Número Identificador

RES2024 _________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

RODOLFO LÓPEZ 

MORALES

Recurrido

v.

TRADEWIND 

AVIATION, LLC

Peticionario

KLCE202400428

Certiorari

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de BAYAMÓN

Caso Núm.:

BY2023CV06932

Sobre:

Despido Injustificado 

(Ley Núm. 80), Ley de 

Represalia en el Empleo 

(Ley Núm. 115-1991), 

Procedimiento Sumario 

Bajo Ley Núm. 2

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla 

Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

Mateu Meléndez, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2024.

Tradewind Aviation, LLC presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones un Recurso de Certiorari el 12 de abril de 2024. En este, solicitó 

la revocación de la Resolución emitida y notificada el 2 de abril del mismo 

año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en 

adelante TPI o foro primario). Allí, el TPI rechazó la petición de la 

peticionaria para que se levantara la anotación de rebeldía dictaminada en 

su contra en el caso.

Examinado el recurso, resolvemos denegar el auto de certiorari 

solicitado. 

I

El 11 de diciembre de 2023, el Sr. Rodolfo López Morales (en 

adelante, recurrido) instó una Querella por despido injustificado y por 

represalias al amparo del procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA Sec. 3118, et 
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seq. El 15 de febrero del año en curso, el recurrido presentó en el caso una 

Moción Solicitando Anotación de Rebeldía en la que indicó que la peticionaria 

había sido emplazada y que había vencido el término dispuesto en ley para 

que compareciera a defenderse, por lo que debía anotársele la rebeldía. Ese 

día, el TPI le anotó la rebeldía a la peticionaria.

El 22 de marzo de 2024, la Tradewind sometió Moción Juramentada 

Solicitando se Deje sin Efecto Orden sobre Anotación de Rebeldía y en Solicitud de 

Vista Evidenciaria.

1 En su escrito, reclamó no haber sido emplazada la 

querella conforme a derecho, por lo que sostuvo debía dejarse sin efecto la 

anotación de rebeldía resuelta en el caso. Además, solicitó que se celebrara 

una audiencia evidenciaria en cuanto a la corrección y validez del 

emplazamiento.

El 25 de marzo de 2024 el TPI señaló vista en rebeldía para el 29 de 

abril de 2024. El 27 de marzo del mismo año, el recurrido se opuso al relevo 

de anotación de rebeldía. El 2 de abril del año en curso, el foro primario 

emitió la Resolución recurrida. Inconforme, la peticionaria solicitó 

urgentemente la reconsideración. El 9 de abril, el foro primario, la denegó, 

por lo que el día 12 Tradewind compareció ante nos. Al así hacerlo, como 

único señalamiento de error aduce que incidió el TPI: 

“[a]l anotar la rebeldía a la querellada-peticionaria sin tener 

jurisdicción sobre dicha parte y sin que, por lo tanto, hubiera 

expirado el término para contestar la querella, utilizando el 

criterio legal incorrecto y, a su vez, obviando los hechos 

incontrovertibles establecidos en la [m]oción [j]uramentada y 

afectando el derecho al debido proceso de ley de Tradewind. 

Atendido el recurso, el 17 de abril de 2024, emitimos Resolución en la 

que concedimos al recurrido 10 días para presentar la oposición al recurso. 

El 23 de abril de este año, en cumplimiento con lo ordenado, este sometió 

Oposición a Certiorari. 

Con el beneficio de todas las partes, procedemos a resolver.

1 En esa fecha, también sometió su Contestación a Querella. Al peticionar el 

levantamiento de la anotación de rebeldía 
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II

-AEl vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); 800 Ponce de 

León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). La determinación de expedir o denegar 

este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016). Empero, el ejercicio de la discreción concedida “no implica 

la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.” Íd.

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra; Scotiabank v. ZAF Corp et al., 202 

DPR 478 (2019). La mencionada Regla dispone que solo se expedirá un 

recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de León v. 

AIG, supra. Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos revestidos de interés público o en cualquier situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.” McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra. 
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-BEl emplazamiento tiene el propósito primordial de notificar de 

forma sucinta y sencilla a la parte demandada, que existe una acción en su 

contra para así garantizarle la oportunidad de comparecer en el juicio, ser 

oído y presentar prueba en su defensa. Torres Zayas v. Montano Gómez et 

als., 199 DPR 458, 467 (2017), Este mecanismo procesal le permite al tribunal 

adquirir jurisdicción sobre el demandado, de forma tal que éste quede 

obligado por el dictamen que finalmente emita. Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als. supra, pág. 467. 

Para que se adquiera jurisdicción in personam sobre una parte, se 

requiere que el demandado sea notificado adecuadamente de la demanda 

en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. Por tanto, no es 

hasta que se logra diligenciar el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

sobre la persona, que esta puede ser considerada propiamente parte; aun 

cuando, “haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese 

momento sólo es parte nominal”. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). La falta de un 

correcto emplazamiento a la parte contra la cual un tribunal dicta sentencia 

produce la nulidad de la sentencia dictada por falta de jurisdicción sobre el 

demandado. Dicho de otro modo, toda sentencia dictada contra un 

demandado que no ha sido emplazado o notificado conforme a derecho es 

inválida y no puede ser ejecutada. Se trata de un caso de nulidad radical 

por imperativo constitucional. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra, págs. 468-469.

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 4.4, dispone 

en su inciso (e) la manera en que podrá diligenciarse un emplazamiento 

dirigido a una corporación. Así, la misma establece que una corporación, 

compañía, sociedad, asociación o cualquier otra persona jurídica se 
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emplazará entregándosele copia del emplazamiento y de la demanda “a un 

o una oficial, gerente administrativo, agente general o cualquier otro u otra 

agente autorizado o autorizada por nombramiento o designado por ley 

para recibir emplazamientos.”. 

En cuanto a las personas a través de las cuales se puede emplazar a 

una corporación se ha resuelto que estas deben estar en una posición de 

suficiente responsabilidad como para que una persona razonable pueda 

presumir que transmitirá o remitirá a sus superiores cualquier 

emplazamiento y demanda” Rivera Torres v. Díaz López, 207 DPR 636 

(2021) al citar a Quiñonez Román v. Cía ABC, 152 DPR 367 (2000). Así, por 

ejemplo, en León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001), se resolvió que 

un patrono queda emplazado conforme a derecho cuando se entrega el 

emplazamiento a la persona que está a cargo del negocio. En ese caso 

particular, se trataba de la administradora del restaurante en el cual 

trabajaba el querellante. 

III

Según arriba expusimos, Tradewind reclama que fue errada la 

determinación del foro primario de negarse a levantar la anotación de 

rebeldía dictaminada en el caso. Por consiguiente, el recurso de epígrafe 

trata de una de aquellos asuntos limitados mediante los que, en virtud de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, a modo de excepción, 

podríamos expedir el auto discrecional del certiorari. En este, y a los efectos 

de demostrar la procedencia de su reclamo, la peticionaria asevera que el 

diligenciamiento del emplazamiento en el caso fue efectuado en una 

persona incorrecta no autorizada en ley para recibir el documento, por lo 

que se debió levantar la anotación de rebeldía, aceptar su alegación 

responsiva y continuarse los procedimientos de rigor. 

El argumento de la peticionaria se centra en que el Sr. Samuel Pérez, 

quien ocupa el puesto de Station Supervisor, fue la persona a la que se le hizo 
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entrega del emplazamiento y la reclamación y que éste no había sido 

autorizado por el Sr. José Vallecillo, Caribbean General Manager, para ello. 

Discute, además, que las funciones del señor Pérez están enfocadas en las 

operaciones diarias, que este no ejerce funciones administrativas o 

corporativas, que no está autorizado para representar o comprometer a 

Tradewind y que ni siquiera conoce del proceso para recibir 

emplazamientos o las implicaciones legales de dicho documento. 

Ante estos argumentos, afirma que es evidente en el caso de las 

funciones y responsabilidades del Sr. Samuel Pérez, que este carece de la 

autoridad representativa que nuestro ordenamiento jurídico requiere en 

cuanto a la persona sobre la cual se diligenciará el emplazamiento de una 

corporación. En apoyo a sus planteamientos, persuasivamente cita varias 

decisiones de este Tribunal de Apelaciones en las cuales se evaluó una 

controversia similar a la que hoy tenemos frente a nos.

El recurrido, por su parte, afirma que nuestro ordenamiento jurídico 

sobre el emplazamiento y la jurisprudencia interpretativa de éste 

demuestran que el emplazamiento en el caso fue uno adecuado, por lo que 

era improcedente el señalamiento de error levantado. 

Luego de examinar detenidamente los reclamos de la parte 

peticionaria y evaluar detenidamente los pormenores de la controversia, no 

identificamos presente alguno de aquellos factores enunciados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento como guías para determinar la expedición del 

auto discrecional del certiorari. No nos parece que la decisión recurrida sea 

contraria a derecho, ni que en esta haya mediado prejuicio, parcialidad por 

parte del TPI o que la expedición del auto evite el fracaso de la justicia, 

mereciendo, pues, nuestro respeto. Siendo ello así, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.

Previo a concluir, advertimos que lo aquí resuelto no tiene efecto de 

juzgar o considerar en los méritos ninguna de las controversias de derecho 
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planteadas por las partes, de modo que estas podrían ser planteadas 

nuevamente en una etapa posterior al juicio. Esto es así, ya que, como es 

sabido, una resolución denegatoria de un auto de certiorari ni implica 

posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual 

trata dicho recurso. La resolución denegatoria simplemente es indicio de la 

facultad discrecional del tribunal revisor de negarse a revisar en 

determinado momento una decisión emitida por el tribunal de instancia. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 12 (2016) al citar a Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992) y otros.

IV

Por las razones antes expresadas, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado por Tradewind Aviation, LLC.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones