Número Identificador

SEN2023 ________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

MARIBEL RODRÍGUEZ 

ALVARADO

RECURRIDA

V.

GINNY GRACE AVILÉS

AVILÉS

PETICIONARIA

KLCE202301097

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Fajardo

Civil Núm.:

FA2023CV00103

Sobre: 

Liquidación de 

Comunidad de Bienes

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2023.

Ginny Grace Avilés Avilés (señora Avilés o peticionaria) presentó 

una Recurso de Certiorari en el que solicita que revoquemos la Orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI)

el 8 de agosto de 2023. En el aludido dictamen el foro de instancia mantuvo 

la anotación de rebeldía en contra de la peticionaria. 

Por los fundamentos que esbozaremos a continuación expedimos el 

auto solicitado y revocamos la determinación recurrida. Veamos.

I

El 7 de febrero de 2023, Maribel Rodríguez Alvarado (demandante

o recurrida) presentó una Demanda contra la señora Avilés sobre 

liquidación de comunidad de bienes. En esencia solicitó la liquidación de 

una propiedad inmueble que adquirieron en común pro indiviso en un 50%

mientras ambas convivían como pareja. Según alegó, ambas aportaron la 

suma de $125,000.00 para la compra de la propiedad y desde su 

separación en el 2012 la señora Avilés permaneció residiendo la misma 

con exclusividad.
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El 8 de febrero de 2023, el TPI expidió el emplazamiento

correspondiente. No obstante, antes de que transcurriera el término para 

diligenciarlo la demandante radicó Moción de Emplazamiento por Edicto en 

la que alegó que a pesar de las múltiples gestiones realizadas, su 

emplazadora no pudo localizar a la demandada en su dirección que es la

del apartamento objeto de litigio. Acompañó su solicitud con una 

Declaración Jurada suscrita por la emplazadora, Evelyn Méndez Rivera, 

quien entre otros asuntos indicó que hizo una búsqueda de la demandada

en las redes sociales mas no pudo localizarla.

En atención a lo solicitado el TPI autorizó el emplazamiento por 

edicto,

1 el cual fue publicado en el Periódico El Nuevo Día, el 11 de abril de 

2023. El 24 de abril de 2023, trece días después de publicarse el edicto, la 

demandante notificó copia del edicto y de la demanda a la dirección postal 

de la demandada, mediante correo certificado con acuse de recibo a su 

dirección postal.2 Ante la incomparecencia de la demandada, y a solicitud 

de la demandante, el TPI ordenó que se anotara la rebeldía contra la 

señora Avilés el 15 de mayo de 2023. Con posterioridad, dicho foro emitió 

una Orden señalando vista en rebeldía para el 25 de septiembre de 2023, 

la cual fue notificada a todas las partes el 22 de mayo de 2023.

El 11 de julio de 2023, la señora Avilés presentó Contestación a la 

Demanda en la que admitió que la demandante obra como dueña de la 

propiedad en común pro indiviso, pero negó que ésta hiciera aportación 

alguna en la adquisición del bien inmueble o en los pagos de la hipoteca. 

Ese mismo día sometió Moción Solicitando Dejar sin Efecto Anotación de 

Rebeldía. En ésta informó que no supo del procedimiento judicial pues se 

encontraba en Orocovis, en la residencia de su familia, desde diciembre de 

2022 hasta el 3 de abril de 2023, y desde el 12 de abril hasta el 1 de mayo 

de 2023. Regresó a Fajardo el 12 de junio de 2023, por una cita médica y 

durante esa semana recibió la notificación del Tribunal sobre el 

1 Mediante Orden del 4 de abril de 2023.

2 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 20.
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señalamiento de la vista en rebeldía. A su vez, solicitó que se dejara sin 

efecto la anotación en rebeldía en su contra ya que, por una parte, la 

demandante no realizó todas las gestiones para emplazarle personalmente 

pues conocía la dirección y ubicación exacta de la casa de su familia en 

Orocovis, y de otro lado, incumplió con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 

al no notificarle la demanda y el edicto dentro del término de diez (10) días 

siguientes. La parte demandante se opuso a que se levantara la rebeldía. 

Luego de evaluar la posición de ambas partes el TPI emitió la Orden

recurrida declarando No Ha Lugar la solicitud para dejar sin efecto la 

rebeldía.3 Aun en desacuerdo la señora Avilés presentó el recurso ante 

nuestra consideración en el que peticiona que revoquemos la Orden que 

mantuvo la anotación de rebeldía, pues a su juicio: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ENCONTRAR JUSTIFICADAS LAS DILIGENCIAS 

REALIZADAS POR LA EMPLAZADORA Y AUTORIZAR EL 

EMPLAZAMIENTO POR EDICTO.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ANOTAR Y MANTENER LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA 

AÚN CUANDO LA PARTE RECURRIDA INCUMPLIÓ CON 

LA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS 

QUE EXIGE LA REGLA 4.6 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA LA NO 

LEVANTAR LA REBELDÍA ANOTADA A LA PARTE 

PETICIONARIA CUANDO EXISTEN TODOS LOS 

ELEMENTOS EN DERECHO PARA LEVANTAR LA 

MISMA. 

La recurrida presentó su Oposición a expedición del auto de 

Certiorari. En ésta indicó que antes de solicitar el emplazamiento por edicto, 

su emplazadora agotó toda posibilidad razonable disponible para lograr el 

emplazamiento personal de la señora Avilés según se desprende de la 

Declaración Jurada. En cuanto a la demora para enviar por correo copia 

del edicto y de la demanda explicó que no fue hasta el 17 de abril de 2023 

que el periódico le acreditó la fecha de publicación del edicto y que desde 

esa fecha es que empieza a transcurrir el término de 10 días dispuesto en 

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil. En suma, solicitó que se mantuviera la 

3 La señora Avilés solicitó reconsideración mas el Tribunal la denegó mediante Orden del 

8 de agosto de 2023.
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anotación de rebeldía, pues a su juicio, la señora Avilés ha venido dilatando 

la liquidación desde los intentos extrajudiciales iniciados hace más de 10 

años. 

II

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de 

jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal 

inferior. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Caribbean 

Orthopedics v. Medshape et al, 207 DPR 994 (2021); 800 Ponce de León 

Corp. v. American International Insurance, 205 DPR 163 (2020). Por tanto, 

la expedición del auto de certiorari descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

729 (2016); IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

La Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones 

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias del foro de Instancia. 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla

dispone lo siguiente: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari, en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Aun cuando al amparo del precitado estatuto adquirimos jurisdicción 

sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación en 

sus méritos es un asunto discrecional. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 96 (2008). Sin embargo, tal discreción no opera en el 

abstracto. Íd. La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece los criterios que este foro tomará en consideración para ejercer 

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a 

saber: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración, más detenida 

a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando 

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

B. El emplazamiento 

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le 

notifica a un demandado que hay una reclamación judicial en su contra y 

que le permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre su persona. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); Cirino González 

v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 29-30 (2014); Banco Popular v. SLG 

Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). A través del emplazamiento se 

satisfacen las exigencias del debido proceso de ley, en su vertiente 
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procesal, que requiere que se notifique al demandado toda reclamación en 

su contra, para que tenga la oportunidad de comparecer a juicio, ser oído 

y presentar prueba a su favor. Global Gas v. Salaam Realty, 164 DPR 474, 

480 (2005). 

En mérito de lo anterior, a los demandados les asiste el derecho de 

ser emplazados conforme a derecho. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 

192 DPR 854, 869 (2015). De lo contrario, una sentencia que se dicta sin 

que el tribunal haya asumido jurisdicción sobre las partes o cuando al 

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley, es nula. García Colón

v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010); Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 DPR 680, 688 (1979); Rodríguez v. Albizu, 76 DPR 631 (1954).

En todas las circunstancias, el emplazamiento se diligenciará en el 

término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. Regla 

4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El método para emplazar 

que se utilice debe tener una probabilidad razonable de notificar o informar 

al demandado sobre la acción encaminada en su contra, de forma tal que 

pueda comparecer a defenderse, si así lo desea. Márquez Resto v. Barreto 

Lima, 143 DPR 137, 143 (1997). 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos maneras para 

diligencia un emplazamiento: de forma personal o mediante edictos. 

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987 (2020). La Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil, supra, rige el procedimiento a seguir cuando el 

emplazamiento del demandado se realice mediante edictos. En lo aquí 

pertinente, el inciso (a) de dicha regla indica lo siguiente:

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de 

Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser 

localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es 

una corporación extranjera sin agente residente, y así 

se compruebe a satisfacción del tribunal mediante 

declaración jurada que exprese dichas diligencias, y 

aparezca también de dicha declaración, o de la 

demanda presentada, que existe una reclamación que 

justifica la concesión de algún remedio contra la 

persona que ha de ser emplazada, o que dicha 

persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal 
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podrá dictar una orden para disponer que el 

emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá 

un diligenciamiento negativo como condición para 

dictar la orden que disponga que el emplazamiento se 

haga por edicto.

La orden dispondrá que la publicación se haga 

una sola vez en un periódico de circulación general de 

la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, 

que dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del edicto se le dirija a la parte demandada 

una copia del emplazamiento y de la demanda 

presentada, por correo certificado con acuse de recibo 

o cualquier otra forma de servicio de entrega de 

correspondencia con acuse de recibo, siempre y 

cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la 

parte demandante y no tenga interés en el pleito, al 

lugar de su última dirección física o postal conocida, a

no ser que se justifique mediante una declaración 

jurada que a pesar de los esfuerzos razonables 

realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o 

postal de la parte demandada, con expresión de éstos, 

no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte 

demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el 

cumplimiento de esta disposición. (Énfasis nuestro). 

32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a).

Según surge de la regla antes citada, para que se permita el 

emplazamiento por edicto, tiene que haberse intentado efectuar 

previamente un emplazamiento personal, y después de haberse sometido 

una declaración jurada con la expresión de las diligencias efectuadas. 

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra. Al evaluar la suficiencia de tales 

diligencias, el tribunal deberá tener en cuenta todos los recursos 

razonablemente accesibles al demandante para intentar encontrar al 

demandado y si se ha agotado toda posibilidad razonable disponible al 

demandante para poder localizarlo. Íd. 

C. Anotación de rebeldía

La Regla 45 de Procedimiento Civil regula lo relativo a la anotación 

de rebeldía al disponer en lo aquí pertinente que:

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado 

de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 

según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 

mediante una declaración jurada o de otro modo, el 

Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, 

podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la 

Regla 34.3(b)(3). 
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Esta anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). ... Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Tal cual indica la regla precitada, el tribunal tiene la facultad para 

motu proprio o a solicitud de parte, anotar la rebeldía a una parte por no 

comparecer a contestar la demanda o a defenderse como estipulan las 

reglas, o como sanción. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179 

(2015). Aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional 

para el foro de instancia, tal discreción debe darse dentro del marco de lo 

que es justo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587, 

590 (2011). El efecto de la anotación es que se dan por ciertos los hechos 

que están correctamente alegados y se autoriza al tribunal para que dicte 

sentencia, si esta procede como cuestión de derecho. Íd., pág. 591; Regla 

45.1 de Procedimiento Civil, supra. Para evitar que a una parte se le anote 

la rebeldía no basta una mera comparecencia, sino que, de la 

comparecencia debe surgir la intención de la parte de defenderse. Bco.

Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180.

Empece lo anterior, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone expresamente que el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación 

de rebeldía por causa justificada. 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. Ello quiere decir 

que para conseguir el levantamiento de la anotación de rebeldía la parte 

interesada necesita probar la causa justificada, presentando evidencia de 

circunstancias que a juicio del tribunal demuestran justa causa para la 

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso 

es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra; Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 283, 293 

(1988). Esta regla debe interpretarse de manera liberal, resolviéndose 

cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia 

en rebeldía. Íd. 

Si bien bajo la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía dependerá de la existencia de justa causa, 
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la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, también se puede utilizar para 

levantar la rebeldía, en aquellas circunstancias en las que se incumple con 

los requisitos para requerir su anotación. Íd. A tales efectos, y pertinente a 

la controversia del presente caso, el Tribunal Supremo ofreció el siguiente 

ejemplo:

[E]l demandado que reclama el levantamiento de una 

anotación de rebeldía porque puede probar que no fue 

emplazado debidamente al momento de la anotación, 

no necesita una “causa justificada” para probar el 

levantamiento de esa anotación de rebeldía. Su 

fundamento en derecho para lograr tal levantamiento 

sería el incumplimiento por parte del promovente con 

la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. O sea, el 

promovente no podrá probar que la parte en rebeldía 

no contestó la demanda a pesar de haber sido 

debidamente emplazada, porque en realidad la parte 

no fue debidamente emplazada. Rivera Figueroa v. 

Joe ́s European Shop, 183 DPR 580, 592 (2011).

III

La señora Avilés nos solicita que expidamos el Recurso de Certiorari 

y revoquemos la determinación del TPI que ordenó mantener la anotación 

de rebeldía en su contra. Esta es una de las instancias que la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra nos faculta a revisar de manera interlocutoria. 

Por lo que, luego de revisar los argumentos esbozados por la peticionaria 

a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, hemos 

decidido expedir el auto solicitado y revocar la determinación recurrida. 

La señora Avilés sostiene que el TPI incidió al mantener la anotación 

de rebeldía a pesar de que: 1) la demandante no agotó todos los medios 

disponibles para localizarla que justificara el emplazamiento por edicto; (2) 

la demandante incumplió con notificarle el emplazamiento por edicto en el

término dispuesto en la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, pues le 

notificó habiendo transcurrido 13 días de la publicación; y (3) existen todos 

los elementos en derecho para levantarla. Habiendo analizado los errores 

señalados entendemos que el error tercero se cometió. 

Según vimos la facultad del foro de instancia para dejar sin efecto 

una anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento 
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Civil, supra, se enmarca en la existencia de justa causa. En este caso la 

señora Avilés estableció en su Moción Solicitando Dejar sin Efecto 

Anotación de Rebeldía que su demora en comparecer al pleito se debía a 

que se encontraba en Orocovis, en la residencia de su familia, y que no fue 

hasta que regresó a Fajardo el 12 de junio de 2023, para asistir a una cita 

médica que advino en conocimiento del proceso judicial en su contra. 

Cónsono con ello, de la Declaración Jurada de la emplazadora surge que 

en dos de las tres ocasiones que visitó la dirección de la demandada, ésta 

no se encontraba. Además, del expediente se desprende que la notificación 

de la demanda y del edicto remitidas con acuse de recibo a la dirección 

postal de la peticionaria fueron devueltas a la remitente por no haber sido 

reclamada. De otro lado, es preciso considerar que en su Contestación a 

la Demanda la peticionaria alegó afirmativamente que la recurrida no hizo 

aportación económica alguna para la adquisición de la propiedad o para el 

pago de la hipoteca. A su vez conviene advertir que el caso se encuentra 

en una etapa inicial y que la vista de Conferencia Inicial fue señalada para 

el 23 de enero de 2024, por lo que el levantamiento de la rebeldía 

representa un perjuicio mínimo a la parte demandante. 

En atención a los parámetros antes señalados, al principio cardinal 

de que los casos se ventilen en sus méritos y a la interpretación liberal que 

se recomienda en estas circunstancias, concluimos que procede dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía. 

En cuanto al primer señalamiento de error nos limitaremos a indicar 

que, si bien la emplazadora detalló varias gestiones para localizar a la 

señora Avilés, lo cierto es que una de esas gestiones le permitió advenir en 

conocimiento de la posible ubicación de ésta en Orocovis. Según surge de 

la misma Declaración Jurada la búsqueda de la demandada en internet 

arrojó el siguiente resultado:

http://www.truepeoplesearch.com...

Ginny G Aviles, Age 59 – Lives in Orocovis, PR

Profile for Ginny G. Aviles, Ginny G Avilesaviles, Ginny AvilesAviles...4

4 Véase Apéndice del Recurso de Certiorari, pág. 12.
KLCE202301097 11

Con relación al segundo señalamiento de error disponemos que el 

hecho de que la demandante no haya notificado copia de la demanda y del 

edicto dentro de los 10 días de haberse publicado el edicto no es causa 

suficiente para concluir que el emplazamiento por edicto fue inoficioso. Esto 

ya que en este caso dicha dilación no fue la razón para que la demandada 

se demorara en comparecer al pleito, pues según ésta misma admitió, 

nunca recibió dicha notificación. 

IV

Por los fundamentos antes expuestos revocamos la determinación 

recurrida y ordenamos que se deje sin efecto la anotación de rebeldía en 

contra de la señora Avilés.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones