Número Identificador

RES2023 _____________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

OATA-2023-1311

LUNA RESIDENTIAL II; 

LLC

Demandante-Recurrida

v.

DAVID GARCÍA MEDINA, 

CARMEN ISABEL ROIG 

FUERTES Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS

Demandados-Peticionarios

KLCE202300752

CERTIORARI

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

San Juan

Caso Núm.

SJ2022CV01621

(604)

SOBRE:

COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez

Barresi Ramos y el Juez Cruz Hiraldo.

Juez Ponente, Cruz Hiraldo

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2023.

Comparece por la parte peticionaria, Sr. David García Medina, 

Sra. Carmen Isabel Roig Fuertes y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (en adelante, los demandados), 

para solicitarnos que se revise la Resolución emitida el 16 de mayo 

de 2023 y notificada el 17 de mayo de 2023 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.

I

El 7 de marzo de 2022, Luna Residential II LLC (en adelante, 

“Luna”) instó una Demanda por cobro de dinero y ejecución de 

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-131 se designa al Hon. Joel A. 

Cruz Hiraldo en sustitución de la Hon. Camille Rivera Pérez.
KLCE202300752 2

hipoteca en contra de David García Medina, Carmen Isabel Roig 

Fuertes y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos. Alegaron que, el 30 de julio de 2010, los demandados 

constituyeron y emitieron un pagaré hipotecario por la suma de 

$801,000.00, cuya deuda no han pagado desde el 1 de julio de 2014.

Como tenedor del pagaré y acreedor hipotecario, Luna solicitó que 

se ordenara el pago de la cantidad adeudada, junto a los intereses, 

cargos adicionales, costas y honorarios de abogados, o, en la 

alternativa, se procediera con la ejecución de la hipoteca.

Acaecidos varios trámites procesales, el 11 de octubre 

de 2022, los demandados presentaron una Moción Solicitando la 

Desestimación de la Demanda con Perjuicio al Amparo de la 

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil y por esta ser Cosa Juzgada. En 

apretada síntesis, los demandados arguyeron que Luna estaba 

impedida de presentar la Demanda por existir una previa 

desestimación con perjuicio por inactividad al amparo de la 

Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil2 en el caso K CD2015-0198 y, 

por tanto, constituir cosa juzgada.

El 18 de octubre de 2022, Luna presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación. Indicó que en el caso K CD2015-0198 

hubo error en las notificaciones de los procedimientos al haberse 

eliminado al demandante del registro de notificaciones y que ello 

convirtió en nulas e inoficiosas las órdenes y sentencia dictada, por 

lo que no surtió efecto legal alguno. Además, señaló que, en dicho 

caso, Luna había comparecido y solicitado los correspondientes

remedios al Tribunal. Por último, le solicitó al foro a quo del caso de 

epígrafe que detuviera su determinación hasta que la sala del caso 

K CD2015-0198 corrigiera el error procesal en la notificación y 

2 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b).
KLCE202300752 3

actuara conforme a los remedios solicitados, entre ellos el 

desistimiento voluntario.

Pasado varios trámites procesales, el 10 de noviembre 

de 2022, notificada el 17 de noviembre de 2022, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Orden en la cual determinó, en lo 

pertinente, que, recibido los escritos de las partes, procedería a 

resolver cuando estimara oportuno. El 17 de febrero de 2023, Luna 

presentó una Moción Informativa en la cual avisó que, en base a la 

falta de debida notificación, el Foro de Instancia en el caso 

K CD2015-0198 dejó sin efecto la orden de desestimación y acogió 

la solicitud de dar por desistido el litigio sin perjuicio, entre otras 

cosas.

Así las cosas, el 16 de mayo de 2023, notificada al día 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución

donde declaró No Ha Lugar a la solicitud de desestimación 

presentada por los demandados, ahora peticionarios. El foro a quo

razonó que, debido a lo ocurrido en el caso K CD2015-0198, la 

Sentencia que dio Ha Lugar al desistimiento voluntario fue sin 

perjuicio y no constituye cosa juzgada debido a que se trata de un 

primer desistimiento. En adición, la sentencia de desestimación con 

perjuicio en el referido caso se dejó sin efecto por el mismo Tribunal 

a causa de los defectos en notificación, por lo que se debe dar por 

no puesta y no puede producir el efecto de una adjudicación en los 

méritos. Por tanto, el foro a quo concluyó que Luna estaba habilitado 

para presentar el pleito de epígrafe y no procedía la desestimación.

El 1 de junio de 2023, los demandados presentaron una 

Moción en Solicitud de Reconsideración. El foro a quo declaró No Ha 

Lugar a la solicitud de reconsideración mediante Resolución emitida 

el 5 de junio de 2023, notificada al día siguiente. Inconforme, el 5

de julio de 2023, los demandados presentaron el auto de certiorari

ante nos con los siguientes señalamientos de error:
KLCE202300752 4

ERR[Ó] [EL] TPI, AL NO ORDENARLE REPLICAR A LA 

PARTE DEMANDANTE, NI DECIDIR (RESOLVER) EL 

ASUNTO SOBRE SU FALTA DE JURISDICCIÓN DESDE 

QUE LOS DEMANDADOS, POR DERECHO PROPIO, LO 

MENCIONARON “QUE LA MISMA DEMANDA HABÍA 

SIDO DESESTIMADA ANTERIORMENTE: CUANDO 

RADICARON OPOSICIÓN A LA ANOTACIÓN DE 

REBELDÍA Y SENTENCIA.

ERR[Ó] EL TPI AL NO RESOLVER Y DESESTIMAR 

CUANDO LOS DEMANDADOS SOLICITARON 

DESESTIMACIÓN Y EL CASO QUED[Ó] SOMETIDO

PARA DISPOSICIÓN, CONFORME A DERECHO, DESDE 

EL 15 DE AGOSTO DE 2022.

ERR[Ó] AL NO RESOLVER LA MOCIÓN SOLICITANDO 

DESESTIMACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 39.2 B DE 

LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL POR COSA JUZGADA 

PRESENTADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022.

ERR[Ó] AL PERMITIR LITIGACIÓN ATROPELLADA DE 

UNA DEMANDA QUE[,] DE SU FAZ, ADOLECEN DE 

ALEGACIONES BÁSICAS Y NO CUMPLEN CON LAS 

REGLAS. NO SURGE FECHA DE INCUMPLIMIENTO. LAS 

MENCIONES DE DOCUMENTOS QUE DATAN DE 

FECHAS REMOTAS Y FALTA FECHAS IMPORTANTES, 

ANUNCIAN PRESCRIPCIÓN. La [sic] demanda [sic] NO 

CONTIENE RENUNCIA A INTERESES COBRADOS EN 

EXCESO (USURA [sic].

ERR[Ó] AL PERMITIR QUE DURANTE LA MOCIÓN 

SOLICITANDO ANOTACIÓN DE REBELDÍA, SE 

INTENTARA “ENMENDAR” ALEGACIONES EN LA 

DEMANDA, QUE AL VERLAS CONSIGNADAS EN LA 

DECLARACIÓN JURADA DE UN ABOGADO DE LUNA, 

TEN[Í]A QUE PROHIBIRLAS Y ORDENAR EMPLAZAR 

NUEVAMENTE.

ERR[Ó] AL PERMITIR ASUNTOS LITIGIOSOS CIVILES, 

MOCIONES PRECIPITANDO RESOLUCIÓN DEL CASO, 

EN REBELDÍA; AL NO CONSIGNAR EN MINUTA, LOS 

EXHIBITS, LAS DETERMINACIONES SOBRE LO 

DECLARADO POR EL EMPLAZADOR Y LAS 

ARGUMENTACIONES DURANTE LA VISTA CELEBRADA 

EL 30 DE AGOSTO, IMPUGNANDO EL PROCEDIMIENTO 

CONDUCENTE AL EMPLAZAMIENTO POR EDICTO.

ERR[Ó] AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA AL 

TRANSCURRIR LOS 120 DÍAS SIN EMPLAZAR A LOS 

DEMANDADOS.

ERR[Ó] AL PERMITIR LA LITIGACIÓN DE ASUNTOS 

LITIGIOSOS SOBRE MEDIACIÓN COMPULSORIA SIN 

COMENZAR CON LOS PROCESOS DE OTRAS REGLAS Y 

ESTANDO SOMETIDA LA DESESTIMACIÓN.

ERR[Ó] IGUAL AL PERMITIR LITIGAR, [sic] EL ASUNTO 

SOBRE “LA REPRESENTACIÓN H[Í]BRIDA” QUE ES UNA 

RECUSACIÓN/DESCALIFICACIÓN CAPRICHOSA, 

ESTRATÉGICA DE UNA PARTE, VEDADO EN LA 

DOCTRINA SOBRE RECUSACIÓN. ADEMÁS, DE LOS 

AUTOS NO SURGE UN ÁPICE DE NINGUNO DE LOS 

CRITERIOS PARA ELLO. SIENDO ELLO[,] ADEMÁS, 
KLCE202300752 5

CONTRARIO AL PROPÓSITO DE BRINDAR ACCESO A LA 

JUSTICIA (QUE PERMEA LA REGLAMENTACIÓN Y 

PROGRAMAS DE LA RAMA JUDICIAL (QUE PROMUEVE 

LA REPRESENTACIÓN PRO SE. [sic]

DE LOS AUTOS NO SE DABAN ELEMENTOS, NI LOS 

ESCENARIOS PARA TAN SIQUIERA PENSAR 

COMENZAR EL PROCESO DE RECUSAR A UN 

ABOGADO, PARTE DEMANDADA, NI PROHIBIRLE A 

DOS LITIGANTES DEFENDERSE PRO SE.

ERR[Ó] AL PERMITIR TODO LO ANTERIOR PARA 

DILATAR Y NO SANCIONAR LA TEMERIDAD AL NO 

ACEPTAR, LA NATURALEZA DE COSA JUZGADA AL 

MOMENTO DE RADICAR, A TRAVÉS DE LU[N]A, UN 

TERCERO, LUEGO DE LA DESESTIMACIÓN POR 

ABANDONO OCURRIDA EN EL CASO 2015.

ERR[Ó] AL NO RESOLVER SOBRE SU JURISDICCIÓN 

SOBRE LAS PARTES Y LA CAUSA DE ACCIÓN CUANDO 

LA NORMA REQUIERE QUE EL TRIBUNAL EXAMINE 

DETENIDAMENTE LA DEMANDA TAL Y COMO 

REDACTADA, LAS PARTES, LA CALIDAD EN QUE LO 

SON. AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN LA 

SECRETARIA DE RADICACIÓN NOTIFIC[Ó] ERROR AL 

IDENTIFICAR A LOS PARTICIPANTES. La doctrina 

establece que el TPI tiene la obligación sobre su jurisdicción y 

las ALEGACIONES SOBRE TITULARIDAD, CAPACIDAD, 

REQUISITOS BÁSICOS PARA CONCEDER UN REMEDIO.

Erró el Honorable Tribunal al no resolver la Moción de 

Desestimación oportunamente y permitido un extravío de la 

justicia de tal magnitud luego del paso de tanto tiempo.

ERR[Ó] M[Á]S A[Ú]N, al no haber tratado el caso, la Demanda, 

como un caso en donde han ocurrido cierres de Bancos, fusiones, 

venta de activos, compras de activos, cesiones de intereses, 

cesiones de crédito. Los autos del caso revelan Moción tras otra, sin 

sentido ni coherencia jurídica para una acción de cobro y ejecución 

de hipoteca.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA POR HABER VALIDADO LOS PROCESOS 

AQUELLOS “COMO SI EN NUESTRO ORDENAMIENTO 

SE PERMITIERA ALGO ASÍ COMO “FULL FAITH AND 

CREDIT” ENTRE SALAS HERMANAS, COMO SI NUNCA 

HUBIERE EXISTIDO UNA SENTENCIA FINAL EN PLENO 

EFECTO Y VIGOR. SE TENIA [sic] QUE PERCATAR QUE 

NO PROCEDÍA EL RELEVO AL HABER TRANSCURRIDO 

MAS DE 6 MESES (REGLA 49.2) Y NO HABER RADICADO 

UN PLEITO APARTE SOBRE NULIDAD COMO DISPONE 

LA DOCTRINA.

ERR[Ó] EL TPI AL CONCEDERLE STANDING A 

SANTANDER FINANCIAL QUE NUNCA HA SIDO PARTE 

CON STANDING EN ESTE CASO Y MENOS PERMITIR 

“EXTRAPOLARA” [sic] UNA LITIGACIÓN Y SU 

RESULTADO AL PRESENTE CASO.

ERRÓ EL T[P]I AL NO EXIGIR Y A LA VEZ VALIDAR LA 

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL, SOBRE 

NULIDAD DE SENTENCIA DICTADA Y EN SOLICITUD DE 

SENTENCIA DE DESISTIMIENTO VOLUNTARIO

SOMETIDA POR SANTANDER FINANCIAL SIN 
KLCE202300752 6

RECONOCER QUE EL TRIBUNAL CARECÍA DE 

JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA SENTENCIA FINAL Y 

FIRME DICTADA EN EXCESO DE SEIS MESES Y POR SER 

COSA JUZGADA[.]

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DARLE 

PESO A UNA “MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE 

REMEDIOS” SOMETIDA POR LUNA RESIDENTIAL, ANTE 

OTRA SALA (504) A PESAR DE QUE EL TRIBUNAL 

CARECÍA DE JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA 

SENTENCIA FINAL Y FIRME DICTADA EN EXCESO DE 

SEIS MESES Y POR SER COSA JUZGADA Y ESTAR EN 

PLENO EFECTO Y VIGOR.

ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA SENTENCIA DE 

DESISTIMIENTO SIN PERJUICIO, A PESAR DE QUE 

CARECÍA DE JURISDICCIÓN POR EXISTIR UNA 

SENTENCIA FINAL Y FIRME DICTADA EN EXCESO DE LOS 

SEIS MESES Y POR SER COSA JUZGADA. ADEMÁS, DICHA 

SENTENCIA ES CONTRARIA A DERECHO.

ERRÓ EL TPI AL VALIDAR UNA RESOLUCIÓN DE OTRO 

CASO QUE ORDENA [sic] SE ELIMINE DEL REGISTRO DE 

NOTIFICACIONES A FIRSTBANK, QUE SE INCLUYA A 

SANTANDER FINANCIAL Y A LUNA RESIDENTIAL Y SE 

ADMITA AL LCDO. RIVERA MEDINA COMO ABOGADO DE 

SANTANDER FINANCIAL EN OTRO CASO COMO SI 

TUVIERA DICHA AUTORIDAD EXCEDIÉNDOSE 

CUANDO NO TEN[Í]A NADA QUE VER Y NO HABÍA 

REVISADO EL EXPEDIENTE, NI EL TRACTO DE LAS 

NOTIFICACIONES A LAS PARTES Y ABOGADOS.

ERRÓ EL TPI [sic] VALIDAR EN SU SENTENCIA “QUE NO 

SE HABÍA NOTIFICADO A LAS PARTES DE AQUEL CASO, 

CUANDO NI LUNA RESIDENTIAL NI SANTANDER 

FINANCIAL ERAN PARTES EN EL CASO Y CARECÍAN DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA (STANDING).

3

Habiendo comparecido las partes y presentado sus escritos, 

damos por perfeccionado el recurso ante nos y procedemos a 

exponer el derecho aplicable.

II

A. Certiorari

El recurso de certiorari es un mecanismo procesal de carácter 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones del tribunal recurrido.4 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil5 establece los preceptos que regulan la 

3 Los señalamientos de error fueron transcritos tal como se presentaron en el 

recurso, salvo pequeñas correcciones bajo corchetes “[]”.

4 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR ___ (2023); McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).

5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
KLCE202300752 7

expedición discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre 

el referido recurso para la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.6 En lo 

pertinente, la Regla 52.17 dispone lo siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.8

La discreción del tribunal revisor no debe abstraerse del resto 

del Derecho, y por lo tanto, es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para así llegar a una conclusión 

justiciera.9 Así pues, la discreción judicial para expedir o no el auto 

de certiorari no ocurre en un vacío ni en ausencia de parámetros.10

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones11 orienta la función del tribunal intermedio para ejercer 

sabiamente su facultad discrecional y establece los criterios que 

6 Id.; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 709 (2019).

7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1

8 Id.

9 Torres González v. Zaragosa Meléndez, 211 DPR ___ (2023); Mun. Caguas v. JRO 

Construction, supra, 712; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 338.

10 Id.

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300752 8

debe considerar al determinar si procede o no expedir un auto de 

certiorari.

12 La referida regla dispone lo siguiente:

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

Cabe precisar que el recurso de certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional que debe ser utilizado con cautela y 

solamente por razones de peso.13 Es por ello que los tribunales 

revisores deben limitarse a aquellos casos en que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.14 Nuestro 

ordenamiento jurídico ha establecido que el tribunal revisor sólo 

intervendrá con las facultades discrecionales de los foros primarios 

en circunstancias extremas y en donde se demuestre que éstos:

(1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

12 Torres González v. Zaragosa Meléndez, supra; Rivera Gómez v. Arcos Dorados 

Puerto Rico, Inc., supra; Mun. Caguas v. JRO Construction, supra; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, págs. 404-405; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, págs. 338-339.

13 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 918 (2009).

14 Id.
KLCE202300752 9

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.15

III

En el recurso ante nuestra consideración, los peticionarios 

presentaron veinte (20) señalamientos de error. Luego de un estudio 

concienzudo, resultó claro que gran parte de los señalamientos son 

sobre cuestiones no contempladas en la Resolución de la cual se 

recurre. Varios de los errores señalados versan sobre asuntos del 

caso K CD2015-0198, cuyas cuestiones ya han sido adjudicados 

mediante Sentencia final y firme de este Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLAN202300275.16 En adición a lo anterior, se cuestiona 

procesos ya adjudicados en el caso de epígrafe y se ataca al manejo 

del caso por el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, los 

peticionarios no presentaron el remedio adecuado de manera 

oportuna, por lo que no corresponde atenderlos en el presente

recurso.

Los remanentes señalamientos de error que sí están 

contemplados en la Resolución recurrida simplemente no activan 

ninguno de los criterios esbozados en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones17. En adición, no se demostró que el foro a 

quo haya actuado con prejuicio o parcialidad, haya abusado de su 

discreción o cometido algún error en su interpretación o aplicación 

del derecho sustantivo aplicable. En ausencia de algún criterio o 

elemento que amerite la intervención de este foro intermedio, no 

procede ejercer nuestra función revisora y, en su consecuencia, 

tampoco la expedición discrecional del presente auto de certiorari.

15 Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra; Cruz Flores et al. v. Hosp. 

Ryder et al., 210 DPR 465, 497 (2022); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).

16 Hacemos constar que la Sentencia en el recurso KLAN202300275 fue dictada 

posterior a la presentación del presente recurso. De igual modo, no es objeto de 

la Resolución recurrida.

17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
KLCE202300752 10

IV

Por los fundamentos que anteceden, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones