Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI

ERNESTO ROSADO 

ROSADO

Recurrente

v.

JUNTA DE LIBERTAD 

BAJO PALABRA

Recurrido

KLRA202300655

REVISIÓN JUDICIAL

procedente de la Junta 

de Libertad Bajo 

Palabra

Caso Núm.: 145789

Querella Núm.: 23-072

Sobre: Vista Final

Revocación de libertad 

bajo palabra

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez

Campos Pérez, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2024.

Comparece la parte recurrente, el señor Ernesto Rosado 

Rosado (señor Rosado Rosado o recurrente), quien solicita nuestra 

intervención para dejar sin efecto la Resolución de la parte recurrida, 

la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta o recurrida), emitida el 17 

de noviembre de 2023 y notificada el día 21 siguiente.1 El ente 

administrativo emitió una Resolución en el caso del título, por virtud 

de la cual revocó el privilegio de libertad bajo palabra del recurrente, 

al concluir que éste transgredió las Condiciones 9 y 12 del Certificado 

de Libertad Bajo Palabra Enmendado (Mandato).

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la 

decisión administrativa.

I.

Surge del expediente que el señor Rosado Rosado fue 

condenado a cumplir una sentencia de reclusión por la comisión de 

varios delitos graves, entre éstos una violación al Artículo 3.3 de la 

Ley Núm. 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, sobre Maltrato mediante amenaza. No obstante, desde el 

1 Apéndice del recurso, págs. 24-29.
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12 de octubre de 2022, la Junta le concedió a la parte recurrente la

libertad bajo palabra, la cual fue ratificada el 4 de febrero de 2023.2

Entre las condiciones impuestas para disfrutar del privilegio se 

encontraban las siguientes, a las que hemos impartido énfasis:

3

9. Observará buena conducta en la comunidad. Se 

abstendrá de cometer hechos o incurrir en omisiones 

que constituyen delitos de acuerdo con las leyes de los 

Estados Unidos de América, las leyes de Puerto Rico u 

ordenanzas municipales, y cumplirá éstas y los decretos 

administrativos de las agencias del gobierno.

. . . . . . . .

12. La Junta de Libertad Bajo Palabra podrá decretar 

la suspensión indefinida de su libertad bajo palabra en 

la comunidad y ordenar su reingreso, en cualquier 

institución apropiada del gobierno, cuando, a juicio de 

la Junta de Libertad Bajo Palabra, considerare que el 

otorgarle el privilegio de libertad bajo palabra, en su 

caso, fuere incompatible con el bienestar público, con 

su propio bienestar o seguridad, el de sus familiares o 

con personas con quien conviviere.

Así las cosas, el 29 de agosto de 2023, la Técnico de Servicio 

Sociopenal (TSS) Wanda Rivera Vélez suscribió el Informe de 

Situación.

4 En el documento, la TSS reveló que D.M.C. —expareja 

consensual del recurrente y quien a esa fecha se encontraba en el 

quinto mes de gestación— le indicó su deseo de que el señor Rosado 

Rosado se marchara del hogar. D.M.C. narró que el recurrente la 

“tiró por unas escaleras porque le fue a reclamar qu[é] hacía fuera de 

la casa y ella le dijo que estaba tomando el aire natural”.5 Añadió que 

el recurrente constantemente la insultaba. Explicó que no acudió a 

las autoridades, ni a recibir asistencia médica, porque “no recibió 

ningún golpe fuerte y se [encontraba] bien”.6 El señor Rosado Rosado

negó los hechos imputados y propuso otra vivienda para establecer el 

sistema de monitoreo electrónico. En ese momento, se estableció la

permanencia de un lock down. 

2 Apéndice del recurso, págs. 30-32.

3 Apéndice del recurso, págs. 33-34.

4 Apéndice del recurso, págs. 35-36.

5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 35.

6 Id.
KLRA202300655 3

Por su parte, el 29 de agosto de 2023, D.M.C. solicitó una 

orden de protección ex parte al palio de la Ley Núm. 54. En el 

formulario se expuso lo siguiente:

LAS PARTES TIENEN UNA RELACIÓN DE PAREJA HACE 

DOS AÑOS. LA PARTE PETICIONARIA ESTÁ 

EMBARAZADA, TIENE 5 MESES DE EMBARAZO. LA 

PARTE PETICIONARIA ES VÍCTIMA DE UN PATRÓN 

PSICOLÓGICO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. EL 

PETICIONADO LA INSULTA CONSTANTEMENTE Y LE 

QUIERE CONTROLAR LA VIDA. EL PETICIONADO HA

AGREDIDO FÍSICAMENTE EN EL ROSTRO. LA 

PETICIONARIA TEME POR SU SEGURIDAD Y LA DE LA 

HIJA QUE ESTÁ EN SU VIENTRE. SE EXPIDE ORDEN 

DE PROTECCIÓN FINAL Y SE CITAN LAS PARTE PARA 

VISTA FINAL EL 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 AM. 

SE ORDEN[A] EL DESALOJO.

7

A tales efectos, el 30 de agosto de 2023, la Junta emitió una 

Orden para el arresto, retención o requisitoria del señor Rosado 

Rosado, por la violación de las Condiciones 9 y 12 antes transcritas.8

Además se citó al recurrente a una vista sumaria inicial el 1 de 

septiembre de 2023.

9 En ambos documentos, se consignaron los 

alegados hechos transgresores:

Surge del informe de situación suscrito por la TSS, 

encargada del caso Wanda E. Rivera Vélez que el 27 de 

agosto de 2023, el liberado - querellado tiró a su 

compañera consensual por unas escaleras luego de 

reclamarle el por qué estaba fuera de la casa.

La compañera consensual se encuentra en su quinto 

mes de gestación.

A raíz de estos hechos la compañera consensual del 

liberado - querellado solicitó y se expidió una orden de 

protección ex parte contra el liberado - querellado en el 

Tribunal de Instancia de Utuado la cual fue expedida 

junto a una orden de desalojo y se citó a las partes para 

vista final el 19 de septiembre de 2023.

Ante la incomparecencia de la TSS y a petición de la 

representación legal del recurrente, la vista sumaria inicial y la final

7 Refiérase, Apéndice del recurso, págs. 32-41. En específico, véase, Apéndice del 

recurso, pág. 39. 

8 Apéndice del recurso, págs. 42-45. El 30 de agosto de 2023, el señor Rosado 

Rosado fue encarcelado en la Institución Correccional Bayamón 705. Véase, 

Apéndice del recurso, pág. 49, acápite 4.

9 Apéndice del recurso, págs. 46-48.
KLRA202300655 4

se consolidaron para el 5 de octubre de 2023.

10 Llegado el día, la 

Oficial Examinadora, Marie J. Díaz Valcárcel, presidió los 

procedimientos y el día 23 siguiente rindió el Informe del Oficial 

Examinador.

11 Previo a estas fechas, específicamente el 19 de 

septiembre de 2023, D.M.C. había informado al Tribunal de Primera 

Instancia su desistimiento voluntario de la orden de protección. En 

consecuencia, el foro compelido emitió una Resolución sobre 

archivo.

12 La Oficial Examinadora consignó el hecho en su escrito. 

Además, expuso que la TSS estuvo conteste con la solicitud de la 

representación legal del señor Rosado Rosado en cuanto a concederle

una oportunidad a éste, siempre y cuando, la nueva vivienda fuera 

viable, no contacte a D.M.C. y provea manutención.13 En suma, la 

Oficial Examinadora concluyó que el señor Rosado Rosado infringió 

la Condición 9 y desestimó la violación de la Condición 12 imputada. 

Por consiguiente, amonestó al recurrente, lo apercibió del 

cumplimiento de las Condiciones impuestas en el Mandato, ordenó 

su excarcelación y que se sometiera a tratamiento sicológico. 

Por su parte, la Junta no acogió la recomendación de las 

funcionarias. En la Resolución aquí impugnada ponderó los hechos y 

expuso las siguientes aseveraciones fácticas:

1. Las condiciones antes indicadas son parte del 

Mandato, expedido a favor del querellado el 12 de 

octubre de 2022 y firmado por éste. Cumple una 

sentencia de veintiún (21) años, cuatro (4) meses y un (1) 

día por violación al Art. 108 (Asesinato Atenuado), al Art. 

201 (Recibo, disposición y transportación de bienes 

objeto de delito) y al Art. 188 (Amenazas) del entonces 

vigente Código Penal de 2004, según enmendado; 

violación a los Arts. 5.04 (Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de 

la entonces vigente Ley Núm. 404 del 11 de septiembre 

de 2000, conocida como la “Ley de Armas de Puerto 

Rico”; y violación al Art. 3.3 (Maltrato mediante amenaza) 

de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e 

10 Apéndice del recurso, págs. 49-52; en particular, véase, Apéndice del recurso, 

pág. 50, acápite 7.

11 Apéndice del recurso, págs. 53-57.

12 Apéndice del recurso, págs. 58-59.

13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 54, acápite 8.
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Intervención con la Violencia Doméstica”. Finaliza, 

tentativamente, la sentencia el 16 de octubre de 2029.

2. La compañera consensual del querellado se presentó a 

la oficina del Programa de Comunidad del DCR14 e indicó 

a la TSS, entre otras cosas, que tenía desacuerdos con el 

querellado y no lo quería en su casa. Le informó que el 

querellado constantemente la insultaba. Además, le 

expresó que, el 27 de agosto de 2023, el querellado la tiró 

por las escaleras (la compañera tiene 5 meses de 

gestación). La TSS informó que orientó a la pareja del 

querellado respecto a que podía presentar una denuncia 

contra éste y debía ir al médico debido a su caída. No 

obstante, la compañera expresó que sólo quería que el 

querellado saliera de su casa, no tenía interés en 

denunciarlo y no recibió ningún golpe fuerte a 

consecuencia de la caída. Expresó que se encontraba 

bien. La TSS también le orientó en torno a que podía 

solicitar una Orden de Protección y la refirió a la Sala 

Especializada de Violencia Domestica del TPI.

3. El 29 de agosto de 2023, el TPI expidió una Orden de 

Protección Ex Parte mediante la cual, entre otras cosas, 

ordenó al querellado desalojar la residencia que 

compartía con su compañera consensual y señaló una 

vista para el 19 de septiembre de 2023.

4. El querellado fue trasladado inmediatamente a la 

residencia de su jefe, ubicada en la Calle Carlos #31 en 

Utuado, P.R. Además, se estableció “Lock Down”, hasta 

que se determinara lo contrario por la Junta.

5. El TPI archivó la Orden de Protección Ex Parte dado al 

desistimiento de voluntario de la víctima, quien era 

pareja del querellado.

6. El querellado fue removido del hogar por precaución.

Luego de la vista del 19 de septiembre de 2023, la TSS 

llamó a la pareja del querellado en varias ocasiones. No 

obstante, ésta no le contestó dichas llamadas telefónicas.

7. La representación legal solicitó a la Junta de que le 

diera una oportunidad a su representado ya que éste 

estaba cumpliendo con las condiciones de su Mandato y 

esta situación fue una aislada. Además, argumentó que

la Orden de Protección no procedió. Indicó que podía 

someter una nueva dirección para que su representado 

continuara cumpliendo con el privilegio de libertad bajo 

palabra.

8. La TSS recomendó que, de concedérsele una 

oportunidad al querellado, se le ordenara una nueva 

vivienda viable al querellado y se le ordenara no tener 

contacto con la pareja. Asimismo, solicitó que, llegado el 

momento del nacimiento de la bebé, el querellado 

realizara las gestiones para la manutención de su hija 

con visitas supervisadas.

14 Siglas de Departamento de Corrección y Rehabilitación.
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Conforme a los hechos, la Junta coligió que la conducta del 

señor Rosado Rosado contra D.M.C., en efecto, violó las Condiciones

9 y 12 establecidas en el Mandato. Aun cuando el ente impugnado 

consideró que la orden de protección fue desistida voluntariamente, 

expresó que no se presentó prueba en contrario a las alegaciones 

realizadas por D.M.C. a la TSS. Añadió que, incluso, la funcionaria

aconsejó que entre el recurrente y D.M.C. no existiera contacto y, en 

su día, las relaciones paternofiliales fueran supervisadas. En fin, la 

Junta concluyó que el señor Rosado Rosado observó una conducta

inapropiada y que su proceder constituía un riesgo para él y la 

comunidad. Justipreció que los hechos cometidos por parte del 

recurrente eran incompatibles con el bienestar público, el suyo, el de 

sus familiares y el de las personas con quien convivía. Expresó que el 

señor Rosado Rosado demostró poco compromiso con su proceso de 

rehabilitación, ya que la conducta desplegada fue similar a los delitos 

por los cuales cumplía sentencia. Consecuentemente, declaró No Ha 

Lugar la solicitud para que el señor Rosado Rosado continuara 

disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra y devolvió su 

custodia al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Inconforme, el señor Rosado Rosado acudió oportunamente 

ante este foro revisor y señaló la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR

Erró el foro administrativo al revocar el privilegio de 

libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto 

Rosado Rosado aun cuando la Técnica Socio-penal y la 

Oficial Examinadora que presidió la vista final 

consolidada y aquilató la prueba recomendaron que éste 

continuara bajo el privilegio de libertad bajo palabra con 

monitoreo electrónico.

SEGUNDO ERROR

Erró el foro administrativo al revocar el privilegio de 

libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto

Rosado Rosado cuando la totalidad de la prueba 

presentada no sostiene una violación patente a las 

condiciones establecidas en su mandato, esto en claro

abuso de discreción.
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Acordamos eximir a la parte recurrida de presentar su alegato 

en oposición, en armonía con la Regla 7 (B) (5) de nuestro 

Reglamento. Como se conoce, la norma provee para que este Tribunal 

de Apelaciones prescinda de “términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos”, ello “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) 

(5). Resolvemos.

II.

La revisión judicial

Es sabido que, al revisar las determinaciones administrativas

finales, los tribunales apelativos estamos compelidos a conceder 

deferencia, por la experiencia y conocimiento pericial que se presume 

tienen los organismos ejecutivos y municipales para atender y 

resolver los asuntos que le han sido delegados. Super Asphalt v. AFI y 

otro, 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla 

Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 

DPR 606, 626 (2016). Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado que las determinaciones de los organismos 

administrativos “poseen una presunción de legalidad y corrección

que los tribunales debemos respetar mientras la parte que las 

impugna no presente la evidencia suficiente para derrotarlas”. 

(Énfasis nuestro). Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1002-1003 (2011). Por ende, nuestra intervención sólo se 

justifica cuando el ente administrativo haya obrado de forma 

arbitraria, ilegal o irrazonable. En esas circunstancias, entonces, 

cederá la deferencia que ostenta en las aplicaciones e 

interpretaciones de las leyes y los reglamentos que administra. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009). En 
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torno a esto, en Torres Rivera v. Policía de PR, supra, el Tribunal 

Supremo expuso las normas básicas sobre el alcance de la revisión 

judicial:

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una 

agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 

cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo 

erró en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) 

el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable 

o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de 

una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Es 

importante destacar que, si el tribunal no se encuentra 

frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 

administrativa recurrida. Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 628.

Así, pues, es norma asentada que el norte al ejercer nuestra 

facultad revisora es el criterio de razonabilidad. Super Asphalt v. AFI 

y otro, supra, pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; 

Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1042-1043 

(2012). Por lo tanto, intervendremos únicamente cuando el 

organismo recurrido haya actuado de una manera tan irrazonable 

que su actuación constituya un abuso de discreción. Super Asphalt v. 

AFI y otro, supra, pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, 

LLC, supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.

El privilegio de la libertad bajo palabra

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1501 et 

seq. (Ley Núm. 118), creó la Junta de Libertad Bajo Palabra. El ente 

administrativo está facultado para conceder el privilegio de cumplir la 

última parte de una condena en libertad bajo palabra a cualquier 

persona recluida en una institución correccional de Puerto Rico.

Benítez Nieves v. ELA et al., 202 DPR 818, 825 (2019). Al ejecutar la 

potestad delegada, la Junta está autorizada a imponer las 
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condiciones que estime necesarias para la concesión del 

beneficio privilegiado. Art. 3 de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1503. 

Claro está, dichas condiciones restrictivas se suman a las 

restricciones que, de ordinario, el ciudadano común está obligado a 

observar en nuestra jurisdicción. Benítez Nieves v. ELA et al., supra, 

que cita a Morrissey v. Brewer, 408 US 471, 478 (1972). Ello 

responde a que el beneficio de la libertad bajo palabra es considerado 

un privilegio, no un derecho reclamable. A esos fines, la libertad bajo 

palabra sólo se otorgará cuando sirva al mejor interés de la sociedad 

y propicie la rehabilitación moral y económica del liberado, según la 

sana discreción de la Junta y los tribunales. Quiles v. Del Valle, 167 

DPR 458, 475 (2006), que cita a Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 

413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 536 (1999).

De igual modo, la Junta también tiene la autoridad para 

revocar el privilegio de libertad bajo palabra. Previo a este ejercicio 

revocatorio, sin embargo, el Estado debe conceder al liberado unas 

garantías del debido proceso de ley. Maldonado Elías v. González 

Rivera, 118 DPR 260, 266 (1987). Ello así, porque el liberado “tiene 

una libertad condicionada o cualificada que representa un interés de 

suficiente valor como para exigir las garantías mínimas del debido 

proceso de ley cuando se le intente despojar de éste”. (Cursivas en el 

original). Quiles v. Del Valle, supra.

El Artículo 5 de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1505, establece

el procedimiento de revocación que debe seguir la Junta. Dispone, 

entre otras cosas, que la Junta está autorizada a ordenar el arresto y 

la reclusión de cualquier liberado que transgreda las condiciones 

impuestas. Luego de la notificación de las infracciones imputadas y 

la celebración de una vista sumaria inicial, la Junta debe celebrar 

una vista final, dentro de sesenta días a partir de la fecha del arresto 

del liberado, para determinar si procede o no la revocación de la 

libertad bajo palabra. 4 LPRA sec. 1505. La disposición provee,
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además, para que la Junta consolide ambas vistas, en el caso que así 

lo peticione la representación legal del liberado, entre otras razones. 

Id.

Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, la 

Junta adoptó el Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento Núm. 9232, de 18 de noviembre de 2020, que en su 

Artículo XIII establece las normas relacionadas a las personas que 

disfrutan de libertad condicionada. La norma referida abarca desde 

las vistas de seguimiento hasta los posibles resultados del proceso; a 

saber: amonestación, desestimación de la querella, modificación de 

las condiciones del Mandato o revocación del privilegio. Es meritorio 

mencionar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha refrendado el 

procedimiento seguido por la Junta:

[E]xiste en Puerto Rico un procedimiento válido para la 

revocación de la libertad bajo palabra. Este ha sido

citado con aprobación en el caso Martínez Torres v. 

Amaro Pérez, [116 DPR 717 (1985)]. Allí se mencionó que 

el mismo incluye ambas garantías constitucionales 

mínimas tales como notificación y vista. El trámite 

estatutario confiere a la Junta la facultad para ordenar 

la investigación preliminar, ordenar el arresto sumario y 

dilucidar finalmente en una vista el hecho de la 

violación a las condiciones fijadas en la orden que 

concedió la libertad, y luego decidir si dicha 

violación amerita revocar la orden anterior. (Énfasis 

nuestro). Maldonado Elías v. González Rivera, supra, pág. 

269.

Finalmente, en cuanto a la recomendación del Oficial 

Examinador, la Junta la evaluará, pero emitirá su propia

determinación mediante la correspondiente resolución. Art. XIV, 

Sección 14.2 (D) del Reglamento Núm. 9232. La decisión de la Junta, 

formulada a base de la preponderancia de la prueba, se hará por 

escrito y contendrá las determinaciones de hecho, la evidencia en que 

la decisión se basó y las razones que justifican la revocación. 4 LPRA 

sec. 1505; véase, además, Art. XIV, Sección 14.1 (A) del Reglamento 

Núm. 9232.
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III.

En la causa presente, el señor Rosado Rosado impugna la 

determinación de la Junta, por ésta no ser cónsona con las

recomendaciones de la TSS y la Oficial Examinadora. Plantea que la 

Junta abusó de su discreción y alega que la totalidad de la prueba 

presentada no sostiene una violación patente a las condiciones 

establecidas en el Mandato. No le asiste la razón.

Luego de un examen detenido del expediente que revisamos, 

opinamos que la Junta realizó un ejercicio adecuado de la amplia 

discreción que tiene para revocar la libertad bajo palabra a cualquier 

persona sujeta a su jurisdicción, aun cuando la recomendación de la 

Oficial Examinadora haya sido distinta. Dicha recomendación no 

obliga a la Junta, mientras la decisión final adoptada encuentre 

apoyo en el expediente administrativo. 

En este caso, la Resolución que examinamos está basada en la 

evidencia sustancial que la Junta relata. Como fue reseñado, la 

expareja del recurrente acudió a la Oficina del Programa de 

Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación, donde 

narró unos actos constitutivos de maltrato sicológico (insultos 

constantes) y físico (lanzarla por las escaleras) por parte del 

recurrente, con el agravante de que la mujer se encontraba en su 

quinto mes de gestación. D.M.C. solicitó una orden de protección por 

virtud de la Ley Núm. 54 y desistió de la misma, pues según expresó 

a la TSS, se encontraba bien y su interés era que el recurrente 

abandonara la residencia en común, lo cual se materializó. Ello, sin 

embargo, no borra los hechos cometidos ni minimizan su gravedad. 

Además, en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera una

absolución penal confiere inmunidad en el campo disciplinario 

administrativo por los mismos hechos, pues se trata de 

procedimientos con fines distintos, que requieren diferentes grados 
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de prueba. Véase, Trib. Exam. Méd. v. Cañas Rivas, 154 DPR 29, 37

(2001); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 97 (1997).

Ciertamente, durante el proceso ante la Junta, el recurrente no 

controvirtió los hechos consignados en el Informe de la TSS. Éstos no 

pueden considerarse aislados, toda vez que el señor Rosado Rosado 

ya cumplía sentencia por infringir otra disposición de la Ley Núm.

54. Contrario a lo alegado, los actos sí demuestran una patente 

violación a las Condiciones 9 y 12 del Mandato. Es decir, el

despliegue de la conducta antijurídica del recurrente contra la 

perjudicada no responde a la buena conducta en la comunidad que 

debió observar. El recurrente tampoco se abstuvo de cometer hechos 

que tipifiquen delitos conforme con el ordenamiento legal. En este 

caso, luego de cumplir con las garantías mínimas que emanan del 

debido proceso de ley durante el proceso adjudicativo, la Junta 

revocó la libertad bajo palabra que disfrutaba el señor Rosado 

Rosado porque, a su juicio, consideró que el privilegio era

incompatible, no sólo con el bienestar público, el de sus familiares o 

su expareja embarazada, sino con su propio bienestar, pues los actos 

decididamente constituyeron retrocesos en su proceso de 

rehabilitación.

En la causa de autos, no albergamos duda de que el recurrente 

no logró demostrar con evidencia suficiente que la Junta erró en su 

interpretación del Derecho, ni nos colocó en posición de concluir que 

las determinaciones de hecho reproducidas no estuviesen apoyadas 

por el expediente y la evidencia evaluada. Es sabido que, conforme 

con el criterio de razonabilidad y deferencia, no debemos intervenir 

con los enunciados fácticos de un organismo administrativo, siempre 

que éstos estén apoyados por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. En la causa 

presente, tampoco podemos concluir, ni el señor Rosado Rosado nos 
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ha persuadido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al 

revocarle el privilegio de libertad bajo palabra.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución recurrida.

Se instruye a la Secretaria del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta Sentencia al señor Ernesto 

Rosado Rosado, en cualquier institución carcelaria donde éste se 

encuentre.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones