NÚMERO IDENTIFICADOR

RES2024______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel VIII

LCDO. ANTONIO J. SANTOS 

PRATS

Peticionario

v.

PROVIDENT HEALT CORP.; 

DORADO HEALTH, INC.; 

MAYAGÜEZ MEDICAL 

CENTER; DR. RAMÓN 

EMETERIO BETANCES, INC.; 

BAYAMÓN MEDICAL CENTER, 

CORP.; PUERTO RICO WOMEN 

& CHILDREN’S HOSPITAL LLC, 

BAYAMÓN IMAGING & 

INTERVENTIONAL INSTITUTE, 

LLC; BHC HOLDINGS, LLC, 

BMHC LLC; QUIRÓS 

INVESTMENT HOLDINGS, LLC

Recurridos

KLCE202400887

Certiorari 

procedente del

Tribunal de

Primera Instancia

Sala de Bayamón

Caso Núm.

BY2023CV06054

Sobre:

Derecho Laboral; 

Incumplimiento de 

Contrato Laboral; Ley 2 

Procedimiento Sumario

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Adames 

Soto y la Jueza Santiago Calderón

Adames Soto, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

Comparece el Lcdo. Antonio J. Santos Prats (peticionario) mediante 

recurso de certiorari, solicitándonos que revoquemos una Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI) el 

23 de julio de 2024. Mediante este dictamen interlocutorio, el foro

recurrido le ordenó al peticionario a contestar 72 interrogatorios y 

requerimientos de producción de documentos, determinando que no 

constituían materia privilegiada.

El peticionario acude ante nosotros aduciendo que incidió el foro 

recurrido al así decidir, pues, afirma, los interrogatorios y requerimientos 
KLCE202400887 2

de producción de documentos solicitan materia privilegiada que no es 

descubrible.

Junto con el recurso de certiorari fue presentada una Moción en 

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción, solicitando la paralización 

de los procedimientos en el TPI, hasta tanto culminara la intervención de 

este foro intermedio. 

Evaluados los asuntos presentados, determinamos denegar el 

recurso de certiorari. 

I. Resumen del tracto procesal 

Limitándonos a exponer solo los asuntos procesales pertinentes, el 

25 de octubre de 2023, el peticionario presentó una Querella por 

incumplimiento de contrato de empleo contra Provident Health Corp; 

Dorado Health, Inc.; Mayagüez Medical Center-Dr. Ramón Emeterio 

Betances, Inc.; Bayamón Medical Center, Corp.; Puerto Rico Women & 

Children’s Hospital, LLC; Bayamón Imaging & Interventional Institute, 

LLC; BHC Holdings, LCC; BMHC, LLC; Quirós Investment Holdings, LLC 

y José L. Quirós Jorge (los recurridos). La referida querella fue 

presentada bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Sumario de Procedimientos Laborables, Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118-3132. En esencia, fue alegado

que, el 1 de septiembre de 2023, el peticionario fue despedido sin justa 

causa de su posición como Vicepresidente Ejecutivo y Principal Oficial 

Legal de Provident Health Corp. A tenor, sostuvo que le correspondía el 

remedio contractual contemplado en el Contrato de Empleo suscrito el 15 

de mayo de 2023, en caso de ser despedido sin justa causa. 

En respuesta, los recurridos presentaron sendas contestaciones a la 

Querella. En síntesis, afirmaron que el Contrato de Empleo era nulo. En 

la alternativa, alegaron que procedía la anulación del contrato, debido a 

que el peticionario incurrió en lesión por ventaja patrimonial 
KLCE202400887 3

desproporcionada, y por el contrato no contar con el elemento de 

consentimiento, ni causa lícita. Además, afirmaron que del contrato ser

válido y exigible, medió justa causa para su terminación, pues el 

peticionario incurrió en deshonestidad, deslealtad, violó sus deberes de 

fiducia e incurrió en patentes conflictos de intereses al adelantar sus 

intereses personales y/o los de la firma de abogados Pietrantoni Méndez 

& Álvarez LLC (PMA). 

Posteriormente, los recurridos presentaron Moción para que se 

convirtiera el procedimiento de sumario a ordinario. El peticionario instó

Moción oponiéndose a tal conversión.

El 27 de noviembre de 2023, el TPI emitió Resolución acogiendo la 

solicitud para convertir el procedimiento a uno ordinario. 

Luego de varios trámites procesales, el 15 de febrero de 2024, los 

recurridos presentaron Moción Informativa sobre Envío de Descubrimiento 

de Prueba. Allí, informaron que le habían remitido al peticionario un 

primer pliego de interrogatorios, requerimiento de producción de 

documentos y de admisiones. 

Pasados dos meses, el 15 de abril de 2024, los recurridos

presentaron ante el TPI una Moción Informativa indicando que el 

peticionario había contestado, pero de forma inadecuada o no 

responsivas. A tenor, aseveraron haberle enviado al peticionario el detalle 

de las objeciones a las contestaciones presentadas. 

A raíz de ello, el 21 de mayo de 2024, el foro primario emitió Orden 

Descubrimiento de Prueba, disponiendo lo siguiente: 

Se ordena a las partes a ceñirse estrictamente al siguiente 

mecanismo procesal: 

 Cualesquiera controversias relativas al descubrimiento de 

prueba deben ser objeto de una reunión entre abogados con 

el propósito principal de solucionarlas. Será la 

responsabilidad de la parte que inició el procedimiento de 

descubrimiento de prueba el coordinar dicha reunión entre 

los abogados para solucionar las mismas. 
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 Solo después de agotado este mecanismo, se podrá 

solicitar la intervención del Tribunal mediante moción 

conjunta donde se discuta cada posición. Los abogados y 

las partes se ceñirán estrictamente a lo provisto por las 

Reglas 23, 23.2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

40 y 60.4 de las de Procedimiento Civil. 

Ese mismo día, las partes se reunieron para discutir las objeciones 

presentadas por los recurridos.1

El 31 de mayo de 2024, el peticionario remitió a los recurridos 

Contestación a Objeciones de Contestación a Interrogatorio.2

Así las cosas, el 16 de julio de 2024, los recurridos y el peticionario

presentaron Moción Conjunta (SUMAC 117) para Atender Solicitud de las 

co Demandadas para que se Oriente a la Parte Demandante a Contestar 

Adecuadamente el Interrogatorio que le Fuera Cursado. Al plasmar la 

Posición de las Co-demandadas en este documento, los recurridos 

esgrimieron entre otros argumentos, que el peticionario había sustituido

las primeras contestaciones objetadas por otras que tampoco eran 

responsivas. Añadieron que el peticionario se había limitado a contestar 

que los interrogatorios eran prematuros porque su representación legal 

no había determinado los testigos, ni la evidencia que sostuviera las 

alegaciones de la demanda, y porque se estaba llevando a cabo 

descubrimiento de prueba. A tenor, solicitaron que el TPI le ordenara al 

peticionario a responder adecuadamente los interrogatorios objetados. 

Continuando con la Moción Conjunta, pero bajo la sección

denominada Posición del Demandante, el peticionario sostuvo que, en la 

reunión celebrada el 21 de mayo de 2024, las partes acordaron que, de 

no poder contestar alguna de las preguntas por ser prematuras, así 

debería constar en la contestación. Afirmó también este que la 

información solicitada era prematura, por el caso estar en sus etapas 

iniciales. Aseveró que la selección de documentos para probar 

1 Véase la entrada número 119 del expediente digital del caso que obra en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 

2 Apéndice X del recurso de certiorari, pág. 530.
KLCE202400887 5

alegaciones específicas era privilegiada, debido a que los documentos 

producidos revelaban el proceso mental y las estrategias del abogado, 

constituyendo producto del trabajo. Por tanto, solicitó que el TPI 

declarara sin lugar las objeciones presentadas por los recurridos. 

Es así como, el 23 de julio de 2024, el TPI emitió la Orden cuya 

revocación se nos solicita, en la que determinó que el peticionario debía 

contestar 72 de los 73 interrogatorios y producción de documentos 

objetados, al no considerarlos materia privilegiada. 

Inconforme, el peticionario recurrió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari, señalando la comisión de los siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ DE 

SU DISCRECIÓN AL ORDENAR AL PETICIONARIO A 

CONTESTAR LOS INTERROGATORIOS Y PRODUCIR LOS 

DOCUMENTOS SOLICITADOS CUANDO DICHA 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR 

EL PRIVILEGIO DEL PRODUCTO DEL TRABAJO, 

CONOCIDA COMO “WORK PRODUCT”. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ DE 

SU DISCRECIÓN AL DETERMINAR SIN FUNDAMENTO 

ALGUNO QUE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

SOLICITADOS NO SON MATERIA PRIVILEGIADA. 

El 13 de agosto de 2024, emitimos Resolución concediéndole cinco 

días a los recurridos para presentar su posición en cuanto a la solicitud 

de paralización de los procesos con la cual el peticionario acompañó su

recurso de certiorari. 

En efecto, los recurridos presentaron Moción en Cumplimiento de 

Orden y Oposición a Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción. 

A su vez, el peticionario instó Oposición a “Moción en Cumplimiento de 

Orden” y “Réplica a Oposición a Solicitud de Orden en Auxilio de 

Jurisdicción”. 

Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

estamos en posición de resolver.
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II. Exposición de Derecho

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. 

AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Mun. Caguas v. JRO Construction, Inc.,

201 DPR 703, 710 (2019); Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 

DPR 723, 728 (2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante 

el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un 

error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal, y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos. Mun. Caguas v. JRO Construction, 

Inc., supra, pág. 711. El concepto discreción implica la facultad de elegir 

entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). Claro, la discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. JRO Construction, 

Inc., supra, págs. 711-712; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, establece 

que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo y, por vía de excepción, sobre: (a) decisiones sobre 

la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 
KLCE202400887 7

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determinar si el 

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede 

evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento,

3 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con 

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra 

jurisdicción. García v. Padró, supra.

En este ejercicio, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001).

B. Descubrimiento de prueba

El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por las partes 

para “obtener hechos, título, documentos u otras cosas que están en 

poder del demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que son 

necesarias [...] para hacer valer sus derechos”. McNeil Healthcare, LLC v. 

Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021), citando a I. Rivera García, 

3 A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 
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Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, Ed. LexisNexis, 

2000, pág. 70. Dicho mecanismo persigue cuatro (4) objetivos 

fundamentales para el cabal desenvolvimiento del proceso judicial, a 

saber: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia para 

ser utilizada en el juicio; (3) facilitar la búsqueda de la verdad; y (4) 

perpetuar evidencia. Rivera et al. v. Arcos Dorados et al., 212 DPR 194,

203 (2023); Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 490 (2019); 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009). De esta forma, 

se coloca al juzgador de los hechos “en la mejor posición posible para 

resolver justamente”. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 9 (2004). En nuestro 

ordenamiento jurídico, el descubrimiento de prueba está regulado por la 

Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23. Con 

relación al alcance del descubrimiento de prueba, este cuerpo normativo 

dispone lo siguiente:

a. En general. Las partes podrán hacer descubrimiento 

sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia en el pleito 

pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de 

cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, 

naturaleza, custodia, condición y localización de

cualesquiera libros, información almacenada 

electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y 

la identidad y dirección de personas que conozcan hechos 

pertinentes. No constituirá objeción el que la información 

solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista 

una probabilidad razonable de que dicha información 

conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.

b. Documentos, objetos y otra prueba obtenida en 

preparación para el juicio. Sujeto a las disposiciones del 

inciso (c) de esta regla, una parte podrá hacer el 

descubrimiento de documentos y objetos que, antes del 

pleito o para el juicio, hayan sido preparados por o para 

otra parte, o por o para el o la representante de dicha 

parte, incluyendo a su abogado, abogada, consultor, 

consultora, fiador, fiadora, asegurador, aseguradora o 

agente. Estarán fuera del alcance del descubrimiento 

las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o 

teorías legales sobre el caso, del abogado o de la 

abogada o de cualquier otro u otra representante de 

una parte. Una parte podrá requerir de la otra una lista 

de las personas testigos que la parte solicitada intenta 

utilizar en el juicio, así como un resumen breve de lo que 

se propone declarar cada una. Igualmente, cualquier 

parte podrá requerir a cualquier otra que produzca copia 
KLCE202400887 9

de todas las declaraciones de testigos en poder de dicha 

parte. Asimismo, tanto las partes como las personas 

testigos pueden obtener copia de cualquier declaración 

prestada por ellas anteriormente. Para los propósitos de 

esta regla, una declaración prestada con anterioridad al 

juicio incluye cualquier declaración escrita, firmada o 

aprobada por la persona que la prestó, o cualquier tipo de 

grabación de una declaración o la transcripción de ésta. 

(Énfasis nuestro). 

Del citado precepto legal se desprende el principio de que el 

descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal. Rivera et al. v. Arcos

Dorados et al., supra; McNeil Healthcare, LLC v. Mun. Las Piedras

II, supra, pág. 672. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., supra, pág. 490; 

Berríos Falcón v. Torres Merced, supra; E.L.A. v. Casta, supra, pág.

13; García Negrón v. Tribunal Superior, 104 DPR 727, 738 (1976). “El 

propósito de esta norma liberal de descubrimiento de prueba es que 

aflore la verdad de lo ocurrido, evitando así los inconvenientes, sorpresas 

e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la 

vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. 

Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan,

Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 841.

Ahora bien, lo anterior no significa que el descubrimiento de 

prueba sea irrestricto o ilimitado. De la regla transcrita se desprenden 

dos (2) limitaciones al descubrimiento de prueba: (1) información 

privilegiada, y (2) pertinencia. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 491 (2019). Así, una parte no puede pretender descubrir 

evidencia privilegiada o impertinente bajo el pretexto de la liberalidad 

del descubrimiento. Además, tomando en consideración que nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil disponen la solución justa, rápida y 

económica de las disputas, toda persona que utilice algún método de 

descubrimiento de prueba deberá hacerlo de forma diligente. PV 

Properties v. El Jibarito et al., 199 DPR 603, 609-610 (2018). Por tanto, la 
KLCE202400887 10

amplitud y libertad durante el descubrimiento de prueba no es 

absoluta. Íd. pág. 609.

Nuestro Tribunal Supremo ha interpretado que la limitación sobre 

“materia privilegiada” se refiere a aquella información que se encuentra 

dentro del alcance de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas 

de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI. Ponce Adv. Med. v. Santiago González et 

al., 197 DPR 891, 899 (2017).4 Por consiguiente, no procede objeción 

alguna al descubrimiento de prueba en ausencia de un privilegio 

reconocido por dichas reglas probatorias. Íd. Por su parte, el mismo alto 

foro ha expresado que la pertinencia debe interpretarse de manera 

amplia. McNeil Healthcare, LLC v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 

674; E.L.A. v. Casta, supra, pág. 12. (Énfasis nuestro). A esos efectos, ha 

sostenido que la prueba pertinente es la que produzca o pueda 

producir:

[...] (a) prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que 

puedan servir para descubrir evidencia admisible; (c) datos que 

puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d) admisiones que 

puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre las partes; 

(e) datos que puedan servir para impugnar la credibilidad de los 

testigos; (f) hechos que puedan usarse para contrainterrogar a los 

testigos de la otra parte; (g) nombres de los testigos que la parte 

interrogada espera utilizar en el juicio. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T.III, pág. 839. McNeil Healthcare, LLC v. Mun.

Las Piedras II, supra. 

El criterio para medir la pertinencia es más amplio que el utilizado 

para resolver problemas de admisibilidad de la prueba bajo las Reglas de 

Evidencia, supra; Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 

731 (1994); Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 212 (1982). 

Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que 

exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en 

4 La Regla 505 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, establece como privilegio el 

producto del trabajo. En específico establece que el privilegio para el producto del 

trabajo: “significa la protección provista a información que es el producto del trabajo de 

una parte o de la persona que es abogada, consultora, fiadora, aseguradora o agente de 

dicha parte, preparada u obtenida en anticipación de, o como parte de una 

investigación o procedimiento civil, administrativo o penal. 32 LPRA AP. VI, R. 505(a)(2). 
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controversia. S.L.G. Valencia v. García García, 187 DPR 283, 330 

(2012). Ello implica que, “[c]ualquier duda en cuanto a la pertinencia, 

debe resolverse a favor de ésta. Existe una presunción favorable al 

descubrimiento de prueba”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 840. En 

consonancia, cuando se solicita el descubrimiento de alguna pieza de 

evidencia que no tenga posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia, el tribunal debe rechazar la petición. De ahí que este sea el 

criterio rector e indicativo para otorgar deferencia a una determinación 

discrecional. Esto pues “el adecuado ejercicio de la discreción judicial 

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).

C. La Discreción Judicial

La discreción es el más poderoso instrumento reservado a los 

jueces para hacer justicia. Rodríguez Ramos v. Pérez Santiago, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981). Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que los foros 

apelativos no interferiremos con las facultades discrecionales de los foros 

primarios, exceptuando las circunstancias en las que se demuestre que 

éstos: (1) actuaron con prejuicio o parcialidad; (2) incurrieron en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Gómez v. 

Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., 212 DPR 194 (2023). Además, se requiere 

que nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio sustancial. Íd.

Abundando sobre lo anterior, el alto Foro ha subrayado que: 

[L]os tribunales de origen son los que están en mejor 

posición para determinar cómo se debe manejar un caso 

que esta ante su consideración. Las determinaciones que 

haga en el sano ejercicio de su discreción deben ser 

respetadas por los foros apelativos, a menos, claro está, que 

se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, 

una determinación errónea que cause grave perjuicio a una 

de las partes, o la necesidad de un cambio de política

pública procesal o sustantiva. Esta norma fortalece el 

principio de que serán los tribunales de origen los que 
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manejen los casos que les son presentados. Rebollo López v. 

Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999). (Énfasis y subrayado

suplidos).

En concordancia, al Tribunal Supremo reconocerle al foro primario 

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los

procedimientos ante su consideración, los tribunales apelativos debemos 

abstenernos de tratar de administrar o manejar la dirección regular de 

sus casos. Partiendo de tales premisas, resulta clara la discreción que 

cobija al TPI al momento de ordenar los asuntos concernientes al proceso 

de descubrimiento de prueba, para lo cual hemos de mostrar gran 

deferencia. Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724 (2018); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012); García v. Asociación, 165 

DPR 311, 320 (2005).

III. Aplicación del Derecho a los hechos

Según detallamos en la exposición de derecho, al determinar si 

debemos expedir el auto de certiorari solicitado, primero nos corresponde 

precisar si el asunto planteado versa sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Hecho tal 

ejercicio, el dictamen recurrido resulta susceptible de revisión judicial,

pues plantea una controversia vinculada a un privilegio evidenciario, 

según este es concebido en la Regla 503 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

503. Sin embargo, examinados los elementos que la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, nos llama a considerar para dirigir nuestro ejercicio 

discrecional, no encontramos cabida en ninguno de ellos para intervenir 

con el dictamen interlocutorio recurrido.

El peticionario sostiene que la información y documentos 

solicitadas por los recurridos son materia privilegiada por constituir work 

producto. Argumenta que los requerimientos de producción de 

documentos no pretenden descubrir prueba, sino que tienen el propósito

velado de que se les revele la estrategia legal de los abogados del 
KLCE202400887 13

peticionario en su estructuración de la evidencia producida. Asimismo,

manifiesta que las preguntas son prematuras por encontrarse el pleito en 

sus etapas iniciales de descubrimiento de prueba, de manera que

pueden ser suplementadas y/o enmendadas más adelante en el proceso,

según lo exige la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por su parte, los recurridos arguyen que el peticionario pretende 

que se extienda la doctrina de la labor del abogado (work product) a la 

mera identificación de la prueba con la cual el peticionario contempla 

probar sus alegaciones, sin citar o discutir ley, regla, o jurisprudencia 

alguna que avale tal pretensión.

Lo cierto es que, tal como lo sugieren los recurridos, no 

encontramos jurisprudencia o siquiera tratadista local alguno al que 

podamos hacer referencia para sustentar la teoría legal que el 

peticionario promueve. Por una parte, el peticionario no precisa cuáles de

los requerimientos de producción de documentos contiene el mentado 

work product que merecería nuestra intervención con el dictamen 

interlocutorio recurrido. Más bien, el peticionario depende de la 

reiteración sobre su muy laxa teoría de que los requerimientos de 

producción de documentos no pretenden descubrir prueba, sino que tienen 

el intento perverso de buscar que se les revele la estrategia legal de los 

abogados del peticionario en su estructuración de la evidencia5. Es decir, 

que si damos una mirada englobada a los requerimientos de producción 

de documentos hecha por los recurridos, allí es que encontraremos el 

lugar donde ocurre la lesión al privilegio del work product. No nos 

persuade.

Por una parte, tales argumentos del peticionario no nos mueven a 

intervenir con el ejercicio discrecional del foro a quo, pues no apreciamos

un ápice de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la

5 Recurso de certiorari, pág. 17.
KLCE202400887 14

resolución interlocutoria recurrida. Pero, por otra parte, juzgamos que 

acoger la teoría legal del peticionario, según aquí esbozada, supondría

imponer un obstáculo insalvable al principio de descubrimiento liberal 

que impera en nuestro ordenamiento procesal civil, y soslaya la 

obligación de producir la prueba.

En definitiva, no observamos circunstancia alguna que nos incline 

a intervenir con el rumbo procesal trazado por el foro primario hasta el 

momento.

Parte dispositiva

Por los fundamentos que anteceden, Denegamos expedir el 

recurso de certiorari solicitado. En consecuencia, también declaramos No 

Ha Lugar la Moción en Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones