembre de 2015, mediante escritura sobre 

modificación y ampliación se reformó la obligación hipotecaria. Explicó que 

el último abono fue realizado el 1 de septiembre de 2016, por lo que, los 

señores VARGAS FERNÁNDEZ y ROSARIO DE LEÓN incumplieron su obligación 

de pago y adeudan $194,278.64. Adujo que el 31 de octubre de 2013, los señores 

VARGAS FERNÁNDEZ y ROSARIO DE LEÓN presentaron una petición de quiebra

bajo el Capítulo 13 del Código de Quiebras; el 28 de enero de 2019, la Corte 

de Quiebras dictaminó una Orden descargando (“discharged”) la obligación 

personal; y el caso fue cerrado el 12 de febrero de 2019.3 Argumentó que, aun 

cuando el descargo eliminó la responsabilidad personal, ello, no aplica a las

deudas aseguradas o garantizadas. Afirmó que el BPPR está facultado para

ejecutar su garantía.

Más tarde, el 16 de febrero de 2023, la señora ROSARIO DE LEÓN

presentó una Moción para Asumir Representación Legal y Solicitud de 

Prórroga para Presentar Alegación Responsiva en la cual interpeló una 

extensión de tiempo, no menor de treinta (30) días, para completar una 

investigación y presentar su alegación responsiva.4 El 27 de marzo de 2023, 

luego de la prórroga concedida, la señora ROSARIO DE LEÓN presentó su 

2 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1- 5. 

3 Caso núm. 13-09157, Código de Quiebra Federal, 11 U.S.C.A. § 524.

4 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 20- 21.
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Contestación a Demanda y Reconvención en la cual alegó sus defensas 

afirmativas.

5 Expresó que el 24 de enero de 2023, fue emplazada 

personalmente junto al señor VARGAS FERNÁNDEZ, su exesposo, y como 

miembros de la extinta sociedad legal de gananciales. En la Reconvención

arguyó que: (1) fue emplazada deficientemente; (2) BPPR incumplió 

crasamente con el Real Estate Settlement Procedure, al no informarle que 

estaba en mora del préstamo y al no ofrecerle todas las alternativas 

disponibles de mitigación de pérdidas; y (3) BPPR no ha probado 

fehacientemente ser el tenedor de buena fe del crédito litigioso, lo cual, le 

permitiría ejercer su derecho de propiedad y poner fin al litigio.

6

El 29 de marzo de 2023, BPPR presentó una Moción en Solicitud de 

Referido a Mediación y en Solicitud de Prórroga para Contestar Reconvención

en la cual requirió que las partes fuesen referidas al proceso de mediación 

compulsoria.7 En consecuencia, ese día, se decretaron Orden de Referido al 

Centro de Mediación de Conflictos en Casos de Ejecución de Hipotecas; y 

Resolución-Paralización por Mediación y Otras.

8 En esta última, se dispuso 

que una vez culminada la mediación, de continuar el caso, se concedería un 

término de veinte (20) días a BPPR para contestar la Reconvención. 

Luego de varias incidencias procesales, el 20 de octubre de 2023, la 

señora ROSARIO DE LEÓN presentó una Moción de Inhibición en la cual 

planteó que la mediadora asignada “esbozó alegaciones y defensas como 

alegada falta de documentos, entre otros, que correspondían ser esbozadas 

por el acreedor hipotecario y no fueron levantadas por dicho acreedor”.9 El 

25 de octubre de 2023, BPPR presentó su Réplica a Moción de Inhibición en 

la cual expresó que “es un hecho cierto que la parte demandada NO ha 

completado una solicitud de Mitigación de Pérdidas. Ante dicho hecho, la 

5 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 23- 44. Incluyó copia del Acta Inextensa de 

Divorcio el cual acredita que el 28 de mayo de 2014 se dictó Sentencia en la Provincia Santo 

Domingo, Republica Dominicana.

6 Act, 12 C.F.R. sec 1024.5 y ss. Ley de Ayuda al deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-2016, 32 

LPRA secs. 2891-2895.

7 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 45- 47.

8

Íd., págs. 48- 51 y 54.

9

Íd., págs. 61- 64.
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parte demandante se ha visto imposibilitada de evaluar a la parte demandada 

para alguna alternativa de pago disponible en el mercado”.10 Posteriormente, 

el 22 de enero de 2024, la señora ROSARIO DE LEÓN presentó Réplica a 

Oposición “Réplica a Moción” de Inhibición en la cual señaló que “dicha parte 

no estuvo presente durante lo discutido durante la vista de mediación 

celebrada el 12 de octubre del corriente, razón por la que desconoce lo 

discutido entre las partes presentes durante la vista que motivaron la 

solicitud de la parte demandada”.11 A los dos (2) días, el 24 de enero de 2024, 

BPPR presentó Dúplica a Réplica.

12

El 30 de enero de 2024, se celebró audiencia y se dictó la Resolución

impugnada en la cual se concluyó que “[l]as expresiones de la Mediadora no 

constituyen una adjudicación de hechos para dar por terminada la 

mediación. Tampoco se demostró que la Mediadora actuara con prejuicio o 

parcialidad ni que sus expresiones le impidan continuar interviniendo en el 

caso”. En esta misma fecha, la señora ROSARIO DE LEÓN presentó Solicitud de 

Sentencia Declaratoria y Reiterando Moción de Inhibición y Moción en 

Cumplimiento de Orden.

13 Esta última está acompañada de varios correos 

electrónicos concerniente a la Solicitud de Asistencia Hipotecaria/Mortgage 

Assistance Application. Al día siguiente, BPPR presentó Moción Informativa

exponiendo que la señora ROSARIO DE LEÓN no ha complementado la 

Autorización a Proveer Informacion a Terceros Acerca de Préstamo 

Hipotecario ni la Solicitud de Asistencia Hipotecaria/Mortgage Assistance 

Application.

14

Así las cosas, el 16 de febrero de 2024, la señora ROSARIO DE LEÓN

presentó una Moción de Reconsideración.

15 El mismo día, se pronunció 

Resolución declarando no ha lugar la solicitud de reconsideración.16

10 Apéndice de la Petición de Certiorari, pág. 66- 86.

11 Íd., págs. 94-98.

12 Íd., págs. 99- 102.

13 Íd., págs. 104- 113 y 114- 130.

14 Íd., págs. 131- 132.

15 Íd., págs. 141- 145.

16 Íd., págs. 146- 148.
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Inconforme, el 18 de marzo de 2024, la señora ROSARIO DE LEÓN

acudió ante este foro revisor mediante Petición de Certiorari señalando el(los) 

siguiente(s) error(es): 

Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al no 

acoger la solicitud de inhibición de la parte recurrente en 

cuanto a la Mediadora del proceso del caso de epígrafe por 

esta haber realizado determinaciones y expresiones 

contrarias a los hechos y documentación de este caso, 

incluyendo el no permitir al abogado de epígrafe participar 

del proceso de mediación compulsoria de su cliente, la 

parte recurrente y haberlo amenazado con dar por 

terminado este caso ante el CMC, en contravención de la 

política pública establecida en nuestra jurisdicción 

plasmada en la Ley 184-2012, su progenie y jurisprudencia 

interpretativa.

Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al no 

emitir sentencia declaratoria para compeler a la parte 

recurrida y al CMC el permitir que el abogado suscribiente 

participe del proceso de mediación compulsoria en calidad 

de representante legal de la parte recurrente.

Erró y abusó de su discreción el foro de instancia al no 

referir este caso a intramuros para que continúe el proceso 

de mediación compulsoria entre las partes del caso de 

epígrafe conforme a la Ley Núm. 184-2012. 

El 20 de marzo de 2024, intimamos Resolución en la cual, entre otras 

cosas, concedimos un plazo de cinco (5) días para que la señora ROSARIO DE 

LEÓN acreditara la notificación del recurso al BPPR y al foro primario. 

Además, se concedió un plazo de diez (10) días para mostrar causa por la cual 

no debíamos expedir el auto de Certiorari y revocar el dictamen impugnado

al BPPR. El 4 de abril de 2024, BPPR presentó su Oposición a que se Expida 

Certiorari Civil. El 5 de abril de 2024, dispusimos Resolución requiriéndole a 

la señora ROSARIO DE LEÓN exponer las razones por las cuales no se debía 

desestimar esta causa de acción por la falta de notificación al Tribunal de 

Primera Instancia dentro del término de diez (10) días. El 9 de abril de 2024, 

dictaminamos Resolución imponiéndole a la señora ROSARIO DE LEÓN

explicar su posición sobre la solicitud de desestimación del recurso por la 

falta de notificación al señor VARGAS FERNÁNDEZ dentro del período de diez 

(10) días. El 18 de abril de 2024, la señora ROSARIO DE LEÓN presentó Moción 
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de Cumplimiento con Resoluciones de este Honorable Tribunal del 5 y 9 de 

Abril de 2024, Respectivamente con Relación al Caso de Epígrafe. 

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos encontramos en posición 

de adjudicar. Puntualizamos las normas de derecho pertinentes a la(s) 

controversia(s) planteada(s).

- II -

- A - Certiorari

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda revisar discrecionalmente las 

órdenes o resoluciones interlocutorias emitidas por una corte de inferior 

instancia judicial.17 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo 

de recurso se encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.18

De ordinario, la discreción consiste en “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.19

Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho”.20 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.21 La mencionada Regla 

dispone que solo se expedirá un recurso de certiorari cuando, “se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, 

injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.22 En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:

17 Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194 (2023); Torres González v. Zaragoza 

Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 

(2021). 

18 Íd. 

19 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016).

20 Íd. 

21 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra. 

22 Caribbean Orthopedics v. Medshape et al., 207 DPR 994, 1004 (2021).
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(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales;

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios;

(3) en casos de anotaciones de rebeldía;

(4) en casos de relaciones de familia; 

(5) en casos revestidos de interés público; o 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 23

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro análisis 

sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun cuando un asunto esté 

comprendido entre las materias que las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009 nos autorizan a revisar, el ejercicio prudente de esta facultad nos 

requiere tomar en consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (Reglamento).

24

 

Por otro lado, el examen de los [recursos] discrecionales no se da en 

el vacío o en ausencia de otros parámetros.25 Para ello, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento instituye los indicadores a considerar al evaluar si se debe o no 

expedir un recurso de certiorari. A saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho;

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia;

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 

de alegatos más elaborados;

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración; 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio; y 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 

un fracaso de la justicia.26

Es preciso aclarar, que la anterior no constituye una lista exhaustiva, 

y ninguno de estos criterios es determinante, por sí solo, para justificar el 

23 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil Healthcare 

v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).

24 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. AIG, supra.

25 Íd.

26 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 
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ejercicio de nuestra jurisdicción.27 En otras palabras, los anteriores criterios 

nos sirven de guía para poder determinar de la forma más sabia y prudente si 

se justifica nuestra intervención en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.28 Ello, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto de certiorari. La delimitación que 

imponen estas disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar 

a ser planteadas a través del recurso de apelación.”29 

Finalmente, este Tribunal solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en un craso abuso de discreción.30 Esto es, “que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.31

– B – Manejo del caso

El funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la pronta 

disposición de los asuntos litigiosos hacen necesario que los(las) jueces de 

instancia ostenten gran flexibilidad y discreción para lidiar diariamente con 

el manejo y la tramitación de los asuntos judiciales.32 Ello presupone que se 

les ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados en la 

forma y manera que su buen juicio les indique.33 En ese sentido, el foro 

primario tiene el deber ineludible de garantizar que los procedimientos se 

ventilen sin demora, con miras a que se logre una justicia rápida y eficiente.34

27 García v. Padró, 165 DPR 324, 335 esc. 15 (2005). 

28 Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 712 (2019).

29 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486– 487 (2019); Mun. Caguas v. JRO 

Construction Inc., supra.

30 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

31 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

32 Banco Popular de Puerto Rico v. Gómez Alayón y otros, 2023 TSPR 145, 213 DRR ___ (2023).

33 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003).

34 In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 529 (2011); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).
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Como norma general, los foros revisores no intervendrán con el 

manejo del caso ante la consideración del tribunal primario.35 El Máximo 

Foro ha manifestado que los tribunales apelativos no debemos intervenir con 

determinaciones decretadas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro 

actuó con perjuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto.36 Ello implica que el ejercicio adecuado de 

la discreción se relaciona de manera estrecha con el concepto de 

razonabilidad.37

– III –

En este caso, la señora ROSARIO DE LEÓN planteó que el foro de 

instancia incidió: (i) al no acoger su solicitud de inhibición de la Mediadora 

del Centro de Mediación de Conflictos (CMC) por haber realizado 

determinaciones y expresiones contrarias a los hechos y documentación; (ii) 

al no emitir sentencia declaratoria para compeler al CMC para permitir que 

su representación legal participe del proceso de mediación compulsoria; y 

(iii) al no referir este caso a intramuros para la continuación del proceso de 

mediación compulsoria.

38

De otro lado, BPPR formuló la existencia de omisiones en la 

notificación del recurso. Además, razonó que la Mediadora no ha sido parcial. 

Ello dado que sus expresiones conciernen a que no se ha cumplimentado toda 

la documentación necesaria para la evaluación de mitigación de pérdidas. Lo 

cual ha sido aceptado por la señora ROSARIO DE LEÓN.

Como cuestión de umbral, ante el hecho de que el recurso es una 

Petición de Certiorari, este Tribunal de Apelaciones debe determinar si 

procede su expedición. Es sabido que un tribunal intermedio no intervendrá 

35 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).

36 Íd.

37 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

38 La Mediadora del Centro de Mediación y Conflictos (CMC) atiende el caso de conformidad 

con la Ley Núm. 184-2012, según enmendada, conocida como la Ley para la Mediación 

Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de una 

Vivienda Principal, y el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, según 

enmendado.
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con el ejercicio de la discreción (manejo de sala) de los Tribunales de Primera 

Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o 

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.

La señora ROSARIO DE LEÓN no ha demostrado que el foro de instancia 

actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto. 

Nada en el expediente nos convenció para utilizar nuestra función revisora 

en esta etapa de los procedimientos. Sus planteamientos no nos mueven para 

inmiscuirnos en el manejo del caso o en la discreción del(de la) juez quien 

preside la sala y celebró una audiencia en enero de 2024 para dirimir la 

controversia sobre la solicitud de inhibición de la Mediadora. De igual modo, 

no vislumbramos error alguno en la Resolución recurrida que precise nuestra 

intervención. 

Aquilatamos que, con esta decisión, no hemos prejuzgado los méritos 

de la controversia, por lo que las partes conservan su derecho de presentar 

nuevamente estos y otros señalamientos, de entender necesario, en un 

recurso apelativo posterior.

– IV –

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari incoado el 18 de marzo de 2024. En consecuencia, deberá 

proseguirse con los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. 

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones