Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

FERNANDO E. RIVERA 

VICENTE

Peticionario

v.

IVETTE M. ORTIZ TORRES

Recurrido 

KLCE202400788

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Caso núm.: 

CG2022RF00546 

(501)

Sobre: Custodia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2024.

En un pleito sobre custodia, el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) determinó que, por el momento y en ausencia de un acuerdo 

distinto entre los padres, un menor de 11 años continuaría, en 

agosto, en la misma escuela en que ha estado cursando estudios. 

Según se explica a continuación, concluimos que no procede 

intervenir con lo actuado por el TPI, pues ninguno de los padres 

colocó al TPI en posición de oportunamente ordenar que el menor se 

matriculase en alguna otra escuela.

I.

El Sr. Fernando E. Rivera Vicente (el “Padre”) y la Sa. Ivette 

M. Ortiz Torres (la “Madre”; junto al “Padre”, las “Partes”) procrearon 

un hijo en septiembre de 2012 (el “Hijo”). Las partes se separaron 

en el 2021. En agosto de 2022, el Padre presentó la acción de 

1 El recurso fue asignado a este panel por virtud de lo dispuesto en la Orden 

Administrativa OAJP-2021-086, de 4 de noviembre de 2021, sobre Normas para 

la Asignación de Recursos Nuevos Previamente Presentados en el Tribunal de 

Apelaciones. Como consecuencia de la referida orden, este recurso, así como todo 

recurso futuro que surja del caso de referencia, pendiente ante el Tribunal de 

Primera Instancia, será atendido por los integrantes de este panel, quienes 

adjudicaron el correspondiente recurso anterior (KLCE202300618).
KLCE202400788 2

referencia (la “Demanda”), sobre custodia. La Madre contestó la 

Demanda y reconvino.

El 15 de mayo de 2024, la Madre informó al TPI que el Hijo 

no había sido matriculado “en ningún colegio o escuela pública”. 

Indicó que el Hijo “requiere de una educación en grupos pequeños, 

por lo que es sumamente importante separar el espacio a la 

brevedad posible”. Afirmó que el Hijo es “susceptible a los cambios 

como parte de sus necesidades especiales” y que, “recientemente” 

este “se mudó de su hogar donde residía el padre y también se 

encuentra en proceso de mudanza del hogar de la madre”. Aseveró 

que el “mejor bienestar del menor es que permanezca en su colegio 

actual Hollands Academy, bajo el programa individualizado, el cual 

solo cuenta con un máximo de [5] niños por grupo y en el cual el 

menor ha estudiado por varios años”.

La Madre informó que, “desde el año pasado”, había buscado 

otras alternativas para el Hijo “en los pueblos de Cayey, Cidra y 

Caguas”, pero que el Padre no había “evaluado ni propuesto ninguna 

alternativa de educación”. Ante “la falta de comunicación y 

compromiso [del Padre] en los asuntos del menor”, la Madre solicitó 

que se ordenase al Padre a matricular al Hijo en el colegio Hollands 

Academy (la “Escuela Actual”) para el año escolar que inicia en 

agosto de 2024.

Dos días después, el Padre se opuso a lo solicitado por la 

Madre. Indicó que “no se niega a matricular al menor en [la Escuela 

Actual], sin embargo, en este momento no se encuentra en posición 

económica para costearlo”. Resaltó que del informe social forense 

de 19 de mayo de 2023 (un año antes) se desprende una opinión de 

una sicóloga a los efectos de que la Escuela Actual “no se acomoda 

a las necesidades del menor”. El Padre no propuso, ni aseveró haber 

hecho gestión alguna para identificar, una alternativa específica a 

la Escuela Actual.
KLCE202400788 3

La Madre replicó ese mismo día. Alegó que ella había

identificado “varias alternativas” escolares, pero el Padre no había 

“evaluado ni propuesto ninguna alternativa de educación, 

limitándose a oponerse a las ofrecidas” por ella. Insistió en que 

“propende al mejor bienestar del menor que permanezca en su 

colegio actual”. El Padre duplicó.

Mediante una Orden notificada el 23 de mayo (la 

“Determinación”), el TPI ordenó que el Hijo “continúe matriculado 

en la escuela actual”. El TPI actuó “tomando en consideración la 

fecha en la que se presenta la objeción a la matrícula, el cambio 

abrupto que representaría un cambio de escuela y el esfuerzo que 

requiere localizar una escuela que se ajuste a las necesidades 

especializadas del menor”. El TPI dispuso que cualquier cambio 

posterior “debe ser atendid[o] en conjunto por ambos progenitores 

durante el año escolar 2024-2025”. Ninguna de las partes solicitó 

oportunamente la reconsideración de la Determinación ni su 

revisión ante este Tribunal.

Un mes luego de notificada la Determinación, el 23 de junio, 

la Madre le informó al TPI que el Padre insistía en que no podía 

“costear su porcentaje de los gastos educativos del menor” y que las 

partes no habían “logrado identificar otra institución escolar 

adecuada”.

Mediante una Orden notificada el 25 de junio (la “Orden”), el 

TPI informó que se mantenía la Determinación.

El 28 de junio, el Padre, ahora por derecho propio, solicitó la 

reconsideración de la Orden (la “Reconsideración”). Reiteró que una 

sicóloga había recomendado un cambio de escuela. Alegó que 

estaba en un “proceso de reorganización económica, incluyendo la 

consideración de acogerse a la Quiebra”. Resaltó que, en septiembre 

de 2023, las partes habían estipulado “explorar opciones educativas 

que se adecúen mejor a las necesidades del menor”.
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El Padre también informó que había visitado varias escuelas, 

en búsqueda de una mejor alternativa para el Hijo. Aseveró que, a 

su juicio, el Hijo debía ser matriculado en B You Academy, en 

Caguas (la “Institución”). Indicó que la Institución se especializa “en 

deportes” y que el Hijo había sido “evaluado y exitosamente aprobó 

para entrar al deporte de E-Sport”. Afirmó que la Institución era 

“más económic[a]” que la Escuela Actual. Solicitó al TPI que 

ordenase que el Hijo fuese matriculado en la Institución o, en la 

alternativa, se citara a las partes a una “vista urgente”.

La Madre se opuso a la Reconsideración. Explicó, en cuanto 

a la Institución, que “el menor no realiza ningún deporte” y que la 

Institución “no cuenta con los acomodos” para el Hijo. Además, 

indicó que la diferencia en costo entre la Escuela Actual y la 

Institución son “solamente $11 mensuales”.

Mediante una Orden notificada el 11 de julio, el TPI denegó la 

Reconsideración.

Inconforme, el 15 de julio, el Padre presentó el recurso que 

nos ocupa, en el cual reproduce lo planteado ante el TPI en la 

Reconsideración, junto con una moción en auxilio de jurisdicción. 

Al otro día, le concedimos hasta el 22 de julio a la Madre para 

consignar su postura en cuanto al recurso y la moción. La Madre 

no compareció ni solicitó prórroga. Disponemos.

II.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 
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ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá expedir un 

auto de certiorari. Al respecto, dispone, en lo pertinente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, solamente será expedido

por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 

de este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

[...].

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.
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(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

III.

Hemos determinado, en el ejercicio de nuestra discreción, y 

evaluados los factores de la Regla 40, supra, declinar la invitación 

del Padre a intervenir con la determinación recurrida.

Es importante resaltar que, si el Padre interesaba un cambio 

en la escuela del Hijo, debió actuar con mayor diligencia. Del récord 

no surge que este hiciera alguna gestión al respecto hasta el mes de 

junio. Más aún, el asunto se atendió por el TPI en mayo, a través 

de la Determinación, de la cual ninguna parte solicitó 

reconsideración ni revisión ante este Tribunal.

Es solo a finales de junio, luego de que el TPI, a través de la 

Orden, se reiterara en la Determinación, que, en reconsideración, el 

Padre por primera vez ofrece una alternativa escolar específica.

Por las razones consignadas por el TPI en la Determinación, 

consideramos que la misma es razonable. De lo expuesto un mes 

luego por el Padre en la Reconsideración de la Orden no surge 

cambio alguno que colocara al TPI en posición de concluir que el 

mejor interés del Hijo radica en cambiar a una escuela en la cual, 

según el Padre, el Hijo estaría practicando algo que la Institución 

denomina “E-Sports” (presumiblemente, videojuegos). En ausencia 

de un acuerdo entre las partes, o de algún cambio en circunstancias 

ocurrido luego de emitida la Determinación a finales de mayo, 

tendente a indicar que es urgente que el Hijo cambie de escuela, el 

TPI actuó acertadamente al negarse a dejar sin efecto la 

Determinación.
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En fin, de lo actuado por el TPI no se desprende error de 

derecho alguno y, en las circunstancias de este caso, tampoco 

representa un abuso de discreción.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la moción 

en auxilio de jurisdicción, así como la expedición del auto de

certiorari solicitado.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones