Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

ONE ALLIANCE INSURANCE 

CORPORATION

APELANTE 

V.

PR ASSET PORTFOLIO 

2013-1 INTERNATIONAL, LLC

APELADO

KLAN202200791

Apelación procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Carolina

Caso Núm.:

CA2021CV01773

Sobre:

Cobro de dinero

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Candelaria 

Rosa y la Juez Rivera Marchand1

Ortiz Flores, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2023.

Comparece ante nosotros One Alliance Insurance Corporation (en 

adelante, apelante o One Alliance) mediante un recurso de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI) el 15 de julio de 2022. En su 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada 

por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. (en adelante, apelado o 

PRAPI) por lo que desestimó la acción con perjuicio. 

En este caso nos corresponde resolver si el TPI se equivocó en su 

apreciación de que la causa de acción incoada en la demanda de autos era 

cosa juzgada y que por tanto procedía su desestimación. Adelantamos que,

por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos el 

dictamen del TPI.

I

En el mes de febrero del 2017, One Alliance y PRAPI suscribieron 

dos pólizas de seguro sobre ocho (8) propiedades sitas en la región judicial

de Carolina. Tras el paso del Huracán María, PRAPI sometió una 

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2022-209 del 14 de diciembre de 2022, se 

designó a la Hon. Monsita Rivera Marchand para entender y votar en sustitución de la 

Hon. Maritere Brignoni Mártir, por ésta haberse inhibido.
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2

reclamación bajo las pólizas de seguro por los daños ocasionados. 

Posteriormente, las partes lograron un acuerdo de pago; sin embargo, 

luego de hacer un desembolso, One Alliance se retractó y le dio marcha 

atrás al ajuste emitido. La aseguradora adujo que, a su apreciación, PRAPI 

no tenía interés propietario sobre los bienes incluidos en las reclamaciones. 

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2019, PRAPI presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia de Carolina (TPI-Carolina) una demanda de 

incumplimiento de contrato de seguro, mala fe y acción declaratoria en 

contra de One Alliance, correspondiente al caso civil número 

SJ2019CV10747(caso SJ2019CV10747).2 Luego, el 12 de febrero de 

2019, enmendó su demanda para identificar las ocho (8) propiedades sobre

las que el TPI-Carolina tenía jurisdicción. Se alegó que, luego de un 

proceso de negociación, llegaron a un acuerdo sobre las reclamaciones a 

pólizas de seguro, el cual One Alliance incumplió. 

El TPI-Carolina emitió, el 14 de febrero de 2020, una Orden de 

traslado del caso SJ2019CV10747 al Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan (TPI-San Juan). Luego del traslado, One Alliance presentó su 

Contestación a Demanda Enmendada; en esta, sostuvo como defensa que 

PRAPI cometió fraude en sus reclamaciones al ocultar o someter 

deliberadamente información falsa, razón por la cual anuló las pólizas y por 

tanto los acuerdos entre las partes. Particularmente, One Alliance sostuvo

en sus alegaciones responsivas que PRAPI “no tiene derecho a remedios

declaratorios en la medida que mintió, ocultó información o 

deliberadamente sometió información falsa e incompleta en apoyo a sus 

reclamaciones” y que “[a]nte tal comportamiento One Alliance tiene 

derecho a solicitar la devolución de los pagos realizados, denegar el pago 

2 Se toma conocimiento la entrada en SUMAC # 12, caso SJ2019CV10747.
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3

de los reclamos remanentes y/o anular la póliza de seguros.3 Además, 

precisó como defensa afirmativa lo siguiente:

19. La póliza permite anular la cubierta en cualquier momento 

que se descubra la ocultación intencional u omisión de 

hechos materiales o fraude en cuanto a la cubierta, la 

propiedad asegurada, el interés del asegurado en la 

propiedad cubierta por la póliza o en la información sometida 

en la reclamación.

[. . .]

En este caso el asegurado intencionalmente ocultó o 

representó incorrectamente información material para la 

emisión de la póliza y para el sustentar sus reclamaciones 

bajo las pólizas.4

Finalmente, en su súplica, One Alliance le solicitó al TPI que tomara 

conocimiento judicial sobre lo antes expuesto y que declarara no ha lugar 

la demanda presentada en su contra. También pidió que declarase que 

PRAPI había actuado temerariamente “al hacer alegaciones de mala fe y 

señalamientos de ilegales actuaciones, conociendo o debiendo conocer, 

que el cobro de lo indebido tiene como consecuencia la obligación de la 

devolución de los indebidamente cobrado y al amparo de dicho 

razonamiento One Alliance tenía derecho a la deducción de lo pagado por 

error de hecho y cobrado indebidamente.”5

Posteriormente, el 2 de febrero de 2021, aproximadamente un año 

después de contestada la demanda, One Alliance solicitó autorización al 

Tribunal para presentar una reconvención y el mismo día la presentó. 

PRAPI se opuso a la presentación de la reconvención, debido a que sus 

imputaciones sobre fraude se remontaban a hechos anteriores a la 

presentación de la demanda por lo que era una reconvención compulsoria 

que debió presentarse al contestar la demanda. El TPI no permitió la 

presentación de la reconvención al estimar que se presentó tardíamente, 

3 Contestación a demanda enmendada, SJ2019CV10747, SUMAC 20, pág. 20.

4

Id., pág. 24-25.

5

Id., pág. 26.
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4

puesto que One Alliance conocía de las causas de su reclamo desde la 

presentación del caso, pero no las presentó oportunamente al contestar la 

demanda para salvaguardar sus derechos. En reconsideración, el TPI 

señaló que la parte demandante conocía de las razones para presentar la 

reconvención, pero no lo hizo. El TPI precisó que “si ya esto fue alegado 

como parte de las defensas afirmativas presentadas en la alegación 

responsiva enmendada, porque no también presen[tar] su reconvención al 

amparo de la Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil de [2010]”, y señaló 

que “no [le] convence como argumenta la parte demandada que la 

información fue recientemente descubierta y por tal razón se debe autorizar 

la reconvención presentada.”

6

Tras varios incidentes procesales, el tribunal se expresó el 12 de 

mayo de 2021, como sigue: 

En el presente caso la parte demandada ha levantado una 

serie de defensas entre las que se encuentran pago de lo 

indebido y ocultación de información por parte del asegurado, 

entre otras. Por tanto[,] e independientemente este 

tribunal no haya autorizado la reconvención presentada 

por la parte demandada, no es menos c[i]erto que este 

tribunal no puede desatender e ignorar los reclamos y 

defensas que también le asisten a la parte demandada en 

la tramitación del presente procedimiento.

7

Mas adelante, el 22 de noviembre de 2021, el TPI nuevamente se 

expresó sobre este particular, como sigue:

[S]i bien es cierto que el Tribunal denegó por tardía la 

reconvención que presentó la parte demandada[,] 

ciertamente una de las cosas que sí determinó fue que 

entonces habría que celebrar una vista porque aún así habían 

unas alegaciones generales que se habían presentado entre 

las cuales se encontraba el fraude.8

El aquí apelante, One Alliance, inconforme con la determinación del 

foro de instancia en el caso civil número SJ2019CV10747 acudió 

previamente a este Tribunal de Apelaciones. Véase, PR Asset Portfolio 

6 Orden, SJ2019CV10747, 8 de abril de 2021, SUMAC 84.

7 Orden, 12 de mayo de 2021, SUMAC 93 (Énfasis nuestro).

8 Minuta, 30 de noviembre de 2021, SUMAC 116, pág. 5.
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5

2013-1 International, LLC. v. One Alliance Insurance Corporation, 

KLCE202100578 (2021). En esa ocasión rechazamos el recurso de 

certiorari para revisar la determinación del TPI sobre la improcedencia de 

la reconvención. Particularmente, precisamos que no era meritorio 

intervenir con la determinación del tribunal en ausencia de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto.

Así las cosas, el 14 de julio de 2021, aproximadamente dos meses 

después, One Alliance presentó una demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Carolina (TPI-Carolina) correspondiente al caso civil número 

CA2021CV01773 (caso CA2021CV01773), donde reclama el cobro de 

dinero por un alegado incumplimiento de contrato por parte de PRAPI, 

relacionado al recurso ante nuestra consideración.

9 En este nuevo pleito, 

PRAPI presentó una Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil en la que alegó que esta nueva demanda era una 

copia de la reconvención presentada en el caso anterior la cual fue 

rechazada y que por tanto constituía cosa juzgada. El TPI declaró Ha Lugar 

la moción de desestimación bajo el fundamento de que “dejar de presentar 

una reclamación compulsoria da lugar a la defensa de cosa juzgada contra 

cualquier ejercicio posterior de la causa de acción que dejó de presentarse 

por esa vía”.10 A consecuencia de ello desestimó la demanda con perjuicio. 

Inconforme, tras haber presentado una reconsideración al TPI en la 

cual no tuvo éxito, One Alliance acude ante nosotros mediante el recurso 

de apelación, y expone los siguientes errores:

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

interpretar y/o intervenir con una resolución emitida por otro 

juez de la misma jerarquía, excediendo de sus facultades y 

por lo tanto abusando de su discreción.

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar “cosa juzgada” las alegaciones presentadas en una 

reconvención que no estuvo ante su consideración, cuando 

9 Apéndice I, Recurso de Apelación, pág. 1.

10 Apéndice VII, Recurso de Apelación, pág. 111.
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6

las mismas también surgen de reclamaciones 

reconv[i]nientes denominadas incorrectamente como 

defensas afirmativas, que aún están ante la consideración de 

otro tribunal de la misma jerarquía, según las propias 

determinaciones de dicho tribunal (SJ2019CV10747).

Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda de cobro de dinero al amparo de la 

Regla 10.2, cuando One Alliance expuso una reclamación 

que justificaba a concesión de un remedio; pues la 

desestimación se fundamentó en una (1) orden emitida por 

otro tribunal en el caso SJ2019CV10747, el cual nunca ha 

declarado como “cosa juzgada” las alegaciones de One 

Alliance, muy al contrario, dicho tribunal (original de Carolina) 

entendió que existen causas de acción que sobre viven la no 

autorización de la enmienda de las alegaciones mediante 

presentación de la reconvención. 

Por su parte, PRAPI se opone al señalar que el presente recurso es 

un intento desesperado de curar un error procesal del apelante. 

Específicamente, sostuvo que el TPI actuó correctamente al desestimar la 

demanda por que se presentó como un subterfugio para evadir la orden del 

tribunal del caso original en el que no se aceptó su reconvención. Con el 

beneficio de las posturas de ambas partes, resolvemos.

II

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 

(2010), permite que un demandado solicite al tribunal la desestimación de 

la demanda en su contra por varios fundamentos entre los cuales se 

encuentra “dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio”. Al presentarse esta moción el tribunal viene obligado a 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante. Colón 

Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013). Por tanto, para que la moción 

de desestimación prevalezca “tiene que demostrarse de forma certera en 

ella que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de derecho que pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun 
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7

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”. Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

B. Defensas afirmativas y la cosa juzgada

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, establece las defensas 

que puede levantar un demandado en su alegación responsiva. El Tribunal 

Supremo adoptó la definición provista por el tratadista Hernández Colón, 

quien estableció que las defensas afirmativas son “las que presentan 

planteamientos sustentados por cuestiones de hecho o derecho que no 

consisten en negaciones de los hechos alegados en la reclamación contra 

la cual se formulan [y que], de ser ciertos, derrotan el reclamo del 

demandante, incluso si todas las alegaciones del demandante fueran 

aceptadas como correctas”. Rio Mar Community Association Inc. v. Mayol 

Bianchi, 208 DPR 100, 109-10 (2021) (que cita a R. Hernández 

Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San 

Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 289-90). Las Reglas establecen que para 

que se entiendan planteadas, las “defensas deberán plantearse en forma 

clara, expresa y específica al responder a una alegación o se tendrán por 

renunciadas. . .”. Id. Como regla general, los demandados tienen el deber 

de levantar todas las defensas afirmativas que entiendan en su primera 

alegación responsiva o se entienden renunciadas. Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263 (2012). 

Nuestro ordenamiento procesal civil establece una lista no taxativa 

de defensas que una parte puede oponer a los reclamos de un 

demandante. Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra. Entre estas se 

encuentra la de cosa juzgada. Regla 6.3(p) de Procedimiento Civil, supra. 

El Código Civil de 2020, Ley Núm. 55-2020, no contiene disposición alguna

sobre la doctrina de cosa juzgada como lo abarcaba el anterior Código del 
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8

1930.11 Sin embargo, la doctrina se mantiene vigente en nuestro 

ordenamiento jurisprudencialmente. Puerto Rico Wire Products, Inc. v. 

Crespo & Asociados Inc., 175 DPR 139 (2008). 

Esta doctrina persigue una sana administración de la justicia, puesto 

que vela por el interés gubernamental de que se finalicen los pleitos, y por 

otro lado, interesa que no se sometan a los ciudadanos a las molestias de 

tener que litigar dos veces una misma causa que fueron o pudieron ser 

adjudicadas en la primera reclamación. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 

DPR 281 (2012); Parrilla Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). De esta 

manera, se promueve que los litigios tengan un final, que no se eternicen y 

que se respete la autoridad de los tribunales. Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 

(1961). Además, anclado en el principio que consagran las Reglas de 

Procedimiento Civil de que se persiga una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil, supra. 

La doctrina de cosa juzgada requiere que entre el caso resuelto 

mediante sentencia y en el caso en que se invoca concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, causas, personas litigantes y la calidad en que lo 

fueron. Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 313, 317 (2012). Véanse, además: 

Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 DPR 720, 732 (1978). Cuando se cumplen estos requisitos no 

procede dilucidar nuevamente los méritos de la controversia que se 

encuentra ante la consideración del tribunal. 

El requisito de identidad de causas se refiere al “origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe confundirse con 

los medios de prueba ni con los fundamentos legales de las pretensiones 

11 En lo pertinente a este caso, el Código Civil de 1930 disponía como sigue: “Para que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso 

resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo 

fueron”. 33 LPRA sec. 3343 (derogado).
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9

deducidas por las partes”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275 (que 

cita a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil español, 5ta ed. rev., 

Madrid, Ed. Reus, 1950, T. VIII, Vol. 2, págs. 237-42). Entiéndase, que la 

causa “es el motivo que tuvo el demandante para pedir”. Id. (que cita a

Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 223 (2012) que cita a su vez 

a Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. 20, pág. 

535). La identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiera al 

mismo asunto que versó el primero, entiéndase, que sea el mismo objeto 

o materia. Por otro lado, la identidad de partes requiere que los litigantes 

hayan sido los mismos y que su comparecencia haya sido en la misma 

calidad. Finalmente, la identidad de personas se refiere a que los litigantes 

del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el 

pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o 

indivisibilidad de prestaciones. En cuanto a la calidad de los litigantes la 

doctrina dispone que se trata del carácter en el cual la persona viene al 

pleito, entiéndase: acreedor, deudor, poseedor, etcétera. A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Cana, 110 DPR 753, 762 (1981); Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 274.

Cumplidos estos requisitos, la doctrina de cosa juzgada impide que, 

luego de emitida una sentencia en un pleito anterior, las mismas partes relitiguen en un pleito posterior las mismas causas de acción, las 

controversias ya litigadas ya adjudicadas, y aquellas que pudieron haber 

litigado. Pérez Droz v. A.S.R., supra, Mun. de San Juan v. Bosque Real

S.E., 158 DPR 743, 769 (2003); Acevedo Santiago v. Western Digital, 140 

DPR 452, 464 (1996).

El Tribunal Supremo ha expresado que hay determinadas ocasiones 

en las que, aunque se cumplen los requisitos para que constituya cosa 

juzgada, se descarta la aplicación de esta doctrina para evitar alguna 
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10

injusticia o por consideraciones de orden público. Presidential v. 

Transcaribe Corp., supra, pág. 274; Parrilla v. Rodríguez, supra; Meléndez

v. García, 158 DPR 77, 92 (2002); Pagán Hernández v. UPR, supra; 

Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 DPR 108, 114 (1968). Por 

ejemplo, entre estos se encuentran casos de filiación en el que se pretendía 

imputar la falta de diligencia de una madre y su abogado a un menor de 

edad demandante. Pérez v. Bauzá, supra, pág. 226.

C. Reconvención

Mediante el mecanismo de la reconvención, nuestro ordenamiento 

procesal civil permite que una parte dentro de un litigio pueda presentar 

una reclamación contra una parte adversa en el pleito. Regla 11 de 

Procedimiento Civil, supra. Conforme a las Reglas, existen dos tipos de 

reconvenciones: las permisibles y las compulsorias. Las reconvenciones 

permisibles son las reclamaciones que no surgen de un mismo acto, 

omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se 

presenta. Regla 11.2 de Procedimiento Civil, supra. Por otro lado, la 

reconvención compulsoria es aquella hecha por una parte contra cualquier 

parte adversa, que surge del mismo acto, omisión o evento que motivo la 

reclamación original, y cuya adjudicación no requiere la presencia de 

terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción. Regla 11.1

de Procedimiento Civil, supra. Particularmente, una reclamación es 

compulsoria cuando: (1) existe una relación lógica entre la reclamación 

presentada en la demanda y la que es objeto de la reconvención; (2) los 

hechos esenciales de ambas reclamaciones están tan vinculados que la 

economía judicial exige que se ventilen en conjunto; (3) las cuestiones de 

hechos y de derecho entre ambas son las mismas; (4) la doctrina de res 

judicata impediría una acción independiente; y (5) ambas reclamaciones 

surgen de la misma prueba y están vinculadas lógicamente. Consejo 
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11

Titulares v. Gómez Estremera, et al, 184 DPR 407, 424-25 (2012) (que cita 

a R. Hernandez Colon, Practica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, 4ta ed. San Juan, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico, 2007, pág. 218).

La Regla dispone que las reconvenciones compulsorias tienen que 

presentarse Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra. Por tanto, si no se 

formulan a tiempo “se renuncia la causa de acción que la motiva, y 

quedarán totalmente adjudicados los hechos y reclamaciones sin que el 

demandado pueda presentar posteriormente una reclamación que haya 

surgido de los mismos eventos”. Neca Mortg. Corp. v. Dev. S.E., 137 DPR 

860, 867 (1995). En estas instancias es cuando se aplica el principio de 

cosa juzgada, puesto que hubo asuntos que pudieron plantearse, pero no 

lo fueron. Id. Estas disposiciones procesales persiguen que se diluciden 

todas las controversias comunes a un acto de una vez y que se eviten 

litigios múltiples. Id. 

Sin embargo, la norma de que las reconvenciones se presentan al 

notificar su alegación no es absoluta puesto que se aceptan en 

circunstancias excepcionales. Primero, se permite presentar una 

reconvención compulsoria posteriormente mediante una alegación 

suplementaria cuando la exigibilidad de la reclamación adviene luego de 

que la parte contestó la demanda. También puede ocurrir que se 

enmienden las alegaciones cuando por descuido, inadvertencia, 

negligencia excusable o cuando así lo requiera la justicia. Nótese que el 

tribunal es quien determina si se cumplen estos criterios para autorizar la 

presentación posterior de una reconvención. Además, las reglas exigen 

que el tribunal debe ejercer su facultad liberalmente. Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, supra. La política pública que promueven las Reglas 

de Procedimiento Civil es a favor de la ventilación de los casos en sus 

méritos y que los litigantes tengan su día en corte. Sin embargo, la 
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12

liberalidad que tienen los tribunales para autorizar enmiendas a las

alegaciones no es infinita ni irrestricta por lo que dicha discreción está 

limitada. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1976). 

D. Rol de las alegaciones como defensas afirmativas o como 

reconvención.

El Tribunal Supremo explicó la diferencia entre la reconvención y las 

defensas afirmativas de una manera muy sencilla. Rio Mar Community 

Association, Inc. v. Mayol Bianchi, supra. Las defensas afirmativas solo 

tienen un propósito defensivo frente a la alegación del demandante, 

entiéndase impedir que el reclamo prospere. Id., pág. 110. Por su parte, la 

reconvención tiene un propósito ofensivo, entiéndase obtener un remedio 

a su favor. Por esta razón el litigante viene llamado a determinar su objetivo 

responsablemente. Entiéndase que, si presenta su alegación solo como 

defensa, tendrá un solo resultado: librarse de la responsabilidad que se 

atribuye en su contra. En cambio, si presenta la alegación como 

reconvención hace responsable a la parte contra quien ha accionado y 

busca un remedio a su favor. 

Por tanto, una misma alegación puede presentarse de dos maneras, 

cada una de estas con consecuencias diferentes. Por esta razón es que las 

reglas establecen que cuando una parte nombre equivocada una defensa 

como una reconvención o viceversa, el tribunal puede considerar la 

alegación como si se hubiese denominado correctamente. Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, supra. Según expuesto, la defensa afirmativa y la 

reconvención son alegaciones que, aunque pueden consistir en el mismo 

argumento, son conceptos diferentes que cumplen propósitos distintos. Por 

lo cual, la desestimación de uno no afecta la presentación del otro. 

Entiéndase, que si se desestima una reconvención no significa que 
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13

automáticamente se retire la defensa afirmativa presentada bajo el mismo 

fundamento. 

III

Por entender que los tres señalamientos de error están 

intrínsecamente relacionados procedemos a discutirlos en conjunto. 

Veamos.

El apelante aduce que, en el caso CA2021CV01773, el TPI intervino 

con una orden emitida por otro juez de su misma jerarquía. No tiene razón,

por lo que no procede su señalamiento de error. El apelante sostiene que 

la sentencia del TPI modificó tácitamente las determinaciones del tribunal 

en el primer caso, puesto que había presentado una alegación de fraude 

que había sido acogida en ese caso anterior. En el caso SJ2019CV10747, 

el tribunal determinó que las alegaciones de fraude no podían ignorarse, 

aunque se había rechazado la reconvención, y seguían planteadas 

defensas afirmativas de fraude. El aquí apelante pretende señalar que esas 

expresiones equivalen a una determinación del tribunal de que se trataba 

de una reconvención y, por tanto, en el caso ante nuestra consideración el 

tribunal estaba impedido de modificar esas expresiones. 

La alegación que hizo One Alliance sobre fraude en su contestación 

a la demanda fue una defensa afirmativa y no una reconvención 

propiamente. Según expuesto por el Tribunal Supremo recientemente, una 

misma alegación puede tener dos roles: ofensivo o defensivo. Una 

reconvención es una alegación ofensiva puesto que pretende obtener un 

remedio a su favor. Por otro lado, una defensa afirmativa es una alegación 

defensiva porque su único objetivo es derrotar el reclamo presentado en su 

contra. 

Una misma alegación puede cumplir los dos propósitos y, lo 

importante es el propósito de su alegación, no el nombre de su moción. Rio 
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14

Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, supra, págs. 111-12. 

Por tanto, la parte debe ser diligente en plasmar claramente la intención de 

su alegación, de manera que el tribunal pueda determinar si se trata de una 

defensa afirmativa o una reconvención. 

En el caso SJ2019CV10747, One Alliance alegó que PRAPI no tenía 

derecho a los remedios por que mintió, ocultó información o sometió 

información falsa e incompleta en sus reclamaciones.12 También reclamó 

que tenía derecho a solicitar la devolución de los pagos realizados, y a la 

denegación del pago de los reclamos remanentes y/o anular la póliza de 

seguros.13 Además, solicitó como remedio que se desestimara la demanda 

y se encontrara que PRAPI actuó temerariamente.14

Como vimos, el TPI consideró que se trataba de una defensa 

afirmativa y no una reconvención. El TPI actuó correctamente en el caso 

original al determinar que la alegación de fraude fue una defensa afirmativa 

y no una reconvención. En su contestación a la demanda en ningún 

momento solicitó la devolución de los pagos realizados, tampoco que se 

denegara el pago de reclamos remanentes, ni que anularan las pólizas de 

seguro. Su petición al tribunal consistió exclusivamente en la 

desestimación de la demanda y la declaración de temeridad. 

La apreciación de que One Alliance lo que presentó fue una defensa 

afirmativa es correcta. Precisamente, también fue esa la apreciación de 

One Alliance puesto que al año de haber contestado presentó su solicitud 

de reconvención. Por todo lo cual, ante la desestimación de la reconvención 

se mantiene presente el reclamo de fraude como defensa afirmativa para 

derrotar la demanda en el caso original.

12 Contestación a demanda enmendada, SJ2019CV10747, pág. 20.

13 Id.

14 Id., pág. 26.
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15

Según previamente expuesto, las Reglas de Procedimiento Civil 

contemplan dos tipos de reconvenciones: las compulsorias y la permisivas.

En este caso, por tratarse de un reclamo que surge de los mismos hechos 

o controversias, la reconvención era compulsoria por lo que debió ser 

presentada junto con la contestación a la demanda. Tampoco nos 

corresponde concluir que se debió permitir su presentación porque no hubo 

descuido, inadvertencia, negligencia excusable ni lo requiere la justicia.

Inconforme con esta determinación One Alliance acudió ante 

nosotros, en una ocasión anterior al caso de autos, en el cual confirmamos 

el dictamen. Sin embargo, los esfuerzos de One Alliance para que se 

permitiera la presentación de su reconvención cesaron y no agotó sus 

oportunidades de revisión. Así, con nuestra expresión el 25 de mayo de 

2021 al denegar la expedición del certiorari, se rechazó la presentación de 

la reconvención y esta determinación se tornó final y firme.

Sin embargo, aunque One Alliance no siguió el curso de revisión 

pertinente, presentó su reconvención como un pleito aparte. Una vez 

presentado, ante la solicitud de PRAPI, el TPI desestimó la acción por 

constituir cosa juzgada. Como vimos, la defensa de cosa juzgada es una 

de las provistas expresamente por la Regla 6.3 de Procedimiento Civil. Los 

requisitos para su efectividad son la identidad de: cosas, causas, personas 

litigantes y calidad en que los fueron. 

En este caso la defensa procede puesto que se cumplen con todos 

los requisitos de la doctrina. Primero, entre el caso original (reconvención)

y el de marras hay identidad de cosas puesto que el objeto de controversia 

fueron las reclamaciones a las pólizas de seguro y las alegaciones de 

fraude. Segundo, hay identidad de causas puesto que tanto en la 

reconvención como en esta demanda One Alliance reclamó el alegado 

fraude en la reclamación a las pólizas mediante el cobro de dinero e 
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incumplimiento de contrato. Finalmente, hubo identidad de partes y calidad 

en que lo fueron puesto que ambas causas de acción se presentaron en 

contra de PRAPI como demandado.

De una mera comparación de ambos recursos surge que son 

similares y que los cambios son mínimos. Mas aun, en ambos reclama el 

incumplimiento de contrato, el fraude y suplica los mismos remedios.

Siendo ello así, la adjudicación del Tribunal en el caso original en cuanto a 

la denegatoria de la reconvención compulsoria constituye cosa juzgada,

razón por la cual One Alliance no tiene oportunidad de plantear sus 

reclamos nuevamente en un pleito aparte. 

IV

Por lo fundamentos expuestos, se confirma la sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia por lo que la causa de acción de la parte apelante 

queda desestimada con perjuicio.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones