Número Identifi cador
SE N 2 0 2 4

_____

___ ______ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VI
ERNESTO ROSADO ROSADO

Recurrente

v.
JUN TA DE LIBERTAD BAJO PALABRA

Recurrid o K L RA 202 3 00 655 REVISIÓN JUDICIAL p rocedente de l a Junta de Libertad Bajo Palabra
C a so Núm.: 145 789 Querella Núm.: 23

- 072
Sobre: Vista Final Revocación de libertad bajo palabra Panel integrado por su president a , la Juez a Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres, la Juez a Rivera Pérez y el Juez Campos Pérez Campos Pérez , Juez Ponente
SENT ENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 20 2 4

. Comparece la parte recurrente, el señor Ernesto Rosado
Rosado (señor Rosado Rosado o recurrente) , quien solicita nuestra intervención para dejar sin efecto la Resolución de la parte recurrida,
la Junta de Libe rtad Bajo Palabra ( Junta o recurrida ), emitida el 17 de noviembre de 2023 y notificada el día 21 siguiente. 1 El ente
administrativo emitió una Resolución en el caso del título , por virtud
de la cual revocó el privilegio de libertad bajo pal abra del recurre nte, al concluir que éste transgredió las C ondiciones 9 y 12 del Certificado de Libertad Bajo Palabra Enmendado (Mandato)

. Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la
decisión administrativa.
I. Surge del expediente que el señor Ros ado Rosado fue

c ondenado a cumplir una sentencia de reclusión por la comisión de
varios delitos graves, e nt r e éstos una violación al Artículo 3.3 de la Ley N úm. 54 , Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica , sobre M

altrato mediante a menaza . No obsta nte, desde el

1 Apéndice del recurso, págs. 24

- 29.KLRA20230065 5 2

12 de octubre de 2022, la Junta le concedió a la parte recurrente la libertad bajo palabra , la cual fue ratificada el 4 de febrero de 2023. 2 Entre las condiciones impuestas para disfrutar del privilegio se
encontraban las sigu ientes , a las qu e hemos impartido énfasis : 3
9. Observará buena conducta en la comunidad. Se abstendrá de cometer hec hos o incurrir en omisiones que constituyen delitos de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, las leyes de Puerto Rico u
or denanzas municip ales, y cumplirá é stas y los decretos administrativos de las agencias del gobierno.

. . . . . . . . 12. La Junta de Libertad Bajo Palabra podrá decretar la suspensión indefinida de su libertad bajo palabra en la comunidad y ordenar su rei ngreso , en cualq uier institución apropiada del gobierno, cuando, a juicio de la Junta de Libertad Bajo Palabra , cons iderare que el otorgarle el privilegio de libertad bajo palabra, en su caso, fuere incompatible con el bienestar pú blico , con su propio bien estar o segurida d, el de sus familiares o con personas con quien conviviere

. Así las cosas, el 29 de agosto de 2023, la Técnico de Servicio Sociopenal (TSS) Wanda Rivera Vélez suscribió el Informe de
Situación

. 4 En el documento, la TSS reveló que D.M.C.

— ex pareja

consens ual del recurrente y quien a esa fecha se encontraba en el quinto mes de gestación

— le indicó su deseo de que el señor Rosado Rosado se marchara del hogar. D.M.C

. narró que el recurrente la “tiró por unas escaleras po rque le fue a reclamar qu[é] hacía fuer a de la casa y ella le dijo que estaba tomando el aire natural”. 5 Añadió que
el recurrente constantemente la insulta ba . Explicó que no acudió a
las autoridades , ni a recibir asistencia médica , porque “no recibió ningún golpe fuerte y se [en contraba] bien”. 6 El señor Rosado R os ado negó los hechos imputados y propuso otra vivienda para establecer el
sistema de monitoreo electrónico. En ese momento, s e estableció la

permane ncia de un lock down

.

2 Apéndice del recurso, págs. 30

- 32. 3 Apéndice del recur so, págs. 33

- 34. 4 Apéndice del recurso, págs. 35

- 36. 5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 35. 6 Id

.KLRA20230065 5 3 Por su parte , el 29 de agosto de 2023, D.M.C. sol icit ó una
orden de protecci ón ex parte al palio de la Ley Núm. 54

. En el formulario se expuso lo siguiente:
LAS PARTES TIENEN UNA RELACIÓN DE PAREJA HACE DOS AÑOS. LA PARTE PETICIONARIA ESTÁ EMBARAZADA, TIENE 5 MESES DE EMBARAZO. LA PARTE PETICIONARIA ES V ÍCTIMA DE UN PAT RÓN PSICOLÓ GI CO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

. EL PETICIONADO LA INSU LTA CONSTANTEMENTE Y LE QUIERE CONTROLAR LA VIDA

. EL PETICIONADO H A AGREDID O FÍSICAMENTE EN E L ROSTRO

. LA PETICIONARIA TEM E POR SU SEGURIDAD Y LA DE LA H IJ A QUE EST

Á EN SU VI E NTR E

. S E EXPIDE ORD EN DE PROTE CCIÓN FINAL Y SE CITAN LAS PARTE PARA VISTA FINAL EL 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 AM. SE ORDEN [A] EL DESAL OJO

. 7 A tales efectos, el 30 de agosto de 2023 , la Junta emitió una
Orden para el arresto, retención o requisitoria del se ñor Rosado
Rosad o, po r la v iolación de las C ondiciones 9 y 12 antes transcritas. 8
Además se citó al recurrente a una vista sumaria inicial el 1 de septiembre de 2023

. 9 En ambos documentos , se consign aron los alegados hechos transgresores : Surge del info rme de situación su scrito por la TSS, encargada del caso Wanda E. Rivera Vélez que el 27 de agosto de 2023, el liberado

- querellado tiró a su compañera consensual por unas escaleras luego de reclamarle el por qué estaba fuera de la casa. La compañera consen sual se encuentr a en su qui nto mes de gestación. A raíz de estos hechos la compañera consensual del liberado

- querellado solicitó y se expidió una orden de protección ex parte contra el liberado

- querellado en el Tribunal de Instancia de Utuado la cu al fue expedida jun to a una or den de desalojo y se citó a las partes para vista final el 19 de septiembre de 2023. Ante la incomparecencia de la TSS y a petición de la representación legal del recurrente, la vista sumaria inicial y la final

7 Refiérase, Apéndice del recurso, págs. 32

- 41. En específico, véase, Apéndice del recurso, pág. 39. 8 Apéndice del recurso, págs. 42

- 45. El 30 de agosto d e 2023, el señor Rosado Rosa do fue encarcelado en la Institución Correccional Bayamón 705. Véase, Apéndice del recurso, pág. 49, acápite 4. 9 Apéndice del recurso , págs. 46

- 48.KLRA20230065 5 4

se consolidaron p ara el 5 de octu bre de 2023

. 10 Llegado el día, la
Oficial Examinadora, Marie J. Díaz Valcárcel, presidió los procedimientos y el día 23 siguiente rindió el Informe del Oficial
Examinador

. 11 Previo a es t a s fecha s , específicamente el 19 de septiembre de 2023, D.M.C. habí a inf orm ado a l T ribunal de P rimera
Instancia su desistimiento voluntario de la orden de protección. En consecuencia, el foro compelido emitió una Resolución sobre
archivo

. 12 La Oficial Examinadora consignó el hecho en su escrito

. Además, expuso q ue la TSS estuvo conteste c on la solicitud de la representación legal del señor Rosado Rosado en cuanto a concederle una oportunidad a éste , siempre y cuando , la nueva vivienda fuer a viable, no contacte a D.M.C. y provea manutención. 13 En suma , l a
Oficial E xaminadora concl uyó que el se ñor Rosado Rosado infringió
la Condición 9 y desestimó la violación de la Condición 12 imputada. Por consiguiente, amonestó al recurrente, lo apercibió del cumplimiento de las Condiciones impuestas en el Mandato , ordenó

su exca rcelación y que se sometier a a tratamiento sicológico. Por su parte , la Junta no acogió la recomendación de las
funcionarias. En la Resolu ción aquí impugnada p onderó los hechos y expuso las siguientes aseveraciones fácticas :
1. Las condiciones antes indic adas son parte d el Mandato, e xpedido a favor del querellado el 12 de octubre de 2022 y firmado por é ste. Cumple una sentencia de veintiún (21) años, cuatro (4) meses y un (1) día por violación al Art. 108 (Asesinato Atenuado), al Art. 201 (Recibo, disposic ión y transporta ción de bie nes objeto de delito) y al Art. 188 (Amenazas) del entonces vigente Código Penal de 2004, según enmendado; viola ción a los Arts. 5.04 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la entonc es vigente Ley N úm. 404 del 1 1 de septiembre de 2000, conocida como la “ Ley de Armas de Puerto Rico ” ; y violación al Art. 3.3 (Maltrato mediante amenaza) de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “ Ley para la Prevención e

10 Apéndice del recurso, págs. 49

- 52; en particular, véase, Apéndice del recurso , pág. 50, acápi te 7. 11 Apén dice del recurso, págs. 53

- 57. 12 Apéndice del recurso, págs. 5 8

- 59. 13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 54, acápite 8.KLRA20230065 5 5
Intervención c on la Viole ncia Doméstica ”. Finaliza, tentativamente, la sentencia el 16 de octubre de 2029.
2. La compañera consensual de l querellado se presentó a la oficina del Programa de Comunidad del DCR 14 e indicó a la TSS, entre otras cosas, que te nía desacuerdos con el quer el lado y no lo quería en su casa. Le informó que el querellado constantemente la insultaba. Además, le expresó que, el 27 de agosto de 2023, el querellado la tiró por las escaleras (la compañera tiene 5 meses de gestación). La TS S informó que or ientó a la pareja del querellado respecto a que podía presentar una denuncia contra é ste y debía ir al médico debido a su c aída. No obstante, la compañera expresó que s ó lo quería que el querellad o saliera de su casa, no tenía interés en den unciarlo y no re cibió ningú n golpe fuerte a consecuencia de la caída. Expresó que se encontraba bien. La TSS también le orientó en torno a que podía solicitar una Orden de Protección y la refirió a la Sala Especializada de Violencia Domestica del TPI.
3. El 29 de agosto de 2023, el TPI expidió una Orden de Protección Ex Parte mediante la cual, entre otras cosas, ordenó al querellado desaloja r la residencia que compartía con su compañera consensual y señaló una vista para el 19 de septiembre de 2023.
4. El querellado fue trasladado in mediatamente a la residencia de su jefe, ubicada en la Calle Carlos #31 en Utuado, P

. R. Además, se estableció “ Lock Down ” , hasta que se determinara lo contrario por la Junta.
5. El TPI archivó la Orden de Protección Ex Parte d ado al desistimi ento de vol untario de la víctima, quien era pareja del querellado.
6. El querellado fue removido del hogar por precaución. Luego de la vista del 19 de septiembre de 2023, la TSS llamó a la pareja del querellado en varias ocasiones. No obst ante, é sta no le contestó d ic has llamadas telefónicas.
7. La representación legal solicitó a la Junta de que le diera una oportunidad a su representado ya que é ste estaba cumpliendo con las condiciones de su Mandato y esta situación fue una aislada. Ademá s, argumentó que la Orden d e Protección no procedió. Indicó que podía someter una nueva dirección para que su representado continuara cumpl iendo con el privilegio de libertad bajo palabra.
8. La TSS recomendó que, de concedérsele una oportunidad al querel lado, se le orde nara una nu ev a vivienda viable al querellado y se le ordenar a no tener contacto con la pareja. Asimismo, solicitó que, llegado el momento del nacimiento de la bebé, el querellado realizara las gestiones para la manutención de su hija con vi sitas supervisad as.

14 Siglas de Departamento de Corrección y Rehabilitación.KLRA20230065 5 6
Conforme a los hechos, la Junta coligió que la conducta del
señor Rosado Rosado contra D.M.C., en efecto, viol ó las C ondiciones 9 y 12 establecidas en el Mandato

. Aun cuando el ente impugnado
consideró que la orden de protección fue de sistida voluntar iamente,

e xpresó que no se presentó prueba en contrario a las alegaciones realizadas por D.M.C. a la TSS

. Añadió que, incluso , la funcionaria aconsej ó que entre el recurrente y D.M.C. no existiera contacto y, en su día, las relaciones pater nofiliales fuera n supervis adas . En fin, la
Junta concluyó que el señor Rosado Rosado observó una conducta inapropiada y que su proceder constituía un riesgo para él y la
comunidad. Justipreció que los hechos cometidos por parte del

recurrente eran incompat ible s con el bie nestar púb lico, el suyo, el de
sus familiares y el de las personas con quien conviv ía

. Expresó que el
señor Rosado Rosado demostró poco compromiso con su proceso de rehabilitación, ya que la conducta desplegada fue similar a los delitos

por los cuales cump l ía senten cia. Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la solicitud para que el señor Rosado Rosado continuara disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra y devolvió su
custodia al Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Inconf orme, el señor R osado Rosa do ac udió oportunamente ante este foro revisor y señaló la comisión de los siguientes errores:
PRIMER ERROR Erró el foro administrativo al revocar el privilegio de libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto Rosado Rosado aun cuando la Té cnica Soci o
- penal y la Oficial Examinadora que presidió la vista final consolidada y aquilató la prueba recomendaron que éste continuara bajo el privilegio de libertad bajo palabra con monitoreo electrónico.
SEGUNDO ERROR Erró el foro admi nistrativo al re vocar el p rivil egio de libertad bajo palabra concedido al liberado Ernesto Rosado Rosado cuando la totalidad de la prueba presentada no sostiene una violación patente a las condic iones establecidas en su mandato, esto en claro abuso de disc reción.KLRA20230065 5 7
Acordam os eximir a la parte recurrida de presentar su alegato en oposición, en armonía con la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento. Como se conoce, la norma provee para que este Tribunal de Apelaciones prescinda de “términos no jurisdicc ionales, escritos,
notifi caciones o proc edimientos específicos”, ello “con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 4 LPRA Ap. XXII

- B, R. 7 (B) (5). Resolvemos.
II. La revisión judicial Es sabido que, al revisar las determinaciones administrativas finales, los tr ibunales a pelativos estamos compelidos a conceder deferencia, por la experiencia y conocimiento pericial que se presume tienen los organismos ejecutivos y municipales para atender y resolver los asuntos que le han sido delegados

. S uper Asph alt v. AFI y

otr o , 206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC , 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte.
Policía , 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policí a de PR , 196 DPR 606, 626 (2016). Al respecto, el Tribunal Su premo de Puerto
Rico ha re iterado que las determinaciones de los organismos administrativos “poseen una presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no presente la evidencia suficiente para derr otarlas ”. (Énfas is nuestro ). Ro lón Martínez v. Supte. Policía , supra ; Torres
Rivera v. Policía de PR , supra ; Batista, Nobbe v. Jta. Directores , 185 DPR 206, 215 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia , 181 DPR 969, 1002

- 1003 (2011). Por ende, nuestra in tervención sólo se justifi ca cuando el ente administrativo haya obrado de forma arbitraria, ilegal o irrazonable. En esas circunstancias, entonces, cederá la deferencia que ostenta en las aplicaciones e interpretaciones de las leyes y los reglamen tos que a dministra. JP,
P laza Santa Isab el v. Cordero Badillo , 177 DPR 177, 187 (2009). EnKLRA20230065 5 8

torno a esto, en Torres Rivera v. Policía de PR , supra , el Tribunal Supremo expuso las normas básicas sobre el alcance de la revisión judicial: [L]os tribunales deben deferen cia a las decisi ones de un a agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o reg lamentos que se le ha enc omendado a dmini strar; (3) el organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos co nstitucionales fundamentales. Es importante de stacar que , si el tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos procede que se valide la interpretación que realizó la agencia administrativa recurrida

. Torres Rivera v. Po licí a de PR , s upra , pág. 628. Así, pues, es norma asentada que el norte al ejercer nuestra
facultad revisora es el criterio de razonabilidad

. Super Asphalt v. AFI y otro , supra , pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde, LLC , supra , pá g. 127 ; Torres R ivera v. P olicía de PR , supra , pág. 626; Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos , 186 DPR 1033, 1042

- 1043 (2012). Por lo tanto, intervendremos únicamente cuando el organismo recurrido haya actuado de una manera tan irrazonable que su actu ación c onstituya un abu so de disc reción

. Super Asphalt v. AFI y otro , supra , pág. 821; Graciani Rodriguez v. Garage Isla Verde,
LLC , supra , pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía , supr a.

El privilegio de la libertad bajo palabra La Ley Núm. 118 de 22 de jul io de 1974, 4 LPR A sec. 1501 et

seq
. (Ley Núm. 118), creó l a Junta de Libertad B ajo Palabra

. E l ente administrativo está facultado para conceder el privilegio de cumplir la última parte de una condena en libertad bajo palabra a cualquier persona recluida e n una instituc ión correccion al de Puerto Rico.
Benítez Nieves v. ELA et al. , 202 DPR 818, 825 (2019). Al ejecutar la potestad delegada, la Junta está autorizada a imponer lasKLRA20230065 5 9

condiciones que estime necesarias para la concesión del beneficio privilegiado . A rt. 3 de la Ley N úm. 118, 4 LPRA sec. 1503. Claro está, d ich as condiciones restrictivas se suman a las
restricciones que, de ordinario, e l ciudadano común está obligado a
observar en nuestra jurisdicción

. Benítez Nieves v. ELA et al. , supra , que cita a Mor rissey v. Brew er , 408 US 471 , 478 (1972). El lo responde a que el beneficio de la libertad bajo palabra es considerado un privilegio, no un derecho reclamable. A esos fines, la libertad bajo palabra sólo se otorgará cuando sirva al mejor interés de la socie dad y propicie la rehabilita ción moral y económica del liberado , según la sana discreción de la Junta y los tribunales

. Quiles v. Del Valle , 167 DPR 458, 475 (2006), que cita a Pueblo v. Negrón Caldero , 157 DPR 413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez , 147 DP R 530, 536 (19 99)

. De igual modo , l a Junta también tiene la autoridad para revocar el privilegio de libertad bajo palabra . Previo a este ejercicio revocatorio, sin embargo, el Estado debe conceder al liberado unas garantías del debido proceso de ley

. Maldo nado Elías v. Gon zález
River a , 118 DPR 260, 266 (1987)

. Ello así, porque el liberado “ tiene
una libertad condicionada o cualificada que representa un interés de suficiente valor como para exigir las garantías mínimas del debido proceso de ley cuando se le intente despoj ar de éste ”

. ( Cursiv as en el original). Quiles v. Del Valle , supra
. El Art ículo 5 de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 1505, establece el procedimiento de revocación que debe seguir la Junta. D ispone , entre otras cosas, que la Junta está autoriza d a a ordenar el a rresto y
la reclusión de cualquier liberado que transgreda las condiciones impuestas. Luego de la notificación de las infracciones imputadas y
la celebración de una vista sumaria inicial, la Junta debe celebrar una vista final, dentro de s esenta días a par tir de la f echa d el arresto del liberado, para determinar si procede o no la revocación de la libertad bajo palabra. 4 LPRA sec. 1505. La disposición provee ,KLRA20230065 5 10

además , para que la Junta consolide ambas vistas, en el caso que así lo p eticione la representació n legal del liberado, entre otras razones.
Id

. Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, la Junta adoptó el Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra , Reglamento N úm. 9232 , de 18 de noviembre de 20 2 0 , que en su
A rtícu lo XI I I establ ece las normas relac ionadas a las personas que
disfrutan de libertad condicionada. La norma referida a barca desde las vistas de seguimiento hasta l os posibles resultados del proceso; a
saber: amonestación , desestimación de la querella, modifi cación de
las con diciones de l Mandato o revocación del privilegio. Es meritorio mencionar que e l Tribunal Supremo de Puerto Rico ha refrendado el procedimiento seguido por la Junta : [E] xiste en Puerto Rico un procedimiento válido para la revocación de la l ibertad bajo p ala bra. Este h a sido citado con aprobación en el caso Martínez Torres v. Amaro Pérez , [ 116 DPR 717 (1985) ] . Allí se mencionó que el mismo incluye ambas garantías constitucionales mínimas tales como notificación y vista. El trámite estatutario confiere a la Ju nta la facu ltad para ordenar la investigación preliminar, ordenar el arresto sumario y dilucidar finalmente en una vista el hecho de la violación a las condiciones fijadas e n la orden que concedió la libertad, y luego decidir si dicha viol ación amerita rev ocar la ord en anterior

. ( Énfasis nuestro). Maldonado Elías v. González Rivera , supra , pág. 269. Finalmente, en cuanto a la recomendación del Oficial Examinador, la Junta la evaluará, pero emitirá su propia
determinación mediante la corres pondiente resoluc ión. Art. X IV,
Sección 14.2 (D) del Reglamento Núm. 9232. L a decisión de la Junta, formulada a base de la preponderancia de la prueba , se hará por escrito y contendrá las determinaciones de hecho, la evidencia en que la decisión se basó y las razones que j ustifican l a rev ocación. 4 LPRA
sec. 1505 ; véase, además, Art. XIV, Sección 14. 1 ( A ) del Reglamento
Núm. 9232.KLRA20230065 5 11
III. En la causa presente, el señor Rosado Rosado impugna la determinación de la Junta, por ésta no ser cónsona con la s
recomend aci o n es de la TS S y la Ofici al Examinadora. Plantea que la Junta abusó de su discreción y alega que la totalidad de la prueba presentada no sostiene una v iolación patente a las condic iones
establecidas en el M andato

. No le asiste la razón. Luego de un exam en detenido del expediente q ue re visamos , opinamos que la J unta realizó un ejercicio adecuado de la amplia discreción que tiene para revocar la libertad bajo palabra a cualquier persona sujeta a su jurisdicción , aun cuando la recomendación de la
Oficial Ex aminadora haya s ido distinta

. Dicha recomendación no obliga a la Junta, mientras la decisión final adop tada e ncuentre

apoyo en el expediente administrativo. En este caso, l a Resolución que examinamos está basada en la evidencia sustancial que la Junta rel ata. Como fue re seña do , la

e xpareja del recurrente acudió a la Oficina del Programa de
Comunidad del D epartamento de C orrección y R ehabilitación , donde
narró unos actos constitu ti vos de maltrato sicológico (insultos constantes) y físico ( lanzarla por las e scaleras) por pa rte del

recu rrente , con el agravante de que la mujer se encontraba en su quinto mes de gestación. D.M.C. solicitó una orden de protección por
virtud de la Le y N úm. 54 y desistió de la mism a , pues s egún expresó
a la TSS , se encontraba bien y su interés era que el recur rente
abandonara la residencia en común , lo cual se materializó

. Ello, sin embargo, no borra los hechos cometidos ni minimizan su gravedad

. Ad emás, en nuestro ordenamiento jurídico, ni siquiera una absolución penal confiere inmu nidad en el camp o disciplina rio
administrativo por los mismos hechos , pues se trata de procedimientos con fin e s distintos , que requieren diferentes gradosKLRA20230065 5 12

de prueba. Véase, Trib

. Exam

. Méd

. v. Cañas Riv as , 154 DPR 29 , 37 (2001) ; Reyes Salcedo v. Policía de P.R. , 143 DPR 8 5 , 97 (1997)

. Ciertamente, durante el proces o ante la Junta, el recurrente no controvirtió los hechos consignados en el Informe de la TSS . Éstos no pueden considerarse aislados , toda vez que el señor Rosado Rosado ya cumplía sentencia por i nfringir otra di sposición de la Ley N úm.
54

. Contrario a lo alegado, los actos sí demuestran una patente
violación a las C ondiciones 9 y 12 del Mandato. Es decir, el despliegue de la conducta antijurídica del recurrente contr a la perjudicada no responde a la buena conduct a en la comu nidad que
debió observar . El recurrente tampoco se abstuvo de cometer hechos

que tipifi que n delitos conforme con el ordenamiento legal . E n est e

caso, luego de c umplir con las garantías mínimas que emanan del debido proceso de le y durante el pro ceso adjudic ativo , la Junta
revocó la libertad bajo palabra que disfrutaba el señor Rosado
Rosado porque , a su juicio, consider ó que el privilegio era incompatible , no sólo con el bienestar público, el de sus familiares o su expareja embara zada , sino c on s u propio bie nestar , pues los actos
decididamente constituye ro n retrocesos en su proceso de
rehabilitación

. En la causa de autos, no albergamos duda de qu e e l recurrente no logró demostrar con evidencia suficiente que la Junta erró en su
in terpretación del D erecho, ni nos colocó en posición de concluir que
las determinaciones de hecho reproducidas no estuviesen apoyadas por el expediente y la evidencia evaluada

. Es sabi do que , conforme

con e l criterio de razonabilidad y deferencia , no debemo s intervenir

con l o s enuncia dos f ácticos de un organismo administrativo , si empre
que éstos est é n apoyad o s por evidencia sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. En la ca usa presente, tampoco podemos concluir, ni el se ñor R osado Rosad o nosKLRA20230065 5 13

ha per suadido , que la Junta haya actuado de forma irrazonable al

revocar le el privilegio de libertad bajo palabra

. I V. Por los fundamentos antes expuestos, se CO NFIRMA la

R esolución recurrida. Se instruye a la Secretari a del Departam ento de Correcci ón y
Rehabil itación a entregar copia de esta Sentencia al se ñor Ernesto
Rosado Rosado , e n cualquier institución carcelaria donde é ste se

encuentre. Lo acordó y manda el Tribunal , y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Sol í s Secreta ria del Tribunal de Apelaciones