Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

ABIGAIL CRUZ 

RODRÍGUEZ

Parte Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Parte Recurrida

KLRA202300204

Revisión de 

Decisión 

Administrativa

procedente del

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Sobre: 

Reclasificación

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023. 

Comparece ante nos el señor Abigail Cruz Rodríguez 

(recurrente o señor Cruz Rodríguez), por derecho propio y en forma 

pauperis, y solicita que revoquemos la determinación emitida el 24 

de febrero de 2023, por el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Comité de 

Clasificación). Mediante el referido dictamen, el Comité de 

Clasificación reclasificó al recurrente de custodia mínima a custodia 

mediana, por violación a las condiciones del mandato de liberación 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta). El 14 de marzo de 

2023, el señor Cruz Rodríguez solicitó reconsideración, la cual el 

Comité de Clasificación determinó no acoger el 29 de marzo de 2023, 

notificada el 18 de abril de 2023.

Con el beneficio de la comparecencia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR), representado por la Oficina del 

Procurador General, resolvemos. 
KLRA202300204 2

I.

El recurrente fue sentenciado el 14 de mayo de 1985, a 

cumplir cuatro (4) años de prisión por los delitos de robo y los Art. 

6 y 7 de la Ley de Armas. El 21 de mayo de 1985 fue clasificado a

custodia mediana. Luego de varios autos de prisión provisional y de 

reingresos al sistema penal, el 8 de septiembre de 1986, fue 

sentenciado a cumplir noventa y nueve (99) años por asesinato en 

primer grado y le fue revocado el privilegio de libertad bajo palabra. 

Posteriormente, fue sentenciado a cumplir quince (15) años por 

escalamiento agravado, cinco (5) años por daños agravados y seis (6)

meses por el Art. 172 del Código Penal de 1974, posesión de 

herramientas para escalar. Luego de un extenso trámite procesal, el 

25 de mayo de 2019, nuevamente le fue otorgado el privilegio de 

libertad bajo palabra. 

Disfrutando del privilegio de libertad bajo palabra, el 31 de 

agosto de 2022, el señor Cruz Rodríguez irrumpió en la morada de 

su expareja, profiriéndole insultos y palabras soeces de manera 

verbal y por mensajes de texto. Como consecuencia, se expidió una 

Orden de Protección1 en su contra y la Junta emitió una Orden de 

Arresto en su contra el 27 de septiembre de 2022, por lo que fue 

puesto bajo la custodia del DCR nuevamente.

Como parte de los procedimientos, la Junta celebró una Vista 

Sumaria Inicial en la cual determinó causa probable contra el señor 

Cruz Rodríguez.2 Luego de varios trámites procesales, el 15 de 

diciembre de 2022, se celebró la Vista Final de Revocación por 

Violación de Condiciones #9, #11 y #12 impuestas en el Mandato de 

Liberación, en la cual la Junta revocó el privilegio de libertad bajo 

palabra al señor Cruz Rodríguez por haber sido amonestado en dos 

ocasiones al violar las condiciones del mandato y por su “conducta

1 La orden de protección tiene el siguiente número: OPA-2022-027093. 

2 Véase, Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Resolución, págs. 1-7.
KLRA202300204 3

sin los controles necesarios para funcionar en ambientes no 

estructurados”. Además, el Comité de Clasificación aplicó la escala 

de recalificación de custodia en la que arrojó una puntuación de 4, 

ubicándolo en custodia mínima.3 Sin embargo, el Comité de 

Clasificación acogió la modificación discrecional de “Reingreso por 

violación de normas”, y reclasificó al señor Cruz Rodríguez en 

custodia mediana, por haber sido revocado el privilegio de libertad 

bajo palabra conforme establece el Manual para la Clasificación de

los Confinados, Reglamento Núm. 9151, del 22 de enero de 2020, 

efectivo a partir del 20 de febrero de 2020.

El 13 de febrero de 2023, la Sociedad para la Asistencia Legal, 

en representación del señor Cruz Rodríguez, presentó una Moción 

de Reconsideración de Revocación de Libertad Bajo Palabra, en la 

cual expuso que la Junta debía reconsiderar su determinación de 

revocar el privilegio por entender que el querellado no cuenta con 

un hogar viable, y permitirle que coordinara una nueva visita a la 

vivienda propuesta por el Sr. Luis Ayala, amigo consejero del 

recurrente.

El 24 de febrero de 2022, el Comité de Clasificación emitió 

una Resolución4, en la cual determinó lo siguiente: 

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 del 21 de 

noviembre de 2011, “Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación”, al 

amparo del Manual Para La Clasificación de Confinados 

#9151 del 22 de enero de 2020 y a la luz de lo 

anteriormente expuesto; el Comité de Clasificación y 

Tratamiento acordó: Reclasificar de custodia Mínima a 

custodia Mediana.

Confinado salió en Libertad Bajo Palabra el 29 de mayo 

de 2019, el 27 de septiembre de 2022 [reingresó] con 

una orden de arresto de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra y el 15 de diciembre de 2022 se celebró la Vista 

Final de revocación y le revocaron la Libertad Bajo 

Palabra por violación a las condiciones número 9,11 y 

12 del Mandato de Libertad Bajo Palabra. Con la 

conducta observada mientras se encontraba 

disfrutando del privilegio de Libertad Bajo Palabra nos 

3 Véase, Apéndice de la Revisión Administrativa, pág. 10-13.

4 Id., págs. 7-9.
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demuestra que no cuenta con los controles necesarios 

para funcionar en ambientes no estructurados. Deberá 

beneficiarse de los tratamientos que estén disponibles 

en el sistema penal para reforzar las conductas 

saludables que se observan en la comunidad. En una 

sociedad donde los niveles de tolerancia son frágiles es 

recomendable que se beneficie de tratamiento. 

(Énfasis suplido).

Inconforme con la determinación de la Junta, el 14 de marzo 

de 2023, el señor Cruz Rodríguez, por derecho propio, presentó un 

formulario intitulado Proceso de Reconsideración Sobre 

Recalificación de Custodia, en el cual arguyó que estaba siendo 

sentenciado dos veces por el mismo delito, y que estaba siendo 

víctima de discrimen.5 El 29 de marzo de 2023, notificada el 18 de 

abril de 2023, el Comité de Clasificación determinó no acoger la 

solicitud de reconsideración presentada por el señor Cruz 

Rodríguez, ratificando la determinación de la Resolución emitida el 

24 de febrero de 2023.6

Aun en desacuerdo con la determinación de la Junta, el 25 de 

abril de 2023, recibido ante la Secretaría de este Tribunal de 

Apelaciones el 8 de mayo de 2023, el señor Cruz Rodríguez presentó 

un recurso de revisión administrativa.

7 De la comparecencia del 

señor Cruz Rodríguez no surgen con especificidad los señalamientos 

de error. Sin embargo, de una lectura de sus alegaciones, 

entendemos solicita que la clasificación que realizó el Comité de 

Clasificación le sea honrada y se le devuelva a la escala mínima en 

la institución carcelaria donde se encuentra actualmente 

cumpliendo su sentencia. 

El 19 de mayo de 2023, emitimos Resolución a los efectos de 

conceder al DCR un término de diez (10) días para proporcionar un 

5

Id., págs. 1-4.

6

Id., págs. 5-6.

7 El recurso de Revisión Administrativa presentado por el señor Cruz Rodríguez 

tiene el ponche del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 25 de abril 

de 2023. Se entiende que el recurso fue presentado en la fecha de entrega a la 

institución carcelaria. Álamo Romero v. Adm. De Corrección, 175 DPR 314, 323 

(2009).
KLRA202300204 5

Formulario de Indigencia al señor Cruz Rodríguez y se entregara 

debidamente juramentado a este Tribunal de Apelaciones. En 

cumplimiento con lo anterior, el 31 de mayo de 2023, el recurrente 

presentó la Solicitud y Declaración para que se Exima de Pago el 

Arancel por Razón de Indigencia debidamente cumplimentado y 

juramentado el 23 de mayo de 2023. 

El 5 de junio de 2023, concedimos un término al DCR para 

presentar su alegato en oposición. En cumplimiento de orden, el 30 

de junio de 2023, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, 

en representación del DCR, presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Resolución. Mediante su comparecencia, alega que el Manual de 

Clasificación provee cierta flexibilidad al Comité de Clasificación 

para adecuar caso a caso mediante modificaciones, algunas 

obligatorias y otras discrecionales. Además, aducen que el señor 

Cruz Rodríguez no presentó prueba alguna que rebatiera la 

presunción de corrección y legalidad a favor de la Resolución del 

Comité de Calificación. 

II.

-AEs doctrina reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial.8 Ello, en vista 

al gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.9 Esta deferencia se debe a que son estos los que cuentan 

con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de los 

asuntos que les son encomendados.10

8 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 839 (2021); Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019); OSC v. CODEPOLA, 202 

DPR 842, 853 (2019).

9 OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 

DPR 341, 358 (2012).

10 OEG v. Martínez Giraud, 210 DPR 79 (2022); The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 

821, 829 (2007); Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 

(2004).
KLRA202300204 6

Así pues, la decisión de una agencia administrativa gozará de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla.11 El criterio rector para la revisión de este 

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la actuación 

de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye 

un abuso de discreción.12

A su vez, la revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas.13

B.

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, dispone que será 

política pública del Estado reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva, y propender, 

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.14

Cónsono con ello, el Art. 10 del Plan de Reorganización Núm. 

2-201115, estatuye que “[l]a población correccional será sometida a 

evaluaciones periódicas con el propósito de conocer y analizar su 

situación social, física, emocional y mental, historial delictivo e 

identificar sus capacidades, intereses, motivaciones, controles y 

limitaciones, a los fines de clasificarlos y determinar el plan de 

acción a tomar en cada caso, en armonía con los principios de 

11 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).

12 Íd., pág. 216. 

13 Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., supra, págs. 839-840; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009). 

14 López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 619 (2012). 

15 Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011, 3 LPRA Ap. XVIII.
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tratamiento individualizado y seguridad pública enmarcados en los 

propósitos de este Plan”.

16

A tales fines, el Departamento aprobó el Manual para la 

Clasificación de los Confinados, Reglamento Núm. 9151, del 22 de 

enero de 2020, efectivo a partir del 20 de febrero de 2020. El 

propósito de la reglamentación es establecer un sistema organizado 

para ingresar, procesar y asignar a los confinados a instituciones y 

programas del Departamento.17 

Como parte de la política de la agencia, se encuentra la 

clasificación “de acuerdo con el nivel de custodia restrictiva más bajo 

que se requiera, la asignación de vivienda y la participación de los 

confinados en programas de trabajo y educación, adiestramiento 

vocacional y recreación que sean apropiados para ellos”.18

Precisamente, el Tribunal Supremo ha explicado que “la importancia 

de la reducción del nivel de custodia, como parte del proceso de 

rehabilitación, se refleja en la regla que enuncia constantemente el 

[Reglamento Núm. 9151]19: se tiene que ubicar a cada confinado en 

el nivel de custodia menos restrictivo posible”.20

De otro lado, el Artículo IV, Sección 1, del Reglamento Núm. 

9151 establece que el Comité de Clasificación y Tratamiento es el 

responsable de evaluar las necesidades de seguridad y de los 

programas de los confinados sentenciados. El Comité tiene a su 

cargo la evaluación de los confinados, en lo concerniente a sus 

necesidades, aptitudes, intereses, limitaciones y funcionamiento 

social.21 Sus objetivos primordiales son la rehabilitación, la 

asignación de custodia y la seguridad pública.22 

16 Íd.

17 Art. II del Reglamento Núm. 9151.

18 Art. III (1) del Reglamento Núm. 9151.

19 A pesar de que la citada opinión cita el Manual de Clasificación de 2000, los 

principios invocados permanecieron inalterados en la versión del 2020. 

Perspectiva General (I) del Reglamento Núm. 9151.

20 López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 608.

21 Art. IV, Sec. 2 (IV) del Reglamento Núm. 9151.

22 Art. IV, Sec. 2 (IV)(A) del Reglamento Núm. 9151.
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El sistema consta de una clasificación inicial del confinado, 

seguida de un proceso de reclasificación23 periódica de cada reo. En 

lo atinente, una clasificación objetiva se refiere al “proceso confiable 

y válido mediante el cual se clasifica a los confinados y se les 

subdivide en grupos, basándose en varias consideraciones, entre las 

que se incluyen: la severidad del delito, su historial de delitos 

anteriores, su comportamiento en las instituciones, los requisitos de 

seguridad y supervisión y las necesidades identificables de 

programas y servicios específicos”.24 La reglamentación establece, 

además, que la reclasificación de confinados es el procedimiento 

para la revisión de la asignación del nivel actual de custodia de cada 

confinado, con el fin de determinar cuán apropiada es ésta.25 Al 

exponer los objetivos perseguidos por dicho sistema, el Reglamento 

Núm. 9151 dispone el uso del formulario Escala de Reclasificación 

de Custodia (Casos Sentenciados), reproducido en el Apéndice K, del 

cuerpo reglamentario, y aclara que:

[...] La reevaluación de custodia no necesariamente 

tiene como resultado un cambio en la clasificación de 

custodia o la vivienda asignada. Su función primordial 

es verificar la adaptación del confinado y prestarle 

atención a cualquier situación que pueda surgir.

La reevaluación de custodia se parece a la evaluación 

inicial de custodia, pero recalca aún más en la conducta 

institucional como reflejo del comportamiento real del 

confinado durante su reclusión. Es importante que los 

confinados que cumplan sentencias prolongadas 

tengan la oportunidad de obtener una reducción en 

niveles de custodia mediante el cumplimiento con los 

requisitos de la institución.26

La segunda sección de la Escala de Reclasificación de 

Custodia, denominada Evaluación de Custodia, detalla el proceso

para revisar y actualizar la evaluación inicial del confinado. La 

23 El Reglamento Núm. 9151 define la reclasificación como la “[r]evisión periódica 

de los confinados en lo que respecta a su progreso como parte del Plan 

Institucional, así como también a su categoría de custodia”. Art. IV, Sec. 1 del 

Reglamento Núm. 9151.

24 Art. IV, Sec. 1 del Reglamento Núm. 9151.

25 Art. IV, Sec. 7 (I) del Reglamento Núm. 9151.

26 Art. IV, Sec. 7 (II) del Reglamento Núm. 9151. 
KLRA202300204 9

sección contiene la escala de reclasificación de custodia para los 

casos de confinados sentenciados y enumera ocho criterios para 

realizar la correspondiente evaluación. Estos son: (1) la gravedad de 

los cargos y sentencias actuales; (2) el historial de delitos graves 

previos; (3) el historial de fuga o tentativas de fuga; (4) el número de 

acciones disciplinarias; (5) las acciones disciplinarias serias; (6) las 

sentencias anteriores por delitos graves como adultos; (7) la 

participación en programas; y, (8) la edad actual del miembro de la 

población correccional.27 

Una vez completados los ocho renglones de la Evaluación de 

Custodia en la Escala de Reclasificación de Custodia, a base del 

resultado que se obtenga, se recomienda un nivel de custodia, que 

puede variar entre máxima, mediana o mínima. El nivel de custodia 

según la escala es el siguiente: 5 puntos o menos, corresponde a 

una custodia mínima; 5 puntos o menos si el confinado tiene una 

orden de arresto o detención, corresponde a una custodia mediana; 

6 a 10 puntos, corresponde a una custodia mediana; 7 puntos o más 

en los renglones 1 al 3, corresponde a una custodia máxima; y, 11 

puntos o más en los renglones 1 al 8, corresponde a una custodia 

máxima.28 

Por otro lado, la Escala de Reclasificación de Custodia

establece en la tercera sección unos criterios adicionales, tanto 

discrecionales como no discrecionales, que contemplan 

consideraciones especiales en el manejo de la asignación de niveles 

de custodia. Una modificación discrecional se refiere al “conjunto de 

factores específicos de clasificación que el personal puede usar para 

modificar la puntuación de clasificación de un confinado, pero 

solamente con la aprobación del supervisor de clasificación.”29

27 Apéndice K, Sec. II, del Reglamento Núm. 9151.

28 Apéndice K, Sec. III, del Reglamento Núm. 9151.

29 Art. IV, Sec. 1 del Reglamento Núm. 9151.
KLRA202300204 10

La reglamentación vigente establece unas modificaciones 

discrecionales para un nivel de custodia más alto. Estas son: (1) la 

gravedad del delito; (2) el historial de violencia excesiva; (3) la 

afiliación con gangas; (4) la dificultad en el manejo del confinado; (5) 

los grados de reincidencia; (6) el riesgo de fuga; (7) el 

comportamiento sexual agresivo; (8) los trastornos mentales o 

desajustes emocionales; (9) si representa una amenaza o peligro; 

(10) la desobediencia de las normas o rehusarse al plan de 

tratamiento; y, (11) el reingreso por violación de normas.30 

No obstante, “toda modificación discrecional deberá estar 

basada en documentación escrita que evidencia ajustes adecuados 

y que se ha beneficiado de los programas de tratamientos 

requeridos, proveniente de informes disciplinarios, informes de 

querellas, informes de libros de novedades, documentos del 

expediente criminal o social, y cualquier otra información o 

documento que evidencia ajustes o comportamiento del confinado 

contrario a las normas y seguridad institucional”.31

Por otra parte, el Reglamento Núm. 9151 incluye 

determinadas modificaciones no discrecionales. Aunque la 

reglamentación no define el término, de su cuerpo se desprende que 

estos factores inciden en la modificación de la clasificación de 

custodia y la persona que califica no tiene discreción en cuanto a su 

aplicación, sino que debe limitarse a anotar si el confinado cumple 

o no con los criterios consignados. Los factores son: (1) confinados 

con sentencias de 99 años o más; (2) orden de deportación; y, (3) 

más de 15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra.32 

30 Apéndice K, Sec. III (D) del Reglamento Núm. 9151.

31 Apéndice K, Sec. III (D) del Reglamento Núm. 9151.

32 Apéndice K, Sec. III (C) del Reglamento Núm. 9151.
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III.

En síntesis, el recurrente solicita que revoquemos la 

determinación del Comité de Clasificación de mantenerlo en un nivel 

de custodia mediana, aun cuando su evaluación arrojó una 

puntuación de cuatro (4), que corresponde a un nivel de custodia 

mínima. Asimismo, alega que la determinación del Comité de 

Clasificación es incorrecta y ha retrasado su proceso de 

rehabilitación al ordenar su reingreso a la institución penal. 

Además, que es una decisión arbitraria y caprichosa que violenta el 

reglamento del DCR. No le asiste la razón. Veamos. 

El Apéndice K, Sección III (D) del Reglamento Núm. 9151 

establece las modificaciones discrecionales para un nivel de 

custodia mas alto, de la siguiente manera: 

Toda modificación discrecional debe estar basada en 

documentación escrita, proveniente de reportes 

disciplinarios, informes de querellas, informes de libros 

de novedades, documentos del expediente criminal o 

social y cualquier otra información o documento que 

evidencia ajustes o comportamiento del confinado 

contrario a las normas y seguridad institucional. 

[...]

Reingreso por violación de normas: 

Incluye los confinados que, estando 

ubicados en centros de tratamiento 

públicos o privados en la comunidad, o en 

los Hogares de Adaptación Social y son 

devueltos a la institución por no cumplir o 

violar las normas del programa de 

tratamiento. Además, podrá considerarse 

al confinado que ingrese por violar las 

condiciones a la libertad a prueba o libertad 

bajo palabra. 

En el balance de intereses que conlleva la determinación del 

cambio en la clasificación de custodia, el Comité de Clasificación 

tiene que sopesar criterios subjetivos y objetivos para asegurar la 

seguridad de la institución y la rehabilitación del confinado. 

En la Resolución emitida por el Comité de Clasificación en el 

caso de epígrafe, estos especificaron que fundamentaron su 

determinación por este haber violado las condiciones #9, #11 y #12 
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del Mandato de Libertad Bajo Palabra. Enfatizaron que la conducta 

observada mientras el señor Cruz Rodríguez disfrutaba del privilegio 

de libertad bajo palabra demostró que no cuenta con los controles 

necesarios para funcionar en ambientes no estructurados. 

Asimismo, recomendaron que el señor Cruz Rodríguez debía 

beneficiarse de los tratamientos que estuviesen disponibles en el 

sistema penal para reforzar las conductas saludables que se 

observan en la comunidad. 

Si bien en la Escala de Reclasificación de Custodia el 

recurrente obtuvo una puntuación que equivale al nivel de custodia 

mínima, dicha evaluación no es el único criterio que utiliza el Comité 

de Clasificación para analizar y recomendar el nivel de custodia 

apropiado para el confinado. En otras palabras, la agencia no está 

obligada a considerar, de manera aislada, el resultado de dicha 

evaluación y hacer abstracción de las demás circunstancias que 

rodean al confinado. Por ello, existen modificaciones discrecionales 

que llevaron al Comité de Clasificación a concluir que el señor Ortiz 

Rodríguez debía permanecer en custodia mediana.

El marco de revisión de este Tribunal se circunscribe a un 

estándar de razonabilidad. En ese contexto, concluimos que la 

determinación recurrida se fundamentó en el expediente 

administrativo y constituyó una actuación razonable de la agencia 

administrativa. En resumen, la determinación administrativa 

merece nuestra deferencia. Las determinaciones de hechos de 

organismos y agencias tienen a su favor una presunción de 

regularidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte 

que las impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarlas. 

El señor Ortiz Rodríguez no demostró de manera fehaciente que el 

Comité de Clasificación actuó de manera irrazonable, caprichosa, 

ilegal o fuera del marco de los poderes delegados a ésta. Es por eso 

que, procede confirmar la determinación recurrida. 
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones