N ÚMERO IDENTIFICADOR RES 2 02 4

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES

Panel VI II
LCDO. ANTONIO J. SANTOS PRATS Peticionari o

v.

PROVIDENT HEALT CORP. ; DORADO HEALTH, INC.; MAYAGÜEZ MEDICAL CENTER; DR. RAMÓN EMETERIO BETANCES, INC.; BAYAMÓN MEDICAL CENTER, CO R P.; PUERTO RICO WOMEN & CHILDREN’S HOSPITAL LLC, BAYAMÓN IMAGING & INTERVENTIONAL IN STITUTE, LLC; BHC HOLDINGS, LLC, BMHC LLC; QUIRÓS INVES T MENT HOLDINGS, LLC

Recurrid os KL CE2024008 87 Certiorari procedente del Tribunal de Primera Instancia Sala de Ba

y amón
Caso Núm

. BY2023CV06054
Sobre: Derecho Laboral; Incumplimiento de Contrato Laboral ; Ley 2 Procedimiento Sumario

Panel integrado por su president e , el Juez Rivera Colón , el Juez Adames Soto y la Juez a Santiago Calderón Adames Soto, Juez Ponente

RESOLUCI ÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 20 2 4

. Comparece el Lcdo. Antonio J. Santos Prats (peticionario) mediante
recurso de certiorari , solicit ándonos que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instanci a, Sala Superior de Bayam ón (TPI) el 23 de julio de 2024. Mediante este dictamen interlocutorio , el foro
recurrido le orden ó al peticionario a contestar 72 interrogatorios y requerimient os de producci ón de documentos , d eterminando que no
constituían materia privilegiada. El peticionario acude ante nosotros aduciendo que in ci dió el foro recurrido al así decidir, pues , afirma, los interro gatorios y requerimientosKL CE202400887 2

de producción de documentos solicitan materia privileg iada que n o es
descubrible

. Junto con el recurso de certiorari fue present ada una Moci ón en
Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicci ón , solicitando la paralizaci ón de los procedimientos en el TPI, hasta tanto culminara la intervenci ón de

este foro intermedio. Evaluados los asuntos presentados, determin am os denegar el
recurso de ce rtiorari.
I. Resumen del tracto procesal Limitándonos a exponer solo los asuntos procesales pertinentes, e l 25 de octubre de 2023, el peticiona rio present ó una Q uerella por incumplimiento de contrato de empleo contra P roviden t Health C orp ;
Dorado Health , Inc. ; Mayagüez Medical Center

- Dr. Ram ón Emeterio Betances, Inc. ; Bayam ón Medical Center, Corp.; Puerto Rico Women &
Children ’ s Hospital, LLC; Bayam ó n Imagin g & Interventional Institute, LLC; BHC Holdings, LCC; BMHC, LLC; Quir ó s Investment Holdings, LLC

y Jos é L. Quir ós Jorge ( los recu rridos )

. La referida querella fue presentada bajo el proced i miento sumario di spuesto en la Ley de
Procedimiento S u mario de Procedim ientos Laborables , Ley N ú m. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L P RA secs. 3118

- 3132. En esencia, fue aleg ado

que , el 1 de septiembre de 2023 , el peticionario fue despedido si n justa

causa de su posición como V icepresidente Ejecutivo y Principal Oficial Legal de Provident He a l th C orp . A tenor, so stuvo que le correspond ía el
remedio con tractual contempla do en el Con trato de Empleo sus crito el 15 de may o de 2023 , en caso de ser des p e d ido sin justa causa. En respu esta , l os recurridos presentaron sen das contestaciones a la Q uerella . En síntesis , afirmaron que el Contra to de Empleo era nulo

. En la alternativa, alegaron qu e procedía la anulación del contra to, debido a

que el peticionario incurrió en lesión por ventaja patrimonialK L CE202400887 3

de sproporcionada, y por el contrato no contar con el elemento de
consentimi ento , ni causa l ícita

. Además , afirmaron que del contrato ser válido y exi gible, medi ó justa causa para su termina ción , pues e l peticiona rio incurrió en deshonestidad, deslealtad, violó sus deberes de
fiducia e incurrió en paten tes conflictos d e intereses al adelantar s us intereses personales y/o los de la firma d e abogados Pietra n toni Méndez
& Álvarez LLC (PMA ).
Posteriormente , los recurridos pre sentaron M oci ón para que se
convirtiera el procedimiento de sumario a ordinario. E l peticionario i n s tó
M oción oponiéndose a tal conversión

. E l 27 de noviem bre de 2 0 23, el T PI emitió Resolución acogiendo la solicitud para conv ertir el procedimiento a uno ordinario. Luego de varios trámites proce sales, e l 15 de febrero de 2 0 24, los
recurridos presentaron Moción Informativa sob re Env ío de Descubrimiento
de P rueba

. Allí , informaron que le había n remitido al peticionario un primer pliego d e interroga torios, requerimiento de producción de documentos y de admi siones

. Pasados dos m eses , el 15 de abril de 2024, lo s re curridos presentaron ante el TPI una M oción Informativa indicando que e l peticionar io había contestado , pero de forma in adecuada o no
respons ivas

. A tenor , aseveraron h a ber le enviado al peticionario el detalle
de las objeciones a las contestaciones presentadas

. A raíz de ello, el 21 de ma yo de 202 4, el foro primario emitió Orden
Descubrimiento de Prueba , disponiendo lo siguiente: Se ordena a las partes a ceñ irse estrictamente al siguiente mecanismo procesal: Cualesquiera controversias relati v as al descubrimiento de prueba deben ser objeto de una reunión entre abogados con el pr opósito principal de solucionarlas. Será la responsabilidad de la parte que inició el procedimiento de descubrimiento de prueba el coordinar dicha reunión en tre los abog ados para solucionar las mismas.KL CE202400887 4
Solo desp ués de agotado este mecanismo, se podrá solicitar la intervención del Tribunal mediante moción con junta donde se discut a ca da posición . Los abogados y las partes se ceñirán estrictamente a lo provisto por l as Reglas 23, 23.2, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40 y 60.4 de las de Pro cedimiento Civil.
Ese mismo d ía, las partes se reuni eron para discuti r las objeciones presentadas por los recurridos. 1 El 31 de mayo de 2024, el peticionario remitió a los recurridos Contestación a Objeci ones de Contestación a Interrogatorio. 2
As í las cosas, el 16 de julio de 2024, los recurridos y el peticio n a rio presentaron M

oción Conjunta (SUMAC 117) para A tender Solicitud de las
co Deman dadas para que se Oriente a la Parte Dema ndante a Con te star
Adec uadamente el Interrogatorio que le Fuera Cursad o. Al plasmar la
Posición de las C o

- demandadas e n este documento , l os recurrid os esgrimieron entre otros a rgumentos, que el peticion ario hab í a sustituido las primera s contestaciones o bjetadas por otras que tampoco eran responsiva s. Añadiero n que el peticiona rio se había limit ado a con testa r
que los interrogatorios eran prematuros porque su representación legal
no ha b ía determinado los testigos , ni la evid encia que s ostuviera las alegaciones de la demanda , y porque se est aba llevando a cabo
descubrimiento de prueba. A tenor, solicitaron que el TPI l e ordenara al

p eticionario a responder adecuadamente los interrogat orios objetados

. Continu ando con la Moción C o njunta , pero bajo la sección
de nominada Posición del Demandante , el peticionario sostuvo que, en l a
reuni ón c elebrada el 21 de mayo de 2024, las partes acordaron que , de no poder contestar alguna de las preguntas por ser prema turas, as í
debe r ía constar en la contestaci ón

. Afirm ó también este que la
informaci ón solicitada era prematur a , por el caso estar en sus etapas
inicia les

. A severó que la selección de documentos para probar

1 Véase la entrada número 119 del ex pediente digital del caso que obra en el Si stema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 2 Ap éndice X del recurso de certiorari , pág. 5 30.K L CE202400887 5

alegaciones espec íficas era p rivilegiada , debido a que los documentos producidos revelaban el proceso mental y las estra tegias del abogado , constituyendo producto del trabajo. Por tanto , solicit ó que el TPI
declara ra sin lugar las objeciones presentadas por los recurridos.
Es así como , e l 23 de ju lio de 2024, el T PI emiti ó la Orden cuya
revocación se nos solicita , e n l a que determinó que el peticionario deb ía
contestar 72 de los 73 interrogatorios y producci ó n de documento s objetados , al n o considerarlos materia privilegiada.
I nconforme , el peticionario recurr i ó ante nosotros mediante recurso
de certiorari , se ñalando la comisi ón de los sigui entes errores:
E RR Ó EL TRIBUN AL DE PRIMERA INS TANCIA Y ABUS Ó DE SU DISCRECI ÓN AL ORDENAR AL PETICIONARIO A CON TESTAR LOS INTERRO GA TORIOS Y PRODUCIR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS CU ANDO DICHA INFORMACI ÓN Y DOCUMENTOS EST ÁN PROTEGIDOS POR EL PRIVILEGIO DEL PRO D UCTO DEL TRABAJO, CONOCIDA COMO “ W ORK PRODUCT ”

.

ERR Ó EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUS Ó DE SU DIS CRECI ÓN AL DETERMINAR SIN FUNDAMENTO ALGUNO QUE LA INFORM ACI ÓN Y DOCUMENTOS SOLICITADOS NO SON MATERIA PR IVILEGIADA. El 13 de agosto de 202 4, emitim os Resoluci ón c oncedi éndole cinco
d ía s a los recurridos para presentar su posici ón en cuanto a la solicitu d
de paralización de los procesos con la cual el peticionario acompañó su
recurso de certiorari

. En efec to , los recurridos presentaron Moci ón en Cumplimiento de Orden y Oposici ón a Solic itud de Orden en Auxilio de Jurisdicci ón.
A su vez , el peticionario ins t ó Opos i ci ón a “ Moci ón en Cumplimiento de
Orden ” y “

R épl ica a Oposici ón a Solicitud de Orden e n A u xilio de
Jurisdicci ón ”

. C ontando con el benefici o de las comparecencias de las partes, estamos en posición de resolver.KL CE202400887 6

II. Exposición de Derecho
A. Certiorari
El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar
las determinaciones de un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); Mu n. Cagu as v. JRO Cons truction , Inc., 201 DPR 703, 710 (2019); Medina Nazario v. McN eil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerar quía la corrección de un error cometido por el tribuna l inferior. García v. Padró , 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición del auto descansa en la sana discreción del tribunal, y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la
discreción encomen dada al tribunal revisor para auto rizar su expedición y adjudicar sus méritos. Mu n. Caguas v. JRO Cons truction , Inc. , supra , pág. 711

. El concepto discreción implica la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR , 185 DPR 307, 338 (2012). Claro, la discreción judicial n o es irrestricta y ha sido definida
como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Mu n. Caguas v. JRO Cons truction , Inc. , supra , págs. 711

- 712; Negrón v. Srio. de Justicia , 154 DPR 79 , 91 (2001). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, est ablece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será expedi do por el Tribunal de Apelacione s cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 ( Injunction

) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo y , por vía de excep ción , sobre : (a) decisiones sobre
la a dmisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos
relativ os a privilegios evidenciarios ; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casosK L CE202400887 7

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f)

cua lquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia

. En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos determ inar si el
asunto del cual se recurre se encuentra de ntro de alguna de las materias contempladas en la Regla 52.1, supra . De ser así, entonces procede evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento , 3 4 LPRA Ap. XXII

- B, se justifica nuestra intervención. Con todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra jurisdi cción. García v. Padró, supra

. En este ejercicio, nuestro máx imo foro ha expresado que un tribunal apelativo no in tervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de pasión, prejuicio, pa rcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello , 155
DPR 62 , 78

- 79 (2001).

B. Descubrimiento de prueba El descubrimiento de prueba es el mecanismo utilizado por las partes para “obtener he chos, título, documentos u otras cosas que están en poder del demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que son

necesar ias [...] para hacer valer sus derechos”. McNeil Heal thcare, LLC v.
Mun

. Las Piedras II

, 206 DPR 659, 672 (2021), citando a I. R ivera García,

3 A . Si el remedio y la disposici ón de la decisi ó n recurrida a diferencia de sus f undamentos , son contra r ios a derecho

. B . Si la situaci ón de hechos planteada es la m ás indica da para el an ál isis del problema. C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la aprec iaci ón de la prueba por el Tribu nal de Primera Instancia. D. Si el asunto planteado exige consideraci ón m ás detenida a la luz de los autos originales, los cuales deber á n ser eleva dos, o de alegatos m ás ela borados. E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la m ás propicia para su consideraci ón. F. S i la expedici ón del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilaci ón indeseable en la soluci ón final de l litigio. G. S i la expedici ón del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.KL CE202400887 8

Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed. rev., San Juan, Ed. Le xisNexis, 2000, pág. 70. Dicho mecanismo persigue cuatro (4) objetivos fundamentales para el cabal desenvolvimiento del proceso judicial, a saber: (1) precisar los asuntos en co ntroversia; (2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio; (3) facilita r la búsqueda de la verdad; y (4) perpetuar ev ide ncia. Rivera et al. v. A rcos D o rados et al. , 2 12 DPR 194, 203 (2023 ) ; Scotiabank v. ZAF Corp. et al. , 202 DPR 478, 490 (2019) ;
B erríos Falcón v. Torres Merced , 175 DPR 962, 971 (2009). De esta forma, se coloca al juzgador de los hechos “en la mejor posició n posible para resolver justamente”. E.L.A. v. Casta , 162 DPR 1, 9 (2004 ). En nuestro ordenamiento jurídico, el descubrimiento d e prueba está regulado por la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23. Con
relación al alcance del d escubrimiento de prueba, este cuerpo normativo dispon e lo siguiente:

a. En general

. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente , ya se refiera a la recl amación o defensa de cualquier otra parte, incluso la existencia, de scripción, naturaleza, custodia, condición y localización de cualesquiera libros, información almacenada electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y la identidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes. No const ituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juic io, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia admisible. b. D ocumentos, objetos y otra prueba obtenida en preparaci ó n para el juicio . Sujeto a las disposiciones del inciso (c) de esta regl a, una parte podr á hacer el descubrimiento de documentos y objetos que, antes del pleito o para el juicio, hayan sido preparad o s por o para otra parte, o por o para el o la representante de dicha parte, incluyendo a su abogado, abogada, consultor, consult ora, fiador, fiadora, asegurador, aseguradora o agente. Estar á n fuera del alcance del descubrimiento las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teor í as legales sobre el caso, del abogado o de la abogada o de cualquier otro u otra representante d e una parte. Una parte podr á requerir de la otra una lista de las personas testigos que la parte solicitada intenta utilizar e n el juicio, as í como un resumen breve de lo que se propone declarar cada una. Igualmente, cualquier parte podr á requerir a cua lquier otra que produzca copiaK L CE202400887 9
de todas las declaraciones de testigos en poder de dicha parte. Asimismo, tanto las partes com o l as personas testigos pueden obtener copia de cualquier declaraci ó n prestada por ellas anteriormente. Para los prop ó sitos de es ta regla, una declaraci ó n prestada con anterioridad al juicio incluye cualquier declaraci ó n escrita, firmada o aprobada por l a persona que la prest ó , o cualquier tipo de grabaci ó n de una declaraci ó n o la transcripci ó n de é sta. ( Énfasis nuestro).

D el citado precepto legal se desprende el princip io de que el descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal. Rivera et al

. v . A rcos
D o rados et al. , supra; McNeil Healthcare, LLC v. Mun

. Las Piedras
II , supra, pág. 672. Scotiabank v. ZAF Corp. et al. , s upra, pág. 490 ;
Berríos Falcón v. Torres Merced , supra; E.L.A. v. Casta , supra, pág.
13 ; García Negrón v. Tribunal Superior , 104 DPR 727, 738 (1976). “El propósito de esta norma liberal de descubrimiento de prueba es que aflore la verdad de lo ocurrido, e vitando así los i nconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la
vista las cuesti ones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 841. Ahora bien, lo anterior no significa que el descubrimiento de prueba sea irrestricto o ili mitado. De la regla transcrita se desprenden dos (2) limitaciones al descubrimiento de prueba: (1) información privilegiada, y ( 2) pertinencia

. Scotiabank v. ZAF Corp. et al. , 202 DPR 478, 491 (2019). Así, una parte no puede pretender descubrir
evidencia p rivilegiada o impertinente bajo el pretexto de la liberalidad del descubrimiento. Además, tomando en consideración que nuestras Reglas de Procedimiento Civil disponen la solución justa, rápida y económica de las disputas, toda persona que utilice algún mét odo de descubrimiento de prueba deberá hacerlo de forma diligente. PV Properties v. El Jibarito et al. , 199 DPR 603, 609

- 610 (20 18). Por tanto, laKL CE202400887 10

amplitud y l ibertad durante el descubrimiento de prueba no es
absoluta. Íd. pág. 609. Nuestro Tribunal Supr emo ha interpretado que la limitación sobre “materia privilegiada” se refiere a aquella información que se encuentra
dentro del alcance de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia, 31 LPRA Ap. VI. Ponce Adv. Med . v. Santiago Gonzále z et
al. , 197 DPR 891, 899 (2017). 4 Por consiguiente, no procede objeción alguna al descubrimiento de prueba en ausencia de un p rivi legio reconocido por dichas reglas probatorias. Íd . Por su parte, el mismo alto foro ha expresado que la pertinencia debe in terpretarse de manera amplia

. McNeil Healthcare, LLC v. Mun

. Las Piedras II , supra, pág. 674; E.L.A. v. Casta , supra, pág. 12. ( Énfasis nuestro). A esos efectos, ha sostenido que la prueba pertinente es la que produzca o pueda prod ucir: [...] (a) prueba que sea admisible en el juicio; (b) hechos que puedan servir para descubrir evidencia admisible; (c) datos que puedan facilitar el desarrollo del proceso; (d) admisiones que puedan limitar las cuestiones realmente litigiosas entre las partes; (e ) datos que puedan servir para impugnar la credibilidad de los testigos ; (f) hechos que puedan usarse para contrainterrogar a los testigos de la otra parte; (g) nombres de los testigos que la parte interrogada espera utilizar en el juicio. J. A. Cuevas Segarra, Tratad o de Derec ho Procesal Civi l, 2da ed., Sa n Juan, Pubs. JTS, 2011, T.III, pág. 839. McNeil Healthcare, LLC v. Mun

. Las Piedras II

, supra. El criterio para medir la pertinencia es más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de la pr ueba bajo las Reglas de
Evidencia , supra ; Medina v. M.S . & D. Química P.R. Inc. , 135 DPR 716, 731 (1994); Rodríguez v. Scotiaban k de P.R. , 113 DPR 210, 212 (1982). Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en

4 La Regla 505 de las Reglas de Evi dencia de Puerto R ico, establece como privilegio el producto de l trabajo. En específico establece que el privilegio para el producto del trabajo: “sign ifica la protección provista a información que es el producto del trabajo de una parte o de la persona qu e es abogada, consultora, fia dora , aseguradora o agente de dicha parte, preparada u obtenida en anticipación de, o como parte de una investigación o pr oced imiento civil, administrativo o penal. 32 LPRA AP. VI, R. 505 (a)(2).K L CE202400887 11

controversia

. S.L.G. Valencia v. García García , 187 DPR 283, 330 (2012). Ello implica qu e, “[c]ualquier duda en cuanto a la pertinencia, debe resolverse a favor de ésta. Existe una presunción favorable al
descubrimie nto de prueba”. Cuevas Segarra, op. cit. , pág. 840. En consonancia, cuando se solicita el descubrimiento de algun a pieza de
evid encia que no tenga posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia, el tribunal debe rechazar la petición. De ah í que este sea el criterio rector e indicativo para otorgar deferencia a una determinación discrecional. Esto pue s “el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la
razonabilidad”. Pueblo v. Ortega Santiago , 125 DPR 203, 211 (1990).
C. La Discreción Judicial La discreción es el más pode roso instrumento reservado a los jueces para hacer j usticia. Rodríguez Ramo s v. Pérez Santiago , 161 DP R 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berrí os , 110 DPR 721, 725 (1981). Nuestro Tribu nal Supremo ha manifestado que los foros apelativos no interferiremos con las facultades discrecionales de los foros primarios, exceptuando las circunstancias en las que se demuestre que éstos: (1) actuaron con prejuicio o parcial idad; (2) incurrieron en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocaron en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo

. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc. , 212 DPR 194 ( 2023 )

. Adem ás, se requiere que nuestra intervención en esta etapa evite un perjuicio sustancial

. Íd

. Ab undando sobre lo anterior, el alto Foro ha subrayado que: [L]os tribunales de origen son los que están en mejor posición para determinar cómo se debe manejar un caso que e sta ante su consideración

. Las determinaciones que haga en el sano ejerc icio de su discreción deben ser res petadas por los foros apelativos, a menos, claro está , que se demuestre arb itrariedad, un craso abuso d e discreción, una determinación errónea que ca use grave perjuicio a una de las partes, o la necesidad de un cambio de polí tica pública procesal o sustant iva. Esta norma fortalece el principio de que serán los tribunales de orige n los queKL CE202400887 12
manejen los casos que les son presentados. Rebollo López v. Gil Bonar

, 148 DPR 673, 678 (1999). (Énfasis y subrayado suplido s ).
En concordancia, a l Tri bun al Supremo reconocerle al f oro primario amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su cons ideración, los tribunales apelativos debemos

a bstenernos de tratar de administrar o manejar la dirección regular de

su s cas os
. Partiendo de tales premisa s, resulta clara la discreción que cobija al TPI al momento de ordenar los asuntos concernientes al proceso
de descubrimiento de prueba , para lo cu al hemos de mostrar gran
deferencia. Citibank, N.A. v. Cor dero Badillo, 200 DPR 724 ( 2018 ) ; Mej ías et al. v. Carrasquillo et al ., 185 DPR 288 (2012); García v. Asocia ción, 165 DPR 311, 320 (2005)

. III. A plicación del Der echo a los hechos Según detallamos en la e xposición de d erecho , al determinar si debemos expedir el auto de certiorari solicitado, primero nos corresponde precisar si el asunto planteado versa sobre a lguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, s upra
. Hecho tal ejer cicio, el dictamen recurr ido resulta susceptible de revisión judicial , pues plantea u na controversia vinculada a un privilegio evidenci ario , según es te es concebido en la Regla 503 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R.
503

. Sin embargo, examinados los elementos que la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos llama a considerar para dirigir nu estro ejercicio
discrecional , no encontramos cabida en ninguno de ellos para interven ir
con el dictamen interlocutorio recurrido

. El peticionario sostiene que la informa ción y document os solicitadas por los recurridos son materia privilegiada por constituir work producto

. Argument a que los requerimientos de producción de documentos no pretenden descubrir prueba, sino que tiene n el propósito
velado de que se les re vele la estrategia legal de los abogados delK L CE202400887 13

peticionario en su est ructuración de la evidencia producida. Asimi smo, manifiesta que las preguntas son prematuras por encont rarse el pleito en sus etapas iniciales de descubrimiento de prueba, de manera que pueden ser suplementadas y/o enmendadas más adelante en el proceso, según lo exige la Regla 23.1 d e Procedimiento Civil , supra. Por su parte, los recurridos arguyen que el peticionario pretende que se extienda la doctrina de la labor del abogado ( work product ) a la mera identificación de la prueba con la cual el peticionario contempla prob ar sus aleg aciones , sin cita r o discut i r ley , regla , o jurisprudencia alguna que avale tal pretensión

. Lo cierto es que , tal como lo sugiere n los recurridos, no encontramos jurispr udencia o siquiera trata dista local alguno al que poda mos hacer referencia para sustentar la teoría legal que el peticionario promueve
. Por una parte, el peticionario no precisa cuáles de los requerimientos de producción de documentos contiene el mentado
work product que merec ería nuestra intervención con el dictamen
interlocutorio recurrido. Más bien , el peticionario depende d e la
reiteración sobre su muy la xa te oría de que l os requer imient os de producción de docum entos no pretenden descubrir prueba , sino que tienen
el intent o perverso de buscar que se les revele la est rategia legal de los abogados del peticionario en su estructuración de l a evidencia 5

. Es decir,

que si damos una mirada e ngloba da a los requerimientos de pro ducción
de documentos hecha por los re curridos, allí es que encontra remos el lugar donde ocurre l a lesión al privilegio del work product

. No nos persuade. Por una parte, tales a rgumentos d el peticionario no nos mueven a intervenir con el ejercicio discreci on al de l foro a quo , pues no apr ecia mos

un ápice de pasi ón, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la

5 Recurso de certiorari , pág. 17.KL CE202400887 14

resolución interlocutoria recurrida

. Pero , por otra parte, juzgamos que acoger la teoría legal del peticionari o , según aquí esbozada , supondría imponer un obstáculo insalva ble al prin cipio de descubrimiento liberal que imp era en nuestro ordenamiento procesal civil , y soslaya la obligación de producir la prueba

. En definitiva , no observamos circunstancia alguna que nos incline

a intervenir con el rumbo procesal trazado por el foro primario hasta el

m omento

. P arte disp ositiva
P or los fundament os q ue an teceden, Denegamos expedir el
recurso de certiorari solicita do. En consecuencia, también declaramos No Ha Lugar la Moci ón en Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicci ón

. Lo pr o nunció y manda el Tribunal y lo cer tifica su S ecret aria.

Lcd a. Lilia M. Oqu endo Solís Secretaria de l Tr ibuna l de Apela cione s