Número identificador 

RES2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

ISIDRO BARANDA 

ALONSO, NATASHA 

FOURNIER APONTE, 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES

Recurridos

v.

IVELISSE ESTRADA 

RIVERO, SYNERGY LLC, 

ECOSYSTEMS INC 

Y OTROS

Peticionarios

KLCE202400724

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan

Civil núm.: 

SJ2018CV08277 

(807)

Sobre: Sentencia 

Declaratoria, 

Liquidación de 

Sociedades Civiles

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2024.

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) autorizó que se 

enmendara una demanda. Declinamos la invitación a intervenir con 

la discreción ejercida por el TPI.

Las co-demandadas, Synergy, LLC, y la Sa. Ivelisse Estrada 

Rivero (las “Peticionarias”), presentaron el recurso que nos ocupa el 

1 de julio de 2024 (lunes). Solicitan que revisemos una orden del 

TPI notificada el 4 de marzo de 2024 (la “Orden”), mediante la cual 

se autorizó una enmienda a la demanda de referencia. El 19 de 

marzo, las Peticionarias, así como otros co-demandados, solicitaron 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202200940).
KLCE202400724 2

la reconsideración de la Orden, lo cual fue denegado por el TPI 

mediante una Resolución notificada el 31 de mayo.

Las Peticionarias exponen que, en noviembre de 2021, la parte 

demandante solicitó autorización para enmendar la demanda. 

Resaltan que la demanda se presentó en el 2018 y que, antes y 

después de la solicitud inicial de enmienda a la demanda, se ha 

conducido un extenso descubrimiento de prueba. Sostienen que no 

hubo justificación para la demora de la parte demandante en 

solicitar enmendar la demanda. Indican que hay pendientes varias 

mociones de sentencia sumaria y que la demanda enmendada 

“altera radicalmente el alcance y la naturaleza del caso”, lo cual 

“requerirá[] nuevos mecanismos de descubrimiento de prueba para 

todas las partes”.

Por otro lado, en su solicitud inicial de enmienda a la 

demanda, presentada en noviembre de 2021, se informó al TPI que 

las enmiendas respondían a información recientemente obtenida. 

Primero, a raíz de ciertas alegaciones hechas por los “accionistas 

mayoritarios de las corporaciones codemandadas” en otra acción 

civil (SJ2021CV06443), instada un mes antes (en octubre de 2021), 

y, segundo, a raíz de su análisis de las contestaciones de ciertas 

instituciones financieras a ciertos requerimientos de la parte 

demandante, lo cual se completó en junio de 2021.

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, además, Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3491.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá expedir un 

auto de certiorari. Al respecto, dispone, en lo pertinente:
KLCE202400724 3

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. [...] 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Éstos son:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

Véase, IG Builders et al.,185 DPR a las págs. 338-339.
KLCE202400724 4

En este caso, no está claro que estemos autorizados a expedir 

el auto solicitado, por efecto de lo dispuesto por la Regla 52.1, supra.

Resaltamos que no estamos ante una situación en la que esperar a 

una potencial apelación para plantear el error supuestamente 

cometido por el TPI causaría un “fracaso irremediable de la justicia”.

De todas maneras, aun partiendo de la premisa de que la 

Regla 52.1, supra, no impediría expedir el auto solicitado, en el 

ejercicio de nuestra discreción, guiada por los factores de la Regla 

40, supra, denegaríamos la expedición del mismo.

Considerada la totalidad del récord, no podemos concluir que 

estemos ante una decisión claramente errónea o que haya causado 

un “fracaso de la justicia”, de tal modo esté justificada nuestra 

intervención. Véase Regla 40(A) y 40(G) de nuestro Reglamento, 

supra. En vez, estamos ante un ejercicio por el TPI de la amplia 

discreción que tiene para manejar el caso ante sí. 

El TPI podía razonablemente concluir que la parte 

demandante explicó adecuadamente, en noviembre de 2021, por 

qué solicitaba enmendar la demanda en dicha etapa y, además, que 

permitir la enmienda solicitada no causaría un perjuicio indebido a 

los demandados.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones