El Futuro Accesible 

National Council on Disability 

Consejo Nacional de Discapacidad de EE UU 

21 de junio de 2001 
National Council on Disability 

Consejo Nacional de Discapacidad 

1331 F Street, N. W., Suite 1050 

Washington, D. C. 20004-1107 

The Accessible Future 

El Futuro Accesible 

El presente informe también se encuentra disponible en formatos alternativos y en el 

galardonado sitio web del Consejo Nacional de Discapacidad (www.ncd.gov). 

Fecha de publicación: 21 de junio de 2001 

202-272-2004 Voz 

202-272-2074 Teléfono de texto 

202-272-2022 Fax 

Las opiniones vertidas en el presente informe no reflejan necesariamente las opiniones 

de la Administración, dado que este documento no ha sido sometido al proceso de 

revisión de la división ejecutiva A-19. 
Escrito de remisión 

21 de junio de 2001 

El Presidente 

La Casa Blanca 

Washington, D. C. 20500 

Estimado Sr. Presidente: 

Me complace remitirle el informe titulado El Futuro Accesible (The Accessible 

Future) en nombre del Consejo Nacional de Discapacidad (National Council on 

Disability – NCD). El informe ha sido desarrollado con el asesoramiento del comité 

consultivo federal Tech Watch, que actúa como asesor del Consejo y está compuesto 

por un grupo de expertos en tecnología y discapacidad de todo el país. 

Resultan sugerentes los rápidos avances de nuestra nación en el campo de la capacidad 

electrónica y de tecnología de la información. En esta era que sucede a la Era 

Industrial, la información es cada vez más el producto principal del comercio, y la 

tecnología, desde el ordenador al kiosco de información, pasando por el tablón de 

mensajes electrónicos y las líneas DSL, va gradualmente convirtiéndose en el medio 

de transmisión, almacenaje y manipulación de esa información. El acceso a la 

tecnología de la información se convierte en el factor que determina el éxito y en la 

fuente de oportunidades para la formación y el empleo. 

Sin embargo, para los 54 millones de personas con discapacidad de Estados Unidos, el 

acceso a estos desarrollos informativos y tecnológicos es un arma de doble filo que 

puede plantear oportunidades o interrumpir conexiones fundamentales. Por un lado, 

estos desarrollos pueden ser revolucionarios en cuanto a su capacidad de ofrecer a las 

personas con minusvalías de visión, audición, manuales o cognitivas, un medio 

alternativo de entrada e interacción con la red mundial. Por el otro, la información 

electrónica y los desarrollos tecnológicos pueden plantear obstáculos graves, y a veces 

insuperables, cuando, por ejemplo, no se aplican en su despliegue los principios 

básicos de la accesibilidad o del diseño universal. 

En gran medida, y en lo que respecta a la tecnología electrónica y de la información, la 

ejecución en el ámbito federal de las leyes clave (es decir, de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad – Americans with Disabilities Act –, del Artículo 

255 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 – Telecommunications Act -, y del 

Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973 – Rehabilitation Act -, con sus 

enmiendas) se encuentra en las fases más tempranas. En el presente informe, la 

tecnología electrónica y de la información se refiere concretamente a Internet, la red 

mundial (World Wide Web), y a los equipos específicos de información o gestión de 

operaciones. 

i 
El Consejo Nacional de Discapacidad ha examinado las leyes relativas a la 

accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información como concepto emergente 

de derechos civiles, para garantizar que la nueva Era de la Información incluya a todos 

los estadounidenses en la amplia gama de oportunidades que se están creando. En 

concreto, el Consejo ha analizado la situación de las entidades federales responsables 

de la puesta en práctica de las leyes que protegen a las personas con discapacidad en lo 

que respecta a la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información. En el 

presente informe incluimos intervenciones de política pública que recomendamos 

como parte de una estrategia general, encaminada a conseguir que el puente 

electrónico hacia el siglo XXI esté disponible para que todos los estadounidenses lo 

crucen. 

Nuestras recomendaciones están en la misma línea que su énfasis en el enfoque de la 

Iniciativa de la Nueva Libertad (New Freedom Initiative) sobre difusión del uso y 

aplicación de la tecnología por las personas con discapacidad en casa, en el trabajo, y 

en el devenir de su vida diaria. El Consejo está dispuesto a trabajar con usted y con 

quienes estén interesados fuera de la Administración, para ocuparse de que el plan de 

trabajo detallado en el informe adjunto se ponga en práctica. 

Atentamente, 

Marca Bristo 

Presidenta 

(El mismo escrito de remisión fue enviado al Presidente en funciones del Senado de 

Estados Unidos y al Portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos). 

ii 
Miembros y Personal del Consejo Nacional de 

Discapacidad 

Miembros 

Marca Bristo, Presidenta 

Hughey Walker, Vicepresidente Primero 

Kate Pew Wolters, Vicepresidenta Segunda 

Dr. Yerker Andersson 

Dave N. Brown 

Edward Correia 

John D. Kemp 

Audrey McCrimon 

Gina McDonald 

Dra. Bonnie O’Day 

Lilliam Rangel-Diaz 

Debra Robinson 

Gerald S. Segal 

Ela Yazzie-King 

Personal 

Ethel D. Briggs, Directora Ejecutiva 

Jeffrey T. Rosen, Asesor General y Director de Política

Mark S. Quigley, Director de Comunicaciones 

Kathleen A. Blank, Abogada / Asesora 

Dr. Gerrie Drake Hawkins, Especialista en Programas 

Martin Gould, Ed.D., Especialista en Investigación

Pamela O’Leary, Intérprete

Allan W. Holland, Responsable de Contabilidad 

Brenda Bratton, Secretaria Ejecutiva 

Stacey S. Brown, Ayudante de Personal

Carla Nelson, Ayudante de Oficina 

Edward J. Heaton, Miembro Titular 

iii 
Agradecimientos 

El presente informe es producto de un esfuerzo en equipo e incorpora el trabajo de 

muchas personas. En primer lugar, a través de un contrato firmado con Stephen 

Mendelsohn, se desarrollaron el primer estudio y las entrevistas, y se elaboró un 

informe para el Consejo Nacional de Discapacidad. Stephen Mendelsohn es abogado, 

politólogo y escritor especializado en tecnología de la información. 

En segundo lugar, los miembros del comité Tech Watch se encargaron de la tarea de 

ayudar al Consejo a revisar y elaborar comentarios sobre el análisis, las conclusiones y 

recomendaciones del informe final. El Consejo desea expresar su agradecimiento a los 

siguientes miembros de Tech Watch que participaron en el desarrollo del presente 

informe: Bonnie O’Day (Presidenta), Debbie Cook, Kelly Pierce, y Paul Schroeder. 

Aunque las opiniones vertidas en este informe no representan necesariamente las 

opiniones de la Administración, el Consejo también querría expresar su 

agradecimiento a las personas que han aportado su tiempo y han querido participar en 

el desarrollo del presente informe. En especial, queremos expresar nuestro 

agradecimiento al personal de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades 

Laborales (Equal Employment Opportunity Commission), del Departamento de 

Educación, de la Comisión Federal de Comunicaciones, de la Plataforma para el 

Cumplimiento de las normas en materia de Barreras Arquitectónicas y de Transporte – 

Plataforma de Acceso – (Architectural and Transportation Barriers Compliance 

Board –Access Board), del Departamento de Justicia, de la Administración de 

Servicios Generales, y de otras agencias federales que no sólo han respondido a 

multitud de preguntas, sino que también han reunido documentación y compartido 

datos con el equipo de investigación. Además, se ocuparon de revisar los borradores 

preliminares de los contenidos del presente documento para verificar su precisión 

técnica. 

iv 
Contenidos 

Resumen ........................................................................................................................... 1 

Conclusiones principales.................................................................................................. 2 

Recomendaciones............................................................................................................. 7 

Capítulo I 

Introducción y Panorámica General ......................................................................... 13 

Capítulo II 

Breve historia de la accesibilidad a la tecnología de la información....................... 24 

Capítulo III 

Marco legal de los derechos de acceso a la tecnología de la información .............. 33 

Capítulo IV 

Situación actual de la ejecución y puesta en práctica de la accesibilidad ............... 48 

Capítulo V 

Conclusiones ............................................................................................................. 75 

Capítulo VI 

Recomendaciones ..................................................................................................... 87 

Anexo 

Misión del Consejo Nacional de Discapacidad...................................................... 100 

El presente informe es el cuarto de una serie de estudios de control de los derechos 

civiles cuyo propósito consiste en evaluar la eficacia de las leyes más importantes en 

el campo de los derechos civiles que afectan a las vidas de los estadounidenses con 

discapacidad. En los informes anteriores de esta serie se ha examinado la puesta en 

práctica de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, de la Ley sobre Educación 

de Personas con Discapacidad (Individuals with Disabilities Education Act), y de la 

Ley sobre Acceso al Transporte Aéreo (Air Carrier Access Act). 

v 
Resumen 

¿Qué hay más importante, y que más veces se dé por hecho, que el acceso a la 

información en la rutina de la vida diaria? Pero muchas personas con discapacidad 

encuentran muy difícil o imposible acceder a la información e intercambiarla, aunque 

sean actividades que la mayoría de nosotros demos por hecho. En ocasiones sólo 

pueden conseguirlo recurriendo a terceras personas, o mediante el uso de tecnología 

electrónica y de la información1

. Probablemente los motivos por los cuales las 

personas con discapacidad carecen de acceso a la información en nuestra sociedad 

sean más significativos y, sin duda, estén más a nuestro alcance, que la carencia en sí 

misma. Cada vez más, la explicación no se encuentra en la discapacidad, sino en el 

diseño tecnológico que mediatiza nuestro acceso y nuestro uso de todo tipo de 

información. 

En general, los estadounidenses dan por hecho poder acceder a la información, casi 

hasta el punto de considerarlo un derecho. ¿Quién podría cuestionar que en Estados 

Unidos publiquemos las ofertas de empleo para que el mayor número posible de 

personas cualificadas puedan tener la oportunidad de competir para conseguirlas? Le 

damos tanta importancia a que la Administración nos notifique puntualmente las 

decisiones que tome sobre nuestras vidas –como la denegación de una reclamación por 

discapacidad, la petición de impuestos adicionales o la concesión del carnet de 

conducir–, que nuestros derechos a obtener este tipo de información están 

perfectamente protegidos en las leyes, alcanzando incluso la categoría de garantías 

constitucionales. Y reconocemos que la información procedente de la Administración 

es fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia y para el ejercicio 

individual de nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¿No nos sentiríamos 

completamente ultrajados si no se hiciera pública una oportunidad de promocionarnos 

laboralmente, si jamás se nos diera a conocer la concesión o denegación de nuestro 

carnet de conducir, o si no se publicara el texto de las declaraciones oficiales? 

Nadie podría discutir que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho y la 

misma necesidad de recibir información que los demás. Paradójicamente, a la vez que 

muchas personas dan cómodamente por hecho que la tecnología aporta a las personas 

con discapacidad más oportunidades de acceso de las que hayan tenido jamás, puede 

1

 La tecnología de la información se conoce con diversos nombres en su aplicación a las vidas de las 

personas con discapacidad. Podemos encontrar términos como “equipos adaptadores”, “tecnología de 

asistencia” o “tecnología electrónica y de la información”, que representan subgrupos o ampliaciones de 

lo que habitualmente denominamos Tecnología Electrónica y de la Información. “Equipo adaptador” es 

un término general que carece de definición legal y describe cualquier tipo de modificación tecnológica, 

incluyendo las modificaciones de diseño y los elementos añadidos, que logran que el equipo sea más 

accesible o más fácil de usar para las personas con discapacidad. La Tecnología de Asistencia, que es un 

término legal derivado de la Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con Discapacidad de 1988 

(Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act of 1988), incluye tanto dispositivos 

como servicios de tecnología de asistencia. El dispositivo de asistencia es un sistema o artículo “que se 

utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad”. 

La tecnología electrónica y de la información, tal y como se define en la puesta en práctica de los 

reglamentos que desarrollan el Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación, se utiliza específicamente en el 

entorno de las comunicaciones y la información, y se refiere al amplio abanico de hardware, software y 

demás elementos que componen este entorno. 

1 
que esta misma tecnología (unida a las actitudes y las expectativas de quienes la 

utilizan) esté reforzando en muchos casos los patrones de exclusión y aislamiento. 

En el presente informe se revisa la ejecución federal de los principales instrumentos 

legales (es decir, de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, del Artículo 255 de 

la Ley de Telecomunicaciones de 1996 y del Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación, 

con sus enmiendas) y la relación de dicha ejecución con la tecnología electrónica y de 

la información. En este informe, la tecnología electrónica y de la información se 

centra especialmente en Internet, la red mundial (World Wide Web), y en los equipos 

específicos de información o gestión de operaciones. 

Conclusiones principales 

Nuestros estudios empíricos y documentales evidencian que el liderazgo y el 

compromiso individual de los altos funcionarios y el personal de la Administración, 

especialmente de las agencias federales, es la clave del éxito de la puesta en práctica 

de las medidas a favor de la accesibilidad, sobre todo en el ámbito interno. Uno de los 

resultados de esta conclusión es que la institucionalización de estas prácticas y 

políticas sigue siendo tenue, pero es necesaria para la emergencia de un nuevo 

liderazgo y a la vez se ve impulsada por éste. 

• En el informe se documentan algunas de las medidas tomadas por las agencias 

para mejorar la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información que 

merece la pena emular. 

• Los resultados adversos y predecibles que la falta de accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información pueden tener sobre las vidas de las personas con 

discapacidad constituyen discriminación, aún no siendo deliberada, ya que existe 

–pero no se utiliza– una tecnología que podría reducir sustancialmente la 

desigualdad. 

• Las leyes existentes en materia de derechos civiles tienen perfectamente presentes 

los costes a la hora de determinar si resultan demasiado caras ciertas estrategias de 

accesibilidad o modificación relacionadas con la tecnología electrónica y de la 

información. Sin embargo, lo hacen de una forma que acentúa el tamaño y la 

visibilidad de dichos costes, ocultando al mismo tiempo el coste de la denegación 

del acceso. 

• El actual marco legal que cubre la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la 

información en realidad constituye una amalgama de leyes, centradas en 

determinadas categorías tecnológicas en algunos campos, y en otras categorías en 

otros campos; pero no refleja en ningún lugar una evaluación general o completa 

ni de las cuestiones, ni de las soluciones. 

• Si no recibe ayuda de la Administración y los consumidores, el mercado por sí 

solo no está capacitado para corregir el vacío del acceso a la tecnología electrónica 

y de la información. Las presiones normales de la competencia no fomentan un 

2 
diseño plenamente accesible ni la normalización de los productos de tecnología 

electrónica y de la información, aunque la demanda latente de estos dispositivos 

sea considerable. 

• Los cambios en la tecnología y en la interpretación de todas las leyes en materia 

de derechos civiles que emanan de los tribunales exigirán una nueva valoración, 

tanto de nuestra definición de la tecnología electrónica y de la información, como 

de nuestra perspectiva ante su defensa en aras de una mayor accesibilidad. 

Naturaleza del problema 

Los recientes debates suscitados sobre el problema de la “división digital” han puesto 

de manifiesto la existencia y las consecuencias de las grandes disparidades presentes 

en nuestra sociedad entre quienes tienen información y quienes están desposeídos de 

ella. El perjuicio atribuible al vacío de información es grave, tanto para quienes ven 

negadas por ello sus oportunidades y su participación, como para la sociedad en 

general. Aunque con demasiada frecuencia los estadounidenses con discapacidad se 

encuentran en el lado de la ecuación de los desposeídos de información y del acceso a 

la información, no se entienden bien, ni tampoco de forma generalizada, los motivos y 

las formas de remediar esta exclusión. 

Algunos ejemplos extraídos de nuestra tecnología y experiencia diaria servirán para 

ilustrar esta idea. El teléfono móvil, que a tantas personas ha dotado de comodidad, 

también ha creado nuevas barreras al acceso a las telecomunicaciones para las 

personas sordas o con problemas de audición, porque este tipo de teléfonos no suelen 

incorporar la compatibilidad con los audífonos. Los bancos, que solían tener cajeros 

para prestar servicio a sus clientes, ahora cuentan con cajeros automáticos, líneas de 

servicio telefónico e Internet. Cada una de estas tecnologías de la información plantea 

serias barreras para el acceso de las personas con diversos tipos de discapacidad. Las 

personas que no pueden ver la información ni los avisos que aparecen en pantalla de 

hecho se encuentran excluidos del uso de los cajeros automáticos. Las personas que no 

pueden pronunciar los números de cuenta o de tarjeta antes de que los sistemas de 

respuesta de voz corten la comunicación, tampoco pueden utilizar todos los tipos de 

líneas automatizadas de atención al cliente. Y las personas que no pueden utilizar un 

ratón pueden verse sin acceso a muchas aplicaciones y oportunidades que el sector 

comercial ofrece por Internet. 

Por muy aislantes que resulten estas limitaciones, su impacto es aún más frustrante 

porque en gran medida son innecesarias. Mucho tendríamos que lamentarnos si no 

existieran los principios de diseño y las capacidades tecnológicas necesarias para 

hacer que nuestra tecnología electrónica y de la información fuera más accesible. Sin 

embargo, en gran medida estas técnicas existen y normalmente se pueden llevar a la 

práctica con un coste muy bajo, causando una mínima interrupción al sector, al 

comercio y al resto de los usuarios de la tecnología. Como resultado, tenemos que 

preguntarnos por qué este tipo de mejoras no se utilizan de forma más general, y qué 

podemos hacer para que se utilicen. 

3 
Una parte de la respuesta a estas preguntas podemos encontrarla en las leyes. Las 

disposiciones en materia de derechos civiles que se tratan en el presente informe se 

encuentran entre los métodos elegidos por la sociedad para contribuir a minimizar el 

vacío de acceso a la información existente entre las personas con discapacidad y las 

personas sin discapacidad. Pero las leyes no pueden conseguir aquello que las 

personas no desean. 

El acceso a la tecnología electrónica y de la información 

como concepto de derechos civiles 

Este concepto de la tecnología electrónica y de la información como cuestión de 

derechos civiles forma parte de los requisitos de tres importantísimas leyes federales: 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, la Ley Federal de Comunicaciones 

(Federal Communications Act) de 1934, y la ley de Rehabilitación de 1973, con sus 

enmiendas. En este estudio, la tecnología electrónica y de la información se refiere a 

este concepto. El término “tecnología electrónica y de la información”, utilizado en el 

Artículo 508, se deriva de la Ley Clinger Cohen (Clinger Cohen Act) de 1996, que es 

la ley principal en materia de recursos de información y prácticas de gestión de la 

información de la Administración federal. 

Aunque el término “tecnología electrónica y de la información” sea relativamente 

nuevo y quizá algunos no estén familiarizados con él, creemos que se convertirá en el 

término predominante en los debates sobre los derechos de acceso a la tecnología de la 

información. El abanico de dispositivos agrupados dentro de la definición de 

tecnología electrónica y de la información es incluyente, y abarca todos los equipos, 

software y sitios web utilizados para la creación, almacenaje, transmisión o 

manipulación de datos e información. En este estudio nos vamos a centrar 

principalmente en los ordenadores (incluyendo el software y los equipos periféricos), 

en los equipos de telecomunicaciones, en los cajeros automáticos, en los kioscos de 

información (incluyendo los basados en Internet), y en otros sitios y recursos de 

Internet. 

Es probable que los conceptos y las cuestiones que se tratan en el presente informe 

constituyan el centro de nuestra atención e interés a medida que la tecnología se vaya 

convirtiendo en una herramienta fundamental de nuestra vida diaria, y según la propia 

información se vaya convirtiendo en el medio y el producto de intercambio de nuestra 

sociedad. 

4 
Guía del informe 

El estudio pretende responder a tres preguntas básicas: 

1. ¿El acceso a la tecnología electrónica y de la información es suficientemente 

fundamental para los estadounidenses con discapacidad como para elevarlo al 

nivel de derecho civil? 

2. ¿Cuáles son las leyes que establecen medidas protectoras de los derechos civiles 

en materia de acceso a la tecnología electrónica y de la información, y cómo se 

están aplicando y haciendo cumplir esas leyes? 

3. ¿Qué cambios legales o de las prácticas serían más eficaces para cumplir los 

objetivos de igualdad de acceso a la tecnología electrónica y de la información 

para todos los estadounidenses? 

En el Capítulo I se establece un marco para comprender las cuestiones que rodean el 

acceso a la tecnología electrónica y de la información y para entender por qué estas 

cuestiones tienen tanta importancia. En él se exploran las cuestiones demográficas, 

económicas y legales asociadas con la inaccesibilidad a la información para las 

personas con discapacidad; se explica que el grupo objetivo de las medidas de 

accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información no está limitado a las 

personas con discapacidad sensorial; y se debaten las repercusiones de este tema para 

la sociedad en su conjunto, a medida que la tecnología vaya cambiando y nuestra 

población vaya envejeciendo. 

En el Capítulo II se presenta un panorama histórico del desarrollo de los conceptos y 

las leyes de accesibilidad. En él se examinan los orígenes y el desarrollo del concepto 

de accesibilidad con relación al campo de la construcción, y se sigue el rastro de la 

aplicación de este concepto hasta la información. Posteriormente se describen los 

cambios evolutivos en la tecnología de la comunicación y la información que han 

traído consigo la elaboración de nuevos modelos legales para impulsar el concepto de 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. Este capítulo llega hasta 

el momento presente, en el que el acceso a la tecnología de la información –desde los 

ordenadores hasta los kioscos, pasando por las páginas web y los directorios 

electrónicos de los edificios– es equivalente al acceso a la información en sí mismo. 

En el Capítulo III se explican las principales disposiciones legales que versan sobre 

este tema. Entre ellas encontramos las disposiciones en materia de “adaptaciones 

razonables”, de “comunicaciones efectivas”, y de “servicios y ayudas auxiliares” de la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidad; las disposiciones en materia de equipos de 

telecomunicaciones, de los equipos que el cliente utiliza en sus propias instalaciones, y 

de requisitos de compatibilidad o accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones 

del Artículo 255 de la Ley de Telecomunicaciones; y las disposiciones en materia de 

requisitos para la adquisición y utilización de tecnología electrónica y de la 

información accesible por parte de las agencias federales, previstas en el Artículo 508 

de la Ley de Rehabilitación. 

5 
En el capítulo se examinan las formas en que cada instrumento legal se centra en la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información y recupera las fuentes 

legales, normativas y de derecho común para evaluar el papel de cada instrumento 

legal. 

En el Capítulo IV se analiza y documenta la administración y ejecución de estas leyes 

por parte de las agencias federales responsables. Comienza debatiendo la accesibilidad 

de las fuentes de información sobre la ley. Después, revisa la cantidad y calidad de la 

documentación generada por las agencias responsables del cumplimiento de las leyes, 

fijándose en el potencial de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información previsto por cada ley, incluyendo las importantísimas nuevas formas de 

documentación, como el sistema de información autoevaluativo de la agencia federal 

introducido por el Departamento de Justicia, en virtud de lo previsto en el Artículo 

508. 

Posteriormente, en el mismo capítulo se analizan los aspectos no documentales del 

cumplimiento de las leyes, incluyendo elementos de la cultura de las agencias en 

materia de resolución de casos, priorización de cuestiones, gestión de quejas y otros 

asuntos. 

A continuación se debate el proceso de planificación estratégica de la agencia como 

vehículo para poner en práctica, a largo plazo y con todas las garantías, políticas y 

prácticas de accesibilidad en materia de tecnología electrónica y de la información. El 

capítulo concluye con un debate sobre el papel actual y posible de las subvenciones y 

los contratos federales para la prestación de bienes, servicios e información al público 

(incluyendo programas como Medicare y Medicaid o los servicios laborales directos), 

como fuente de autoridad para extender los requisitos de accesibilidad a la tecnología 

electrónica y de la información más allá de las agencias federales. 

En el Capítulo V se incluyen las principales conclusiones del informe. Se exponen las 

observaciones y conclusiones basadas en las entrevistas y conversaciones 

desarrolladas con los funcionarios de las agencias federales, los usuarios de tecnología 

y los grupos de defensa, para intentar entender por qué algunas agencias federales han 

tenido más éxito que otras a la hora de llevar a la práctica los derechos de acceso a la 

tecnología de la información. 

La última sección del presente informe, el Capítulo VI, ofrece recomendaciones 

detalladas para ejecutar y realzar las leyes y las prácticas actuales, a fin de mejorar la 

accesibilidad de la infraestructura informativa de la nación y la puesta en práctica de 

las correspondientes leyes de derechos civiles. Las recomendaciones son las 

siguientes: 

6 
Recomendaciones 

1. Incorporar la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información en 

la planificación de las agencias y en los procesos de planificación de toda la 

Administración y a todo nivel. 

1.1 Promulgar y poner en práctica la política nacional de accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información por orden ejecutiva presidencial. 

1.2 Ley de Resultados y Rendimiento de la Administración (Government 

Performance and Results Act – GPRA). 

Utilizando las oportunidades planteadas por el proceso de planificación iniciado 

por las agencias federales, en virtud de lo previsto en la Ley de Resultados y 

Rendimiento de la Administración, se debería exigir que todas las agencias que 

tengan responsabilidades en materia de derechos civiles incorporen metas, 

objetivos, métodos y criterios de valoración de resultados para desarrollar y 

utilizar tecnología electrónica y de la información accesible en los planes que 

diseñen en cumplimiento de dicha ley. 

1.3 Política de información y gestión de información 

Todos los desarrollos en materia de planificación informativa y política de 

tecnología electrónica y de la información deberán incluir y documentar que se ha 

prestado la atención debida a las formas en que se van a integrar las 

consideraciones de accesibilidad en las políticas, prácticas y resoluciones de las 

agencias. La Oficina de Gestión y Presupuesto debería proporcionar las 

orientaciones necesarias sobre la forma de documentar esta integración. 

1.4 Planificación de información para toda la Administración 

En la medida en que la Administración federal desarrolla y pone en práctica 

políticas para toda la Administración en materia del uso de la tecnología 

electrónica y de la información, dichas políticas y requisitos deben prever de igual 

forma la integración de metas y estándares de accesibilidad en todas las 

actividades y en los procesos de toma de decisiones. 

1.5 Formación laboral federal 

Todas las iniciativas federales orientadas a mejorar las destrezas de la población 

activa federal deberán incluir la prestación de formación y recursos 

complementarios en aquellos casos en los que el uso de tecnología de asistencia u 

otros factores altere o individualice el proceso formativo para los trabajadores con 

discapacidad. 

7 
1.6 Medidas alternativas cuando el acceso a la tecnología electrónica y de la 

información no sea posible. 

Los planes estratégicos y operativos deberán incluir disposiciones sobre la forma 

en que se va a facilitar y garantizar el acceso a la información cuando no se 

disponga de tecnología electrónica y de la información que sea accesible. 

2. Revisar el proceso federal de contratación para impulsar la difusión de la 

accesibilidad 

2.1 Subvenciones y contratos 

Cada agencia, tras recibir las debidas orientaciones de la Administración de 

Servicios Generales, de la Oficina de Gestión y Presupuesto o de las autoridades 

que proceda, debería revisar toda la gama de contratos y subvenciones asignados 

para administrar y distribuir los fondos federales, a fin de garantizar que los 

contratistas o receptores de subvenciones aprovechen plenamente todas las 

posibilidades previstas por la ley para impulsar o exigir la adopción de prácticas 

de accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información. 

2.2 Lenguaje modelo de contrato 

La Administración debería desarrollar un lenguaje modelo para los contratos que 

administren los fondos federales, a fin de mantener el mayor estándar posible de 

accesibilidad en el uso no accesorio de la tecnología electrónica y de la 

información. 

2.3 Asistencia técnica del contratista y del receptor de subvenciones 

La Administración debe garantizar que todos los contratos con requisitos de 

accesibilidad incluyan disposiciones relativas a la disponibilidad de una asistencia 

técnica adecuada para quienes tengan que satisfacer las expectativas de 

accesibilidad. 

3. Establecer un control de calidad de los sitios web federales 

3.1 Auditoría de los sitios web federales 

Las agencias independientes y el Departamento de Justicia deben desarrollar un 

sistema para efectuar auditorías periódicas aleatorias de los sitios web, a fin de 

garantizar que se mantengan los estándares de accesibilidad. 

3.2 Automatización de los procesos de revisión 

La Administración debe buscar la forma de validar y desplegar técnicas para 

minimizar el número de trabajadores dedicados al mantenimiento de los sitios 

web. 

8 
4. Plantear sistemáticamente la cuestión de la rentabilidad 

4.1 Comisión presidencial 

El Presidente debería nombrar una Comisión Nacional que incluya representantes 

del sector, de la Administración y de la comunidad de personas con discapacidad, 

así como economistas y expertos en demografía, para estudiar detenidamente e 

informar sobre la naturaleza de todos los costes y beneficios relacionados tanto 

con la accesibilidad como con la inaccesibilidad de la tecnología electrónica y de 

la información. 

4.2 Conferencia de la Casa Blanca 

Como punto de arranque para el trabajo de la Comisión Nacional, se debería 

convocar una cumbre de la Casa Blanca sobre accesibilidad. Esta cumbre de alto 

nivel debería reunir a los representantes de todos los sectores –empresas, la 

comunidad de la discapacidad, Administración e investigadores– para identificar 

las oportunidades de establecer asociaciones eficaces e innovadoras en materia de 

política, planificación, investigación y puesta en práctica de las medidas de 

accesibilidad en toda nuestra economía y sociedad. 

5. Implicar a los consumidores en el proceso de accesibilidad 

5.1 Paneles consultivos de consumidores 

Se debe recomendar a las agencias que nombren paneles consultivos de 

consumidores que las asesoren y ayuden en sus esfuerzos para lograr la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, tanto para sí 

mismas como para todos los grupos de población afectadas por ellas. 

5.2 Atención al consumidor para el sector 

La Administración federal, en asociación con el sector de la tecnología electrónica 

y de la información, debería investigar la manera de formar, situar y retribuir 

apropiadamente a los usuarios finales con discapacidad, con objeto de ayudar al 

sector a desarrollar estrategias eficaces de accesibilidad, prever las cuestiones de 

acceso relacionadas con las nuevas tecnologías o diseños, y verificar y evaluar los 

dispositivos y sistemas prototípicos. 

6. Enriquecer los recursos disponibles para llevar a la práctica el Artículo 508 

6.1 Orientación adicional 

La Administración de Servicios Generales, la Plataforma de Acceso, la Oficina de 

Gestión y Presupuesto y el Consejo Regulador de la Adquisición Federal (Federal 

Acquisition Regulations Council) tienen que colaborar urgentemente para 

identificar las cuestiones clave que quedan sin resolver en materia de puesta en 

práctica, y para proporcionar orientaciones significativas en lo que respecta a la 

ley y su facultad discrecional. 

9 
6.2 Auditoría de cargas excesivas 

Se debería desarrollar un sistema para auditar periódicamente las alegaciones de 

carga excesiva de las agencias. 

6.3 Verificación de los cuestionarios autoevaluativos de las agencias 

El Departamento de Justicia debería desarrollar un procedimiento para verificar 

los informes de autoevaluación de las agencias relativos a sus niveles de 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, así como a los 

progresos efectuados para alcanzar dicha meta. 

6.4 Asistencia técnica obligatoria 

Se deberían desarrollar procedimientos para que las agencias que hayan tenido 

problemas graves y continuados con el cumplimiento del Artículo 508 estén 

obligadas a aceptar ayuda técnica para buscar soluciones a sus puntos débiles. 

6.5 Postura en caso de litigio 

El Departamento de Justicia debería indicar su forma de proceder cuando se le 

reclame para defender ante los tribunales a una agencia federal por una demanda 

basada en su incumplimiento del Artículo 508, y tenga conocimiento de que la 

agencia efectivamente lo ha incumplido. 

6.6 Reducir las exenciones previstas en el Artículo 508 para los contratos 

formalizados entre agencias federales. 

El Departamento de Justicia debe aclarar que, cuando la Oficina de Imprenta de la 

Administración (Government Printing Office) formalice una relación contractual 

con divisiones ejecutivas de las agencias que lo sometería a los requisitos 

previstos en el Artículo 508, si la Oficina no fuera una agencia del Congreso 

exenta, la Oficina está obligada a cumplir los requisitos del Artículo 508 al 

desarrollar las tareas objeto de dichos contratos. 

7. Mantener expedientes y recabar datos 

7.1 Se deben hacer esfuerzos inmediatos para desarrollar, verificar in situ, divulgar y 

analizar los instrumentos oportunos para recabar datos y mantener expedientes. 

8. Revisión legal 

Conjuntamente, o como elemento del trabajo de la Comisión que se propone en la 

Recomendación 4.1, el Presidente y el Congreso deben establecer una comisión 

conjunta (o designar una entidad existente, como el Consejo Nacional de 

Discapacidad) para examinar las barreras que impidan la puesta en práctica 

efectiva de las medidas de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información recogidas en las leyes federales actuales, y para recomendar 

modificaciones legislativas que impulsen la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información en los sectores público y privado. 

10 
9. Revigorizar la calidad y el enfoque de la ejecución de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad 

9.1 Comercio electrónico, terminales públicas e Internet 

El Departamento de Justicia, con las normas legales adecuadas, la orientación 

interpretativa que proceda e incoando los procedimientos que corresponda, debe 

inmediatamente emprender pasos significativos para exponer su posición en lo 

que respecta a la posibilidad de aplicación del Título III a Internet. 

El Departamento de Justicia también debe promulgar estándares y requisitos para 

la accesibilidad de los terminales públicos, incluyendo los directorios 

electrónicos, los lectores de tarjetas de los puntos de venta, las terminales de 

bibliotecas y dispositivos similares. 

9.2 Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales (Equal Employment 

Opportunities Commission) debe actualizar sus materiales de orientación y 

asistencia técnica para los empresarios privados cubiertos por el Título I de la Ley 

de Estadounidenses con Discapacidad, a fin de reflejar la priorización de la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, para explicar el 

significado y la importancia de este concepto de forma que clarifique sus 

diferencias y relaciones con el modelo de adaptaciones razonables, y para ampliar 

las listas de recursos organizativos y de asistencia técnica que se facilitan a los 

empresarios, de forma que se incluyan entidades y programas especializados en 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. 

Así mismo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales debería emitir 

orientaciones sobre la relación entre el Artículo 508 y el Artículo 501. 

10. Intensificar el control y la obligación de cumplimiento en virtud de lo 

previsto en el Artículo 255 

10.1Comisión Federal de Comunicaciones 

La Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) 

debe indicar qué elementos y funciones de la próxima generación de equipos de 

telecomunicaciones inalámbricas o de los equipos que el cliente tiene en sus 

propias instalaciones, considera capaces de ser plenamente accesibles en las 

condiciones actuales. 

10.2Recursos ante el incumplimiento del Artículo 255 

La Comisión Federal de Comunicaciones debe emitir una opinión legal sobre la 

forma en que reaccionaría y la posición que adoptaría si un consumidor intentara 

saltarse el proceso de reclamación previsto por el Artículo 255 y presentara su 

demanda ante un tribunal federal por discriminación basada en la disposición del 

“transporte común” de la Ley Federal de Comunicaciones. 

11 
10.3Informes de control del mercado 

La Comisión Federal de Comunicaciones, en conjunción con la Plataforma de 

Acceso, debe institucionalizar la elaboración y publicación regular y periódica del 

Informe de Control del Mercado de las telecomunicaciones. 

10.4Definición de los servicios de telecomunicaciones afectados 

La Comisión Federal de Comunicaciones debe indicar formalmente los resultados 

de su estudio y sus conclusiones sobre el posible alcance de la cobertura de los 

servicios de telecomunicaciones del Artículo 255. Si la Comisión resuelve que 

tiene autoridad legal para incluir el denominado “servicio de información” dentro 

del alcance de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones del Artículo 

255, deberá proceder de inmediato a instituir el proceso de elaboración normativa 

necesario para lograr esta aclaración. Si la Comisión resuelve que carece de 

autoridad legal para hacerlo, deberá unirse a otras entidades para apoyar la 

legislación que lo remedie. 

Conclusión 

Vivimos en la denominada “sociedad de la información”. En esta era que sucede a la 

Era Industrial, la información es cada vez más el producto principal del comercio. 

Cada vez más, el acceso a la tecnología de la información se está convirtiendo en el 

factor que determina el éxito y en la fuente de oportunidades para la formación y el 

empleo. En estas circunstancias, no debería sorprendernos que el acceso a la 

información y a la tecnología que la genera, la transmite y la almacena, se haya 

convertido en una cuestión de derechos civiles para muchas personas con discapacidad 

y para nuestra sociedad. A medida que vaya creciendo la importancia de la tecnología 

electrónica y de la información en la forma en que desarrollamos nuestras vidas, en las 

elecciones que hacemos, y en las decisiones que otras personas toman sobre nosotros, 

la importancia de esta cuestión no tiene más opción que seguir igualmente creciendo. 

Tenemos que asegurarnos de que todos los estadounidenses puedan participar en la 

sociedad de la información del siglo XXI. El presente informe representa el gran 

esfuerzo realizado por el Consejo Nacional de Discapacidad y los consumidores 

discapacitados de tecnologías electrónicas y de la información para proporcionar una 

serie de recomendaciones, estrategias y actividades coherentes que, si se ponen en 

práctica, proporcionarán una calidad de vida mejor a todos los estadounidenses que 

utilizan las tecnologías electrónicas y de la información. 

12 
Capítulo I 

Introducción y panorámica general 

A. Contexto del presente informe 

El presente informe es el cuarto de una serie de estudios de control de los derechos 

civiles, cuyo propósito consiste en evaluar la puesta en práctica y el cumplimiento de 

las principales leyes en materia de derechos civiles que afectan a las vidas de los 

estadounidenses con discapacidad. Los informes anteriores de esta serie han 

examinado la puesta en práctica de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, de la 

Ley sobre Educación de Personas con Discapacidad, y de la Ley sobre Acceso al 

Transporte Aéreo2

. Los informes futuros se centrarán en la Ley de Enmiendas para un 

Alojamiento Justo (Fair Housing Amendments Act) y en el Artículo 504 de la Ley de 

Rehabilitación. 

El Consejo Nacional de Discapacidad ha remitido el presente informe al Presidente y 

al Congreso. El Consejo Nacional de Discapacidad es una agencia federal 

independiente compuesta por 15 miembros nombrados por el Presidente de Estados 

Unidos y confirmados por el Senado. El Consejo tiene como objetivo general 

promover políticas, programas, prácticas y procedimientos que garanticen la igualdad 

de oportunidades para todos los individuos con discapacidad, con independencia de la 

naturaleza o gravedad de su minusvalía, y facultar a las personas con discapacidad 

para que logren ser autosuficientes económicamente, puedan vivir de forma 

independiente y logren su inclusión e integración en todos los aspectos de la sociedad. 

El Consejo fue constituido inicialmente en 1978 como panel consultivo del 

Departamento de Educación (Ley Pública 95 – 602). Las Enmiendas a la Ley de 

Rehabilitación de 1984 (Ley Pública 98 – 221) transformaron el Consejo Nacional de 

Discapacidad en una agencia independiente. 

El Consejo desempeña un importantísimo papel en el desarrollo de la política de 

discapacidad en Estados Unidos. De hecho, la propuesta original de lo que después se 

convirtió en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad partió del Consejo. 

Actualmente, el Consejo se ocupa de las siguientes cuestiones clave: mejorar los 

servicios de asistencia personal; impulsar la reforma de la atención sanitaria; incluir a 

los estudiantes con discapacidad en los programas de alta calidad en las escuelas 

típicas de barrio; promover la igualdad de oportunidades laborales y de alojamiento en 

la comunidad; controlar la puesta en práctica de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad; mejorar la tecnología de la información y de las telecomunicaciones; 

mejorar la tecnología de asistencia, y garantizar que las personas con discapacidad que 

sean miembros de grupos diversos participen plenamente en la sociedad. 

2

 Promesas que cumplir: Una década de cumplimiento federal de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad (Promises to Keep: A Decade of Federal Enforcement of the Americans with Disabilities 

Act (2000)); Vuelta al colegio sobre los derechos civiles: Avance del compromiso federal para no dejar 

atrás a ningún niño (Back To School on Civil Rights: Advancing the Federal Commitment to Leave No 

Child Behind (2000)); Cumplimiento de los derechos civiles de los usuarios con discapacidad de 

transporte aéreo: Recomendaciones para el Departamento de Transporte y el Congreso (Enforcing the 

Civil Rights of Air Travelers with Disabilities: Recommendations for the Department of Transportation 

and Congress (1999). Washington, D. C. Consejo Nacional de Discapacidad. 

13 
Como parte de su orden de trabajo en el campo de la investigación tecnológica, en 

enero de 1995 el Consejo estableció un equipo de trabajo centrado en el consumidor, 

abarcando todas las discapacidades y basado en la comunidad. Conocido como 

Technology Watch (Tech Watch, Vigilante Tecnológico), este comité consultivo 

federal compuesto por 11 miembros proporciona información al Consejo sobre 

cuestiones relativas a la legislación emergente en materia de tecnología de asistencia y 

tecnología electrónica y de la información, y ayuda a vigilar el cumplimiento de la 

legislación en materia de derechos civiles, como el Artículo 508 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas. 

Este estudio se distingue de los anteriores informes de la serie de control de los 

derechos civiles en que, en lugar de examinar un único texto legal, se centra en un 

concepto más amplio que abarca varias leyes. Este concepto del acceso a la tecnología 

electrónica y de la información basado en los derechos civiles forma parte de los 

requisitos de tres importantísimas leyes federales: la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad, la Ley Federal de Comunicaciones y el Artículo 508 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas. 

Más concretamente, en el presente informe se examina el cumplimiento en el ámbito 

federal de las leyes clave (es decir, de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, 

del Artículo 255 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996 y del Artículo 508 

de la Ley de Rehabilitación, con sus enmiendas), y en la relación de dicho 

cumplimiento con la tecnología electrónica y de la información. Por tecnología 

electrónica y de la información entendemos Internet, la red mundial, y equipos 

específicos de información y gestión de operaciones. 

Este informe se centra en evaluar en qué medida se puede considerar que el acceso a la 

información es un derecho civil y en la forma en que se puede llevar a la práctica y 

hacerse cumplir este derecho, al amparo de éstas y de otras leyes. Puede que 

inicialmente algunos lectores no estén familiarizados con los conceptos y cuestiones 

que se tratan en este informe, pero es probable que constituyan nuestro centro de 

atención e interés a medida que la tecnología electrónica y de la información se vaya 

convirtiendo en una herramienta fundamental para nuestra vida diaria, y conforme la 

propia información se convierta en el medio de intercambio de nuestra sociedad. 

El estudio pretende responder a tres preguntas básicas: 

4. ¿El acceso a la tecnología electrónica y de la información es suficientemente 

fundamental para los estadounidenses con discapacidad como para elevarlo al 

nivel de derecho civil? 

5. ¿Cuáles son las leyes que establecen medidas protectoras de los derechos civiles 

en materia de acceso a la tecnología electrónica y de la información, y cómo se 

están aplicando y haciendo cumplir esas leyes? 

6. ¿Qué cambios legales o de las prácticas serían más eficaces para cumplir los 

objetivos de igualdad de acceso a la tecnología electrónica y de la información 

para todos los estadounidenses? 

14 
La metodología adoptada para este estudio ha consistido en el análisis de las leyes, 

reglamentos y normas de derecho común pertinentes relativas al alcance y 

cumplimiento de las leyes de derechos civiles de discapacidad; entrevistas con 

funcionarios federales clave, implicados en el proceso de conseguir que la tecnología 

electrónica y de la información sea accesible; revisión de la documentación federal en 

materia de prácticas y políticas de accesibilidad; y análisis de los informes y estudios 

no gubernamentales sobre accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. 

B. Guía del estudio 

En el resto del presente capítulo se establece un marco para comprender las cuestiones 

que rodean el acceso a la tecnología electrónica y de la información y para entender 

por qué estas cuestiones tienen tanta importancia. 

En el Capítulo II se presenta un panorama histórico del desarrollo de los conceptos y 

las leyes de derechos civiles que afectan al acceso a la información y a la tecnología 

de la información. 

En el Capítulo III se explican las principales disposiciones legales que versan sobre 

este tema. 

En el Capítulo IV se analiza y documenta la administración y ejecución de estas leyes 

por parte de las agencias federales responsables y siguiendo la interpretación de los 

tribunales. 

En el Capítulo V se incluyen las principales conclusiones del informe. Está dividido 

en dos partes: en la primera sección se exponen las observaciones y conclusiones 

basadas en las entrevistas y conversaciones desarrolladas con los funcionarios de las 

agencias federales, los usuarios de tecnología y los grupos de defensa, para intentar 

entender cómo y por qué algunas agencias federales han tenido más éxito que otras a 

la hora de llevar a la práctica los derechos de acceso a la tecnología de la información. 

En el resto del capítulo se exponen otras conclusiones importantes basadas en nuestra 

investigación documental y empírica. 

En el Capítulo VI se ofrecen recomendaciones detalladas para ejecutar y realzar las 

leyes y las prácticas actuales a fin de mejorar la accesibilidad de la infraestructura 

informativa de la nación. 

C. La importancia de la tecnología de la información 

La tecnología de la información se conoce con diversos nombres en su aplicación a las 

vidas de las personas con discapacidad. Podemos encontrar términos como “equipos 

adaptadores”, “tecnología de asistencia” o “tecnología electrónica y de la 

información”, que forman parte, como subgrupos o extensiones, de lo que 

habitualmente denominamos tecnología de la información. “Equipo adaptador” es un 

término general que carece de definición legal y describe cualquier tipo de 

modificación tecnológica, incluyendo las modificaciones de diseño y los elementos 

añadidos, que logran que el equipo sea más accesible o más fácil de usar para las 

personas con discapacidad. La “tecnología de asistencia”, que es un término legal 

15 
derivado de la Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con Discapacidad de 

1988, incluye tanto dispositivos como servicios de tecnología de asistencia. El 

dispositivo de asistencia es un sistema o artículo “que se utiliza para aumentar, 

mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad”3

. 

La tecnología electrónica y de la información, tal y como se define en la puesta en 

práctica de los reglamentos derivados del Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación, se 

utiliza específicamente en el entorno de las comunicaciones y la información, y se 

refiere al amplio abanico de hardware, software y demás elementos que componen 

este entorno4

. 

¿Hay algo más importante, y que más veces se dé por hecho, que el acceso a la 

información en la rutina de la vida diaria? Sin embargo, muchas personas con 

discapacidad encuentran muy difícil o imposible acceder a la información e 

intercambiar información, aunque sean actividades que la mayoría de nosotros demos 

por hecho. En ocasiones sólo pueden conseguirlo recurriendo a terceras personas, o 

mediante el uso de tecnología electrónica y de la información. Probablemente los 

motivos por los cuales las personas con discapacidad carecen de acceso a la 

información en nuestra sociedad sean más significativos y, sin duda, estén más a 

nuestro alcance, que la carencia en sí misma. Cada vez más, la explicación no se 

encuentra en la discapacidad, sino en el diseño tecnológico que mediatiza nuestro 

acceso y uso de todo tipo de información. 

En general, los estadounidenses dan por hecho poder acceder a la información, casi 

hasta el punto de considerarlo un derecho. ¿Quién podría cuestionar que en Estados 

Unidos publiquemos las ofertas de empleo para que el mayor número posible de 

personas cualificadas puedan tener la oportunidad de competir para conseguirlas? Le 

damos tanta importancia a que la Administración nos notifique puntualmente las 

decisiones que tome sobre nuestras vidas –como la denegación de una reclamación por 

discapacidad, la petición de impuestos adicionales o la concesión del carnet de 

conducir–, que nuestros derechos a obtener este tipo de información están 

perfectamente protegidos en las leyes, alcanzando incluso la categoría de garantías 

constitucionales. Y reconocemos que la información procedente de la Administración 

es fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia y para el ejercicio 

individual de nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¿No nos sentiríamos 

completamente ultrajados si no se hiciera pública una oportunidad de promocionarnos 

laboralmente, si jamás se nos diera a conocer la concesión o denegación de nuestro 

carnet de conducir, o si no se publicara el texto de las declaraciones oficiales? 

Nadie podría discutir que las personas con discapacidad tienen la misma necesidad de 

recibir información que los demás. Sin embargo, para muchos de estos ciudadanos, el 

vacío informativo (que es tanto causa como consecuencia de diversas formas de 

desventaja social y económica) no se va reduciendo. Paradójicamente, a la vez que 

muchas personas dan cómodamente por hecho que la tecnología aporta a las personas 

con discapacidad más oportunidades de acceso de las que hayan tenido jamás, puede 

3

 Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con Discapacidad de 1988 (Technology-Related 

Assistance for Individuals with Disabilities Act of 1988) Ley Pública (P. L.) 100 – 407, con las enmiendas 

introducidas por la Ley Pública 103 – 218 de 1994, y con las revisiones introducidas por la Ley de 

Tecnología de Asistencia (Assistive Technology Act) de 1998, Ley Pública 105 – 394 (véase 3 (3)). 

4

 Código de Reglamentos Federales 36 Artículo 1194.4. 

16 
que esta misma tecnología (unida a las actitudes y las expectativas de quienes la 

utilizan) esté reforzando en muchos casos los patrones de exclusión y aislamiento. 

Los recientes debates suscitados sobre el problema de la “división digital” han puesto 

de manifiesto la existencia y las consecuencias de las grandes disparidades presentes 

en nuestra sociedad entre quienes tienen y quienes no tienen información. El perjuicio 

atribuible al vacío de información es grave, tanto para aquellos que por ello ven 

negadas sus oportunidades y su participación, como para la sociedad en general. 

Aunque con demasiada frecuencia los estadounidenses con discapacidad se encuentran 

en el lado de la ecuación de los desposeídos de información y de acceso a la 

información, los motivos que originan esta exclusión y las formas de remediarla no se 

entienden bien ni en su más amplio sentido. 

Dejando al margen cuestiones más generales de pobreza, educación o asistencia 

sanitaria, el problema consiste en que, gran parte de la información que el resto de 

nuestra sociedad da por hecho, no se facilita ni se divulga de formas accesibles o que 

las personas con discapacidad sensorial, física o cognitiva pueda utilizar. Imagínese lo 

que sería intentar vivir su vida en un mundo en el que la mayoría de la comunicación 

importante se desarrollara exclusivamente en un idioma extranjero desconocido. 

Imagínese cómo sería vivir en un mundo en el que fuera posible que una persona ni 

siquiera supiera que la información existe. 

Vivimos en lo que se suele denominar “sociedad de la información”. En esta era que 

sucede a la Era Industrial, la información es cada vez más el producto principal del 

comercio, y la tecnología, desde el ordenador al kiosco de información, pasando por el 

tablón de mensajes electrónicos y las líneas DSL, se convierte gradualmente en el 

medio de transmisión, almacenaje y manipulación de esa información. De esta forma, 

el acceso a la tecnología de la información se está convirtiendo en el factor que 

determina el éxito y en la fuente de oportunidades para la formación y el empleo. En 

estas circunstancias, no debería sorprendernos que el acceso a la información y la 

tecnología que la crea y facilita, se convierta en una cuestión de derechos civiles para 

las personas con discapacidad y para nuestra sociedad. A medida que vaya creciendo 

la importancia de la tecnología electrónica y de la información en la forma en que 

desarrollamos nuestras vidas, en las elecciones que hacemos, y en las decisiones que 

otras personas toman sobre nosotros, la importancia de la tecnología de la información 

no tiene más opción que seguir igualmente creciendo. 

D. Naturaleza del problema 

A la vez que creamos nuevas oportunidades para algunos, los avances de la tecnología 

de la información erigen nuevas barreras para otros. Cuando pueden evitarse estas 

barreras, su innecesaria presencia resulta aún más trágica y excesiva. 

Entre los tipos de tecnología que han cambiado irrevocablemente la vida de muchos 

de nosotros, la moderna tecnología de la información, la tecnología de la era 

informática, ha dado poder a muchas personas de una forma nunca vista. Pero sería un 

grave error dar por hecho que toda, o la mayoría de la tecnología de la información, 

está disponible de forma rutinaria para que las personas con discapacidad accedan a 

ella o la utilicen. La incorporación de lo que denominamos accesibilidad en la 

infraestructura de la tecnología de la información en Estados Unidos no es, ni ha sido, 

17 
automática ni segura. Cuando cualquier nueva tecnología generalizada crea 

oportunidades para unos pero excluye a otros porque las características de su diseño 

no tienen en cuenta a los usuarios con discapacidad, parte de su impacto consiste en 

generar frustración, crear divisiones y reducir las oportunidades de independencia 

disponibles para grupos significativos de nuestros conciudadanos. Y a la inversa, los 

empresarios que quieran acceder a los trabajadores con discapacidad por medio del 

teléfono móvil, no pueden hacerlo porque el móvil carece de capacidad de 

amplificación. 

Algunos ejemplos extraídos de nuestra tecnología y experiencia diaria servirán para 

ilustrar esta idea. El teléfono móvil, que ha dotado de tanta comodidad a tantas 

personas, también ha creado nuevas barreras al acceso a las telecomunicaciones para 

las personas con problemas de audición, porque la mayoría de este tipo de teléfonos 

no suelen incorporar la compatibilidad con los audífonos. Los bancos, que solían tener 

cajeros para prestar servicio a sus clientes, ahora cuentan con cajeros automáticos, 

líneas de servicio telefónico e Internet. Cada una de estas tecnologías de la 

información plantea serias barreras para el acceso de las personas con diversos tipos 

de discapacidad. Las personas que no pueden ver la información ni los avisos que 

aparecen en pantalla se encuentran efectivamente excluidos del uso de los cajeros 

automáticos. Las personas que no pueden pronunciar los números de cuenta o de 

tarjeta antes de que los sistemas de respuesta de voz corten la comunicación, tampoco 

pueden utilizar todos los tipos de líneas automatizadas de atención al cliente. Y las 

personas que no pueden utilizar un ratón pueden verse sin acceso a muchas 

aplicaciones y oportunidades que el sector comercial ofrece por Internet. 

Por muy aislantes que resulten estas limitaciones, su impacto es aún más frustrante 

porque en gran medida son innecesarias. Mucho tendríamos que lamentarnos si no 

existieran los principios de diseño y las capacidades tecnológicas necesarias para 

hacer que nuestra tecnología electrónica y de la información fuera más accesible. Sin 

embargo, en gran medida, estas técnicas existen y normalmente se pueden poner en 

práctica con un coste muy bajo, causando una mínima interrupción al sector, al 

comercio y al resto de los usuarios de la tecnología. Como resultado, tenemos que 

preguntarnos por qué este tipo de mejoras no se utilizan de forma más general, y qué 

podemos hacer para que se utilicen. 

Una parte de la respuesta a estas preguntas podemos encontrarla en las leyes. Las 

disposiciones en materia de derechos civiles que se tratan en el presente informe se 

encuentran entre los métodos elegidos por la sociedad para contribuir a minimizar el 

vacío de acceso a la información existente entre las personas con discapacidad y las 

personas sin discapacidad. Con todo, aunque al final las leyes pueden marcar cómo 

debería ser el comportamiento, no pueden llegar al corazón y la mente de las personas 

para que hagan lo correcto. El presente informe pretende que se comprenda mejor lo 

que se puede hacer y por qué es lo correcto y es de vital importancia que todos nos 

unamos y lo hagamos. 

E. Alcance del problema 

Actualmente se calcula que hay 54 millones de estadounidenses que tienen alguna 

discapacidad, cifra que se irá incrementando rápidamente a medida que nuestra 

población vaya envejeciendo. Como resultado de estos factores demográficos y de los 

18 
cambios asociados con el avance de la edad, la línea que divide a quién es y quién no 

es una persona con discapacidad se irá difuminando gradualmente. 

Una tecnología inaccesible nos afecta a todos, con independencia de si tenemos o no 

tenemos alguna discapacidad, o de si estamos a punto de tenerla. Sus efectos pueden 

agruparse en tres grandes apartados relativos a tres materias: demografía, economía y 

justicia. 

1. Demografía 

Si lo entendemos plenamente, la inaccesibilidad a la tecnología electrónica y de la 

información afecta a muchas más personas de lo que habitualmente creeríamos. El 

acceso a la tecnología electrónica y de la información es una cuestión importantísima, 

no sólo para las personas con discapacidad sensorial auditiva o visual, sino también 

para las personas con discapacidad comunicativa, cognitiva, de movilidad o de otro 

tipo. Cuando el botón de un ascensor esté demasiado alto como para que una persona 

sentada en silla de ruedas pueda alcanzarlo, estaremos ante un dispositivo de 

información inaccesible. Un ordenador que requiera una fuerza o destreza 

extraordinaria para encenderlo será igualmente inaccesible para las personas que 

tengan limitaciones de fuerza o alcance. Estos elementos del entorno tecnológico, en 

la medida en que restringen o evitan el uso de la tecnología electrónica y de la 

información por parte de las personas con discapacidad (o de las personas que 

simplemente estén más débiles o tengan mayor rigidez por su edad), constituyen 

barreras para el acceso y participación en todas las esferas de la vida diaria. 

La Oficina del Censo (que encontramos en Internet en la dirección: 

www.census.gov/hhes/-www/disable/sipp/sipp/disable97.html) calcula que una de 

cada cinco personas tiene alguna discapacidad. A pesar de esta cifra, puede que 

algunas personas sigan preguntándose por qué el acceso es un problema para la 

sociedad en su conjunto. Como se destaca en la Iniciativa de Nueva Libertad del 

presidente George Bush, “la discapacidad no es una experiencia de una minoría de 

estadounidenses. Más bien, es una experiencia que tocará a la mayoría de los 

estadounidenses en algún momento de sus vidas”. En otras palabras, si logramos vivir 

lo suficiente, todos nosotros tendremos alguna discapacidad en algún momento, o nos 

acercaremos lo suficiente a una limitación funcional como para que merezca llamarse 

discapacidad. 

2. Economía 

A pesar de tener los mayores niveles de empleo desde la Segunda Guerra Mundial, las 

cifras de desempleo entre los estadounidenses con discapacidad se mantuvieron 

obstinadamente altas hasta finales de los noventa. Según los recientes cálculos de la 

Oficina del Censo, la tasa asciende a dos tercios entre los adultos de edades 

comprendidas entre 21 y 64 años. 

19 
Al mismo tiempo, los datos de las encuestas indican un fuerte deseo de trabajar entre 

las personas con discapacidad, y presentan una tasa de desempleo del 44% entre 

personas que se describen como capaces o disponibles para trabajar5

. 

El precio emocional y personal que sugieren estas cifras es inconmensurable, pero las 

consecuencias económicas están clarísimas. En un momento en el que la política 

nacional se centra en la creación de una población activa especializada y 

perfectamente formada, capaz de competir en la economía mundial; cuando siguen 

faltando trabajadores especializados en muchos campos; y cuando la informatización 

ha reducido las demandas físicas asociadas con muchos trabajos, y a la vez ha 

conferido un nivel especial a las destrezas informáticas, la persistencia de altos niveles 

de desempleo entre los estadounidenses con discapacidad resulta inaceptable 

económicamente e igualmente inaceptable a la luz de la política de discapacidad y de 

los derechos civiles. 

Nadie puede decir exactamente cuántas personas actualmente consignadas a la 

improductividad y el desempleo podrían verse habilitadas para incorporarse y 

permanecer en el flujo económico normalizado si la tecnología de la información fuera 

accesible y utilizable por todas las personas. Baste decir que en una era en la que los 

ordenadores y otras formas de tecnología electrónica y de la información se utilizan en 

un porcentaje creciente de campos y negocios, incluso en trabajos manuales 

tradicionales, como la fabricación y la agricultura, existen fuertes motivos para creer 

que una inversión en accesibilidad se verá recompensada por un aumento de 

oportunidades y por mayores niveles de empleo entre las personas con discapacidad. 

Una serie de propuestas y acciones de la Administración Bush sugieren su 

reconocimiento de la importancia y el potencial de los empleos con orientación 

tecnológica. Por ejemplo, la Iniciativa de Nueva Libertad propone la creación de 

incentivos fiscales y de otra índole para la provisión de ordenadores a personas con 

discapacidad, y que así puedan trabajar desde su hogar. Entre otras acciones 

administrativas que respaldan la presencia de una población activa altamente 

especializada en nuestra nación se incluyen posponer a corto plazo la fecha de 

vencimiento del Comité Presidencial Consultivo de Tecnología de la Información, y la 

creación de una serie de proyectos y grupos de trabajo de alta tecnología6

. La 

propuesta presidencial también incluye una nueva inversión significativa en tecnología 

de asistencia basándose en una lógica similar. 

La cuestión de la accesibilidad resulta vital para afrontar la formulación y la puesta en 

práctica en sus propuestas presidenciales. No cabe duda de que la incorporación de 

requisitos de accesibilidad en el diseño de estos programas tendrá como resultado 

algún coste añadido, tanto en dinero como en tiempo, pero en función de los costes 

generales de estas iniciativas, y a la luz de los beneficios que pretenden conseguir, 

puede que estos costes resulten infinitamente menores que los que tendríamos que 

pagar si no atendiéramos a dicha cuestión. 

5

 Organización Nacional sobre Discapacidad / Encuesta Harris de Estadounidenses con Discapacidad 

(2000 National Organization on Disability / Harris Survey of Americans with Disabilities), (National 

Organization on Disability, 2000). 

6

 Por ejemplo, la Resolución Ejecutiva 13035, con las enmiendas introducidas el 12 de febrero de 2001. 

20 
Este tipo de propuestas de dirigir recursos para mejorar el acceso a la tecnología 

electrónica y de la información están sometidos a un análisis económico de costes y 

beneficios. Se han analizado de esta forma diversas políticas de discapacidad, e 

incluso diversas leyes en materia de derechos de la discapacidad. Por ejemplo, la 

Plataforma Estadounidense para el Cumplimiento de las normas en materia de 

Barreras Arquitectónicas y de Transporte (U. S. Architectural and Transportation 

Barriers Compliance Board) ha desarrollado estudios sobre el impacto económico de 

las dos leyes más importantes en materia de acceso a la tecnología electrónica y de la 

información (el Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación y el Artículo 255 de la Ley 

de Comunicaciones) como parte de su proceso legislativo de desarrollo. El más 

reciente de estos estudios, desarrollado en el año 2000 sobre el Artículo 508, obtuvo 

como conclusión que esta nueva ley es una norma económica “significativa” (en el 

sentido de que se espera que cueste más de 100 millones de dólares)7

. Sin embargo, la 

conclusión de la Plataforma (que posteriormente fue adoptada por la división ejecutiva 

en el Reglamento de Adquisición Federal que desarrollaba las normas del Artículo 

508) fue que el Artículo 508 no supondría una carga excesiva para la economía. 

Los esfuerzos para extender el análisis del impacto económico a las iniciativas futuras 

o más amplias en materia de accesibilidad tienen que ser necesariamente conjeturas. 

Pero hay algunas hipótesis que parecen estar garantizadas. En el Capítulo VI 

examinaremos con más detalle las repercusiones económicas de la política nacional de 

acceso a la tecnología electrónica y de la información. De momento, tenemos que 

recordar que el coste de no hacer nada podría ser mayor que el de cualquier medida 

razonablemente previsible, porque a medida que la información y la tecnología 

electrónica y de la información pase a definir más nuestras vidas, las repercusiones de 

la falta de acceso a dicha tecnología irán creciendo proporcionalmente cada día que 

pase. 

3. Justicia 

El concepto del acceso a la tecnología electrónica y de la información basado en los 

derechos civiles forma parte de los requisitos de tres importantísimas leyes federales: 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, la Ley Federal de Comunicaciones y el 

Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, en el presente informe examinamos el cumplimiento de las 

leyes clave (es decir, de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, del artículo 255 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996 y del Artículo 508 de la Ley de 

Rehabilitación, con sus enmiendas) en el ámbito federal, y la relación de dicho 

cumplimiento con la tecnología electrónica y de la información. 

A pesar de la falta de una idea tradicional de la tecnología electrónica y de la 

información como concepto de derechos civiles, la experiencia y las consecuencias de 

la desigualdad son reales, con independencia de si son deliberadas o si sencillamente 

son derivaciones imprevistas de decisiones independientes entre sí. 

7

 Evaluación de los Estándares Económicos de la Accesibilidad de la Tecnología Electrónica y de la 

Información (Electronic and Information Technology Accessiblity Standards Economic Assessment). Este 

informe fue elaborado por la Fundación EOP (Plataforma de Acceso, noviembre de 2000) y actualmente 

se encuentra disponible en la dirección: www.access-board.gov/sec508/assessment.htm). 

21 
Más allá de un determinado punto, puede resultar difícil trazar la línea que divide la 

exclusión accidental de la deliberada. Pero en algún momento es inevitable sospechar 

que se ha cruzado esta línea cuando existen medios para mitigar una injusticia 

palpable y no se utilizan. Si no aprovechamos las medidas que la tecnología nos 

brinda para nivelar el campo del acceso a la información, nuestra sociedad tendrá que 

rendir cuentas por más motivos que su ignorancia o indiferencia. 

F. La tecnología electrónica y de la información como elemento de diversidad 

Teniendo en cuenta los 54 millones de estadounidenses que se calcula que tienen una 

discapacidad (junto con las personas que no tienen una discapacidad reconocida o que 

se niegan a que se les identifique con la discapacidad para proteger su propia imagen), 

el grupo de personas afectadas y la necesidad de contar con una tecnología electrónica 

y de la información accesible puede ser mucho mayor de lo que tradicionalmente se 

suponía. Si tenemos en cuenta los diversos estilos de comunicación de las personas de 

culturas diferentes y el uso de idiomas distintos en este país, el grupo de personas 

afectadas por una información accesible es aún mayor. 

La Administración y las empresas ya han hecho muchas cosas para lograr que la 

información esté disponible y que la comunicación sea posible en múltiples idiomas y 

a través de diversos medios y formatos. Por una parte, esta proliferación de idiomas y 

de estrategias de divulgación son reflejo de la creciente valoración de la diversidad de 

la configuración cultural de nuestra sociedad. Por otra parte, se deriva de motivos 

comerciales y de consideraciones económicas. Pero también, en gran medida, se 

deriva de nuestro sentido de la igualdad y la justicia, y cada vez más del reflejo y 

protección de esos valores en los instrumentos legales. 

Entonces, ante este telón de fondo, ¿cómo es posible que el acceso a la información 

pública, comercial y personal para las personas con discapacidad siga siendo un 

problema grave y un tema de controversia? ¿Cómo es posible que la aspiración de las 

personas con discapacidad de tener un acceso puntual, preciso y contextualmente 

acertado a la información sea una sorpresa para algunos, una demanda extraordinaria y 

especializada para otros, y aún los haya que la perciban como una amenaza? 

Actualmente, la tecnología desempeña un papel fundamental prácticamente en toda la 

creación y divulgación de información. Desde el éxito cinematográfico que se 

proyecta en miles de cines, hasta la nota rápida que se remite a un amigo por correo 

electrónico, pasando por el pedido telefónico a una pizzería o el nuevo software que 

enseña a nuestro ordenador la forma de realizar diversas operaciones, la tecnología 

mediatiza la creación y divulgación de toda nuestra información pública, y de gran 

parte de nuestra información personal y privada. El problema es que la mayoría de 

estas tecnologías han sido desarrolladas y desplegadas sin tener en cuenta a los 

usuarios con discapacidad. Prácticamente siempre se ha pensado a posteriori en la 

forma de hacerlas accesibles, haciendo necesaria la convergencia de demanda, 

tecnología y voluntad para alcanzar ese objetivo. 

Si hay tantos millones de personas con discapacidad afectadas por la accesibilidad, 

¿por qué no se diseñan accesiblemente las tecnologías electrónicas y de la información 

y las comunicaciones de uso personal o comercial? ¿Por qué la accesibilidad sigue 

siendo un punto de partida, en lugar de ser sencillamente otro punto en el continuo de 

22 
un diseño mejor y más sencillo? Después de todo, ¿no es verdad que los creadores y 

proveedores de información pretenden hacer que sus datos estén todo lo disponibles 

que sea posible y que sus equipos tengan el uso más extenso posible (por motivos 

económicos y de otra índole)? ¿Es que la accesibilidad no es una extensión de los 

principios que muchos diseñadores, expertos en desarrollo y comerciantes dicen 

suscribir? 

Estas cuestiones no tienen una única respuesta ni una respuesta sencilla. Se han 

combinado una serie de factores tecnológicos, económicos, actitudinales y legales. 

Estas variables serán nuestro centro de atención a lo largo de este informe a través del 

prisma de las leyes de derechos civiles que se han adoptado para mejorar el acceso a la 

información y para crear igualdad informativa. Por ello, a continuación pasamos a 

examinar el desarrollo de las leyes en materia de información y de acceso a la 

tecnología de la información de la última generación. 

23 
Capítulo II 

Breve historia de la accesibilidad a la tecnología de la 

información 

La igualdad de acceso a la tecnología electrónica y de la información como derecho 

civil es una idea que ha ido surgiendo en el transcurso de una generación. En muchos 

sentidos, la emergencia y desarrollo del derecho de acceso a la tecnología electrónica 

y de la información ha seguido una ruta paralela al desarrollo del derecho al acceso 

físico. En otros sentidos, la historia y puesta en práctica de los dos conceptos han 

seguido rumbos muy distintos. Como es posible que el concepto del acceso a la 

tecnología electrónica y de la información sea menos conocido y se comprenda algo 

peor que el del acceso físico a los edificios e instalaciones, en este capítulo, siempre 

que sea posible, se establecerán analogías con la accesibilidad física y la eliminación 

de barreras arquitectónicas, y se describirán algunas de las formas en las que la 

defensa del acceso a la tecnología de la información se ha visto influida por la defensa 

del acceso al entorno construido. 

A. La primera ley de accesibilidad 

En 1968, el Congreso adoptó la Ley de Barreras Arquitectónicas (Architectural 

Barriers Act)

8

 que obligaba a eliminar y evitar en el diseño y la construcción de 

edificios e instalaciones de financiación federal toda una gama de barreras 

arquitectónicas para el acceso. Esta ley, que marcó un antes y un después, trajo 

consigo nuevas oportunidades y amplió las opciones para muchas personas, pero 

también resumió e inauguró una nueva era de política social en lo que respecta a la 

discapacidad. La ley de Barreras Arquitectónicas elevó a rango de ley el 

reconocimiento de que las barreras en el entorno de la construcción en gran medida 

son responsables de la forma en que una persona con discapacidad se mueve en la 

sociedad, en el mismo grado o incluso aún más que a causa de las consecuencias 

inherentes a su minusvalía física. Si se pudieran eliminar estas barreras, el nivel de 

discapacidad podría reducirse sustancialmente. 

En este texto legal que invita a emprender acciones, el Congreso “conectó” por 

primera vez “los puntos” existentes entre las decisiones que se toman en las fases de 

diseño y construcción, y la oportunidad de que las personas, quizá muchos años 

después, accedan a los bienes y servicios disponibles en ese edificio. Antes de erigir 

cualquier edificio nuevo, momento en que sería más fácil y barato hacer adaptaciones, 

la ley pretendía reivindicar el derecho de acceso de todas las personas que quizá un día 

quisieran entrar en él. 

La Ley de Barreras Arquitectónicas también constituyó un importantísimo punto de 

partida en otro sentido. Aunque su alcance y sus requisitos eran modestos, la Ley 

representaba el primer ejemplo significativo (en tiempos de paz) en el que se obligaba 

a las entidades del sector privado a hacer, o abstenerse de hacer, determinadas cosas 

exclusivamente por su impacto sobre las vidas y los derechos de las personas con 

8

 Ley Pública 90 – 480 (1968). 

24 
discapacidad. Antes de ella no había ninguna obligación federal, salvo el pago de 

impuestos, que obligara al sector privado a tener presentes a estos ciudadanos, por lo 

que fue una novedad el hecho de que la Administración pudiera obligarle a modificar 

cualquiera de sus prácticas o decisiones comerciales en nombre de este grupo de 

población. 

Desde sus modestos comienzos en su aplicación exclusivamente sobre construcciones 

de financiación federal, la idea de que la Administración puede recomendar la forma 

de construir edificios se ha visto ampliada por leyes posteriores hasta el punto de que 

la actual Ley de Estadounidenses con Discapacidad exige la eliminación de barreras e 

impone requisitos de diseño accesible en todas las administraciones estatales y locales, 

y en todas las entidades privadas e instalaciones comerciales que cumplan los 

requisitos previstos en la definición legal de “espacio público”. 

Al crear y ampliar el uso de los requisitos de accesibilidad para el entorno de la 

construcción, la sociedad allanó el camino para crear y extender requisitos paralelos 

para el acceso a la tecnología electrónica y de la información en el entorno 

informativo actual. Aunque el alcance de los derechos de accesibilidad en el sector 

informativo sigue siendo considerablemente más restringido que su contrapartida en el 

mundo de lo físico, esta diferencia (como más tarde explicaremos en este capítulo) no 

se deriva tanto de un compromiso filosófico menor, ni de una justificación moral 

inferior. Más bien, es consecuencia de la interdependencia más compleja que existe 

entre la tecnología y la ley en el ruedo informativo, y del hecho de que los rápidos 

cambios de la tecnología electrónica y de la información alteran radicalmente la 

economía de la accesibilidad. 

B. La primera ley de derechos civiles de la discapacidad 

En los años sesenta, nuestra nación se vio transformada cuando el Congreso promulgó 

importantísimas protecciones de los derechos civiles para las minorías étnicas y 

raciales y para la mujer. En 1973, esta protección de los derechos civiles se amplió 

para cubrir a los estadounidenses con discapacidad9

. 

La Ley de Rehabilitación de 1973 incluía el histórico Artículo 504 que prohibía la 

discriminación por discapacidad en los programas que funcionaran con ayuda 

económica federal, y exigía la provisión de adaptaciones razonables para evitar dicha 

discriminación10. 

El Artículo 504 no sólo fue el primer instrumento legal que aplicaba la protección de 

los derechos civiles para las personas con discapacidad, sino que también supuso un 

modelo para importantísimas promulgaciones posteriores, incluyendo la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad. Desde el inicio, la cobertura prevista en el 

Artículo 504 incluía requisitos en contra de la discriminación y adaptaciones 

9

 Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, Ley Pública 93 – 112. 

10 Ley Pública 93 – 112, Artículo 504, Codificada en el Código de Estados Unidos (U. S. C.) 29, Artículo 

794. 

25 
razonables en conexión con el acceso a la información11. Evidentemente, los términos 

de referencia para estos derechos de acceso a la comunicación y la información eran 

muy distintos en 1973. En aquel momento, el énfasis se centraba en las adaptaciones 

razonables, como lectores para personas ciegas, o intérpretes para personas sordas. A 

diferencia de lo que ocurría con el acceso físico, la idea de que los derechos civiles 

podían o debían incluir una modificación de la tecnología general de comunicaciones 

se encontraba fundamentalmente ausente del pensamiento de aquellos días. 

Con esto no queremos decir que la tecnología electrónica y de la información no 

tuviera ningún lugar al amparo de la Ley de Rehabilitación. La ley se centraba en las 

comunicaciones y la información fundamentalmente en el contexto de los servicios de 

rehabilitación profesional que podían prestarse a los clientes con discapacidad 

sensorial. En estos servicios se incluían sistemas de ayuda sensorial y equipos de 

comunicaciones. 

No debería sorprendernos el punto de vista adoptado por la ley si valoramos el estado 

en el que se encontraba la tecnología en el momento en que se aprobó la Ley de 

Rehabilitación. Existían diversos dispositivos, desde escritores de braille hasta 

audífonos, para facilitar la comunicación oral y escrita de las personas que eran ciegas 

o sordas, pero aparte de los teléfonos de texto, ninguno de estos dispositivos eran 

interactivos en el sentido de que pudieran o tuvieran que interconectarse con sistemas 

telefónicos o de comunicación generales. Como no había posibilidad de conectarlos a 

la parrilla de comunicaciones, la idea de accesibilidad o compatibilidad carecía de 

sentido. 

C. La evolución de los derechos de acceso 

El alcance de la cobertura de los derechos civiles ha ido creciendo de forma continua 

desde 1973. Actualmente, las entidades públicas y privadas están sometidas a los 

requisitos de la ley, con independencia de si reciben o no financiación federal. De 

igual forma, nuestra definición de discriminación se ha ampliado para incluir la 

desigualdad de trato o la denegación de acceso resultante de la inaccesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información general. Además, los requisitos de diseño se 

han ido ampliando sucesivamente para incluir a los fabricantes de televisores, a los 

fabricantes y vendedores de equipos y servicios de telecomunicaciones, y pronto a 

todos los fabricantes o vendedores que quieran vender “tecnología electrónica y de la 

información” a la Administración federal (en virtud de las enmiendas introducidas 

recientemente al Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación). 

¿Cómo es posible que en una generación hayamos pasado de tener escasos derechos a 

la información a gozar de los derechos y requisitos de acceso a la tecnología 

electrónica y de la información de comienzos del siglo XXI? Antes de revisar algunos 

de los hitos legales tenemos que destacar tres importantes desarrollos no legales: la 

elaboración del significado del acceso cubriendo todas las discapacidades, la 

emergencia del diseño accesible, y los desarrollos en la tecnología de las 

comunicaciones. 

11 Por ejemplo, véase el caso Nelson versus Thornburgh, 567 F. Supp . 369 (E. D. Pa. 1983), aff’d, 732 F. 

2d 147 (3d Cir. 1984), certificación denegada, 469 U. S. 1188 (1985), en el que el Estado obligó a 

proporcionar lectores a un empleado ciego. 

26 
1. El significado del acceso 

Partiendo del derecho a entrar en un edificio, el concepto de acceso ha ido 

evolucionando para incorporar medidas cualitativas. Actualmente no sólo hablamos de 

acceso, sino de acceso “significativo”. Tal y como se contiene en la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad, el acceso “significativo” es el derecho a participar 

plenamente en el disfrute de todas las oportunidades, beneficios, programas o 

servicios que ofrezca una organización afectada por la ley. 

El derecho de acceso significativo incluye necesaria y destacadamente el derecho al 

contenido, que como contrapartida presupone el acceso a la información importante. 

Por lo tanto, actualmente sería inconcebible argumentar que una persona con 

minusvalía auditiva tenga acceso significativo a una junta del ayuntamiento si no se 

proporcionan servicios de interpretación o sistemas de asistencia de audición. De igual 

forma, sería imposible alegar que una persona ciega tenga igualdad de acceso a una 

conferencia de formación laboral si no se facilitan materiales en un formato accesible 

no impreso. 

La evolución de nuestros conceptos de acceso son incomprensibles sin hacer 

referencia al cambio constante de la sociedad hacia métodos mediatizados por la 

tecnología para transmitir y recibir información. Las operaciones que antiguamente se 

realizaban a través de una conversación telefónica entre el cliente y el empleado del 

banco ahora se encuentran completamente automatizadas. Las empresas de líneas 

aéreas aconsejan a sus clientes que compren sus billetes por Internet porque facilitan 

descuentos. Los bancos están dejando de lado a los cajeros personales para dirigir a 

sus clientes hacia los cajeros automáticos. 

Al igual que ocurre con cualquier grupo de ciudadanos, las personas con discapacidad 

naturalmente difieren en sus preferencias de relaciones humanas o mediatizadas por la 

tecnología. Con todo, cada vez tienen menos opciones: no hay forma de pedirle al 

vendedor de billetes que nos informe de la hora a la que sale el próximo tren si ha sido 

sustituido por una máquina. Dependiendo de lo accesible que sea, podremos o no 

hacerle la misma pregunta a la máquina. 

2. Los principios del diseño accesible 

Nuestras ideas sobre la naturaleza y el significado del acceso no podrían haberse 

desarrollado si no hubiera habido avances simultáneos en la filosofía del diseño de la 

información y en otras tecnologías. En términos generales, el concepto del diseño 

accesible (o diseño universal, o diseño incluyente, como a veces se formula este 

concepto) procede de la presunción de que al construir nuestro entorno para que 

existan medios alternativos para transmitir y recibir información, podemos hacer que 

la tecnología electrónica y de la información sea más utilizable por la gama más 

amplia de personas, incluyendo a las personas con discapacidad y a las personas con 

preferencias o estilos de comunicación distintos. En lo que respecta a los derechos 

civiles, el diseño tecnológico, que tiene en cuenta las necesidades de tantos usuarios 

potenciales como sea posible, también reduce el número de casos en los que hacen 

falta adaptaciones individuales y se altera fundamentalmente la economía de la 

accesibilidad. 

27 
Nuestro derecho ha ido gradualmente haciendo uso de estos principios a medida que 

los desarrollos tecnológicos lo han ido haciendo posible. La filosofía del diseño 

universal quizá recibió su expresión legal más pura en la Ley del Circuito 

Decodificador de Televisión de 1990 (The Television Decoder Circuitry Act)

12. La 

Ley del Decodificador puede considerarse como la primera ley de diseño universal de 

nuestra nación, dado que era de aplicación sobre todos los televisores con pantallas de 

un mínimo de 13 pulgadas. La ley obligaba la inclusión de microprocesadores de 

decodificación de subtítulos en estos televisores. La tecnología había hecho posible la 

existencia de una ley que liberaba a las personas que usaban los subtítulos de tener que 

comprar decodificadores que costaban un mínimo de cien dólares para enchufarlos a 

sus televisores. 

En combinación, la ley y la tecnología habían hecho posible tomar medidas en las 

fases de diseño y fabricación que posibilitaron que el coste de los decodificadores 

fuera mínimo para todas las personas que compraban televisores. Además, como el 

requisito era de aplicación sobre todos los televisores de un tamaño mínimo, y como la 

ley entró en vigor sólo después de casi tres años de preparación, no se introdujo 

ninguna distorsión ni desequilibrio competitivo en el mercado. 

3. Desarrollos en la tecnología de la comunicación 

Ni la Ley del Decodificador, ni otras muchas leyes de finales de los ochenta que 

imponían determinados requisitos tecnológicos sobre los fabricantes de teléfonos, 

habrían sido posibles si la tecnología de las comunicaciones no se hubiera desarrollado 

con la rapidez o en las formas en que lo hizo. Por consiguiente, los defensores del 

acceso a la información llevan mucho tiempo planteándose la pregunta de cómo se 

podría estimular el rumbo del desarrollo de la tecnología general para hacer un mayor 

énfasis sobre la accesibilidad o sobre los productos con diseño universal. Se han 

probado diversas perspectivas para influir sobre la filosofía de diseño e incluso sobre 

las prioridades de investigación y desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones, 

de la informática y de otras tecnologías electrónicas y de la información de nuestra 

nación. Pero ninguno de estos esfuerzos habría sido posible si no hubiera habido 

grandes cambios en el entorno informativo, que han transformado dispositivos 

aislados en sistemas de información coordinados, intergestionables y en red. 

El advenimiento del ordenador personal o doméstico marca el punto en el que esta 

tendencia recibió el reconocimiento general. Atrás quedaron los dispositivos 

específicos incluso del pasado reciente, como las máquinas eléctricas de escribir o los 

procesadores de textos, y en su lugar encontramos los ordenadores conectados por 

cables a dispositivos externos, enchufados a impresoras y, en su momento, conectados 

al sistema telefónico y a una diversidad de equipos de oficina a los que el usuario del 

ordenador probablemente jamás se había acercado. 

De nuevo, los cambios en la idea de la accesibilidad de la información vinieron a 

continuación. Por ejemplo, en la comunidad de personas ciegas, los esfuerzos de 

investigación y desarrollo hicieron énfasis sobre la creación de software y elementos 

periféricos para facilitar el discurso sintético, el braille o la copia impresa en formato 

12 Ley Pública 101 – 431 (1990). 

28 
grande a partir de ordenadores estándar. A medida que el acceso a la información fue 

dependiendo de la capacidad de nuestros dispositivos para funcionar de forma 

interrelacionada, fue creciendo al mismo ritmo la importancia del acceso a una 

tecnología que funcione en dicho entorno. ¿Pero qué tipo de leyes reflejarían la nueva 

realidad de las comunicaciones? 

D. Una nueva barrera 

Parte del problema creado por el entorno de comunicaciones interconectadas era que 

las soluciones independientes de tecnología de asistencia ya no podían ser suficiente. 

La complejidad de los nuevos sistemas de información exigían que los fabricantes y 

los expertos en el desarrollo del hardware y software comercial general pusieran en 

práctica elementos de diseño que permitieran el funcionamiento de equipos 

especializados. Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, se utilizaba el 

término “equipo especializado de las instalaciones del cliente”, entre otras cosas, para 

distinguir entre los equipos generales que utilizaban la mayoría de las personas, y los 

periféricos de tecnología de asistencia (como los teléfonos de texto) que necesitaban 

las personas con discapacidad. 

Como resultado, esta necesidad de software o dispositivos periféricos o añadidos que 

podían incorporarse al sistema interconectado dio lugar a la idea de “compatibilidad”, 

como desventaja en los requisitos, cuando no era posible la accesibilidad de los 

dispositivos y sistemas generales. La comunidad de personas con discapacidad tenía la 

esperanza de que si los expertos en el desarrollo general no podían hacer que sus 

equipos y servicios fueran plenamente accesible, al menos podrían hacerlos 

compatibles con su tecnología de asistencia. 

Aunque los expertos en el desarrollo general sin duda parecían intentar conseguir la 

accesibilidad y la compatibilidad, no había ninguna ley que claramente se lo exigiera. 

De hecho, como ocurre a veces con la tecnología, algunos de los avances más 

aclamados en el software informático y en los sistemas operativos en realidad ha 

servido para dar un paso atrás en el acceso de las personas ciegas a los ordenadores. 

El paso de los sistemas operativos informáticos de orientación textual basados en el 

sistema DOS, a los de orientación gráfica basados en Windows, tuvo como resultado 

una pérdida precipitada de acceso (y, según los informes de la época, de puestos de 

trabajo) para las personas que utilizaban el discurso o el braille para sus productos 

informáticos. Al carecer de ayudas por parte de los expertos en el desarrollo 

informático general, el sector de la tecnología de asistencia tardó muchos años en 

desarrollar estrategias viables de acceso al sistema Windows, y algunos dicen que el 

campo perdido jamás se ha vuelto a recuperar plenamente. 

E. La convergencia de la tecnología y la ley 

Una ley aprobada en 1986 dispuso el rumbo de un nuevo método de animar al sector a 

que dedicara más recursos a la accesibilidad y la compatibilidad. 

29 
1. El modelo de palanca 

En 1986, el Congreso aprobó la primera de las tres versiones del Artículo 508 que han 

existido. La ley fue enmendada en 1992 y posteriormente en 1998 para 

proporcionarnos el texto que tenemos actualmente

13. 

Según su redacción de 1986, el Artículo 508 exigía a las agencias de la administración 

que, al comprar equipos electrónicos de oficina para su propio uso, siguieran los 

principios de accesibilidad. La ley no incluía ninguna disposición para su 

cumplimiento, pero recibía apoyo de asistencia técnica a través de la Agencia de 

Adaptaciones Informáticas de la Administración de Servicios Generales. El Artículo 

508 no podía conseguir automáticamente que un sistema operativo fuera accesible 

para las personas que no podían ver la pantalla, o que un teléfono fuera compatible 

con los teléfonos de texto. Pero lo que sí podía conseguir es que quienes comerciaran 

con el sector federal tuvieran nuevos incentivos para hacer que sus productos fueran 

accesibles y para trabajar hacia el diseño universal. La teoría era sencilla: si el mayor 

cliente del sector de la tecnología electrónica y de la información quería productos de 

un tipo determinado, el sector dispondría los recursos de investigación y desarrollo 

que fueran necesarios para satisfacer las necesidades de ese cliente. 

Como carecía de mecanismos para hacerlo cumplir, la versión original del Artículo 

508 estaba condenada al fracaso. A pesar de este importantísimo fallo en la ley 

original, ha sido pionera de un modelo que se ha seguido utilizando y cobrando 

complejidad. Hoy, el nieto de aquel Artículo 508 original, crea lo que deberían resultar 

ser unos poderosos incentivos para el diseño accesible o universal, porque incluye 

obligaciones que las agencias federales deben cumplir, asistencia técnica para 

ayudarlas a cumplirlas, y unos estándares perfectamente claros de lo que constituye 

cumplimiento en lo que respecta a las principales categorías de tecnología electrónica 

y de la información. 

2. El modelo de asistencia técnica 

La asistencia técnica ha desempeñado un importantísimo papel en los intentos de los 

últimos 15 años de mejorar la accesibilidad del entorno informativo. Tanto en 

contextos voluntarios como obligatorios, se ha ido desarrollando la idea de que el 

éxito depende de la disponibilidad de asistencia técnica y de coordinar y compartir de 

forma eficaz la escasa experiencia y conocimiento existente en este campo. 

Encontramos la expresión más clara del modelo y la filosofía de asistencia técnica en 

la Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con Discapacidad (TechnologyRelated Assitance for Individuals with Disabilities Act) de 1988. Sólo se ha 

modificado y revisado una vez, y ahora se conoce como la Ley de Tecnología de 

Asistencia (Assistive Technology Act) de 1998. Este instrumento legal proporciona 

13 Ley Pública 99 – 506, Artículo 603 (a), con las enmiendas introducidas por la Ley Pública 102 – 569, 

Artículo 509 (a), y con las enmiendas introducidas posteriormente por la Ley Pública 105 – 220, Artículo 

408 (b), codificado en el Código de Estados Unidos 29, Artículo 794d. La ley ha sido objeto de otras 

enmiendas menores que no se explican en este texto, incluyendo la más reciente introducida por la Ley 

Pública 106 – 246, Artículo 2405, que modificaba la fecha efectiva para el derecho a presentar demandas 

al amparo de dicha ley. 

30 
recursos para que los proyectos de asistencia tecnológica del ámbito estatal desarrollen 

una serie de actividades encaminadas a favorecer la causa de la tecnología de 

asistencia, incluyendo varias formas de asistencia técnica para la administración 

estatal y local y para el sector privado. 

Aunque el énfasis ha cambiado, uno de los principales objetivos de la Ley de 

Asistencia Tecnológica era conseguir la institucionalización de cambios en el acceso 

tecnológico en las actividades de varias instituciones públicas y privadas. El método 

elegido no era coercitivo. Posteriormente, las leyes de derechos civiles, como las tres 

que estudiaremos en el presente informe, han seguido resaltando la asistencia técnica, 

aunque las tres funcionan según el modelo de lo que denominamos modelo de 

cumplimiento obligatorio. El importante papel que la asistencia técnica sigue 

desarrollando en los modelos de cumplimiento voluntario y de cumplimiento 

obligatorio sirve para subrayar la complejidad y dificultad de poner plenamente en 

práctica el diseño y la práctica de accesibilidad en el sector de la tecnología 

electrónica y de la información. 

3. El modelo de cumplimiento obligatorio 

No hay ninguna ley en materia de derechos civiles que sea absoluta en cuanto a sus 

requisitos. Cuando un coste excesivo u otros factores hacen que la acción o remedio 

propuesto sea una “carga excesiva” o “imposible de conseguir de forma inmediata”, 

las leyes no insisten en que se lleve a cabo. En tales casos es necesario encontrar 

alternativas, pero cada una de ellas se somete a las mismas pruebas. Por ello, es 

necesario calificar desde el principio la posibilidad de que el cumplimiento obligatorio 

ahora sea una herramienta fundamental para lograr la accesibilidad. 

En este marco, la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, el Artículo 255 y el 

Artículo 508 –las tres principales normas legales en materia de derechos humanos en 

la lucha por el acceso a la tecnología de la información durante los años noventa– 

crean expectativas definidas y ponderables sobre lo que deben hacer las empresas del 

sector privado en su papel múltiple de empresarios, proveedores de espacios públicos 

y de expertos en el desarrollo o proveedores de productos. Partiendo desde la 

Administración, desde la comunidad de la discapacidad y desde otros segmentos de la 

sociedad, estas expectativas se combinan para crear lo que justamente podría llamarse 

un clima de cumplimiento. Sólo el tiempo dirá si este modelo, con todas sus diversas 

formulaciones, y junto con los posteriores desarrollos tecnológicos, finalmente 

funciona. 

Cada uno de los modelos tratados en este capítulos encuentra su eco en las tres 

importantísimas leyes de derechos civiles que se presentan y examinan en el capítulo 

siguiente. Pero, con independencia del modelo o de la combinación de modelos que 

adoptemos, la cuestión de si el acceso a la tecnología electrónica y de la información 

debe considerarse un derecho civil dependerá finalmente de muchas más cosas aparte 

de la ley. Si en los albores del siglo XXI decimos que el acceso a la tecnología 

electrónica y de la información es un derecho civil, no sólo lo haremos por las 

expectativas que rodean a dicho acceso, ni tampoco por el entramado legal que da 

importancia a la cuestión. Más bien, lo diremos porque la tecnología electrónica y de 

la información actualmente es el medio por el cual las personas reciben, procesan y 

divulgan la información. Si viviéramos en una era en la que la conversación, el 

31 
bolígrafo y el lápiz fueran las principales modalidades para transmitir y recibir 

información, diríamos que el acceso a esas tecnologías y a sus productos constituye la 

unidad de medida de la igualdad ante la información básica. Actualmente, cuando la 

compleja tecnología electrónica y de la información es el medio fundamental de 

intercambio, es igualmente cierto que el acceso a sus modalidades es la forma de 

medir a efectos prácticos el propio acceso a la información. Decir que las personas no 

tienen derecho de acceso a estas tecnologías equivale a decir que no tienen derecho a 

ganarse la vida, a formarse, a sacar dinero de sus cuentas bancarias, a comprar un 

billete de transporte, o a comunicarse con unos familiares que viven al otro lado del 

país. 

32 
Capítulo III 

Marco legal de los derechos de acceso a la 

tecnología de la información 

En una democracia, el derecho de la ciudadanía a obtener información es objeto de 

constante preocupación y debate. Cuando las personas hablan del derecho a la 

información, normalmente les preocupan cuestiones como el secreto que mantiene la 

Administración, la intimidad personal, o la rendición de cuentas de las instituciones. 

Las cuestiones relativas al acceso a la tecnología de la información que se examinan 

en el presente informe pertenecen a un orden distinto. Lo que nos interesa aquí es la 

accesibilidad y capacidad de uso de la información que, según el derecho y la 

costumbre, está disponible de forma habitual para todas las personas y así lo esperan 

todos. 

Las leyes que nos interesan en este estudio son aquellas que proporcionan a las 

personas con discapacidad acceso a la tecnología electrónica y de la información. 

Estas leyes se fundamentan en la presunción fundamental de que allá donde exista una 

tecnología u otro medio para hacer que los datos estén disponibles en términos de 

igualdad para las personas con o sin discapacidad, se deben utilizar dichos medios 

siempre que sea posible. Por consiguiente, al analizar los derechos de acceso a la 

tecnología electrónica y de la información, nos centramos en tres leyes federales que 

son las que tienen mayor impacto sobre este tema: la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad14, el Artículo 255 de la Ley Federal de Comunicaciones de 199615, y el 

Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación con las enmiendas introducidas en 199816. 

Antes de examinar estas leyes debemos hacer unas consideraciones sobre 

terminología: cada ley utiliza términos distintos para describir los tipos de tecnología 

de que se ocupa. En el presente estudio, salvo que el contexto indique lo contrario, 

utilizamos el término “tecnología electrónica y de la información” para describir este 

tipo de tecnología. Este término, utilizado en el Artículo 508, se deriva de la Ley 

Clinger Cohen de 1996, que es la ley principal en materia de recursos de información 

y prácticas de gestión de la información de la Administración federal. Aunque el 

término es relativamente nuevo y puede que algunas personas no estén familiarizadas 

con él, creemos que el concepto “tecnología electrónica y de la información” será el 

predominante en los debates sobre los derechos de acceso a la tecnología de la 

información. 

14 The Americans with Disabilities Act, 1990, Ley Pública 101 – 336, codificada en el Código de Estados 

Unidos 42, Artículo 12101 y ss. 

15 Federal Communications Act, Ley Pública 104 –104, Artículo 255, codificada en el Código de Estados 

Unidos 47, Artículo 255. Véanse igualmente las directrices desarrolladas por la Plataforma de Acceso y 

adoptadas por la Comisión Federal de Comunicaciones para desarrollar la ley, Código de Reglamentos 

Federales 36, Apartado 1193. 

16 Rehabilitation Act. Enmiendas introducidas por la Ley de Inversión en Población Activa (The 

Workforce Investment Act) de 1998, Ley Pública 105 – 220, Artículo 408 (b), “Tecnología electrónica y 

de la información”, codificada en el Código de Estados Unidos 29, Artículo 794d. 

33 
Tal y como se explica con mayor detenimiento en el apartado C que se incluye más 

adelante, la gama de dispositivos que engloba la definición de tecnología electrónica y 

de la información es incluyente, y abarca todos los equipos, software y sitios web 

utilizados para la creación, almacenaje, transmisión o manipulación de información o 

datos. Aquí nos centraremos principalmente en los ordenadores (incluyendo el 

software y los elementos periféricos), los equipos de telecomunicaciones, los cajeros 

automáticos y los kioscos de información (incluyendo los basados en Internet), así 

como en otros sitios y recursos de Internet. 

A. La Ley de Estadounidenses con Discapacidad de 1990 (ADA) 

La ADA prohibe la discriminación laboral por discapacidad (Título I); la 

discriminación por discapacidad en la prestación de servicios públicos por parte de la 

Administración estatal y local (Título II), y en la provisión de acceso a los bienes, 

servicios e instalaciones en lugares públicos e instalaciones comerciales (Título III). 

Además, el Título IV exige la prestación de servicios de retransmisión telefónica. 

Nuestro examen se centra en los títulos I, II y III. Cada uno de los principales títulos 

en materia de derechos civiles contenidos en la ADA tiene distintas repercusiones para 

los derechos de acceso a la tecnología electrónica y de la información. 

1. Empleo 

En general, el Título I de la ADA se centra en el acceso y la igualdad de oportunidades 

en el lugar de trabajo. Es aplicable sobre todas las cuestiones que podrían dar lugar a 

discriminación, desigualdad de oportunidades o disparidad en los términos, 

condiciones o beneficios del empleo. 

Es fácil imaginar situaciones discutibles de discriminación basadas en la 

inaccesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. Por ejemplo, 

imagínese el caso de una “persona cualificada con discapacidad” a la que se niega un 

puesto de trabajo porque su discapacidad no le permite usar los ordenadores 

necesarios para desempeñar el trabajo. Desde el punto de vista del Título I, la 

denegación de empleo sobre esta base no tiene ninguna diferencia de la denegación 

basada en cualquier otro motivo relacionado con la discapacidad. Aquí, como en 

cualquier otra presunta discriminación laboral, si la investigación determinara que el 

acceso al ordenador es difícil o imposible, se activarían las consideraciones sobre 

adaptaciones razonables. 

El Título I exige a los empresarios hacer las adaptaciones que sean razonables cuando 

el hacerlo no constituya un “gasto excesivo” ni altere fundamentalmente la naturaleza 

del negocio del empresario17. Por lo tanto, si existe una solución tecnológica adecuada, 

el empresario estaría obligado a ponerla en práctica. 

Pero la aplicación del Título I en el contexto de la tecnología electrónica y de la 

información presenta dos problemas legales perfectamente identificados. En primer 

lugar, aunque el Título I contempla un proceso interactivo por el cual empresario y 

empleado llegan conjuntamente a una solución apropiada de adaptación 

individualizada, y aunque la ley da preferencia a la adaptación que el trabajador 

17 Código de Estados Unidos 42, Artículos 12111 (9 y 10) y 12113. 

34 
prefiera, la jurisprudencia deja claro que, al final, es el empresario el que tiene la 

última palabra. Encontramos dos casos típicos: uno versa sobre un teclado de 

ordenador modificado18, y el otro sobre una petición de un teléfono de texto19, y en 

ellos, se permitió a los empresarios reestructurar los puestos de trabajo para eliminar 

las funciones de orientación tecnológica en lugar de proporcionar los equipos. La ley 

sólo exigiría a los empresarios proporcionar accesibilidad en aquellos casos en los que 

la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información represente la única 

adaptación razonable posible. 

El segundo problema asociado con la aplicación del Título I a la tecnología electrónica 

y de la información es el alto potencial de desacuerdo en materia de adecuación, coste 

y viabilidad de las modificaciones de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. Es probable que incluso los profesionales con larga experiencia en los 

departamentos de tecnología de información de las empresas tengan pocos 

conocimientos, o incluso carezcan por completo de conocimientos, sobre los costes o 

las posibilidades de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. 

Aunque los empresarios tienen la obligación de estudiar las posibles soluciones en las 

situaciones de adaptaciones razonables, en la práctica es probable que para el éxito de 

muchas peticiones de adaptación para lograr la accesibilidad sea crucial la capacidad 

que los empleados tengan tanto de identificar la tecnología apropiada como las fuentes 

de información. 

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales (que es la agencia 

responsable de llevar a la práctica el Título I) está a favor del sistema de mediación 

como forma de resolver las demandas por discriminación laboral sin llegar a los 

tribunales. Pero la mediación no resuelve las disputas reales que rodean la viabilidad o 

el coste de las soluciones de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. Puede que los mediadores logren persuadir a las partes para que lleguen 

a un acuerdo y pidan ayuda a expertos externos independientes, pero incluso esto 

exige que alguien –el mediador, el empresario o el empleado– sepa o crea que existe 

ayuda y conocimiento técnico cualificado disponible. 

2. Servicios públicos 

En el Título II, los requisitos de la ley son igualmente amplios. Se prohibe a las 

agencias de la Administración estatal y local discriminar por discapacidad en la 

prestación de servicios o al realizar actividades. Estas entidades están obligadas a 

llevar a cabo adaptaciones razonables en “las políticas, prácticas y procedimientos” 

siempre que sea necesario, con objeto de evitar la discriminación y proporcionar 

igualdad de acceso y participación. De nuevo, desde el punto de vista del Título II, no 

importa que la discriminación discutible sea resultado del uso o de la inaccesibilidad 

de la tecnología electrónica y de la información. 

18 Véase el caso Terrell versus USAIR, 132 F. 3d 621 (11th Cir. 1998), donde se determinaba que la 

denegación de acceso a un teclado modificado no constituía una violación cuando el empleado no tuviera 

que mecanografiar en su ausencia. 

19 Véase el caso Kiel versus Select Artificials Inc., 169 F. 3d 1131 (8th Cir), certificación negada, 120 S. 

Ct. 59 (1999), donde se disponía que el empresario que reestructuró un puesto de trabajo para eliminar el 

uso del teléfono no incumplió su obligación de proporcionar una adaptación razonable al negarse a 

proporcionar un teléfono de texto. 

35 
En virtud de lo dispuesto en el Título I, las entidades de la Administración tienen la 

obligación de garantizar una “comunicación efectiva” con los miembros del público 

que busquen información, pidan servicios o reclamen participar en actividades. Los 

medios para lograr una comunicación efectiva incluyen proporcionar ayudas y 

servicios auxiliares, entre los que se contemplan soluciones de orientación 

tecnológica. 

“Las ayudas y servicios auxiliares incluyen 

(1) Intérpretes cualificados, personas que tomen notas, servicios de 

transcripción, materiales escritos, amplificadores del auricular telefónico, dispositivos 

de ayuda para la audición, sistemas de ayuda para la audición, teléfonos compatibles 

con audífonos, decodificadores de subtítulos, subtitulación abierta y cerrada, 

dispositivos de telecomunicaciones para personas sordas, visores de videotexto, o 

todos aquellos métodos que sean efectivos para lograr que los materiales que se 

presten oralmente estén disponibles para las personas con minusvalías auditivas; 

(2) Lectores cualificados, textos grabados, grabaciones de audio, materiales 

en braille, materiales impresos en formato grande, o todos aquellos métodos que sean 

efectivos para lograr que los materiales que se presten visualmente estén disponibles 

para las personas con minusvalías visuales20. 

También se mencionan los “equipos y dispositivos de adquisición o modificación” 

entre los ejemplos de ayudas y servicios auxiliares que se incluyen en los reglamentos, 

pero de forma vaga y general. Es interesante que, a pesar de que sin duda es apropiado 

en muchos casos, en la lista de ejemplos no se incluyó el uso de medios electrónicos, 

incluyendo los ordenadores para las personas ciegas, y todo ello a pesar de que los 

comentaristas de los reglamentos pidieron en sus indicaciones al Departamento de 

Justicia que los incluyera en la lista. 

Supongamos que una Administración municipal decidiera utilizar kioscos de 

información para facilitar formularios para el uso personal de los ciudadanos (por 

ejemplo, para solicitar diversos permisos), o para divulgar folletos e información de 

interés público general. Si las máquinas de gestión de información fueran inaccesibles 

para las personas con discapacidad, tendrían nuevamente que desarrollarse los 

procesos legales normales. Pero en el caso del Título II, tendría que posponerse la 

cuestión de si las máquinas de gestión de información podrían hacerse accesibles o no 

sin imponer una “carga excesiva” sobre la Administración local hasta que se resolviera 

una cuestión jurisdiccional previa. 

Como el Título II afecta a “programas” y “actividades” de las Administraciones local 

y estatal, algunos funcionarios públicos han expresado la opinión de que las máquinas 

de gestión de información, los terminales públicos, y otros ordenadores de acceso 

público no constituyen programas o actividades dentro del significado de la ley, ni 

dentro de la definición ampliamente reconocida de lo que las Administraciones hacen. 

Sobre esta base, un municipio podría interponer un alegato de defensa jurisdiccional, 

esgrimiendo que el Título II no es de aplicación. No se conoce ningún tribunal que 

haya secundado esta posición, pero se debe prever la probabilidad de que se planteen 

20 Código de Reglamentos Federales 28, Artículo 35.104; véase también el Artículo 35.160. 

36 
este tipo de argumentos en cualquier contexto de accesibilidad pública de la tecnología 

electrónica y de la información al amparo del Título II. 

Volviendo al proceso normal de la ADA, la primera cuestión estriba sobre el potencial 

de coste y dificultad de hacer que las máquinas de gestión de información sean 

accesibles. La ley presenta un problema en este punto. A la hora de determinar si es 

razonable una modificación propuesta, la ley se centra en el coste y dificultad real que 

conllevaría dicha modificación. La modificación de las máquinas de gestión de 

información después de haber sido diseñadas o una vez iniciado su despliegue 

conlleva retroajustes que prácticamente siempre son más caros y más difíciles que si el 

diseño hubiera sido accesible desde el principio. La ley no proporciona unas 

orientaciones claras sobre la forma en que se deben gestionar los costes innecesarios, 

aunque muy reales, de efectuar los retroajustes. Aunque los tribunales no se han 

mostrado muy comprensivos con las demandas basadas en una carga excesiva 

resultante de los costes que los demandados debían haber previsto y podrían haber 

evitado fácilmente, y aunque los tribunales no han tratado dichos costes como costes 

de eliminación de barreras (que están sometidos a pruebas más indulgentes y más 

“fácilmente disponibles” que la norma de la carga excesiva), puede que las 

consecuencias políticas del aumento de costes supere fácilmente la solución legal. 

El Título II también plantea otro problema en su aplicación sobre la tecnología 

electrónica y de la información del sector público. El municipio podría tener la opción 

de negarse a hacer accesible la máquina de gestión de información, incluso sin alegar 

que provoca una carga excesiva, si puede demostrar que, según los hechos y 

circunstancias del caso, existe alguna otra estrategia para proporcionar información 

que cumple los requisitos de “accesibilidad del programa”. Si el gobierno local 

hubiera tomado medidas alternativas en forma de ayudas o servicios auxiliares para 

que las personas obtengan los formularios o la información (por ejemplo, mediante un 

mostrador de información instalado en un edificio público cercano y accesible), la 

cuestión legal que habría que resolver es si se ha logrado la accesibilidad del 

programa. ¿Podemos considerar que la comunicación sea “efectiva”? Es una cuestión 

de hechos, y su respuesta depende de factores como la comodidad, de si es completa, 

puntual, y de otras muchas variables. 

Han surgido pocos casos sobre inaccesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información al amparo del Título II. En un interesante caso, los defensores de la 

accesibilidad pretendían conseguir una reparación legal para que el Estado de 

Washington interrumpiera la instalación de un sistema de kioscos inaccesibles

21. El 

caso no llegó a juicio, y el Estado abandonó sus planes de llevar a cabo el sistema, 

pero las personas que están familiarizadas con el caso creen que es probable que la 

decisión del Estado de retirar el sistema fuera resultado de la amenaza de pleito. 

La jurisprudencia en la jurisdicción administrativa ha orientado el camino para 

alcanzar la solución de uno de los problemas más importantes que rodean la aplicación 

del Título II sobre la tecnología electrónica y de la información. El problema, que en 

realidad se presenta al amparo de los tres títulos en materia de derechos civiles 

21 Véase el caso Carr et al. versus Kolodney et al (Caso número C96 – 5065 RJB W. D. Wash. 1998), que 

fue desestimado el 12 de agosto de 1998, sin entrar a valorar el fondo de la demanda, después de que el 

Estado retirara su plan de llevar a cabo su sistema de kioscos. 

37 
contenidos en la ADA, está relacionado con el hecho de que muchas de las 

obligaciones de las entidades cubiertas se ven impulsadas por las peticiones de los 

particulares con discapacidad. En el caso del acceso a la tecnología electrónica y de la 

información, con demasiada frecuencia esas peticiones llegan demasiado tarde, porque 

para el momento en que un particular tiene que enfrentarse a un problema de 

inaccesibilidad, puede que la infraestructura de tecnología electrónica y de la 

información subyacente de la escuela, de la empresa o de la agencia de la 

Administración, no permita la ejecución de los cambios necesarios. Por este motivo, la 

ADA precisa algunos mecanismos para trasladar el debate desde las peticiones 

particulares de adaptaciones, modificaciones o de ayudas y servicios auxiliares, hasta 

las medidas de accesibilidad ejecutadas activamente por las entidades afectadas por la 

ley. 

El Título II proporciona este mecanismo en forma de las disposiciones que incluye 

sobre los estudios autoevaluativos que las entidades cubiertas tienen que desarrollar22. 

Hay media docena de casos de demandas relativas al acceso a la información contra 

instituciones públicas de educación superior de California durante los años 1992 a 

1999 que tratan el papel de la autoevaluación y de la planificación previa en lo que 

respecta a las ayudas y los servicios auxiliares previstos por el Título II. 

En estos casos (todos menos uno presentados al amparo tanto del Título II como del 

Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación), la Oficina de Derechos Civiles de la 

Novena Región del Departamento de Educación llegó a acuerdos voluntarios con 

diversos centros independientes, con el sistema educativo superior al completo, con 

divisiones del sistema de la Universidad Estatal de California, y con una universidad 

privada. Todas estas demandas recogían reclamaciones de inaccesibilidad de 

información o de tecnología de la información presentadas por estudiantes con 

minusvalías visuales, y muchos de los casos, al igual que el caso presentado ante la 

Oficina de Derechos Civiles de la Segunda Región del Departamento en 1995, tuvo 

como resultado acuerdos firmados por las instituciones para hacer que los laboratorios 

de informática fueran accesibles23. 

Las declaraciones contenidas en la carta de resolución del 20 de abril de 1999 del 

Departamento de Educación relativa a la Universidad Estatal de California en Long 

Beach tienen una especial relevancia en lo que respecta a los requisitos legales para 

planificar por anticipado las cuestiones de accesibilidad: “Una entidad pública tiene la 

obligación de establecer una política completa en cumplimiento del Título II antes de 

recibir ninguna petición de ayudas o servicios auxiliares” (véase el caso Tyler versus 

City of Manhattan, 857 F. Supp. 800 (D. Kan. 1994))24. 

22 Código de Reglamentos Federales 28, Artículo 35.105. 

23 Estas cartas de conclusiones están recogidas en el sitio web del Proyecto EASI, en la dirección 

www.rit.edu/~easi/law.htm#case. 

24 Carta de conclusiones, Universidad Estatal de California en Long Beach, 20 de abril de 1999 (USDOE 

Oficina de Derechos Civiles, número de protocolo 09 – 99 – 2041). 

38 
3. Espacios públicos 

El Título III de la ADA exige a las entidades privadas e instalaciones comerciales que 

cumplen la definición de “espacios públicos” hacer que sus bienes, servicios e 

instalaciones sean accesibles para las personas con discapacidad. El Título III contiene 

muchos de los requisitos y definiciones (como ayudas y servicios auxiliares y 

comunicaciones efectivas) del Título II

25. Sin embargo, aunque se espera que los 

proveedores de servicios públicos cumplan lo previsto en el Título II en todas las fases 

de su actividad que implican al público, incluyendo aquellas actividades y servicios 

incluidos bajo el encabezado e-government (Administración electrónica), las entidades 

y empresas privadas normalmente sólo están sometidas a la ley en lo relativo a los 

“lugares de espacio público” que mantengan para el público, y a las actividades y 

servicios que se desarrollen en dichos lugares. Por consiguiente, el Título III añade el 

concepto “lugar” a la ecuación de los derechos civiles. 

¿Y qué ocurre si el “lugar” primario o único en el que un espacio público desarrolla 

sus negocios con sus clientes es a través de kioscos de información, por teléfono, o a 

través de Internet? Nadie discutiría que un restaurante tiene que ser accesible para los 

clientes con discapacidad que deseen comer en él (incluyendo la provisión de servicios 

auxiliares, como por ejemplo hacer que la información del menú sea accesible), pero 

muchas personas creen que este restaurante es libre de negarse a prestar sus servicios 

al mismo cliente si hace su pedido por teléfono, por fax o por correo electrónico. Las 

incertidumbres que rodean la capacidad de aplicación de la ley sobre estas 

modalidades comunicativas y las cuestiones que rodean a si estas operaciones están 

cubiertas si no se producen en un “lugar” determinado del espacio público (como en 

un establecimiento comercial, en la consulta de un médico, o en un cine) dejan abierta 

la posibilidad de que este tipo de anomalías tengan cabida. 

Como todos los ejemplos de espacios públicos cubiertos enumerados en el Título III 

implican bienes o servicios que se proporcionan en persona en una localización o 

emplazamiento en concreto, esta idea de la naturaleza limitada de la cobertura del 

Título III tiene efectivamente un cierto respaldo en las leyes

26. Algunos tribunales han 

sostenido que la competencia del Título III se basa en la existencia de un nexo físico 

entre la persona con discapacidad y la entidad cubierta27. Otros tribunales han 

examinado con mayor detenimiento la naturaleza de la actividad a la hora de 

determinar que, si el contenido de un servicio estaría cubierto legalmente si se llevara 

a cabo cara a cara, también se encuentra cubierto si se realiza a distancia, por correo o 

por teléfono28. 

En diversas formas, el Departamento de Justicia, que es responsable de hacer cumplir 

las disposiciones del Título III, ha respaldado la idea de su capacidad de aplicación 

sobre las operaciones y relaciones que no se desarrollen en persona o en una 

25 Código de Reglamentos Federales 28, Artículo 36.303. 

26 Código de Estados Unidos 42, Artículo 12181 (7). 

27 Véase, por ejemplo, el caso Parker versus Metropolitan Life Ins. Co., 121 F 3d 1006 (6th Cir. 1997). 

28 Véase, por ejemplo, el caso McNeil versus Time Ins. Co., 205 F. 3d 179 (5th Cir 2000), relativo a que 

las prácticas de las compañías aseguradoras, así como su localización física, están cubiertas por el Título 

III); o el caso Carparts Distribution Center Inc. versus Automotive Wholesalers’ Assn., 37 F. 3d 12 (First 

Cir. 1994). 

39 
localización en concreto. El Departamento lo ha conseguido a través de acuerdos y 

decretos de consentimiento en diversos casos relativos al acceso a bienes y servicios 

por teléfono, como en el caso de las demandas que han tenido como resultado que las 

empresas corredoras de valores faciliten la información al cliente en formatos 

accesibles no impresos29. Pero la cuestión del alcance del Título III cobra su mayor 

significado en lo relativo al comercio electrónico e Internet. 

El Departamento de Justicia ha interpretado que la ley cubre las operaciones que se 

desarrollan por Internet. Lo ha hecho en una respuesta formal a una pregunta 

formulada sobre esta cuestión por el senador Tom Harkin de Iowa30, y también 

presentando un informe amicus curiae (amigo del tribunal) en un caso del que conocía 

el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Quinto Distrito Judicial que entraba 

directamente a valorar esta cuestión (véase el caso Hooks versus OKBridge)

31. 

En este caso, un club de bridge por Internet revocó la afiliación de Hook por haber 

realizado movimientos inapropiados. Hooks alegó que su enfermedad mental era la 

causa de su comportamiento y, por lo tanto, que su exclusión del club de bridge por 

Internet era discriminatorio. OKBridge respondió diciendo que Internet no estaba 

cubierta por la ADA, porque el juego de bridge por Internet no se desarrolla en un 

“lugar” de espacio público. 

El tribunal que resolvió el caso falló a favor de OKBridge, y Hooks recurrió. En su 

informe (que está disponible en la dirección www.usdoj.gov/crt/briefs/hooks/htm) el 

Departamento de Justicia argumentó que para determinar si las actividades constituían 

un espacio público era necesario examinar la naturaleza de las actividades, y no en el 

lugar en el que se desarrollaban las actividades. 

Aunque el tribunal de apelaciones reafirmó la sentencia del tribunal inferior a favor 

del club de bridge, lo hizo sin entrar en la cuestión de la cobertura de Internet. En vez 

de eso, el tribunal basó su resolución en la conclusión de que, como el demandado 

desconocía la discapacidad de Hook, no podía ser declarado culpable de 

discriminarle32. 

Dado que la capacidad de aplicación del Título III sobre Internet sigue en el limbo, 

resulta importantísimo que el Departamento de Justicia tome medidas para establecer 

su interpretación de la ley a través del proceso legislativo o por otros medios. Aunque 

su carta al senador Harkin fue escrita en 1996, el Departamento aún tiene que hacer el 

seguimiento de su interpretación añadiendo todas las referencias concretas a Internet y 

al comercio electrónico a sus reglamentos de desarrollo del Título III, incorporando 

claramente el acceso a la tecnología electrónica y de la información en sus actividades 

de asistencia técnica, o adoptando otras medidas en el estadio inferior al reglamento. 

29 Por ejemplo, véase la resolución del caso Smith-Barney (1995). 

30 Carta del 9 de septiembre de 1996 (Departamento de Justicia de Estados Unidos, ADA, Carta de 

Política Clave 204), que actualmente se encuentra disponible en Internet, en la dirección: 

www.usdoj.gov/crt/foia/cltr204.txt). 

31 Caso Hooks versus OKBridge (Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Quinto Distrito Judicial, 

Número de protocolo 99 – 50891). 

32 El caso Hook se resolvió con una opinión no publicada, emitida por el tribunal el 21 de agosto de 2000. 

40 
Para ser justos con el Departamento de Justicia, habría sido difícil añadir orientaciones 

significativas sobre Internet dado que no existían criterios claros para definir el 

significado ni para evaluar si se logra la accesibilidad de un sitio web. Pero ya no es 

necesario que existan estas preocupaciones tras la publicación, el 21 de diciembre de 

2000, de la Norma Final de la Plataforma para el Cumplimiento de las normas en 

materia de Barreras Arquitectónicas y de Transporte – Plataforma de Acceso –, que 

desarrollaba el Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación33. 

El progreso hacia la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información al 

amparo del Título III ha sido mayor en el campo de los cajeros automáticos bancarios 

que en cualquier otra categoría de esta tecnología. Como resultado de las 

negociaciones desarrolladas entre litigantes particulares y organizados, y los 

principales bancos de California, Illinois y Massachusetts, se han alcanzado acuerdos 

nacionales para el despliegue de cajeros automáticos accesibles en los próximos dos a 

tres años en cientos de lugares de todo el país34. Aunque utilizan diseños y tecnologías 

distintas adaptados a las funciones y las características de diversos modelos de 

máquina, todos estos sistemas tienen la capacidad de que los usuarios que son ciegos 

obtengan un producto de audio de la información que se muestra en pantalla y para 

verificar los datos insertados por el usuario. Estos acuerdos son significativos porque 

la comunidad de la discapacidad y un grupo de importantes bancos han sido capaces 

de ponerse de acuerdo en definiciones comprensibles y viables de la accesibilidad y la 

capacidad de uso. Las Directrices de Accesibilidad para Edificios e Instalaciones de la 

ADA (ADA Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities), en su artículo 4.34, 

aclaran que los cajeros automáticos tienen que ser accesibles y utilizables por todas las 

personas con discapacidad, incluyendo las personas ciegas, pero la Plataforma de 

Acceso y el Departamento de Justicia aún tienen que concluir un estándar normativo 

para determinar lo que eso significa. En ausencia de este tipo de orientación, las partes 

privadas afectadas han desarrollado definiciones viables por sí mismas. Sin embargo, 

su capacidad de hacerlo durante casi cinco años de intensas negociaciones no puede 

justificar la abdicación de su responsabilidad por parte de la Administración. Sin lugar 

a dudas, el proceso se habría acelerado si hubieran existido las directrices que hacían 

falta. 

B. Artículo 255 

Como parte de la más profunda revisión de la política de comunicaciones de nuestra 

nación desde la promulgación de la Ley Federal de Comunicaciones de 1934, el 

Artículo 255 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 exige que los fabricantes de 

equipos de telecomunicaciones y de equipos para las instalaciones del cliente, así 

como los vendedores de servicios de telecomunicaciones, hagan que sus productos y 

servicios sean “accesibles” y “utilizables” por las personas con discapacidad, si puede 

33 Código de Reglamentos Federales 36, Apartado 1194. 

34 Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa del banco Fleet Bank de 28 de febrero de 2001, y también 

la nota de prensa y el acuerdo del banco Bank of America (emitido el 26 de mayo de 2000). Véase, así 

mismo, el Primer cajero automático guiado por voz para las personas con minusvalías visuales (First 

Voice-Guided ATMs for Visually Impaired) del U. S. Bank Installs Minnesota, por Karen Mills (despacho 

de Associated Press, 21 de agosto de 2000); y el comunicado de prensa del banco Wells-Fargo del 19 de 

abril de 2000, donde se anuncia la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos parlantes en 

California. 

41 
“conseguirse fácilmente”. Si dicha accesibilidad y capacidad de uso no se pueden 

conseguir fácilmente, los equipos y servicios deben ser compatibles con la tecnología 

de asistencia que habitualmente utilizan las personas con discapacidad, e igualmente si 

puede conseguirse fácilmente35. 

El Artículo 255 no es un texto legal tradicional en materia de derechos civiles. Es un 

instrumento legal sobre diseño accesible, que opera en las fases de diseño y 

fabricación y no depende de la existencia de una demanda ni de un particular 

agraviado para que sus requisitos entren en juego. Las personas que consideren que 

sus equipos (los que el cliente utiliza en sus propias instalaciones) o los servicios de 

telecomunicaciones no cumplen los requisitos de la ley, pueden presentar una 

demanda ante la Comisión Federal de Comunicaciones (que es la encargada de 

administrar la ley), pero no existen indemnizaciones por daños y perjuicios, y los 

pleitos no están autorizados. Entre los ejemplos de equipos que el cliente utiliza en sus 

propias instalaciones encontramos los teléfonos, faxes, contestadores automáticos y 

sistemas buscapersonas. El Artículo 255 está relacionado con la accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información en varios sentidos muy importantes. En 

primer lugar, muchos dispositivos de tecnología electrónica y de la información se 

encuentran cubiertos por la ley, especialmente los que implican la comunicación de 

voz por las líneas telefónicas; los propios servicios telefónicos, que son indispensables 

para el uso de la mayoría de la moderna tecnología de comunicaciones, también se 

encuentran cubiertos. Con el tiempo, se espera que las obligaciones del Artículo 255 

tengan como resultado una mejora progresiva en la accesibilidad y capacidad de uso 

de los dispositivos y servicios generalizados. 

La segunda gran contribución del Artículo 255 podría denominarse procedimental. 

Como los principios de accesibilidad que promulgaba no eran autoejecutivos ni 

evidentes por sí mismos, era necesario hacer operativo el Artículo 255 para que la 

gente entendiera lo que se le pedía. Para redactar las normas necesarias, la Plataforma 

de Acceso creó el Comité Asesor para el Acceso de las Telecomunicaciones 

(Telecommunications Access Advisory Committee), en el que se incluían funcionarios 

de la Administración, representantes del sector y personas con discapacidad para 

cooperar en la articulación de los estándares funcionales y de rendimiento necesarios. 

Mediante el uso del Comité Asesor para el Acceso de la Tecnología Electrónica y de 

la Información (Electronic and Information Technology Access Advisory Committee), 

la Plataforma de Acceso volvió a utilizar esta perspectiva a la hora de desarrollar las 

normas para poner en práctica el Artículo 508, y es un método que podría resultar útil 

para crear un consenso entre el sector de la construcción y los consumidores en otros 

contextos de acceso a la tecnología electrónica y de la información, tal y como 

veremos más detenidamente en el Capítulo IV. 

La tercera gran contribución del Artículo 255 es la inclusión en sus directrices de la 

idea de que la tecnología no puede ser utilizable si las instrucciones, los manuales y 

otras fuentes de ayuda similares no son accesibles. Por consiguiente, los fabricantes y 

los proveedores de servicios están obligados a encontrar formas eficaces de hacer que 

esta información (incluyendo la información sobre las características de accesibilidad 

35 255, Acceso por parte de las Personas con Discapacidad (Access by Persons with Disabilities), Código 

de Estados Unidos 47, Artículo 255. 

42 
del producto o servicio) esté disponible para los clientes y todas aquellas personas que 

puedan necesitarla. 

Encontramos una importante limitación del Artículo 255 en el alcance de las funciones 

y servicios de telecomunicaciones que se encuentran cubiertos. El Artículo 255 no 

cubre todas las funciones o servicios que realizamos o recibimos a través de la red 

telefónica. Tenemos que introducir tres términos nuevos en nuestro debate para 

explicar estas distinciones: los servicios “básicos”, los servicios “adjuntos a los 

básicos”, y los servicios “de información”

36. Sólo están cubiertas las dos primeras de 

estas tres categorías. 

Históricamente, la telefonía de voz era la forma en que la mayoría de las personas se 

comunicaban por teléfono, y por lo tanto era a lo que la ley se refería en su cobertura 

de los servicios de telecomunicaciones. Por este historial legal y normativo, la 

Comisión Federal de Comunicaciones ha interpretado que el Artículo 255 cubre estos 

servicios “básicos” de telecomunicaciones por voz. La Comisión también ha definido 

que el Artículo 255 cubre una clase de servicios estrechamente relacionados y 

categorizados como servicios “adjuntos a los básicos”37. En términos generales, estos 

servicios son los necesarios para efectuar o recibir llamadas o servicios telefónicos 

que, en la práctica, consisten en acceder a la red de telecomunicaciones. Incluyen los 

sistemas interactivos de respuesta de voz y el correo de voz, la llamada en espera, la 

marcación directa, el desvío de llamadas, la ayuda telefónica por ordenador, el control 

de llamadas, la identificación de llamadas, el rastreo de llamadas, y la remarcación de 

llamadas. El Artículo 255 no cubre los servicios de información como la transmisión 

de datos (incluyendo el correo electrónico) y de imágenes. 

A partir de estas distinciones entre los servicios cubiertos y no cubiertos encontramos 

algunas repercusiones para los equipos de las instalaciones del consumidor. Estos 

equipos están cubiertos por el Artículo 255 exclusivamente en la medida en que están 

diseñados para realizar o proporcionar los servicios cubiertos. Este punto será 

examinado con mayor detalle en el Capítulo VI. 

C. Artículo 508 

El Artículo 508 de la Ley de Rehabilitación fue modificado sustancialmente en 1998, 

y actualmente representa la fuente de autoridad legal de mayor alcance para la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, concepto introducido 

por dicho artículo en este campo. La ley exige que la mayoría de las agencias federales 

“adquieran, desarrollen, mantengan y utilicen” exclusivamente tecnología electrónica 

y de la información accesible para su propio uso y para el uso del público. Este 

instrumento legal se distingue de las leyes convencionales en materia de derechos 

civiles por imponer obligaciones positivas sobre las agencias federales, que se deben 

cumplir mucho antes de que pueda tener algún impacto discriminatorio sobre una 

persona con discapacidad. 

36 Notificación de Consulta de la Comisión Federal de Comunicaciones (adoptada el 14 de julio de 1999, 

número de protocolo WT 96 – 198). Así mismo, en términos generales, véase el Informe sobre Alta 

Velocidad y Telecomunicaciones Avanzadas de la Comisión Federal de Comunicaciones (3 de agosto de 

2000). 

37 Preámbulo del Código de Reglamentos Federales 36, Apartado 1194 (especialmente el párrafo 77). 

43 
El alcance de la tecnología electrónica y de la información al amparo de la ley es 

amplio. Aquí no se aplica ninguna limitación como la que acabamos de señalar en 

referencia al Artículo 255. Según la definen los estándares del artículo 508: 

La tecnología electrónica y de la información incluye la tecnología de la 

información y todos los equipos o sistemas o subsistemas de equipos 

interconectados que se utilice para la creación, conversión o duplicación 

de datos o información. El término “tecnología electrónica y de la 

información” incluye, aunque no de forma exclusiva, los productos de 

telecomunicaciones (como los teléfonos), los kioscos de información y 

las máquinas de gestión de información, los sitios web, los equipos 

multimedia y los equipos de oficina, como copiadoras o faxes. El término 

no incluye ningún equipo que contenga tecnología de la información 

subordinada que se utilice como parte integrante del producto, pero cuya 

función principal no sea la adquisición, almacenaje, manipulación, 

gestión, movimiento, control, despliegue, cambio, intercambio, 

transmisión o recepción de datos o de información (Código de 

Reglamentos Federales - Code of Federal Regulations - 36, Artículo 

1194.4). 

Hay múltiples motivos para justificar que el Artículo 508 ya sea un hito tan importante 

en el acceso de la tecnología electrónica y de la información. Desde el punto de vista 

más práctico, se espera que ejerza una poderosa influencia sobre las prácticas de 

diseño en todo el sector, dado que no es probable que los fabricantes mantengan dos 

líneas independientes de productos similares: uno accesible para los clientes de las 

agencias federales, y uno menos accesible o inaccesible para todos los demás. Tal y 

como ya indicamos en el Capítulo II, uno de los principales objetivos de la ley 

consiste en aprovechar el efecto palanca del enorme poder adquisitivo de la 

Administración. 

Aunque el Artículo 508 es revolucionario en cuanto a los requisitos que impone sobre 

la Administración, contiene una serie de características estructurales que recuerdan al 

Artículo 504, a la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, y a otras leyes de 

derechos civiles de la discapacidad. Por ejemplo, existen diversas circunstancias, 

incluyendo la “carga excesiva”, en las cuales las agencias pueden evitar cumplir 

algunos de sus requisitos. Cuando se invoca la carga excesiva para justificar el 

incumplimiento de uno o varios requisitos de la ley, las agencias tienen la obligación 

de documentar los motivos de su incapacidad para cumplir. La definición de carga 

excesiva que se utiliza en el Artículo 508 es la misma que la utilizada en la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad, pero aunque se ha amasado una experiencia 

considerable en la aplicación de este concepto al amparo de las leyes más antiguas, en 

este caso su puesta en práctica suscita muchas preguntas. Estas cuestiones serán objeto 

de un análisis más detenido en el Capítulo IV, sección B.2. 

Quizá el efecto inmediato más significativo del Artículo 508 haya sido la oportunidad 

que ofrece para que la Plataforma de Acceso, utilizando al Comité Asesor para el 

Acceso de la Tecnología Electrónica y de la Información, desarrolle unas normas 

funcionales y de rendimiento detalladas que haga operativo el significado de la 

accesibilidad en su aplicación sobre la amplia gama de dispositivos y servicios de 

44 
tecnología electrónica y de la información. La existencia de este tipo de estándares 

debería suponer una contribución significativa para hacer cumplir los derechos de 

acceso a la tecnología electrónica y de la información al amparo de otras leyes de 

derechos civiles. 

A este respecto, el Artículo 508 es único en el sentido de que representa el modelo 

más sofisticado que se conozca hasta la fecha de una ley de derechos civiles que 

integra estrechamente el diseño accesible y las estrategias para hacerlo cumplir. Esta 

ley es un instrumento legal sobre diseño accesible en el sentido de que obliga a 

realizar acciones que podrían no ser posibles o, de ser posibles, podrían ser mucho 

más costosas si su ejecución tuviera que esperar a la aparición de una persona que 

alegara discriminación como resultado de la inaccesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información. Pero el Artículo 508 combina esta característica con 

un obligado cumplimiento claro y determinante al crear un recurso basado en los 

derechos civiles en caso de incumplimiento. La ley dispone que las agencias cubiertas 

deben establecer procedimientos de reclamación que sigan el mismo modelo que los 

utilizados para gestionar las reclamaciones al amparo del Artículo 504, para que los 

utilicen las personas que aleguen que se les han negado sus derechos de acceso a la 

tecnología electrónica y de la información38. En ningún otro lugar se establece de 

forma tan clara el derecho a pedir reparación por inaccesibilidad. 

El derecho a presentar una demanda al amparo del Artículo 508 no es tan amplio 

como los requisitos que la ley impone sobre las agencias federales. Es decir, el 

mecanismo de reclamación sólo está disponible para las violaciones del artículo en la 

adquisición de tecnología electrónica y de la información. Las infracciones relativas al 

desarrollo, mantenimiento o utilización de la tecnología electrónica y de la 

información de forma interna, o las actividades posteriores a la adquisición por parte 

de la agencia, no pueden constituir la base para presentar una reclamación al amparo 

del Artículo 508. Pero esto no significa que las personas que vean negado su derecho 

de acceso por incumplimientos del Artículo 508 relacionados con actividades distintas 

de la adquisición carezcan de recurso. Estas personas pueden establecer una demanda 

al amparo del Artículo 504 si son miembros del público, y al amparo del Artículo 501 

si son empleados de la Administración federal, basándose en cualquier tipo de 

negación de acceso que haya tenido lugar. 

En aquellos casos en los que sea viable una reclamación al amparo del Artículo 508, 

es importante recordar tanto las similitudes como las diferencias existentes entre los 

estándares legales del artículo 504 y del 508. Encontramos una diferencia clave en la 

ausencia de un fundamento de defensa en la “accesibilidad del programa” en el 

Artículo 508, del tipo que podría alegarse en una reclamación por inaccesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información al amparo del Artículo 504. En virtud del 

Artículo 504, al igual que según el Título II de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad, la obligación de hacer que la tecnología electrónica y de la información 

sea directamente accesible y la opción de facilitar información por otros medios 

forman un continuo. Las agencias pueden argumentar que la disponibilidad de una 

alternativa adecuada a la accesibilidad reduce la obligación de proporcionarla. Pueden 

38 Artículo 508 (f) (2). 

45 
alegar que, si se facilita la información, se han cumplido los requisitos de 

accesibilidad del programa. 

Pero el Artículo 508 no contempla este argumento de la accesibilidad del programa. 

La cuestión de las alternativas sólo tiene pertinencia después de determinar que la 

tecnología electrónica y de la información no puede hacerse accesible. La decisión de 

si la accesibilidad es o no posible o necesaria debe tomarse sin tener en cuenta 

estrategias alternativas (en el Capítulo IV, sección D.3.2., se analizan con mayor 

detalle los distintos estándares legales aplicables para determinar si las medidas de 

acceso son suficientes al amparo de los Artículos 504 y 508). 

Como ocurre con cualquier nueva ley de largo alcance, hay múltiples cuestiones que 

rodean al Artículo 508 que sólo el tiempo, la experiencia y las resoluciones judiciales 

o administrativas podrán resolver. En el capítulo siguiente abordaremos algunas de las 

cuestiones más urgentes. De momento, entre las preguntas sin resolver se incluyen las 

siguientes: 

¿En qué casos la naturaleza de las responsabilidades de información y divulgación de 

un contratista en virtud de lo previsto en un contrato hacen que la tecnología 

electrónica y de la información que se utilice para cumplirlo esté cubierta por el 

Artículo 508? ¿En qué casos, de haber alguno, los requisitos de accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información se extienden a los documentos, formularios 

u otros materiales generados o divulgados por la tecnología electrónica y de la 

información cubierta? ¿Cómo se aplicará la excepción de “carga excesiva” 

fundamentalmente económica sobre la Administración estadounidense? 

Este tipo de preguntas son clave, no sólo por el impacto a largo plazo del Artículo 508, 

sino también, y de forma más inmediata, por la forma en que se administra la ley y el 

tipo de asistencia técnica que se facilita en torno a ella (véase el Capítulo IV, sección 

B.3). 

Por ejemplo, un terminal informático público de propiedad federal que distribuya 

información o formularios debe ser accesible, y esto quiere decir que las personas con 

discapacidad deben poder utilizarlo de forma autónoma. ¿Pero, se deriva de esto que 

los formularios que produzca también deben ser accesibles? De igual forma, cuando 

una agencia federal utiliza tecnología electrónica y de la información, como una 

impresora para generar una carta personalizada para un miembro del público, sin lugar 

a dudas se está utilizando un equipo cubierto. ¿Significa esto que la agencia tiene 

obligación de hacer que el producto informativo de esa tecnología electrónica y de la 

información sea accesible, o de hacer que la información esté disponible para el 

ciudadano a través de medios alternativos? Probablemente no, al menos en virtud del 

Artículo 508, pero sólo lo sabremos con el paso del tiempo y según vayan 

evolucionando nuestros valores. 

Además, aún hay cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del concepto de 

“carga excesiva” que siguen siendo objeto de especulación en este momento inicial 

pero de gran importancia. La Norma Final del Artículo 508 define la carga excesiva 

como: 

46 
Carga excesiva significa una dificultad o un gasto excesivo. A la hora de 

determinar si una acción podría tener como resultado una carga excesiva, 

la agencia debe tener en cuenta todos los recursos que tenga disponibles 

para el programa o componente para el que se está desarrollando, 

adquiriendo, manteniendo o utilizando el producto (Código de 

Reglamentos Federales 36, Artículo 1194.4). 

Gran parte depende de la definición de “disponibilidad”. ¿Contempla la ley el 

ejercicio de la facultad discrecional de los máximos responsables de la agencia, en la 

medida que cuenten con dicha facultad, para mover fondos entre unidades internas o 

categorías presupuestarias? ¿Exige incluso que un departamento o agencia pida una 

dotación presupuestaria complementaria para cumplir los requisitos de la ley? ¿La ley 

crea una situación en la que será más fácil que cumplan las agencias más grandes? Y 

en los casos de adquisiciones para toda la Administración o para varias agencias, ¿qué 

recursos disponibles de las agencias se tienen en cuenta o se valoran a la hora de 

determinar y adjudicar las cargas relativas de costes? Tal y como sugiere este grupo de 

preguntas, puede que las prácticas de presupuestación y rendición de cuentas de la 

Administración tengan un papel importante que desempeñar en el destino del Artículo 

508. 

47 
Capítulo IV 

Situación actual de la ejecución y puesta en 

práctica de la accesibilidad 

En el presente capítulo examinaremos los recursos y procedimientos existentes para 

poner en práctica la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información por 

la Administración Federal y en ella. Conseguirlo se complica por el hecho de que el 

Artículo 255 es relativamente nuevo, y el Artículo 508 no entrará plenamente en vigor 

hasta el 21 de junio. Por lo tanto, los mecanismos y la experiencia de la puesta en 

práctica y ejecución de lo previsto en virtud de estos dos instrumentos legales son 

limitados. Con todo, como en todas las leyes se utilizan muchas de las mismas 

perspectivas (la asistencia técnica, los reglamentos, la recepción de reclamaciones y 

resolución), es posible obtener algunas conclusiones incluso al respecto de las leyes 

nuevas. 

A. El contexto de la accesibilidad 

¿Los planes y las actividades de la Administración reflejan los valores de inclusión? 

¿Contienen disposiciones para garantizar que las personas con discapacidad tengan el 

mismo acceso que las demás personas a los servicios o a la contratación de la 

Administración electrónica? Dependiendo del punto de vista de cada uno, los 

esfuerzos de la Administración para utilizar la comunicación electrónica pueden 

considerarse suficientes o inadecuados. Por ejemplo, en el caso de los sitios web de la 

Administración, la Ley de Reducción de la Burocracia (Paperwork Reduction Act) y 

otras leyes y políticas han contribuido a su desarrollo y rápida proliferación. Según un 

estudio reciente, sólo el 15% de los sitios web de la Administración (estatal y federal) 

cumplen las normas de accesibilidad39. 

Las leyes y reglamentos que regulan nuestras vidas se encuentran entre las categorías 

más importantes de información de la Administración. Desde el punto de vista de la 

accesibilidad para las personas que utilizan los ordenadores (incluyendo las personas 

con discapacidad que tienen acceso a Internet), podemos disponer fácilmente de los 

reglamentos federales, publicados en el Registro Federal (Federal Register) y 

codificados en el Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations). Se 

incluyen los reglamentos que afectan a los tres instrumentos legales que aquí nos 

ocupan. Sin embargo, en lo que respecta a la autoridad inferior al reglamento, desde 

las orientaciones interpretativas hasta las resoluciones legales administrativas, la 

imagen de toda la Administración es más compleja. Evidentemente, en parte el 

problema es que las agencias varían en su capacidad o su celo a la hora de facilitar al 

público esta gama de materiales, aunque la tendencia se orienta claramente en la 

dirección de la publicación por Internet. 

39 Evaluación de la Administración Electrónica: Prestación del Servicio de Internet por la Administración 

Estatal y Federal: Administración Electrónica, Internet, Democracia y Prestación de Servicios por las 

Administraciones Estatal y Federal (Assessing Egovernment: Internet Service Delivery by State and 

Federal Government: Egovernment, the Internet, Democracy and Service Delivery by State and Federal 

Governments), por Darrell M. West (Brown University, 2000). 

48 
La revisión de los sitios web de las agencias más importantes en la ejecución y puesta 

en práctica de las tres leyes de derechos civiles de acceso a la información (el 

Departamento de Justicia, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales y 

la Comisión Federal de Comunicaciones) indica que la accesibilidad se ha 

institucionalizado como un elemento de sus prácticas informativas y divulgativas, y 

que la información que facilitan por Internet es accesible para los usuarios de 

ordenadores que tengan alguna discapacidad. 

En lo que respecta a la presentación de estos sitios web, el sitio de la Comisión para la 

Igualdad de Oportunidades Laborales contiene una excelente explicación de los 

motivos que subyacen a su política de accesibilidad40; y la Comisión Federal de 

Comunicaciones, a través de su Oficina de Derechos Civiles, no sólo tiene una lista de 

servicios para quienes estén interesados en sus procedimientos y resoluciones relativos 

a la discapacidad, sino que también proporciona un portal a través del cual se pueden 

expresar comentarios sobre la accesibilidad de determinados documentos. 

Pero los sitios web no constituyen toda la historia de la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información. Un porcentaje significativo de las personas con 

discapacidad, como un gran número de estadounidenses en su conjunto, carecen de 

acceso a Internet. Según las conclusiones de un estudio desarrollado recientemente por 

el Departamento de Comercio, las personas con discapacidad sólo tienen la mitad de 

probabilidades que el resto de los estadounidenses de tener acceso a Internet41. Y los 

estadounidenses con discapacidad con antecedentes culturales diversos tienen un nivel 

de acceso a Internet incluso inferior. Esta disparidad tiene el potencial de ser más 

grave para las personas con discapacidad que para la población general. La mayoría de 

las personas que no tienen acceso a Internet pueden acudir a las bibliotecas para leer 

los reglamentos sin coste alguno. Pero esto no es tan sencillo para las personas con 

discapacidad que tengan que hacer frente a las barreras de transporte, de acceso físico, 

o de acceso a medios impresos. Además, como las bibliotecas hacen un uso aún mayor 

de los ordenadores, las personas con discapacidad encuentran en estos lugares 

públicos muchos de los problemas de acceso a la tecnología electrónica y de la 

información que afrontan en su hogar o en su trabajo. 

En lo que respecta al acceso no informático, las agencias encargadas de velar por el 

cumplimiento de nuestras leyes de derechos civiles electrónicos (principalmente la 

División de Derechos de la Discapacidad del Departamento de Justicia, la Comisión 

Federal de Comunicaciones y la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales) 

han hecho un gran trabajo para conseguir que sus propuestas, normas finales y otros 

documentos estén disponibles en formatos alternativos para las personas que los 

solicitan. Sin embargo, los informes puntuales de los consumidores sugieren que, en 

algunos casos, el tiempo de espera necesario para recibir estos documentos puede ser 

mayor de lo que consideran aceptable. Cuando se utilizan contratistas externos para 

elaborar o distribuir documentos, las agencias pueden o no contar con procedimientos 

para controlar el rendimiento, la puntualidad, el formato y las prácticas de atención al 

cliente que estos contratistas observan. 

40 www.eeoc.gov/style/about.html. 

41 Caer por la red: Hacia la inclusión digital (Falling Through the Net: Toward Digital Inclusion), 

Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2000. 

49 
B. Contenidos de los documentos 

1. Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) 

La responsabilidad del cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad 

está dividida entre un mínimo de media docena de agencias federales, incluyendo la 

Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales (Título I), el Departamento de 

Justicia (para la mayoría de las demandas al amparo del título II y todas las demandas 

al amparo del título III), el Departamento de Educación (para determinadas demandas 

que surgen en el sistema educativo público al amparo del título II), el Departamento 

de Transporte (respecto de las demandas al amparo del título II que se escapan del 

alcance del presente estudio), y la Comisión Federal de Comunicaciones (título IV). 

En el informe publicado recientemente por el Consejo Nacional de Discapacidad sobre 

la ADA, titulado Promesas que cumplir: Una década de cumplimiento federal de la 

Ley de Estadounidenses con Discapacidad (Promises to Keep: A Decade of Federal 

Enforcement of the Americans with Disabilities Act), se analizan detalladamente las 

prácticas de ejecución de todas estas agencias. No tenemos intención de duplicar la 

información, ni tampoco podemos añadir aquí información nueva a ese exhaustivo 

estudio. Lo que nos proponemos es señalar aquellos aspectos en los que el actual 

marco normativo y administrativo puede encontrarse perfectamente adaptado o 

necesitar cambios para afrontar de forma eficaz las cuestiones de acceso a la 

tecnología electrónica y de la información. 

Aunque los propios documentos son accesibles, los reglamentos emitidos por las 

agencias que los ponen en práctica en sus respectivas esferas de responsabilidad 

contienen pocas o ningunas orientaciones o información sobre los derechos de acceso 

a la tecnología electrónica y de la información. 

1.1 El Departamento de Justicia 

Para ilustrar la falta de referencias actuales a las cuestiones de tecnología electrónica y 

de la información, desde su publicación hace casi una década no se han modificado los 

ejemplos que se aportan en los reglamentos del Título II y del Título III del 

Departamento de Justicia relativos a lo que constituyen ayudas y servicios auxiliares, 

y así sólo hacen referencia a algunas de las opciones tecnológicas más prominentes 

que se encontraban disponibles en aquel momento42. Puede que la próxima revisión de 

las Directrices de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad 

contribuya a actualizar los reglamentos

43 pero, actualmente, la ausencia de ejemplos 

informáticos o basados en la tecnología electrónica y de la información, y la falta de 

referencias a los requisitos que podrían ser aplicables sobre la tecnología electrónica y 

de la información, privan a los reglamentos del Departamento de Justicia de parte de 

la vitalidad y pertinencia que deberían tener. 

42 Código de Reglamentos Federales 28, Artículos 35.104, 35.160 y 36.303. 

43 Revisión de las Directrices de Accesibilidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad y de la 

Ley de Barreras Arquitectónicas, que actualmente se encuentra disponible en Internet, en la dirección 

www.access-board.gov/ada-aba/status.htm. 

50 
En concreto, tal y como se ha indicado anteriormente en el Capítulo III, sección A. 3, 

resulta perturbador el hecho de que los reglamentos no incluyan ninguna orientación 

sobre la posición del Departamento en materia de la cobertura de Internet al amparo 

del Título III, porque sugiere la falta de voluntad del Departamento de Justicia para 

abordar este creciente campo de comercio electrónico, produce dudas sobre la validez 

de sus análisis o de su capacidad de hacer cumplir la ley en este campo, o refleja el 

miedo de que los tribunales no adopten la interpretación del Departamento. Como 

agencia responsable de hacer cumplir la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, el 

Departamento de Justicia es el mayor conocedor de su significado y lo normal sería 

que los tribunales lo utilizaran si sus interpretaciones de la ley fueran razonables. Si el 

Departamento considerara que el Título III cubre los espacios públicos que se prestan 

por Internet, esa decisión sería objeto de mucha más visibilidad y seguimiento del que 

tiene44. Teniendo en cuenta la creciente importancia y el impacto de la transformación 

del comercio electrónico e Internet, consumidores, empresas y legisladores merecen y 

necesitan saber lo que las agencias encargadas del cumplimiento consideran que la ley 

espera de ellos. 

En el Capítulo III, sección A.3, sugerimos que uno de los motivos por los que el 

Departamento de Justicia duda a la hora de articular una política de Internet al amparo 

del Título III podría haber sido la preocupación de que no existiera ningún medio 

objetivo para evaluar la accesibilidad de los sitios web. También sugerimos que la 

publicación de la norma final del Artículo 508 por la Plataforma de Acceso eliminaba 

sustancialmente este problema. Pero casi un año antes de la publicación de la norma 

final, el Departamento de Justicia desarrollaba y utilizaba sus propias listas de 

verificación de la accesibilidad de las páginas web y del software, que se distribuyeron 

a las agencias federales como parte de los cuestionarios autoevaluativos de 

accesibilidad electrónica a principios de 2000, y que se utilizaron como base para el 

informe titulado Tecnología de la información y personas con discapacidad: Estado 

actual de la accesibilidad federal (Information Technology And People With 

Disabilities: The Current State Of Federal Accesibility), publicado por el 

Departamento de Justicia en abril de 2000. 

Como el Departamento de Justicia no quiso ser entrevistado para este estudio, no 

podemos ofrecer ninguna explicación autorizada sobre sus procesos y comunicaciones 

internas. Sin embargo, nos desanima saber que el Departamento contaba con unos 

estándares de accesibilidad a la web que consideraba suficientemente buenos como 

para utilizarlos en el proceso autoevaluativo del Artículo 508, pero no quería 

aplicarlos en ningún otro contexto a pesar de necesitarse desesperadamente y llevar 

tanto tiempo esperando una definición y aclaración del significado del acceso a 

Internet. El Departamento de Justicia aún tiene que proporcionar orientaciones 

relativas a la aplicación específica del Título III a Internet, aunque ahora tenga sus 

propias listas de verificación (derivadas de las directrices del sector privado 

44 Entre los estudios sobre la posibilidad de aplicación de la ADA a Internet se incluyen: ADA e Internet: 

¿Deben ser accesibles los sitios web? (ADA and the Internet: Must Websites Be Accessible?) de Dana 

Whitehead McKee y Deborah T. Fleischaker, 33 Md. .B. J. 34 (2000); o Aplicación de la ADA a Internet: 

Estándar de Accesibilidad a la Web (Applying the ADA to the Internet: A Web Accessibility Standard), de 

Cynthia D. Waddell, (1998), que actualmente se encuentra disponible en Internet, en la dirección 

www.icdri.org/applying_the_ada_to_the_internet.htm. 

51 
desarrollados por el Consorcio World Wide Web (W3C))

45 y las directrices paralelas 

del sector público elaboradas por la Plataforma de Acceso. 

1.2 La Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales 

En sus tres documentos principales para uso interno y público en materia del 

cumplimiento del Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, la 

Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales reconoce el papel potencial de la 

“tecnología de la información” y de los “equipos de adaptación”, tanto en la 

presentación como en la investigación de las demandas por discriminación laboral. En 

su Formulario Informativo sobre Adaptaciones Razonables, utilizado por su personal 

para documentar los procedimientos y las conclusiones de sus investigaciones, el 

apartado 9 de su lista de verificación de cuestiones que se deben tratar se centra en si 

dicho equipo de adaptación ha sido pedido por el empleado46. De igual forma, la 

principal orientación dirigida a los empresarios y emitida el 1 de marzo de 1999, les 

recuerda su obligación en materia de equipos de adaptación y tecnología de la 

información dentro del marco de las adaptaciones razonables

47. 

Este uso del término “equipos de adaptación” indica un importante problema de 

nomenclatura asociado con la concienciación sobre accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información. El término no se suele utilizar en otros contextos y en 

gran medida se ha visto sustituido por el término “tecnología de asistencia”, que entró 

en nuestro derecho a través de la Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con 

Discapacidad de 1988, y que posteriormente se adoptó en sucesivas enmiendas a los 

textos legales que rigen los principales programas de servicios por discapacidad, como 

en el caso de la Ley de Rehabilitación o de la Ley Educativa de Personas con 

Discapacidad48. 

Las conversaciones desarrolladas con el personal de la Comisión indican que la 

terminología que utilizan está perfectamente fundamentada en el campo de la 

discriminación laboral, y, además, que algunos términos, como “dispositivos de 

asistencia”, resultarían confusos para los profesionales de los recursos humanos, ya 

que considerarían que se refieren a los dispositivos personales (como los audífonos o 

las gafas), que la Ley de Estadounidenses con Discapacidad expresamente excusa al 

empresario de tener que proporcionar. Sin embargo, si queremos que alguna vez la 

creciente complejidad de cuestiones y conceptos de la accesibilidad de la tecnología 

45 Tecnología de la información y personas con discapacidad: El estado actual de la accesibilidad federal 

(Information Technology and People with Disabilities: The Current State of Federal Accessibility), 

presentado por el Fiscal General del Estado en abril de 2000. Incluye conclusiones basadas en el uso por 

parte del Departamento de su propia lista de verificación de accesibilidad a Internet para evaluar el 

rendimiento de otras agencias federales. 

46 Formulario Informativo sobre Adaptaciones Razonables, que actualmente se encuentra disponible en la 

dirección www.eeoc.gov/docs/eeocprocedures-form3.html. 

47 Orientaciones para el cumplimiento de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales: 

Adaptaciones razonables y gasto excesivo al amparo de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad 

(EEOC Enforcement Guidance: Reasonable Accommodation and Undue Hardship under the Americans 

wth Disabilities Act) (1 de marzo de 1999). Orientación de política por Resolución Ejecutiva 13164: 

Establecimiento de procedimientos para facilitar la provisión de adaptaciones razonables (20 de octubre 

de 2000). Actualmente se encuentra en www.eeoc.gov/docs/accommodation_procedures.html. 

48 Ley Pública 102 – 569; Código de Estados Unidos, artículo 1401 (1). 

52 
electrónica y de la información permita el desarrollo de un consenso en materia de 

valores en la política, es necesario lograr una mayor uniformidad lingüística entre 

programas y leyes. 

La forma en que funcionan las obligaciones de cumplimiento del Título I resulta 

mucho más problemática. En todos sus documentos y orientaciones para el 

cumplimiento, la Comisión deja claro que el hecho de que los empresarios tengan la 

obligación de proporcionar equipos de adaptación o tecnología de la información es 

cuestión de adaptaciones razonables y, como tales, se predica tras la petición o 

expresión de la necesidad por parte de un empleado. La Comisión no ha recordado 

jamás a los empresarios los posibles beneficios (incluyendo evitar demandas por 

discriminación y reducir los costes de adaptación) que podrían derivarse de prestar una 

atención temprana y sistemática a la adquisición de infraestructuras de tecnología 

electrónica y de la información que sean accesibles (equipos de oficina, redes internas, 

buscapersonas, etc.). La Comisión mantiene que, dado que la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidad no exige estas medidas activas o de previsión por parte de los 

empresarios del sector privado, carece de autoridad para emitir este tipo de 

orientaciones. Pero la Comisión sí ofrece a los empresarios afectados una amplia gama 

de consejos sobre muchos temas, y fácilmente podría actualizar la cantidad y calidad 

de los consejos e información no vinculante que ofrece en materia de accesibilidad de 

la tecnología electrónica y de la información o de parte de sus esfuerzos formativos. 

La creciente importancia de la tecnología electrónica y de la información en el 

desarrollo de las “funciones esenciales” de tantos puestos de trabajo exige que la 

Comisión proporcione orientaciones a las comunidades de personas con discapacidad 

y de las empresas. En el Capítulo VI examinaremos la forma que debería asumir dicha 

orientación y la forma en que la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la 

información es análoga a otras normas de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad que exigen a los empresarios que lleven procedimientos a la práctica, 

como protección frente a la discriminación antes de que tenga lugar. 

Otro campo de preocupación se centra en la diferencia de las orientaciones de la 

Comisión entre las responsabilidades de los empleados del sector privado y los 

empresarios del sector público. Aunque la Comisión ha emitido una orientación 

centrada expresamente en el establecimiento de procedimientos de adaptaciones 

razonables por parte de los empresarios federales

49, aún tiene que llegar a alguna 

conclusión sobre las repercusiones del Artículo 508 para las demandas por 

discriminación laboral presentadas contra los empresarios federales a partir de lo 

previsto en el Artículo 501 de la Ley de Rehabilitación. En el Capítulo VI hacemos 

algunas recomendaciones sobre en qué medida la Comisión debería considerar que el 

cumplimiento o incumplimiento por parte de las agencias federales de lo previsto en el 

Artículo 508 constituye una prueba en los casos de discriminación laboral, y, además, 

valoramos otras cuestiones importantes que surgen a partir de la intersección de los 

Artículos 508 y 501. 

La última cuestión se deriva de la documentación y recursos de la Comisión para la 

Igualdad de Oportunidades Laborales. Aunque cada uno de los principales 

49 Orientación de política sobre Resolución Ejecutiva 13164: Establecimiento de procedimientos para 

facilitar la provisión de adaptaciones razonables (20 de octubre de 2000). Actualmente se encuentra 

disponible en la dirección www.eeoc.gov/docs/accommodation_procedures.html. 

53 
documentos informativos y preceptivos que hemos revisado contiene una lista de 

recursos de agencias u organizaciones que cuentan con los conocimientos oportunos 

sobre diversas cuestiones de adaptación, las listas de tecnologías de asistencia 

relacionadas con la cuestión de la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la 

información es extremadamente limitada. La única organización que se menciona es la 

Sociedad de Ingeniería de Rehabilitación y Tecnología de Asistencia de Norteamérica 

(RESNA, a través de la cual la Comisión indica los proyectos que se pueden localizar 

basados en la Ley de Asistencia Tecnológica para las Personas con Discapacidad de 

1998). Aunque RESNA representa un magnífico punto de partida para todas las 

consultas en materia de discapacidad y de tecnología, resulta especialmente llamativa 

la falta de recursos de asistencia técnica con un enfoque más concreto en la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. No hemos podido 

determinar ni la frecuencia ni la forma en que se actualizan dichas listas de recursos. 

1.3 La Comisión Federal de Comunicaciones 

Este informe no entra a detallar la implicación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones en el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad. 

La Comisión no tiene ninguna responsabilidad importante en materia de tecnología 

electrónica y de la información al amparo de los tres títulos de derechos civiles de la 

ley. Pero no queremos decir con esto que no tenga un importante papel en la puesta en 

práctica del Título IV a través de su certificación y supervisión de los sistemas de 

transmisión telefónica estatal, y a través de su papel de seguimiento en la resolución 

de las demandas presentadas en contra de estos servicios de transmisión cuando las 

autoridades del estado no son capaces de resolverlas de forma satisfactoria en un plazo 

de seis meses. 

Algunos sistemas de transmisión pueden catalogarse como servicios de tecnología 

electrónica y de la información, y es probable que cada vez lo sean más a medida que 

vaya avanzando la tecnología necesaria para la puesta en práctica de estos sistemas. 

2. Artículo 508 

Aún quedan por redactarse la mayoría de los reglamentos necesarios para llevar el 

Artículo 508 a la práctica. Habrá más agencias federales implicadas en la puesta en 

práctica de esta nueva ley, cada una de ellas con sus propios reglamentos y cultura en 

materia de adquisiciones, que en el cumplimiento de cualquier otra norma legal 

anterior en materia de derechos de discapacidad salvo el Artículo 504. Sin embargo, se 

han publicado las directrices emitidas por la Plataforma de Acceso, junto con la 

Notificación de Promulgación Propuesta y la Norma Final que incorpora la 

disposiciones de la Plataforma de Acceso en el Reglamento Federal de 

Adquisiciones50. A partir de aquí ya podemos prever algunas dificultades en la puesta 

en práctica de la accesibilidad. A pesar de que el presente informe no tiene por objeto 

convertirse en una guía para la puesta en práctica del Artículo 508, es necesario 

examinar las cuestiones que se presentan en las normas y reglamentos pertinentes por 

el profundo impacto que pueden tener sobre la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información cubierta por esta ley. 

50 Véase 66 FR 7165 – 68 (22 de enero de 2001), norma propuesta; y el Registro Federal (25 de abril de 

2001, Caso del Reglamento de Adquisiciones Federales número 1999607), para la norma final. 

54 
Aunque los reglamentos emitidos por el Consejo Federal de Reglamentos sobre 

Adquisiciones determinan en gran medida la forma y el contenido de la puesta en 

práctica de la ley por cada una de las agencias, la gran variación de estilos, historiales, 

recursos y necesidades nos hace temer que algunos reglamentos podrían ser un reflejo 

imperfecto del mandato federal, resultado del examen realizado por la Plataforma de 

Acceso y el Consejo Federal de Reglamentos sobre Adquisiciones. 

El proceso autoevaluativo de las agencias federales administrado por el Departamento 

de Justicia (véase la sección C del presente capítulo) podría ayudar a evitar este tipo 

de discrepancias, al poner de manifiesto todas las normas o prácticas de las agencias 

que difieren de las premisas de la ley. Pero si esto no ocurre, será necesario encontrar 

otras formas de revisar la perspectiva de cada una de las agencias federales ante el 

Artículo 508. 

Hasta ahora no hemos encontrado nada en la puesta en práctica del Artículo 508 por 

parte de la Administración federal que dé muestras del grado de previsión o del nivel 

de toma de decisiones descentralizada que es necesario para que la política de 

accesibilidad de la ley tenga eficacia y sea coherente. En este sentido, encontramos 

uno de los problemas en lo referente a los procedimientos especificados en el 

Reglamento de Adquisición Federal (emitido el 25 de abril de 2001) para que las 

agencias presenten reclamaciones por carga excesiva. Según la ley, aunque las 

agencias tienen que documentar los motivos por los cuales un requisito en concreto 

resultaría una carga excesiva, y aunque tienen que conservar esta documentación en el 

archivo del contrato, no se dispone ningún sistema de control o supervisión de este 

tipo de justificaciones. No es necesario remitirlas a la Administración de Servicios 

Generales, ni tampoco hacerlas públicas, aunque el Reglamento de Adquisición 

Federal indique que están sometidas al escrutinio público según lo previsto en la Ley 

de Libertad de Información (Freedom of Information Act). 

Preocupa especialmente el hecho de que el reglamento aporte unas orientaciones 

adecuadas sobre el significado de lo que se considera carga económica excesiva. En su 

norma final, el Consejo Federal de Reglamentos sobre Adquisiciones (reaccionando a 

los comentarios efectuados en respuesta a la norma final propuesta) indica que la 

jurisprudencia y otras fuentes de autoridad elaboradas en virtud de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad para interpretar el concepto de carga excesiva son 

suficientes como para facilitar su aplicación al Artículo 508. El concepto de la carga 

excesiva ha sido aplicado sobre el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación, que ha 

servido de modelo para el uso legal de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, 

pero como el Artículo 504 implica cuestiones de adaptación individual, aún queda por 

estudiar la aplicación del principio de forma sistemática, tal y como exige el Artículo 

508. 

En este campo, la barrera para la accesibilidad surge a partir del uso del estándar de 

dificultad o gasto significativo. El gasto significativo o excesivo no se define en el 

reglamento más que en términos de superar los “recursos disponibles” de la “agencia o 

componente”. Si la determinación del coste excesivo no se convierte en parte 

integrante de los preceptos contables y las categorías presupuestarias utilizadas por la 

Administración federal, esta referencia a los “recursos disponibles” plantea más 

preguntas de las que responde. Por ejemplo, a la hora de determinar los recursos 

55 
disponibles de una agencia o del componente de una agencia, ¿se espera o se permite 

que el funcionario contratante o demandante tenga en consideración la práctica que la 

agencia tenga para reasignar fondos entre unidades o categorías presupuestarias? ¿Se 

espera que las agencias pidan permiso a la Oficina de Gestión y Presupuesto para 

aplicar las diversas excepciones y flexibilidades que tiene autoridad de conceder, o 

que pidan al Congreso la inclusión de una partida presupuestaria de accesibilidad en 

una petición complementaria o habitual del presupuesto anual? 

Aunque las respuestas de algunas de estas preguntas pueden adivinarse fácilmente por 

analogía con otras políticas de adquisición establecidas, y aunque ningún reglamento 

puede prever todas las preguntas concebibles que pueden surgir en el día a día de la 

administración de la ley, la publicación de normas tan vagas como estas sobre tantos 

puntos clave sólo puede caracterizarse como una invitación a la confusión. Si se las 

deja improvisar, las agencias obrarán de buena fe, pero probablemente lo hagan 

consiguiendo un abanico de resultados carente de uniformidad. 

3. Asistencia técnica y materiales formativos 

El alcance de la información y de la asistencia técnica (incluyendo la distribución de 

materiales, responder a las preguntas y otras actividades) representa uno de los 

principales medios disponibles en virtud de los tres instrumentos legales para 

transmitir información sobre la ley y para maximizar el cumplimiento voluntario entre 

las entidades y sectores cubiertos. En cualquier área compleja y que cambie 

rápidamente, está justificado preocuparse por la eficacia de la asistencia técnica. 

En el contexto de la tecnología electrónica y de la información, la asistencia técnica 

conlleva algunas cuestiones y complejidades específicas. La degradación de la 

información es un peligro constante pero, en este caso, podría correrse el riesgo de que 

se hiciera obsoleta. Por lo tanto, hacen falta mecanismos para garantizar que la 

asistencia técnica forme parte de la información legal y tecnológica más actualizada. 

Como los materiales formativos y de asistencia técnica pueden actualizarse mucho 

más rápidamente que los reglamentos, estos recursos soportan la mayor 

responsabilidad en cuanto a la puntualidad, especialmente en un área en que hay 

tecnología de última generación que suceden o reemplazan a las anteriores en ciclos 

de producción que cada vez son más cortos. 

La perspectiva adoptada por el Departamento de Justicia en cuanto a la asistencia 

técnica relacionada con Internet, la informática de acceso público, y otras tecnologías 

electrónicas y de la información, vuelve a suponer un punto en controversia. Los 

recursos de asistencia técnica del Departamento para diversas audiencias no parecen 

resaltar ni el potencial de la tecnología electrónica y de la información a la hora de 

satisfacer los requisitos de la ley, ni los cambios legales o tecnológicos relativos al 

papel y potencial de tecnología electrónica y de la información. 

En defensa de las agencias encargadas del cumplimiento obligatorio, los recursos de 

asistencia tecnológica pueden ser tan limitados que no siempre es posible facilitar 

información sobre determinados temas. Pero precisamente éste es el motivo para 

establecer prioridades. Precisamente porque los derechos de acceso a la tecnología 

electrónica y de la información son nuevos y no nos resultan familiares, es necesario 

que sean objeto de especial atención y elaboración. 

56 
Están empezando a aparecer los recursos de asistencia tecnológica para la puesta en 

práctica del Artículo 508. A través de la creación de un sitio web accesible y 

descentralizado, en la dirección www.section508.gov, y a través de contratos de 

asistencia tecnológica con organizaciones para lograr abarcar audiencias específicas, 

la Plataforma de Acceso, la Administración de Servicios Generales y otras 

organizaciones están marcando un punto de arranque que resulta muy alentador. Con 

todo, la revisión de los materiales generados hasta la fecha en virtud de estos contratos 

nos hace temer que quizá no se estén afrontando en su justa medida algunas cuestiones 

claves relativas a la tecnología electrónica y de la información. Una asistencia 

tecnológica eficaz según lo previsto en el Artículo 508 exige nuevos modelos y 

variaciones para los que puede que la Administración federal aún no se encuentre en 

condiciones de prestar o incluso de exigir. 

Para entender esta situación, pensemos en una diferencia crucial existente entre la Ley 

de Estadounidenses con Discapacidad y el Artículo 508. Cuando una entidad cubierta 

por la ADA lleva a la práctica un elemento de accesibilidad, de adaptación razonable o 

un cambio en la política, la práctica o los procedimientos, normalmente la 

Administración federal no tiene la responsabilidad de explicar estas mejoras a los 

usuarios finales, ni tampoco de proporcionar la formación y el apoyo técnico necesario 

para garantizar que los usuarios finales puedan aprovecharse de la tecnología 

electrónica y de la información accesible. De igual forma, aparte de su papel como 

medio que facilita la comunicación entre el cliente de telecomunicaciones y el 

fabricante de equipos o proveedor de servicios, la Comisión Federal de 

Comunicaciones no tiene la responsabilidad de sentarse con el cliente para explicarle y 

mostrarle el funcionamiento de la tecnología accesible. 

Por su parte, como las entidades que ponen en práctica la accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información en virtud de lo previsto en el Artículo 508 

son propiamente agencias de la Administración federal, la asistencia tecnológica en 

este dominio tendrá que incluir tanto los medios para facultar a las agencias para que 

cumplan los requisitos de la ley, como los medios para facultar a los funcionarios 

federales y a los medios del público para utilizar la tecnología electrónica y de la 

información que se ha adquirido y puesto en práctica como resultado de dicho 

cumplimiento. Estas dos formas de asistencia tecnológica, a pesar de estar 

interrelacionadas, también son bastante distintas. Sólo podrán alcanzarse plenamente 

los objetivos del Artículo 508 prestando una atención equilibrada e integrada a las 

necesidades de las agencias y de los usuarios finales. 

A partir de la revisión de los recursos de asistencia tecnológica desarrollados hasta la 

fecha en apoyo del Artículo 508, encontramos un cierto énfasis mayor sobre las 

cuestiones que rodean el cumplimiento de las agencias federales que sobre los 

problemas, prácticas y recursos necesarios para que el Artículo 508 funcione en el 

ámbito del usuario final. Este énfasis inicial es comprensible teniendo en cuenta los 

requisitos necesarios para llevar a la práctica una ley tan significativa y novedosa en 

un plazo de tiempo tan breve. Sin embargo, no se deben pasar por alto las necesidades 

paralelas de recursos humanos y técnicos del extremo del proceso, si no queremos que 

la falta de atención al alcance comunitario, la formación del público, y otras 

cuestiones claves relacionadas con la cadena de accesibilidad tengan como resultado 

una reducción del uso y apoyo comunitario de la tecnología electrónica y de la 

57 
información accesible. Tanto los amigos como los enemigos de la accesibilidad 

estarán deseosos de saber cuántas personas se valen de la accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información al amparo del Artículo 508. Una asistencia 

tecnológica apropiada desempeñará un papel crucial para determinar si la cifra es alta 

y si la respuesta es positiva. 

4. Mantenimiento de registros 

Como el acceso a la tecnología electrónica y de la información no ha sido jamás un 

objeto independiente del cumplimiento de los derechos civiles, contamos con pocos o 

ningún registro o sistema de mantenimiento de registros que puedan arrojar la luz 

necesaria sobre las cuestiones globales o los contextos en los que existen o es más 

probable que surjan los problemas de acceso a la información, o sobre las estrategias 

que han tenido más éxito en el cumplimiento y mejora del acceso a la tecnología 

electrónica y de la información. Los expedientes organizados en torno al tipo de 

discapacidad, naturaleza de la entidad sobre la que se reclama, la medida adoptada por 

la agencia responsable del cumplimiento obligatorio, la suma de dinero recuperada 

para las víctimas de la discriminación y otras categorías tradicionales, a pesar de ser 

muy valiosas, no son necesariamente suficientes como para satisfacer las necesidades 

del acceso a la tecnología electrónica y de la información. 

Partiendo de las técnicas existentes de recogida de datos, de las categorías 

informativas y de los formatos de mantenimiento de expedientes, las agencias 

implicadas en la puesta en práctica de los tres instrumentos legales tienen 

potencialmente una oportunidad histórica, aunque limitada temporalmente, de afrontar 

las cuestiones de mantenimiento de registros y de recopilación de datos en formas 

nuevas que permitan detectar en un estadio temprano y resolver de forma inmediata 

los problemas, los éxitos y las necesidades en el área de la tecnología electrónica y de 

la información. Pueden perderse oportunidades irrecuperables si en los albores del 

Artículo 508 no prestamos atención al desarrollo de equipos de datos, técnicas de 

recogida de datos y estrategias para compartir información de forma eficaz y coordinar 

la información entre el creciente número de agencias implicadas en el cumplimiento 

obligatorio del Artículo 508. Más adelante, en el Capítulo VI, examinaremos los 

resultados concretos de estas innovaciones en el campo del mantenimiento de 

registros. Tanto la información sobre la gama y la cantidad de productos y contratos 

modificados por la aplicación del Artículo 508, como los costes y los beneficios del 

proceso del Artículo 508 que se perciban para cada agencia, las dificultades 

experimentadas por las agencias en el cumplimiento de la ley y la obtención de 

orientaciones autorizadas sobre su interpretación, el número de empleados y miembros 

del público que se valgan de la ley, o las técnicas utilizadas para concienciar y formar 

sobre el uso de tecnología electrónica y de la información accesible serán elementos 

críticos del proceso de mantenimiento de registros de todas las agencias, que 

contribuirán a elaborar el tipo de base de conocimiento que no sólo informa sino 

también persuade a los legisladores públicos sobre las opciones y el orden de trabajo 

que seguir. Entre otras cosas, esta información debería mejorar en gran medida la 

profundidad de los informes bienales que el fiscal general tiene que presentar al 

Presidente y al Congreso51. 

51 Artículo 508 (d). 

58 
C. Nuevas formas de documentación 

1. Autoevaluaciones de las agencias 

La autoevaluación y el autoexamen no son conceptos nuevos en la legislación en 

materia de derechos civiles. La autoevaluación ya era una herramienta importante 

prevista en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, especialmente para las 

entidades cubiertas por el Titulo II, y potencialmente tiene un considerable valor como 

forma de prever problemas y conseguir el cumplimiento. Sin embargo, el autoexamen 

previsto en la ADA era una cuestión fundamentalmente interna y privada. El Artículo 

508 lleva la autoevaluación a un nuevo nivel de visibilidad e importancia. 

Según este instrumento legal, “el responsable máximo de cada departamento o agencia 

federal deberá evaluar en qué medida la tecnología electrónica y de la información del 

departamento o agencia es accesible o utilizable por las personas con discapacidad en 

contraste con el acceso y el uso de la tecnología por personas sin discapacidad...”

52. La 

norma legal también dispone que el fiscal general debe presentar un informe bienal 

ante el Presidente y el Congreso incluyendo información y recomendaciones sobre el 

Artículo 508. 

Para llevar a la práctica el proceso de información por agencia, el Departamento de 

Justicia ha adoptado un formato de cuestionario (de encuesta) que cada agencia 

administra por sí misma. El primer informe sobre estas encuestas fue emitido en abril 

de 200053, y los cuestionarios de este año fueron enviados el 18 de enero54. 

Estos cuestionarios, dependiendo de la forma en que se utilicen, pueden tener un 

enorme valor por sí mismos, y también pueden poner de manifiesto una forma nueva y 

dinámica de controlar el cumplimiento de los derechos civiles en otros contextos de 

múltiples agencias. La forma en que se utilicen estos cuestionarios y que las agencias 

informantes se sientan libres de ser sinceras quedará determinado por el hecho de que 

las agencias experimenten que el proceso está diseñado para ayudarlas o para señalar 

sus errores y hacer públicos sus defectos. 

Las entrevistas con los participantes en el proceso de puesta en práctica del Artículo 

508 sugieren un alto nivel de compromiso y entusiasmo dentro del servicio federal. En 

estas circunstancias, creemos que hasta la fecha los cuestionarios han sido recibidos 

positivamente por muchas agencias. Pero puede que estas actitudes receptivas 

cambien cuando lleguemos al momento en que el cumplimiento ya no sea una 

cuestión futura, cuando la lentitud a la hora de conseguir la accesibilidad de los sitios 

web o a la hora de establecer los procedimientos internos sobre los que interrogan los 

cuestionarios se convierta en una infracción continua de la ley, en lugar de ser un 

incumplimiento en potencia. En el Capítulo VI sugeriremos algunas estrategias para 

hacer un uso positivo y efectuar el seguimiento con la asistencia tecnológica apropiada 

de los incumplimientos o demoras que los cuestionarios revelen. 

52 Artículo 508 (c). 

53 Véase la nota 47 incluida anteriormente. 

54 Cuestionario Autoevaluativo para los Funcionarios de la Agencia Designados, Artículo 508. 

59 
Tenemos que hacer otra advertencia sobre este procedimiento de autoevaluación. 

Aunque el informe refleja que el personal del departamento marcó varias respuestas, 

no existe ningún procedimiento sistemático para efectuar un control independiente de 

estos informes. Siempre se corre el peligro de que las agencias y los funcionarios sean 

demasiado optimistas sobre el éxito de sus esfuerzos de accesibilidad, o de que como 

hay factores subjetivos en el proceso de información, las agencias utilicen estándares 

distintos a la hora de responder a algunas preguntas. 

2. Informes de control del mercado 

El informe de control del mercado es otra forma de documentación que puede ser útil 

para evaluar en términos generales el progreso hacia la accesibilidad. La Plataforma 

de Acceso desarrolló este formato informativo como medio de controlar el progreso 

efectuado por el sector de las telecomunicaciones para cumplir los objetivos del 

Artículo 25555. Según las entrevistas con el personal de la Plataforma de Acceso y la 

Comisión Federal de Comunicaciones, no es seguro que se siga utilizando, pero 

merece la pena explorar el mecanismo y su posible adaptación a otros esfuerzos 

generales para rastrear el progreso hacia la accesibilidad entre diversos sectores 

industriales o líneas de productos. El Informe de Control del Mercado permite 

identificar los sectores industriales o las líneas de producto en las que el progreso no 

es tan rápido como se esperaba. En tal caso se pueden utilizar los recursos para 

encontrar los motivos y desarrollar perspectivas que sean útiles para acelerar el ritmo 

de progreso. De nuevo, manteniendo la perspectiva general de las agencias encargadas 

de la puesta en práctica del Artículo 255 (la Plataforma de Acceso y la Comisión 

Federal de Comunicaciones), no se pretende sancionar. Lo que se pretende es 

encontrar métodos y posibilidades de asociación que puedan contribuir de forma 

constructiva a los objetivos de las partes. 

D. Prácticas y cultura de la agencia 

Tal y como expresa claramente el estudio de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad realizado por el Consejo Nacional de Discapacidad, las agencias 

encargadas de su cumplimiento presentan grandes diferencias en cuanto a los aspectos 

de su puesta en práctica de la ley. Incluso dentro de la misma agencia, los 

componentes administrativos muestran diferencias en muchos aspectos de la 

perspectiva adoptada. Por este motivo, nuestro estudio de los esfuerzos de puesta en 

práctica de la tecnología electrónica y de la información hasta la fecha tiene que 

incluir las prácticas y las actividades de las agencias de derechos civiles que se derivan 

tanto de la costumbre y del uso como de los reglamentos escritos o de la legislación 

pertinente. 

1. Resolución de casos 

A nadie le gustaría vivir en un mundo en el que las agencias encargadas de velar por el 

cumplimiento de los derechos civiles consideraran que su misión exclusiva es la 

identificación de malhechores, o que adoptaran un talante inquisitorial. Pero las 

55 Plataforma de Acceso y Comisión Federal de Comunicaciones, Informe de Control del Mercado sobre 

Telecomunicaciones Accesibles (que actualmente se encuentra disponible en Internet, en la dirección 

www.access-board.gov/telecomm/marketrep/index.htm). 

60 
limitaciones de los recursos disponibles para el cumplimiento, junto con la necesidad 

de establecer prioridades, exigen que se efectúe algún esfuerzo activo para identificar 

y afrontar aquellos problemas que tengan una mayor gravedad. Por lo tanto, la 

resolución de casos es un componente indispensable de cualquier programa eficaz 

encaminado a conseguir el cumplimiento legal de los derechos civiles, del mismo 

modo que siempre lo ha sido en referencia a todas las leyes orientadas al bien público. 

Desde las inspecciones de salud pública de los restaurantes, hasta la patrulla policial 

de las autopistas donde se suele superar la velocidad permitida, la resolución de casos 

es un componente necesario de todas nuestras instituciones legales. 

La resolución de casos puede ser más sencilla y se puede aprovechar mucho más en el 

campo de la tecnología electrónica y de la información que en muchos otros contextos. 

Con frecuencia, las cuestiones del acceso a la tecnología electrónica y de la 

información se derivarán de las tendencias nacionales del diseño tecnológico, como el 

uso de las pantallas sensibles al tacto, que tienen un impacto sobre un gran grupo de 

personas. Aunque muchos casos tradicionales de discriminación giran en torno a 

patrones de hechos muy controvertidos e individualizados, las cuestiones que dan 

lugar a los casos en materia de tecnología electrónica y de la información serán mucho 

más claras, por no decir que serán mucho más fáciles de resolver. Por estos motivos, 

se puede aprovechar muchísimo la identificación y búsqueda de casos clave en materia 

de tecnología electrónica y de la información, que redundarán en beneficio de grandes 

cantidades de personas y harán que la inversión en la resolución de casos de 

tecnología electrónica y de la información sea un compromiso muy rentable que 

precisa poco tiempo y recursos. 

Por ejemplo, si el último lanzamiento de un importante navegador de Internet es 

inaccesible para los lectores de pantalla, o si un importante sitio web público o privado 

se ha hecho inaccesible para algún subgrupo de usuarios con discapacidad, es probable 

que su impacto no se vea confinado a una persona, o incluso a unas pocas personas. 

Aunque el tiempo y el esfuerzo invertido por la agencia encargada de velar por el 

cumplimiento para desarrollar el caso puede que no sea mayor del necesario para 

diseñar otros tipos de casos, si se presta atención al problema puede obtenerse un 

beneficio directo para grandes grupos de personas. 

Anteriormente ya se habían elaborado importantes casos nacionales sobre derechos 

civiles en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad en contra de cadenas 

de alquiler de coches, entre otros, pero la resolución de estos casos, aunque 

frecuentemente implica sanciones civiles e indemnización por daños y perjuicios, 

normalmente se suele centrar en la futura modificación de políticas o procedimientos, 

o en fortalecer la supervisión de los directivos y la actualización de la formación. En 

las relativamente escasas resoluciones que afectan a la tecnología, el tipo de equipo 

implicado suele ser una tecnología de asistencia añadida, como los mandos manuales 

para los coches de alquiler. No existe ningún caso que se haya resuelto obligando al 

demandado a desarrollar investigación y desarrollo, ni a retroajustar una tecnología 

electrónica y de la información ya existente. 

En los tipos más importantes y previsibles de tecnología electrónica y de la 

información, los demandados pueden tener muchas más posibilidades y puede que sea 

mucho más difícil de encontrar el posible término medio necesario para alcanzar una 

61 
resolución. Evidentemente, siempre existe el riesgo de que la resolución de casos 

importantes produzca una resistencia mayor, especialmente por parte de productores y 

proveedores de tecnología electrónica y de la información grandes y poderosos, que 

incluso pueden recurrir a la presión política o de los medios de comunicación. 

Con independencia de cuál sea la resolución, es probable que los casos de tecnología 

electrónica y de la información con implicaciones nacionales conlleven complejidades 

técnicas con las que antes los litigantes no habían tenido que enfrentarse. De hecho, 

puede haber más partes implicadas. En la demandan prototípica al amparo de la Ley 

de Estadounidenses con Discapacidad contra una cadena hotelera, lo normal es que los 

demandados sean la cadena, uno o varios de sus franquiciados, y probablemente una 

firma de arquitectos. Sin embargo, con los modernos sistemas interconectados de 

tecnología electrónica y de la información, puede que la determinación de 

responsabilidades, por no hablar de la adjudicación de costes y reparaciones, 

incluyendo el retroajuste, que puede resultar especialmente caro, resulte especialmente 

contencioso y difícil. La negociación entre los abogados y los bancos en torno a la 

accesibilidad de los cajeros automáticos de que hablábamos en el Capítulo III, Sección 

A.3, ejemplifica esta posibilidad. Algunos bancos alegaban que su capacidad de 

producir máquinas accesibles se encontraba controlada por las decisiones de diseño 

efectuadas por los fabricantes de las máquinas. Por su parte, los fabricantes 

argumentaban que podían hacer y harían lo que sus clientes quisieran, pero afirmaron 

que jamás se les había pedido que incorporaran elementos de accesibilidad, como por 

ejemplo discurso oral. Además, surgieron disputas sobre si las soluciones eran de 

hardware o de software y sobre el papel de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones (las compañías telefónicas) cuyas redes mantenían las máquinas 

en contacto con una serie de ordenadores centrales. 

En general, las agencias no suelen formalizar la perspectiva que adoptan en cuanto a la 

resolución de los casos. Por ese motivo, es posible que surjan desacuerdos en cuanto a 

la perspectiva que la agencia adopta, o sobre los objetivos –cantidad de casos, 

volumen, posibilidad de éxito, fondos recuperados para los demandantes, sectores 

importantes que se notifican– que la agencia encargada de velar por el cumplimiento 

pretende alcanzar. Se tiene la impresión generalizada de que las agencias encargadas 

de velar por el cumplimiento no se han mostrado agresivas en la resolución o 

presentación de casos importantes al amparo de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad. 

En lo que respecta a la perspectiva adoptada por la Comisión Federal de 

Comunicaciones ante la resolución de casos y la estrategia de litigio al amparo del 

Artículo 255, las declaraciones de la Comisión, complementadas por las entrevistas, 

indican que su estrategia consiste inicialmente en intentar resolver las demandas 

fomentando el diálogo entre el usuario final y el fabricante o vendedor. La Comisión 

ha indicado que tiene intención de utilizar más las demandas que las resoluciones de 

los casos para determinar los problemas que existen. La preocupación ahora se centra 

en lo que hará la Comisión si descubre, o cuando descubra, un producto o servicio 

problemático a través del proceso de reclamación del consumidor. 

En este sentido, el Artículo 255 puede convertirse en rehén de cambios filosóficos más 

amplios en la actitud general que la Comisión Federal de Comunicaciones adopta 

62 
frente al cumplimiento de la ley y la intervención en la economía de mercado. La 

Comisión ha manifestado en varias ocasiones su oposición a ser activista o 

intervencionista. Por lo tanto, aunque el compromiso de la Comisión con la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información sigue siendo alto, puede 

que los modelos tradicionales para obligar su cumplimiento desempeñen un papel 

inferior en su estrategia de puesta en práctica. 

El Artículo 255 marcó un nuevo escenario para la implicación de la Comisión Federal 

de Comunicaciones en los derechos civiles. Por supuesto, la Comisión, al igual que 

otras agencias normativas federales, anteriormente era responsable de sus propias 

prácticas internas y de hacer cumplir los requisitos no discriminatorios aplicables a las 

entidades que regulaba. Pero con el Artículo 255, la Comisión pasó a ser responsable 

de una nueva dimensión del cumplimiento de los derechos civiles que carecía de 

paralelismos en la legislación o en la experiencia de otras agencias. Si la Comisión 

considerara que el Artículo 255 es un ejemplo del activismo y de la afirmación 

normativa a la que filosóficamente se opone, esta importante protección de los 

derechos civiles podría verse atrapada en una red de liberalización normativa que en 

realidad no es su sitio. 

El Artículo 508 presenta una imagen completamente distinta en lo que respecta a la 

estrategia de litigio. En otros contextos de derechos civiles, la Administración puede 

verse implicada tanto al plantear una demanda como en forma de interviniente. Según 

lo previsto en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, prácticamente no habría 

ninguna ocasión para que la Administración fuera demandante o demandado. En 

contraste, si se presenta una reclamación o una demanda administrativa al amparo del 

Artículo 508, la Administración federal, bien en su conjunto, bien en forma de uno de 

sus departamentos o agencias, por definición es el demandado. Esta situación elimina 

fundamentalmente el uso de muchos mecanismos establecidos para influir sobre la 

dirección de la ley o para utilizar la posición en litigio como forma de establecer o 

influir la política pública. 

Cuando los casos contra la Administración federal llegan a los tribunales, la agencia 

demandada suele estar representada por el Departamento de Justicia, cuya tarea 

consiste en defender a la Administración en contra de las demandas por actividad 

ilícita y, por supuesto, protegerla contra la exposición a responsabilidad económica o 

contra las sentencias que puedan limitar su libertad de acción o contradecir sus 

objetivos de política. A la Administración no le gusta admitir que ha obrado mal ni 

reconocer su responsabilidad, ni desde el punto de vista de las relaciones públicas, ni 

desde el punto de vista legal. Pero pueden aparecer graves tensiones estructurales 

cuando el mismo Departamento de Justicia que es llamado para representar a una 

agencia en una demanda fundamentada en el Artículo 508 tenga conocimiento, a 

través del cuestionario de autoevaluación de la agencia, de que ésta incumple la ley. 

Todos los que abogan por esta nueva ley están preocupados por la forma en que el 

Departamento de Justicia vaya a desempeñar esta doble responsabilidad que asume en 

virtud del Artículo 508. 

El papel de la Administración como demandado también evita que obre como amigo 

del tribunal presentando informes. Esto priva a la Administración de una herramienta 

63 
tradicional utilizada para hacer su contribución al debate de política pública que rodea 

la resolución de algunas cuestiones claves. 

2. Mediación 

Las agencias encargadas de velar por el cumplimento de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidad, al tener que afrontar acumulaciones de casos y reconocer que el 

litigio, a pesar de que a veces sea necesario, en cierto sentido representa un fracaso, 

siguen el mandato de la ley y han hecho lo posible por desarrollar y utilizar técnicas 

alternativas para la resolución de disputas, incluyendo la mediación. En este sentido, 

se han dedicado recursos para formar mediadores en los requisitos de la ley y 

cuestiones relacionadas. Por ejemplo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades 

Laborales, incluye la formación de mediadores en su actual plan estratégico para cinco 

años56. 

Dependiendo de la forma en que cada agencia aborde la cuestión, la extensión de la 

mediación al contexto de la tecnología electrónica y de la información planteará 

problemas que normalmente no se encuentran en otros contextos. Entre las preguntas 

que se plantean en torno al uso de la mediación en la tecnología electrónica y de la 

información es si una mediación eficaz en estos casos da por hecho la existencia o 

disponibilidad de un conocimiento técnico experto, normalmente muy especializado. 

Si no contamos con estos recursos puede que sea difícil o imposible que un mediador 

valore los hechos de las demandas para poder tener una idea realista de la solución que 

pueda ser posible tecnológicamente, o para saber cuánto podría costar. 

En una entrevista, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales indicó 

que sus mediadores contractuales y autónomos están perfectamente formados y 

cuentan con experiencia en técnicas de resolución alternativa de disputas, en los 

requisitos de las leyes aplicables en materia de igualdad de oportunidades, y en las 

técnicas de mediación. La Comisión no cree que sea necesario tener un conocimiento 

técnico especializado para que la mediación sea eficaz, porque el papel del mediador 

no consiste en determinar lo que las partes hayan hecho bien o mal. 

Nuestro estudio no ha podido determinar si existe alguna agencia encargada de velar 

por el cumplimiento de los derechos civiles que actualmente esté buscando o 

utilizando los servicios de mediadores o un conocimiento especial en materia de 

tecnología electrónica y de la información o un conocimiento tecnológico relacionado. 

En todo caso, la contratación de mediadores objetivos que tengan el conocimiento 

necesario exigirá creatividad e ir más allá de los recursos tradicionales. En el Capítulo 

VI recomendaremos algunas medidas que las agencias encargadas de velar por el 

cumplimiento de las leyes podrían utilizar implicando a los usuarios con discapacidad 

en su proceso de puesta en práctica de la tecnología electrónica y de la información. 

Se debería explorar la posibilidad de que el sector y las empresas acepten como 

mediadores a personas cuyas experiencia deriva fundamentalmente del uso de 

tecnología electrónica y de la información. 

56 Plan Estratégico, que actualmente se encuentra disponible en Internet, en la dirección: 

www.eeoc.gov/plan/single.html. 

64 
3. Procedimiento de reclamación 

Es fundamental contar con un procedimiento eficaz de reclamación para hacer cumplir 

la estructura de derechos civiles. A pesar de nuestros esfuerzos para garantizar una 

cooperación voluntaria y que la ley se cumpla, deben existir mecanismos disponibles 

para resolver de forma inmediata y justa aquellas disputas que no puedan evitarse o 

resolverse mediante negociación. 

No nos ocuparemos aquí del procedimiento de reclamación previsto por la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad. El informe sobre esta ley elaborado por el Consejo 

Nacional de Discapacidad trata dicho procedimiento. Sin embargo, es particularmente 

crucial que examinemos los procedimientos de reclamación adoptados en virtud de los 

Artículos 255 y 508 porque las decisiones tomadas sobre estos procedimientos en esta 

fase temprana pueden afectar de forma significativa al modo en que la ley funcione y, 

lo que es quizá igualmente importante, a la forma en que el público la perciba. 

3.1 Artículo 255 

La Comisión Federal de Comunicaciones ha establecido un sistema por el cual se 

presentan reclamaciones extraoficiales ante la Oficina de Derechos de la 

Discapacidad, mientras que la Oficina encargada de velar por el Cumplimiento 

gestiona las reclamaciones oficiales. Además, la Comisión puede adoptar acciones 

reparadoras de motu proprio, o aplicar sanciones a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones o a los fabricantes de equipos que proceda. 

Como la Comisión Federal de Comunicaciones inicialmente se pone en contacto con 

el demandado en el momento en que recibe una demanda, es probable que las propias 

partes faciliten gran parte de la información que la agencia de otro modo podría 

obtener mediante la investigación del caso. Aún no sabemos lo que ocurrirá si con el 

diálogo entre las partes no se consigue una resolución, o si no se logra resolver la 

disputa surgida por los hechos del caso o por el potencial de la tecnología. La 

Comisión puede utilizar cualquiera de las técnicas de investigación o recogida de 

información que la ley le permita para la resolución de las demandas basadas en el 

Artículo 255. Así mismo, la Comisión cuenta con una amplia facultad discrecional en 

cuanto a las reparaciones y medidas para el cumplimiento de que dispone en caso de 

que un fabricante o proveedor de servicios claramente incumpla o haga caso omiso de 

la ley. 

Tal y como se ha sugerido anteriormente, sólo el tiempo nos dirá la forma en que la 

Comisión decida hacer ejercicio de su autoridad. Evidentemente surge un problema al 

dejar que gran parte de la recopilación y presentación de pruebas se deje en manos de 

las partes. Si la Comisión confía en las partes, dependerá de su habilidad de evaluar 

plenamente y con precisión los hechos pertinentes. Difícilmente podrá equipararse un 

consumidor aislado y una gran compañía de telecomunicaciones como contendientes 

igualmente informados. Una compañía que dice a un cliente que no existe ninguna 

solución tecnológica para un determinado problema de acceso bien podría extraer del 

cliente una expresión de satisfacción con el proceso, pero si la Comisión u otro tercero 

desinteresado e informado no efectúa una revisión independiente, no puede haber 

ninguna garantía de que la resolución alcanzada por las partes (y transmitida a la 

Comisión) sea de hecho la única solución posible o incluso la mejor solución posible. 

65 
Hay otro campo en el que puede no ser adecuado dejar la resolución en manos de las 

partes: en aquellas demandas en las que están implicados conjuntamente los 

fabricantes de equipos y los proveedores de servicios. Si la Comisión no participa, el 

usuario medio no tiene muchas esperanzas de llegar a la verdad en aquellas 

situaciones en las que el fabricante y el proveedor de servicios aleguen 

respectivamente que el otro es responsable del problema o está mejor capacitado para 

proporcionar una solución. Es la misma idea que cuando un paciente sin formación 

médica tenga que decidir qué diagnóstico especializado aceptar cuando difieren 

completamente en la causa y el tratamiento de la enfermedad. 

3.2 Artículo 508 

Con el Artículo 508 volvemos a afrontar una situación de procedimiento de 

reclamación completamente distinta y algo novedosa. Tal y como hemos sugerido 

anteriormente, una agencia contra la cual se haya presentado una demanda basada en 

el Artículo 508 desempeñará el doble papel de demandado y jurado. En 25 años se ha 

desarrollado y refinado el mecanismo para hacerlo en virtud de lo previsto en el 

Articulo 504 de la Ley de Rehabilitación. Pero es probable que surjan nuevas 

complejidades en la adaptación al asunto y condiciones del Artículo 508 del proceso 

de gestión de demandas al amparo del Artículo 504. 

El Artículo 508 es revolucionario en cuanto a que proporciona el derecho de presentar 

demandas y el potencial de obtener reparación cuando los funcionarios federales o los 

miembros del público aleguen que se ha infringido la ley. La norma jurídica dispone 

que las agencias federales afectadas adapten sus procesos de gestión de reclamaciones 

al amparo del Artículo 504 para utilizarlos en virtud del Artículo 508. La norma 

dispone lo siguiente: 

Las demandas presentadas en virtud del párrafo (1) deberá presentarse 

ante el departamento o agencia federal que presuntamente sea 

incumplidor. El departamento o agencia federal que reciba la demanda 

deberá aplicar los procedimientos de reclamación establecidos para poner 

en práctica el Artículo 504 con el objeto de resolver las alegaciones de 

discriminación en un programa o actividad desarrollado en el ámbito 

federal

57. 

Al obligar a las agencias a seguir el modelo de los procedimientos en virtud del 

Artículo 504 para conformar sus procedimientos al amparo del Artículo 508, 

aparentemente la ley les da a elegir. Pueden desarrollar un sistema desde cero que se 

asemeje o utilice el modelo del 504, o utilizar los sistemas basados en el Artículo 504 

para gestionar las demandas basadas en el Artículo 508. Con todo, como ya hemos 

dicho, estas similitudes procedimentales entre las normas jurídicas antiguas y las 

nuevas no debe difuminar las importantes diferencias que existen en la forma de 

funcionamiento del proceso de reclamación. 

Las siguientes preguntas sobre el Artículo 508 resaltan estas diferencias. En primer 

lugar, la ley no aclara exactamente qué infracciones del Artículo 508 puede desafiar 

57 Véase el Artículo 508 (f) (2). El párrafo (3) explica las normas que rigen las acciones civiles en los 

tribunales en virtud del Artículo 508. 

66 
un funcionario federal o un miembro del público. Por ejemplo, ¿el demandante puede 

poner en tela de juicio la puesta en práctica de un contrato de adquisición basándose 

en que incumple, o la agencia contratante incumple, lo previsto en el Artículo 508? De 

ser así, ¿la agencia o un tribunal puede ordenar de forma retroactiva que el contrato 

sea modificado o declarado nulo? 

Con independencia de las posibles respuestas que los tribunales ofrezcan para este tipo 

de preguntas, lo que nos preocupa de forma más inmediata es que los coordinadores 

del Artículo 508 de la agencia y los jueces de los tribunales administrativos pueden 

encontrarse revisando unas resoluciones muy técnicas adoptadas por funcionarios 

coordinados con un conocimiento y una experiencia muy distinta. Incluso en el caso 

de que no se les llame para adoptar una resolución sobre si la carga excesiva alegada 

por sus colegas es suficiente, o sobre otras decisiones importantes, estos funcionarios 

seguirán teniendo que decidir si la tecnología electrónica y de la información es 

accesible, y en concreto si cumple los requisitos del reglamento de adquisición federal. 

Esa decisión también puede ser técnica e implica la necesidad de contar con unos 

recursos y una experiencia que no es muy probable que posean las personas que 

tengan que tomar la decisión, y que se pueden obtener más fácilmente de los mismos 

funcionarios que toman las decisiones subyacentes de adquisición o diseño. 

La última cuestión a este respecto está relacionada con lo que podríamos denominar la 

disposición legal del recurso. La ley dispone medidas alternativas para facilitar el 

acceso a la información cuando no sea posible la accesibilidad o la compatibilidad. En 

aquellos casos en los que las agencias sepan por anticipado que una adquisición creará 

o tendrá como resultado la inaccesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información, la agencia debería igualmente planear con antelación dichas medidas 

alternativas. Si no se hace, la persona que resuelva las reclamaciones del Artículo 508 

podría verse forzada a tener que inventar remedios ad hoc, cosa que podría crear 

exigencias en otros sectores de la agencia, que dichos funcionarios habitualmente no 

se encuentran en situación de solicitar. 

Es probable que las agencias no reciban muchas orientaciones sobre lo que determina 

que una medida alternativa sea adecuada en el contexto del Artículo 508. En ausencia 

de dichas orientaciones, la jurisprudencia y la experiencia acumulada en virtud del 

Artículo 504 representará la mejor fuente de información sobre este punto. Pero, de 

nuevo, el entorno tecnológico hace que la cuestión de lo que es una adaptación 

adecuada tenga ciertas complejidades que son muy novedosas para quienes tendrán 

que resolverlo. 

Al tener que hacer frente a esta cuestión de qué constituye una medida alternativa 

aceptable, las personas que tengan que resolver las disputas pueden recurrir fácilmente 

a la jurisprudencia formada en torno al Articulo 504. En tal caso, la accesibilidad del 

programa probablemente representaría el estándar fundamental apropiado. Pero, tal y 

como se ha indicado anteriormente, puede que de hecho no sea el estándar aplicable. 

Las personas encargadas de resolver las demandas al amparo del Artículo 504 y los 

planificadores de las agencias deben recordar que el Artículo 508 sólo está relacionado 

con el 504 en lo que respecta a los derechos y reparaciones previstos en virtud del 

Artículo 504. Incluso si los procedimientos y las reparaciones disponibles en virtud de 

las dos normas jurídicas fueran los mismos, el estándar sustantivo para el 

67 
cumplimiento del Artículo 508 puede ser más alto que la accesibilidad del programa, 

porque la piedra angular o el estándar del 508 es su capacidad de comparación. El 

Artículo 508 habla en términos de acceso comparable a la información para las 

personas con y sin discapacidad. En este sentido, la norma jurídica dispone: 

A la hora de desarrollar, adquirir, mantener o utilizar tecnología 

electrónica y de la información, cada departamento o agencia federal 

...deberá garantizar, salvo que se imponga una carga excesiva sobre el 

departamento o agencia, que la tecnología electrónica y de la 

información, con independencia del tipo de medio de la tecnología, 

permite: (i) que las personas con discapacidad que sean funcionarios 

federales tengan un acceso y uso de la información y los datos que sea 

comparable al acceso y uso de lo información y los datos de los 

funcionarios federales que no sean personas con discapacidad; y (ii) que 

las personas con discapacidad que sean miembros del público que 

busquen información o servicios ...tengan un acceso y uso de la 

información y los datos que sea comparable al acceso y uso de la 

información y los datos de los miembros del público que no sean 

personas con discapacidad58. 

De esta forma, puede que una adaptación satisfaga los requisitos del Artículo 504 al 

proporcionar accesibilidad al programa, pero no satisfacer los del 508 porque no 

ofrece un acceso a la información que sea verdaderamente comparable para la persona 

con discapacidad. 

Nada de lo contenido en el Artículo 508 sugiere en forma alguna que el estándar de 

acceso comparable deje de aplicarse cuando una agencia tenga que recurrir a métodos 

alternativos. Teniendo en cuenta el abanico prácticamente ilimitado de alternativas que 

pueden estar disponibles en diversas situaciones, la cuestión de lo que significa el ser 

comparable cobra una grandísima importancia. En el Capitulo VI sugeriremos un test 

de la capacidad de comparación en tres partes que las agencias pueden encontrar útil y 

que puede que quieran incorporar a sus planes para gestionar las reclamaciones al 

amparo del Artículo 508. 

Aparte de las demandas de funcionarios o miembros del público, es probable que las 

agencias tengan que hacer frente a otro tipo de desafío legal que no les resulta familiar 

al amparo del Artículo 508. Aunque los desafíos legales para la adjudicación de los 

contratos de adquisición no son nuevos, es probable que su número se incremente y 

que el Artículo 508 cambie su carácter. Por consiguiente, a la hora de planificar su 

vida en lo que respecta al Artículo 508, las agencias deben tener presente la 

probabilidad de que surjan disputas sobre si las licitaciones se ajustan o no a lo 

previsto en los requisitos, y que se ponga en tela de juicio la adjudicación de los 

contratos. 

En un sentido, la idea de que los licitadores compitan por la accesibilidad supone una 

perspectiva muy atractiva. Pero en otro nivel, esta perspectiva puede introducir 

demoras, incertidumbre, y dificultades de todo tipo en el proceso de adquisición. Aún 

58 Artículo 508 (a) (1) (A). 

68 
no sabemos qué grado de importancia que se dará al cumplimiento del Artículo 508 a 

la hora de hacer la valoración general de los bienes y servicios que se ofrezcan a la 

Administración. No sabemos lo que ocurrirá si el licitador “A” cumple mejor los 

requisitos del Artículo 508 pero el licitador “B” presenta una propuesta que es 

significativamente superior en otros aspectos. En caso de que ninguna oferta cumpla 

todas las especificaciones del contrato (incluyendo el cumplimiento del Artículo 508), 

la respuesta lógica será volver a licitar la adquisición, pero puede que las agencias se 

muestren reacias y que los licitadores se resistan a hacerlo. 

Éstas y otras cuestiones, la mayoría de las cuales no se pueden responder 

completamente haciendo referencia a la ley existente en materia de adquisiciones, no 

forman necesariamente parte de los actuales esfuerzos o razonamientos de las agencias 

en materia de accesibilidad, pero pronto tendrán que serlo. 

E. Planificación estratégica 

La mayoría de las cuestiones de planificación que se describen en la sección D son 

administrativas o de gestión. No alcanzan el nivel de lo estratégico. La planificación 

estratégica de más alto nivel y largo alcance también tendrá que tener en 

consideración el Artículo 508 para formar parte del tejido de la práctica y la cultura de 

la agencia. 

La Ley de Resultados y Rendimiento de la Administración de 1993 pretende 

incorporar la planificación y rendición de cuentas a largo plazo en las actividades de la 

Administración federal. La Ley lo consigue exigiendo a las agencias que desarrollen 

procesos de planificación estratégica en los que se determinen las metas, objetivos, 

métodos y medidas para la rendición de cuentas. No es necesario decir que el Artículo 

508 es demasiado nuevo como para haberse abierto camino en los planes presentados 

por las agencias en virtud de esta ley, pero la ausencia general de planificación y 

criterios de acceso para la discapacidad en los planes de la mayoría de las agencias ha 

llevado recientemente al Grupo de Trabajo Presidencial sobre Empleo y Personas con 

Discapacidad a recomendar que se incorporen en dichos planes las metas y objetivos 

relativos a la contratación de personas con discapacidad59. 

Siguiendo estas propuestas, en el Capítulo VI se sugerirán formas en las que la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información y su uso puede constituir 

un factor importante de los planes elaborados en cumplimiento de la Ley de 

Resultados y Rendimiento de la Administración por las principales agencias 

encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad, el Artículo 255 y el Artículo 508. Aunque a primera vista puede que las 

cuestiones que rodean la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información 

parezcan demasiado aisladas o limitadas como para ser merecedoras de elevarse a ese 

tipo de visibilidad o prominencia, el énfasis que la mayoría de las agencias federales 

ponen sobre la tecnología exigen que este elemento clave de la política tecnológica 

reciba una atención igual y coordinada. 

59 Volver a trazar el rumbo: Puntos de inflexión: Tercer informe del Grupo de Trabajo Presidencial sobre 

el Empleo de Adultos con Discapacidad (Re-charting The Course: Turning Points: The Third Report of 

the Presidential Task Force on Employment of Adults with Disabilities), que fue presentado al Presidente 

en diciembre de 2000. 

69 
En comentarios orales efectuados al Consejo Nacional de Discapacidad sobre el 

primer borrador del presente informe, el Departamento de Justicia indicó que la 

planificación a largo plazo está incluida en el proceso que administra de 

autoevaluación del Artículo 508. Aunque puede que sea verdad, el nivel de rendición 

de cuentas inherente a los planes elaborados en cumplimiento de la Ley de Resultados 

y Rendimiento de la Administración los convierte en un vehículo muy apropiado para 

institucionalizar las políticas de acceso de tecnología electrónica y de la información. 

Los planes de la Ley de Resultados se revisan periódicamente a través de un proceso 

establecido que implica la consulta generalizada y la búsqueda del consenso dentro de 

las agencias. Por ello, la inclusión de la accesibilidad de la tecnología electrónica y de 

la información en dichos planes será un complemento importante para los esfuerzos de 

planificación desarrollados en torno al proceso autoevaluativo del Artículo 508 de las 

agencias. 

F. Subvenciones y contratos federales para la realización de trabajos o la prestación 

de servicios 

En las secciones anteriores hemos tratado los contratos federales para la adquisición 

de bienes y servicios por parte de la Administración. Pero en esta historia también hay 

otro tipo de contrato federal que nos interesa (que utiliza fondos federales para la 

realización de trabajos o prestación de servicios para miembros específicos del público 

o entidades no gubernamentales). Actualmente, la Administración financia muchos 

programas que abarcan desde servicios de biblioteca a centros de empleo directo, 

pasando por Medicare, a través de subvenciones o contratos con diversas entidades 

estatales, locales, privadas sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. En la medida en 

que las entidades receptoras de estos fondos públicos cumplen la definición de la ley 

de receptores de ayuda económica federal, están sometidas a los requisitos del 

Artículo 504, así como a los requisitos de muchas otras leyes federales. La llegada del 

Artículo 508 plantea nuevas cuestiones acuciantes sobre en qué medida los 

contratistas, adjudicatarios de las subvenciones, u otros receptores de fondos federales 

estarán sometidos a sus requisitos. 

La Norma Final del Artículo 508 indica que los contratistas federales no están 

cubiertos por la ley cuando su uso de tecnología electrónica y de la información es 

“incidental” para el cumplimiento del contrato60. Esto significa que si se contrata una 

entidad privada para crear o gestionar un sitio web federal, el Artículo 508 no afecta al 

equipo que la empresa utilice en su sede para cumplir sus responsabilidades. Pero el 

Artículo 508 sí afecta al hecho de si el sitio web cumple los requisitos de la ley, en 

caso de que el sitio web se proporciona para el uso de funcionarios federales o para la 

provisión de información para el público que haya sido generada en el ámbito federal 

o patrocinada federalmente. 

La Administración utiliza entidades externas para proporcionar un creciente abanico 

de información y servicios al público. De hecho, la filosofía conocida como 

“privatización” fundamentalmente implica la sustitución de contratistas del sector 

privado por agencias de la Administración como proveedores de servicios de 

financiación federal. Quizá el ejemplo más conocido de dicha privatización sea el uso 

60 Código de Reglamentos Federales 36, Artículo 1194.3 (b). 

70 
de organizaciones de asistencia gestionada para prestar servicios de atención sanitaria 

en virtud de los sistemas Medicare o Medicaid. Dependiendo del punto de vista de 

cada uno, los contratos para la prestación de servicios pueden o no considerarse 

contratos en los que la provisión de información o la provisión de acceso a la 

tecnología electrónica y de la información forma parte de su objetivo. 

Una organización de asistencia gestionada que proporcione la cobertura de seguro en 

virtud de un programa como Medicare Plus Choice probablemente esté sometida a los 

requisitos del Artículo 504, según el peso de la jurisprudencia que interpreta el 

término “asistencia económica federal”61. En la medida en que los contratistas del 

programa Medicare Plus Choice tienen que hacer que determinada información sobre 

el programa esté disponible para las personas que se inscriben en él, el Artículo 504 

debería exigir que esta información se haga accesible para aquellas personas que 

tienen discapacidad. Una cosa es que esta información necesaria sólo se facilite en 

copia impresa, ¿pero qué ocurriría si la organización de mantenimiento de la salud 

utiliza o se le exige utilizar sitios web, líneas telefónicas gratuitas, u otras tecnologías 

electrónicas y de la información para divulgar la información? ¿El uso de tecnología 

electrónica y de la información en dichos casos somete a sus actividades de 

divulgación de información a los requisitos de accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información del Artículo 508? ¿Importa si el uso de tecnología 

electrónica y de la información es obligado por el contrato o es sencillamente 

resultado de la decisión del contratista? 

Con la excepción de los estados que reciban fondos federales en virtud de lo previsto 

en el Título I de la Ley de Tecnología de Asistencia de 1998, los estados no se 

encuentran afectados por el Artículo 6162. Pero, ¿qué ocurre con las agencias estatales, 

como los departamentos de desarrollo laboral o de trabajo, que reciben fondos 

federales para la gestión de centros directos en virtud de lo previsto en la Ley de 

Inversión en Población Activa? ¿Se trata de agencias estatales exentas transformadas 

en contratistas o adjudicatarios de subvenciones federales cubiertos en virtud de esta 

relación? Y, de ser así, ¿están en general obligados a cumplir lo previsto en el Artículo 

508? 

Los centros directos hacen un uso extensivo de la tecnología electrónica y de la 

información, incluyendo los recursos de Internet para buscar las bases de datos 

pertinentes y publicar currículos, descripciones del puesto de trabajo y otro tipo de 

información. Difícilmente podrían funcionar estos centros directos sin utilizar la 

tecnología electrónica y de la información. 

61 Véase, por ejemplo, el caso Zamora-Quezada versus HealthTexas, Medical Group of San Antonio, 34 

F. Supp. 2d 433 (W. D. Tex. 1998), en que la recepción de fondos de Medicare por parte de la 

organización para el mantenimiento de la salud hizo que sus operaciones se sometieran a la Ley de 

Rehabilitación; véase también el caso Dorer versus Quest Diagnostics Inc., 20 F. Supp. 2 d 898 (D. Md. 

1998), en el que un laboratorio que recibía fondos federales estaba cubierto por la ley; y véase así mismo 

el caso Sharrow versus Bailey, 910 F. Supp. 187 (MD PA 1995). 

62 Este ejemplo de la aplicación de las disposiciones del Artículo 508 a los estados, como condición para 

la recepción de fondos federales, parece derivarse de la interpretación conjunta por parte del 

Departamento de Educación de la Ley de Rehabilitación y de la Ley de Tecnología de Asistencia. Se ha 

expresado al menos en dos cartas de los funcionarios del Instituto Nacional sobre Investigación en 

materia de Discapacidad y Rehabilitación, que administra los fondos de la Ley de Tecnología de 

Asistencia, pero no se ha formalizado en los reglamentos. 

71 
Las respuestas a estas preguntas van mucho más allá del alcance del presente estudio. 

Contentémonos de momento con decir que si el programa o la petición de propuesta 

federal necesariamente contempla o exige específicamente el uso de tecnología 

electrónica y de la información por los miembros del público para acceder a 

programas o información de patrocinio federal, o si el receptor de los fondos federales 

en su propuesta se compromete a utilizar esta tecnología, el mejor razonamiento 

sugiere que serían de aplicación los requisitos del Artículo 508. Pero en todos estos 

casos, la entidad que reciba los fondos federales también tendría que estar sometida a 

los requisitos del Artículo 504, en cuyo caso entrarían en juego los requisitos de 

accesibilidad de la información. 

Cada agencia federal que formalice contratos con entidades externas debe tener 

presente que el proceso de contratación proporciona una valiosa oportunidad de 

recordar a sus socios de las obligaciones de accesibilidad informativa y de tecnología 

electrónica y de la información que la ley federal impone sobre ellos. Aunque no 

disponemos de datos sistemáticos, a partir de las conversaciones con una serie de 

observadores podemos decir que existe la sensación generalizada de que las agencias 

federales no han hecho ejercicio de su autoridad para utilizar los procesos de 

contratación y financiación como forma de lograr una mayor accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información. Más en general, la puesta en práctica del 

potencial de acceso de la tecnología electrónica y de la información de todas las 

normas legales de derechos civiles se encuentra inevitablemente comprometida 

porque, hasta la fecha, la Administración federal parece no haber desarrollado una 

perspectiva o filosofía coherente sobre la forma en que se debería utilizar el contrato y 

los procesos de financiación para avanzar en los derechos de acceso a la información 

de las personas con discapacidad. 

Todas las agencias se muestran sensibles ante la acusación de soportar demasiada 

burocracia federal que se impone en sus planes de trabajo en forma de ley. En tal 

clima, hay pocas agencias que tengan probabilidades de asumir el riesgo por sí solas 

de utilizar agresivamente el proceso de contratación, incluso cuando la legalidad de 

hacerlo no se ponga en tela de juicio. Desconocemos hasta qué punto la coordinación 

del uso del poder de contratación podrá impulsar positivamente la accesibilidad, pero 

todas las oportunidades que no se aprovechen serán oportunidades perdidas. 

Existen numerosos modelos para utilizar el poder de las relaciones contractuales a fin 

de fomentar u obligar a lograr accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. En la carta de octubre de 1997 remitida por la Secretaría de Educación 

de Estados Unidos a los funcionarios de las escuelas públicas de todo el país se 

indican varios de estos modelos, recordándoles sus responsabilidades según una serie 

de programas de ayuda educativa orientados a mejorar la tecnología escolar. Este 

recordatorio dirigió su atención a la necesidad de hacer la nueva tecnología electrónica 

y de la información accesible y proporcionaba información sobre los recursos a los 

que podían recurrir. 

Dependiendo de la ley en virtud de la cual se adjudiquen los fondos, de la agencia 

implicada y de las leyes específicas en materia de accesibilidad que se vayan a hacer 

cumplir, existen diversas perspectivas contractuales disponibles. Partiendo de las 

72 
notificaciones generales como la del Departamento de Educación, podemos ir 

subiendo por la escala hasta: 

• Notificaciones específicas en los documentos contractuales que recuerden a los 

receptores sus obligaciones; 

• Requisitos de certificación (como los exigidos por el Instituto Nacional sobre 

Investigación en materia de Discapacidad y Rehabilitación a los estados como 

condición previa para la recepción de los fondos previstos por la Ley de 

Tecnología de Asistencia); 

• Inclusión de criterios de evaluación relacionados con la accesibilidad entre los 

factores utilizados para calificar las propuestas para fondos discrecionales; e 

• Inclusión en los contratos de requisitos específicos de cumplimiento relativos a la 

puesta en práctica y documentación de las medidas de accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información. 

A modo de analogía con el concepto de la autoevaluación, recomendaremos que cada 

agencia federal que distribuya fondos o administre programas estatales o federales 

desarrolle una revisión de su autoridad legal y del alcance en que se utiliza el proceso 

de contratación para lograr los objetivos de accesibilidad pertinentes. Con todo, a la 

luz del fracaso relativo de las agencias a la hora de adoptar esta técnica del 

cumplimiento de los derechos civiles en materia de tecnología electrónica y de la 

información hasta la fecha, queda poderosamente de manifiesto el papel crítico de las 

iniciativas que cubran toda la Administración en cualquiera de dichos procesos. 

La tarifa electrónica es una de las áreas en las que al fin se ha debatido la capacidad o 

la inteligencia del uso del poder de contratación de la Administración Federal para 

avanzar en la causa de la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. 

Establecida en virtud de la Ley de Telecomunicaciones de 1996, la “tarifa electrónica” 

es un programa que utiliza las tarifas cobradas por las compañías telefónicas a los 

suscriptores para subvencionar los costes del acceso a Internet y las mejoras 

relacionadas en las comunicaciones para las escuelas y las bibliotecas. Por una serie de 

factores (incluyendo la autoridad legal de la Comisión Federal de Comunicaciones 

para imponer condiciones sobre el uso de los fondos de la tarifa electrónica), y debido 

a la extraña situación de estos fondos, que no son plenamente públicos ni privados, 

parece existir el consenso entre los que han estudiado la cuestión de que al menos 

haría falta un procedimiento legislativo antes de dictar requisitos específicos sobre el 

cumplimiento de contratos en materia del acceso a la tecnología electrónica y de la 

información. Con todo, a falta de dicho mandato, se ha visto que es posible informar a 

los receptores de los fondos al menos de las expectativas que acompañan al dinero. En 

el caso de la tarifa electrónica, estas expectativas consisten en que los recursos de 

tecnología electrónica y de la información que se faciliten a través de la subvención 

serán accesibles para todos los posibles usuarios. 

73 
Sin garantías para la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información que 

se utiliza en las escuelas, es probable que el creciente uso que nuestro sistema 

educativo hace de los ordenadores, de los materiales curriculares multimedia, y de 

otras formas de tecnología electrónica y de la información tenga como resultado una 

creciente disparidad y desventaja para los estudiantes con discapacidad. Sin duda todo 

el mundo puede entender claramente las repercusiones de por vida que tendrá esta 

desventaja educativa. Nos resultaría inconcebible construir un colegio nuevo que fuera 

inaccesible para los estudiantes con discapacidad de movilidad, pero parece que nos 

cuesta más reconocer el paralelismo del acceso a la información para los muchos 

estudiantes con discapacidad. 

La Comisión Federal de Comunicaciones emitió recientemente dos notificaciones de 

legislación propuesta que modifican las normas del programa de la tarifa electrónica63. 

Aunque no tienen nada que ver con la tecnología electrónica y de la información, su 

uso sugiere que esa estrategia legislativa efectivamente representa una perspectiva 

viable para mejorar la gestión de este programa. 

63 www.fcc.gov/Bureaus/Common_Carrier/Notices/2001/fcc01143.txt 

74 
Capítulo V 

Conclusiones 

A. El papel del liderazgo 

1. Variación entre agencias 

El estudio del Consejo Nacional de Discapacidad sobre la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad (ADA) puso de manifiesto grandes variaciones entre agencias, a veces 

incluso entre los componentes de la misma agencia, en cuanto a la forma de abordar el 

cumplimiento de la ley. Dentro de cada agencia con responsabilidad en el 

cumplimiento de la ADA, el estudio destacó los componentes que hacían cumplir la 

ley de forma eficaz y aquellos que lo hacían peor. 

Al analizar la forma en que se hace cumplir una ley importante que afecta a múltiples 

agencias, hay muchos factores que valorar, como por ejemplo las características de la 

propia ley, las características de las agencias encargadas de velar por su cumplimiento, 

las consideraciones presupuestarias o las prácticas de mantenimiento de expedientes. 

El estudio de la ADA también puso de manifiesto otro factor que desempeñaba un 

papel importante: la actitud de cada agencia hacia la ley, y hacia sus objetivos y 

cumplimiento. 

Todo intento de describir o relatar el éxito o fracaso de las diversas agencias a la hora 

de llevar a la práctica las políticas en favor de la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información exige tener en cuenta todas estas variables. Dado que, 

hasta la fecha, los esfuerzos de acceso a la tecnología electrónica y de la información 

se han llevado a cabo dentro de un marco institucional y legal mínimo, el análisis 

exige más. 

2. Llenar el vacío 

A pesar de la falta general de atención al acceso a la información y a la tecnología 

electrónica y de la información, en particular por parte de las agencias encargadas de 

velar por el cumplimiento de los derechos civiles, y en general por toda la 

Administración, podemos citar una serie de agencias federales y componentes de 

agencia por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos en nombre de la accesibilidad 

de la tecnología electrónica y de la información en los últimos años. En su mayoría, 

estos esfuerzos e iniciativas generalmente no se han percibido como el resultado del 

mandato de una ley. Más bien tenían una naturaleza discrecional, y representaban 

algunas de las expresiones más progresistas e ilustradas de política y objetivos dentro 

de la Administración pero, además, iban más allá de lo que se consideraba que la ley 

exigía. 

Sin duda se puede culpar a la Administración por no desarrollar una política o 

infraestructura amplia de acceso a la información durante los años noventa. Las 

disposiciones de la ADA, los requisitos del Artículo 504, y el alcance de la facultad 

discrecional dentro de la división ejecutiva, presentaban tremendas oportunidades para 

hacerlo, pero jamás se aprovecharon. Además, como la Administración ha estado 

75 
profundamente inmersa en cuestiones de política de tecnología electrónica y de la 

información en los últimos años, resulta infinitamente más lamentable que no haya 

hecho de la accesibilidad una parte orgánica de su proceso. Con todo, precisamente 

por esta inactividad de la Administración en general, los avances efectuados por las 

agencias son más llamativos y merecedores de nuestra atención, tanto como modelos 

de buenas prácticas como por las ideas que ofrecen sobre la forma de ejercer un 

cambio positivo desde el interior. 

Sería imposible enumerar –y estaríamos condenados a cometer alguna lamentable 

omisión– todas las agencias que han tomado medidas para mejorar la accesibilidad de 

la tecnología electrónica y de la información. Con todo, quisiéramos resaltar los logros 

de algunas agencias en concreto: 

• El Departamento de Educación por su Equipo de Tecnología de Asistencia y por 

su modelo de lenguaje contractual para la adquisición de accesibilidad. 

• El Equipo de Tecnología de Asistencia (entre otras cosas) por su revisión del 

software y otras aplicaciones de tecnología de la información propuestas para 

lograr la accesibilidad como parte del proceso de adquisición y de desarrollo. 

También sirve como recurso de asistencia técnica y formativa sobre cuestiones 

de accesibilidad dentro de su propia agencia y para otras agencias de la 

Administración. 

• El modelo de lenguaje contractual del departamento, que fue divulgado por el 

Departamento de Justicia en su informe de abril de 2000 para que otras 

agencias lo utilizaran, y que proporciona una perspectiva directa y 

reproducible para solicitar y obtener una tecnología electrónica y de la 

información que sea accesible. 

• El Departamento de Defensa por su Programa de Adaptaciones Informáticas y 

Electrónicas. 

• El Programa de Adaptaciones Informáticas y Electrónicas proporciona 

tecnología de asistencia a todo el departamento para identificar y evaluar la 

tecnología y así satisfacer las necesidades de adaptación de los empleados. 

• La Casa de la Moneda de Estados Unidos por su temprana formación de un 

modelo de accesibilidad en su sitio web. 

• La Dirección General de Tributos y la Administración de la Seguridad Social por 

invertir en tecnología y formación en materia de accesibilidad, permitiendo con 

ello que un gran número de empleados ciegos pudieran conservar sus puestos de 

trabajo, a pesar de los cambios en la infraestructura de tecnología electrónica y de 

la información, que de otra forma habría desembocado en la incapacidad de 

seguir desarrollando su labor. 

• El Departamento de Justicia por su liderazgo y su papel de control en la puesta en 

práctica del Artículo 508. 

76 
• La Plataforma para el Cumplimiento de las normas en materia de Barreras 

Arquitectónicas y de Transporte (Plataforma de Acceso) por hacer operativos los 

conceptos de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, y por 

ser pionera en el uso de paneles compuestos por consumidores, miembros del 

sector y de la Administración. 

• La Plataforma de Acceso desarrolló unos estándares y directrices funcionales 

y de rendimiento que son necesarios para llevar a la práctica tanto el Artículo 

255 como el Artículo 508. 

• A través de su innovador uso de paneles compuestos por consumidores, 

miembros del sector y de la Administración, la Plataforma ha creado modelos 

de métodos cooperativos entre agencias de la Administración y el sector 

público y privado, para hacer realidad estas difíciles y controvertidas normas 

legales. 

• La Comisión Federal de Comunicaciones por su liderazgo en el acceso a las 

telecomunicaciones y por llegar a tantos consumidores. 

• A través de su competencia sobre la puesta en práctica del Artículo 255 y de 

sus esfuerzos en nombre de la subtitulación y la descripción de vídeo, la 

Comisión se ha convertido en una importante defensora del acceso a las 

telecomunicaciones y a otras tecnologías electrónicas y de la información. La 

Comisión también ha hecho lo posible para institucionalizar la información 

recibida de la comunidad de la discapacidad, mediante la creación de un 

comité consultivo del consumidor. 

• La Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales por su rotunda e 

inteligente declaración de principios en lo que respecta a sus políticas de 

accesibilidad a Internet. 

• La Administración de Servicios Generales por encabezar la puesta en práctica de 

la rama ejecutiva del Artículo 508 y por proporcionar y financiar la tecnología de 

asistencia. 

• La Administración de Servicios Generales desempeña un importantísimo 

papel en la puesta en práctica del Artículo 508, a través del Reglamento de 

Adquisición Federal y a través de su gestión de los recursos de tecnología de 

asistencia. Pero, durante muchos años antes de que se exigiera el acceso a la 

tecnología electrónica y de la información, la Administración asumió el 

liderazgo en la provisión de tecnología de asistencia en virtud de lo dispuesto 

en las dos versiones anteriores del Artículo 508. 

• Con el tiempo se irán añadiendo otras agencias a esta lista, pero el contexto de 

sus esfuerzos será sustancialmente distinto. Porque, aunque siempre tendrán la 

opción de hacer lo mínimo que la ley exige o de aventurarse más allá, 

operarán en un ambiente de expectativa en el que el apoyo y la recompensa 

por conseguir la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información 

formará parte del contexto rutinario de su trabajo. 

77 
3. Las claves del éxito 

Con independencia de cuáles fueran las exigencias específicas que la ley marcaba, las 

agencias que emprendieron acciones durante la mayor parte de los años noventa 

trabajaban en un entorno en el que su éxito o fracaso tenía muchas menos 

repercusiones legales de las que tendrá a partir de ahora. ¿Por qué han conseguido los 

logros alcanzados? ¿Cómo se puede aplicar lo aprendido con esos logros en el 

cambiante contexto legal y normativo de la era de la accesibilidad a la tecnología 

electrónica y de la información? 

Al contrario de como se creía inicialmente, la misión de la agencia no parece haber 

sido un elemento significativo para predecir su compromiso con el concepto de la 

accesibilidad. De hecho, no se ha mostrado un gran entusiasmo por el acceso a la 

tecnología electrónica y de la información, ni en las medidas internas ni en las 

actividades externas de muchas agencias federales que tenían responsabilidades 

específicas en el campo de los programas de discapacidad. Tampoco queda claro que 

el conocimiento y la experiencia en materia de accesibilidad se encuentre concentrado 

en estas agencias. 

Nuestra investigación, especialmente las entrevistas que hemos desarrollado con el 

personal de las agencias, los usuarios de tecnología, defensores y observadores de la 

Administración, nos llevan a la firme conclusión de que el liderazgo dentro de las 

agencias es el responsable fundamental –más que cualquier otro factor– de su 

adopción de la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información y del 

éxito al conseguirla. Los nombres de las agencias se encuentran invariablemente 

unidos a los nombres de personas concretas, que aparecen una y otra vez en los 

debates sobre la historia de la accesibilidad desarrollados con las personas que la han 

presenciado o han participado en ella. 

Este liderazgo ha asumido distintas formas en cada agencia, pero en todos los casos 

parece haber sido resultado de la traslación de la experiencia vital o el compromiso 

personal a un esfuerzo sostenido dentro del puesto de trabajo: esfuerzos orientados a la 

construcción de capacidades, a refrendar la credibilidad de los esfuerzos de 

accesibilidad, a demostrar la viabilidad de las soluciones propuestas, y a crear apoyos 

institucionales para los esfuerzos de accesibilidad. 

4. Institucionalización de las ganancias 

Hay una cuestión que aparece en muchos de nuestros debates y concierne a la forma 

en que se puede convertir el compromiso personal y el liderazgo individual en política 

duradera y en cambio institucional. En las agencias que hemos citado anteriormente se 

han institucionalizado las cuestiones de accesibilidad en diversos grados. Estas 

medidas y estructuras institucionales incluyen el establecimiento de procedimientos 

para la revisión en la propia sede del software propuesto comprar por la agencia, el 

desarrollo de procedimientos para revisar las necesidades de adaptaciones 

tecnológicas razonables de los empleados, o para llevar a la práctica los 

procedimientos para producir documentos en formatos alternativos o hacer 

publicaciones accesibles en Internet, o a través de otros muchos medios. Con todo, 

estas normas y procedimientos oficiales internos no son autoejecutivos ni plenamente 

78 
autónomos. Sin personas dedicadas a su perpetuación y éxito no tenemos ninguna 

certidumbre de que estas prácticas sean duraderas. 

No se puede considerar que ninguna agencia haya efectuado una transición fácil en 

todo lo relativo al acceso a la tecnología electrónica y de la información. No es 

sorprendente, ya que podemos decir que las grandes agencias federales, especialmente 

los departamentos del Gabinete, son cualquier cosa menos monolíticas. El mismo 

Departamento de Educación, que ha estado a la vanguardia a la hora de proporcionar 

acceso interno a su personal, también es objeto de críticas por haber hecho pocas cosas 

a través del Artículo 504, la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, o su poder de 

contratación para garantizar que la “conexión” de las escuelas de Estados Unidos 

(gran parte de ella con dinero federal) se efectúe de una forma que garantice la 

igualdad de acceso a la información para todos los estudiantes. 

En nuestras entrevistas aparecía de forma recurrente la sensación de que la lucha por 

la accesibilidad es continua y está sometida a pérdidas y ganancias. Las 

consideraciones políticas internas, la orientación de los nuevos directivos, y la 

comunicación constante con otras personas de la agencia para mantener la visibilidad 

y la credibilidad, aparecen como elementos recurrentes en el proceso de acceso. La 

habilidad política –que es de las cualidades más intangibles– ha desempeñado un 

papel significativo en el éxito de los esfuerzos y la defensa de la accesibilidad. 

También ha tenido su papel el hecho de que fuera el momento adecuado y lo que 

podríamos denominar suerte. 

En los albores de una nueva fase de la lucha por la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información, una de las cuestiones clave es si los procedimientos 

seguirán siendo eficaces o si las ganancias obtenidas sobrevivirían si desaparecieran 

sus defensores. En algunas agencias, la accesibilidad de la tecnología electrónica y de 

la información se ha introducido lo suficiente en el tejido de la vida de la agencia 

como para soportar este tipo de contingencias. En otras agencias la continuidad puede 

ser menos segura. 

Desde luego, las probabilidades son mucho mayores de lo que eran en el pasado. Con 

la llegada del Artículo 508 se institucionalizará mucho más la accesibilidad de la 

tecnología electrónica y de la información. Con el tiempo, esta institucionalización 

puede reducir la necesidad de que exista un liderazgo personal, pero aún tendrá que 

pasar algún tiempo. Lo previsible para el futuro es que el liderazgo probablemente 

siga marcando la diferencia entre el cumplimiento técnico mínimo carente de 

inspiración y los esfuerzos que van más allá. En la medida en que se puede identificar 

y recompensar el liderazgo necesario, las perspectivas de institucionalización plena 

del acceso se incrementarán sustancialmente y se acelerarán significativamente. 

En este sentido, la instalación de una nueva Administración ofrece la oportunidad de 

efectuar una renovación creativa del compromiso nacional con la igualdad 

informativa. Las recomendaciones efectuadas por el Consejo Nacional de 

Discapacidad al equipo presidencial de transición contenían importantes sugerencias 

79 
en este campo64. La Iniciativa de Nueva Libertad del Presidente refleja una 

considerable concienciación sobre la importancia de la tecnología electrónica y de la 

información (como los ordenadores) en las vidas de las personas con discapacidad. 

Las propuestas de la Administración aún no se han centrado en hacer que la 

infraestructura informativa sea plenamente accesible, de forma que los ordenadores y 

demás tecnología que espera proporcionar pueda tener el uso más eficaz posible; sin 

embargo, las propuestas presupuestarias de la Administración incluyen sumas 

significativas para la investigación en tecnología de asistencia, cosa que debería 

contribuir a conseguir una mayor accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. 

Muchas de las personas que actualmente trabajan en materia de accesibilidad llevan 

relativamente poco tiempo en esta función, y se han visto introducidos en el tema a 

través del proceso de puesta en práctica del Artículo 508. A medida que vaya 

aumentando la exposición a las cuestiones y opciones de política que rodean a la 

accesibilidad, también es probable que vaya emergiendo un nuevo liderazgo en 

muchos contextos. 

B. Discriminación involuntaria 

En su Iniciativa de Nueva Libertad, el presidente Bush nos recordó recientemente que 

los estadounidenses con discapacidad tienen unos ingresos mucho menores que los de 

otros ciudadanos

65. Otros muchos informes y estudios han documentado vacíos 

comparables en el uso de ordenadores, el acceso a Internet, la educación y, por 

supuesto, el empleo. No es necesario decir que hay una serie de indicadores sociales y 

económicos para determinar los ingresos, pero inevitablemente se plantean graves 

preguntas cuando los ingresos de las personas en cierta medida pueden predecirse 

dependiendo de su pertenencia a un grupo demográfico identificable. 

El desacuerdo sobre el alcance y gravedad de esta situación es reflejo de las distintas 

explicaciones de sus causas. Pero hay una causa que pocos podrían rebatir: la 

desigualdad de acceso a la información, que ha desembocado en la desigualdad de 

oportunidades y en la limitación de su participación en la escuela, el lugar de trabajo y 

la comunidad. En definitiva, las personas que no pueden acceder o utilizar la 

infraestructura de tecnología electrónica y de la información de nuestra nación, se 

encuentran privadas de acceso a la grandísima cantidad de información que 

rápidamente se está convirtiendo en la moneda de cambio de nuestra sociedad, en el 

producto de su comercio, y en la fuente de oportunidades y logros en todas las esferas 

de la vida. La negación de acceso a esta tecnología equivale a la negación de acceso a 

la propia información. 

64 Inversión en Independencia: Recomendaciones de Transición para el Presidente George W. Bush 

(Investing in Independence: Transition Recommendations for President George W. Bush), Consejo 

Nacional de Discapacidad, enero de 2001. Actualmente se encuentra disponible en la dirección 

www.ncd.gov/newsroom/publications/bush/html. 

65 Cumplimiento de la Promesa de Estados Unidos a los Estadounidenses con Discapacidad, prólogo del 

presidente George W. Bush a la Iniciativa presidencial de Nueva Libertad (Fulfilling America’s Promise 

to Americans With Disabilities, Foreword by President George W. Bush, to the President’s New 

Freedoms Initiative), actualmente en www.whitehouse.gov/news/freedominitiative/freedominitiative.html. 

80 
Como va creciendo firmemente el papel de la tecnología en el acceso y uso de la 

información, la conclusión evidente es que quienes ven restringido su acceso y uso de 

la tecnología electrónica y de la información, estarán destinados a tener una calidad de 

vida y un papel económico y social muy inferior a lo que el estadounidense medio 

considera un derecho civil, por no decir un derecho de nacimiento. Desde el punto de 

vista de los que se encuentran condenados a la inferioridad, importa poco si la 

disparidad es voluntaria o involuntaria. 

Aunque la tecnología y el diseño aún no han encontrado todas las respuestas para la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información, han desarrollado, 

verificado y refinado muchas respuestas. La tecnología ha creado unas condiciones en 

las que la falta de incorporación de la accesibilidad, aunque ya no sea una cuestión de 

voluntad, al menos tampoco es inevitable. Hoy en día, cuando los diseñadores de 

equipos, los expertos en el desarrollo de software o de tecnología web llevan sus 

dispositivos y servicios a la práctica, el hecho de que no incluyan accesibilidad es una 

cuestión de indiferencia o de ignorancia. En cierto nivel, esta indiferencia o ignorancia 

se convierte en una cuestión de opción, y cuando así ocurra, se habrá cruzado la línea 

de la intencionalidad. 

Puede que no haya ninguna hostilidad en la falta o negativa de incorporación de la 

accesibilidad en el diseño de productos y servicios. Pero cuando exista la posibilidad 

de incorporar estos elementos pero no se haga, habrá que aceptar algún grado de 

responsabilidad. 

C. Uso y mal uso de la economía 

A través de las leyes de derechos civiles, la sociedad ha impuesto sobre la 

Administración y el sector privado lo que se consideran requisitos razonables de 

accesibilidad. Pero estos nuevos derechos y obligaciones se han definido y hecho 

cumplir de formas que se separan significativamente del modelo tradicional de 

derechos civiles. 

Las leyes tradicionales en materia de derechos civiles jamás han considerado que los 

costes supongan una defensa o una excusa para justificar el incumplimiento. Imagine 

la poca paciencia que tendría la sociedad o los tribunales si una gran cadena nacional 

de restaurantes alegara que es inviable contratar a personas con antecedentes 

culturales diversos porque la formación de sus empleados en la diversidad, o el control 

de su conducta hacia sus compañeros de trabajo, resultaría demasiado costoso. Sin 

embargo, eso es lo que fundamentalmente hacen las excepciones y defensas que se 

proporcionan en nuestras leyes de derechos civiles en materia de accesibilidad a la 

tecnología electrónica y de la información, al excusar el incumplimiento cuando 

represente un coste excesivo. 

Este tipo de fundamento económico de defensa refleja la utilización de un tipo de 

prueba de equilibrio completamente nueva en nuestro canon de los derechos civiles. 

La idea de que no se debería exigir la accesibilidad si resulta demasiado costosa 

también debe aislarse de la cuestión relacionada de cuánto cuesta la propia 

inaccesibilidad. Si vamos a utilizar la prueba de equilibrio de la rentabilidad, es 

necesario incluir los costes del acceso en un lado de la balanza, y los costes de la falta 

de acceso en el otro. Lamentablemente, ni la ley existente, ni los métodos de 

81 
investigación de que disponemos, nos lo permiten. Las determinaciones de la carga de 

un coste excesivo parte de las demandas de accesibilidad que se exigen a determinadas 

entidades o personas, mientras que los costes de la inaccesibilidad están ocultos en 

gran medida y todos los asumimos. Mientras los costes de la accesibilidad estén 

individualizados pero los de la accesibilidad sigan siendo colectivos, los dados estarán 

truncados y ninguna ley podrá remediarlo por completo. 

Por lo tanto, la mejor pregunta que debemos plantearnos es si cuesta más la 

accesibilidad que la inaccesibilidad, y cuál es la mejor estrategia para adjudicar los 

costes de la accesibilidad de una forma que refleje los beneficios que nos aporta a 

todos. En el análisis final hay una cosa que queda perfectamente clara: tanto si 

contamos con una amplia accesibilidad como si no, alguien tendrá que pagar. La única 

cuestión que queda por resolver es quién será. 

D. Un modelo legal imperfecto 

Nuestras leyes han impuesto diversas obligaciones sobre las empresas y la 

Administración en el área de la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información, pero ni son completas ni son coherentes. Utilizando las tres leyes de 

derechos civiles que hemos estudiado para ilustrar esta idea, encontramos una 

amalgama de leyes que cubren determinados equipos y servicios en algunas 

situaciones pero no en otras, que utilizan distintas defensas económicas, que se aplican 

sobre distintas entidades de forma diferente dependiendo de con quién traten, y que 

incluso definen algunos términos, como “equipo de telecomunicaciones”, de formas 

distintas. 

La presencia de esta incoherente y fragmentada amalgama de leyes nos lleva a 

preguntarnos si en realidad tenemos una política de accesibilidad a la tecnología 

electrónica y de la información. La lamentable respuesta es que no la tenemos. 

Tenemos algunos contextos limitados en los que se exige la accesibilidad, pero más 

allá de la esperanza de que la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, el Artículo 

255 y el 508, finalmente filtrarán el diseño de todas las tecnologías electrónicas y de la 

información, carecemos de una política general en favor o en apoyo de la accesibilidad 

de esta tecnología. 

Hay muchos factores responsables de esta carencia, y entre los más importantes 

encontramos las actitudes sobre la regulación, los miedos por los costes, las dudas 

residuales sobre la capacidad de las personas con discapacidad, y las líneas que siguen 

las agencias en cuanto a su competencia, que no llevan a una política coordinada. Sin 

embargo, hay dos factores que parecen desempeñar un papel dominante para explicar 

el motivo por el que carecemos de una política nacional generalizada en materia de 

accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información. En primer lugar, no 

hemos debatido a escala nacional lo que costaría efectivamente la accesibilidad 

universal de estas tecnologías y, por consiguiente, no hemos alcanzado ningún 

consenso sobre la forma de distribuir dichos costes. En segundo lugar, no tenemos 

forma alguna de identificar o representar los costes reales de la inaccesibilidad para 

los millones de personas a las que afecta, ni para la sociedad en su conjunto. 

Tal y como se ha indicado en la sección anterior, nuestras leyes actuales sobre 

derechos civiles distribuyen los costes de la accesibilidad a la tecnología electrónica y 

82 
de la información según cada caso particular, sin mirar más allá del fabricante en 

concreto, del proveedor de servicios, de la adaptación pública que se pide para prestar 

un determinado servicio, o de la agencia federal concreta que esté valorando su 

compra. 

Imagínese lo que podría haber pasado (o no haber pasado) si hubiéramos llevado a la 

práctica la política nacional de transportes del sistema de autopistas interestatales a 

través de una fórmula de financiación que hiciera que cada conductor tuviera que 

pagar cada vez que condujera, pero que les eximiera del pago si, según algún estándar 

subjetivo u objetivo, consideraran que el coste era demasiado alto. 

La historia del “servicio universal”, que ha sido el concepto central subyacente de la 

política de comunicaciones en este país, contribuirá a reforzar nuestro alegato. 

Partiendo de la aprobación de la Ley de Comunicaciones de 1934, nuestra nación puso 

en práctica una política que favorecía el acceso universal a los servicios telefónicos 

básicos para todos los estadounidenses. Esto significó que, a pesar de las variaciones 

en los costes de proporcionar estos servicios entre áreas urbanas y rurales, todos los 

estadounidenses (al menos los que podían hacerlo con un equipo generalizado 

ampliamente disponible), podían esperar contar con un servicio telefónico básico por 

un precio mensual razonable. 

Aunque este sistema se ha visto inmerso en una creciente tensión en los últimos años, 

funcionó bien durante mucho tiempo. Pero, ¿podría haber funcionado sin una 

perspectiva nacional que implicara asociaciones público - privadas para satisfacer y 

distribuir los costes del acceso universal? ¿Podría haber funcionado si, en lugar de 

diseñar una estrategia nacional, hubiéramos seguido preocupándonos por la cuestión 

de si una determinada compañía telefónica podía o no permitirse lanzar el cableado a 

determinada ciudad o granja? 

Nuestra idea del papel que debe desempeñar la Administración ha ido cambiando, y la 

complejidad de las cuestiones e intereses implicados es mayor. Pero está claro que 

nuestra perspectiva ante la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información hasta la fecha no ha empezado a hacer uso de todas las estrategias 

disponibles e históricamente demostradas, para producir una mayor universalidad y 

accesibilidad en el diseño de la tecnología electrónica y de la información. 

Para que no se entienda que sólo puede lograrse este objetivo mediante medidas 

coercitivas, tengamos presentes los medios por los que la política pública ha incluido y 

fomentado el uso de la tecnología electrónica y de la información. En conjunto, la 

combinación de medios adoptados en los últimos años para guiar y fomentar el 

despliegue y uso de la tecnología electrónica y de la información constituye una 

política tecnológica nacional, aunque nadie se haya atrevido a invocar este término. 

Desde la financiación por la Administración de innovadores estudios y prácticas en el 

campo de la tecnología electrónica y de la información, hasta la inversión pública en 

la informatización escolar, pasando por la incentivación –mediante diversos medios 

fiscales y de otra índole– de la inversión del sector privado en tecnología, por la 

provisión de dirección y liderazgo de recursos en diversas áreas del desarrollo de la 

tecnología electrónica y de la información, por el tratamiento fiscal preferente al 

comercio electrónico, por el seguimiento de los esfuerzos de marcación estándares 

encaminados a lograr la capacidad de gestión recíproca de los sistemas de 

83 
comunicaciones, o por la búsqueda activa de una estrategia informativa perfectamente 

desarrollada por parte de la Administración federal, a través de todos estos medios y 

otros muchos, hemos articulado y puesto en práctica una política nacional en favor del 

desarrollo y del uso de la tecnología electrónica y de la información, pero no para las 

personas con discapacidad. 

E. Capacidad de respuesta del mercado 

Si no cuenta con un liderazgo federal fuerte, coordinado y sostenido (tal y como se 

detalla en el Capítulo VI) para crear las condiciones, los incentivos y las 

oportunidades de asociación necesarias para hacer que el acceso a la tecnología 

electrónica y de la información tenga un valioso consenso en nuestra sociedad, el 

mercado por sí solo no tiene muchas probabilidades de asumir el riesgo ni la 

responsabilidad de pasar del diseño “de uso sencillo” al diseño de productos 

accesibles. De hecho, según las actuales condiciones del mercado, las empresas que 

hagan esfuerzos extensivos para poner en práctica la accesibilidad en líneas de 

producto muy competitivas, en la práctica pueden verse penalizadas por sus esfuerzos, 

porque, a corto plazo, los costes directos asociados con dichos esfuerzos los sitúan en 

una posición de desventaja real o percibida en cuanto a precios o beneficios frente a su 

competencia. 

Hay otra analogía con la accesibilidad física que sugiere que no cabe esperar que el 

mercado de la tecnología electrónica y de la información actúe por su cuenta, a la vista 

de la estructura del mercado actual. Cuando una persona no puede entrar o encontrar 

un asiento accesible en un cine, opta por no entrar o por ir a otro cine. Aunque puede 

que el propietario del cine crea que no vale la pena preocuparse por la pérdida de 

negocio de esa persona, su familia y amigos, la pérdida de negocio sigue siendo real. 

Pero, en contraste, no existe ninguna prueba de que las personas con discapacidad o 

sus familias y amigos se abstengan de comprar o utilizar la tecnología electrónica y de 

la información porque sea inaccesible. Más bien, según nos indica nuestra experiencia 

y las innumerables conversaciones mantenidas, compran lo que está disponible 

(precisamente porque no hay otra cosa disponible) y hacen el mejor uso que pueden, 

muchas veces pidiendo ayuda a otras personas, y frecuentemente obteniendo sólo una 

pequeña parte de las capacidades funcionales por las que han pagado. 

Por ejemplo, una persona ciega que entra en un edificio con un directorio electrónico 

inaccesible no tiene más opción que no utilizar el directorio. Puede que tenga que 

esperar, quizá mucho tiempo, a que llegue alguien, probablemente un desconocido, 

que pase a su lado para poder pedirle ayuda. Puede que tenga que informar al 

desconocido de que está buscando a tal o cual médico (cuya especialidad puede 

hacerle sentir vergüenza) o a tal o cual abogado (cuya especialidad en quiebras se 

proclama orgullosamente en el directorio junto al número y letra del piso). 

En este preciso momento, una gran empresa que se esté construyendo una nueva sede 

tiene todas las oportunidades del mundo de hacer que su edificio sea accesible para sus 

empleados y visitantes con discapacidad física. Si todo lo demás fuera igual, no 

optaría por ocupar un edificio inaccesible. Pero esa misma empresa habitualmente 

compra ordenadores y sistemas de telecomunicaciones que son inaccesibles para 

algunos de sus empleados. Lo hace porque esos sistemas son todo lo que existe, y 

necesitan un sistema que supere todas las demás consideraciones. Sin embargo, desde 

84 
la perspectiva del fabricante de equipos, la inaccesibilidad no ha tenido como 

resultado ninguna pérdida de negocio. 

Si las personas con discapacidad y sus amigos, familiares y jefes pudieran mantener o 

mantuvieran a sus empresas lejos de los proveedores de tecnología electrónica y de la 

información inaccesible (como pronto hará la Administración), podría aprovecharse de 

forma eficaz el potencial que el mercado tiene de hacer frente a sus preocupaciones. 

En ausencia de algún medio realista de conseguirlo, y en ausencia de algún 

mecanismo para reducir sus costes de tecnología electrónica y de la información 

proporcionalmente según el rendimiento y los elementos que les son inaccesibles, el 

sector no recibe ninguna presión económica para cambiar. 

F. Tendencias emergentes 

1. Definición de tecnología electrónica y de la información 

Incluso cuando nuestra nación se prepara para llevar a la práctica el Artículo 508, se 

está quedando obsoleta la definición de tecnología electrónica y de la información que 

se utiliza en esta norma jurídica. A medida que se han ido extendiendo los equipos en 

red e “inteligentes”, se va desdibujando gradualmente la línea que separa las formas 

tradicionales y nuevas de tecnología electrónica y de la información. No hay nada en 

la ley o la política actual que afronte o incluso reconozca las repercusiones de estos 

desarrollos para la forma en que vivimos y las formas en que pensamos sobre la 

información y la utilizamos. 

2. El derecho 

En una era en la que las distinciones tradicionales entre dispositivos y productos se 

van borrando, es necesario volver a hacer una reflexión sistemática sobre las ideas 

establecidas en cuanto a qué leyes cubren qué asuntos, qué agencias son competentes 

para regular qué tecnologías, y qué temas son o no son apropiados para ser regulados. 

Hoy en día, en una oficina conectada en red o un hogar conectado por cable, han 

desaparecido las distinciones entre el teléfono, el ordenador y la televisión. Con todo, 

como hemos visto, la política de accesibilidad de tecnología electrónica y de la 

información sigue funcionando sobre la base de definiciones estáticas de determinados 

dispositivos y servicios. 

Hay otros cambios en la ley que tienen profundas repercusiones para el cumplimiento, 

incluso de estas normas jurídicas actuales que cada vez van siendo más inadecuadas. 

Por ejemplo, la reciente resolución del Tribunal Supremo en el caso Garrett versus 

University of Alabama66 , al bloquear las demandas de discriminación laboral por 

indemnizaciones económicas en concepto de daños y perjuicios por parte de los 

particulares contra los Estados al amparo del Título I de la Ley de Estadounidenses 

con Discapacidad, las personas con discapacidad que pretendan reivindicar sus 

derechos de acceso a la tecnología electrónica y de la información en virtud de la ley 

deben recurrir a las agencias federales encargadas de velar de su cumplimiento, que sí 

conservan el derecho de demandar. Sobre la base de esta reciente resolución del 

66 Véase el caso Garrett versus Board of Trustees of the University of Alabama, Estados Unidos, 2001, 

que actualmente se encuentra disponible por Internet en la dirección www.nls.org/courts/supct.htm. 

85 
Tribunal Supremo, existe una gran probabilidad de que también se cercene el derecho 

de presentar otros tipos de demandas basados en el Título I al amparo de la ADA, u 

otras demandas contra los Estados basadas en el Título II al amparo de la ADA, o 

incluso las demandas basadas en el Artículo 504 contra las agencias estatales. 

Además, como antes existía la posibilidad de revocar este tipo de resoluciones a través 

del proceso político en el Congreso, la lógica constitucional adoptada por el Tribunal 

Supremo en la sucesión de casos de federalismo resueltos en los últimos cinco años, 

nos hace pensar que puede que el Congreso ya no posea la autoridad para promulgar 

leyes en materia de derechos civiles o de responder a la insatisfacción del público con 

resoluciones del Tribunal Supremo. En este complicado contexto legal sin 

precedentes, muchas de las estrategias de defensa familiarmente empleadas en nombre 

del acceso de la tecnología electrónica y de la información o de otros objetivos de 

derechos civiles precisarán una nueva evaluación y modificación. 

Aunque no existe ninguna solución general para los problemas complejos e 

interrelacionados que se identifican en este informe, es posible tomar importantes 

medidas prácticas que mejorarán en gran medida la accesibilidad de las redes de 

tecnología electrónica y de la información de nuestra nación. En nuestro capítulo final 

revisaremos algunas de aquellas soluciones que nuestra investigación y nuestro 

estudio apoyan más rotundamente. 

86 
Capítulo VI 

Recomendaciones 

En el presente capítulo se ofrecen recomendaciones para el establecimiento y puesta y 

práctica de una política nacional de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información en todos los sectores de la vida de Estados Unidos. En ausencia de dicha 

política nacional, se recomiendan formas de llevar efectivamente a la práctica, y de 

hacer realidad más plenamente las leyes y políticas existentes que disponen medidas 

de accesibilidad en una gama más restringida de contextos. 

Recomendación 1 

Incorporar la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información en la 

planificación de las agencias y en los procesos de planificación de toda la 

Administración y a todo nivel. 

1.1 Por resolución ejecutiva presidencial, promulgar y llevar a la práctica una política 

nacional de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. La 

resolución ejecutiva deberá incorporar las siguientes categorías de acción e 

información. 

Explicación del significado de la accesibilidad a la tecnología electrónica y de la 

información, aclarando la diferencia que existe entre la accesibilidad y la 

capacidad de uso de los dispositivos generalizados de tecnología electrónica y de 

la información, y la capacidad que tienen dichos dispositivos de incorporar el uso 

de elementos añadidos o periféricos de tecnología de asistencia. Así mismo, 

deberá aclararse que se prefiere la accesibilidad cuando se encuentre disponible, 

pero que es necesaria la “capacidad de funcionamiento recíproco” con tecnología 

de asistencia cuando no se pueda conseguir la accesibilidad directa. 

Documentación del papel y la importancia de la accesibilidad de la tecnología 

electrónica y de la información para facilitar la educación, el empleo, la vida 

independiente y una mejor calidad de vida. 

Revisión de los datos demográficos, tanto del envejecimiento como de la 

discapacidad, y resumen de los posibles beneficios de la accesibilidad extensiva a 

la tecnología electrónica y de la información para la sociedad. 

Resumen del papel actual y previsible de la Administración federal en lo 

concerniente a todos los aspectos de la tecnología electrónica y de la información 

y de la política informativa de este país, incluyendo su papel en la financiación de 

investigación, en el apoyo de la transferencia tecnológica, en la organización de 

asociaciones y consorcios entre la Administración y el sector, aprobando la 

compra de diversos tipos de tecnologías electrónicas y de la información con 

fondos federales en diversos contextos de programas, y analizando la autoridad 

que la división ejecutiva tiene actualmente para emprender acciones voluntarias 

encaminadas a mejorar la disponibilidad y el uso de tecnología electrónica y de la 

información accesible. 

87 
La exigencia de que cada división ejecutiva de las agencias revise plenamente 

todas las leyes y programas que administra y todas las normas legales bajo las 

cuales opera, con objeto de identificar las áreas legales, normativas o de práctica 

en las que existen barreras para el uso de la tecnología electrónica y de la 

información accesible, o donde podrían tomarse medidas para mejorar la 

disponibilidad y el uso de tecnología electrónica y de la información accesible. 

Revitalización del Consejo de Coordinación de Agencias en materia de 

Discapacidad (Interagency Disability Coordinating Council), o creación de una 

nueva entidad adecuada para dirigir y proporcionar asistencia técnica a todas las 

agencias en su desarrollo de la revisión anteriormente mencionada, para recibir 

informes periódicos de estas agencias con la periodicidad que la división ejecutiva 

indique, y para hacer operativas las recomendaciones de la Comisión de máximo 

nivel que indicamos en la recomendación 4.1 que incluimos más adelante. 

1.2 La Ley de Resultados y Rendimiento de la Administración 

La Ley de Resultados y Rendimiento de la Administración (Government 

Performance and Results Act – GPRA) de 1993 dispone que las agencias federales 

deben desarrollar unos procesos de planificación estratégica detallados y 

responsables. Utilizando las oportunidades ofrecidas por la GPRA, debería 

exigirse a todas las agencias que tengan responsabilidades en el campo de los 

derechos civiles (incluyendo el gran número de agencias federales que 

actualmente tienen dichas responsabilidades en virtud del Artículo 508) que 

incorporen metas, objetivos, métodos y criterios de evaluación de resultados para 

el desarrollo y uso de tecnología electrónica y de la información accesible en los 

planes que elaboren en cumplimiento de dicha ley. 

El contenido exacto de estos planes de accesibilidad de la tecnología electrónica y 

de la información, elaborados en cumplimiento de la Ley de Resultados y 

Rendimiento de la Administración, depende de la naturaleza del trabajo de cada 

agencia. Como mínimo, cada elemento de la planificación efectuada por las 

agencias para el uso de tecnología electrónica y de la información debería incluir 

medidas para garantizar la accesibilidad de dicha tecnología. Las agencias 

responsables de velar por el cumplimiento de los derechos civiles de naturaleza 

externa (es decir, las responsables de las prácticas de los contratistas o con 

responsabilidades de supervisión de las entidades reguladas) deberían incluir en 

sus planes los métodos que utilizarán para controlar el rendimiento de estas 

entidades externas. Así mismo, cabría esperar que todas las agencias acepten la 

responsabilidad de llevar a la práctica objetivos de accesibilidad respecto de sus 

recursos y prácticas internas. 

Evidentemente, el cumplimiento efectivo del Artículo 508 representará un 

importantísimo indicador del éxito, pero la incorporación de la planificación de la 

accesibilidad a la tecnología electrónica y de la información en los planes 

elaborados por las agencias en cumplimiento de la GPRA, reforzará e 

institucionalizará los procesos autoevaluativos y autoinformativos creados por el 

Departamento de Justicia a través de su cuestionario autoevaluativo bienal de las 

agencias. 

88 
1.3 Política de información y gestión de información 

Bajo el radar de la planificación estratégica, las agencias desarrollan diversas 

actividades continuas y operativas de establecimiento de objetivos y planificación, 

encaminadas a desarrollar y aclarar sus misiones, a racionalizar las prácticas de 

gestión, y a proporcionar continuidad en sus relaciones y conexión con las 

agencias coordinadas y entidades no federales. La política y la gestión de 

información son dos de las cuestiones de planificación más importantes. 

Todos los desarrollos en materia de planificación informativa y política de 

tecnología electrónica y de la información deberán incluir y documentar que se ha 

prestado la atención debida a las formas en que se van a integrar las 

consideraciones de accesibilidad en las políticas, prácticas y resoluciones de las 

agencias. La Oficina de Gestión y Presupuesto debería proporcionar las 

orientaciones necesarias sobre la forma de documentar esta integración. 

1.4 Planificación de información para toda la Administración 

En la medida en que la Administración federal desarrolla y pone en práctica 

políticas para toda la Administración en materia del uso de la tecnología 

electrónica y de la información, dichas políticas y requisitos deben igualmente 

prever la integración de metas y estándares de accesibilidad en todas las 

actividades y en los procesos de toma de decisiones. Entre las cuestiones de 

gestión de información que suscitan problemas de accesibilidad se encuentran la 

puntualidad, los costes, la confidencialidad e intimidad de la información y la 

uniformidad de las prácticas. 

1.5 Formación del trabajador federal 

Más allá de los requisitos de la ley actual referentes a cuestiones como la 

subtitulación y la descripción de vídeo de los materiales formativos, y más allá de 

los requisitos del Artículo 508 relativos a los manuales formativos accesibles u 

otros materiales educativos, todas las iniciativas federales orientadas a mejorar las 

destrezas de la población activa federal deberán incluir la prestación de formación 

y recursos complementarios en aquellos casos en los que el uso de tecnología de 

asistencia u otros factores altere o individualice el proceso formativo para los 

trabajadores con discapacidad. Incluso los mejores materiales formativos en un 

nuevo programa de software generalizado son incapaces de prever todos los 

detalles cuando se utiliza en conjunción con un lector de pantalla, una entrada de 

voz, u otro software de acceso especializado. De no incluirse disposiciones para 

obtener e integrar los recursos formativos adicionales que sean necesarios, el 

resultado sería la frustración, a pesar de haber cumplido lo previsto en el Artículo 

508 en el proceso de adquisición. 

1.6 Medidas alternativas cuando no sea posible el acceso a la tecnología electrónica y 

de la información. 

Los planes estratégicos y operativos de las agencias deberán incluir disposiciones 

sobre la forma en que se va a facilitar y garantizar el acceso a la información, 

cuando no se disponga de tecnología electrónica y de la información accesible. 

89 
Estos planes deberán garantizar que dichas alternativas existen, están 

documentadas, publicadas y son suficientes. Para evaluar que las alternativas son 

suficientes se deberá utilizar una triple prueba que determine si es oportuna, 

completa y apropiada a la naturaleza de la información. Por ejemplo, no se deberá 

dictar oralmente complejas cadenas de códigos informáticos a un trabajador 

ciego, en circunstancias en las que no se puedan capturar los datos para 

examinarlos detenidamente y recuperarlos posteriormente. De igual forma, no se 

deberá transmitir información delicada sobre el personal a un trabajador que sea 

sordo, escribiéndosela en una pizarra en la cafetería del edificio federal. 

Recomendación 2 

Revisar el proceso federal de contratación para impulsar la difusión de la accesibilidad 

2.1 Subvenciones y contratos 

Cada agencia, tras recibir las debidas orientaciones de la Administración de 

Servicios Generales, de la Oficina de Gestión y Presupuesto o de las autoridades 

que proceda, deberá revisar toda la gama de contratos y subvenciones asignados 

para administrar y distribuir los fondos federales, a fin de garantizar que los 

contratistas o receptores de subvenciones aprovechen plenamente todas las 

posibilidades previstas por la ley para impulsar o exigir la adopción de prácticas 

de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información. Este estudio 

conlleva la evaluación de la autoridad y la práctica de la agencia, no sólo al 

amparo del Artículo 508, sino también en virtud de lo previsto por el Artículo 

504, por la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, y según la facultad 

discrecional que tengan las agencias para establecer prioridades y articular 

criterios evaluativos para la adjudicación de fondos federales a través de 

concursos. Para esta evaluación también se precisa un análisis detallado de la ley 

o programa federal en virtud del cual se entreguen los fondos. 

2.2 Lenguaje modelo de contrato 

Para que cada una de las agencias no tenga que reinventar la rueda en sus 

actividades de subvención y contratación, la Administración federal debería 

desarrollar un lenguaje modelo para los contratos, que se utilice para que los 

receptores de fondos federales mantengan el mayor estándar posible de 

accesibilidad en el uso no accesorio de la tecnología electrónica y de la 

información. 

2.3 Asistencia técnica del contratista y del receptor de subvenciones 

La Administración debe garantizar que todos los contratos con requisitos de 

accesibilidad incluyan disposiciones relativas a la disponibilidad de una asistencia 

técnica adecuada para quienes tengan que satisfacer las expectativas de 

accesibilidad. Esta asistencia técnica (que ya está disponible para diversas 

demarcaciones en virtud de los contratos formalizados por la Administración de 

Servicios Generales y la Plataforma de Acceso) deberá incluir los recursos 

relativos al Artículo 508, además de la información relativa a otras fuentes de 

accesibilidad que se requieran. 

90 
Recomendación 3 

Establecer un control de calidad de los sitios web federales 

3.1 Auditoría de los sitios web federales 

Dando por hecho la precisión de las autoevaluaciones de las agencias y de las 

conclusiones conjuntas del Departamento de Justicia relativas a la accesibilidad 

de los sitios web federales, estas autoevaluaciones se desarrollarán cada dos años, 

mientras los sitios web cambian y pueden actualizarse prácticamente a diario. 

Cada una de las agencias y el Departamento de Justicia deben desarrollar un 

sistema para efectuar auditorías periódicas aleatorias de los sitios web, a fin de 

garantizar que se mantengan los estándares de accesibilidad. Cuando se trate de 

grandes agencias con numerosos sitios web, el control de calidad también podrá 

incluir el desarrollo de nuevas perspectivas para supervisar y gestionar las 

páginas, mientras que en el caso de agencias más pequeñas puede que baste con 

medios informales. 

3.2 Automatización de los procesos de revisión 

La verificación de la accesibilidad de los sitos web se compone de dos elementos: 

la verificación de los problemas y la puesta en práctica de reparaciones. Aunque 

existen programas y listas de verificación que se utilizan para identificar 

problemas de accesibilidad y para indicar las posibles reparaciones, puede que 

dichas reparaciones exijan muchos trabajadores y que se tome una decisión sobre 

la estrategia que seguir entre varias opciones. Después de evaluar todas las listas 

de verificación, identificaciones y herramientas de reparación existentes, y 

siguiendo los métodos de investigación sobre verificación, la Administración debe 

buscar la forma de validar y desplegar técnicas para minimizar el número de 

trabajadores dedicados al mantenimiento de los sitios web. 

Recomendación 4 

Plantear sistemáticamente la cuestión de la rentabilidad 

No es lo mismo “coste” que “rentabilidad del coste”. Mientras las exigencias de 

ambos conceptos no se evalúen de forma más completa de lo que se ha hecho hasta la 

fecha, lo más probable es que el desarrollo de la política pública se vea obstaculizado 

y demorado. 

4.1 Comisión presidencial 

El Presidente debería nombrar una Comisión Nacional que incluya representantes 

del sector, de la Administración, consumidores, economistas y expertos en 

demografía, para estudiar detenidamente e informar sobre la naturaleza de todos 

los costes y beneficios relacionados tanto con la accesibilidad como con la 

inaccesibilidad. No deberá esperarse necesariamente que la Comisión alcance 

conclusiones definitivas en cuanto al alcance y naturaleza de todos los costes y 

beneficios, pero sí deberá establecer criterios, metodologías de recopilación de 

datos y de investigación, y criterios de evaluación para hacerlo a largo plazo 

91 
después de completar su trabajo. Esta Comisión, durante los seis meses de 

duración de su mandato, deberá abordar las cuestiones relativas al coste de los 

elementos añadidos, a fin de lograr la máxima accesibilidad en el diseño de la 

tecnología electrónica y de la información para el sector, la Administración y los 

consumidores; deberá determinar las alternativas disponibles para la adjudicación 

de dichos costes, incluyendo la disponibilidad de fondos exclusivos para 

investigación y experimentación en accesibilidad, subvenciones fiscales y demás 

incentivos; deberá conseguir que la accesibilidad de la tecnología electrónica y de 

la información sea la máxima prioridad para los programas de transferencia 

tecnológica del Consorcio del Laboratorio Federal; y deberá determinar la forma 

más adecuada de adjudicar los costes de investigación y desarrollo previstos en 

cumplimiento del Artículo 508 entre el sector y la Administración. 

Siguiendo el trabajo de la Plataforma de Acceso en lo que respecta a su norma 

final del Artículo 508, la Comisión deberá identificar los beneficios posibles y 

demostrables derivados de conseguir la accesibilidad generalizada. La Plataforma 

de Acceso dio el primer paso creando la metodología para evaluar los beneficios 

atribuibles a la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información 

federal, pero es necesario continuar este trabajo y plantear las cuestiones respecto 

de la sociedad en un sentido más amplio. Esta investigación, que implica la 

extrapolación y creación de modelos estadísticos, el estudio de casos prácticos y 

el análisis de tendencias, deberá abordar cuestiones como el número de personas 

que cabría esperar que obtuvieran o conservaran un puesto de trabajo o se 

promocionaran en él como resultado de la disponibilidad y uso habitual de 

tecnología electrónica y de la información accesible. Así mismo, deberá abordar 

las adaptaciones, jubilaciones anticipadas, indemnizaciones a los trabajadores y 

demás recortes de gastos que las empresas obtendrían a través de la accesibilidad 

de la tecnología electrónica y de la información; el número de personas que 

podrían beneficiarse en áreas distintas del empleo a través de la inclusión general 

de la accesibilidad en la tecnología electrónica y de la información de la nación. 

Deberá estudiar también la reducción en los pagos públicos por subsidios y 

asistencia personal que podrían derivarse de una accesibilidad generalizada a la 

tecnología electrónica y de la información, el aumento de los impuestos que se 

generarían del incremento en el empleo resultante de la accesibilidad, y el 

potencial de generación de beneficios por desarrollo de nuevos productos que 

podría derivarse de la investigación en accesibilidad de la tecnología electrónica y 

de la información. Finalmente, deberá estudiar el posible impacto sobre la 

competitividad de las empresas estadounidenses en los mercados mundiales si 

ostentaran una posición de firme liderazgo en diseño accesible, y todas aquellas 

cuestiones relacionadas que la Comisión determine que vale la pena explorar. 

Los costes de la inaccesibilidad son igualmente importantes. En algunos casos 

serán justo lo contrario de los beneficios del acceso, pero su alcance no se queda 

ahí. En este campo es necesario investigar el papel que podría desempeñar la 

accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información a la hora de reducir 

las carencias de los trabajadores en determinados campos, la necesidad de recurrir 

a trabajadores temporales externos, y las presiones salariales inflacionarias en la 

economía. Igualmente, se deberá estudiar los costes en que incurren los propios 

particulares, la Administración y el sector sin ánimo de lucro para prestar unos 

92 
servicios o asistencia, que se verían reducidos o serían innecesarios si la 

tecnología electrónica y de la información fuera accesible. Finalmente, se deberá 

estudiar la naturaleza y el alcance de los costes de otras opciones relacionadas con 

la inaccesibilidad de la tecnología electrónica y de la información para los 

particulares, la Administración y el comercio, y la adjudicación actual de todos 

los costes de la inaccesibilidad, tanto los directos como los de otras opciones, en 

el sector de la tecnología electrónica y de la información. 

4.2 Conferencia de la Casa Blanca 

Como punto de arranque para el trabajo de la Comisión Nacional, se debería 

convocar una cumbre de la Casa Blanca sobre accesibilidad. Esta cumbre de alto 

nivel debería reunir a los representantes de todos los sectores –empresas, 

consumidores, la Administración e investigadores– para identificar las 

oportunidades de establecer asociaciones eficaces e innovadoras en materia de 

política, planificación, investigación y puesta en práctica de las medidas de 

accesibilidad en toda nuestra economía y sociedad. 

Recomendación 5 

Implicar a los consumidores en el proceso de accesibilidad 

5.1 Paneles consultivos de consumidores 

Cuando se modifique la ley para que se pueda compensar a los miembros por su 

tiempo, y siempre que se disponga de un grupo suficiente de personas que cuenten 

con el conocimiento y las destrezas necesarias, se debe recomendar a las agencias 

que nombren paneles consultivos según lo previsto por la Ley Federal de Comités 

Consultivos (Federal Advisory Committee Act) para asesorarlas y ayudarlas en sus 

esfuerzos para lograr la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información, tanto para sí mismas como para todos los grupos de población 

afectadas por ellas. Estos paneles podrían identificar los problemas de 

accesibilidad en un estadio temprano, alertar a las agencias de los problemas de la 

utilización de diversas tecnologías que se esté valorando comprar, ayudar a 

comprobar el hardware y software adquirido para verificar su accesibilidad antes 

de ser aceptado, ayudar a las agencias a evitar las demandas fundamentadas en el 

Artículo 508 respondiendo activamente a las cuestiones procedimentales o de 

fondo, y avisar a las agencias sobre las medidas futuras que podrían mejorar la 

accesibilidad de diversos tipos de tecnología electrónica y de la información. La 

Comisión Federal de Comunicaciones estableció recientemente un comité de este 

tipo, y hay muchas agencias que ya tienen experiencia en la implicación del 

ciudadano en proyectos concretos sobre cuestiones continuas. 

5.2 Atención al consumidor para el sector 

La Administración federal, en asociación con el sector de la tecnología electrónica 

y de la información, deberá investigar la manera de formar, situar y retribuir 

apropiadamente a los usuarios finales con discapacidad, con objeto de ayudar al 

sector a desarrollar estrategias eficaces de accesibilidad, para prever las cuestiones 

de acceso relacionadas con las nuevas tecnologías o diseños, y para verificar y 

93 
evaluar los dispositivos y sistemas prototípicos. Los usuarios finales podrían 

participar en grupos de consumidores, reunirse con los expertos en diseño e 

ingeniería, comunicar el sentimiento de la comunidad, servir como plataforma de 

resonancia, y ejercer una influencia profunda y positiva sobre el rumbo y el ritmo 

de la innovación y puesta en práctica. 

Recomendación 6 

Enriquecer los recursos disponibles para llevar a la práctica el Artículo 508 

6.1 Orientación adicional 

Tal y como se ha indicado en el Capítulo III, hay muchas cuestiones clave sin 

resolver en lo que respecta a la aplicación y cumplimiento del Artículo 508 por 

parte de las agencias federales. Los reglamentos publicados hasta la fecha para 

orientar a estas agencias y la asistencia tecnológica de que disponen no llega a 

responder a las preguntas clave sobre las siguientes cuestiones: el significado de 

“recursos disponibles” en lo que respecta a la excepción por carga excesiva, el 

valor que se le va a dar a la accesibilidad a la hora de evaluar las ofertas 

presentadas en los concursos frente a los demás requisitos y criterios de 

cumplimiento, en qué medida los costes de investigación y desarrollo asociados 

con el cumplimiento de los contratos, pero no específicamente dispuestos en el 

contrato, se podrían o deberían incluir en los costes permitidos, y muchas otras 

cuestiones de la máxima importancia. 

La Administración de Servicios Generales, la Plataforma de Acceso, la Oficina de 

Gestión y Presupuesto y el Consejo Regulador de la Adquisición Federal tienen 

que colaborar urgentemente para identificar todas esas cuestiones clave en materia 

de puesta en práctica, y para proporcionar orientaciones significativas en lo que 

respecta a la ley y su facultad discrecional. No son cuestiones que puedan 

ignorarse: se suscitarán con o sin orientación 

6.2 Auditoría de cargas excesivas 

Se debería desarrollar un sistema para auditar periódicamente las alegaciones de 

carga excesiva presentadas por las agencias. El Artículo 508 no dispone ninguna 

medida para la recopilación o revisión centralizada, ni para que el público pueda 

disponer de estas alegaciones, pero tampoco contiene ninguna restricción sobre la 

adopción de este tipo de protecciones y pruebas. Se debería revisar una muestra 

suficiente de estas alegaciones siguiendo un procedimiento establecido y de forma 

detenida para determinar tanto que se ha creado la documentación exigida, como 

que la documentación efectivamente respalda la conclusión. Desde el punto de 

vista del fondo de la cuestión, también deberán emprenderse auditorías para 

determinar si las conclusiones son precisas cuando estén relacionadas con uno o 

varios componentes del sistema, o con uno o varios de los requisitos establecidos 

en los reglamentos aplicables. Finalmente, la revisión serviría para identificar 

aquellas agencias que utilizan la excepción con más frecuencia, y para poner de 

manifiesto las diferencias en la forma en que se aplica la ley, que podrían 

derivarse de las diferencias entre agencias, culturas o sistemas de gestión. 

94 
6.3 Verificación de los cuestionarios autoevaluativos de las agencias 

Aparte de la revisión periódica del estado de las páginas web de las agencias, el 

Departamento de Justicia debería desarrollar un procedimiento para verificar los 

informes de autoevaluación de las agencias relativos a sus niveles de accesibilidad 

de la tecnología electrónica y de la información, así como a los progresos 

efectuados para alcanzar dicha meta. Estas revisiones deberán desarrollarse 

durante todo el año y deberán incluir una muestra de agencias y temas 

suficientemente grande como para que sus resultados sean significativos en 

términos estadísticos. 

6.4 Asistencia técnica obligatoria 

Aunque la asistencia tecnológica denota un proceso voluntario, se deberían 

desarrollar procedimientos para que las agencias que hayan tenido problemas 

graves y continuados con el cumplimiento del Artículo 508 estén obligadas a 

aceptar ayuda técnica para buscar soluciones a sus puntos débiles. Cuando se 

precisen intervenciones, se deberá utilizar el Servicio Ejecutivo Federal, el 

Consejo de Responsables Máximos de Información o contratistas de asistencia 

técnica. 

6.5 Postura en caso de litigio 

El Departamento de Justicia debería indicar su forma de proceder cuando se le 

reclame para defender ante los tribunales a una agencia federal por una demanda 

basada en el Artículo 508, y tenga conocimiento a través del proceso 

autoevaluativo de la agencia, o por los medios que fuere, de que la agencia 

efectivamente lo ha incumplido. Los funcionarios de las agencias federales, los 

posibles demandantes y los tribunales tienen que saber la forma en que el 

Departamento se propone manejar estas situaciones tan delicadas. 

6.6 Reducir las exenciones previstas en el Artículo 508 para los contratos 

formalizados entre agencias federales. 

Hay una serie de agencias federales de la división ejecutiva que formalizan 

contratos con la Oficina de Imprenta de la Administración para gestionar sus 

sitios web, o para la prestación de otros servicios relacionados con la tecnología 

electrónica y de la información. Como “elemento instrumental” del Congreso, 

esta Oficina no se encuentra actualmente sometida a las disposiciones del Artículo 

508. 

Las agencias federales cubiertas por el Artículo 508 no pueden saltarse por un 

contrato las obligaciones que tendrían si gestionaran por sí mismas sus sitios web. 

Aunque la Oficina de Imprenta de la Administración ha expresado su intención de 

cumplir el Artículo 508, cada agencia ejecutiva sigue siendo responsable de 

asegurarse de que sus sitios web cumplen las disposiciones de la ley. La relación 

entre agencias afectadas y no afectadas que se ejemplifica por estos contratos 

entre agencias de la división ejecutiva y la Oficina de Imprenta de la 

Administración plantean posibles dificultades. Por consiguiente, el Departamento 

de Justicia debe aclarar que, cuando la Oficina de Imprenta de la Administración 

95 
formalice una relación contractual que la sometería a los requisitos del Artículo 

508, si no fuera una agencia exenta del Congreso, está obligada a cumplir los 

requisitos de dicho artículo cuando cumpla las tareas objeto del contrato o 

protocolo de intenciones. 

Recomendación 7 

Mantener expedientes y recabar datos 

Con la puesta en práctica del Artículo 508, las agencias federales cuentan con una 

oportunidad única, aunque de corta duración, para desarrollar bases de datos y fuentes 

de información utilizables e informativas sobre distintas agencias. El Artículo 508 

impone los mismos requisitos sobre todos, utiliza la misma nomenclatura con todas las 

agencias afectadas, y crea la perspectiva de un nuevo nivel de experiencia compartida 

entre agencias en el cumplimiento de los derechos civiles. 

No debemos permitir que se pierda la oportunidad de racionalizar las categorías 

informativas y las técnicas para recopilar y compartir datos creada por el Artículo 508. 

Entre las categorías de información importante que se deberían recopilar y acumular 

encontramos la información acumulada y comparativa de procesos, como el número y 

la resolución de las demandas, el número y naturaleza de las alegaciones de carga 

excesiva, y el número de empleados y miembros del público que utilizan tecnología 

electrónica y de la información accesible. Así mismo, podría ser posible la 

investigación cualitativa y de resultados, de formas que la estructura de otras leyes de 

derechos civiles anteriormente no hacía posible. Siguiendo las medidas aplicables en 

materia de intimidad, consentimiento informado, reducción de burocracia, 

investigación de seres humanos y demás consideraciones aplicables, se deberán 

realizar inmediatamente los esfuerzos necesarios para desarrollar, comprobar en 

campo, divulgar y analizar los instrumentos oportunos de recopilación de datos y 

presentación de informes. 

Recomendación 8 

Revisión legal 

Conjuntamente, o como elemento del trabajo de la Comisión que se propone en la 

Recomendación 4.1, el Presidente y el Congreso deben establecer una comisión 

conjunta del máximo nivel (o designar una entidad existente, como el Consejo 

Nacional de Discapacidad) para examinar las barreras que impidan la puesta en 

práctica efectiva de las medidas de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información en las leyes federales actuales, y para recomendar modificaciones 

legislativas que impulsen la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información en los sectores público y privado. Entre las cuestiones que se deben 

valorar se incluyen las siguientes: exigir que todos los documentos federales se 

faciliten en formatos legibles por máquina y aclarar la legalidad de dichos formatos a 

todos los efectos; exigir que los Estados cumplan lo previsto en el Artículo 508 como 

condición para recibir fondos federales al amparo de todos los programas estatales o 

federales relacionados con la discapacidad, o al amparo de Medicaid; revisar la Ley 

del Impuesto sobre la Renta para garantizar que todos los incentivos fiscales para 

96 
empresas relativos a la investigación y el desarrollo cubren la investigación en materia 

de acceso a la tecnología electrónica y de la información; revisar todas las 

subvenciones e iniciativas federales en el campo de la tecnología electrónica y de la 

información para garantizar que se incluye la accesibilidad en su alcance y 

prioridades; revisar la ley de derechos de autor para identificar los posibles incentivos 

disponibles para los editores por el uso de formatos legibles por máquina; revisar las 

leyes antimonopolio para determinar la necesidad de cambios que podrían facilitar el 

desarrollo de consorcios en el sector encaminados a desarrollar investigaciones en 

materia de accesibilidad de la tecnología electrónica y de la información y desplegar 

productos; ampliar la competencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, de la 

Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, o de otras entidades, para 

facilitar el diálogo entre la industria y los consumidores respecto de las características 

tecnológicas de los dispositivos tradicionales de consumo independientes y del hogar; 

revisar las normas que rigen el programa Medicaid y el Programa Estatal de Seguro 

Sanitario Infantil para garantizar que iniciativas como las procedentes del caso 

Omstead, diseñadas para hacer posible que el mayor número de personas eviten su 

ingreso en una institución y puedan vivir en la comunidad, incluyan la financiación 

que sea necesaria de dispositivos de accesibilidad, y de formación en accesibilidad de 

la tecnología electrónica y de la información, con objeto de maximizar la autonomía y 

que las personas puedan valerse por sí mismas; y revisar la nomenclatura utilizada 

para describir la tecnología electrónica y de la información en todas las leyes y 

programas para poder minimizar o evitar confusiones e incoherencias en el uso de 

terminología por diversas agencias o programas. 

Recomendación 9 

Revigorizar la calidad y el enfoque de la ejecución de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad 

9.1 Comercio electrónico, terminales públicas e Internet 

El Departamento de Justicia, con las normas legales adecuadas, la orientación 

interpretativa que proceda e incoando los procedimientos que corresponda, debe 

inmediatamente emprender pasos significativos para exponer su posición en lo 

que respecta a la posibilidad de aplicación del Título III a Internet. El 

Departamento de Justicia, tras elegir entre sus propias listas de verificación de 

accesibilidad, las directrices más actualizadas publicadas por el Consorcio World 

Wide Web Iniciativa de Accesibilidad de la Web, y los requisitos funcionales y de 

rendimiento expresados en la norma final del Artículo 508 emitida por la 

Plataforma de Acceso, deberá promulgar la norma que elija para definir y evaluar 

la accesibilidad a los sitios web, a fin de que no pueda objetarse su competencia 

sobre la Ley de Estadounidenses con Discapacidad con alegaciones de vaguedad 

o imprecisión. 

El Departamento de Justicia también debe promulgar estándares y requisitos para 

la accesibilidad de los terminales públicos, incluyendo los directorios electrónicos 

de los edificios, los lectores de tarjetas de los puntos de venta, las terminales de 

bibliotecas y dispositivos similares. 

97 
9.2 Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales debe actualizar sus 

materiales de orientación y asistencia técnica para los empresarios privados 

cubiertos por el Título I de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, a fin de 

reflejar la priorización de la accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información, para explicar el significado y la importancia de este concepto de 

forma que clarifique sus diferencias y similitudes con el modelo de adaptaciones 

razonables, y para ampliar las listas de recursos organizativos y de asistencia 

técnica que se facilitan a los empresarios, de forma que se incluyan entidades y 

programas especializados en accesibilidad de la tecnología electrónica y de la 

información. 

Así mismo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales deberá emitir 

orientaciones sobre la relación entre el Artículo 508 y el Artículo 501, aclarando 

que el incumplimiento del Artículo 508 por parte de las agencias federales se 

considerará normalmente como de alto nivel probatorio a la hora de determinar la 

validez de las demandas por discriminación presentadas por los trabajadores 

federales contra dichas agencias. La orientación deberá indicar igualmente en qué 

circunstancias, de haber alguna, el incumplimiento del Artículo 508 por parte de 

una agencia federal constituye un incumplimiento per se del Artículo 501. 

Recomendación 10 

Intensificar el control y la obligación de cumplimiento en virtud de lo previsto en el 

Artículo 255 

10.1 Cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones 

La Comisión Federal de Comunicaciones debe indicar qué elementos y funciones 

de la próxima generación de equipos de telecomunicaciones inalámbricas o de los 

equipos que el cliente tienen en sus propias instalaciones, considera capaces de 

ser plenamente accesibles en las condiciones actuales. Deberá ser todo lo concreta 

que sea posible para notificar a los fabricantes y vendedores de equipos de las 

instalaciones del cliente lo que se espera de ellos en este campo. 

10.2 Recursos ante el incumplimiento del Artículo 255 

La Comisión Federal de Comunicaciones debe emitir una opinión legal sobre la 

forma en que reaccionaría y la posición que adoptaría si un consumidor intentara 

saltarse el proceso de reclamación previsto por el Artículo 255 y presentara su 

demanda ante un tribunal federal por discriminación basada en la disposición del 

“transporte común” de la Ley Federal de Comunicaciones. Igualmente, los 

usuarios finales y la industria tienen que conocer las opiniones de la Comisión en 

lo que respecta a la disponibilidad y adecuación de dichos procedimientos, 

especialmente si la Comisión no tiene previsto imponer sanciones o multas 

significativas por incumplimiento de la ley. 

98 
10.3 Informes de control del mercado 

La Comisión Federal de Comunicaciones, en conjunción con la Plataforma de 

Acceso, debe institucionalizar la elaboración y publicación regular y periódica del 

Informe de Control del Mercado de las telecomunicaciones. Como vehículo para 

identificar las líneas de producto, servicios o sectores de la industria de las 

telecomunicaciones en que existen problemas, estos informes pueden ser una 

valiosísima herramienta para orientar el despliegue de asistencia tecnológica y 

otros recursos. El uso continuado de estos informes resulta especialmente 

fundamental si la Comisión pretende minimizar el uso del proceso opuesto como 

forma de potenciar el progreso en el campo de la accesibilidad de las 

telecomunicaciones. 

10.4 Definición de los servicios de telecomunicaciones afectados 

La Comisión Federal de Comunicaciones debe indicar formalmente los resultados 

de su estudio y sus conclusiones sobre el posible alcance de la cobertura de los 

servicios de telecomunicaciones del Artículo 255. Si la Comisión resuelve que 

tiene autoridad legal para incluir el denominado “servicio de información” dentro 

del alcance de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones del Artículo 

255, deberá proceder de inmediato a instituir el proceso de elaboración normativa 

necesario para lograr esta aclaración. 

Si, por el contrario, la Comisión resuelve que carece de autoridad legal para 

ampliar la definición de los servicios de telecomunicaciones del Artículo 255 lo 

suficiente como para incluir estos “servicios de información”, deberá unirse a los 

representantes de los consumidores y a otros líderes informados del sector para 

proponer al Congreso la legislación que lo remedie. Del mismo modo, si la 

Comisión determina que efectivamente posee la autoridad necesaria para ampliar 

la definición, pero declina ejercer su facultad discrecional para hacerlo, los 

consumidores y la industria tienen que saberlo para empezar a valorar las 

opciones para conseguir la reforma legislativa. 

Conclusión 

La convergencia de tecnología, actitudes, demografía y ley ha creado unas 

oportunidades sin precedentes para eliminar una de las fuentes más significativas de 

desigualdad en nuestra sociedad. Aunque no siempre están claros los detalles exactos 

y la adjudicación de costes y beneficios más apropiada, no se puede discutir ni el valor 

y ni la inteligencia de hacer que la tecnología electrónica y de la información sea 

accesible para todos. Hay personas de buena voluntad que trabajan conjuntamente y se 

han comprometido para superar los obstáculos, y pueden producir avances que 

mejorarán radicalmente el futuro para todos nosotros. Tenemos los medios y la 

ocasión al alcance de la mano. 

99 
Apéndice 

Misión del Consejo Nacional de Discapacidad 

Panorámica y objetivos 

El Consejo Nacional de Discapacidad (National Council on Disability, NCD) es una 

agencia federal independiente compuesta por 15 miembros nombrados por el 

Presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado de Estados Unidos. El 

Consejo tiene como objetivo general promover políticas, programas, prácticas y 

procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas 

con discapacidad, con independencia de la naturaleza o del significado de la 

discapacidad, y facultar a las personas con discapacidad para que alcancen la 

autosuficiencia económica, la vida independiente, y la inclusión e integración en todos 

los aspectos de la sociedad. 

Obligaciones específicas 

Actualmente, el Consejo Nacional de Discapacidad tiene las siguientes obligaciones 

legales: 

• Revisar y evaluar, de forma continuada, las políticas, programas, prácticas y 

procedimientos que afecten a las personas con discapacidad, que los 

departamentos y agencias federales hayan desarrollado o que hayan recibido su 

ayuda, incluyendo los programas establecidos o apoyados en virtud de la Ley de 

Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas, o de la Ley de Asistencia y 

Declaración de Derechos de las Discapacidades de Desarrollo (Developmental 

Disabilities Assitance and Bill of Rights Act), al igual que todas las leyes y 

reglamentos relativos a los programas federales que ayudan a dichas personas con 

discapacidad, a fin de evaluar si dichas políticas, programas, prácticas, 

procedimientos, leyes y reglamentos satisfacen efectivamente las necesidades de 

las personas con discapacidad. 

• Revisar y evaluar, de forma continuada, las cuestiones nuevas y emergentes de 

política de discapacidad que afectan a las personas con discapacidad en el ámbito 

federal, estatal y local y en el sector privado, incluyendo la necesidad de servicios 

de adultos y su coordinación, el acceso a los servicios de asistencia personal, los 

esfuerzos de reforma escolar y el impacto de dichos esfuerzos sobre las personas 

con discapacidad, el acceso a la asistencia sanitaria, y las políticas que 

desincentivan a las personas a la hora de buscar o conservar un trabajo. 

• Hacer recomendaciones al Presidente, al Congreso, al Secretario de Educación, al 

Director del Instituto Nacional de Investigación de Discapacidad y Rehabilitación 

(National Institute on Disability and Rehabilitation Research), y a otros 

funcionarios de las agencias federales, sobre las formas de promocionar mejor la 

igualdad de oportunidades, la autosuficiencia económica, la vida independiente, y 

la inclusión e integración en todos los aspectos de la sociedad para los 

estadounidenses con discapacidad. 

100 
• Proporcionar al Congreso, de forma continuada, asesoramiento, recomendaciones, 

propuestas legislativas, y toda aquella información adicional que el Consejo o el 

Congreso considere oportuna. 

• Recabar información sobre la puesta en práctica, eficacia e impacto de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad de 1990 (Código de Estados Unidos 42, 12101 

y ss.). 

• Asesorar al Presidente, al Congreso, al Comisario de la Administración de 

Servicios Generales, al Secretario Adjunto de Servicios de Educación Especial y 

Rehabilitación del Departamento de Educación, y al Director del Instituto 

Nacional de Investigación de Discapacidad y Rehabilitación sobre el desarrollo de 

los programas que se desarrollen en virtud de la Ley de Rehabilitación de 1973, 

con sus enmiendas. 

• Prestar asesoramiento al Comisario de la Administración de Servicios Generales 

respecto de las políticas y conducta de la Administración. 

• Hacer recomendaciones al Director del Instituto Nacional de Investigación de 

Discapacidad y Rehabilitación sobre las formas de mejorar la investigación, 

notificación, administración, así como la recopilación, divulgación y puesta en 

práctica de las conclusiones de los estudios que afecten a las personas con 

discapacidad. 

• Prestar asesoramiento en lo que respecta a las prioridades de las actividades del 

Consejo de Coordinación de Agencias en materia de Discapacidad, y revisar las 

recomendaciones de modificación legislativa y administrativa presentadas por este 

consejo, a fin de garantizar que dichas recomendaciones son coherentes con el 

objetivo del Consejo Nacional de Discapacidad de promover la plena integración, 

independencia y productividad de las personas con discapacidad. 

• Elaborar y presentar ante el Presidente y el Congreso un informe anual titulado 

Política Nacional de Discapacidad: Informe de Progreso (National Disability 

Policy: A Progress Report). 

Internacional 

En 1995, el Departamento de Estado nombró al Consejo Nacional de Discapacidad 

punto de contacto oficial del gobierno de Estados Unidos para las cuestiones de 

discapacidad. En concreto, el Consejo se relaciona con el relator especial de la 

Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Social sobre cuestiones de 

discapacidad. 

Consumidores a los que ha servido y actividades actuales 

Aunque hay muchas agencias de la Administración que gestionan programas y tratan 

cuestiones que afectan a las personas con discapacidad, el Consejo Nacional de 

Discapacidad es la única agencia federal encargada de abordar, analizar y hacer 

recomendaciones en materia de política pública que afecte a las personas con 

101 
discapacidad, con independencia de su edad, tipo de discapacidad, potencial laboral 

percibido, necesidad económica, capacidad funcional específica, de si la persona es 

veterano, u otras circunstancias individuales. El Consejo reconoce que tiene una 

oportunidad exclusiva para facilitar la vida independiente, la integración en la 

comunidad, y las oportunidades laborales para las personas con discapacidad, 

garantizando que se adopta una perspectiva documentada y coordinada para abordar 

los problemas de las personas con discapacidad a la hora de eliminar las barreras 

existentes para su participación activa en la comunidad y en la vida familiar. 

El Consejo Nacional de Discapacidad realiza un importante papel en el desarrollo de 

política de discapacidad en Estados Unidos. De hecho, el Consejo propuso 

inicialmente lo que con el tiempo se convirtió en la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad. Entre la lista actual de cuestiones clave del Consejo se incluyen las 

siguientes: mejorar los servicios de asistencia personal, promover la reforma de la 

asistencia sanitaria, incluir a los estudiantes con discapacidad en programas de alta 

calidad en escuelas típicas de barrio, promover la igualdad de oportunidades y las 

oportunidades de alojamiento en la comunidad, controlar el cumplimiento de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad, mejorar la tecnología de asistencia, y garantizar 

que las personas con discapacidad que pertenezcan a culturas diversas participen 

plenamente en la sociedad. 

Historia legal 

El Consejo Nacional de Discapacidad fue constituido inicialmente en 1978 como 

consejo asesor dentro del Departamento de Educación (Ley Pública 95 – 602). Las 

enmiendas introducidas en 1984 en la Ley de Rehabilitación (Ley Pública 98 – 221) 

transformaron el Consejo en una agencia independiente. 

102