Número Identificador

RES2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

DANITZA MEJÍAS RIVERA 

Y OTROS

Peticionaria

v.

ABRAHAM LÓPEZ 

SANTOS Y OTROS

Recurrido

KLCE202301307

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Aibonito

Caso Núm.:

AI2021CV00018;

AI2020CV00363 y

AI2020CV00120

Sobre:

Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes; Accesión; 

Desahucio en 

Precario

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2023.

Comparece la señora Danitza Mejías Rivera (en adelante, 

peticionaria) mediante un recurso de Certiorari, para solicitarnos la 

revisión de la Resolución emitida el 11 de octubre de 2023, notificada 

el 12 de octubre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aibonito.1 Mediante el dictamen recurrido, el foro 

primario declaró No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria.

Según se desprende del expediente ante nos, la peticionaria 

presentó una moción solicitando que se dictara sentencia sumaria 

y otros remedios. En respuesta, el señor Abraham López Vargas y la 

señora Marta Lucila Santos Santiago, así como el señor Abraham 

López Santos (en conjunto, recurridos) presentaron sus respectivas 

1 Apéndice de la peticionaria, a las págs. 288-295.
KLCE202301307 2

posiciones. Así las cosas, el foro primario emitió su Resolución en la 

cual denegó la solicitud presentada por la peticionaria.2 Aun cuando 

denegó la solicitud presentada por la peticionaria, emitió una 

Resolución con diecinueve (19) determinaciones de hechos que 

estimó incontrovertidos y estableció cuáles eran las controversias 

que hacían necesaria la presentación de prueba testifical, mediante 

la cual se adjudicaría la correspondiente credibilidad. Inconforme 

con lo dispuesto, el 24 de octubre de 2023, la peticionaria presentó 

un escrito para que se emitieran determinaciones de hechos 

adicionales, así como una solicitud de reconsideración,3 la cual fue 

denegada mediante Resolución del 25 de octubre de 2023, notificada 

el 26 de octubre de 2023.4

En desacuerdo, la peticionaria acudió ante nos, mediante un 

recurso de Certiorari. Contando con su comparecencia y la de los 

recurridos, así como luego de haber estudiado el expediente en su 

totalidad, resolvemos denegar la expedición del recurso de 

Certiorari. Veamos.

Habida cuenta de que el recurso ante nuestra consideración 

se trata de un Certiorari, este tribunal revisor debe determinar, como 

cuestión de umbral, si procede su expedición. En el presente caso, 

la peticionaria plantea que el TPI incidió al no dictar sentencia 

sumaria a su favor y, además, al no conceder los demás remedios 

solicitados como parte de la solicitud presentada por la peticionaria. 

Como es sabido, un tribunal apelativo no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción de los Tribunales de Primera Instancia, salvo que se 

demuestre que dicho tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.5 Puntualizamos que el Certiorari

2 Id., a las págs. 288-295.

3 Id., a las págs. 297-306.

4 Id., a la pág. 307.

5 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
KLCE202301307 3

es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de 

jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una decisión de 

un tribunal inferior.6 A esos efectos, la naturaleza discrecional del 

recurso de Certiorari queda enmarcada dentro de la normativa que 

le concede deferencia de las actuaciones de los Tribunales de 

Primera Instancia, de cuyas determinaciones se presume su 

corrección.

Tras haber realizado un examen de novo de la solicitud de 

sentencia sumaria instada por la peticionaria y las respectivas 

oposiciones a esta, tanto del matrimonio López-Santos como la del 

señor López Santos, conforme a la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones,7 y la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil,8 no 

identificamos razón por la cual este Foro deba intervenir con el 

dictamen recurrido. Puntualizamos que nuestro ordenamiento 

jurídico nos confiere la discreción para intervenir en aquellos 

dictámenes interlocutorios en los que el TPI haya sido arbitrario, 

cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la actuación 

del foro surja un error en la interpretación o la aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Juzgamos que en 

el recurso ante nos, no nos encontramos ante ninguna de estas 

circunstancias que hagan necesario eludir la norma de abstención 

judicial.

Lo aquí resuelto, advertimos, no tiene efecto de juzgar o 

considerar en los méritos ninguna de las controversias de derecho 

planteadas, de modo que estas podrían ser presentadas nuevamente 

en una etapa posterior. Es decir, la denegatoria de esta Curia a 

expedir un recurso de Certiorari no implica que el dictamen revisado 

esté libre de errores o que constituya una adjudicación en los 

6 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009)

7 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.

8 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b).
KLCE202301307 4

méritos.9 Esto es así, ya que, como es sabido, una resolución de 

denegatoria de un auto de Certiorari no implica posición alguna de 

este Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata 

dicho recurso.10 La resolución denegatoria simplemente es indicio 

de la facultad discrecional del tribunal revisor de negarse a revisar 

en determinado momento una decisión emitida por el TPI. 11 Por 

tanto, resolvemos denegar la expedición del auto de Certiorari. 

Por los fundamentos que antecede, se deniega la expedición 

del auto de Certiorari.

Notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

9 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 12 (2016).

10 SLG v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).

11 Id., a la pág. 756.