Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con 

Discapacidades en Programas y Beneficios Federales

Consejo Nacional de la Discapacidad

25 de mayo de 2022
Consejo Nacional sobre Discapacidad (CND)

1331 F Street, NW, Suite 850

Washington, DC 20004

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades en Programas y 

Beneficios Federales

National Council on Disability (Consejo Nacional de la Discapacidad), 25 de mayo de 2022

Celebrando 38 años como agencia federal independiente

Este informe también está disponible en formatos alternativos. Visite el sitio web del National Council 

on Disability (NCD) (www.ncd.gov) o comuníquese con NCD para solicitar un formato alternativo 

utilizando la siguiente información:

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202-272-2004 Voz

202-272-2022 Fax

Las opiniones contenidas en este informe no representan necesariamente las de la Administración, 

ya que éste y todos los documentos de la NCD no están sujetos al proceso de revisión del Poder 

Ejecutivo A-19.
Consejo Nacional sobre Discapacidad

Una agencia federal independiente que hace recomendaciones al Presidente y al Congreso 

para mejorar la calidad de vida de todos los estadounidenses con discapacidades y sus familias.

Carta de Transmisión

25 de mayo de 2022

Presidente Joseph R. Biden Jr.

La Casa Blanca

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington DC 20500

Estimado Señor Presidente:

Para una comunidad de más de 687,000 personas con discapacidades, hemos incumplido la promesa 

federal de incorporarlos a la corriente económica y la sociedad simplemente por el lugar donde 

residen. Las condiciones que impulsaron la promulgación de la Ley de Americanos con Discapacidades 

(ADA, por sus siglas en inglés) hace más de 31 años siguen estando claramente presentes para esta 

comunidad de personas que son mucho más pobres, tienen menos educación y tienen menos vida 

social y comunitaria que otros estadounidenses que viven regularmente en otros lugares.

En este informe, Tratamiento Desigual de los Residentes de Puerto Rico con Discapacidades en los 

Programas y Servicios Federales, el Consejo Nacional sobre Discapacidad (NCD) destaca la desigualdad 

en tratamiento de esta comunidad de personas con discapacidades en los programas y servicios 

federales. La ausencia de programas específicas de redes de seguridad disponibles para personas 

elegibles con discapacidades que residen en cualquier jurisdicción en el continente o en algunos de 

los otros territorios, y el financiamiento inadecuado o inexistente de otros programas y servicios de 

discapacidad penurias para residentes con discapacidades en Puerto Rico crea dificultades económicas 

devastadoras para los residentes puertorriqueños con discapacidades, el grupo más vulnerable de 

personas que residen en la isla.

La tasa de pobreza de Puerto Rico es un asombroso 44.1 por ciento, el doble de la tasa de pobreza 

de Mississippi, el estado más empobrecido de los EE. UU. Ventidós por ciento de los residentes 

puertorriqueños de todas las edades tienen una discapacidad, ligeramente por debajo de la tasa de 

prevalencia del 26 por ciento para todo Estados Unidos. La mayor prevalencia de discapacidad entre 

los residentes puertorriqueños es la discapacidad de movilidad con una tasa de prevalencia de 12.6 por 

ciento, casi el doble de la tasa de prevalencia de quienes residen en los estados; y la incidencia de 

baja visión o ceguera en Puerto Rico es cuatro veces mayor que en los estados. Estas estadísticas 

son especialmente preocupantes dado el tratamiento desigual de los residentes con discapacidades 

bajo los programas federales de red de seguridad para personas con discapacidades, y dada la crisis 

económica más amplia que afecta a Puerto Rico en general.

El informe examina las políticas, los programas y las prácticas públicas federales fallidas en Puerto Rico 

en las áreas de educación, empleo, asistencia e incentivos financieros, atención médica, servicios y 

apoyos a largo plazo, transporte, vivienda y ayuda en casos de desastre, cada segemento diferente de 

la sociedad que la promesa consagrada en la ADA pretendía deliberadamente abordar.

1331 F Street, NW ■ Suite 850 ■ Washington, DC 20004

202-272-2004 Voz ■ 202-272-2074 TTY ■ 202-272-2022 Fax ■ www.ncd.gov
Los programas de seguridad, como el programa de asistencia nutricional de Puerto Rico y Medicaid, 

están financiados por subvenciones en bloque, lo que genera restricciones financieras dada la condición 

económica de la isla, que requiere que el Estado Libre Asociado limite la elegibilidad y los servicios 

del programa. Un residente puertorriqueño con una discapacidad no es elegible para la Seguridad de 

Ingreso Suplementario y la amplitud de la cobertura de Medicare no es igual a la que se ofrece a sus 

afiliados en los estados. Además, debido a las restricciones de transporte marítimo de la Ley Jones, el 

equipo médico duradero (DME) y las piezas de repuesto para DME son más caros en la isla y difíciles 

de conseguir. Los fondos federales para los servicios de educación, empleo, vivienda y transporte en 

Puerto Rico se asignan mediante la misma fórmula de financiamiento que se usa para los estados. Sin 

embargo, los factores de la fórmula actual no tienen en cuenta el alto nivel de pobreza, la incidencia de 

discapacidad y las limitaciones financieras de la isla. Además, cuatro años después del huracán María, 

el 71 por ciento de los fondos de las operaciones de recuperación y socorro en casos de desastre aún 

no han llegado a las comunidades de la isla y miles de casas aún están cubiertas con lonas azules.

Los residentes puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. La promesa de la ADA nunca estuvo 

condicionada por el código postal. Para las más de 687,000 personas con discapacidades que residen 

en la isla (una comunidad que es más grande que la población total de residentes en Wyoming o 

Vermont), debemos terminar con este trato de desigualdad.

Esperamos tener la oportunidad de informarles a Usted y a su Administración sobre estos hallazgos y 

nuestras recomendaciones.

Muy respetuosamente,

Andrés J. Gallegos

Presidente

(La misma carta de transmisión fue enviada al Presidente Pro Tempore del Senado de los EE. UU. y al Presidente 

de la Cámara de Representantes de los EE. UU.)

2 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Consejo Nacional de la Discapacidad Miembros y Personal

Miembros

Andrés J. Gallegos, Presidente

Jim Brett, vicepresidente

Jim Baldwin

David D’Arcangelo

Munr Kazmir, M.D.

Rick Rader, M.D.

Neil Romano

Daniel C. Schreck

Mary G. Vought

Personal

Anne C. Sommers McIntosh, Directora Ejecutiva

Joan M. Durocher, Consejera General y Directora de Polízas

Lisa Grubb, Directora de Administración, Finanzas y Operaciones

Stacey S. Brown, Asistente de Personal

Kimie Eacobacci, Especialista en Asuntos Legislativos

Netterie Lewis, Especialista en Apoyo Administrativo

Amy Nicholas, Abogada Asesora Superior

Nick Sabula, Especialista en Asuntos Públicos

Amged Soliman, Abogada Asesora Superior

Ana Torres-Davis, Abogada Asesora Superior

Keith Woods, Analista de Gestión Financiera

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 3
4 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Contenidos

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Glosario de acrónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Breve historia de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Datos demográficos de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Retos de las Personas con Discapacidades en Puerto Rico . . . . . . . . . . . .  2

Capítulo 1: Metodología y Recopilación de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Metodología y diseño de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Limitaciones del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Capítulo 2: Ley Jones / Impuestos sobre inventarios / Otros impuestos . . . . . . . . . .  2

La Ley Jones en Puerto Rico...

Impuesto sobre inventarios y otros impuestos pagados en 

Puerto Rico que afectan a las personas con impedimentos . . . . . .  3

Capítulo 3: Salud: Medicaid y Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Medicaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Capítulo 4: Beneficios y programas de asistencia de ingresos Seguridad de 

Ingreso Suplementario | Seguro de Incapacidad del Seguro Social | Programa 

de Asistencia Nutricional Suplementaria | Programa de Asistencia Nutricional . . . .  4

Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Desafiando el trato desigual: Estados Unidos v. VaelloMadero Corte Suprema de los EE. UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Social Security Disability Insurance (SSDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Programas Federales de Asistencia Nutricional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Requisitos de elegibilidad de NAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 5
Capítulo 5: Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Servicios Educativos en Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Capítulo 6: Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Programas y servicios federales de empleo en Puerto Rico, los 

Estados Unidos y los territorios de los EE. UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Programas de Rehabilitación Vocacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Empleo con apoyo (SE) para personas con discapacidades 

significativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Servicios de transición bajo VRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Opiniones de las partes interesadas sobre los servicios 

de VRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Administracion del Seguro Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Incentivos Fiscales a los Empleadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Capítulo 7: Vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Programas HUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Vivienda en Puerto Rico, Estados Unidos y territorios 

estadounidenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Capítulo 8: Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Transporte en Puerto Rico, Estados Unidos y los Territorios de los 

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Capítulo 9: Preparación para emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Respuesta de emergencia para los huracanes Harvey e Irma . . . . . . . . . .  9

Esfuerzos de respuesta Huracán Harvey, Houston, TX, 

agosto del 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Recuperación de Florida del huracán Irma; septiembre 

del 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Capítulo 10: Conclusión y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Apéndice A: Reunión del Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Consejo Nacional de Discapacidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Reunión del Ayuntamiento en Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Temas Discutido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Situación política de la isla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Preparación para emergencias para personas con discapacidades . . . . . 108

Cumplimiento de las guías de accesibilidad en la ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Problemas de propiedad de vivienda y apoyo de FEMA en la isla . . . . . . 108

Apéndice B: Comparación del porcentaje de adultos con tipos selectos de 

discapacidades funcional entre los territorios organizados no incorporados 

de los Estados Unidos y los estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Apéndice C: Tablas de Medicaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Apéndice D. Comparación de la cantidad de estudiantes en edad escolar

atendidos bajo IDEA, Parte B, en el 2019 hasta el 2020, en territorios 

organizados no incorporados de los EE. UU. Nota: la tabla muestra un

comparación de la cantidad de estudiantes en edad escolar atendidos bajo 

IDEA, Parte B, en el 2019- el 2020, en territorios organizados no incorporados 

de los EE. UU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Notas al final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 7
8 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Agradecimientos

El Consejo Nacional sobre Discapacidad (NCD) expresa su profundo agradecimiento al Centro 

de Vida Independiente del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) y su Directora 

Ejecutiva Betzaida Ramos Charriez, Jefa de Proyecto Nellyber Correa, Directora de Programa Mildred de 

la Torre, Asistente Administrativa y Estudiante Interna Charlie Colon; La Directora Ejecutiva del Centro 

Universitario de Excelencia en Discapacidades del Desarrollo (UCEDD), la Dra. Carol Salas, quien se 

desempeñó como Investigadora Principal, Coordinadora de Investigación y Evaluación Ilia Torres, y los 

Pasantes de Investigación Estudiantil Valeria S. Delgado-Rodríguez, Jonathan A. Pitre-Gonzalez, Jessica 

M. Naredo-Rojas, Adian N. Rodríguez-Lorenzo, Yoseline Mercado-Santiago, Paola A. Manrique-Pizarro, 

Karina M. Gómez-Torres; Carmen Ramos-Watson, fundadora de B/Adaptable, quien se desempeñó 

como asesora estratégica con sus asesores consultores, Jeffrey Watson y William Ramos.

Un profundo agradecimiento a todas las partes interesadas que compartieron experiencias 

personales, observaciones e ideas. Un agradecimiento especial a Javier Balmaceda del Center for 

Budget and Policy Priorities, Rosanna Torres del Center for New Economy y Cari Palerm de HUD por 

sus valiosas contribuciones. Muchas gracias al increíble equipo que dedicó incontables horas para 

asegurar que la voz de las personas con discapacidades en la Isla de Puerto Rico recibiera la atención 

que merece.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 9
10 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Resumen ejecutivo

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es 

un territorio de los EE. UU. y los 

residentes puertorriqueños son 

ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los 

residentes puertorriqueños con discapacidades 

no reciben el mismo 

trato en comparación con 

sus contrapartes que 

residen en los Estados 

Unidos y en algunos 

otros territorios en 

términos de acceso, 

participación y beneficios 

recibidos bajo los 

programas federales. 

Esta disparidad de 

tratamiento es evidente 

cuando se comparan los beneficios para las 

personas con discapacidades (PCD) que viven 

en Puerto Rico y las PCD que viven en el 

continente y otros territorios de los EE. UU. 

Mientras que algunos de los mismos programas 

federales están disponibles para los residentes 

de Puerto Rico con discapacidades, la cantidad 

de fondos asignados para los programas de 

redes de seguridad federal por persona es 

considerablemente menor en comparación con 

los fondos proporcionados para los mismos 

programas en el continente y otros territorios 

de EE. UU.

En respuesta a la disparidad de fondos, se ha 

argumentado que los residentes puertorriqueños 

no pagan impuestos federales sobre la renta, 

por lo que no deberían ser elegibles para los 

programas de redes de seguridad. Mientras es 

cierto, los contribuyentes 

puertorriqueños no pagan 

impuestos federales 

sobre la renta, residentes 

puertorriqueños sí pagan 

impuestos federales 

sobre la nómina de 

sueldos y los residentes 

puertorriqueños que 

trabajan para agencias 

federales tienen que 

submitr declaraciones 

de impuestos federales sobre la renta. De 

hecho, los contribuyen puertorriqueños aportan 

más al erario federal que los contribuyentes 

en seis estados y en las Islas Marianas del 

Norte. Independientemente, los residentes 

puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses 

y deben tener acceso a los mismos beneficios 

que cualquier ciudadano estadounidense, 

independientemente de su código postal.1

Este informe examina el tratamiento 

desigual de los residentes puertorriqueños con 

discapacidades en los programas federales. El 

NCD examina la disparidad entre los residentes 

Los residentes puertorriqueños con 

discapacidades no reciben un trato 

igualitario en comparación con sus 

contrapartes que residen en los 

Estados Unidos y en algunos otros 

territorios en términos de acceso, 

participación y beneficios recibidos 

bajo los programas federales

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 11
con discapacidades en los estados con la 

mayor población de puertorriqueños, a saber, 

Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey 

y Massachusetts, así como otros territorios de 

los EE. UU. Los programas federales analizados 

en este informe son aquellos que, combinados, 

crean una red de seguridad para las personas 

con discapacidades: Medicaid, Medicare, Seguro 

de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y 

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP)/Nutritional Programa de Asistencia 

(NAP). Adicionalmente, este informe examina 

las disparidades en el costo y la disponibilidad 

de equipo médico duradero (DME), y cómo 

les va a los residentes 

puertorriqueños con 

discapacidades en el 

empleo, y la disponibilidad 

de vivienda y transporte 

accesibles. Este informe 

también examina las 

disparidades en la 

respuesta federal a los desastres naturales 

en Puerto Rico en comparación con las de 

los estados.

El NCD encontró disparidades de financiación 

y cobertura en los siguientes programas 

federales: Medicare, Medicaid, SSI y SNAP/

NAP. Encontraron disparidades significativas en 

el acceso y los precios de DME. El NCD está 

preocupado por las consecuencias adversas 

para las personas con discapacidades debido al 

retraso en el acceso a la ayuda federal debido 

a emergencias recientes. Antes de que Puerto 

Rico tuviera acceso a los fondos de emergencia 

asignados, se impusieron restricciones y 

requisitos adicionales en el territorio antes del 

desembolso. Esto acentuó el retraso de los 

recursos que tanto se necesitaban y afectó 

negativamente a una isla ya asediada.

Los hallazgos y recomendaciones del informe 

del NCD se determinaron mediante la recopilación 

de datos a través de la revisión de la literatura, 

entrevistas con las partes interesadas, incluidas 

las personas con discapacidades, y entrevistas 

con agencias estatales y federales.

Algunas de las conclusiones y recomendaciones 

extraídas del informe son:

■ El (NCD) recomienda que todas las 

agencias federales y estatales, así como 

las universidades públicas y privadas, 

incluyan datos sobre los puertorriqueños 

con discapacidades que viven en la isla 

y otros territorios en 

la recopilación de 

datos para mejorar la 

rendición de cuentas 

a fin de garantizar que 

los recursos apropiados 

se proporcionan para 

garantizar la equidad en 

los programas que permiten a las personas 

con discapacidades la oportunidad de 

lograr la independencia económica (por 

ejemplo, iniciativas de recopilación de datos 

recopilados por la Oficina del Censo, la 

Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud 

y el Estado de los Estados).

■ El NCD recomienda que el Congreso derogue 

la disposición de la Ley Jones, que restringe 

el comercio costero en embarcaciones 

con bandera de los EE. UU., para equipo 

médico duradero cubierto por la Parte B de 

Medicare (como sillas de ruedas manuales, 

sillas de ruedas eléctricas y componentes 

y repuestos, escúters y componentes y 

Antes de que Puerto Rico tuviera 

acceso a los fondos de emergencia 

asignados, se impusieron restricciones 

y requisitos adicionales en el territorio 

antes del desembolso

12 Consejo Nacional sobre Discapacidad
repuestos). Repuestos, equipos de traslado 

y elevación de pacientes, ventiladores 

de pacientes, oxígeno portátil, espuma, 

gelatinas, colchones de muelles y de aire, 

dispositivos de presión positiva continua en 

las vías respiratorias/ aérea (CPAP), sillas 

de ducha y sillas con inodoro, y pompas de 

succión).

■ El NCD recomienda que el Congreso 

modifique la Ley del Seguro Social para 

reemplazar el programa de subvenciones 

en bloque de Medicaid en Puerto Rico 

y otros territorios de los EE. UU. con un 

sistema federal equivalente sin límites, 

equivalente al programa de Medicaid que 

se brinda a los residentes de los EE. UU.

■ El NCD recomienda que el Congreso 

modifique el Título XVI de la Ley del 

Seguro Social para exigir que se brinden 

beneficios de SSI a todos los ciudadanos 

estadounidenses elegibles, para incluir 

a los residentes de Puerto Rico y los 

territorios de los EE. UU.

■ El NCD le recomienda al Congreso que 

modifique la Ley de cupones para alimentos 

para incluir a Puerto Rico, las Islas Marianas 

del Norte y Samoa Americana en el programa 

SNAP, como se ha hecho con Guam y las 

Islas Vírgenes de EE. UU. (USVI).

■ El NCD recomienda que el Congreso ordene 

a las agencias federales que utilizan fórmulas 

de financiación que vuelvan a calcular sus 

fórmulas para mitigar el impacto de las 

altas tasas de pobreza y, por lo tanto, una 

base impositiva más baja que afecte la 

capacidad del concesionario para utilizar los 

fondos para los programas y servicios según 

lo previsto. La redistribución equitativa 

de fondos a los beneficiarios mitigará el 

impacto indeseable y inequetativo del 

método actual al proporcionar la financiación 

adecuada a todos los estados y territorios 

para garantizar que los programas y servicios 

estén adecuadamente financiados y brinden 

beneficios similares a todos los ciudadanos 

estadounidenses.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 13
14 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Glosario de acrónimo

AABD Ayuda a los Ancianos, Ciegos y Discapacitados

AAPD Asociación Americana de Personas con Discapacidad

ABD Programa ABD para Ancianos, Ciegos y Discapacitados

ABLE Ley para Lograr una Mejor Experiencia de Vida

ACA Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act)

ADSEF Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia

AIVR Rehabilitación Vocacional de Indios Americanos

AJC American Job Centers (Centros de empleo estadounidenses)

AMA Autoridad Metropolitana de Autobuses

AMSI Alianza Municipal de Servicios Integrados

ASORE Asociación de Restaurantes de Puerto Rico

AT Assistive Technology (Tecnología Asistencia)

ATI Autoridad de Transporte Integrado

ATM Maritime Transport (Transporte maritime)

BRFSS Behavioral Risk Factor Surveillance System (Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo 

del Comportamiento)

CCPA Sociedad de CPA de Puerto Rico

CDBG Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario

CDBG DR Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario Recuperación de Desastres

CDC Centros de Control y Prevención de Enfermedades

CEDD Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo

CIL Centro para la Vida Independiente

CPD Planificación y Desarrollo Comunitario

CMS Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

CUD Centro Unido de Detallistas

DDA Agencias de Discapacidades del Desarrollo

DLRH Departamento de Trabajo y Servicios Humanos

DME Equipo Médico Duradero

DOH Departamento de Vivienda

DOL Departamento de Trabajo

DOT Departamento de Transporte

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 15
DPI Servicio de Protección y Defensa de Puerto Rico, Defensoría de las Personas Con 

Discapacidades (PCP)

DTOP Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico

ED Departamento de Educación de los EE. UU.

ELIL Límite de Ingresos Extremadamente Bajos

EN Red de Empleo

ESSA Ley de Exito de Todos los Estudiantes

ESSER Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias

FCO Coordinación Federal

FHWA Administración Federal de Carreteras

FMAP Porcentaje Federal de Asistencia Equivalente

FNS Servicio de Alimentación y Nutrición

FPL Nivel Federal de Pobreza

FTA Administración Federal de Tránsito

GAO Oficina de Contabilidad del Gobierno

GEER Fondo de Ayuda Educativa de Emergencia del Gobernador

HHS Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

HUD Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU

IDD Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo

IDEA Ley de Educación para Personas con Discapacidades (PCP)

IEP Plan Educativo Individualizado

LEA Agencias de Educación Locales

LIL Límite de Ingresos Bajos

LIS Programa de Subsidio por Bajos Ingresos

MA Ventaja de Medicare

MAP-21 Plan América en Movimiento-21

MAVI Movimiento para el Alcancer de Vida Independiente

META-PR Examen de Medición y Evaluación para la Transformación Educativa

MIDA Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos

N-CATT Centro Nacional de Tecnología de Tránsito Aplicada

NCHS Centro Nacional de Estadísticas de Salud

NHIS Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud

NHTS Encuesta Nacional de Viajes de Hogares

NSCH Estudio Nacional de Salud Infantil

OSEP Oficina de Programas de Educación Especial

PAN Programa de Asistencia Nutricional

PCBI Corporación Pública para Ciegos

PDL Lista de Medicamentos Preferidos

16 Consejo Nacional sobre Discapacidad
PHA Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico

PRATP Programa de Tecnología Auxiliar de Puerto Rico

PRDCRN Red de Alivio Comunitario para Personas con Discapacidades de Puerto Rico

PRDE Departamento de Educación de Puerto Rico

PRHTA Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico

PROMESA Junta Federal de Supervisión y Administración

PRP Programa de Reparación Provisional

PR-PHA Administración de Vivienda Pública en Puerto Rico

PR UCEDD Centro Universitario de Puerto Rico para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo

PWD Personas con Discapacidades

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

RESTART Programa de Ayuda Inmediata para Reiniciar el Funcionamiento Escolar

RFP Solicitud de Propuesta

RSA Administración del Servicio de Rehabilitación

RSVFP Programa de instalaciones de venta de Randolph Sheppard

SAEE Secretaría Auxiliar Educación Especial

SDOH Los Determinantes Sociales de la Salud

SE Programa de Empleo con Apoyo

SLTT Tribus y territorios estatales y locales

SNAP Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria

SPP Plan Estratégico SPP o Plan Estatal de Desempeño

SSDI Seguro de Incapacidad del Seguro Social

SSI Seguridad de Ingreso Suplementario

STIP Programa de mejorar del transporte estatal

SVRA Administración Estatal de Rehabilitación Vocacional

TPFA Tercer Agente fiduciario

TTW Boleto para Trabajar, Red de empleo

TU Tren Urbano

USDA Departamento de Agricultura de los EE. UU.

USVI Islas Vírgenes de los EE. UU

VR Rehabilitación Vocacional

VRA Administración de Rehabilitación Vocacional

VLIL Límite de Ingresos Muy Bajos

WHO Organización Mundial de la Salud

WIB Juntas de Inversión en la Fuerza Laboral

WIOA Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral

WIPA Programa de Planificación y Asistencia de Incentivos Laborales

WOTC Crédito Fiscal por Oportunidad de Trabajo

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 17
Dada la alta prevalencia de pobreza y 

discapacidades en Puerto Rico, los fondos 

desiguales para los programas esenciales 

de la red de seguridad no permiten que 

Puerto Rico brinde a sus residentes con 

discapacidades los servicios y apoyos que 

tanto necesitan

18 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Introducción

Breve historia de Puerto Rico

El 10 de diciembre del 1898, Puerto Rico se 

convirtió en territorio estadounidense bajo el 

“Tratado de París”. La Ley Jones-Shafroth del 

1917 (Ley Jones de 1917) otorgó la ciudadanía 

estadounidense a las personas nacidas en 

la isla y estableció el marco para el gobierno 

puertorriqueño. La Ley Jones del 1917 también 

creó la Declaración de Derechos de Puerto Rico 

y estableció la oficina del 

Comisionado Residente 

en el Congreso por 

períodos de cuatro años. 

Este cargo permite la 

participación en la Cámara 

de Representantes en el 

Congreso, sin derecho 

a voto. Puerto Rico se 

convirtió oficialmente en 

un Estado Libre Asociado 

de los Estados Unidos en 

el 1952, lo que permitió a 

la isla crear su propia constitución.2

La economía de Puerto Rico se ve afectada 

por las diversas regulaciones y políticas federales 

destinadas a impulsar el crecimiento económico 

de los Estados Unidos. Los resultados de 

estas políticas y reglamentos no siempre han 

beneficiado a los residentes de Puerto Rico. Por 

ejemplo, el Código de Rentas Internos (IRC), 

La Sección 931, promulgada en la década de 

1920, otorgó exenciones libres de impuestos 

a las corporaciones estadounidenses para sus 

operaciones en el extranjero hasta que repatriaran 

sus ganancias a los Estados Unidos. En el 

1976, la Sección 931 del IRC fue derogada y 

reemplazada por la Sección 936 del IRC, diseñada 

para incentivar a las subsidiarias de corporaciones 

estadounidenses a establecerse en la Isla y 

repatriar sus ganancias a 

sus empresas matrices 

sin pagar impuestos 

federales. Esto resultó en 

un auge en la economía 

de Puerto Rico. El artículo 

936 fue derogado en 

agosto del 1996, se 

otorgó a las empresas un 

período de gracia de 10 

años para las empresas 

que permanecieron en la 

isla.3,4 Las repercusiones 

de la derogación de la Sección 936 del IRC aún 

son visibles en la isla. Una vez que se eliminaron 

estos créditos fiscales, el crecimiento económico 

de Puerto Rico se desaceleró y su deuda nacional 

aumentó rápidamente. En el 2015, el gobernador 

de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció 

que el Estado Libre Asociado ya no podía hacer 

frente a su grande deuda, una deuda de casi 

La economía de Puerto Rico 

se ve afectada por las diversas 

regulaciones y políticas federales 

destinadas a impulsar el 

crecimiento económico de los 

Estados Unidos. Los resultados

de estas políticas y reglamentos 

no siempre han beneficiado a los 

residentes de Puerto Rico

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 19
$70 mil millones.5

 La Ley Pública 114-187, la Ley 

de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica 

de Puerto Rico (PROMESA), fue aprobada por 

el Congreso el 30 de junio del 2016. PROMESA 

creó una estructura para ejercer la supervisión 

federal sobre los asuntos fiscales de Puerto 

Rico, y potencialmente de Guam, Estados 

Unidos. Samoa, la Mancomunidad de las Islas 

Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los 

EE. UU. (USVI).6 La ley estableció una Junta de 

Supervisión que tiene un amplio control financiero 

sobre Puerto Rico, creó procedimientos para 

ajustar las deudas acumuladas por el gobierno 

puertorriqueño y sus instrumentalidades, y para 

las deudas de otros 

territorios y aceleró 

las aprobaciones de 

proyectos energíticos 

cruciales y otros 

“proyectos críticos” 

en Puerto Rico.7

En septiembre del 

2017, los problemas 

económicos de Puerto 

Rico se agravaron cuando 

el huracán María tocó 

tierra en la isla y destruyó su infraestructura. 

Después de María, unos 3.4 millones de 

ciudadanos estadounidenses se encontraron 

en una crisis humanitaria, enfrentando una 

infraestructura destruida, cortes de energía 

durando más de seis meses, escasez de agua, 

alimentos, combustible y un futuro incierto.8

Y luego, en enero del 2020, Puerto Rico sufrió 

un terremoto de magnitud 6.4 y réplicas 

continuas en la parte suroeste de la isla, que 

destruyó hogares y negocios, lo que que 

destruyó hogares y negocios, lo que debilitó 

aún más una economía ya de por sí grave y creó 

un impacto significativo en la salud y el bienestar 

de los residentes de Puerto Rico. Posteriormente, 

en marzo del 2020, Puerto Rico, al igual que el 

resto del mundo, fue golpeado por la pandemia 

de COVID-19. La pandemia trajo restricciones 

comerciales y ejerció una mayor presión sobre los 

sistemas médicos y de salud. El gobierno tomó 

precauciones tempranas al cerrar todo excepto 

los servicios esenciales. Estas restricciones, 

aunque necesarias, cargaron a la isla con más 

cargas económicas, dejando a miles de personas 

desempleadas, lo que resultó en un aumento de 

las tasas de pobreza, lo que amplió aún más la 

brecha de servicios accesibles para las personas 

con discapacidades.

Como resultado 

de estas condiciones 

y amenazas, la isla 

ha experimentado un 

éxodo de residentes 

puertorriqueños hacia 

los Estados Unidos. 

En el 2011y el 2012, 

aproximadamente 55,000 

puertorriqueños por año 

emigraron de Puerto 

Rico a los Estados Unidos. En el 2018, el 64 por 

ciento de los puertorriqueños vivía dentro de los 

Estados Unidos y el 36 por ciento residía en la 

isla. Aunque los puertorriqueños han emigrado a 

los Estados Unidos durante varias generaciones, 

el número de salidas del 2000 hasta el 2010 

(300,000) es la mayor ola de migración desde 

la década del 1950, cuando casi medio millón 

de personas emigraron a los Estados Unidos 

(continental) durante la década.

Los puertorriqueños representan el nueve por 

ciento de la población latinoamericana en los 

Estados Unidos y el 1.5 por ciento de la población 

En el 2011y el 2012, 

aproximadamente 55,000 

puertorriqueños por año emigraron 

de Puerto Rico a los Estados 

Unidos. En el 2018, el 64 por ciento

de los puertorriqueños vivía dentro 

de los Estados Unidos y el 36 por 

ciento residía en la isla

20 Consejo Nacional sobre Discapacidad
total de Norteamérica. Aunque el Censo de los 

Estados Unidos del 2010 sitúa la cantidad de 

puertorriqueños que viven en los Estados Unidos 

en alrededor de 4.6 millones, las estimaciones 

del 2012 muestran que la población creció a un 

estimado de 5.6 millones en el 2017, casi el doble 

de la cantidad que reside 

en la isla.9 La migración 

se ha convertido 

en un componente 

intrínseco de la cultura 

puertorriqueña. Como 

el resultado de esta 

migración, ha habido 

un éxodo sustancial 

de profesionales que 

han salido de la isla en 

busca de oportunidades 

laborales y mejores 

condiciones financieras, 

deprimiendo aún 

más la actividad económica al dejar menos 

contribuyentes, colocando así a la isla en una 

situación financiera precaria. Hay una escasez en 

la oferta de médicos, educadores y profesionales 

que forman el grupo de expertos de la isla, lo que 

exacerba aún más la disponibilidad de servicios 

para las personas con discapacidades.

Datos demográficos de Puerto Rico

En el 2019, la población de Puerto Rico era 

3,193,694. Aproximadamente 687,000 personas, 

lo que representa el 

21.7 por ciento de los 

residentes de Puerto 

Rico, tienen alguna 

discapacidad.10 En el 

2018, el 22.2 por ciento 

de las mujeres de todas 

las edades y el 21.0 por 

ciento de los hombres 

de todas las edades en 

Puerto Rico reportaron 

tener una discapacidad.11

En el 16 de 

septiembre del 2020, 

el CDC publicó los 

datos del perfil de discapacidad y salud de los 

EE. UU. para Puerto Rico (adultos mayores de 

18 años). La siguiente tabla ilustra las diferentes 

discapacidades y la prevalencia entre los EE. 

UU. (continentales) y Puerto Rico.12 Los datos 

Como resultado de esta 

migración, ha habido un éxodo 

sustancial de profesionales ..

deprimiendo aún más la actividad 

económica al dejar menos 

contribuyentes ... Hay escasez 

la oferta de médicos, educadores y 

profesionales que forman el cerebro 

de la isla, exacerbando aún más 

la disponibilidad de servicios para 

las personas con discapacidades

Tabla I.1: Tipos de Discapacidades: Estados Unidos (cocntinental) vs. Puerto Rico

Tipo De Discapacidad

(Adultos mayores de 18 años)

Estados 

Unidos

Puerto 

Rico

Movilidad: Grave dificultad para caminar o subir escaleras. 12.9% 21

Cognición: dificultad grave para concentrarse, recordar o tomar 

decisiones

11.4% 15.

Vida independiente: Dificultad para hacer recados solo/a, como visitar 

el consultorio de un médico o ir de compras

7.0% 12.

Audición: Sordera o dificultad grave para oír 5.6% 7.

Visión: Ciego o dificultad grave para ver, incluso con anteojos. 4.7% 16

Cuidado personal: Dificultad para vestirse o bañarse. 3.8% 7

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 21
demuestran claramente que los residentes 

de Puerto Rico tienen un mayor porcentaje y 

prevalencia de todo tipo de discapacidades que 

los que viven en el continente.

Lograr educación y empleo para personas con 

discapacidades en Puerto Rico es sombrío. Las 

personas con discapacidades en Puerto Rico con 

un diploma de escuela secundaria o equivalente 

es el 29.8 por ciento, el 26.5 por ciento tienen 

algún título universitario o asociado y solo el 

18.2 por ciento tienen una licenciatura o superior.13

Los puertorriqueños con discapacidades 

tienen una tasa de empleo del 23.5 por ciento 

en comparación con el 58.5 por ciento de 

los que no tienen 

discapacidades.14,15 En 

el 2018, el porcentaje 

de personas con 

discapacidades en edad 

de trabajar en Puerto 

Rico que estaban 

desempleadas pero 

que buscaban trabajo 

activamente fue del 

7.5 por ciento, mientras 

que las personas sin 

discapacidades fueron del 22.6 por ciento.16 En 

los Estados Unidos, la tasa de desempleo de 

las personas con discapacidades fue un 12.6 

% en el 2020, en comparación con el 7.9 % de 

desempleo de las personas sin discapacidades.17

La tasa de desempleo de la población general en 

Puerto Rico para diciembre del 2020 fue un 9.2 

por ciento.18 Mississippi es el estado más pobre 

de los EE. UU. con un nivel de pobreza del 19.6 

por ciento19 Mientras que que la tasa de pobreza 

de Puerto Rico es un asombroso 43.5 por ciento,20

convirtiendo a la isla en el estado o territorio más 

empobrecido de los Estados Unidos. El nivel de 

pobreza de las PCD en Puerto Rico en el 2018 

fue unl 48 por ciento, en comparación con el 38 

por ciento de las personas sin discapacidades.21,22

“Aproximadamente el 44.1 por ciento de la 

población vive en la pobreza, con más de 36 de 

los 78 municipios con más del 50 por ciento de 

su población viviendo en la pobreza.”23

Retos de las Personas con 

Discapacidades en Puerto Rico

Las 687,000 personas con discapacidades que 

viven en Puerto Rico enfrentan desafíos adicionales 

que sus contrapartes con discapacidades que 

viven en los estados probablemente no enfrentan. 

Las condiciones sociales 

en las que viven los 

residentes de Puerto Rico 

con discapacidades les 

dificultan o imposibilitan el 

logro de su autonomía e 

independencia económica. 

El apoyo educativo 

para las personas con 

discapacidades en la isla 

se ve desafiado debido a 

la falta de fondos y capital 

humano, el estado fiscal de Puerto Rico, el impacto 

de los desastres naturales y la pandemia. Todos 

estos factores interfieren con la educación pública 

y gratuita que es indispensable para todos los 

estudiantes, pero especialmente para las personas 

con discapacidades.

Las necesidades esenciales como la atención 

médica, el acceso a equipos médicos duraderos 

(DME) asequibles, las oportunidades de empleo, 

el transporte y la vivienda accesibles son escasas 

o no están disponibles en absoluto. Los residentes 

puertorriqueños con discapacidades son elegibles 

para los programas federales. Sin embargo, la 

Dada la alta prevalencia de pobreza 

y discapacidades en Puerto Rico, el 

financiamiento inigualitario de los 

programas esenciales para la red 

de seguridad no permite que Puerto 

Rico le brinde a sus residentes 

con discapacidades los servicios 

y apoyos que tanto necesitan

22 Consejo Nacional sobre Discapacidad
financiación de muchos de los programas de 

red de seguridad del gobierno para las personas 

con discapacidades está muy por debajo de 

los proporcionados en los estados. Dada la alta 

prevalencia de pobreza y discapacidades en Puerto 

Rico, los fondos desiguales para los programas 

esenciales de redes de seguridad no permiten 

que Puerto Rico les brinde a sus residentes con 

discapacidades los servicios y apoyos que tanto 

necesitan.

Personas con discapacidades que residen en 

Puerto Rico experimentan trato esencialmente 

diferente en beneficios federales. El Congreso 

generalmente determina si Puerto Rico es 

elegible para los programas federales caso por 

caso y define el tratamiento desigual en la ley.24

Por ejemplo, algunos fondos asignados para 

los programas federales en Puerto Rico están 

sujetos a restricciones de elegibilidad, que no 

son impuestos a personas con discapacidades en 

los estados o en ciertos otros territorios.25 Este 

informe identifica los factores que contribuyen 

a la disparidad de los programas federales para 

residentes de Puerto Rico con discapacidades y 

su impacto.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 23
24 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 1: Metodología y Recopilación de Datos

Resumen

La metodología y la recopilación de datos identificaron el trato desigual de los residentes 

puertorriqueños con discapacidades en ciertos programas federales y examinaron las 

condiciones de vida de los residentes puertorriqueños con discapacidades.

Metodología y diseño de 

investigación

El diseño de investigación consistió en un 

estudio cualitativo mediante análisis documental 

y entrevistas en profundidad. La revisión de la 

literatura identificó los cinco estados con el mayor 

porcentaje de población puertorriqueña para 

comparar los beneficios federales disponibles para 

los puertorriqueños que viven en el continente 

versus los que viven en la Isla. Se utilizó una 

técnica comparativa para analizar información 

relevante y datos estadísticos de programas en 

los Estados Unidos que impactan los servicios a 

las personas con discapacidades. La información 

se identificó con base en los resultados de las 

preguntas que se usaron en las entrevistas con 

informantes de clave y validadas por encuestas 

del Centro Nacional de Estadísticas de Salud 

(NCHS), la Encuesta Nacional de Entrevistas de 

Salud (NHIS), el Estudio Nacional de Salud Infantil 

(NSCH), la Encuesta de Panel de Gastos Médicos, 

la Encuesta de Población Actual, ACS-Puerto 

Rico, el Sistema de Vigilancia de Factores de 

Riesgo del Comportamiento de los CDC (BRFSS) 

y el Censo de los EE. UU. Se realizó un análisis 

documental sobre la política pública actual con 

respecto a Puerto Rico, los Estados Unidos y los 

territorios estadounidenses (Datos Estadísticos 

Sociodemográficos y de la Encuesta Nacional, 

Pólizas de Seguro Social, Medicaid, Cobertura 

de Salud, Vivienda, Asistencia Alimentaria, 

Transporte, Vida Independiente). El estudio 

cualitativo examinó si existe un trato desigual a 

los residentes de Puerto Rico en los programas 

federales, el impacto del tratamiento desigual 

de Puerto Rico bajo la Ley Jones, y cómo la 

aplicación de los programas federales de salud, 

educación y sociales puede afectar los servicios 

proporcionados a personas con discapacidades 

y sus familias que residen en Puerto Rico.

Limitaciones del estudio

Los datos son cruciales en todas las etapas de 

la investigación y la prestación de servicios. 

Al momento de este informe, no existe ningún 

estudio que recopile información sobre las PCD 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 25
en Puerto Rico. Hay conjuntos de datos limitados 

que incluyen los resultados de salud en Puerto 

Rico. Hay una falta de datos comparables, 

coordinados y concretos para Puerto Rico y los 

territorios que hicieron que las comparaciones 

de beneficios federales entre el continente 

y los territorios que fueron engorroso. Sin 

embargo, existe suficiente evidencia legal, 

anecdótica y empírica para respaldar nuestras 

recomendaciones.

26 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 2: Ley Jones / Impuestos sobre 

inventarios / Otros impuestos

Impacto de los impuestos sobre DME

La Ley Jones, el impuesto sobre inventarios de Puerto Rico y la estructura fiscal de Puerto 

Rico aumentan los precios y la disponibilidad de equipos médicos duraderos cruciales 

para los residentes de Puerto Rico con discapacidades. La Ley Jones, que limita el tipo 

de embarcaciones que pueden transportar mercancías estadounidenses a la isla, resulta 

y genera un aumento a los precios. El impuesto al inventario de Puerto Rico penaliza 

a las empresas por retener inventario y la estructura de impuestos federales en la isla 

impide que los puertorriqueños con discapacidades reciban ciertos beneficios federales. 

El NCD recomienda que el Congreso derogue la disposición dentro de la Ley Jones 

que restringe el comercio costero en embarcaciones con bandera de los EE. UU., 

para equipo médico duradero cubierto por la Parte B de Medicare (como sillas de 

ruedas manuales, sillas de ruedas eléctricas y componentes y repuestos, escúters 

y componentes y repuestos, equipos de elevación y transferencia de pacientes, 

ventiladores de pacientes, oxígeno portátil, espuma, gelatinas, colchones de muelles 

internos y de aire, dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias/ 

aérea (CPAP), sillas de ducha y sillas con inodoro, y pompas de succión).

Además, El NCD recomienda a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico eximir el 

impuesto de inventario sobre DME.

L

a Ley de la Marina Mercante del 1920, 

comúnmente conocida como la “Ley 

Jones”, es una ley federal originalmente 

destinada para mejorar la seguridad nacional al 

tener una marina mercante fuerte que facilitaría 

el comercio marítimo, estaría disponible en 

tiempos de guerra o emergencias nacionales 

y apoyaría astilleros industriales.26 Esta ley 

estaba destinada a regular el transporte de 

mercancías por agua entre los puertos de 

los Estados Unidos. La Ley Jones requiere 

que:27 las embarcaciones se construyan en los 

Estados Unidos, las embarcaciones deben estar 

registradas en los Estados Unidos y tener una 

bandera de los EE. UU., la propiedad y el control 

estadounidenses de las embarcaciones deben 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 27
ser de al menos de 75 por ciento, y la tripulación 

del barco debe ser ciudadanos estadounidenses.

La Ley Jones en Puerto Rico

La Ley Jones se aplicó originalmente a todos los 

territorios de los Estados Unidos.28 Sin embargo, 

las Islas Vírgenes 

Estadounidenses, 

Samoa Americana y 

las Islas Marianas del 

Norte, todos territorios 

estadounidenses, 

quedaron exentos de la 

Ley Jones en 1922. Para 

comparar, los costos de 

envío a las Islas Vírgenes 

Estadounidenses, a 

solo 179 millas de 

Puerto Rico, son 

aproximadamente la 

mitad de los costos de 

envío a Puerto Rico.29

Los requisitos prescriptivos de la Ley 

Jones son perjudiciales para los residentes 

puertorriqueños,30

especialmente los 

residentes puertorriqueños 

con discapacidades que 

tienen más probabilidades 

de vivir en la pobreza. 

El monopolio que 

tienen estos barcos 

estadounidenses sobre 

las rutas de navegación 

en el caribe les permite cobrar tarifas más altas 

por el envío.31 Los costos anuales de transporte 

de mercancías a Puerto Rico son $568.9 millones 

más altos debido a la Ley Jones.32 El costo de la 

Ley Jones para Puerto Rico solo en alimentos y 

bebidas es de aproximadamente $367 millones 

por año,33 impactando así a la fuerza laboral en 

13,250 empleos menos, con $337.3 millones 

perdidos en salarios. En última instancia, la Ley 

Jones impone una carga de $375 al año a un 

residente puertorriqueño individual.34 Estas 

circunstancias exacerban 

las condiciones de vida 

en la Isla, donde el costo 

de vida es 13 por ciento 

más alto que 325 áreas 

geográficas en Los 

Estados Unidos, con un 

ingreso per cápita anual 

de $12,914,35 que es 

menos que el estado 

más pobre de la nación 

(Mississippi).36 El 

suministro de alimentos 

de Puerto Rico depende 

de las importaciones que 

están sujetas a la Ley Jones, lo que resulta en 

precios de alimentos más altos en la isla.37

Las PCD afirmaron que el equipo médico 

duradero (DME) era 

más caro en la isla. 

Para verificar estas 

afirmaciones, el NCD 

realizó su propia 

búsqueda de precios de 

DME que las personas 

con discapacidades 

compran con mayor 

frecuencia. Comparamos 

precios en Puerto Rico, en los estados y los 

demás territorios de los EE. UU. En Puerto Rico, 

encontramos solo 23 proveedores de DME, una 

cantidad decepcionante de proveedores para 

satisfacer las necesidades de aproximadamente 

[L]as Islas Vírgenes 

Estadounidenses, Samoa Americana 

y las Islas Marianas del Norte, 

todos territorios estadounidenses, 

quedaron exentos de la Ley 

Jones en el 1922. Para comparar,

los costos de envío a las Islas 

Vírgenes Estadounidenses, a solo 

179 millas de Puerto Rico, son 

aproximadamente la mitad de los 

de gastos de envío a Puerto Rico

[E]l costo de vida [en Puerto Rico] es 

13 por ciento más alto que en 325 

áreas geográficas de los Estados 

Unidos, con un ingreso por cápita 

anual de $18,000, que es menos que 

el estado más pobre de la nación 

(Mississippi)

28 Consejo Nacional sobre Discapacidad
el 21 por ciento de la población de personas 

con discapacidades en la isla. La mayoría de los 

proveedores de DME están ubicados en la área 

metropolitana, dejando a los municipios rurales 

sin suficientes proveedores para satisfacer la 

necesidad de las PCD que viven fuera de la 

área metropolitana. Los otros territorios de los 

EE. UU., las Islas Vírgenes Estadounidenses, 

Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas 

del Norte solo tienen un total de 12 proveedores 

de DME, mientras que solo en Florida había 

193 proveedores de 

DME, 10 veces la 

cantidad disponible en 

Puerto Rico.

Al realizar el 

análisis de costos de 

DME, se obtuvieron 

cotizaciones de precios 

de proveedores de equipo médico en Puerto Rico 

versus proveedores en los estados. Al analizar los 

DME básicos, como sillas de ruedas manuales, 

andadores, bastones, barras de apoyo, inodoros, 

y sillas de baño, no encontramos una diferencia 

de costo significativa entre Puerto Rico y los 

estados. Sin embargo, al comparar los costos 

de equipos más especializados como sillas de 

evacuación, máquinas CPAP, elevadores de baño, 

elevadores de sillas de ruedas y sillas de ruedas 

motorizadas, el aumento en el diferencial de 

costos de bienes en Puerto Rico fue significativo 

(Tabla 2.1). Al comparar el equipo, se cotizó el 

mismo equipo para garantizar que las variaciones 

de precio no se debieran a diferencias en las 

especificaciones del producto.

El NCD descubrió que el costo del DME 

especializado era entre un 11 y un 58 por ciento 

más alto en Puerto Rico que en el continente, 

lo que muestra una posible correlación de 

que la Ley Jones aumenta el precio de los 

bienes. Curiosamente, 

el NCD encontró una 

lista de precios de 

DME de un artículo 

considerablemente 

más bajo que lo 

de los estados. 

Específicamente, un 

escúter Permobil F5, una silla de ruedas eléctrica 

de complejidad. El precio de lista para el Permobil 

en Puerto Rico era $15,000 menos que la misma 

silla de ruedas en los estados. Después de una 

revisión adicional, el NCD descubrió que las sillas 

de ruedas eléctricas cuestan más debido al envío 

y los impuestos en Puerto Rico. Sin embargo, los 

distribuidores de DME entrevistados afirmaron 

que redujeron drásticamente el precio del 

Permobil y otras sillas de ruedas eléctricas de 

El NCD encontró que el costo de 

DME especializado era de 11 a 

58 por ciento más alto en Puerto 

Rico en comparación con el 

continente 

Tabla 2.1: Comparaciones de precios de equipos médicos duraderos especializados

Puerto Rico Estados Unidos

Porcentaje 

de diferencia 

de costo

Silla de Evacuación de Emergencia $2,441.07 $1,495.00 3

Máquina CPAP $645.00 $399.00 3

Ascensor de baño $895.00 $371.99 5

Ascensor eléctrico para sillas de ruedas $3,475.00 $3,099.00 1

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 29
complejidad para que sean más accesibles y 

asequibles para las personas con discapacidades 

en la isla.

El costo de una silla de ruedas eléctrica 

de complejidad para los residentes de las 

Islas Vírgenes Estadounidenses no estuvo 

disponible. Un distribuidor de DME en las Islas 

Vírgenes Estadounidenses, entrevistado para 

este informe, afirmó que normalmente no se 

dispone los equipos altamente especializados. 

Así, las PCD que residen en USVI con seguro de 

salud privado solicitan a través de distribuidores 

de Florida, mientras que los veteranos con 

discapacidades que 

residen en USVI obtienen 

su DME directamente 

de la Administración de 

Veteranos (VA) fuera de 

Puerto Rico.

La disparidad de 

los precios para DME 

más complejos y 

especializados se debe 

a los costos de envío 

y copagos de seguros 

entre Puerto Rico y 

los estados. Esos factores alimentan el círculo 

vicioso de la incapacidad de los residentes 

puertorriqueños con discapacidades para lograr 

la igualdad en la educación, el empleo y lograr la 

independencia.

El DME, que incluye, entre otros, las piezas 

de la silla de ruedas, está sujeto al impuesto de 

inventario de la isla. Al observar la disponibilidad 

de servicios de reparación y repuestos para sillas 

de ruedas eléctricas en Puerto Rico, la mayoría 

de los proveedores entrevistados indicaron que 

normalmente tienen un inventario de llantas 

para sillas de ruedas, baterías, apoyabrazos, etc. 

Sin embargo, las piezas especializadas, como 

la palanca de mando, por ejemplo, necesitan 

ser ordenado por el fabricante y puede tardar 

entre una a dos semanas en llegar a Puerto Rico, 

dejando a una persona con discapacidad que 

depende de su silla, inmóvil y vulnerable hasta 

que llegue la pieza. El NCD descubrió que el 

impuesto estatal al inventario del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico tiene un impacto directo 

en la cantidad de inventario que un distribuidor de 

DME está dispuesto a almacenar.

Esta disparidad evidente en el costo de DME 

y la disponibilidad de piezas de repuesto se 

complica aún más cuando 

ocurren desastres, donde 

la escasez de bienes 

es común. El Congreso 

suele reaccionar en estos 

momentos renunciando a 

la Ley Jones para permitir 

un acceso más rápido 

a los bienes. La pausa 

de las restricciones de 

la Ley Jones durante 

los desastres naturales 

plantea la pregunta de si 

la Ley Jones cumple su propósito original. Una de 

las razones detrás de la promulgación de la Ley 

Jones fue la capacidad de responder rápidamente 

a las amenazas a la seguridad nacional.38 Los 

desastres naturales son una amenaza para la 

seguridad nacional. La Ley Jones se ha levantado 

temporalmente tres veces. Después del huracán 

Katrina en el 2006, el huracán Sandy en el 2012 

y el huracán María en el 2017.39 En todos estos 

casos, el desastre provocó un déficit de recursos 

(combustible, alimentos, agua, etc.), que los 

barcos estadounidenses no tenían capacidad 

para suplir. Si no hubiera existido la Ley Jones, 

La pausa de las restricciones de la 

Ley Jones durante los desastres 

naturales plantea la pregunta de si 

la Ley Jones cumple su propósito 

original. Una de las razones detrás

de la promulgación de la Ley Jones 

fue la capacidad de responder 

rápidamente a las amenazas a la 

seguridad nacional

30 Consejo Nacional sobre Discapacidad
la respuesta y el socorro en casos de desastre 

habrían sido más rápidos y eficientes.

La Ley de Alivio de Desastres del 2019, 

Ley Pública 116-20, proporcionó $600 millones 

adicionales en ayuda 

alimentaria y $300 

millones en ayuda para 

la construcción a Puerto 

Rico para ayudar en la 

recuperación después 

del huracán María. Sin 

embargo, debido a la 

Ley Jones y a los costos 

de envío adicionales, la 

ayuda total se redujo en 

200 y 100 millones, entre 

el 10 y el 20 por ciento 

del monto total de la 

ayuda.40 Esto afecta 

negativamente a una isla ya empobrecida donde 

el 50 por ciento de la población depende de la 

asistencia nutricional para la seguridad 

alimentaria.

La Ley Jones es una ley de 101 años que 

continúa elevando los costos y obstaculizando 

el crecimiento económico en Puerto Rico 

e impactando de manera dispareja a los 

puertorriqueños que viven en la isla. La 

Ley Jones tiene un impacto económico 

generalizado en el costo de los bienes en la isla 

y afecta especialmente 

la disponibilidad y el 

costo de equipo médico 

duradero (DME). Además, 

la disponibilidad de equipo 

médico duradero (DME) y piezas de repuesto 

en la isla debido a los impuestos de inventario 

locales y provoca una escasez de bienes en 

situaciones de emergencia y equipos más caros 

durante todo el año. El NCD recomienda que el 

Congreso derogue la disposición dentro de la 

Ley Jones que restringe el comercio costero 

en embarcaciones con bandera de los EE. UU., 

para equipo médico 

duradero cubierto por 

la Parte B de Medicare 

(como sillas de ruedas 

manuales, sillas de 

ruedas eléctricas 

y componentes y 

repuestos, escúters 

y componentes y 

repuestos, equipos de 

elevación y traslado de 

pacientes, ventiladores 

de pacientes, oxígeno 

portátil, espuma, 

gelatinas, colchones 

de muelles internos y de aire, dispositivos 

de presión positiva continua en las vías 

respiratorias/ aérea (CPAP), sillas de ducha y 

sillas con inodoro, y pompas de succión).

Impuesto sobre inventarios y otros 

impuestos pagados en Puerto Rico 

que afectan a las personas con 

impedimentos

Los puertorriqueños, al igual que los ciudadanos 

de los estados, pagan una variedad de impuestos 

que incluyen impuestos 

sobre la renta, 

impuestos sobre las 

ventas e impuestos 

sobre inventarios, 

entre otros. Puerto Rico ha establecido tasas 

de impuestos sobre la renta que son típicamente 

comparables con las repúblicas nacionales.41 Las 

tasas de impuesto sobre la renta de Puerto Rico 

La Ley de Alivio de Desastres 

del 2019, Ley Pública 116-20, 

proporcionó $600 millones 

adicionales en ayuda alimentaria 

y $300 millones en ayuda para la 

construcción en Puerto Rico para 

ayudar en la recuperación después 

del huracán María. Sin embargo,

debido a la Ley Jones y los costos 

de envío adicionales, la ayuda total 

se redujo en 200 y 100 millones

...El 50 por ciento de la poblaci

depende de la asistencia nutricional 

para la seguridad alimentaria

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 31
van desde el 7 por ciento para un ingreso anual 

que comienza en $9,001 hasta el 33 por ciento 

para individuos cuyo ingreso annual que excede 

$61,500 (más una cantidad fija adicional de 

$8,430).42 El impuesto 

sobre las ventas de 

Puerto Rico es del 10 por 

ciento, más un 1.5 por 

ciento adicional (que se 

distribuye a los gobiernos 

municipales) para un 

total de una tasa de 

impuesto del 11.5 por 

ciento. Esto contrasta con las tasas impositivas 

de 42 estados, que son de 4 al 6.9 por ciento.43

Además de estos impuestos, Puerto Rico 

tiene un requisito de impuesto de inventario 

sobre todos los productos comprados y 

mantenidos en un almacén o establecimiento 

comercial. El impuesto a los inventarios requiere 

que cualquier artículo que haya estado en 

inventario (materiales, suministros, muebles, 

enseres, maquinaria, 

equipo o efectivo), al 

partir del 1 de enero 

de cualquier año 

determinado, para 

fines de negocio o 

comerciales, deben 

pagar impuestos de 

propiedad sobre bienes 

en el municipio donde 

se encuentre este 

inventario.

Este impuesto afecta principalmente a las 

pequeñas y medianas empresas (Pequeñas y 

Medianas Empressas o PYMES por sus siglas 

en español), ya que es posible que no tengan 

el flujo de dinero en efectivo para incurrir el 

gasto adicional. Las empresas más grandes 

pueden tener acceso a fondos federales bajo 

las zonas designada de comercio exterior, 

acceso que no se extiende a las PYMES. Estos 

costos adicionales de 

operación eventualmente 

se agregan al precio 

de venta al público 

de un producto, y 

en consecuencia a 

los consumidores 

puertorriqueños. Este 

impuesto es un ingreso 

para cada uno de los 78 municipios de la Isla, y 

cada municipalidad tiene plena autonomía para 

decidir el porcentaje de impuesto de inventario 

a cobrar, por lo general entre 6.33 por ciento a 

10.33 por ciento.44

Estos impuestos de inventario municipal 

impactan la cadena de oferta y demanda. Los 

dueños de negocios comprarán menos mercancía 

para asegurarse de que no se mantenga un 

exceso de inventario. 

Las cantidades más 

pequeñas compradas 

representan costos 

más altos por artículo 

porque los precios son 

más baratos cuando se 

compran al por mayor. 

Cuando se suma a los 

costos adicionales de la 

Ley Jones, el resultado 

es que los productos 

en la isla suelen ser más caros que los mismos 

productos en los estados. La necesidad de 

disminuir los niveles de inventario para evitar 

impuestos provoca escasez cuando ocurren 

situaciones de emergencia, como fue el caso 

La necesidad de disminuir los 

niveles de inventario para evitar 

impuestos provoca escasez cuando 

ocurren situaciones de emergencia, 

como fue el caso después del 

huracán María

En el caso de los Estados Unidos 

versus José Luis Vaello-Madero, 

el tribunal del primer circuito 

declaró que los contribuyentes 

puertorriqueños aportaron 

más al erario federal que los 

contribuyentes en seis estados y las 

islas Marianas del Norte

32 Consejo Nacional sobre Discapacidad
después del huracán María. La isla enfrentó 

escasez de comestibles, medicamentos, 

suministros básicos de emergencia y equipo 

de asistencia, entre otros artículos. El NCD 

recomienda que Puerto Rico eximir el 

impuesto de inventario para la compra 

de DME para mejorar la disponibilidad de 

DME para las PCD.

Además de los impuestos estatales 

y locales impuestos por el Estado Libre 

Asociado, los puertorriqueños también pagan 

una serie de impuestos federales, aunque los 

residentes puertorriqueños no pagan impuestos 

federales sobre la renta generados de fuentes 

puertorriqueñas. Los residentes de Puerto Rico 

pagan impuestos federales sobre la nómina 

para financiar el Seguro Social y Medicare 

y los impuestos federales de desempleo. 

Los residentes puertorriqueños que trabajan 

para agencias federales también presentan 

declaraciones de impuestos federales sobre 

la renta. Las personas que reciben ingresos 

(dividendos, ganancias de capital) de inversiones 

estadounidenses también deben pagar impuestos 

federales. En el año fiscal del 2019, Puerto Rico 

pagó $3,528,739,000 en impuestos federales.45

En los Estados Unidos versus José Luis VaelloMadero, el Tribunal Primero de Circuito afirmó que 

los contribuyentes puertorriqueños aportaron más 

al erario federal que los contribuyentes en seis 

estados y las islas Marianas del Norte.46

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 33
34 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 3: Salud: Medicaid y Medicare

Disparidades en Medicaid y Medicare

Medicaid en Puerto Rico está financiado por una subvención en bloque que tiene un tope y 

varía por año según las asignaciones del Congreso, que proporciona una cantidad de dinero 

prescrita para financiar el programa, a diferencia del programa de Medicaid en los estados, 

que coincide con los gastos del estatales. Esta brecha de financiamiento ha contribuido 

a la crisis de la deuda de Puerto Rico. El NCD recomienda que el Congreso enmienda 

la Ley del Seguro Social para reemplazar el programa de subvenciones en bloque 

de Medicaid en Puerto Rico y otros territorios de los EE. UU. con un sistema federal 

equivalente sin límite, equivalente al programa de Medicaid que se proporciona a los 

residentes de los Estados Unidos. El equipo de investigación del NCD también encontró 

disparidad en el plan de Medicare de Puerto Rico. Más del 50 por ciento de los residentes 

puertorriqueños reciben sus beneficios de atención médica a través de Medicaid o Medicare. 

La ingualidad en desembolsos de estos beneficios del programa entre los estados y Puerto 

Rico contribuye a un estándar más bajo de atención, servicio y calidad de vida para los 

residentes puertorriqueños con discapacidades. El NCD recomienda que el Congreso 

enmienda la Ley del Seguro Social para exigir que los beneficios de Medicare para los 

residentes de Puerto Rico y otros territorios de los EE. UU. sean iguales a los beneficios 

proporcionados a los residentes que viven en los Estados Unidos.

Medicaid

Medicaid es administrado 

por el estado o territorio 

y proporciona cobertura 

de salud para algunas 

personas de bajos 

ingresos, familias con 

niños, mujeres embarazadas, ancianos y 

personas con discapacidades. En algunos 

estados, el programa 

cubre a todos los adultos 

de bajos ingresos por 

debajo de cierto nivel 

de ingresos. Medicaid 

brinda cobertura de 

seguro de salud a más 

personas que cualquier otro programa en los 

Estados Unidos. Proporciona cobertura para 

Más del 50 por ciento de los 

residentes puertorriqueños reciben 

sus beneficios de atención médica 

a través de Medicaid o Medicare

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 35
niños, adultos, personas mayores y personas con 

discapacidades de bajos ingresos.47 En marzo del 

2017, había 74 millones de inscritos en Medicaid y 

el Programa de seguro médico para niños (CHIP). 

Casi 36 millones estaban inscritos en CHIP o 

tenían niños inscritos en Medicaid, según el 

Centro de Servicios de Medicaid y CHIP.48

Medicaid es un 

salvavidas para las 

personas con 

discapacidades49

que tienen menos 

probabilidades de tener 

acceso a la cobertura de 

salud patrocinada por el 

empleador, tienen más 

probabilidades de tener 

bajos ingresos y es posible que no puedan cubrir 

sus costos de atención médica de forma 

independiente.50 Incluso con un seguro privado, 

es posible que las personas con discapacidades 

no puedan obtener la atención que necesitan, 

ya que los planes privados generalmente no 

cubren la gama de servicios disponibles a través 

de Medicaid.51 Las personas con discapacidades 

que reciben Medicaid 

tienen el mismo acceso 

a un médico que las 

personas con Medicare 

o un seguro privado.52

Medicaid brinda 

una gama completa 

de cobertura para las 

personas con discapacidades, incluidos servicios 

preventivos, atención primaria y especializada, 

medicamentos recetados, equipo médico y 

servicios y apoyos a largo plazo. “Alrededor del 

40 por ciento de los beneficiarios de Medicaid 

con discapacidades también están inscritos en 

Medicare, con Medicaid cubriendo muchos de 

los servicios que Medicare no cubre, incluidos 

los servicios y apoyos a largo plazo y, según 

el estado, los servicios dentales, de la vista, 

y servicios auditivos.”53 Este tipo de atención 

generalmente no está disponible a través de 

seguros privados y es demasiado costoso, la 

mayoría de las personas 

no puedan pagar de sus 

bolsillos.54,55

En los Estados 

Unidos y los territorios 

de los EE. UU.,56 26 por 

ciento57 de todos los 

adultos tienen algún 

tipo de discapacidad. 

Más de 10 millones de 

niños y adultos con discapacidades dependen de 

Medicaid.58,59 Las personas con discapacidades 

componen alrededor del 15 por ciento de todos 

los beneficiarios de Medicaid. Un representante 

de la agencia del Departamento de Salud de PR 

señaló que, en Puerto Rico, en mayo del 2021, 

aproximadamente 108,961 personas estában 

inscritas en Medicaid por alguna discapacidad. 

Esto representa el 

7.1 por ciento de todos 

los beneficiarios de 

Medicaid en la isla. 

Puerto Rico proporciona 

actualmente solo 10 de los 

17 beneficios obligatorios 

de Medicaid, citando 

fondos insuficientes y falta de infraestructura.60

Algunos de los beneficios obligatorios que no están 

cubiertos son los servicios de atención domiciliaria 

para quienes tienen derecho a los servicios de 

un centro de enfermería, el transporte que no 

es de emergencia para recibir atención médica, 

[E]n Puerto Rico, desde mayo del 

2021, aproximadamente 108,961 

personas están inscritas en 

Medicaid por alguna discapacidad

Esto representa el 7.1 por ciento de

todos los beneficiarios de Medicaid 

en la isla

Actualmente, Puerto Rico proporciona 

solo 10 de los 17 beneficios 

obligatorios de Medicaid, citando 

fondos insuficientes y falta de 

infraestructura

36 Consejo Nacional sobre Discapacidad
los servicios de enfermería familiar y servicios 

pediátricos certificados y los servicios de un centro 

de enfermería para personas mayores de 21 años. 

La Tabla 3.1 ilustra los 17 beneficios obligatorios y 

los que actualmente brinda el programa Medicaid 

en Puerto Rico.61

Guam es el único territorio que cubre los 

17 beneficios obligatorios de Medicaid, mientras 

que Samoa Americana, como Puerto Rico, 

cubre 10 de los 17. La razón por la que algunos 

territorios no brindan los 17 beneficios obligatorios 

es variado. Algunas de las razones incluyen 

financiación limitada, falta de infraestructura y, en 

algunos casos, su derecho a ejercer flexibilidad 

para excluir ciertos beneficios.63 En Samoa 

Americana, por ejemplo, los fondos federales de 

Medicaid y CHIP pagan para la atención del Centro 

Médico Tropical Lyndon B. Johnson. Este centro 

médico es el único proveedor de servicios de 

salud en el territorio que ofrece servicios a poco 

costo o ningún costo al bolsillo de la persona.64

Un informe del GAO en el 2015 encontró diferencias 

uniformes y profundas en la implementación del 

programa Medicaid en los cinco territorios, con una 

financiación per cápita de Medicaid por parte del 

gobierno federal de solo 1/10 de la de los estados.65

Una de las muchas disparidades dentro del 

programa de Medicaid dentro de los estados 

Tabla 3.1: Beneficios Obligatorios provistos por el Programa Medicaid 

en Puerto Rico62

Beneficio obligatorio de Medicaid Puerto Rico

Servicios de diagnóstico y tratamiento de detección temprana y periódica X

Servicios hospitalarios para pacientes internados X

Servicios de laboratorio y rayos X X

Servicios médicos o quirúrgicos por dentista X

Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios X

Servicios médicos X

Servicios de dejar de fumar para la mujer embarazada X

Servicios de planificación familiar X

Servicios de centros de salud calificados federalmente X

Servicios de salud en el hogar para quienes tienen derecho a los servicios 

de un centro de enfermería

No es cubierto

Transporte que no sea de emergencia para atención médica No es cubierto

Servicios de enfermería familiar y servicios pediátricos certificados No es cubierto

Servicios de enfermera partera No es cubierto

Servicios de centros de enfermería para personas mayores de 21 años No es cubierto

Servicios de clínicas de salud en locales rurales X

Servicios de emergencia para ciertos extranjeros legalizados y extranjeros 

indocumentados

No es cubierto

Servicios de centros de nacimiento independientes No es cubierto

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 37
versus los territorios de los EE. UU. es la 

subvención de demostración de Medicaid, 

Money Follows the Person (el dinero sigue ala 

persona). La subvención proporciona fondos 

a los estados para que las personas con 

discapacidades hagan la transición de los 

hogares de ancianos y regresen 

a la comunidad. Desde 

el 2005, más de 100,000 

personas se han mudado 

a la comunidad. Las 

subvenciones MFP 

no están disponibles 

para los ciudadanos 

estadounidenses que 

residen en Puerto Rico 

u otros territorios de 

los EE. UU. El NCD 

recomienda que el Congreso modifique la 

Ley de Protección del Déficit del 2005, 

Ley Pública 109-171 (2006) para extender 

el Financiamiento de la Subvención de 

Demostración Money 

Follows the Person a 

los beneficiarios de 

Medicaid que residen 

en los territorios de los 

EE. UU.

Treinta y nueve por 

ciento de todos los 

puertorriqueños que 

viven en la isla reciben 

seguro médico a través 

del programa Medicaid en comparación con el 

10 por ciento en los estados.66 Sin embargo, 

Puerto Rico recibe menos fondos federales que 

cualquier estado. Como resultado, Puerto Rico en 

promedio gasta significativamente menos en sus 

beneficiarios de Medicaid ($1,980 en Puerto Rico 

comparado con $6,060 en los Estados Unidos en 

el 2014).67

A diferencia de los fondos de Medicaid para 

los 50 estados y el Distrito de Columbia, los 

fondos federales para el programa de Medicaid 

de Puerto Rico son a través de una subvención 

en bloque en lugar de un costo compartido 

federal.68 Para cada 

estado, la cantidad de 

financiamiento está 

determinada por el 

ingreso per cápita del 

estado en relación con el 

ingreso per cápita de la 

nación. Este Porcentaje 

de Asistencia Médica 

Federal (FMAP) es la tasa 

de reembolso federal de 

Medicaid que tradicionalmente proporciona tasas 

más altas a los estados más pobres. Sin 

embargo, a los territorios de los EE. UU. se les 

asigna un FMAP permanente del 50 por ciento, 

que posteriormente se 

incrementó al 55 por 

ciento con la Ley de 

Protección al Paciente 

y Cuidado de Salud a 

Bajo Precio (ACA).

A diferencia de los 

50 estados y el Distrito 

de Columbia, donde el 

gobierno federal igualará 

todos los gastos de 

Medicaid a la tasa FMAP establecida para ese 

estado, en Puerto Rico, el FMAP se aplica hasta 

agotar los fondos máximos de Medicaid y los 

fondos ACA.69 Si la cobertura de Medicaid en 

Puerto Rico fuera la misma que en los estados, 

su tasa de FMAP sería del 87 por ciento. Es decir, 

Un informe del GAO del 2015 

encontró diferencias uniformes y 

profundas en la implementación 

del programa Medicaid en los cinco 

territorios, con una financiación por 

cápita de Medicaid por parte del 

gobierno federal de solo 1/10 a esos 

de los estados

Treinta y nueve por ciento de todos 

los puertorriqueños que viven en 

la Isla reciben seguro médico a 

través del programa Medicaid en 

comparación con el 10 por ciento 

en los estados. Sin embargo, Puerto

Rico recibe menos fondos federales 

que cualquier estado

38 Consejo Nacional sobre Discapacidad
el gobierno federal pagará el 87 por ciento de 

los gastos de Medicaid de Puerto Rico.70 En 

cambio, Puerto Rico generalmente agota todos 

sus fondos ACA antes del final de un año 

determinado, transfiriendo la carga a Puerto 

Rico para financiar los 

gastos restantes. La 

subvención en bloque 

de Puerto Rico para el 

año fiscal del 2019 fue de 

$367 millones, mientras 

que los gastos totales 

de Medicaid de Puerto 

Rico se proyectaron en 

casi $2.8 mil millones. 

La subvención en bloque 

solo proporcionó fondos 

suficientes para cubrir 

el 13 por ciento de los 

gastos proyectados, 

dejando el 87 por ciento 

de los gastos proyectados no cubiertos por la 

subvención en bloque.71 El financiamiento federal 

para el programa Medicaid de Puerto Rico 

aumentó a través de ACA. Sin embargo, a pesar 

de este aumento, la tasa 

de coincidencia del 

55 por ciento sigue 

siendo notablemente 

más baja que la que es 

recibida en los Estados 

Unidos.72 La disparidad 

en la que se financia 

Medicaid entre los estados y Puerto Rico es 

un detrimento del estado de salud de los 

puertorriqueños con discapacidades.

La desigualdad estructural de los fondos 

de Medicaid en Puerto Rico crea una enorme 

presión fiscal en el sistema de salud de la 

isla y limita severamente su capacidad para 

brindar la atención que tanto necesitan para 

su población más vulnerable. En el 2013, el 

NCD examinó la historia de los programas 

federales de subvenciones en bloque y resumió 

los hallazgos de los 

estudios que examinaron 

el impacto potencial 

de las propuestas de 

subvenciones en bloque 

actuales y pasados 

de Medicaid.73 En su 

informe A Medicaid 

Block Grant Program: 

Implications for People 

with Disabilities, el 

NCD descubrió que 

las personas con 

discapacidades con 

frecuencia carecen 

de seguro médico o 

cobertura para los servicios necesarios, como 

atención especializada, atención a largo plazo, 

coordinación de la atención, medicamentos 

recetados, DME y tecnologías de asistencia; 

también experimentan 

una mayor prevalencia 

de condiciones 

secundarias y utilizan 

los servicios preventivos 

a un ritmo menor que 

otros. Las personas con 

discapacidades se ven 

afectadas de manera desproporcionada por las 

barreras a la asistencia.74

Además, el NCD afirmó que convertir el 

programa actual de Medicaid de los EE. UU. 

en una subvención estatal en bloque daría como 

resultado una falta de recursos fiscales para 

La subvención en bloque de Puerto 

Rico para el año fiscal del 2019 fue 

de $367 millones, mientras que 

los gastos totales de Medicaid de 

Puerto Rico se proyectaron en casi 

$2.8 mil millones. La subvenció

en bloque solo proporcionó fondos 

suficientes para cubrir el 13 por 

ciento de los gastos proyectados, 

dejando el 87 por ciento de los 

gastos proyectados no cubiertos 

por la subvención en bloque

El financiamiento federal para el 

programa Medicaid de Puerto Rico 

es a través de una subvención 

en bloque en lugar de un costo 

compartido federal

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 39
reemplazar la asistencia federal perdida por parte 

de los estados y dividir los beneficios o recortar 

la elegibilidad. En lugar de que el gobierno federal 

se hiciera cargo de la mitad o las tres cuartas 

partes del costo de futuras recesiones, epidemias 

y la introducción de nuevos tratamientos 

farmacéuticos de alto costo, los estados se 

quedarían solos para hacer frente a las 

incertidumbres financieras causadas por la 

subvención en bloque. El informe del NCD indicó 

que el financiamiento de subvenciones en bloque 

colocaría a los estados y a los beneficiarios del 

programa en una posición financiera mucho más 

vulnerable, especialmente a las personas con 

discapacidades que correrían un riesgo especial.75

Las preocupaciones 

articuladas por el NCD 

en nuestro informe del 

2013 se hicieron realidad 

en Puerto Rico.

Existe una clara 

correlación entre el 

estado de salud de 

una persona con 

discapacidades y el financiamiento de Medicaid 

en Puerto Rico.76 Los estudios que evaluaron la 

expansión de Medicaid después de la Ley del 

Cuidado de Salud a Bajo Precio encontraron 

evidencia que respalda que la expansión 

de Medicaid tiene un efecto positivo en los 

resultados de salud, incluidos los resultados de 

salud para las personas con discapacidades.77

Además, las partes interesadas entrevistadas 

para este informe mencionaron que los umbrales 

de elegibilidad de Medicaid en Puerto Rico 

desalientan a las PCD a buscar empleo. Muchos 

residentes tienen dificultades para decidir si 

deben renunciar a su trabajo para calificar para 

el seguro de salud financiado por el estado, 

Plan Vital, o mantener su trabajo y recibir un 

plan privado de baja cobertura proporcionado 

por su empleador. Además, señalaron que los 

proveedores de Medicaid reciben un porcentaje 

de tarifa por servicio bajo, que representa el 60 

por ciento del promedio nacional en comparación 

con los demás estados. Estos problemas 

no son exclusivos del programa Medicaid 

de Puerto Rico, ya que los residentes de los 

Estados Unidos han expresado las mismas 

preocupaciones, pero junto con la pobreza 

y las tasas extremas de desempleo para las 

personas con discapacidades, coloca la salud y el 

bienestar de los residentes puertorriqueños con 

discapacidades en gran peligro.

Como predijo El 

NCD, la subvención en 

bloque para el programa 

Medicaid de Puerto 

Rico ha tomado sus 

peajes a las personas 

con discapacidades. 

El financiamiento de 

subvenciones en bloque 

de Medicaid de Puerto Rico ha llevado a un déficit 

expansivo de fondos de Medicaid y contribuye 

a la crisis fiscal y la deuda de Puerto Rico.78 El 

tratamiento desigual del programa Medicaid de 

Puerto Rico, en comparación con los estados, 

es la razón más importante y principal de los 

problemas que enfrenta el sistema de salud de 

Puerto Rico. Ha dejado a la isla en una posición 

financiera vulnerable; especialmente las personas 

con discapacidades que corren un riesgo especial 

y que ya enfrentaban disparidades en el acceso a 

la atención médica. El NCD recomienda que el 

Congreso enmienda la Ley del Seguro Social 

para reemplazar el programa de subvenciones 

en bloque de Medicaid en Puerto Rico y otros 

El financiamiento de subvenciones 

en bloque de Medicaid de Puerto 

Rico ha llevado a un déficit 

expansivo de financiamiento de 

Medicaid y contribuye a la crisis 

fiscal y de deuda de Puerto Rico

40 Consejo Nacional sobre Discapacidad
territorios de los EE. UU. con un sistema 

federal equivalente sin límite, equivalente al 

programa de Medicaid que se proporciona a 

los residentes de los Estados Unidos.

Medicare

Medicare es un programa de seguro de salud 

financiado por el gobierno federal para personas 

de 65 años o más y PCD que reciben Seguro de 

Incapacidad del Seguro Social (SSDI) o Seguridad 

de Ingreso Suplementario (SSI). Medicare brinda 

cobertura hospitalaria (Parte A) y seguro médico 

complementario (Parte B). El gobierno federal 

también tiene contratos con compañías de 

seguros de salud privadas para brindar beneficios 

complementarios de 

Medicare (Parte C o 

Medicare Advantage 

[MA]) y gastos de 

medicamentos 

recetados (Parte D) 

a los beneficiarios 

de Medicare. A los 

proveedores se les paga 

una cantidad mensual por persona para brindar 

todos los beneficios cubiertos por Medicare 

(excepto cuidados paliativos) a los beneficiarios 

que se inscriben en el plan MA.79 Todos deben 

inscribirse en la Parte A de Medicare una vez 

que comienzan a recibir los beneficios del 

Seguro Social. Sin embargo, las Partes B, C y 

D de Medicare son opcionales, por lo que un 

beneficiario puede optar por no participar si tiene 

otra cobertura de seguro.

Alrededor del 29.1 por ciento de los 

residentes puertorriqueños están cubiertos por 

Medicare,80 en comparación con solo el 15 por 

ciento de la población de los EE. UU.81 En el 

2014, el 16 por ciento de los puertorriqueños que 

recibieron seguro médico financiado con fondos 

públicos eran beneficiarios del Plan Medicare 

Advantage de Puerto Rico, el 6 por ciento eran 

beneficiarios de los programas tradicionales 

de Medicare,82 El 58 por ciento de la población 

general tenía algún tipo de seguro médico 

financiado con fondos públicos (Medicaid, 

Medicare o Veteranos), el 35 por ciento de la 

población general tenía algún tipo de seguro 

médico privado y un promedio del 7 por ciento 

no tenía seguro médico.83 Puerto Rico ocupó 

el último lugar entre todos los estados y el 

Distrito de Columbia en desempeño promedio 

en 22 indicadores de calidad de Medicare.84 Los 

indicadores de calidad miden o cuantifican los 

procesos de atención 

médica, los resultados, 

las percepciones de los 

pacientes y la estructura 

organizacional que 

están asociados con la 

capacidad de brindar 

atención médica de alta 

calidad.85 Los objetivos 

incluyen brindar atención eficaz, segura, eficiente, 

centrada en el paciente, equitativa y oportuna.86

En el año fiscal del 2019, el gobierno federal 

gastó casi $1.2 mil millones en atención médica.87

Medicare representó aproximadamente $644 

mil millones con Medicaid y el Programa de 

Seguro Médico para Niños (CHIP) representando 

$427 mil millones. El crecimiento de estas cifras 

se ve afectado en parte por el mayor costo 

de los gastos de atención médica asociados 

con las discapacidades que se derivan de la 

alta prevalencia de discapacidades entre una 

población adulta en constante crecimiento.

Las partes interesadas entrevistadas para este 

informe identificaron que la mayor disparidad 

Puerto Rico ocupó el último lugar 

entre todos los estados y el Distrito 

de Columbia en desempeño 

promedio en 22 indicadores de 

calidad de Medicare

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 41
entre los estados y Puerto Rico con respecto al 

programa Medicare es el límite del 75 por ciento 

de Medicare. El Sistema de Pago Prospectivo 

para Pacientes Internos (IPPS) excluyó a Puerto 

Rico inicialmente, que eran pagos de Medicare 

bajo un sistema de reembolso basado en costos 

para sistemas hospitalarios que operaban 

principalmente bajo la administración del 

gobierno local. Eventualmente, los hospitales 

de Puerto Rico fueron incluidos por el Congreso 

en el IPPS, pero en un porcentaje menor. La 

fórmula nacional basada en costos se aplicó solo 

al 25 por ciento del pago, mientras que en los 

estados se aplica al 100 por ciento. Para el resto, 

el Congreso promulgó un IPPS especial basado 

en Puerto Rico, que perpetuó los bajos niveles 

de precios locales dentro del sistema de pago 

de Medicare.88

La mayoría (71 por ciento) de los beneficiarios 

de Medicare residentes en Puerto Rico reciben 

servicios a través de un plan Medicare Advantage 

(MA), en comparación con el 34 por ciento en los 

estados.89 CMS es responsable de establecer la 

tasa de reembolso por los servicios proporcionados 

bajo el plan MA. A partir del 2018, CMS estableció 

que el reembolso era un 43 % inferior al promedio 

nacional y un 26 % inferior al de sus vecinos en 

las Islas Vírgenes de los EE. UU.90 Esta tasa de 

reembolso ha exacerbado la ya desmoronada 

infraestructura de atención médica en Puerto Rico 

y ha acelerado el éxodo masivo de profesionales 

de la salud al continente en busca de tasas de 

reembolso más altas. Más de 1,000 profesionales 

de la salud han migrado al continente en los 

últimos cinco años.91 Esto ha dejado a todos los 

puertorriqueños, pero especialmente a los 

42 Consejo Nacional sobre Discapacidad
puertorriqueños con discapacidades, con 

opciones y acceso limitados a los servicios 

de salud especializados que tanto necesitan.

Otra disparidad dentro del programa de 

Medicare es la gran diferencia entre el porcentaje 

de copago para equipos médicos duraderos. 

En los estados, el copago de Medicare para 

DME es del 20 por ciento. 

Mientras que, en 

Puerto Rico el copago 

de Medicare es del 

50 por ciento. Por lo 

tanto, para un beneficiario 

de Medicare que reside 

en los estados, el costo a 

la persona por DME es el 20 por ciento del 

precio de lista del equipo. Mientras que un 

beneficiario residente en Puerto Rico está 

obligado a pagar el 50 por ciento por el costo 

del equipo.

Los beneficiarios de Medicare en la isla ya 

están agobiados indebidamente por los precios 

de lista más altos para DME debido al costo 

de envío. Cuando se tiene en cuenta el monto 

del copago por DME, 

hace que el DME 

que tanto necesitan 

sea inalcanzable para 

muchas personas con 

discapacidades. Por 

ejemplo, en los estados 

el precio de lista de 

un Permobil F5 (una silla de ruedas eléctrica 

compleja) es de $60,000. Los beneficiarios de 

Medicare están sujetos a un copago del 20 

por ciento, que sería de $12,000. En Puerto 

Rico, el precio de lista de un Permobil F5 es de 

$45,000. El costo real de un Permobil F5 para 

los distribuidores de DME puertorriqueños es 

más alto que en los estados, por lo que los 

distribuidores de DME reducen drásticamente 

el precio para hacer que la silla de ruedas 

eléctrica sea más accesible y asequible para 

los puertorriqueños con discapacidades. Los 

beneficiarios de Medicare están sujetos a 

un copago del 50 por ciento, que sería de 

$22,500. El copago 

para que un beneficiario 

puertorriqueño adquiera 

una silla de ruedas 

eléctrica es mayor que el 

ingreso per cápita anual 

promedio de Puerto Rico 

($12,914 en el 2019).92

Una persona con discapacidad que necesite una 

silla de ruedas eléctrica no debería tener que 

elegir entre comida y alquiler o independencia y 

movilidad. El gasto a la persona requerido para el 

DME bajo el programa Advantage Medicare en 

Puerto Rico excluye, por diseño, el acceso de los 

residentes puertorriqueños con discapacidades al 

DME que ellos necesitan desesperadamente.

El proceso de inscripción para Medicare 

también se ejecuta de 

manera desigual. Los 

residentes de Puerto 

Rico deben inscribirse 

en la Parte A y la Parte 

B de Medicare y se 

les otorga una ventana 

de inscripción abierta 

limitada para hacerlo. Si un beneficiario opta por 

no participar o pierde la ventana de inscripción 

abierta y desea optar por participar en cualquier 

momento, se le impone una multa. Esa 

misma sanción también se aplica a quienes se 

encuentran en el continente, pero los residentes 

de los EE. UU. se inscriben automáticamente 

El copago para que un beneficiario 

puertorriqueño adquiera una silla 

de ruedas eléctrica es mayor que el 

ingreso por cápita anual promedio 

de Puerto Rico ($12,914 en el 2019)

Una persona con discapacidades 

que necesite una silla eléctrica 

compleja no debería tener que 

elegir entre comida y alquiler o 

independencia y movilidad

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 43
en ambos y deben optar por no participar en el 

programa. La multa es del 10 por ciento de la 

prima mensual, y la multa se calcula durante la 

vigencia de la póliza. El NCD recomienda que el 

Congreso enmienda la Ley del Seguro Social 

para eliminar la disposición de penalización 

por inscripción tardía impuesta a los 

beneficiarios de Medicare en Puerto Rico y el 

territorio de los EE. UU. Como alternativa, el 

NCD recomienda que el Congreso apruebe la 

HR 4666 (2019) para enmendar el título XVIII 

de la Ley del Seguro Social para proporcionar 

a ciertos residentes territoriales de bajos 

ingresos elegibilidad automática para primas 

y subsidios de costos compartidos bajo el 

programa Medicare, y para otros fines.

Hay cuatro tipos de programas de ahorros 

médicos: el programa de Beneficiario Calificado 

de Medicare, el programa de Beneficiario 

Específico de Medicare de Bajos Ingresos, el 

programa de Individuo Calificado y el programa 

de Individuos Calificados Discapacitados 

y Trabajadores. La Ley de Reconciliación 

Ómnibus del 1986 requería que los estados 

pagaran las primas de la Parte B de Medicare 

para los beneficiarios hasta el 100 por ciento 

del nivel federal de pobreza (FPL). El FPL 

también se conoce como la línea de pobreza 

y se define como la cantidad de ingresos 

anualizados obtenidos por un hogar, por 

debajo del cual serían elegibles para recibir 

ciertos beneficios de asistencia social o para 

cubrir los beneficios de la Parte B a través de 

otros medios. Posteriormente, en el 1990, el 

requisito se extendió a los beneficiarios hasta 

el 120 por ciento del FPL. Los residentes 

44 Consejo Nacional sobre Discapacidad
puertorriqueños no son elegibles para ninguno 

de estos programas.93

Otro programa para ayudar a los beneficiarios 

de bajos ingresos es el programa de Subsidio por 

Bajos Ingresos (LIS). La asistencia de primas y 

costos compartidos está disponible para los 

afiliados de la Parte D con bajos ingresos, y los 

beneficiarios de Medicare en los estados y el 

Distrito de Columbia son elegibles para este 

programa.94 Los beneficiarios de Medicare que 

residen en territorios no son elegibles.

El NCD encontró numerosos ejemplos de 

puertorriqueños que enfrentan disparidades en 

el acceso a la atención médica en comparación 

con los que viven en los Estados Unidos. Dos 

de los grupos de 

partes interesadas 

que participaron en 

este informe fueron 

las personas con 

discapacidades y los 

padres de niños con 

discapacidades. Se 

mudaron de los estados 

a Puerto Rico y declararon que tenían una gama 

más amplia de beneficios y un mayor acceso a 

los servicios de salud necesarios cuando vivían 

en los Estados Unidos y que los beneficios 

y servicios promovían la vida independiente 

y el acceso a una gama más amplia de 

servicios. Las partes interesadas reconocieron 

un mayor acceso a medicamentos de venta 

libre y suministros de higiene en los Estados 

Unidos en comparación con Puerto Rico, 

donde el acceso no estaba disponible. También 

reconocieron que muchos de los productos 

que estaban cubiertos por Medicare en los 

estados no estaban cubiertos en Puerto Rico, 

lo que resultó en gastos para la persona más 

altos para suministros. Las partes interesadas 

también afirmaron que, incluso con Medicare, 

el precio de la atención médica es caro. Algunas 

personas con discapacidades en Puerto Rico 

que son propietarios de viviendas han tenido 

que colocar segundas hipotecas sobre sus 

hogares para obtener la atención médica que 

tanto necesitan.

La accesibilidad física a los consultorios 

médicos y al equipo médico apropiado sigue 

siendo un desafío en Puerto Rico, así como en 

los estados, como se discutió en el informe del 

2021 del NCD, Enforceable Accessible Medical 

Equipment Standards: A Necessary Means to 

Address the Health Care Needs of People with 

Mobility Disabilities

(Normas aplicables 

sobre equipos médicos 

accesibles: Un medio 

necesario para abordar las 

necesidades de atención 

médica de las personas 

con discapacidades de 

movilidad). Además, 

algunas partes interesadas informaron que el 

sistema de salud de Puerto Rico carecía de 

información y orientación adecuadas sobre cómo 

navegar mejor por el sistema para adquirir servicios 

para sus hijos y servicios de transición en la isla. 

Algunas partes interesadas explicaron que los 

servicios en los estados a menudo se ofrecen 

en “centros integrales” donde las personas con 

discapacidades obtienen todos los servicios 

necesarios en un solo lugar y que los pacientes 

tienen mayor flexibilidad y opciones al elegir sus 

proveedores de servicios médicos. Un entrevistado 

afirmó que la disparidad en los servicios de salud 

entre Puerto Rico y los estados te hace sentir 

como un “ciudadano de segunda clase”.

[M]uchos de los productos que 

estaban cubiertos por Medicare en 

los estados no estaban cubiertos en 

Puerto Rico, lo que resultó en gastos 

al bolsillo de la persona más altos 

para suministros

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 45
Las personas con discapacidades en Puerto 

Rico tienen un mayor riesgo de desarrollar 

condiciones de salud secundarias, afecciones 

comórbidas y relacionadas con la edad que la 

población en general,95

y es por eso por lo 

que el acceso a una 

atención médica integral 

e inclusiva es una 

necesidad. Sin embargo, 

cuando los residentes 

puertorriqueños con 

discapacidades intentan 

acceder a los servicios de salud que tanto 

necesitan, enfrentan barreras.

La pérdida de pagos federales al programa 

MA de Puerto Rico; las limitaciones de los 

fondos de Medicaid y la consiguiente escasez 

de proveedores de atención médica que 

se han ido de la isla; y los puertorriqueños 

ya empobrecidos con pocas opciones de 

tratamiento enfatizan la necesidad urgente de 

una reforma de salud en 

la isla que beneficiaría 

tanto a los proveedores 

como a los pacientes.96

Por estas razones, el 

NCD recomienda que 

el Congreso enmienda 

la Ley del Seguro 

Social para asignar 

beneficios de Medicare para los residentes 

de Puerto Rico y otros territorios de los EE. 

UU. iguales a los beneficios proporcionados 

a los residentes que viven en los Estados 

Unidos.

Un entrevistado afirmó que la 

disparidad en los servicios de 

atención médica entre Puerto 

Rico y los Estados Unidos lo hace 

sentir como un “ciudadano de 

segunda clase”

46 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 4: Beneficios y programas de asistencia 

de ingresos Seguridad de Ingreso Suplementario | 

Seguro de Incapacidad del Seguro Social | Programa 

de Asistencia Nutricional Suplementaria | Programa 

de Asistencia Nutricional

Disparidades en la asistencia de ingresos y beneficios

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) está disponible para los residentes de los 

EE. UU. y el territorio de las Islas Marianas del Norte. SSI no está disponible para personas 

con discapacidades en Puerto Rico y los demás territorios de los EE. UU. Los residentes 

puertorriqueños elegibles con discapacidades reciben beneficios a través del Programa para 

Ancianos, Ciegos y Discapacitados (AABD). Este programa de derecho no es igual a SSI. 

Los beneficios mensuales bajo AABD son solo $75 en comparación con más de $750 para 

un beneficiario de SSI. Esta es una disparidad notable que afecta severamente la capacidad 

de los residentes puertorriqueños con discapacidades para manejar sus necesidades más 

básicas. El NCD recomienda que el Congreso enmienda el Título XVI de la Ley del 

Seguro Social para exigir que se brinden beneficios de SSI a todos los ciudadanos 

estadounidenses elegibles, para incluir a los residentes de Puerto Rico y los territorios 

de los Estados Unidos.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) federal de los Estados 

Unidos tampoco está disponible para los residentes puertorriqueños. En cambio, el programa 

de asistencia alimentaria de Puerto Rico es un programa de subvenciones en bloque con 

fondos limitados y, a diferencia de SNAP, no se ajusta al costo de vida ni a situaciones 

extremas causadas por desastres. El NCD recomienda que el Congreso enmeinda la 

Ley de cupones para alimentos para incluir a Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte 

y Samoa Americana en el programa SNAP, como se ha hecho con Guam y las Islas 

Vírgenes Estadounidenses.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 47
A nivel mundial, se estima que el 36 por 

ciento de las personas que son muy 

pobres han escapado de la pobreza 

como resultado de las redes de seguridad.97

Esta estadística por sí sola demuestra el impacto 

crítico y significativo que brindan las redes de 

seguridad para mejorar los estándares de vida. 

Una red de seguridad no es solo un beneficio 

monetario, aunque los recursos financieros son 

fundamentales. Una red de seguridad es una 

red interconectada de servicios y beneficios que 

juntos llevan a quienes viven en la pobreza a una 

mejor calidad de vida. La red de seguridad social 

de los EE. UU. se compone de varios programas 

diferentes que brindan 

varios tipos de ayuda 

diseñados para proteger 

a las personas con un 

nivel socioeconómico 

bajo de la pobreza y las 

dificultades. Cuando hay 

altos niveles de pobreza, 

el objetivo pasa a ser 

asegurar un nivel mínimo 

de vida.98 En Puerto Rico, 

con su alto nivel de pobreza y porcentaje de 

residentes con discapacidades, un nivel mínimo 

de vida parece esquivo.99 Javier Balmaceda, 

analista principal de políticas sobre Puerto 

Rico para el Centro de Prioridad Presupuestaria 

y Política reflexiona: “En ninguna parte la 

necesidad es mas mayor que en Puerto Rico, 

que a diferencia de otras partes del país entró en 

la pandemia después de más de una década de 

declive económico prácticamente ininterrumpido 

junto con devastadores desastres naturales.”100

Beneficios de asistencia de ingresos en 

Puerto Rico, los Estados Unidos y los territorios 

de los EE. UU.

Seguro de Ingreso Suplementario 

(SSI)

SSI es un programa federal, administrado 

por la Administración del Seguro Social, que 

proporciona pagos mensuales en efectivo a los 

ancianos, ciegos y personas con discapacidad 

que carecen de los medios económicos para 

mantenerse y que les ayuda a satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda y 

ropa. Es quizás el programa de red de seguridad 

más importante de los Estados Unidos, un 

programa de último recurso y una parte de la red 

de seguridad que protege a los ciudadanos de la 

pobreza extrema.

SSI, creado por el 

Congreso en el 1972, 

se puso a disposición 

de los ciudadanos 

estadounidenses 

elegibles que residen 

en los 50 estados y el 

Distrito de Columbia. SSI 

no se puso a disposición 

de los ciudadanos 

estadounidenses que 

residen en Puerto Rico u otros territorios de los 

EE. UU. Bajo SSI, el gobierno federal establece 

los estándares de elegibilidad, determina los 

montos de los beneficios federales y paga 

la suma total de esos beneficios y gastos 

administrativos.101 En el 1976, el Congreso 

extendió SSI a las Islas Marianas del Norte 

como parte de un compromiso asumido por los 

Estados Unidos con la isla cuando se estableció 

como estado libre asociado. Hasta la fecha, las 

Islas Marianas del Norte son el único territorio de 

EE. UU. que recibe SSI. Puerto Rico, al igual que 

los demás territorios, con excepción de las Islas 

“En ninguna parte la necesidad 

es más mayor que en Puerto Rico, 

que a diferencia de otras partes 

del país entró en la pandemia 

después de más de una década de 

declive económico prácticamente 

ininterrumpido junto con 

devastadores desastres naturales”

48 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Marianas, otorga asistencia federal a las personas 

necesitadas, ancianas, ciegas y discapacitadas a 

través de la AABD.

AABD enfatiza un mayor control local con 

menos fondos federales. Como tal, Puerto Rico 

establece sumas de beneficios de ingreso, 

fijadas por la Sección 1108 de la Ley del 

Seguro Social y no se ajustan por inflación. La 

financiación de AABD no ha aumentado desde 

la promulgación de la Ley de Reconciliación 

de Responsabilidad Personal y Oportunidades 

Laborales de 1996 (P. L. 104-193).102 El 

gobierno federal paga las dos terceras partes 

de los beneficios establecidos por el gobierno 

de Puerto Rico y la 

mitad de los costos 

administrativos, y el 

programa está sujeto 

a un tope estatutario 

de gastos totales. 

El límite de ingresos, el ingreso máximo 

permitido para calificar para los beneficios] 

y los montos de los beneficios para AABD 

son dramáticamente más bajos que SSI.103

Para ser elegible para AABD, el ingreso 

contable de una persona debe ser inferior 

a $64 por mes,104 mientras que el límite de 

ingresos para SSI es de $794.105 Un residente 

puertorriqueño con una discapacidad recibe 

solo $75 al mes a través de AABD en 

comparación con un máximo mensual de $841 

en beneficios de SSI.106 Los puertorriqueños 

que residen en los estados reciben un 

beneficio anual de aproximadamente $9,500 

bajo SSI en comparación con las personas 

con discapacidades que residen en la isla 

que reciben solo $900 por año bajo AABD 

(ver Tabla 4.1).

El nivel de pobreza en Puerto Rico es 

mayor que el del estado más pobre del 

continente. La ausencia de beneficios de SSI 

exacerba el porcentaje de puertorriqueños 

con discapacidades que viven en la pobreza y 

elimina la capacidad 

de las personas 

con discapacidades 

para cuidarse 

económicamente. Una 

explicación dada para la 

disparidad es que los beneficios de SSI se pagan 

con los ingresos generados por los impuestos 

federales sobre la renta y aquellos en Puerto 

Rico u otros territorios generalmente no pagan 

impuestos federales sobre la renta.109 Una carta 

apoyando la extensión del SSI a Puerto Rico y los 

territorios, por parte de un grupo de miembros 

del Congreso que presentó la Ley de Igualdad de 

Ingresos de Seguro Suplementario en enero del 

El nivel de pobreza en Puerto Rico 

es mayor que el del estado más 

pobre del continente

Tabla 4.1: Comparación de SSI/AABD de los beneficios de SSI/AABD de los 

puertorriqueños que viven en los estados versus Puerto Rico

Puertorriqueños viviendo 

en los estados

Residentes puertorriqueños 

viviendo en la isla

Hogares en Total 1,873,440 1,192,654107

SSI/AABD Hogares 215,445 37,000108

Ingreso medio anual $9040 $900

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 49
2012 (presentada más recientemente como H.R. 

537 en el Congreso 117), reflejaba lo siguiente:110

Podría cuestionarse si se justifica extender 

SSI a Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes 

de los EE. UU. y Samoa Estadounidense 

dado que SSI está financiado por los 

ingresos generales federales y los 

residentes de los territorios no están 

obligados a pagar impuestos federales 

sobre la renta sobre 

sus ingresos locales. 

Pero no creemos 

que este argumento 

resista el escrutinio 

por al menos dos 

razones. Primero, 

como se señaló, los 

residentes elegibles de 

un territorio ya reciben 

SSI. En segundo 

lugar, más del 45% 

de todos los hogares 

en los 50 estados no 

ganan lo suficiente 

para pagar los 

impuestos federales. 

Y prácticamente no 

hay posibilidad de que 

un beneficiario de SSI 

en los estados pague impuestos federales 

sobre la renta, ya que los beneficiarios de 

SSI generalmente no pueden tener activos 

que superen los $2,000 ($3,000 en el caso 

de parejas de beneficiarios). Por lo tanto, 

excluir cuatro territorios del SSI porque 

sus residentes no están obligados a pagar 

impuestos federales sobre sus ingresos 

locales es claramente injusto.111

Además, enfatizaron que desde el 1973, “los 

delegados de los territorios han presentado al 

menos 35 proyectos de ley que extenderían 

SSI a sus electores”, pero ningún comité de la 

Cámara o el Senado ha realizado una audiencia 

para examinar el tema.112

En el 2019, Puerto Rico pagó más de $3.5 mil 

millones al Tesoro Federal.113 Los residentes de 

Puerto Rico pagan el seguro social y son elegibles 

para los beneficios del Seguro Social al jubilarse, 

pero están excluidos 

del programa SSI. Los 

puertorriqueños en 

la isla también pagan 

otros impuestos, como 

impuestos sobre la 

nómina, negocios, 

donaciones y sucesiones. 

Quienes sean empleados 

del gobierno federal 

deben presentar 

una declaración de 

contribución federal sobre 

ingresos, al igual que 

cualquier residente que 

gane dinero fuera del 

territorio. Pew Research 

Center encontró que 

en los Estados Unidos, 

los contribuyentes que 

ganan menos de $30,000 pagaron solo “1.4 por 

ciento de todos los impuestos federales sobre 

la renta, y dos tercios de los casi 66 millones de 

declaraciones presentadas por personas en este 

nivel de ingresos más bajo no debían ningún 

impuesto”114 Para comparar, el ingreso familiar 

anual en Puerto Rico es de $20,539 con un ingreso 

per cápita de $12,914, lo que indica que incluso si 

los residentes puertorriqueños tuvieran que pagar 

[M]ás del 45% de todos los hogares 

en los 50 estados no ganan lo 

suficiente para pagar ningún 

impuesto federal. Y prácticamente

no hay posibilidad de que un 

beneficiario de SSI en los estados 

pague impuestos federales sobre 

la renta, ya que los beneficiarios 

de SSI generalmente no pueden 

tener activos que excedan los 

$2,000 ... Por lo tanto, para exclu

cuatro territorios de SSI porque sus 

residentes no están obligados a 

pagar impuestos federales sobre su 

ingreso local es claramente injusto

50 Consejo Nacional sobre Discapacidad
impuestos federales sobre la renta, la mayoría de 

ellos estarían exentos.115

En un informe del 2014, la Oficina de 

Responsabilidad Gubernamental (GAO, por 

sus siglas en inglés) 

indicó que, si Puerto 

Rico participara en 

el programa SSI, los 

beneficiarios serían 

elegibles para recibir 

entre $1,500 mil millones 

y $1,800 mil millones 

cada año, según los 

datos del año fiscal 

2011.116 Esto contrasta 

con los $23.7 millones 

para el año fiscal del 

2017 de la AABD de 

Puerto Rico en costos 

federales por pago de 

beneficios y $1.3 millones por gastos 

administrativos.117

El centro para una nueva economía realizó 

una revisión del impacto que tendría en Puerto 

Rico la elegibilidad de SSI para los residentes 

puertorriqueños y estimó la población elegible 

para los beneficios de SSI en Puerto Rico 

con base en la encuesta sobre la comunidad 

estadounidense del 2018, como se refleja en la 

Tabla 4.2.118

Cada territorio paga impuestos federales. En 

el 2019, USVI pagó impuestos federales por un 

monto de $ 179 millones, mientras que Guam 

pagó $ 169 millones, las Islas Marianas del Norte 

pagaron $ 58.8 millones y Samoa Americana 

pagó $ 22.7 millones en impuestos al gobierno 

federal. Entre el 1990 y el 2009, Puerto Rico 

pagó $73.7 mil millones al gobierno federal de 

los EE. UU. en impuestos, más que otros seis 

estados: Wyoming ($51.3 mil millones), Vermont 

($54.7 mil millones), Dakota del Sur ($64.7 mil 

millones), Alaska ($63.2 mil millones), Dakota del 

Norte ($53.9 mil millones) y Montana ($60.8 mil 

millones).120

Ampliar la elegibilidad 

de SSI a todos los 

territorios proporcionaría 

una red de seguridad 

muy necesaria y 

elevaría los ingresos 

de las personas con 

discapacidades a un 

nivel que les brindaría 

la oportunidad de 

poder pagar algunas 

de las necesidades 

básicas requeridas 

como personas con 

discapacidades. 

[GAO] indicó que si Puerto Rico 

participara en el programa SSI, 

los beneficiarios serían elegibles 

para recibir entre $1.5 mil millones

y $1.8 mil millones cada año,

utilizando datos del año fiscal 

del 2011. Esto contrasta con los

$23.7 millones para el año fiscal

2017 de la AABD de Puerto Rico 

en costos federales por pago de 

beneficios y $1.3 millones por

gastos administrativos

Tabla 4.2: Poblaciones elegibles para 

beneficios de SSI119

Población por edad, discapacidad 

y estado de pobreza

(Ingresos en los últimos 12 meses 

por debajo del nivel de pobreza)

Puerto 

Rico

Menores de 5 años, con 

discapacidades

1,173

5 a 17 años, con discapacidades 25,235

18 to 34 años, con discapacidades 31,029

35-64 años, con discapacidades 128,868

65 to 74 años, con discapacidades 49,967

65 a 74 años, sin discapacidades 79,812

75 años y más, con discapacidades 77,770

75 años y más, sin discapacidades 42,032

TOTAL 435,886

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 51
Aproximadamente 24,000 residentes de Guam 

y 11,587 residentes de Samoa Americana con 

discapacidades serían elegibles para SSI.121 Los 

datos del censo de los EE. UU. del 2010 para 

las Islas Vírgenes Estadounidenses revelan que 

más de 10,000 residentes son personas con 

discapacidades; se podría inferir que un alto 

porcentaje de estos se beneficiaría del programa. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

los datos de las personas con discapacidades en 

los territorios son extremadamente limitados y no 

se informan dentro de la recopilación y el informe 

de datos estadísticos de los EE. UU. Múltiples 

agencias federales producen informes que 

recopilan datos e informan sobre los resultados 

y el acceso a una atención médica de calidad. 

La agencia para la investigación y la calidad de 

la atención médica ha producido el Informe 

Nacional Anual de Calidad y Disparidades en la 

Atención Médica, ordenado por el Congreso, para 

brindar una descripción completa de la calidad 

de la atención médica que recibe la población 

general de los EE. UU. y las disparidades en la 

atención que experimentan los diferentes grupos 

raciales y socioeconómicos. Los datos de los 

territorios de los EE. UU. nunca se han incluido 

en el informe. El NCD recomienda que todas 

las agencias federales y estatales, así como 

las universidades públicas y privadas, incluyan 

datos sobre las personas con discapacidades 

que viven en Puerto Rico y otros territorios 

en la recopilación de datos para mejorar 

la rendición de cuentas, de modo que se 

proporcionen los recursos apropiados para 

garantizar la equidad en los programas que 

permiten a las personas con discapacidades 

la oportunidad de lograr la independencia 

económica. (Por ejemplo, iniciativas de 

recopilación de datos recopilados por la 

Oficina del Censo, la Encuesta Nacional 

de Entrevistas de Salud y el Estado de los 

Estados)

Una parte interesada entrevistada para 

este informe afirmó: “Necesitamos SSI, 

necesitamos asistencia suplementaria para las 

PCD jóvenes, necesitamos que el Plan de Salud 

Vital incluya alternativas para esta población, 

con profesionales que tengan conocimiento del 

proceso para ayudar a esta población a nivel de 

salud.”

Las consecuencias de negar SSI a ciudadanos 

estadounidenses con discapacidades que 

residen en Puerto Rico han sido y siguen siendo 

catastróficas. Las personas con discapacidades 

ya experimentan índices de pobreza más altos 

que sus pares sin discapacidades, y cuando 

uno agrega beneficios de ingresos más bajos, 

los coloca en un ciclo de pobreza extrema del 

que probablemente nunca escaparán. Esta 

disparidad impacta negativamente a la economía 

puertorriqueña, ya que limita los fondos para 

estimular el desarrollo económico y la actividad 

financiera. Además, las implicaciones para los 

ciudadanos estadounidenses que reciben SSI 

en el continente y se mudan a Puerto Rico 

son punitivas, ya que sus beneficios de SSI 

se cancelan una vez que la PCD cambia de 

residencia.

Desafiando el trato desigual: Estados 

Unidos v. Vaello-Madero Corte Suprema 

de los EE. UU.

Hasta ahora, el informe del NCD ha 

argumentado las razones de la política 

para abordar el tratamiento desigual de las 

personas con discapacidades en Puerto Rico 

en la elegibilidad del programa federal y la 

recepción de beneficios; sin embargo, también 

52 Consejo Nacional sobre Discapacidad
existen argumentos legales convincentes para 

estos cambios. El tratamiento disparejo en el 

programa SSI en particular fue impugnado en 

la corte federal de distrito de Puerto Rico en el 

2018 en el caso Los Estados Unidos v. VaelloMadero, 313 F.Supp. 3d 370 (RPD 2018),122

como una violación de las garantías de igualdad 

de protección de la Quinta Enmienda de la 

Constitución. En la decisión de febrero del 2020 

emitido por el juez federal del distrito Gustavo 

Gelpi, declaró que la política del gobierno 

federal de negar los beneficios de SSI a los 

ciudadanos estadounidenses en los territorios 

“crea inadmisiblemente un grupo de ciudadanos 

de segunda clase y viola el componente de 

protección equitativa de la Quinta Enmienda.”123

Esta conclusión fue 

confirmada por la Corte 

de Apelaciones de los 

EE. UU. en Boston 

en abril del 2020, Los 

Estados Unidos v. 

Vaello-Madero, 956 F. 3d 

12, 125 A.F.T.R.2d 2020-

1686 (1st Cir. 2020), cert. concedido, 2021 WL 

769690, 2021 Daily Journal D.A.R. 1895 (EE. UU. 

1 de marzo de 2021) (juez Juan Torruella, juez 

O. Rogeriee Thompson y juez principal Jeffrey 

Howard), donde el tribunal afirma:

La exclusión categórica del SSI de los 

residentes de Puerto Rico que de otro modo 

serían elegibles no está racionalmente 

relacionada con un interés legítimo del 

gobierno. Además del registro establecido 

por las partes, hemos considerado incluso 

razones teóricas concebibles para el trato 

diferencial concedido por el gobierno. Al no 

haber encontrado un conjunto de hechos, ni 

el apelante haber alegado ninguna teoría 

adicional, que establezca una base racional 

para la exclusión de los residentes de 

Puerto Rico de la cobertura de SSI, se 

declara inválida dicha exclusión de los 

residentes de Puerto Rico.124

El Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. 

establece que la Quinta Enmienda no permite que 

los Estados Unidos nieguen arbitrariamente los 

beneficios de SSI a las personas que califican para el 

beneficio pero que se consideran no elegibles para 

el beneficio debido a su residencia.125 El gobierno de 

los EE. UU. presentó dos razones para la exclusión 

de los residentes de Puerto Rico: el estatus fiscal 

único de Puerto Rico y el costo de expandir el 

programa a los residentes 

de la isla. En su respuesta, 

el tribunal afirmó:

Los residentes de 

Puerto Rico no solo 

hacen contribuciones 

sustanciales al tesoro 

federal, sino que, de hecho han hecho 

consistentemente en montos más altos 

que los contribuyentes en al menos seis 

estados, así como el territorio de las Islas 

Marianas del Norte.126

La Corte Suprema de los EE. UU. escuchó 

los argumentos orales en noviembre del 2021. 

La pregunta ante la corte es si el congreso 

infringió la sección de Igualdad de Protección 

de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta 

Enmienda al negar los beneficios de SSI a los 

residentes puertorriqueños.127 Al momento de 

la publicación de este informe, la corte no había 

emitido su decisión.

“La exclusión categórica de los 

residentes de Puerto Rico elegibles 

de SSI no está racionalmente 

relacionada con un interés legítimo 

del gobierno”

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 53
Además del caso anterior, en el 2018, nueve 

demandantes presentaron una demanda contra el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

los EE. UU. (HHS) con respecto 

a la constitucionalidad 

de la exclusión del 

programa SSI, SNAP 

y Medicare Parte D 

Low Income Subsidy 

(LIS) en Pena- Martínez 

vs. Salud y Servicios 

Humanos de los EE. 

UU.

128 El juez federal 

del Tribunal de Distrito 

de Puerto Rico, William 

G. Young, dictaminó 

que “la exclusión del 

gobierno federal de los residentes de Puerto Rico 

de los tres principales programas de beneficios 

sociales es una violación inconstitucional de la 

igualdad de protección”, 

fallando a favor de los 

nueve demandantes 

que calificarían para 

estos beneficios si no 

vivían en Puerto Rico 

sino en cualquiera de los 

50 estados. El tribunal 

emitió una medida 

cautelar que cubría a los 

posibles beneficiarios 

en toda la isla y otorgó 

una suspensión 

administrativa de 60 días 

para que el gobierno federal implementara su 

fallo, aplicándose a los nueve demandantes de 

inmediato.129,130 El gobierno federal interpuso 

recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones 

del Primer Circuito y está pendiente de juicio.

El impacto económico en las PCD que viven 

en Puerto Rico sería significativo si se confirman 

las decisiones anteriores. Proporcionaría miles de 

millones de dólares para ayudar a las vidas de los 

ciudadanos 

estadounidenses más 

vulnerables.

Sin duda, existe un 

trato desigual en el 

que a los ciudadanos 

estadounidenses que 

viven en Puerto Rico 

se les niega el acceso 

a SSI, el programa 

de red de seguridad 

más importante que el 

Gobierno Federal pone 

a disposición de los ciudadanos que residen 

en los estados y en las Islas Marianas del 

Norte. La exclusión del SSI para los residentes 

puertorriqueños con 

discapacidades también 

impide el acceso 

de los residentes 

puertorriqueños a una 

cobertura de atención 

médica de calidad. Los 

beneficiarios de SSI 

son automáticamente 

elegibles para Medicare, 

un beneficio que no se 

proporciona bajo AABD. 

El NCD recomienda que 

el Congreso apruebe 

la HR 537, la Ley de Igualdad de Ingresos de 

Seguridad Suplementaria (Congreso 117), 

que proporcionaría beneficios de SSI a los 

residentes de Puerto Rico y los territorios 

de los EE. UU. Alternativamente, El NCD 

El juez federal del tribunal de 

distrito de Puerto Rico, William 

G. Young, dictaminó que “la

exclusión del gobierno federal de 

los residentes de Puerto Rico de 

los tres principales programas de 

beneficios sociales es una violación 

inconstitucional de la igualdad de 

protección”

La exclusión del SSI para los 

residentes puertorriqueños con 

discapacidades también impide 

el acceso de los residentes 

puertorriqueños a una cobertura 

de atención médica de calidad

Los beneficiarios de SSI son 

automáticamente elegibles para 

Medicare, un beneficio que no se 

proporciona bajo AABD

54 Consejo Nacional sobre Discapacidad
recomienda que el Congreso enmienda 

el Título XVI de la Ley del Seguro Social 

para extender los beneficios de SSI a los 

residentes de Puerto Rico y los territorios de 

los EE. UU. La elegibilidad para los beneficios 

de SSI debe ser idéntica a la que se otorga 

a todos los ciudadanos estadounidenses, 

independientemente del código postal.

Social Security Disability 

Insurance (SSDI)

SSDI es un programa de derecho que paga 

beneficios en efectivo a las personas que no 

pueden trabajar y tienen una condición médica 

que puede durar al menos un año o resultar en 

la muerte.131,132 Estos 

beneficios se calculan 

utilizando los ingresos 

anteriores de la PCD y 

se pagan a la PCD y a 

los dependientes de la 

familia.

SSDI es administrado 

por la Administración 

del Seguro Social (SSA) y está disponible para 

personas menores de 65 años que tienen una 

discapacidad grave que califica. La SSA utiliza 

criterios de discapacidad médica y no médica 

para determinar la elegibilidad para SSDI. Las 

personas deben proporcionar documentación 

de una discapacidad médica y cumplir con dos 

pruebas de ingresos diferentes, una “prueba de 

trabajo reciente” y una “prueba de duración del 

trabajo”. Ciertos trabajadores ciegos solo están 

obligados a cumplir con la duración de la prueba 

de trabajo.133

Ciertos miembros de la familia pueden 

calificar para los beneficios del trabajo de una 

persona elegible, como un cónyuge si es mayor 

de 62 años, un cónyuge divorciado si estuvo 

casado durante al menos 10 años, hijos solteros, 

incluidos los hijos adoptivos menores de 18 o 19 

años si todavía están en la escuela secundaria, 

un hijo menor de edad con una discapacidad o un 

hijo adulto con una discapacidad antes de los 22 

años.134

La SSA evalúa la información médica 

proporcionada por el solicitante, sus proveedores 

de atención médica y sus propios profesionales 

de la salud, quienes le realizarán un examen 

médico al solicitante. El proceso es largo y 

se rechaza alrededor del 63 por ciento de las 

solicitudes. Los beneficiarios de SSDI son 

elegibles para Medicare después de dos años.

El proceso de solicitud 

para SSDI es el mismo 

en Puerto Rico que 

para las personas con 

discapacidades que 

residen en los estados. 

Aproximadamente 

el 6 por ciento 

de los residentes 

puertorriqueños reciben SSDI en comparación 

con un promedio de 4.4 por ciento en los 

estados. El beneficio mensual promedio por 

discapacidad es de $1,037 en Puerto Rico en 

comparación con $1,195 en los estados.135

Aproximadamente 7 millones de personas 

reciben beneficios de SSDI en los estados, 

lo que representa el 13.8 por ciento de 

los beneficios totales.136 En diciembre del 

2019, aproximadamente 4600 residentes 

puertorriqueños y del territorio estadounidense 

con discapacidades recibieron SSDI con un 

pago mensual promedio por discapacidad de 

$990 (Samoa Americana $883, Guam $1080, 

Islas Marianas del Norte $806 y USVI $1191).137

La elegibilidad para los beneficios 

de SSI debe ser idéntica a 

la que se otorga a todos los 

ciudadanos estadounidenses, 

independientemente del código 

postal

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 55
El NCD no encontró ninguna disparidad en la 

distribución de los beneficios de SSDI.

Programas Federales de Asistencia 

Nutricional

El Programa de Asistencia Nutricional 

Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) 

proporciona a las personas y los hogares 

elegibles de bajos ingresos que necesitan 

asistencia nutricional.138 SNAP es el programa 

federal de asistencia 

nutricional nacional más 

grande administrado 

por el Servicio de 

Alimentos y Nutrición 

(FNS) del Departamento de Agricultura de los 

EE. UU. (USDA).139 Los beneficios de SNAP es 

un programa con derecho.140 Una persona de 

60 años o más se considera una persona mayor 

para los fines de elegibilidad de SNAP. Una 

persona es considera a 

tener una discapacidad 

si recibe pagos federales 

o estatales debido a una 

discapacidad, ceguera, 

pagos u otros beneficios 

por discapacidad.

SNAP no está 

disponible en Puerto 

Rico, mientras que los 

residentes de otros territorios, como Guam y 

USVI, califican para los beneficios de SNAP. Los 

residentes puertorriqueños fueron retirados del 

programa SNAP en 1981. Como parte de la Ley 

Ómnibus de Reconciliación Presupuestaria del 

1981, Puerto Rico fue retirado del Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria y se creó un 

programa independiente de asistencia nutricional 

para Puerto Rico (NAP o PAN por su nombre en 

español, Programa de Asistencia Nutricional). 

Autorizado permanentemente en el 1985, 

NAP sigue siendo el programa de asistencia 

alimentaria en Puerto Rico, Samoa Americana 

y las Islas Marianas, cada uno con reglas 

diferentes.

NAP se administra a través de una subvención 

en bloque, lo que significa que la financiación 

para NAP tiene un tope y los niveles de 

elegibilidad y beneficios se determinan según 

el presupuesto en lugar 

de la necesidad de un 

individuo. Tampoco 

existe un mecanismo 

para complementar 

el aumento de los precios de los alimentos. 

El diseño mismo impide que el programa 

ayude a todos los residentes puertorriqueños 

que experimentan inseguridad alimentaria. La 

estructura del NAP como una subvención en 

bloque exacerba la 

inseguridad alimentaria 

en Puerto Rico. SNAP, sin 

embargo, es un programa 

de derechos que basa 

la elegibilidad en los 

niveles de pobreza y el 

costo de los alimentos, 

lo que permite que los 

beneficios se adapten a 

las condiciones socioeconómicas cambiantes de 

los beneficiarios.141

Requisitos de elegibilidad de NAP

Al igual que en los Estados Unidos, los requisitos 

de elegibilidad para el NAP en Puerto Rico están 

determinados principalmente por el nivel de 

ingresos y recursos de los participantes con 

ligeras variaciones diseñadas para simplificar los 

El NCD no encontró ninguna 

disparidad en la distribución de 

los beneficios de SSDI

SNAP no está disponible en 

Puerto Rico, mientras que los 

residentes de otros territorios, como 

Guam y USVI, califican para los 

beneficios de SNAP. Los residentes

puertorriqueños fueron retirados del 

programa SNAP en el 1981

56 Consejo Nacional sobre Discapacidad
requisitos de elegibilidad. La mayoría de los 

requisitos de elegibilidad se validan a través del 

Sistema Automatizado de Gestión de Casos, lo 

que mejora la eficacia del proceso 

de determinación de la elegibilidad y reduce 

el porcentaje de errores 

y fraudes.

Para calificar para el 

NAP142, la persona debe 

vivir en Puerto Rico y:

■ Los recursos no 

pueden exceder 

$2,000 (cuentas 

de ahorro, cuentas 

bancarias, etc.); o

■ Los recursos no 

pueden exceder 

los $3,000 (cajas 

de ahorro, cuentas 

bancarias, etc.) y ser parte de un hogar 

con una persona de 60 años o más o con 

discapacidad total.

Los residentes puertorriqueños no deben 

exceder un límite de ingresos que varía según 

el número de personas 

en el hogar. Para calcular 

el ingreso neto, se 

restan de la cantidad 

total de ingresos del 

hogar las deducciones 

por tipo de ingreso, 

tipo de miembros del 

hogar y ciertos gastos 

permitidos. Según los 

criterios de elegibilidad, por ejemplo, un hogar de 

tres no debe exceder un ingreso NETO mensual 

de $1,706 para calificar.143

Los requisitos de elegibilidad para NAP no 

cambiaron durante la pandemia de COVID-19, 

pero se modificaron los procedimientos para 

determinar la elegibilidad. La agencia designada 

para administrar NAP y sus oficinas locales 

hizo la transición a una 

presencia digital y en 

línea (por Internet). Las 

reglas para determinar 

la elegibilidad de 

los solicitantes y 

participantes del NAP 

se están revisando 

actualmente para incluir 

los nuevos requisitos.

Puerto Rico tiene 

751,369 hogares 

inscritos en NAP, para 

un total de 1,365,502 

miembros por hogar. Hay 

103,280 personas con discapacidades inscritas 

en NAP. NAP no tiene límites de ingresos brutos 

establecidos. El nivel de ingresos netos es más 

bajo que SNAP y los beneficios son más bajos. 

Los beneficios mensuales máximos de asistencia 

alimentaria para los residentes de Puerto Rico 

son aproximadamente 

el 60 por ciento de los 

beneficios mensuales 

máximos bajo SNAP. 

Además, NAP no 

tiene un mecanismo 

automático para 

proporcionar beneficios 

por desastres naturales. 

Esto significa que cuando Puerto Rico 

experimenta un desastre natural o una recesión, 

Puerto Rico no puede brindar beneficios de ayuda 

a todos los necesitados. A modo de ejemplo, 

NAP se administra a través de 

una subvención en bloque, lo que 

significa que la financiación para 

NAP tiene un tope y los niveles 

de elegibilidad y beneficios se 

determinan según el presupuesto 

en lugar de la necesidad de un 

individuo. Tampoco existe un

mecanismo para complementar 

el aumento de los precios de los 

alimentos

Los beneficios mensuales máximos 

de asistencia alimentaria para 

los residentes de Puerto Rico 

son aproximadamente el 60 por 

ciento de los beneficios mensuales 

máximos bajo SNAP

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 57
Asistencia nutricional durante 

desastres en Puerto Rico

NAP no tiene un mecanismo automático 

para proporcionar beneficios por desastre. 

Después del 2017 huracanes Irma y María, 

se necesitaron seis meses para recibir 

la aprobación de Puerto Rico solicitud de 

fondos adicionales del NAP. A diferencia 

de, en las USVI, cuyos residentes reciben 

SNAP, los fondos de asistencia por desastre 

estaban disponibles dentro de 47 días.

después de los huracanes Irma y María del 

2017, tomó seis meses para recibir la aprobación 

de la solicitud de fondos adicionales del NAP 

de Puerto Rico. Mientras que, en contraste, 

en las Islas Vírgenes Estadounidenses, cuyos 

residentes reciben SNAP, 

los fondos de asistencia 

por desastre estuvieron 

disponibles dentro de 

los 47 días. El impacto 

de los fondos retrasados 

para los residentes 

puertorriqueños 

reverbera en toda la 

isla. Los residentes 

puertorriqueños son 

únicos en el sentido de 

que experimentan un 

problema compuesto de mayor inseguridad 

alimentaria durante los desastres, uno más grave 

que los residentes puertorriqueños que residen 

en los estados.144 El NCD recomienda que el 

Congreso enmienda la Ley de cupones para 

alimentos para proporcionar fondos rápidos 

para los beneficios de alimentos y nutrición 

antes, durante y después de los desastres 

naturales para los residentes de Puerto Rico 

y los territorios de los EE. UU., según esté 

disponible en los estados.

Las repercusiones del retraso en la 

financiación son alarmantes para los residentes 

puertorriqueños, dadas las altas tasas de pobreza 

y las limitaciónes de los programas federales 

disponibles para ayudar a las familias de bajos 

ingresos a satisfacer sus necesidades básicas. 

Las personas con discapacidades en la isla corren 

un gran riesgo.

NAP se financia a través de una subvención en 

bloque y los niveles de financiación son estáticos. 

Este tipo de flujo de financiación no permite tener 

en cuenta circunstancias excepcionales como 

desastres naturales o inflación que aumentan 

los costos de los alimentos. Como tal, quienes 

administran el programa NAP deben determinar 

los beneficios para el 

futuro en función con los 

fondos disponibles frente 

a la necesidad. Incluso 

cuando un residente 

cumple con los requisitos 

de elegibilidad, es posible 

que se requiera que 

Puerto Rico disminuya los 

niveles de participación 

o de beneficios para 

mantenerse dentro 

del rígido flujo de 

financiamiento. Cuando aproximadamente el 

66 por ciento de los hogares elegibles para el 

NAP informan un ingreso mensual igual o inferior 

a la mitad de la línea de pobreza federal, eliminar 

o reducir su capacidad para comprar alimentos 

durante un desastre natural es inconcebible.

NAP se financia a través de 

una subvención en bloque y 

los niveles de financiación son 

estáticos.  ...Como tal, quie

administran el programa NAP 

deben determinar los beneficios 

para el futuros en función de los 

fondos disponibles frente a la 

necesidad

58 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Puerto Rico aumentó el límite del umbral de 

ingresos tras la obtención de fondos adicionales 

del NAP en respuesta a los huracanes Irma y 

María. Los fondos adicionales proporcionaron 

un aumento en la participación del programa 

de alrededor del 10 por ciento. Sin embargo, 

la financiación adicional 

finalizó en marzo 

del 2019.

En los estados, 

durante el año fiscal 

del 2018, SNAP brindó 

beneficios mensuales 

a aproximadamente 

39.7 millones de 

personas que viven 

en 19.7 millones 

de hogares en los 

Estados Unidos.145 En el año fiscal del 2018, 

el costo total del programa para el gobierno 

federal fue de $64.9 mil millones, de los cuales 

$60.4 mil millones se destinaron a los beneficios 

de SNAP y el resto a la administración del 

programa. El beneficio mensual promedio de 

SNAP fue de $255 durante el año fiscal del 

2018 para los hogares participantes.

Casi el 27 por ciento (26.6) de los hogares 

puertorriqueños en los estados reciben 

beneficios de SNAP o Cupones para Alimentos 

o 498,335 ciudadanos.

La siguiente tabla 

refleja los requisitos de 

elegibilidad de ingresos 

para Puerto Rico y los 

estados, que incluyen 

Guam, las Islas Vírgenes 

Estadounidenses y las 

Islas Marianas del Norte.

Los resultados de 

este informe muestran 

que los puertorriqueños 

que emigraron a los 

estados reciben casi el doble de beneficios 

mensuales que los que residen en Puerto Rico. 

Por ejemplo, un residente de Nueva Jersey 

recibe un estipendio mensual 15 por ciento más 

alto que un residente de Puerto Rico. También 

existe disparidad entre Puerto Rico y otros 

Cuando aproximadamente el 66 por 

ciento de los hogares elegibles 

para el NAP informan un ingreso 

mensual igual o inferior a la mitad 

de la línea de pobreza federal, 

eliminar o reducir su capacidad 

para comprar alimentos durante un 

desastre natural es inconcebible

Tabla 4.3: Estándares de elegibilidad de ingresos mensuales netos: NAP vs. SNAP

NAP

Umbral de ingresos 

mensuales netos

NAP

Net Monthly Income 

threshold

SNAP

Umbral de ingresos 

mensuales netos

Tamaño del 

hogar

Puerto Rico

(marzo del 2019)

Islas Marianas del Norte

(año fiscal del 2021)

48 Estados y DC146

Islas Vírgenes 

Estadounidenses

Guam

(año fiscal del 2021)

1 $619 $1,064 $1,064

2 $1,179 $1,437 $1,437

3 $1,706 $1,810 $1,810

4 $2,206 $2,184 $2,184

5 $2,666 $2,557 $2,557

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 59
territorios estadounidenses. Los beneficios 

mensuales para los residentes puertorriqueños 

son más bajos que los residentes de las Islas 

Marianas. Y el programa de asistencia alimentaria 

de las Islas Marianas también se administra a 

través de NAP.

La financiación del NAP depende únicamente 

de los fondos proporcionados a Puerto Rico a 

través de una subvención 

en bloque y, durante la 

pandemia, los fondos 

adicionales temporales 

proporcionados a través 

de la Ley Cares. Los 

montos de los beneficios 

tuvieron que ajustarse a 

medida que aumentaba el porcentaje de hogares 

elegibles. Antes del COVID-19, más de 700,000 

familias y 1.3 millones de participantes recibían 

beneficios. La Administración para el Desarrollo 

Socioeconómico de la Familia (ADSEF) informa 

que para el 2017 hubo alrededor de 1.5 millones 

de participantes de los cuales 103,280 son PCD 

que actualmente se encuentran inscritos en 

el NAP.148

Los fondos de subvenciones en bloque para 

NAP están un 25 por ciento por debajo de los 

gastos para un programa similar bajo SNAP. Las 

asignaciones para NAP tampoco incluyen ajustes 

anuales por inflación, lo que crea una mayor 

disparidad entre los dos programas a lo largo del 

tiempo. Los residentes 

puertorriqueños reciben 

un trato desigual en 

el desembolso de los 

beneficios de SSI, 

Medicare y Medicaid. 

Dejando a los residentes 

con poco o ningún 

ingreso prescindible, es de suma importancia que 

el programa de asistencia alimentaria de Puerto 

Rico pueda brindar a los residentes de Puerto 

Rico las necesidades básicas de acceso a los 

alimentos y brindar seguridad alimentaria.149

Según una entrevista confidencial con un 

representante del Departamento de la Familia 

Las asignaciones para NAP 

tampoco incluyen ajustes anuales 

por inflación, lo que crea una mayor 

disparidad entre los dos programas 

a lo largo del tiempo

Tabla 4.4: Beneficio máximo de NAP/SNAP año fiscal del 2021

NAP Beneficio Máximo Mensual SNAP Beneficio Máximo Mensual

Después de 

los ajustes 

de marzo 

a junio del 

2019

(año 

fiscal del 

2021)

(año 

fiscal del 

2021)

(año 

fiscal del 

2021)

(año fiscal 

del 2021)

(año fiscal del 

2021)

(año 

fiscal 

del 

2021)

Tamaño 

del 

hogar

Puerto Rico Saipán CNMI

Tinian Rota 48 estados

Y DC147

Islas Vírgenes 

Estadounidenses Guam

1 $146 $300 $317 $365 $204 $262 $300

2 $274 $551 $582 $670 $374 $481 $551

3 $381 $789 $834 $960 $535 $688 $789

4 $493 $1,002 $1,059 $1,219 $680 $874 $1,002

5 $600 $1,190 $1,257 $1,448 $807 $1,038 $1,190

60 Consejo Nacional sobre Discapacidad
de Puerto Rico sobre las diferencias en los 

beneficios de asistencia alimentaria en Puerto 

Rico versus los estados, el entrevistado dijo:

“No podría darte detalles, pero obviamente 

el programa se basa en el ingreso familiar 

y la cantidad de parientes que viven en la 

casa y las necesidades específicas de los 

miembros de la familia. Son extremadamente 

restrictivos. No, no promueven el crecimiento 

individual de un ser humano, porque si logras 

mejorar un poco tu salario, entonces te 

quitan el beneficio. He tenido la oportunidad 

de asistir, dentro de 

nuestras instalaciones, 

a un participante con 

una discapacidad 

que solo recibía 

asistencia nutricional 

de $60 mensuales 

para vivir. Es una 

persona que tiene 

toda una serie 

de necesidades 

de abastecimiento 

y apoyo que nadie 

brinda en Puerto Rico, apoyo que Medicaid 

y otros programas de beneficios brindan 

en Estados Unidos a la población con 

impedimentos.”150

Otros interesados expresaron que el proceso 

para calificar para los beneficios en los estados 

era menos complicado y más accesible. Se 

brindó asistencia preliminar por teléfono, entrega 

de documentos por fax y determinación de 

solicitud recibida por correo postal. 

En cambio, en Puerto Rico, el proceso es largo y 

estrictamente presencial. El año pasado, desde la 

pandemia, el programa se ha administrado 

virtualmente. No está claro si Puerto Rico 

continuará con esa práctica una vez que las 

agencias federales puedan reabrir.

En los últimos dos años, a Puerto Rico se le 

otorgó financiamiento suplementario a través de 

la Ley Familias Primero de Respuesta al 

Coronavirus y CARES de marzo del 2020, que 

permitió a Puerto Rico expandir los beneficios 

limitados y atender a más participantes del NAP 

durante un período limitado (mayo-julio del 2020) 

agregando $300 millones para las subvenciones 

en bloque de asistencia nutricional en Puerto 

Rico y otros territorios.151

Además, la asistencia a 

corto plazo incluyó un 

aumento del 15 por 

ciento en el proyecto de 

ley de alivio de 

COVID-19 y la reciente 

Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense, que 

agregó $ 1 mil millones 

en fondos para asistencia 

nutricional para la Isla y 

otros territorios que 

reciben NAP. Mientras estos aumentos llenaron 

un vacío crítico, fueron solo por un tiempo 

limitado. Entonces, cuando se agotaron los 

fondos, Puerto Rico una vez más se vio obligado 

a recortar los beneficios en un 40 por ciento para 

todos los hogares, y el beneficio promedio cayó 

de alrededor de $323 en julio del 2020 a 

alrededor de $188 en octubre del 2020,152

reduciendo así los beneficios cuando muchos 

todavía se estaban recuperando de los efectos de 

la pandemia. Esto, junto con el hecho 

mencionado anteriormente de que la mayoría de 

los participantes de NAP reciben beneficios más 

[C]uando se agotaron los fondos 

[de alivio de COVID], Puerto Rico 

una vez más se vio obligado a 

recortar severamente los beneficios 

en un 40 por ciento para todos los 

hogares, y el beneficio promedio 

cayó de alrededor de $323 en julio 

del 2020 a alrededor de $188 en 

octubre del 2020 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 61
bajos que si recibieran SNAP, y están sujetos a 

precios de alimentos comparables, si no más 

altos, que en los estados.153 El financiamiento 

temporal no abordó la insuficiencia sistémica 

y la inestabilidad del PAN, lo 

que exacerbó la inseguridad 

alimentaria en la isla y otros 

territorios.

Los modestos beneficios 

del NAP son insuficientes 

para satisfacer las 

necesidades nutricionales 

básicas de los residentes 

más vulnerables de la isla. 

En el 2018, más de dos 

quintas partes de todos 

los residentes de Puerto 

Rico (43 por ciento) y más de la mitad de todos 

los niños en Puerto Rico (57 por ciento) vivían 

en la pobreza.154 Además, alrededor de un 

tercio de los residentes adultos de Puerto Rico 

experimentaron inseguridad alimentaria.155 Los 

residentes puertorriqueños son tratados de 

manera desiguales en la asignación de fondos 

para programas de asistencia alimentaria. Debido 

a la disparidad de 

fondos, Puerto 

Rico no puede 

proporcionar la 

asistencia alimentaria 

necesaria a todas las 

familias calificadas. El 

NCD le recomienda 

al Congreso que 

enmienda la Ley 

de cupones para 

alimentos para 

incluir a Puerto 

Rico, las Islas Marianas del Norte y Samoa 

Americana en el programa SNAP, como se 

ha hecho con Guam y las Islas Vírgenes 

Estadounidenses.

En el 2018, más de dos quintas 

partes de todos los residentes de 

Puerto Rico (43 por ciento) y más 

de la mitad de todos los niños en 

Puerto Rico (57 por ciento) vivían en 

la pobreza. Además, alrededor de

un tercio de los residentes adultos 

de Puerto Rico experimentaron 

inseguridad alimentaria

62 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 5: Educación

Factores que afectan la educación

Múltiples factores impactan la calidad de la educación brindada a las PCD en Puerto Rico. 

Incluyen la falta de recursos financieros y el impacto de los desastres naturales, así como 

controles internos obligatorios y planes de monitoreo para monitorear la distribución de 

fondos federales. La imposición de condiciones adicionales antes de la liberación de fondos 

retrasó significativamente la recuperación de la isla e impactó directamente los servicios 

educativos para los estudiantes puertorriqueños con discapacidades durante la pandemia 

de COVID-19. Los fondos federales se distribuyen a través de una fórmula para garantizar 

una distribución equitativa entre los estados y territorios. Sin embargo, esos formularios 

no tienen en cuenta la tasa de pobreza extremadamente alta de Puerto Rico y el aumento 

del costo de los servicios en la isla. El NCD recomienda que el Congreso modifique la 

fórmula de financiamiento de IDEA para mitigar la alta incidencia de pobreza y el 

aumento del costo de la isla para brindar servicios a estudiantes con discapacidades. 

La redistribución equitativa de fondos considerando los recursos financieros y el costo de los 

servicios para una región mitigará el impacto desigual indeseado de las fórmulas actuales.

La ley federal requiere que los estudiantes 

con discapacidades reciban una educación 

pública apropiada y gratuita. La Ley de 

Educación para Individuos con Discapacidades 

(IDEA) es una ley federal diseñada para garantizar 

que los niños con discapacidades reciban una 

educación pública gratuita y apropiada, en el 

entorno menos restrictivo. La ley se aplica a 

todos los territorios de los EE. UU., incluido 

Puerto Rico.

IDEA tiene cuatro partes, Partes A, B, C y D. 

La Parte A cubre las disposiciones generales 

de la ley;156 la Parte B es la parte más grande 

de IDEA y representa el 95 por ciento de 

las asignaciones dedicadas a programas de 

subvenciones estatales, programas preescolares 

y para todos los niños con discapacidades.157

Los niños desde los dos años hasta la escuela 

secundaria (o los 21 años) pueden solicitar 

programas de intervención temprana y educación 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 63
especial si cumplen con uno de los 13 criterios 

de elegibilidad de las siguientes categorías: 

discapacidad específica del aprendizaje (dislexia, 

discalculia, disgrafía, discapacidad del aprendizaje 

no verbal, y trastorno del procesamiento 

auditivo); otros problemas de salud; desorden 

del espectro autista; disturbio emocional; 

deterioro del habla o del lenguaje; discapacidad 

visual; sordera; la discapacidad auditiva; sorderaceguera; deterioro ortopédico; discapacidad 

intelectual; lesión cerebral traumática; y múltiples 

discapacidades.158 Los fondos de la Parte C 

ofrecen servicios de intervención temprana para 

bebés y niños pequeños con discapacidades, 

desde el nacimiento hasta los 3 años, y la Parte D 

incluye subvenciones competitivas para mejorar 

el desarrollo del personal estatal, la preparación 

del personal y la asistencia técnica, proyectos 

modelo de demostración y apoyo para mejorar 

los resultados de niños con discapacidades.159

La IDEA apoya a los estados y localidades en 

sus esfuerzos para ayudar a los niños y jóvenes 

con discapacidades, así como a sus familias, 

protegiendo sus derechos, satisfaciendo sus 

necesidades individuales y mejorando sus 

resultados educativos.160 Un Plan Educativo 

Individualizado (IEP) bajo IDEA es un mandato 

federal y requiere que el sistema escolar 

implemente y adopte sus disposiciones. El 

IEP es un plan que asegura que un niño con 

una discapacidad reciba servicios educativos 

adecuados que respondan a sus necesidades 

individuales. Para los estudiantes que no requieren 

un IEP, las escuelas pueden crear un Plan 504 

para estudiantes con discapacidades que no son 

elegibles para los servicios bajo IDEA. El plan 

504 elimina barreras y brinda servicios de apoyo 

que permiten el acceso equitativo a los servicios 

educativos para estudiantes con discapacidades.161

La Oficina de Programas de Educación 

Especial (OSEP) supervisa IDEA. OSEP lidera 

los esfuerzos para mejorar los resultados de los 

niños con discapacidades, desde el nacimiento 

hasta los 21 años, asegurando el acceso a una 

educación y servicios justos, equitativos y de alta 

calidad.162 OSEP autoriza subsidios de fórmula 

a los estados bajo la Parte B, subsidios de 

fórmula para agencias líderes para el programa 

de bebés y familias bajo la Parte C, y subsidios 

discrecionales bajo la Parte D para apoyar 

los subsidios para el desarrollo del personal 

estatal, asistencia técnica y difusión, tecnología, 

desarrollo del personal, centro de capacitación 

para padres, y centro de información para 

padres.163

Los fondos se asignan a los estados de 

acuerdo con una variedad de factores, como se 

describe en la fórmula de financiamiento bajo 

la Sección 611 (d) de IDEA.164 Como mínimo, 

las regulaciones estatales y territoriales deben 

brindar todas las protecciones incluidas en 

IDEA.165 IDEA permite que los estados y 

territorios interpreten las reglas y aprueben 

regulaciones adicionales relacionadas con la 

educación especial.166 IDEA requiere un conjunto 

mínimo de reglas y regulaciones, pero más 

allá de estos mínimos, los estados y territorios 

pueden establecer parámetros adicionales 

que podrían beneficiar a los estudiantes 

con discapacidades. Las subvenciones a los 

programas estatales proporcionan subvenciones 

fórmula para ayudar a los 50 estados, el Distrito 

de Columbia, Puerto Rico y los territorios. Para 

ser elegible para la financiación de la Parte B, 

los estados deben atender a todos los niños 

con discapacidades entre las edades de tres 

a 21 años.167 Los fondos de este programa se 

combinan con fondos estatales y locales para 

64 Consejo Nacional sobre Discapacidad
proporcionar una educación pública justa y 

adecuada a los niños con discapacidades.168

Los gastos permitidos para los estados y 

territorios son los mismos. Los gastos incluyen 

los salarios de los maestros de educación 

especial y los costos asociados con el personal 

de servicios relacionados, como logopedas y 

psicólogos.169 Los estados pueden usar 

estos fondos federales 

reservados para otras 

actividades a nivel estatal 

para una variedad de 

actividades específicas, 

que incluyen apoyo y 

servicios directos; 

asistencia técnica y 

preparación de personal; ayudar a las Agencias de 

Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) a 

brindar intervención y apoyo conductuales 

positivos; y mejorar el uso de la tecnología en 

la sala de clase.

Los estados y territorios han enfrentado 

desafíos para adquirir servicios especializados 

y el personal necesario 

para cumplir con los 

requisitos federales 

de IDEA.170 Muchos 

estados y territorios 

no tienen fondos para 

estos servicios y costos 

de personal.171 Los 

mandatos federales no cuentan con fondos 

y son una carga económica para los estados 

y territorios con recursos insuficientes.172

Servicios Educativos en Puerto Rico

El plan fiscal del 2020 de Puerto Rico incluye 

fondos para el Departamento de Educación de 

Puerto Rico (DEPR), la agencia gubernamental 

más grande del territorio, que es responsable 

de brindar educación a aproximadamente 

289,000 estudiantes K-12 en toda la isla en 856 

escuelas.173 El DEPR presenta una solicitud al 

Departamento de Educación de los EE. UU. (ED, 

por sus siglas en inglés) para obtener fondos 

federales bajo la Ley de Mejoramiento de la 

Educación para Personas con Discapacidades.

El DEPR debe 

desarrollar un plan 

estratégico o plan estatal 

de desempeño (SPP) 

de acuerdo con las 

regulaciones de IDEA 

y presentar un plan de 

desempeño anual. El 

SPP se presenta anualmente al público para 

comentarios y se envía a OSEP para su revisión.

El Programa de Educación Especial del DEPR 

brinda servicios a estudiantes con discapacidades 

que impactan su proceso académico. El programa 

se ofrece a estudiantes con discapacidades a 

través de servicios establecidos de acuerdo a las 

necesidades individuales. 

Este programa está 

regulado por IDEA y 

varias leyes locales.174,175

Aproximadamente el 

35 por ciento, 103,318 de 

289,000, de estudiantes 

entre las edades de tres 

y 21 años reciben servicios de educación especial 

en Puerto Rico.176 En los estados, los servicios de 

educación especial representan del 10 al 12 por 

ciento de la población escolar, mientras que en 

Puerto Rico es del 32 al 33 por ciento. Las partes 

interesadas informaron que, de acuerdo con 

IDEA, los fondos se aplican a Puerto Rico bajo la 

misma fórmula que otros estados. Otras partes 

Aproximadamente el 35 por ciento, 

103,318 de 289,000, de estudiantes 

entre las edades de tres y 21 años 

reciben servicios de educación 

especial en Puerto Rico

En los estados, los servicios de 

educación especial representan del 

10 al 12 por ciento de la población 

escolar, mientras que en Puerto Rico 

es del 32 al 33 por ciento

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 65
interesadas informaron grandes diferencias en la 

provisión de servicios entre los Estados Unidos 

y Puerto Rico en términos de acceso a servicios, 

especialistas, servicios de transición, empleo y 

oportunidades de educación post secundaria. El 

formulario utilizado para determinar los montos 

de las subvenciones a los estados y territorios 

está codificado en el estatuto dentro de IDEA 

§1411(a)(2)(B)(i), (ii), (iii). El formulario tiene en 

cuenta la cantidad de niños con discapacidades 

que reciben educación especial y servicios 

relacionados durante el año escolar, y multiplica 

el gasto promedio de los alumnos en las 

escuelas primarias y secundarias públicas en 

los estados por un 40 por ciento. Si todavía hay 

fondos adicionales disponibles después de otras 

asignaciones requeridas, 

parte del formulario tiene 

en cuenta la población 

relativa de niños sin 

discapacidades de un 

estado que vive en la 

pobreza. La fórmula 

actual no distribuye 

equitativamente los fondos para la educación 

e impacta de manera desigual a los estados y 

territorios que experimentan altos índices de 

pobreza. El NCD recomienda que el Congreso 

modifique la fórmula de financiamiento 

de IDEA para mitigar la alta incidencia de 

pobreza y el aumento del costo de la isla 

para brindar servicios a estudiantes con 

discapacidades. La redistribución equitativa de 

fondos considerando los recursos financieros 

y el costo de los servicios para una región 

mitigará el impacto desigual no deseado de 

las fórmulas actuales. El Apéndice D contiene 

información detallada sobre los estudiantes 

con discapacidades de 6 a 21 años que reciben 

servicios de educación especial en Puerto Rico y 

otros territorios de los EE. UU.

El DEPR brinda servicios a través de dos 

programas. El primero es el programa de 

educación especial, conocido como Secretaría 

Auxiliar de Educación Especial (SAEE), que ofrece 

servicios educativos y terapéuticos a los 

estudiantes, y el segundo es el Programa de 

Remedio Provisional (PRP), que solo ofrece 

servicios de apoyo no educativos a los 

estudiantes.177 Según IDEA, las escuelas deben 

identificar, ubicar y evaluar a todos los niños con 

discapacidades, independientemente de la 

gravedad de discapacidad, y proporcionarles un 

IEP adaptado a las necesidades de cada niño.178

Si el DEPR no brinda los servicios necesarios 

dentro de los 30 días de 

una solicitud de servicios 

a SAEE y la redacción del 

IEP, el estudiante puede 

recibir servicios a través 

del PRP alternativo.179 Las 

partes interesadas han 

declarado que los 

tiempos de espera para los servicios especiales 

pueden superar con creces el período de 30 días.

Las herramientas de resolución de disputas 

para impugnar un IEP son las mismas en 

Puerto Rico que en otros lugares (mediación, 

queja estatal y audiencia de debido proceso). 

Sin embargo, como resultado de una 

demanda colectiva, El caso Rosa Lydia Vélez v. 

Departamento de Educación de Puerto Rico, se 

creó el PRP en Puerto Rico.180 La decisión exige 

que el DEPR ofrezca servicios terapéuticos a 

estudiantes de educación especial, cuyo único 

obstáculo para recibir servicios regulares era 

la limitación de recursos del SAEE, una vez 

aprobada su elegibilidad.181

En el 2017, los huracanes Irma y 

María causaron daños por casi 

$100 mil millones y devastaron 

partes centrales de la infraestructura 

educativa de Puerto Rico

66 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Durante el año fiscal del 2020, se brindaron 

aproximadamente 11,000 servicios de educación 

especial a través de PRP a cuatro o cinco veces 

el costo normal de los servicios brindados por 

SAEE182 El PRP representa solo el 6 por ciento 

de los servicios de terapia proporcionados a 

los estudiantes, pero representa casi el 30 por 

ciento del presupuesto total.183 El Programa de 

Educación Especial del DEPR ofrece servicios 

de evaluación, terapias (ocupacional, educativa, 

del habla, lenguaje, física), asistencia tecnológica 

y transporte.184 Los padres de niños con 

discapacidades expresaron su frustración por la 

capacidad de respuesta y la puntualidad en la 

recepción de los servicios requeridos.

En el año fiscal del 2019, el DEPR brindó 

transporte a aproximadamente 18,000 

estudiantes, equivalente a aproximadamente el 

84 por ciento de los elegibles bajo la regla de 

ingreso mínimo y distancia de la escuela. También 

se brinda transporte a aproximadamente 12,000 

estudiantes de educación especial, equivalente 

al 55 por ciento de los estudiantes que requieren 

transporte según su IEP a partir de marzo del 

2020. Estos servicios se brindaron de manera 

fragmentada, con más de 250 proveedores y 35 

municipios brindando servicios. El DEPR gastó 

aproximadamente $94 millones en servicios de 

transporte estudiantil, casi todos financiados 

a través de fondos generales. El transporte 

representa aproximadamente el 11 por ciento 

($94 millones) del gasto de los fondos generales. 

Aproximadamente el 60 por ciento de los gastos 

de transporte ($56 millones) apoya el transporte 

para estudiantes de educación especial.185

El costo anual promedio de transporte para 

un estudiante de educación especial en Puerto 

Rico es de aproximadamente $4,600, más 

del doble del costo incurrido para transportar 

a otros que no son estudiantes de educación 

especial.186 Los fondos federales de IDEA se 

pueden utilizar para el transporte. Sin embargo, 

el ED prohibió al DEPR usar fondos de IDEA 

para servicios de transporte. ED declaró que el 

motivo de la prohibición fue el incumplimiento 

de SAEE con ciertas disposiciones bajo IDEA. 

El incumplimiento citado fue pagos indebidos, 

falta de controles internos, incumplimiento de 

las políticas de la agencia y falta de supervisión 

adecuada con respecto a la emisión de pagos 

por servicios de transporte a estudiantes en el 

programa de educación especial.187 Debido a esta 

prohibición, el DEPR debe financiar el transporte 

de los estudiantes de educación especial a 

través del fondo general de Puerto Rico hasta 

que se cumplan las condiciones especiales, un 

agente fiduciario externo (TPFA) y los planes de 

supervisión que rigen la distribución de fondos 

impuestos por el ED.188 Estas restricciones han 

creado una tensión financiera adicional en los 

gobiernos locales y han creado un escenario 

en el que el Estado Libre Asociado no tiene los 

recursos para transportar a todos los estudiantes 

de educación especial. A partir de marzo del 

2020, aproximadamente 9800 estudiantes 

de educación especial no tenían acceso a 

transporte, lo que impone a los padres la carga 

de transportar a sus hijos a la escuela.189

Atender las necesidades educativas 

especiales es un desafío y un indicador de la 

capacidad del sistema para ofrecer una educación 

de la más alta calidad posible. Los recursos 

limitados o inapropiados se consideran barreras 

importantes para garantizar la educación inclusiva 

de los niños que reciben servicios de educación 

especial.190 La capacitación y el apoyo 

inadecuados para los docentes, así como las 

barreras físicas y tecnológicas dificultan la 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 67
participación de los estudiantes con 

discapacidades. Año tras año, los padres de 

familia de estudiantes con necesidades 

especiales han expresado estar descontento con 

los servicios educativos que ofrece el DEPR. Los 

padres entrevistados como partes interesadas 

para los fines de este informe están de acuerdo 

en que los servicios de educación especial que 

se brindan a sus hijos no son tan sólidos como 

podrían ser.191

La falta de fondos adecuados para brindar 

servicios y la lenta recuperación de los desastres 

naturales y la pandemia crean barreras para 

la provisión de una 

educación pública 

gratuita y apropiada que 

sea accesible e inclusiva 

para los estudiantes con 

discapacidades. El DEPR 

y la Administración de 

Rehabilitación Vocacional 

(VRA) han intentado 

adaptarse a su entorno 

tras los huracanes Irma 

y María, los terremotos 

recientes y el COVID-19.

En el 2017, los huracanes Irma y María 

causaron casi $100 mil millones en daños y 

devastaron partes centrales de la infraestructura 

educativa de Puerto Rico.192 En consecuencia, 

el Congreso reconoció la necesidad de Puerto 

Rico y asignó $589 millones para la recuperación 

de las escuelas K-12 bajo el programa de 

Ayuda Inmediata para Reiniciar las Operaciones 

Escolares (RESTART).193 El Congreso designó el 

Fondo de Estabilización de la Educación dentro 

de la Ley CARES para proporcionar recursos a 

las agencias educativas estatales y locales. El 

ED estableció un conjunto de controles internos 

para los beneficiarios de fondos y exigió al DEPR 

que cumpliera con los mismos controles internos 

articulados en el programa RESTART y controles 

internos adicionales, y planes de monitoreo para 

supervisar la distribución del fondo.

Como se mencionó anteriormente en este 

capítulo, en el 2019, el ED notificó al DEPR que 

se estaban imponiendo condiciones específicas 

con base en la información proporcionada al ED 

por la Oficina de Auditoría Interna del DEPR.194

Las condiciones especiales requerían que 

el DEPR contratara un TPFA para realizar las 

funciones de administración financiera requeridas 

por la regulación 

federal.195 El DEPR 

publicó una solicitud de 

información en busca 

de un TPFA en octubre 

del 2019y finalmente se 

implementó un TPFA en 

la primavera del 2021. 

En marzo del 2021, el 

secretario de educación 

de los Estados Unidos, 

Miguel Cardona, notificó 

al Gobernador del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico que el Estado 

Libre Asociado tenía acceso a fondos educativos 

federales, que antes no estaban disponibles 

debido a la falta de un TPFA.196

Los terremotos de enero del 2020 y el 

COVID-19 afectaron severamente la calidad 

de los servicios educativos para los niños 

puertorriqueños con discapacidades y las 

disparidades en la financiación entre los estados 

y Puerto Rico fueron evidentes. La Ley CARES 

reconoció que para que los servicios educativos 

continúen en medio de COVID-19 y para 

garantizar la seguridad de los niños de nuestra 

[L]os servicios de gestión de riesgos 

del DE le informaron al DEPR que 

no recibirían los fondos asignados 

para asistir en la reapertura de 

las escuelas porque el TPFA no 

estaba vigente. A ningún otro

estado o territorio se le dieron estas 

condiciones para la liberación de 

fondos 

68 Consejo Nacional sobre Discapacidad
nación, los distritos escolares deberían adaptar 

sistemas y protocolos, adquirir tecnología 

y equipo de seguridad, y contratar personal 

y especialistas necesarios para reiniciar las 

escuelas de manera segura con bajo riesgo de 

transmisión. Para impulsar este proceso, la Ley 

CARES creó el Fondo de Ayuda de Emergencia 

para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) 

y el Fondo de Ayuda para la Educación de 

Emergencia del Gobernador (GEER). El PRDE y 

el Gobernador de Puerto Rico debieron recibir 

$349,113,000 del fondo ESSER y $47,812,236 

del fondo GEER, respectivamente. Sin embargo, 

los Servicios de Gestión de Riesgos de ED 

informaron al DEPR que no recibirían los fondos 

asignados para ayudar en la reapertura de las 

escuelas porque el TPFA no estaba vigente.197

A ningún otro estado o territorio se le dieron 

estas condiciones para la liberación de fondos, lo 

que retrasó la recepción de los fondos y modificó 

drásticamente el propósito original de los fondos, 

impidiendo así que los niños puertorriqueños 

regresaran a la escuela y recibieran una 

educación pública gratuita y apropiada.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 69
70 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 6: Empleo

Disparidades en el empleo

Solo el 23.7 por ciento de los residentes puertorriqueños con discapacidades participan 

activamente en la fuerza laboral, en comparación con el 36 por ciento en los estados y el 

44 por ciento en otros territorios de EE. UU. La falta de oportunidades de empleo en la isla 

exacerba el nivel de pobreza, que es significativamente más alto que cualquiera de los estados. 

Existen programas de empleo idénticos en la isla que, en los estados, y los fondos para esos 

programas se distribuyen por igual entre los estados y territorios. Sin embargo, los fondos 

provistos para los residentes puertorriqueños con discapacidades no son suficientes para 

abordar las necesidades específicas de desempleo de las personas con discapacidades en 

Puerto Rico. El NCD recomienda que el Departamento de Educación enmienda 34 CFR 

361.60, el requisito de costos compartidos para las subvenciones estatales de servicios de 

rehabilitación vocacional, para asignar una exención al requisito de costos compartidos 

si un estado o territorio puede demostrar que es fiscalmente incapaz de proporcionar la 

porción de costos compartidos. La distribución equitativa de los fondos a los beneficiarios 

mitigará el impacto desigual no deseado de las estipulaciones de la fórmula actual.

Por lo tanto, un estado o territorio que ya se encuentra en dificultades financieras no está 

penalizado ni se le impide obtener acceso a los fondos federales únicamente por su situación 

económica.

El NCD recomienda que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico implemente 

incentivos fiscales para los empleadores que contraten a personas con discapacidades 

significativas, similares a los programas estatales establecidos.

En el 2018, la tasa de empleo promedio 

para personas con discapacidades en los 

Estados Unidos y Puerto Rico fue del 37.8 

por ciento. La tasa de empleo de las personas sin 

discapacidades fue del 80.0 por ciento.198 La tasa 

de empleo de las personas con discapacidades en 

Puerto Rico fue mucho más baja, con un 23.5 por 

ciento, en comparación con el 58.3 por ciento de 

las personas sin discapacidades.199 Las tasas de 

desempleo de las personas con discapacidades 

en Puerto Rico fueron mucho más altas entre las 

personas con discapacidades.200

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 71
Varios factores que contribuyen al desempleo 

de las personas con discapacidades son la lenta 

recuperación de la isla de los recientes huracanes 

y terremotos, el éxodo masivo de profesionales 

que de otro modo serían creadores de empleo en 

la isla y la pandemia. Esto se traduce en una falta 

de oportunidades y una mayor pobreza, lo que 

aumenta aún más la dependencia de los 

familiares o la ayuda del gobierno. Puerto Rico 

tiene una tasa de pobreza del 48 por ciento en 

comparación con los estados (22.5 por 

ciento).201 La tasa de 

pobreza de Puerto Rico 

es más del doble que 

la de Mississippi con 

un 19.7 por ciento, y 

Mississippi tuvo la tasa 

de pobreza más alta de 

todos los estados en 

el 2018. Como ocurre 

en los estados, el área 

metropolitana de Puerto Rico ofrece un mejor 

acceso al empleo, la comunidad y el transporte.202

Programas y servicios federales 

de empleo en Puerto Rico, los 

Estados Unidos y los territorios 

de los EE. UU.

El apoyo laboral 

para personas con 

impedimentos proviene 

de varias agencias 

disponibles para todos 

los posibles empleados 

con impedimentos en Puerto Rico, así como 

en los estados y territorios. Ejemplos de 

estas agencias son las Agencias Estatales de 

Rehabilitación Vocacional (SVRA), las Redes de 

Empleo bajo el Programa del Boleto para Trabajar 

Solo el 23.7 por ciento de los

residentes puertorriqueños con 

discapacidades participan activamente 

en la fuerza laboral, en comparación 

con el 36 por ciento en los estados y 

el 44 por ciento en otros territorios de 

los EE. U

Puerto Rico tiene una tasa de 

pobreza del 48 por ciento en 

comparación con los estados 

(22.5 por ciento

(TTW) del Seguro Social, las Juntas de Inversión 

en la Fuerza Laboral (WIB) estatales o locales y 

los Centros de Trabajo Estadounidenses (AJC), las 

Agencias de Discapacidad del Desarrollo (DDA), y 

Centros para la Vida Independiente (CILS), entre 

otros.203

Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos

En Puerto Rico, todos los servicios de 

empleo coordinados son administrados por el 

Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos 

(DTRH). La misión de la 

DTRH de Puerto Rico es: 

“[ . . .] la identificación, 

adiestramiento y 

transformación de 

la fuerza de trabajo, 

asegurando los derechos 

laborales, promoviendo 

la creación de más y mejores empleos, la 

seguridad, el bienestar social y económico de 

los trabajadores, [ . . .]”.204 Esto incluye proteger 

a las PCD de la discriminación y garantizar la 

igualdad de acceso a los servicios y las mismas 

oportunidades de empleo, derechos que están 

cubiertos por la ADA y 

la Ley de Rehabilitación 

del 1973. DTRH tiene 

programas y servicios 

de empleo que apoyan 

la obtención de empleo 

para las PCD.

Programas de Rehabilitación 

Vocacional

La Administración de Servicios de Rehabilitación 

(RSA) supervisa cuatro programas de asistencia 

72 Consejo Nacional sobre Discapacidad
que brindan servicios a las personas con 

discapacidades para lograr resultados laborales 

exitosos. Estos son los Programa de Servicio de 

Rehabilitación Vocacional (VR) y el Servicio de 

Empleo Apoyado (SE), ambos son programas 

estatales de subvención de fórmula; el Programa 

de Servicio de Rehabilitación Vocacional para 

Indios Americanos (AIVR); y los programas de 

demostración y capacitación, que son programas 

de subvenciones discrecionales con hasta cinco 

años de premios competitivos. Adicionalmente, 

las agencias federales tienen que cumplir con la 

Ley Randolph-Shepperd, que da prioridad a los 

vendedores ciegos en propiedades federales o 

de otro tipo con el cumplimiento del programa 

supervisado por RSA. 

Los fondos para apoyar 

a los vendedores ciegos 

son proporcionados por 

los fondos del programa 

VR y autorizados por 

los programas SVRA.205

En los Estados Unidos, la 

mayoría de las agencias 

de RSA y VR son 

supervisadas por el Departamento de Educación 

(ED), sin embargo, en Puerto Rico, este 

programa se encuentra bajo el Departamento 

del Trabajo (DOL).

La Administración de Rehabilitación Vocacional 

(VRA) es la agencia principal que proporciona 

servicios de empleo para PCD en Puerto Rico. Entre 

los diferentes programas y beneficios federales 

que ofrece VRA, relacionados con el empleo, se 

encuentran el Programa de Empleo Sostenido (SE), 

la Corporación Pública para la Industria de Ciegos 

(PCBI), el Programa de Trabajo por Cuenta Propia, 

el Programa de Empleo Subsidiado (SEP) y el 

Programa de Vida Independiente (IL).206

El programa SE, administrado por la 

VRA, ofrece asistencia a las personas con 

discapacidades en capacitación laboral y servicios 

de colocación laboral. El programa ofrece 

evaluación de habilidades, capacitación para el 

desarrollo de habilidades, capacitación laboral 

y colocación, con la ayuda de un capacitador 

laboral.207 Además, administra la Corporación 

Pública de Ciegos, que fabrica trapeadores y 

contrata exclusivamente a ciegos pagando un 

salario mínimo de $7.25 por hora.208

La SEP les brinda a las PCD capacitación y 

fondos para adquirir el equipo necesario para 

establecer su propio negocio. SEP les ofrece a 

los empleadores un incentivo, o subsidio, para 

brindar oportunidades de 

empleo a las personas 

con discapacidades. 

Estos subsidios 

son temporales y 

generalmente se 

eliminan gradualmente 

después de un 

plazo previamente 

acordado entre VRA 

y los empleadores. VRA también financia 

CIL y proveedores de servicios de IL que 

ofrecen servicios a personas con discapacidad 

interesadas en perseguir y alcanzar metas de 

vida independiente.

VRA también les brinda servicios de apoyo 

a las personas con discapacidades al brindar 

asistencia a través de programas educativos y 

vocacionales. Ejemplos de algunos servicios son 

lectores para ciegos, capacitación en orientación 

y movilidad, capacitación en braille, intérpretes de 

lenguaje de señas, servicios de asistente personal, 

servicios médicos o servicios relacionados para 

rehabilitación, estipendios de alimentación, pago 

En los Estados Unidos, la mayoría 

de las agencias de RSA y VR son 

supervisadas por el Departamento 

de Educación (ED), sin embargo, 

en Puerto Rico, este programa se 

encuentra bajo el Departamento del 

Trabajo (DOL)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 73
de licencias profesionales, servicios de transición, 

pago de matrícula para educación instituciones, 

consejería de rehabilitación y servicios de 

exploración de carrera.

Para que se determine que una PCD es 

elegible para los servicios de rehabilitación 

vocacional, debe cumplir con los dos criterios 

identificados en la Sección 102(a)(1) de la 

Ley de Rehabilitación.209 El primer criterio 

es que la persona tenga una discapacidad 

como se especifica en la Sección 7(8)(A) de 

la Ley de Rehabilitación. Esta definición tiene 

dos elementos: (1) tener un impedimento 

físico o mental que, para esa persona, 

constituye o resulta 

en un impedimento 

sustancial para el 

empleo, y (2) la persona 

puede beneficiarse 

de los servicios de 

rehabilitación vocacional 

en términos de un 

resultado laboral.210

El segundo criterio 

de elegibilidad es que 

la PCD debe requerir servicios de VR para 

prepararse, ingresar, participar o conservar un 

empleo remunerado.211

Cada estado y territorio tiene al menos 

un programa de VR que atiende a todas las 

personas con discapacidades. En algunos 

estados, una Comisión para Ciegos también 

está disponible a través de fondos federales. 

En Puerto Rico y los demás territorios de 

los EE. UU., este programa se encuentra 

bajo VRA. Los fondos federales para VRA 

se basan en la fórmula legal que tiene en 

cuenta la población y el ingreso per cápita 

para determinar la cantidad que se pone a 

disposición de cada beneficiario para fines 

del programa VR.212

En su informe de transición de gobierno 2017-

2020, la VRA de Puerto Rico señaló que el 78.7 

por ciento de los fondos asignados a la agencia 

son fondos federales y el 21.3 por ciento restante 

de fondos estatales.213 El presupuesto anual para 

el 2017 fue de $56,762,321; para el 2018 fue de 

$68,027,392; para el 2019 fue de $44,857,077; y 

para el 2020 fue de $44,664,306.214

Los fondos de VR se asignan a las agencias 

estatales a través de una fórmula. El estatuto 

federal requiere que la asignación de cada 

año sea igual a la asignación del año anterior 

más un aumento 

igual a la inflación.215

Puerto Rico recibe el 

porcentaje máximo 

de fondos disponibles 

para cualquier estado 

o territorio, fijado en 

75 por ciento.216 Cada 

estado debe igualar una 

parte de su subvención 

federal.217 El porcentaje 

de costos compartidos para todos los estados 

y territorios es del 21.3 % del costo total del 

programa.218 Si un concesionario no puede 

cumplir con su obligación de costo compartido, 

los fondos no igualados deben devolverse y 

ponerse a disposición de otros estados.219

En el 2018, Puerto Rico recibió $68,027,392 

en subvenciones. En el 2021 recibieron 

$68,469,627 pero cedieron $19,292,383. En 

el 2020, Puerto Rico recibió $67,570,718 y 

renunció a $22,906,512, presuntamente debido 

a las limitaciones financieras de la isla y la 

incapacidad de proporcionar los fondos de 

contrapartida.

En su informe de transición de 

gobierno del 2017hasta el 2020, 

la VRA de Puerto Rico señaló que 

el 78.7 por ciento de los fondos

asignados a la agencia son fondos 

federales y el 21.3 por ciento

restante de fondos estatales

74 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Una parte interesada indicó que, debido a la 

situación económica de Puerto Rico, el requisito 

del Gobierno Federal de igualar los fondos a 

menudo deja los fondos federales sin utilizar 

debido a la incapacidad de Puerto Rico para 

obtener fondos para la igualación. Esto impide y 

limita aún más los servicios prestados a las 

personas con discapacidades.

El NCD recomienda que el Departamento 

de Educación enmienda 34 CFR 361.60, el 

requisito de costos compartidos para las 

subvenciones estatales de servicios de 

rehabilitación vocacional, para asignar una 

exención al requisito de costos compartidos 

si un estado o territorio puede demostrar 

que es fiscalmente incapaz de proporcionar 

la porción de costos 

compartidos.

Empleo con 

apoyo (SE) para 

personas con 

discapacidades 

significativas

El Empleo con Apoyo 

(SE) es un servicio 

que apoya a las personas con discapacidades 

significativas para obtener, mantener y conservar 

un empleo competitivo y continuo. En Puerto 

Rico, estos servicios son proporcionados por 

subcontratistas. La Oficina de Modalidades de 

Empleo y Apoyo de Puerto Rico indicó que para 

el año el 2020 se brindaron servicios a 319 PCD 

bajo la modalidad de empleo sostenido.220

Servicios de transición bajo VRA

Los servicios de transición bajo VRA brindan 

educación y capacitación a los jóvenes con 

discapacidades para lograr las habilidades y el 

empoderamiento adecuados que les permitirán 

competir con éxito en el mercado laboral. La 

principal agencia responsable de proveer estos 

servicios de transición es la rehabilitación 

vocacional, tanto en Puerto Rico como en los 

estados y territorios.

La Ley de Oportunidades e Innovación de 

la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en 

inglés) modifica la Ley de Rehabilitación 

del 1973y ahora requiere que las agencias 

de rehabilitación vocacional reserven al 

menos el 15 por ciento de sus fondos 

federales para proporcionar “servicios de 

transición previos al empleo” a “estudiantes 

con discapacidades que son elegibles 

o potencialmente 

elegible para los 

servicios de VR.221

Los servicios de 

transición en los 

estados y territorios 

son ordenados por 

IDEA y WIOA. Bajo 

IDEA, un estudiante con 

discapacidades en el programa de transición se 

enfoca en habilidades de vida independiente que 

incluyen educación vocacional.222

Mientras tanto, los servicios de WIOA se 

enfocan en los estudiantes con discapacidades 

menores de 21 años y la transición requerida 

para el asesoramiento laboral, la experiencia de 

aprendizaje en el trabajo, el asesoramiento sobre 

la transición integral y los programas educativos 

posteriores a la secundaria, la capacitación 

para el desarrollo de la vida independiente y las 

habilidades sociales, e introducción a la autoabogacía.223

En el 2020, Puerto Rico recibió 

$67,570,718 [en fondos de 

VR] y renunció a $22,906,512, 

presuntamente debido a las 

limitaciones financieras de la isla y 

la incapacidad de proporcionar los 

fondos de contrapartida

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 75
En Puerto Rico, los servicios de transición 

son provistos por agencias subcontratadas por 

VRA. Se requiere que estas agencias brinden 

capacitaciones que apoyen a los jóvenes en 

transición al aumentar su conocimiento en 

temas relacionados con sus derechos, defensa 

personal, fuerza laboral y habilidades de vida 

independiente. También deben administrar 

pruebas de interés vocacional, ofrecer ferias de 

trabajo y brindar asesoramiento profesional a 

jóvenes con discapacidades significativas que 

reciben servicios de educación especial o con 

un plan de la Sección 504. En Puerto Rico, las 

agencias subcontratadas de VRA brindaron 

servicios a 59,775 

personas del 2017 al 

2020. Tuvieron 5,900 

nuevos solicitantes; con 

4,675 referencias a 

transición (14–21 

años).224 La agencia 

también informa (desde 

el 2017 hasta el 2020) 

que bajo la Ley 51 del 

Departamento de 

Educación de Puerto 

Rico, un total de 14,329 padres, 4,969 maestros 

y 15,110 estudiantes en servicios de transición 

asistieron a talleres.225

Opiniones de las partes interesadas 

sobre los servicios de VRA

Las partes interesadas con discapacidades 

señalaron que algunos de los desafíos 

que enfrentan al solicitar servicios en la 

VRA de Puerto Rico es que los consejeros 

desalientan a las personas con discapacidades 

significativas a buscar servicios. Los consejeros 

subestiman las capacidades de las personas 

con discapacidades significativas y limitan su 

acceso a programas y oportunidades. Cuando 

se buscan servicios, a menudo hay un largo 

proceso de evaluación con muchos retrasos en 

los servicios prestados. Una vez que una PCD 

tiene 21 años de edad o más, los CIL brindan 

servicios a las PCD después de que concluyen 

los servicios con el ED. Sin embargo, en Puerto 

Rico solo hay dos agencias que administran 

los cinco CIL disponibles en Puerto Rico. Estos 

centros no atienden a todos los municipios de la 

isla y la mayoría carece de fondos suficientes.

Algunas partes interesadas que anteriormente 

habían residido en los estados dijeron que “en 

los Estados Unidos, 

pueden encontrar trabajo 

para las personas con 

discapacidades y que 

los empleadores se 

toman el tiempo para 

ayudar. Puede haber 

organizaciones sin fines 

de lucro que ayuden, 

pero en Puerto Rico es 

más limitado”.

Administracion del Seguro Social

La Administración del Seguro Social (SSA) 

también administra programas de empleo a 

través de la Ley de Mejoramiento de Incentivos 

Laborales del 1999. Uno de los programas 

actualmente disponibles en Puerto Rico es el 

programa Ticket to Work (TTW) de la Red de 

Empleo (EN), que brinda apoyo a los beneficiarios 

de programas de discapacidades de la SSA y 

SSDI, con búsqueda de empleo y esfuerzos de 

colocación para aquellos que desean regresar a 

la fuerza laboral226 Actualmente, solo existen dos 

EN activas en Puerto Rico, Movimiento para el 

Los consejeros de [Puerto Rico 

VRA] desalientan a las personas 

con discapacidades significativas 

a buscar servicios. Los consejeros

subestiman las capacidades de 

las personas con discapacidades 

significativas y limitan su acceso a 

programas y oportunidades

76 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Alcance de Vida Independiente (MAVI) y Alianza 

Municipal de Servicios Integrados (AMSI). El 

otro programa disponible (que no es una EN) 

es el Programa de Asistencia y Planificación de 

Incentivos Laborales (WIPA) cuyo objetivo es 

apoyar a los beneficiarios con discapacidades 

con información sobre incentivos laborales para 

una transición exitosa al trabajo.227 Entre el 2014 

y el 2020, el programa WIPA en Puerto Rico ha 

ayudado a aproximadamente 500 beneficiarios 

de SSDI por año fiscal a reinsertarse en la fuerza 

laboral.

Incentivos Fiscales a los 

Empleadores

En Puerto Rico, el Código de Rentas Internas de 

Puerto Rico ofrece una deducción contributiva 

para los patronos que contraten personas 

con impedimentos significativos que hayan 

participado en servicios de VR, una deducción de 

$400 dólares por persona con impedimentos y 

derecho a reclamar un máximo de 5 PCD. Cada 

empleado debe trabajar un mínimo de 20 horas 

por semana.228 En los estados, los empleadores 

que brindan oportunidades de empleo a las 

personas con discapacidades reciben créditos 

fiscales del IRS, como el crédito de acceso 

para los discapacitados, la reducción fiscal de 

eliminación de barreras y el crédito fiscal por 

oportunidad de trabajo. Las diferencias entre los 

estados y territorios se deben a diferencias en las 

estructuras impositivas.

NCD ha documentado que el aumento del 

empleo para las personas con discapacidad 

beneficia a las personas con discapacidad 

al aumentar su estabilidad económica e 

independencia y beneficia a la economía en 

general. También disminuye la dependencia del 

gobierno y aumenta la diversidad en la fuerza 

laboral. Por lo tanto, el empleo para las personas 

con discapacidades no es un problema de “ellos”, 

sino uno que nos afecta a todos.229

La investigación realizada en el 2018 encontró 

que el 81 por ciento de los empleadores 

entrevistados en la isla entendieron que 

las personas con discapacidades tienen las 

habilidades y el conocimiento para solicitar una 

oportunidad de trabajo competitivo.230 Tal vez si se 

proporcionaran mayores incentivos fiscales, estos 

empleadores estarían dispuestos a brindar aún 

mayores oportunidades laborales a las personas 

con discapacidades. El NCD recomienda que 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

implemente incentivos contributivos para los 

empleadores que contraten a personas con 

discapacidades significativas, similares a los 

programas estatales establecidos.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 77
78 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 7: Vivienda

Disparidades de vivienda

Las viviendas accesibles en Puerto Rico son limitadas e impactan directamente la capacidad 

de una persona con discapacidad para vivir de forma independiente. El impacto de los 

desastres naturales en la isla ha debilitado gravemente el inventario de viviendas y ha 

afectado la infraestructura de Puerto Rico, lo que contribuye a que las viviendas accesibles 

asequibles sean extremadamente limitadas en la isla. Esto, junto con listas de espera 

insostenibles para viviendas accesibles y asequibles y numerosos problemas de accesibilidad 

sistémicos y de larga data,[1] hace que la adquisición de viviendas sea un desafío. El NCD 

recomienda que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. 

UU. exija que todas las unidades de vivienda con asistencia federal sigan los principios 

de diseño universal y asegure que las unidades de vivienda accesibles reflejen el 

porcentaje de personas con discapacidades que necesitan asistencia federal para la 

vivienda.

La vivienda asequible y accesible es una 

necesidad para que las personas con 

discapacidades logren la independencia en 

Puerto Rico,231 Las personas con discapacidades 

enfrentan múltiples desventajas sociales que 

las excluyen de ese estatus, como altos niveles 

de pobreza, bajas tasas de empleo, bajo nivel 

educativo,232,233 y el abrumador desafío de lograr 

ha obtener viviendas asequibles y accesibles. 

Los fondos federales están disponibles para la 

asistencia del servicio de vivienda a través de 

diferentes programas federales. Sin embargo, 

obtener acceso a estos programas puede 

resultar difícil de alcanzar. Estos programas 

están disponibles en todos los estados y todos 

los territorios para los cuales las fórmulas y 

metodologías son similares en la aplicación 

para la determinación de los montos de 

financiamiento a los SLTT.

HUD otorga fondos discrecionales a través de 

20 programas de subvenciones que respaldan 

todas las iniciativas de HUD.234 Los fondos 

para los programas de HUD provienen de 

asignaciones discrecionales proporcionadas 

cada año en las leyes de asignaciones anuales, 

generalmente como parte del proyecto de ley 

de asignaciones de transporte, HUD y agencias 

relacionadas.235

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 79
Programas HUD

Los programas disponibles de HUD incluyen: 

Asistencia de alquiler basada en inquilinos (vales 

de elección de vivienda); asistencia de alquiler 

basada en proyectos; vivienda pública; vivienda 

para Ancianos (Sección 202); y vivienda para 

personas con discapacidades (Sección 811). 

“Los programas de HUD están diseñados para 

ayudar a los residentes con ingresos muy bajos 

u otras necesidades especiales de vivienda.”236

Tres programas de asistencia de alquiler: 

asistencia de alquiler basada en inquilinos de la 

Sección 8 (que financia los vales de elección de 

vivienda de la Sección 8); Asistencia de alquiler 

basada en proyectos de la Sección 8; y vivienda 

pública, representan la mayoría de los fondos 

del departamento (casi el 80 por ciento de las 

asignaciones totales de HUD en el año fiscal del 

2017).237 Además, dos programas flexibles de 

subvenciones en bloque, HOME y el programa 

Community Development Block Grant (CDBG), 

ayudan a las comunidades a financiar una 

variedad de actividades de vivienda y desarrollo 

comunitario diseñadas para servir a familias de 

ingresos bajos y moderados.238

HUD establece los requisitos de elegibilidad 

para sus programas. Las Agencias de Vivienda 

Pública (PHA, por sus siglas en inglés) locales 

determinan la elegibilidad en función del ingreso 

bruto anual, si la persona es una persona mayor 

de edad, una persona con discapacidades 

o un miembro de la familia, un ciudadano 

estadounidense o un inmigrante elegible, y otros 

factores locales.239 Estos otros factores locales 

varían según el estado. HUD establece límites de 

ingresos que determinan la elegibilidad para los 

programas de vivienda asistida y desarrolla límites 

de ingresos basados en una multitud de factores. 

Los límites de ingresos están determinados por 

HUD, donde el límite de ingresos bajos es el 80 

por ciento de los ingresos medios del condado 

y el límite de ingresos muy bajos es el 50 por 

ciento de los ingresos medios del condado.240,241

Los niveles de ingresos de Puerto Rico y los cinco 

estados elegidos para propósitos de comparación 

en este informe demuestran que los criterios de 

elegibilidad del nivel de ingresos son diferentes 

para Puerto Rico en comparación con los estados. 

La Tabla 7.1 presenta la elegibilidad del nivel de 

ingresos de Puerto Rico para 2021.

Tabla 7.1: Límites de ingresos para el año fiscal 2021 para Puerto Rico 

ajustados por las pautas federales de pobreza de 4 personas (preparado: 

1 de abril del 2021)242

Límites de ingresos ajustados 1-Persona 2-Personas 3-Personas 4-Personas

Límites de ingresos del 30 % $11,150 $12,750 $14,350 $15,900

Límites de ingresos del 50 % $18,550 $21,200 $23,850 $26,500

Límites de ingresos del 80 % $29,700 $33,950 $38,200 $42,400

Límites de ingresos del 100 % $37,100 $42,400 $47,700 $53,000

Límites de ingresos del 120 % $44,550 $50,900 $57,250 $63,600

Nota: El límite de ingresos redondeado de 4 personas se ajusta según el tamaño de las personas y luego se 

redondea $50 hacia arriba.

80 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Vivienda en Puerto Rico, Estados 

Unidos y territorios estadounidenses

La vivienda es un gran desafío para los 

puertorriqueños con discapacidades, como es 

el caso de otros territorios, específicamente 

debido a los desastres naturales como huracanes 

y terremotos, que han destruido propiedades 

e infraestructura que impactarán los territorios 

en los próximos años243 En la isla, HUD 

proporciona vivienda a través de la Sección 8 y 

programas de vivienda pública. Hay 20 viviendas 

subsidiadas con fondos federales; sin embargo, 

son principalmente para personas de 62 años 

o más.244 En materia de financiamiento, el 

Departamento de la Vivienda (DOH) de Puerto 

Rico tiene un presupuesto de $477,965,000 para 

el año fiscal del 2021.245

El DOH de Puerto Rico tiene tres ramas: el 

Departamento de la Vivienda, la Corporación 

para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto 

Rico y la Administración de Vivienda Pública de 

Puerto Rico (PHA). El Departamento de Vivienda 

supervisa las siguientes divisiones: la división de 

Sistemas de Información, la división de Recursos 

Humanos, la división de Subsidios y Desarrollo 

Comunitario, la división de Adquisición y Venta de 

Propiedades, la división de Gestión y Desarrollo 

de Proyectos y la división de Planificación 

Estratégica. Su misión es aumentar el inventario 

de viviendas, administrar los proyectos de 

vivienda pública existentes y ofrecer programas 

de subsidio a personas y familias de bajos y 

medianos ingresos para brindarles un hogar 

seguro y adecuado que contribuya a mejorar 

su calidad de vida y autosuficiencia. La misión 

principal de la Corporación de Financiamiento 

de la Vivienda es promover el desarrollo de 

viviendas asequibles y proporcionar facilidades 

de financiamiento, subsidios e incentivos para 

que las personas puedan comprar o alquilar una 

vivienda adecuada.246 La Administración de la 

Vivienda Pública de Puerto Rico fue creada por 

la Ley 66 del 1989, y su visión es mejorar la 

calidad de vida de los residentes en los proyectos 

residenciales públicos fomentando la actividad 

comunitaria y el desarrollo personal y familiar de 

sus residentes. La agencia recibe fondos de la 

Ley Federal de Vivienda del 1938 que proporciona 

el 100 por ciento de los fondos para Puerto RicoPHA. Estos fondos se pueden usar para brindar 

transporte a las personas con discapacidades 

y hacer modificaciones de accesibilidad a 

las unidades de vivienda. Esos fondos están 

asegurados anualmente en el presupuesto que 

otorga el Congreso a la agencia federal.

Las leyes federales de vivienda justa son la Ley 

de Vivienda Justa, ADA y la Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación. Los estándares de accesibilidad 

de la Ley de Equidad de Vivienda requieren que un 

mínimo del 5 por ciento del total de unidades de 

vivienda pública sea accesibles para personas con 

una discapacidades de movilidad.247 Puerto Rico 

tiene más del 5 por ciento con un total de 53,000 

unidades de vivienda de las cuales 4,100 son 

accesibles, lo que representa el 8 por ciento de 

las unidades accesibles. Los fondos operativos de 

Puerto Rico-PHA provienen en un 100 por ciento 

de fondos federales y, por lo tanto, no requieren 

contrapartida estatal.

Puerto Rico tiene el segundo proyecto de 

vivienda más grande de los Estados Unidos, 

solo superado por la ciudad de Nueva York.248

Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que esto no se compara a las mayores 

oportunidades de vivienda para las personas 

con discapacidades. En el 2016, HUD llegó a un 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 81
acuerdo de $65 millones con la PHA de Puerto 

Rico para mejorar la accesibilidad de los residentes 

con discapacidades. El objetivo era abordar 

“problemas de accesibilidad de larga data que 

afectan a las personas con discapacidades.”249

La PHA tenia que modernizar 2560 unidades 

de vivienda antes del 31 de diciembre del 2021 

para garantizar la accesibilidad. Este acuerdo 

de cinco años requería que la PHA reservara 

$3.6 millones cada año para modernizar 1489 

unidades adicionales, crear 1209 unidades en 

184 proyectos de vivienda existentes, hacer 

unidades accesibles en 25 sitios del proyecto y 

producir 1024 unidades sensorialmente 

accesibles para 2017.250,251

Es importante recalcar 

que los materiales de 

construcción utilizados 

para la vivienda en Puerto 

Rico difieren de los 

utilizados en los estados, 

así como de los códigos 

de construcción debido 

a la ubicación geográfica 

de la isla y su propensión 

a desastres naturales como huracanes y 

terremotos.252 Estos materiales son más caros, 

lo que, a su vez, conduce a mayores costos por 

unidad, lo que resulta en una cantidad limitada 

de viviendas en comparación con la demanda 

en la isla. Antes del huracán María, solo había 

2500 unidades de vivienda pública disponibles y 

25,000 personas estaban en lista de espera.253

A partir del 2021, la PHA tiene 

aproximadamente 4,100 unidades de vivienda 

pública certificadas para personas con 

discapacidades y 360 proyectos en toda la isla, 

con una financiación aproximada para el año 

fiscal del 2021 de $477,965,000.254 HUD anunció 

públicamente en mayo del 2020, la asignación 

de $241,205 a Puerto Rico, como parte de 

una asignación nacional de casi $77 millones 

en una cuarta ola de fondos de la Ley CARES 

que respaldan hasta 8,300 vales adicionales a 

través del Programa de vales de elección de 

vivienda convencional de la Sección 811 de 

HUD. Esta iniciativa incluye viviendas asequibles 

para personas mayores y/o discapacitadas255

El DOH de Puerto Rico indicó en su audiencia 

de transición que se espera que se publique una 

solicitud de propuesta (RFP) de estos fondos para 

subsidiar la construcción de nuevos proyectos 

destinados a adultos mayores y PCD, que 

brindarán servicios de 

apoyo como enfermería, 

asistencia domiciliaria, 

o transporte.256,257

Las partes interesadas 

han descubierto que 

las casas no están 

construidas con 

diseños universales 

que se adapten a las 

necesidades de las 

personas que envejecen o las personas con 

discapacidades.258 Algunos proyectos de vivienda 

de HUD tienen límites en cuanto a la cantidad 

de personas con discapacidades que pueden 

residir en un lugar. Los complejos de viviendas 

de vida independiente solo permiten un pequeño 

porcentaje de personas con discapacidades si 

son menores de 55 años.

Las personas que necesitan servicios de 

apoyo solo los encuentran disponibles para las 

personas que viven en instituciones o viviendas 

asistidas y no están disponibles para las personas 

que viven de forma independiente.259 En Puerto 

Rico, la mayoría de los servicios de apoyo para 

[L]os materiales de construcción 

utilizados para la viviendas en 

Puerto Rico ... son más caros, 

que a la vez conduce costos más 

altos por unidad, lo que resulta en 

una cantidad limitada de viviendas 

en comparación con la demanda 

en la isla

82 Consejo Nacional sobre Discapacidad
personas con discapacidades cesan una vez que 

la persona cumple 21 años. Debido a la falta de 

servicios de apoyo, una PCD a menudo está 

destinada a quedarse en casa con sus padres y/o 

programas de relevo.

Los programas de vida asistida podrían 

beneficiar a las personas con discapacidad en 

Puerto Rico. Los requisitos del programa son que 

debe ser mayor de 21 años, tener un diagnóstico 

profesional de una discapacidad intelectual a 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 83
través de una prueba psicométrica, y tener las 

habilidades básicas para la vida independiente, 

bajos ingresos y sin propiedad o medios 

económicos. Bajo la vivienda de asistencia, no 

se proporcionan servicios de apoyo. Las partes 

interesadas sugirieron que el gobierno de Puerto 

Rico financie programas de vida asistida. Además, 

los programas de vida asistida que existen son 

limitados y de difícil acceso, especialmente fuera 

del área metropolitana. Otro aspecto importante 

relacionado con la vida asistida es la falta de 

programas de transporte en la isla. Muchas 

personas con discapacidades necesitan estos 

servicios para vivir de forma independiente.

Puerto Rico tiene 20 

complejos residenciales 

que están subsidiados 

por fondos federales y 

están disponibles para 

las personas mayor de 

edad de 62 años o más, 

así como las unidades 

de vivienda disponibles 

bajo la Sección 8. El NCD 

recomienda que el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los EE. y todas las unidades de vivienda 

siguan los principios de diseño universal que 

garantizan que las unidades de vivienda 

accesibles reflejen el porcentaje de personas 

con discapacidades que necesitan asistencia 

federal para la vivienda.

En febrero del 2020, el Departamento de 

Justicia de los EE. UU. resolvió una demanda 

por discriminación en la vivienda basada en las 

discapacidades con propietarios y desarrolladores 

de 11 complejos de apartamentos en Puerto 

Rico. La demanda requería que los propietarios 

y desarrolladores resolvieran las violaciones de 

la Ley de Vivienda Justa y la ADA.260 Se requiere 

que las empresas modernicen y eliminen las 

barreras de accesibilidad, lo que puede requerir 

cosas como el reemplazo de aceras inclinadas, 

la instalación de rampas en las aceras y 

pasarelas, la instalación de baños y gabinetes 

de cocina accesibles para sillas de ruedas, y 

la eliminación de barreras de accesibilidad en 

áreas públicas y comunes.261 NCD recomienda 

que PRHD garantice que todos los proyectos 

de construcción destinados en la isla con 

fondos de CDBG-DR cumplan no solo con los 

requisitos mínimos 

de diseño de la ADA 

sino también con las 

recomendaciones 

de diseño universal 

para garantizar la 

accesibilidad para 

las personas con 

discapacidades.

Las partes interesadas 

entrevistadas enfatizaron 

el número limitado de 

programas en toda la isla dedicados a atender a la 

población adulta con discapacidades intelectual. 

Los servicios de apoyo adicionales identificados 

por las partes interesadas como necesarios para 

lograr una vida independiente (además de la 

vivienda accesible), fueron transporte accesible, 

servicios de limpieza, PAS y un programa de 

relevo, entre otros. La escasez, en términos 

de fondos de vivienda asistida, bajos ingresos 

y programas y recursos de apoyo de servicios 

insuficientes limitan la capacidad de las personas 

con discapacidades para ser autosuficientes y 

vivir de forma independiente.

En Puerto Rico, la mayoría de los 

servicios de apoyo para personas 

con discapacidades cesan una vez 

que la persona cumple 21 años

Debido a la falta de servicios de 

apoyo, una PCD a menudo está 

destinada a quedarse en casa con 

sus padres y/o programas de relevo

84 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 8: Transporte

Disparidades en el transporte

El transporte accesible es una necesidad para muchas personas con discapacidades para 

obtener empleo, educación, acceso a la comunidad y atención médica. El sistema de 

transporte de Puerto Rico está plagado de problemas. Los desastres naturales recurrentes 

han dañado gravemente la infraestructura y la disparidad en los servicios de transporte 

para personas con discapacidades en Puerto Rico es evidente. Esta disparidad existe a 

pesar de la distribución equitativa de los fondos de transporte del DOT a los estados y 

territorios. La fórmula de financiamiento del DOT considera la alta tasa de pobreza en la 

isla que resulta en ingresos fiscales reducidos, infraestructura asediada con una economía 

que depende de las importaciones y, debido a la Ley Jones, precios más altos. Debido a 

estas circunstancias únicas, los fondos de transporte igualmente proporcionados a Puerto 

Rico no son suficientes para satisfacer las necesidades de transporte más básicas de las 

personas con discapacidades en la isla. El NCD recomienda que el Congreso modifique 

la fórmula legislativa del DOT para las subvenciones de fórmula para que los fondos 

se distribuyan equitativamente. El NCD recomienda que el Congreso modifique la 

fórmula legislativa del Departamento de Transporte para asignar una exención al 

requisito de participación en los costos si un estado o territorio puede demostrar que 

es fiscalmente incapaz de cumplir con el requisito de participación en los costos.

Por lo tanto, un estado o territorio que ya se encuentra en dificultades financieras no es 

penalizado ni se le impide obtener acceso a fondos federales únicamente por su situación 

económica.

El NCD recomienda que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico priorice y 

elabore estrategias para igualar todos los fondos federales equivalentes cuando sea 

fiscalmente posible para que todos los fondos federales se utilicen para mejorar el 

transporte en la isla para las personas con discapacidad. El NCD recomienda que 

Puerto Rico cree una integración sistémica unificada y desarrollo de capacidades 

entre los proveedores de transporte para PCD en la isla y los territorios para mejorar 

el acceso y la cobertura para PCD.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 85
Transporte en Puerto Rico, Estados 

Unidos y los Territorios de los 

Estados Unidos

Las opciones de transporte accesible en 

Puerto Rico son extremadamente limitadas y 

dejan a muchas personas con discapacidades 

con opciones limitadas para participar en 

su comunidad. La Ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 

inglés) del 1990 incluye el derecho a un acceso 

accesible e igualitario al transporte. Requiere 

que las entidades de transporte público brinden 

paratránsito complementario junto con su 

servicio de ruta fija de autobús o tren.262 Existen 

pocas opciones de transporte cuando no hay 

transporte público disponible, como en las 

zonas rurales. Muchas PCD en Puerto Rico 

simplemente nunca salen de casa.

El Departamento de 

Transporte de los EE. 

UU. (DOT, por sus siglas 

en inglés) administra los 

programas basados en fórmulas y las 

subvenciones disponibles para los estados y 

territorios. La Administración Federal de 

Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés) es la 

agencia que tiene capacidades de supervisión 

y cumplimiento para garantizar que se brinde 

transporte a las personas con discapacidades 

en los sistemas de transporte público. Los 

beneficios y el apoyo federal incluyen subsidios 

de fórmula de transporte para el transporte de 

poblaciones desfavorecidas como personas 

con discapacidades y personas mayores con 

discapacidades. Se proporcionan a través de 

los estados a las organizaciones que brindan 

servicios de transporte a las personas con 

discapacidades. Las organizaciones que 

brindan estos servicios enfrentan restricciones 

como resultado de la creciente necesidad y los 

presupuestos limitados, a menudo ajustados. 

Este es el caso en los estados y territorios 

de los EE. UU. Mientras haya servicios 

disponibles, la demanda supera la capacidad 

para atender a todos aquellos que necesitan 

transporte.263

El Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico (DTOP) creó en el 

2014 la Autoridad de Transporte Integrado de 

Puerto Rico (ATI), para administrar e integrar 

los diferentes modos de tránsito en la Isla.”264

Actualmente atiende al área metropolitana de 

San Juan el servicio de trenes pesados y buses 

con 102 buses con un promedio de 11 años 

de servicio y 54 vehículos con un promedio 

de 5 años de servicio. Junto con la Autoridad 

Metropolitana de Autobuses (AMA), el Tren 

Urbano (TU), Conectores 

TU y Transporte Marítimo 

(ATM), la concentración 

de transporte colectivo 

de estos servicios está disponible en ocho 

municipios del área metropolitana de San 

Juan (Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, 

Loíza, San Juan, Trujillo Alto y Toa Baja) y las 

dos islas menores de Vieques y Culebra. AMA 

administra el sistema de buses de ruta fija 

con 17 rutas y con una flota de 108 buses. 

El sistema de paratránsito de Puerto Rico, 

“Llame y Viaje” (Servicio público de llamadas 

y viajes) y “Transcita” (Servicio privado) están 

disponibles para personas con discapacidades. 

Sin embargo, la mayoría de estos servicios 

solo están disponibles durante la semana.

Al igual que las áreas rurales de los 

estados, el transporte público accesible es 

extremadamente limitado fuera del área 

metropolitana. Desafortunadamente, las 

Muchas PCD en Puerto Rico 

simplemente nunca salen de casa

86 Consejo Nacional sobre Discapacidad
restricciones fiscales experimentadas por la 

mayoría de los municipios de la isla restringen 

su capacidad para proporcionar el transporte 

accesible que se necesita desesperadamente. 

Actualmente, los municipios que no forman parte 

del área metropolitana deben desarrollar sus 

propias opciones de transporte y solicitar fondos 

a la Autoridad de Carreteras y Transportación 

de Puerto Rico (PRHTA) para establecer su 

propio sistema de para-tránsito. Las agencias de 

transporte han tratado de unificar las opciones de 

transporte público, pero existe una gran variación 

en los servicios disponibles. Los municipios ya 

estaban bajo presión fiscal antes de la ola de 

desastres naturales en los últimos años. A partir 

de abril del 2021, Puerto Rico todavía estaba 

esperando el desembolso de los fondos de ayuda 

por desastre para ayudar en los esfuerzos de 

recuperación, incluido el transporte. La mayoría 

de los municipios tienen limitadas alternativas 

de transporte. Si se proporciona transporte 

accesible, por lo general solo se proporciona para 

citas médicas.

La crisis fiscal, la migración saliente y 

la gravedad de los desastres naturales han 

reducido el número de pasajeros y la inversión 

en transporte público. Esto ha resultado en 

una mayor dependencia del automóvil y tráfico 

vehicular en las áreas metropolitanas.265

AMA ha sido citada por infracciones en 

numerosas ocasiones por el Sistema de 

Protección y Defensa con respecto a las 

actitudes de los conductores de autobuses, 

autobuses que no se detienen para los pasajeros, 

rampas que no funcionan o cinturones de 

seguridad para sillas de ruedas, falta de espacio 

para abordar y accesibilidad de las aceras. Se 

ha llevado a cabo capacitación para ayudar a 

los conductores de autobuses a desarrollar una 

comprensión de la ley y la sensibilidad para 

brindar el servicio adecuado a los pasajeros con 

discapacidades. Todos los autobuses cumplen 

con ADA y deben cumplir con Buy America. 

Un representante de la agencia afirmó que 

los autobuses de AMA son principalmente 

autobuses que dependen del diésel y se averían 

con frecuencia. También mencionaron que el 

FTA requiere que los buses operen por 14 años 

antes de que puedan ser reemplazados. Como 

resultado, la agencia de tránsito debe invertir en 

reparaciones costosas y recurrentes para reparar 

los autobuses deteriorados. FTA considera el 

terreno y la geografía de Puerto Rico, el aire 

salado y la densidad del polvo del Sahara que 

llega a las costas, que causan un desgaste 

adicional y afectan la durabilidad y la vida útil de 

los autobuses. Lo más apropiado es una vida 

útil de 10 años para los autobuses y lo ideal es 

cinco años para el paratránsito. Este mismo 

actor aseveró que es un factor crítico que influye 

en tener una oferta adecuada de buses para la 

demanda de servicios. El NCD recomienda que 

el DOT reduzca la vida útil de los autobuses 

a 10 años y de los vehículos de paratránsito a 

cinco años.

El TU es un tren de ruta limitada en el 

área metropolitana con 16 paradas y brinda 

transporte a solo tres municipios, Bayamón, 

Guaynabo y San Juan. Es accesible para 

personas con discapacidades mediante 

escaleras mecánicas, ascensores y mensajes 

visuales y auditivos, y cumple con los 

requisitos mínimos de la ADA. La mayoría de 

las dificultades de accesibilidad ocurren cuando 

los ascensores y las escaleras mecánicas se 

averían, y hay un retraso en las reparaciones 

debido a las restricciones fiscales provocadas 

por la crisis fiscal de la isla.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 87
Transporte Marítimo utiliza un sistema 

de transbordadores para brindar transporte 

hacia y desde las islas de Vieques y Culebra. 

Este sistema no satisface las necesidades de 

transporte de las personas con discapacidades 

que viajan hacia y desde las islas de Vieques 

y Culebra para recibir servicios de salud y 

otros servicios especializados. Las quejas de 

horarios erráticos, maquinaria defectuosa y 

disponibilidad inconsistente son consistentes. 

Esto limita la movilidad de las personas con 

discapacidades porque las únicas otras opciones 

(pequeños aviones de cercanías) son costosas 

y no funcionan para 

todas las necesidades 

de movilidad de 

las personas con 

discapacidades. El 

transporte accesible en 

las islas más pequeñas 

y hacia y desde otras 

islas es extremadamente 

limitado y para muchos 

inalcanzable.

La Autoridad de Carreteras y Transportación 

de Puerto Rico (PRHTA) es la entidad 

responsable de recibir y administrar los fondos 

del FTA a la Isla de las áreas Urbanizadas y no 

urbanizadas. Dentro de esta agencia, la Oficina 

de Coordinación Federal (FCO) administra los 

fondos y colabora con la FTA, la Organización de 

Planificación Metropolitana, los gobiernos locales 

y los proveedores de tránsito para desarrollar 

y mantener una red de servicios de transporte 

disponibles para el público en la isla. DTOP, la 

agencia coordinadora de elaboración de políticas 

para el transporte en la isla, sirve como el brazo 

operativo de la Organización de Planificación 

Metropolitana de Puerto Rico para todas las áreas 

urbanizadas y ha creado comités de políticas/

juntas para asegurar la toma de decisiones 

cooperativas.

El Plan Estratégico de Mejoramiento del 

Transporte de Puerto Rico (STIP)266 refleja 

las diferentes regiones de la isla y sus 

categorías para los beneficios del programa y 

el financiamiento de FTA y administrado por 

FCO. Los fondos asignados a Puerto Rico se 

calculan con base en fórmulas legislativas 

que factorizan estadísticas de población y 

densidad de población. Cabe señalar que, si 

bien los programas 

de transporte en 

Puerto Rico se 

financian utilizando 

la misma fórmula 

para los estados y 

otros territorios, 

la profundidad 

de la necesidad, 

las condiciones 

socioeconómicas 

y los desastres naturales son mucho más 

graves y han aumentado las necesidades 

financieras de Puerto Rico para brindar los 

beneficios y servicios no satisfechos para 

las personas con discapacidades. El NCD 

recomienda que el Congreso modifique 

las fórmulas legislativas del DOT para que 

los fondos se distribuyan equitativamente.

La distribución equitativa en oposición a la 

distribución equitativa disminuirá la disparidad 

de acceso a servicios y programas causada 

por los altos niveles de pobreza y dificultades 

económicas que experimentan las PCD en 

Puerto Rico y otros territorios.

La distribución equitativa en 

oposición a la distribución 

equitativa disminuirá la disparidad 

de acceso a servicios y programas 

causada por los altos niveles de 

pobreza y dificultades económicas 

que experimentan las PCD en 

Puerto Rico y otros territorios

88 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Sección 5307 - 

Subvenciones de 

fórmula de área 

urbanizada

2020 Prorrateo:267

Proporciona 

subvenciones para 

apoyar el transporte 

público en áreas 

urbanizadas a través 

de capital de tránsito y 

asistencia operativa

SJUA: $26,901,585

AUA: $2,641,752

UZA: $17,033,736

En el STIP, los ejemplos de proyectos de 

subvención de fórmula de área urbanizada de la 

Sección 5307 otorgados a SJUA incluyen:

■ Oficina de operación y equipamiento 

administrativo de los programas de 

paratránsito / ordenamiento territorial 

en el municipio (Bayamón, Vega Alta, 

Vega Baja);

■ Reemplazo de vehículos de paratránsito 

(4-Bayamon, 3-Guaynabo 4-Toa Baja);

■ Contratación de los servicios de 

paratránsito ADA no fijos (Carolina);

■ Construcción o rehabilitación de aceras 

y accesos alrededor de la marquesina 

(Carolina, Toa Baja);

■ Diseño y construcción de aceras en 

albergues y paraderos, Centro de Adultos 

Mayores, Municipalidad y Dos Bocas 

(Corozal);

■ Asistencia operativa para el paratránsito 

ADA (Corozal, Guaynabo, Gurabo);

■ Prestación de servicios de paratránsito 

(Gurabo, Humacao, Juncos, Manatí, San 

Lorenzo, Toa Baja); y

■ Mantenimiento preventivo para actividades 

de paratránsito (Vega Alta).

Sección 5310 - 

Movilidad mejorada 

para personas mayores 

y personas con 

discapacidades

Prorrateo 2020268

Brinda fórmula de 

financiamiento para 

aumentar la movilidad 

de las personas 

mayores y las personas 

con discapacidades 

“cuando el transporte 

público es insuficiente, 

inapropiado o no está 

disponible” y proyectos 

que mejoran el acceso 

al servicio de ruta fija y 

reducen la dependencia 

de las personas con 

discapacidades del 

paratránsito o una 

alternativa al transporte 

público”

SJUA: $2,558,984

AJUA: $396,353

UZA: $2,021,589

NUA: $233,391

Para las personas con discapacidades, la 

Sección 5310 es fundamental y se puede usar 

para comprar vehículos, respaldar los servicios 

existentes, aumentar las horas de servicio, 

ampliar las opciones, difundir la conciencia sobre 

la elegibilidad y/o cómo acceder a los servicios 

de transporte, y crear capacitación en gestión 

de movilidad o viajes, entre otros. usos.269

Una persona intrevistada mencionó que los 

servicios de transporte son indispensables para 

las PCD. Sin embargo, en su póliza de seguro de 

salud, donde se incluye el transporte, se aplican 

restricciones importantes. Si se proporciona, el 

transporte se limita a 13 viajes de ida y vuelta 

por año, que generalmente se usan para citas 

médicas. Para otros viajes, al supermercado por 

ejemplo, el cuidador o acompañante debe pagar 

una tarifa de $20 por viaje. Una tarifa de $20 

para alguien que recibe beneficios de AABD y 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 89
recibe solo $75 al mes es un gasto exorbitante. 

Al consultar con los proveedores de planes de 

salud, confirmaron que el principal requisito para 

recibir el servicio de transporte es ser beneficiario 

de Medicare y Vital. Incluso entonces, el 

transporte se proporciona principalmente solo 

para citas médicas y depende de la cobertura del 

seguro.

Una entrevista confidencial con un familiar 

de una persona con discapacidades comparó las 

experiencias en los estados con las de la isla y 

señaló que en los Estados Unidos:

Los residentes de los programas de vida 

asistida son recogidos por vehículos de 

tránsito de la ciudad para llevarlos a sus 

trabajos y regresar a sus hogares por 

la tarde. En otras palabras, existe un 

sistema organizado, donde se priorizan 

las necesidades de transporte adecuadas 

para las PCD. No hemos llegado a ese 

punto en Puerto Rico. Estamos muy lejos 

de crear conciencia sobre el hecho de que 

las personas, incluso con discapacidades 

intelectual, no pueden conducir un vehículo, 

pero quizás podrían tener un trabajo y una 

mejor calidad de vida, si tuvieran programas 

de tránsito adecuados en todos los 

pueblos.270

Varias subvenciones de transporte requieren 

que Puerto Rico iguale los fondos para la 

elegibilidad. Por ejemplo, los requisitos de 

coincidencia para la Sección 5310 varían según el 

proyecto. Para proyectos de capital (fondos para 

comprar vehículos) se requiere una contrapartida 

del 20 por ciento. Los proyectos para financiar las 

operaciones del programa deben proporcionar 

una contrapartida del 50 por ciento. El partido 

puede derivarse de otros fondos federales.271

Los fondos asignados a los estados se asignan 

por población. La fórmula es 60 por ciento para 

poblaciones urbanizadas con más de 200,000, 

20 por ciento para población de más de 50,000 

pero menos de 200,000 y 20 por ciento en 

áreas rurales con una población de menos de 

50,000.272 El NCD recomienda que el Congreso 

modifique las fórmulas legislativas del 

Departamento de Transporte para asignar 

una exención al requisito de participación 

en los costos si un estado o territorio puede 

demostrar que es fiscalmente incapaz de 

cumplir con el requisito de participación en 

los costos.

La reducción de fondos observada en el año 

fiscal del 2021 y el año fiscal del 2022 se debe 

a disminuciones en el uso durante la pandemia. 

Ahora hay fondos adicionales disponibles 

de CARES Act y CRRSA para compensar la 

diferencia. Ejemplos de proyectos financiados 

en Puerto Rico bajo la Sección 5310 incluyen:

■ El Municipio de Barranquitas adquirió una 

camioneta de paratránsito, 10 camionetas 

de pasajeros, un minibús y 16 vehículos de 

pasajeros;

■ Municipio de Cayey adquirió tres vehículos 

de paratránsito con capacidad para 

10 pasajeros;

■ Altergarten I, Las Teresas, Combined 

Building & Housing Consultants, Inc. (San 

Juan), adquirió un minibús para 16 pasajeros 

con acceso para discapacitados (ascensor);

■ Hogar Juan Ruiz Vélez, Asc. Jubilados de la 

AEE, Inc., Consultora Mixta de Edificación y 

Vivienda, adquirió un autobús de pasajeros 

con acceso para discapacitados (ascensor);

90 Consejo Nacional sobre Discapacidad
■ Corporación Servicios de Salud Primaria 

y Desarrollo Socioeconómico El OtoaoCossao (Utuado) adquirió un paratránsito 

con capacidad para 10 pasajeros y dos 

camionetas; y

■ El Municipio de Ponce adquirió seis 

autobuses (cuatro camionetas de 

paratránsito y dos minibuses) y construyó 

o rehabilitó 20 aceras y/o rampas, todas en 

conformidad con ADA.

Sección 5311 - 

Subsidios del Programa 

de Fórmula para Áreas 

No Urbanizadas y 

Programa de Asistencia 

de Transporte Rural

2020 Prorrateo:

Estas subvenciones 

brindan asistencia 

operativa y 

mantenimiento 

preventivo para 

el transporte en 

los municipios 

seleccionados

NUA: $2,265,122

Los subreceptores que reciben fondos 

de FTA 5311 y operan un servicio de ruta fija 

deben proporcionar un servicio de paratránsito 

complementario de la ADA por separado para 

las personas con discapacidades que no pueden 

usar el sistema de ruta fija. Antes del inicio de un 

servicio de ruta fija, los subreceptores presentan 

a PRHTA su plan complementario de paratránsito 

con la documentación escrita de cumplimiento.

El sistema de transporte público o PUBLICOS 

en toda la isla es de propiedad y operación 

privada y está regulado por la Comisión de 

Seguridad Pública. Las tarifas están reguladas 

por ruta y se imponen requisitos especiales 

de seguro. Este modo de transporte ha tenido 

una disminución significativa en la demanda 

y el número de pasajeros entre el 2010 – el 

2016273 con una caída de más del 50 por ciento 

en los viajes según lo medido por la Base de 

Datos Nacional de Transporte.274 Desde el año 

fiscal del 2012 hasta el año fiscal del 2016, el 

sistema PUBLICO ha perdido el 23 por ciento 

de sus rutas y el 31 por ciento de sus vehículos 

disponibles. Desafortunadamente, la mayoría ha 

desaparecido y la mayoría no son accesibles.

Al analizar las opciones de transporte en 

los estados y específicamente en aquellos 

estados con la mayor población puertorriqueña, 

encontramos que existe una variedad de 

opciones de movilidad y transporte (incluidos 

trenes, autobuses, paratránsito, transporte rural y 

marítimo). Curiosamente, los mismos problemas 

persisten y requieren atención: aplicación 

inadecuada de las leyes ADA, obstáculos físicos 

para todas las formas de transporte público y 

falta de opciones de transporte en las zonas 

rurales de la isla (aunque actualmente se están 

expandiendo).275

Todos estos programas de beneficios 

federales identificados están disponibles en los 

estados bajo el Departamento de Transporte 

(DOT), que proporciona fondos de subvención 

de fórmula a cada estado y destinatarios 

adicionales y subreceptores que pueden incluir 

organizaciones sin fines de lucro diseñadas para 

facilitar las opciones de transporte para PCD. La 

financiación del año fiscal del 2020 para las áreas 

urbanizadas de los EE. UU. con una población de 

más de 200,000 es de $172,893,544, las áreas 

urbanizadas con una población de entre 50,000 y 

199,000 y las áreas no urbanizadas suman un 

total de $57,631,182 cada una.

El Moving America Plan-21 (MAP-21) del 2012 

creó un programa de transporte de superficie 

simplificado y basado en el rendimiento que 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 91
impuso requisitos a los programas de servicios 

humanos financiados por FTA que respaldan 

los servicios de transporte para personas con 

discapacidades, adultos mayores y personas 

con bajos ingresos.276 Al buscar opciones 

de transporte en los territorios, cada uno es 

elegible para subvenciones basadas en fórmulas 

y opciones de financiación que incluyen el 

Programa de Carreteras Territoriales, que se 

creó para construir y mejorar las carreteras 

y los conectores entre islas (incluidos los 

transbordadores, las instalaciones de las 

terminales y los accesos) en las Islas Vírgenes 

Estadounidenses, Guam, Samoa Americana 

y la Mancomunidad de las Islas Marianas 

del Norte.277 En el 2014, bajo MAP-21278 el 

financiamiento para los programas territoriales 

de carreteras fue de $40 millones y se asignó 

a los cuatro territorios mediante una fórmula 

administrativa establecida en 40 por ciento 

cada uno para Guam y las Islas Vírgenes 

Estadounidenses y 10 por ciento para Samoa 

Americana y las Islas Marinas del Norte. En 

términos de transporte público bajo MAP-21, 

hay cuatro subvenciones de fórmula que 

incluyen, como en Puerto Rico, el programa de 

fórmula de área urbanizada del cual se asignaron 

$183,266 a las Islas Vírgenes de los EE. UU. 

para el programa de tránsito para personas 

mayores y discapacitadas, el programa de 

autobuses e instalaciones de autobuses, y la 

Subvención Fórmula Zona No Urbanizada. Las 

subvenciones para áreas no urbanizadas para 

poblaciones de menos de 50,000 habitantes en 

el 2020 incluyeron $9,552 para las Islas Marinas 

del Norte, $45,768 para Guam y $12,089 para 

Samoa Americana.

El informe de discapacidad del 2018 de 

la Universidad de Cornell para Puerto Rico 

refleja que el 17.3 por ciento de la población 

con discapacidades indicó que tenían una 

discapacidad que le dificultaba moverse, caminar 

o subir escaleras.279 A medida que ingresamos 

en el 2021, las necesidades de transporte para 

la comunidad de personas con discapacidades 

continúan siendo agudas. El retraso en la 

oferta versus la demanda es tan grande que 

los flujos de financiamiento actuales, aunque 

distribuidos equitativamente, aún no satisfacen 

las necesidades y la demanda de servicios para 

las personas con discapacidades en Puerto Rico, 

lo que se ve agravado por la pobreza significativa, 

los retrasos en el acceso al financiamiento y la 

crisis fiscal de la isla.

El NCD recomienda que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico priorice y elabore 

estrategias para igualar todos los fondos 

federales equivalentes cuando sea fiscalmente 

posible para que todos los fondos federales se 

utilicen para mejorar el transporte en la isla 

para las personas con discapacidades. El NCD 

recomienda que Puerto Rico cree un sistema 

unificado y desarrolle capacidades entre los 

proveedores de transporte para PCD en la isla 

y los territorios para mejorar el acceso y la 

cobertura para PCD.

92 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 9: Preparación para emergencias

Impacto de los desastres naturales

Los desastres naturales y las emergencias ocurren en todo el mundo, y todos sienten el 

impacto. Sin embargo, las personas con discapacidades tienen un mayor riesgo de eventos 

climáticos extremos e inundaciones costeras. Las personas con discapacidades enfrentan 

múltiples obstáculos con los mensajes y el refugio durante los desastres naturales, tales 

como: notificación ineficaz y falta de servicios de comunicación para personas sordas, con 

problemas de audición y ciegas; transporte deficiente o inexistente para evacuaciones; y/o 

refugios inaccesibles. El acceso conveniente a los fondos federales para mitigar el impacto 

de los desastres naturales como comunidad es imperativo inmediatamente después de un 

desastre. La reconstrucción debe garantizar que las comunidades se reconstruyan para que 

sean inclusivas y accesibles para todos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

informó que “a nivel mundial, la cantidad 

de desastres naturales relacionados con el 

clima se ha más que triplicado desde la década 

del 1960.”280 En el 2017, Estados Unidos tuvo una 

devastadora temporada de huracanes, lo que la 

convirtió en una de las más costosas de nuestra 

historia con incendios forestales simultáneos en 

el oeste que quemaron miles de acres, seguidos 

de deslizamientos de tierra en el sur de California.

Las personas con discapacidades se ven 

especialmente afectadas como consecuencia de 

estos desastres naturales, lo que resulta en tasas 

más altas de lesiones e incluso muertes. Las 

personas con discapacidades enfrentan múltiples 

barreras durante los desastres naturales, tales 

como: alternativas ineficaces de notificación 

y comunicación para personas sordas, con 

problemas de audición y ciegas, malas 

alternativas de transporte para la evacuación 

de personas con discapacidades física con 

limitaciones físicas; refugios inaccesibles; 

alternativas alimentarias inadecuadas; pérdida 

de redes de apoyo; falta de habilidades de 

preparación; y planes de emergencia inclusivos 

inexistentes para garantizar que se cumplan las 

adaptaciones.

Las personas con discapacidades se 

identifican como un mayor riesgo de eventos 

climáticos extremos e inundaciones costeras 

debido a su “acceso específico y necesidades 

funcionales.”281 Las razones de la vulnerabilidad 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 93
son la dependencia de los cuidadores y otras 

personas para recibir asistencia, la posible 

dependencia de equipos médicos que podrían 

dañarse o dejar de funcionar durante los cortes 

de energía, la dificultad para seguir o acceder a 

las órdenes de evacuación o la incapacidad para 

comprender las advertencias o comunicar las 

necesidades.

En el informe del 

2019 del NCD, Preservar 

nuestra libertad: prevenir 

la institucionalización 

de personas con 

discapacidades antes, 

durante y después de 

los desastres,282 El NCD 

encontró varios casos 

en los que las personas con discapacidades 

se institucionalizaron debido a la falta de 

planificación por parte de las tribus y 

territorios estatales y locales (SLTT). Las 

deficiencias sistémicas en la planificación 

de emergencia inclusiva hacen que las PCD 

sean institucionalizadas debido a la falta de 

energía, falta de equipo médico duradero, 

falta de medicamentos y oxígeno.283

El 20 de septiembre 

del 2017, miles 

de personas con 

discapacidades en 

Puerto Rico soportaron 

el huracán María, un 

huracán de categoría 

4 con vientos sostenidos de hasta 155 millas 

por hora. María arrasó con la infraestructura 

de Puerto Rico: no había electricidad, agua, 

teléfonos ni sistemas de comunicación. 

Una experiencia traumática para todos los 

puertorriqueños en la isla, pero especialmente 

traumática para las PCD. Motivados por su deseo 

de pasar a la acción y ayudar a las personas con 

discapacidades, un grupo de trabajo compuesto 

por seis organizaciones públicas y privadas de 

servicios para los discapacitados se unieron 

para brindar esfuerzos de respuesta y se 

autodenominaron la Red de Ayuda Comunitaria 

para Discapacitados de 

Puerto Rico (PRDCRN). 

Este grupo de trabajo 

estuvo conformado 

por el centro de vida 

independiente; el 

Movimiento para Lograr 

la Vida Independiente 

(MAVI); el Centro para 

la Excelencia Educativa 

de la Universidad de Puerto Rico (PR UCEDD); 

el Servicio de Protección y Defensa de Puerto 

Rico, Defensoría de las PCD (DPI); el Consejo 

Estatal de Discapacidades del Desarrollo 

(CEDD); el Programa de Tecnología Auxiliar 

de Puerto Rico (PRATP); y B/Adaptable. En 

los meses posteriores al huracán María, la 

PRDCRN proporcionó muchos testimonios en 

foros federales, estatales e internacionales que 

describen los impactos 

negativos sufridos por la 

comunidad de personas 

con discapacidades en 

Puerto Rico después del 

huracán.

Si los puertorriqueños 

hubieran estado adecuadamente protegidos 

contra los riesgos sociales y ambientales del 

impacto, se podrían haber salvado vidas.284

Puerto Rico tardó seis meses después de 

que María tocara tierra en entrar en su fase 

de recuperación. El gobierno puertorriqueño 

Las deficiencias sistémicas en 

la planificación de emergencia 

inclusiva hacen que las PCD sean 

institucionalizadas debido a la falta 

de energía, falta de equipo médico 

duradero, falta de medicamentos 

y oxígeno

Puerto Rico tardó seis meses 

después de que María tocara 

tierra en entrar en su fase de 

recuperación

94 Consejo Nacional sobre Discapacidad
no tomó la iniciativa de restaurar los sistemas 

de energía y telecomunicaciones en la isla. La 

magnitud del huracán y la crisis financiera de 

Puerto Rico, además de una infraestructura 

diezmada, disminuyeron severamente la 

capacidad de respuesta de Puerto Rico, y la lenta 

respuesta y asistencia federal que llegó no fue 

adecuada para abordar los problemas.

Exfuncionarios de FEMA y expertos en 

respuesta a desastres han afirmado que la 

respuesta lenta es evidencia de que FEMA 

subestimó la fuerza del huracán y no posicionó 

sus activos de manera asertiva en preparación 

para la tormenta.

La Tabla 9.1 resume las disparidades en la 

ayuda recibida por Puerto Rico en comparación 

Tabla 9.1 Datos comparativos sobre respuesta ante desastres para el huracán 

Harvey y el huracán María285

Artículo de comparación Harvey Maria

Oficial a cargo Especialista en respuesta 

a desastres, se quedó en 

Houston después de que se 

estabilizó

Director local, oficina ejecutiva 

y asesor sénior de políticas, 

sin experiencia en respuesta 

a desastres. Especialista

en respuesta a desastres 

desplegado en Puerto Rico 3 

semanas después del huracán

Ejército y Cuerpo de 

Marines de los EE. U

Implementado 

inmediatamente

No utilizado

Comando Norte de los EE

UU

Desplegamos 73 helicópteros 

con ayuda seis días después 

del desastre

Desplegó 70 helicópteros con 

ayuda 3 semanas después del 

desastre

FEMA Asistencia Individual $141.8 millones aprobados $6.2 millones aprobad

FEMA provisiona 

suministros durante los 

primeros nueve días

Proporcionó 5.1 millones

de comidas, 4.5 millones de

litros de agua y más de 20,000 

lonas

Proporcionó 1.6 millones de

comidas, 2.8 millones de litros

de agua y aproximadamente 

5000 lonas

Personal del Gobierno 

Federal

30,000 personal 10,000 personal

Aprobación permanente del 

trabajo en caso de desastre

10 días 43 días

Solicitudes federales 

aprobadas 78 días después 

de los huracanes

39% de las aplicaciones 28% de las aplicaciones

Financiación de proyectos 

de reparación permanente

En proceso con fuente de 

financiamiento establecida

Financiación experimental

La financiación dependía de 

una fórmula de financiación 

experimental en la que Puerto 

Rico es responsable del 

sobrecosto

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 95
Artículo de comparación Harvey Maria

USS Abraham Lincoln Se posicionó en Florida dos 

días antes del huracán Irma

Nunca fue solicitado

USNS Comfort, un barco 

hospital

No se embarcó hasta dos 

semanas después del huracán

Primeros respondedores 

asignados

FEMA había llenado solo 1,258 

de las 2,250 camas asignadas 

para sus socorristas en el 

centro de convenciones y a 

bordo de dos embarcaciones 

de entrenamiento del Servicio 

Marítimo de los EE. U

Lonas de techo azul Los techos azules no se 

solicitaron en TX, pero se 

les dio un alivio de vivienda 

temporal.En Florida, 25 días

después de Irma, se instalaron 

1,600 techos azules de 15,000 

o el 10.7 

25 días después de la tormenta; 

solo se han instalado 260 de 

60,000 solicitados o el 0.4

con el huracán Harvey que azotó a Texas en 

el 2017.

Las partes interesadas entrevistadas afirmaron 

que la asistencia de FEMA a la isla se retrasó y 

que acceder a los fondos de ayuda de FEMA fue 

más difícil en Puerto Rico que en los estados. 

Años después del desastre, las personas con 

discapacidades siguen 

viviendo con lonas 

azules y goteras en 

sus hogares.

FEMA brindó 

considerablemente 

menos ayuda a Puerto Rico que a otros estados 

afectados por huracanes. FEMA rechazó más 

de la mitad de las solicitudes de asistencia de 

FEMA hechas por puertorriqueños.286 Miles de 

puertorriqueños se vieron obligados a abandonar 

la isla y trasladarse al sureste de los Estados 

Unidos en busca de mejores condiciones de 

vida. Sin embargo, los puertorriqueños con 

discapacidades en Medicaid se enfrentaron 

a la falta de cobertura de seguro cuando se 

mudaron a los estados. Medicaid es un programa 

de seguro administrado por el estado y no es 

transferible. La falta de seguro colocó a las 

PCD en un alto riesgo de empeoramiento de 

las condiciones de salud, con mayor riesgo de 

institucionalización.287

EL NCD recomienda 

que el Congreso 

requiera que CMS 

establezca un proceso 

para la portabilidad de 

Medicaid entre estados y territorios durante 

desastres para garantizar el mantenimiento de 

la salud y la atención médica ininterrumpidos 

en el entorno menos restrictivo para los 

beneficiarios de Medicaid.

Se crearon programas y políticas para ayudar 

a las familias que deseaban emigrar a los 

estados. Los programas y las políticas tenían 

FEMA rechazó más de la mitad 

de las solicitudes de asistencia de 

FEMA hechas por puertorriqueños

96 Consejo Nacional sobre Discapacidad
fallas, lo que resultó en advertencias de que se 

terminaría la vivienda temporal para aquellos 

que se mudaron.288 Para los casi 160,000 

puertorriqueños que se mudaron a los estados 

desde María, estas situaciones han demostrado 

que existen límites para la ciudadanía de las 

personas de poblaciones desatendidas después 

del desastre. “La ciudadanía en el papel no 

confiere automáticamente derechos ni sentido de 

pertenencia.”289

El Congreso aprobó fondos para la 

recuperación de Puerto Rico a través de los 

programas CDBG-DR y CDBG-MIT. Se aprobaron 

cuatro subvenciones en bloque: dos para 

necesidades insatisfechas en recuperación de 

desastres (una por $1.5 mil millones y la otra 

por $8.2 mil millones); uno para programas de 

mitigación (CDBG-MIT- $8.3 mil millones); y 

uno para el mejoramiento de la red eléctrica de 

Puerto Rico ($1.9 billones).290 La oficina de la 

OIG de HUD concluyó que Puerto Rico firmó su 

acuerdo de subvención con HUD para el segundo 

bloque de fondos para necesidades insatisfechas 

el 21 de febrero del 2020: 178 días después de 

la firma de Texas, 150 días después de la firma 

de Florida e incluso varios días después de que 

las Islas Vírgenes Estadounidenses firmaran 

para su fondos.291 El tercer bloque de fondos, 

los $8.3 mil millones destinados a trabajos de 

mitigación, fue publicado por HUD en el Aviso 

del Registro Federal 145 días después de la fecha 

límite establecida por ley (dos años después 

de la asignación), cuando se publicaron otros 

avisos para otros beneficiarios (incluido USVI). 

aproximadamente 139 días antes. El informe cita 

muchas razones por parte de HUD y OMB por 

el retraso en la liberación de fondos, incluidos 

requisitos adicionales impuestos exclusivamente 

a Puerto Rico debido a preocupaciones sobre 

supuesta corrupción y mala gestión fiscal que 

llevaron a la imposición de un monitor fiscal 

federal, una capa adicional de verificación de 

desembolso por la Junta de PROMESA, así 

como obligar a Puerto Rico a arreglar su sistema 

de contribución sobre la propiedad para recibir 

fondos de mitigación.

La ayuda estimada necesaria para Puerto 

Rico después de los huracanes del 2017 fue de 

$91 mil millones.292 A partir de mayo del 2021, 

el Departamento de Vivienda, la agencia federal 

para el manejo de emergencias y otras agencias 

solo han liberado una fracción de estos fondos, 

dejando la infraestructura y los hogares de la isla 

inestables.293 Puerto Rico estableció una oficina 

de supervisión para revisar los fondos federales 

de recuperación y garantizar una mejor gestión 

y rendición de cuentas de los fondos. Mientras 

tanto, FEMA instituyó un proceso en el que 

revisaría cada solicitud de reembolso antes de 

proporcionar fondos de asistencia pública, en 

un esfuerzo por garantizar la responsabilidad y 

disminuir el riesgo.294

Recientemente, la administración Biden anunció 

el levantamiento de estas restricciones excesivas,295

pero el hecho es que millones de ciudadanos 

estadounidenses que residen en la isla, además de 

sufrir los embates del peor desastre de su historia, 

se han quedado sin los fondos necesarios para 

salvar vidas y acelerar la recuperación durante más 

de tres años. Los sobrevivientes también sintieron 

el retraso en la financiación en forma de pagos del 

seguro nacional contra inundaciones y préstamos 

de la SBA. Nueve días después del huracán, FEMA 

solo había aprobado $6.2 millones para las víctimas 

del huracán y el trabajo permanente en caso de 

desastre.

El programa de asistencia pública de FEMA 

proporciona fondos de respuesta y recuperación 

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 97
a los SLTT para ayudar durante desastres o 

emergencia.296 El departamento de la vivienda de 

Puerto Rico, la autoridad de energía eléctrica de 

Puerto Rico, la autoridad de acueductos y 

alcantarillados de Puerto Rico y sus 78 municipios 

son elegibles para solicitar asistencia pública. La 

Declaración de Desastre del presidente Trump fue 

enmendada para exigir condiciones adicionales 

que requerían que Puerto Rico estableciera una 

autoridad de supervisión aprobada por una 

tercera autoridad.297 Esta autoridad de supervisión 

recibirá todos los fondos de asistencia pública y 

mitigación de riesgos y garantizará una gestión 

adecuada del proyecto 

y una supervisión 

centralizada de los 

fondos de FEMA. En 

octubre del 2017, se 

estableció una oficina 

del gobierno de Puerto 

Rico, COR3, para guiar y 

supervisar los esfuerzos 

de recuperación, 

incluidos los fondos del 

Programa de Asistencia 

Pública de FEMA.298

Los daños a la isla por los terremotos de 

enero del 2020 requirieron ayuda de emergencia 

adicional para facilitar la recuperación de la 

región. Por lo tanto, tanto el gobierno federal 

como el estatal tuvieron el inmenso desafío 

de tener que supervisar y administrar dos 

programas de recuperación de desastres 

simultáneamente.299

Después del terremoto, HUD anunció 

la aprobación de un paquete de desastres, 

pero también emitió pautas y restricciones 

adicionales en el uso de estos fondos debido a 

su preocupación por la mala administración de 

los fondos por parte del gobierno puertorriqueño. 

Una restricción fue el nombramiento de un 

monitor federal para los fondos CDBG DR 

recibidos en la isla. Además, los proyectos 

financiados aprobados debían ser aprobados por 

la Junta Federal de Supervisión y Administración 

(FOMB-PROMESA). El Gobernador Vázquez 

emitió una orden ejecutiva el 3 de febrero 

del 2020, creando un consejo asesor para la 

supervisión de los fondos de recuperación 

de desastres CDBG autorizados para Puerto 

Rico. La tarea del consejo es trabajar con el 

departamento de la vivienda de Puerto Rico para 

crear un plan de trabajo 

integrado para el uso 

eficiente, transparente 

y correcto de estos 

fondos. El consejo es 

un paso importante en 

los esfuerzos continuos 

de Puerto Rico para 

combatir la corrupción 

en las contrataciones 

gubernamentales y 

restaurar la credibilidad 

del Gobierno de Puerto Rico ante el Gobierno 

Federal.300

Los eruditos de los desastres afirman que 

los desastres no crean las desigualdades sino 

que reafirman y profundizan los problemas 

estructurales que ya existen.301 Desde 

septiembre del 2017, “Puerto Rico vive una 

tormenta perfecta provocada por el desastre 

natural del huracán María y una crisis financiera 

provocada por el hombre.”302

La diáspora puertorriqueña fue una respuesta 

vital y adecuada al huracán. Hay muchos más 

puertorriqueños viviendo en los estados que en la 

isla. Gracias a sus esfuerzos, la crisis humanitaria 

Una de las situaciones que 

enfrentaron muchos de los 

residentes de Puerto Rico después 

del huracán María fue la ausencia 

de documentación oficial sobre 

propiedades propia. Las personas

sin documentación no eran 

elegibles para recibir fondos de 

asistencia individual de FEMA

98 Consejo Nacional sobre Discapacidad
vivida en Puerto Rico fue visible y pública y 

promovió una discusión pública sostenida. Esta 

misma diáspora sigue siendo un perro guardián y 

un defensor de la recuperación de Puerto Rico.

Respuesta de emergencia para los 

huracanes Harvey e Irma

Esfuerzos de respuesta Huracán Harvey, 

Houston, TX, agosto del 2017

En contraste con los esfuerzos de socorro 

puertorriqueños discutidos anteriormente, dentro 

de los seis días posteriores al huracán Harvey, 

el Comando Norte de los 

EE. UU. había desplegado 

73 helicópteros sobre 

Houston, fundamentales 

para salvar a las víctimas 

y entregar suministros 

de emergencia. FEMA 

había aprobado $141.8 

millones en asistencia 

individual para las víctimas 

de Harvey solo nueve 

días después del huracán. 

FEMA proporcionó 

5.1 millones de comidas, 

4.5 millones de litros de 

agua y más de 20,000 lonas a Houston durante 

los primeros nueve días después del huracán 

Harvey. Nueve días después del huracán, el 

gobierno federal desplegó 30,000 efectivos en 

la región de Houston. El trabajo de desastre 

permanente para Texas fue aprobado después de 

solo 10 días. Dentro de los 78 días posteriores 

al huracán Harvey, se aprobó el 39 por ciento de 

las solicitudes federales de ayuda. Se aprobó un 

paquete de ayuda por desastre de $15.25 mil 

millones que resultó en $7.4 mil millones para 

FEMA; se aprobaron $450 millones adicionales 

para el programa de préstamos por desastre de 

la Administración de Pequeñas Empresas (SBA); 

y se asignaron $7.4 mil millones adicionales a 

HUD para asistencia de vivienda. Los tejanos 

también tuvieron acceso a $5.5 mil millones en 

desgravación fiscal para aliviar el impacto creado 

por el huracán Harvey. El presidente Trump 

también firmó un proyecto de ley que autoriza 

una deducción de impuestos por costos de daños 

a la propiedad y permitió el acceso sin multas 

a los ahorros para la jubilación. Se aprobó un 

segundo paquete de ayuda por desastre ($36.5 

mil millones) para 

ayudar a los tejanos y 

los afectados por los 

incendios forestales en 

el oeste de los Estados 

Unidos. El tercer 

paquete de ayuda por 

desastre de $89.3 mil 

millones se asignó a 

áreas afectadas por 

desastres naturales, 

incluido Harvey; y el 

cuerpo de ingenieros 

del ejército de los 

EE. UU. proporcionó 

cerca de $5 mil millones para proyectos 

de recuperación de desastres en Texas y 

$16 millones para tejanos en proyectos que 

protegerían contra futuros desastres naturales.

Recuperación de Florida del huracán 

Irma; septiembre del 2017

El huracán Irma azotó el sur de Florida como un 

huracán de categoría tres en septiembre del 2017. 

Inmediatamente, las comunidades de Florida 

comenzaron a reconstruir con $5.8 mil millones 

en subvenciones federales, préstamos y pagos 

Los fondos de recuperación y 

mitigación posteriores al desastre 

para Puerto Rico se retrasaron en 

comparación con esos mismos 

fondos en respuesta al huracán 

Harvey en Texas y al huracán Irma 

en Florida. Este retraso resultó en

condiciones de vida insalubres para 

las personas con discapacidades 

y todos los residentes 

puertorriqueños

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 99
de seguros contra inundaciones.303 La respuesta 

recibida incluyó:

$1.02 mil millones en subvenciones de 

FEMA para individuos y hogares; $1.4 mil 

millones en préstamos a bajo interés de la 

SBA; $979 millones en pagos a asegurados 

por parte del programa nacional de seguros 

contra inundaciones; $20 millones para el 

condado de Palm Beach para combatir la erosión 

y ayudar a restaurar la restauración de Juno 

Beach; $17.5 millones para la restauración del 

Dinner Key Marina de la Ciudad de Miami; una 

subvención de $25 millones para reemplazar 

los malecones de la Ciudad de Punta Gorda; 

$208 millones otorgados por el programa de 

subvenciones para la mitigación de riesgos 

de FEMA para reducir los daños de futuras 

tormentas; $10.3 millones para asistencia de 

desempleo por desastre; $21.7 millones para 

manejo de casos de desastre; $421,569 para el 

programa de servicios inmediatos de consejería 

en crisis, $1 millón para Crisis; El programa de 

asistencia pública de FEMA recibió $2.06 mil 

millones en subvenciones al estado de Florida 

para reembolsar a los gobiernos locales y 

organizaciones sin fines de lucro elegibles.

Los fondos de recuperación y mitigación 

posteriores al desastre para Puerto Rico se 

retrasaron en comparación con esos mismos 

fondos en respuesta al huracán Harvey en 

Texas y al huracán Irma en Florida. Este retraso 

resultó en condiciones de vida insalubres para 

las personas con discapacidades y todos los 

residentes puertorriqueños.

100 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Capítulo 10: Conclusión y recomendaciones

Conclusion

Los residentes puertorriqueños y los residentes 

de los territorios de los EE. UU. que tienen 

discapacidades experimentan un trato desigual en 

los programas federales. Existen disparidades de 

cobertura y financiamiento en Medicare, Medicaid, 

SSI y SNAP/NAP, y también se encontraron 

disparidades significativas en el precio de DME 

especializado. El NCD también encontró una 

falta de datos sistémicos significativos sobre las 

personas con discapacidades en Puerto Rico y 

los territorios y consecuencias adversas debido 

a la demora en la distribución de fondos debido 

a las estipulaciones adicionales impuestas a 

Puerto Rico para acceder a los fondos de ayuda 

de emergencia que tanto se necesitan.

La tasa de pobreza de Puerto Rico es el 

doble de la tasa de pobreza estatal más alta 

de los Estados Unidos. Aunque los residentes 

puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, 

no tienen el mismo acceso a los beneficios y 

servicios que los ciudadanos que residen en los 

Estados Unidos. Treinta y seis por ciento de los 

residentes de los EE. UU. que son muy pobres 

han escapado de la pobreza como resultado de las 

redes de seguridad.304 Esta estadística por sí sola 

demuestra el impacto crítico y significativo que 

tiene en mejorar el nivel de vida. Los programas 

de red de seguridad discutidos en este informe 

son SSI, Medicaid y SNAP. Una red de seguridad 

no es solo un beneficio monetario, aunque los 

recursos financieros son fundamentales. Una 

red de seguridad es una red interconectada de 

servicios y beneficios que juntos llevan a quienes 

viven en la pobreza a una mejor calidad de vida. 

La red de seguridad social de los EE. UU. se 

compone de varios programas diferentes que 

brindan varios tipos de ayuda diseñados para 

proteger a las personas con un nivel socioeconómico 

bajo de la pobreza y las dificultades. Cuando hay 

altos niveles de pobreza, el objetivo pasa a ser 

asegurar un nivel de vida mínimo.305 En Puerto 

Rico, con su alto nivel de pobreza y porcentaje de 

residentes con discapacidades, incluso un nivel 

de vida mínimo parece difícil de alcanzar.306 “En 

ninguna parte la necesidad es más mayor que en 

Puerto Rico, que a diferencia de otras partes del 

país, entró en la pandemia después de más de 

una década de declive económico prácticamente 

ininterrumpido junto con devastadores desastres 

naturales.”307 El NCD recomienda que la 

disponibilidad de estos programas de clave de 

red de seguridad descritos en este informe esté 

disponible para los ciudadanos de Puerto Rico 

y los territorios de los EE. UU. La integración 

debe ocurrir simultáneamente entre sí para 

que las poblaciones vulnerables no caigan en 

las brechas.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 101
Este informe encontró que los fondos 

para programas y servicios federales, como 

vivienda, empleo, educación y transporte, 

se asignaron por igual entre los estados y 

territorios de los EE. UU. También encontró 

que la distribución equitativa de los fondos no 

equivalía al acceso equitativo a los programas 

y servicios para los residentes de Puerto Rico 

con discapacidades.

Las recomendaciones a continuación se 

esfuerzan por brindar los remedios apropiados 

que brindarán a los ciudadanos estadounidenses 

con discapacidades que viven en los territorios de 

los EE. UU. los mismos programas y beneficios 

federales que sus contrapartes de los EE. UU. y 

eliminan el tratamiento desigual de los programas 

federales simplemente basados en el código 

postal de las personas con discapacidades.

Recomendaciones por capítulo

Capítulo 2: Ley Jones/Impuestos de inventario/otros impuestos

1. El NCD recomienda que el Congreso derogue la disposición dentro de la Ley Jones que 

restringe el comercio costero en embarcaciones con bandera de los EE. UU., para equipos 

médicos duraderos cubiertos por la Parte B de Medicare (como sillas de ruedas manuales, 

sillas de ruedas eléctricas y componentes y repuestos, scooters y componentes y 

repuestos, equipos de traslado y elevación de pacientes, ventiladores de pacientes, oxígeno 

portátil, espuma, gelatinas, colchones de muelles y de aire, dispositivos de presión positiva 

continua en las vías respiratorias (CPAP), sillas de ducha e inodoro y pombas de succión).

2. El NCD recomienda que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exima el impuesto de 

inventario para la compra de DME.

Capítulo 3: Salud: Medicaid y Medicare

3. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la Ley del Seguro Social para reemplazar 

el programa de subvenciones en bloque de Medicaid en Puerto Rico y otros territorios 

de los EE. UU. con un sistema federal equivalente sin límite, equivalente al programa de 

Medicaid que se proporciona a todos los residentes de los Estados Unidos.

4. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la Ley del Seguro Social para eliminar la 

disposición de penalización por inscripción tardía impuesta a los beneficiarios de Medicare 

en territorio puertorriqueño y estadounidense.

5. Como alternativa, el NCD recomienda que el Congreso apruebe HR 4666 (2019). 

La aprobación del proyecto de ley eliminaría la multa por inscripción y proporcionaría 

un programa de subsidios para personas de bajos ingresos para cubrir los costos 

parciales o totales de los medicamentos al bolsillo para los beneficiarios de Medicare en 

Puerto Rico y territorio de los EE. UU.

102 Consejo Nacional sobre Discapacidad
6. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la Ley del Seguro Social para asignar los 

beneficios de Medicare para los residentes de Puerto Rico y otros territorios de los EE. 

UU. iguales a los beneficios proporcionados a los residentes que viven en los Estados 

Unidos.

7. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la Ley de Protección del Déficit de 

2005, Ley Pública 109-171 (2006) para extender el Financiamiento de la Subvención de 

Demostración Money Follows the Person (El dinero sigue a la persona Financiamiento 

de la subvención de demostración) a los beneficiarios de Medicaid que residen en los 

territorios de los EE. UU.

Capítulo 4: Beneficios y programas de asistencia de ingresos Seguridad de 

Ingreso Suplementario| Seguro de Incapcidad del Seguro Social | Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria| Programa de Asistencia Nutricional

8. El NCD recomienda que el Congreso apruebe la HR 537, la Ley de Igualdad de Ingresos 

de Seguridad Suplementaria (Congreso 117), que proporcionaría beneficios de SSI a los 

residentes de Puerto Rico y los territorios de los EE. UU.

9. Alternativamente, el NCD recomienda que el Congreso enmienda el Título XVI de la Ley 

del Seguro Social para extender los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico y 

los territorios de los EE. UU.

10. El NCD recomienda que el Congreso modifique la Ley de Cupones para alimentos para 

incluir a Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana en el programa 

SNAP, como se ha hecho con Guam y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

11. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la Ley de Cupones para alimentos para 

proporcionar fondos rápidos para los beneficios de alimentos y nutrición antes, durante y 

después de los desastres naturales para los residentes de Puerto Rico y los territorios de 

los EE. UU., según esté disponible en los estados.

12. El NCD recomienda que todas las agencias federales y estatales, así como las 

universidades públicas y privadas, incluyan datos sobre los puertorriqueños con 

discapacidades que viven en la isla y otros territorios en la recopilación de datos para 

mejorar la rendición de cuentas a fin de garantizar que se proporcionen los recursos 

apropiados para garantizar la equidad a programas que permiten a las personas con 

discapacidad la oportunidad de lograr la independencia económica (por ejemplo, 

iniciativas de recopilación de datos recopilados por la Oficina del Censo, la Encuesta 

Nacional de Entrevistas de Salud y el Estado de los Estados).

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 103
Recomendaciones por capítulo: continuo

Capítulo 5: Educación

13. El NCD recomienda que el Congreso modifique la fórmula de financiación de IDEA para 

mitigar la alta incidencia de la pobreza y el aumento del costo de las islas para brindar 

servicios a los estudiantes con discapacidades.

14. El NCD recomienda que el Departamento de Educación enmienda 34 CFR 361.60, 

el requisito de costo compartido para las subvenciones estatales de servicios de 

rehabilitación vocacional, para asignar una exención al requisito de costo compartido si 

un estado o territorio puede demostrar que es fiscalmente incapaz de proporcionar la 

parte del costo compartido.

Capítulo 6: Empleo

15. El NCD recomienda que el Departamento de Educación enmienda 34 CFR 361.60, 

el requisito de costo compartido para las subvenciones estatales de servicios de 

rehabilitación vocacional, para asignar una exención al requisito de costo compartido si 

un estado o territorio puede probar que es fiscalmente incapaz de proporcionar la parte 

del costo compartido.

16. El NCD recomienda que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico implemente incentivos 

contributivos para los empleadores que contraten a personas con discapacidades 

significativas, similares a los programas estatales establecidos.

Capítulo 7: Vivienda

17. El NCD recomienda que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 

(HUD) exija que todas las unidades de vivienda con asistencia federal sigan los principios 

de diseño universal y asegure que las unidades de vivienda accesibles reflejen el 

porcentaje de personas con discapacidades que necesitan asistencia de vivienda federal.

18. El NCD recomienda que PRHD garantice que todos los proyectos de construcción 

destinados a la isla con fondos de CDBG-DR cumplan no solo con los requisitos mínimos 

de diseño de la ADA sino también con las recomendaciones de diseño universal para 

garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Capítulo 8: Transporte

19. El NCD recomienda que el Congreso enmienda la fórmula legislativa del DOT para las 

subvenciones de fórmula para que los fondos se distribuyan equitativamente.

104 Consejo Nacional sobre Discapacidad
20. El NCD recomienda que el Congreso modifique la fórmula legislativa del Departamento 

de Transporte para asignar una exención al requisito de participación en los costos si 

un estado o territorio puede demostrar que es fiscalmente incapaz de cumplir con el 

requisito de participación en los costos.

21. El NCD recomienda que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico priorice y elabore 

estrategias para igualar todos los fondos federales equivalentes, cuando sea fiscalmente 

posible, de modo que todos los fondos federales se utilicen para mejorar el transporte en 

la isla para las personas con discapacidades.

22. El NCD recomienda que Puerto Rico cree una integración sistémica unificada y con 

desarrollo de capacidades entre los proveedores de transporte para las personas con 

discapacidades en la isla y los territorios para mejorar el acceso y la cobertura para las 

personas con discapacidades.

23. El NCD recomienda que el DOT reduzca la vida útil de los autobuses a diez años y la de 

los vehículos de paratránsito a cinco años.

Capítulo 9: Preparación para emergencias

24. El NCD recomienda que el Congreso requiera que CMS establezca un proceso para la 

portabilidad de Medicaid entre estados y territorios durante desastres para garantizar el 

mantenimiento de la salud y la atención médica ininterrumpidos en el entorno menos 

restrictivo para los beneficiarios de Medicaid.

Capítulo 10: Conclusión

25. El NCD recomienda que la disponibilidad de estos programas clave de red de seguridad 

descritos en este informe esté disponible para los ciudadanos de Puerto Rico y los 

territorios de los EE. UU. La integración debe ocurrir simultáneamente entre sí para que 

las poblaciones vulnerables no caigan por las brechas.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 105
106 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Apéndice A: Reunión del Ayuntamiento

Consejo Nacional de Discapacidades

Reunión del Ayuntamiento en Puerto Rico

El 23 de mayo del 2019 se llevó a cabo una reunión pública en Puerto Rico para analizar las disparidades en 

el tratamiento, la financiación y los servicios disponibles para las personas con discapacidades que residen 

en la isla en comparación con sus contrapartes estadounidenses y para compartir información sobre la 

Ley para lograr una mejor experiencia de vida (ABLE) entre los participantes. Esta reunión fue realizada 

por el Consejo Nacional sobre Discapacidad (NCD) en colaboración con la Red de Alivio Comunitario de 

Discapacidad de Puerto Rico, compuesta por el Centro del Movimiento de Vida Independiente de PR 

(MAVI), el Centro Universitario de Excelencia en Discapacidades del Desarrollo de PR (PR-UCEDD), el 

Programa de Tecnología Auxiliar de PR (PRATP), el Sistema de Defensa y Protección de PR y el Consejo 

Estatal de Discapacidades del Desarrollo (CEDD). A continuación se resumen algunos de los temas 

discutidos y los comentarios recibidos por las PCD durante esta reunión.

Temas Discutido

Situación política de la isla

Las conversaciones incluyeron cómo el estado político actual de la isla y su impacto en las personas 

con discapacidades en términos de acceso a programas federales, como la inelegibilidad para SSI, 

límites en los fondos de Medicaid y otros programas federales y los efectos de la Ley Jones en el costo 

de DME para PCD en la Isla en comparación con los Estados Unidos. Algunas de las aseveraciones 

expresadas durante el ayuntamiento fueron:

1. El estatus político en la isla como una de las principales razones de la disparidad en el 

financiamiento federal.

2. Los desafíos económicos y la falta de fondos para las PCD en la isla son motivo de gran preocupación. 

Los datos del censo indican una tasa de desempleo del 81.2 por ciento para las personas con 

discapacidades en la isla. Según los participantes, existe una gran disparidad en los fondos recibidos 

del SSA. Los residentes de Puerto Rico están excluidos del SSI, y se proporciona a los puertorriqueños 

una subvención en bloque fijo con fondos mucho más bajos en virtud de la AABD.

3. El costo de comprar DME es más caro en la isla debido a los impuestos de inventario estatales y 

el costo de importación (regulaciones de la Ley Jones).

4. Falta de asistentes personales para PCD.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 107
Preparación para emergencias para personas con discapacidades

Surgieron preguntas sobre la accesibilidad de los refugios, la disponibilidad de registros para identificar 

la ubicación de las personas con discapacidad, los efectos de las leyes de impuestos de inventario 

en la preparación para emergencias, los desafíos de coordinación entre las agencias federales y 

puertorriqueñas responsables de la planificación de emergencias y la implementación de esos planes. 

Algunas de las inquietudes presentadas por los participantes fueron:

1. Preocupación por la accesibilidad de los albergues en Puerto Rico, no preparados para PCD, 

problemas de movilidad o necesidades médicas. Las personas que tenían equipos médicos 

de soporte vital, por ejemplo, no tenían acceso para conectarlos en el albergue.

2. Los planes de preparación para emergencias en Puerto Rico no son inclusivos.

3. El impuesto estatal al inventario impuesto a la isla limita los recursos disponibles si se produce 

un cambio drástico en la demanda; una situación que se enfrenta cuando ocurre un desastre 

o una emergencia.

4. Comunicación ineficaz de comunicar información importante durante una emergencia en formatos 

accesibles. A menudo, los canales de noticias y la comunicación del gobierno sobre instrucciones 

de emergencia o actualizaciones no incluyen un intérprete de lenguaje de señas o literatura 

distribuida en formatos alternativos. Esta práctica compromete la seguridad de las personas 

que tienen barreras de comunicación.

Cumplimiento de las guías de accesibilidad en la ley de Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA)

Se discutieron los estándares de accesibilidad de los proyectos de reconstrucción de instalaciones 

que usan fondos federales en la isla (Sección 504). La necesidad de transporte público accesible 

es muy limitada en la isla y extremadamente necesaria. En San Juan existen dos empresas que 

ofrecen servicios de transporte accesible, Llama y Viaje y Transcita. Sin embargo, estos solo están 

disponibles durante la semana. La mayoría de los otros municipios tienen menos alternativas, muchos 

solo ofrecen transporte para citas médicas. No hay alternativas de transporte para las personas con 

discapacidades para ayudar a llegar a un lugar de trabajo, participar en actividades sociales o salidas 

recreativas. El sistema de transporte masivo en Puerto Rico también es muy limitado y los asientos 

accesibles limitados generalmente están ocupados por otros pasajeros.

Problemas de propiedad de vivienda y apoyo de FEMA en la isla

La pregunta que se hizo fue si los desafíos para probar el título de propiedad de sus viviendas 

afectaron el proceso de calificación con FEMA para recibir ayuda. Los comentarios de los participantes 

establecieron que tener la propiedad de sus viviendas no garantizaba la aprobación de los fondos. Una 

de las situaciones que enfrentaron muchos de los residentes de Puerto Rico después del huracán 

108 Consejo Nacional sobre Discapacidad
María fue la ausencia de documentación oficial de propiedad de su propiedad. Las personas sin 

documentación no eran elegibles para recibir fondos de asistencia individual de FEMA. Posteriormente, 

FEMA aprobó las solicitudes de asistencia con una declaración jurada, pero muchas no fueron 

aceptadas. Hasta el día de hoy, miles de personas todavía tienen lonas azules en sus hogares.

Esta discusión entre los miembros de la junta del NCD y los ciudadanos puertorriqueños 

destacó que, aunque los puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense, no tienen acceso a los 

mismos beneficios federales en comparación con los residentes de los Estados Unidos. Muchos 

fondos y programas proporcionados para las personas con discapacidades en los Estados Unidos 

no están disponibles en Puerto Rico, lo que resulta en servicios limitados y limitación de recursos 

esenciales para su salud y bienestar. Es importante que se escuchen las voces de las personas 

con discapacidades y que se aborden las disparidades para mejorar su situación económica y sus 

condiciones de vida.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 109
110 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Apéndice B: Comparación del porcentaje de adultos 

con tipos selectos de discapacidades funcional entre 

los territorios organizados no incorporados de los 

Estados Unidos y los estados

Nota: Parece haber variabilidad en términos de porcentaje real, esta diferencia se puede atribuir a 

muchos factores. No se pudo encontrar información sobre este tema para las Islas Marianas del Norte.

Tipos de discapacidades Estados 

Unidos Guam Puerto Rico Islas Vírgenes Estadounidenses

Movilidad: Grave dificultad para caminar o 

subir escaleras

12.9% 15.9% 21.8% 1

Cognición: dificultad grave para 

concentrarse, recordar o tomar decisiones

11.4% 10.7% 15.4% 

Vida independiente: Dificultad para 

hacer mandados solo, como visitar el 

consultorio de un médico o ir de compras

7.0% 7.6% 12.8% 

Audición: Sordera o dificultad grave para 

oír

5.6% 6.6% 7.0% 

Visión: Ciego o dificultad grave para ver, 

incluso con anteojos

4.7% 7.8% 16.6% 

Autocuidado: Dificultad para vestirse o 

bañarse

3.8% 3.5% 7.0% 

Fuente: Centros de Control y Prevención de Enfermedades. “Sistema de datos sobre discapacidad y salud 

(DHDS) | CDC”.CDC.gov. 7 de abril del 2021. https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/dhds/index

.html?CDC_AA_refVal.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 111
112 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Apéndice C: Tablas de Medicaid

Tabla A5.1-A.5.6 Las tablas A.1 a A.6 muestran datos comparativos de los programas de Medicaid 

disponibles en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y Puerto Rico. La tabla 

incluye información sobre la elegibilidad, los beneficios obligatorios y opcionales, además de los gastos 

por afiliado y el porcentaje de asistencia médica federal (FMAP). Puerto Rico tiene el índice de ingresos 

más alto necesario para ser elegible para Medicaid en comparación con Nueva York, Pensilvania, Nueva 

Jersey, Florida y Massachusetts. Puerto Rico solo proporciona 10 de los 17 beneficios obligatorios y 13 

beneficios opcionales. El gasto por afiliado es menor en Puerto Rico que en cualquiera de los estados 

comparados, con solo $2,144 gastados por afiliado. El FMAP en Puerto Rico tiene un tope del 50 por 

ciento, pero tiene un tope de gasto debido al tope federal 1108. El tope 1108 está determinado por la 

tasa del componente de atención médica del CPI-U.

Tabla A 3.1: Comparación de elegibilidad, beneficios, FMAP y gastos de Medicaid 

por afiliado

Estado o territorio: Nueva York (2020)

Requisitos de elegibilidad:

■ Los adultos de Nueva York con ingresos de hasta el 138 por ciento del nivel de pobreza son 

elegibles para Medicaid

■ Las mujeres embarazadas y los niños menores de un año son elegibles con un ingreso de 

hasta el 218 por ciento del nivel de pobreza

■ Los niños de uno a 18 años son elegibles para Medicaid con un ingreso familiar de hasta 

el 149 por ciento del nivel de pobreza, pero el estado también tiene una cobertura CHIP 

separada disponible para niños con ingresos familiares de hasta el 400 por ciento del nivel 

de pobreza

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud rurales

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 113
Estado o territorio: Nueva York (2020)

■ Atención de enfermera partera o atención de maternidad y atención del recién nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Beneficios opcionales:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y para pacientes ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud rurales

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

■ Atención de enfermera partera u otra atención de maternidad y atención del recién nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Gasto por afiliado y FMAP

■ Nueva York gastó $7,806 por afiliado en 2020

■ Debido a que Nueva York es un estado, la cantidad otorgada para financiar (FMAP) 

Medicaid en Nueva York está determinada por el ingreso per cápita del estado en relación 

con el ingreso per cápita de la nación. New York FMAP para 2020 fue del 50 por cient

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”. Fundación de la Familia Kaiser (KFF). 20 de enero de 

2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/medicaid-spending-per-enrollee/?currentTimeframe=0&sort

Model=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) para Medicaid y multiplicador”, Kaiser Family Foundation (KFF), 

20 de enero de 2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/federal-matching-rate-and-multiplier/?current

Timeframe=1&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Nueva York y la expansión de Medicaid de la ACA”, seguro médico, 20 de enero de 2021, https://www

.healthinsurance.org/new-york-medicaid/.

“Gastos de Medicaid en Nueva York”, Ballotpedia, 24 de enero de 2021, https://ballotpedia.org/Medicaid

_spending_in_New_York.

114 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Tabla A 3.2: Comparación de elegibilidad, beneficios, FMAP y gastos de 

Medicaid por afiliado

Estado o territorio: Pensilvania (2020)

Requisitos de elegibilidad:

■ Todos los adultos sin discapacidades menores de 65 años legalmente presentes que vivan 

en Pensilvania, sean padres o no, son elegibles para Medicaid con ingresos familiares de 

hasta el 138 por ciento del nivel de pobreza, siempre que cumplan con los requisitos de 

inmigración de Medicaid

■ Los niños son elegibles para Medicaid o CHIP si los ingresos de su hogar no superan el 319 

por ciento del nivel de pobreza

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

■ Atención de una enfermera partera u otra atención de maternidad y atención del recién 

nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Beneficios opcionales:

■ Centros de cirugía ambulatoria independientes

■ Clínicas públicas y de salud mental

■ Atención quiropráctica

■ Cuidado dental

■ Cirugía dental

■ Optometristas

■ Podólogos

■ Dentaduras postizas

■ Los anteojos

■ Equipo médico para el hogar

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 115
Estado o territorio: Pensilvania (2020)

■ Prótesis

■ Exámenes de salud para adultos

■ Gestión de casos

■ Atención a largo plazo en el hogar o en la comunidad

■ Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PACE)

■ Atención psiquiátrica para pacientes internados para personas menores de 21 años

■ Atención hospitalaria por enfermedades mentales para personas mayores de 65 años

■ Atención intermedia a la discapacidad intellectual

Gasto por afiliado y FMAP Pensilvania gastó $8,780 por afiliado en el 2020. Debido a que

Pensilvania es un estado, el monto otorgado para financiar (FMAP) Medicaid en Pensilvania 

está determinado por el ingreso per cápita del estado en relación con el ingreso per cápita de 

la nación. Pennsylvania FMAP para el 2020 fue del 52.25 por cien

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”, Kaiser Family Foundation, 20 de enero de 2021, 

https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/medicaid-spending-per-enrollee/?currentTimeframe=0&sortModel

=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) para Medicaid y multiplicador”, Kaiser Family Foundation, 20 de 

enero de 2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/federal-matching-rate-and-multiplier/?currentTime

frame=1&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Pennsylvania and the ACA’s Medicaid Expansion,” Health Insurance, 20 de enero de 2021, https://www

.healthinsurance.org/pennsylvania-medicaid/.

“Gastos de Medicaid en Pensilvania”, Ballotpedia, 24 de enero del 2021, https://ballotpedia.org/Medicaid

_spending_in_Pennsylvania.

Tabla A.3.3: Comparación de elegibilidad, beneficios, FMAP y gastos de 

Medicaid por afiliado

Estado o territorio: Nueva Jersey (2020)

Requisitos de elegibilidad:

Además de los ancianos, ciegos y discapacitados, los siguientes residentes de Nueva Jersey 

son elegibles para Medicaid:

■ Adultos con ingresos de hasta el 138 por ciento del nivel de pobreza

■ Los niños con ingresos familiares de hasta el 350 por ciento del nivel de pobreza son 

elegibles para CHIP en Nueva Jersey

■ Mujeres embarazadas con ingresos de hasta el 200 por ciento del nivel de pobreza

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

116 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Estado o territorio: Nueva Jersey (2020)

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud rurales

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

■ Atención de una enfermera partera u otra atención de maternidad y atención del recién 

nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Beneficios opcionales:

■ Centros de cirugía ambulatoria independientes

■ Clínicas públicas y de salud mental

■ Atención quiropráctica

■ Cuidado dental

■ Cirugía dental

■ Optometristas

■ Podólogos

■ Psicólogos

■ Dentaduras postizas

■ Los anteojos

■ Audífonos

■ Equipo médico para el hogar

■ Prótesis

■ Exámenes de salud para adultos

■ Gestión de casos

■ Atención a largo plazo en el hogar o en la comunidad

■ Cuidado personal

■ Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PACE)

■ Atención psiquiátrica para pacientes internados para personas menores de 21 años

■ Atención hospitalaria por enfermedades mentales para personas mayores de 65 años

■ Atención intermedia a la discapacidad intelectual

■ Atención religiosa no médica

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 117
Estado o territorio: Nueva Jersey (2020)

Gasto por afiliado y FMAP

■ New Jersey gastó $6,921 por afiliado en el 2020

■ Debido a que New Jersey es un estado, la cantidad otorgada para financiar (FMAP) 

Medicaid en New Jersey está determinada por el ingreso per cápita del estado en relación 

con el ingreso per cápita de la nación. New Jersey FMAP para el 2020 fue del 50 por cient

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”, Kaiser Family Foundation (KFF), 20 de enero de 

2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/medicaid-spending-per-enrollee/?currentTimeframe=0&sort

Model=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) para Medicaid y multiplicador”, Kaiser Family Foundation (KFF), 

20 de enero del 2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/federal-matching-rate-and-multiplier/?current

Timeframe=1&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Nueva Jersey y la expansión de Medicaid de la ACA”, seguro médico, 20 de enero de 2021, https://www

.healthinsurance.org/new-jersey-medicaid/.

“Gastos de Medicaid en Nueva Jersey”, Ballotpedia, 24 de enero de 2021, https://ballotpedia.org/Medicaid

_spending_in_New_Jersey.

Tabla A.3.4: Comparación de elegibilidad de Medicaid, beneficios, 

FMAP y gastos por afiliado

Estado o territorio: Florida (2020)

Requisitos de elegibilidad:

Los adultos sanos que no son ancianos y que no tienen dependientes no son elegibles para 

Medicaid en Florida, independientemente de sus ingresos

Los estándares de elegibilidad de Florida son:

■ Niños hasta un año: 206 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL)

■ Niños de uno a cinco años hasta el 140 por ciento del FPL

■ Niños de seis a 18 años hasta el 133 por ciento del FPL

■ Mujeres embarazadas hasta el 191 por ciento del FPL

■ Adultos con hijos dependientes hasta el 27 por ciento del FPL

■ Tener 65 años de edad o más

* Las personas que califican para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) califican 

automáticamente para Medicaid en Florida

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

118 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Estado o territorio: Florida (2020)

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud rurales

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

■ Atención de una enfermera partera u otra atención de maternidad y atención del recién 

nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Beneficios opcionales:

■ Centros de cirugía ambulatoria independientes

■ Clínicas públicas y de salud mental

■ Atención quiropráctica

■ Cuidado dental

■ Cirugía dental

■ Optometristas

■ Podólogos

■ Psicólogos

■ Dentaduras postizas

■ Los anteojos

■ Audífonos

■ Equipo médico para el hogar

■ Prótesis

■ Exámenes de salud para adultos

■ Gestión de casos

■ Atención a largo plazo en el hogar o en la comunidad

■ Cuidado personal

■ Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PACE)

■ Atención psiquiátrica para pacientes internados para personas menores de 21 años

■ Atención hospitalaria por enfermedades mentales para personas de 65 años o más

■ Atención intermedia a la discapacidad intelectual

■ Atención religiosa no médica

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 119
Estado o territorio: Florida (2020)

Gasto por afiliado y FMAP

■ Florida gastó $4,213 por afiliado en el 2020

■ Debido a que Florida es un estado, la cantidad otorgada para financiar (FMAP) Medicaid en 

Florida está determinada por el ingreso per cápita del estado en relación con el ingreso per 

cápita de la nación. Florida FMAP para el 2020 fue del 61.47 por cien

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”, Kaiser Family Foundation (KFF), 20 de enero del 

2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/medicaid-spending-per-enrollee/?currentTimeframe=0&sort

Model=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) para Medicaid y multiplicador”, Kaiser Family Foundation (KFF), 

20 de enero del 2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/federal-matching-rate-and-multiplier/?current

Timeframe=1&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Florida y la edicoon de Medicaid de la ACA”, edico edico, 20 de enero de 2021, https://www.healthinsurance

.org/florida-medicaid/.

“Gastos de Medicaid en Florida”, Ballotpedia, 24 de enero de 2021, https://ballotpedia.org/Medicaid_spending

_in_Florida.

Tabla A.3.5: Comparación de elegibilidad de Medicaid, beneficios, 

FMAP y gastos por afiliado

Estado o territorio: Massachusetts (2020)

Requisitos de elegibilidad

Las personas califican con ingresos hasta los siguientes niveles:

■ Niños hasta un año: 200 por ciento del nivel federal de pobreza

■ Niños de uno a 18 años: 150 por ciento del FPL

■ Las mujeres embarazadas están cubiertas con un ingreso familiar de hasta el 200 por 

ciento del FPL

■ Los niños con ingresos familiares demasiado altos para calificar para Medicaid y las 

mujeres embarazadas que no son elegibles para Medicaid debido a su estatus migratorio 

son elegibles para el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP); CHIP está disponible 

para niños con ingresos familiares de hasta el 300 por ciento del FPL y para mujeres 

embarazadas no residentes con ingresos de hasta el 200 por ciento del FPL

■ Los padres y otros adultos están cubiertos con ingresos de hasta el 138 por ciento 

del FPL

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios

■ Exámenes de salud para personas y niños menores de 21 años

■ Atención en un centro de enfermería y atención médica domiciliaria

■ Revisiones médicas y otros servicios, incluidas visitas a clínicas de salud

120 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Estado o territorio: Massachusetts (2020)

■ Visitas a centros de salud calificados federalmente

■ Pruebas de laboratorio y radiografías

■ Planificación familiar

■ Enfermera partera u otra atención de maternidad y atención del recién nacido

■ Visitas a enfermeras pediátricas y de familia

■ Visitas a centros de maternidad independientes autorizados

■ Transporte médico de emergencia y no emergencia

■ Programas para dejar de fumar para mujeres embarazadas

Beneficios opcionales:

■ Centros de cirugía ambulatoria independientes

■ Clínicas públicas y de salud mental

■ Atención quiropráctica

■ Cuidado dental

■ Cirugía dental

■ Optometristas

■ Podólogos

■ Psicólogos

■ Terapia ocupacional

■ Terapia física

■ Terapia del habla, audición o lenguaje

■ Dentaduras postizas

■ Los anteojos

■ Audífonos

■ Equipo médico para el hogar

■ Prótesis

■ Exámenes de salud para adultos

■ Gestión de casos

■ Atención a largo plazo en el hogar o en la comunidad

■ Cuidado personal

■ Enfermera privada

■ Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (PACE)

■ Atención psiquiátrica para pacientes internados para personas menores de 21 años

■ Atención hospitalaria por enfermedades mentales para personas mayores de 65 años

■ Atención intermedia a la discapacidad intelectual

(continuo)

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 121
Estado o territorio: Massachusetts (2020)

Gasto por afiliado y FMAP

■ Massachusetts gastó $7,898 por afiliado en el 2020

■ Debido a que Massachusetts es un estado, la cantidad otorgada para financiar (FMAP) 

Medicaid en Massachusetts está determinada por el ingreso per cápita del estado en 

relación con el ingreso per cápita de la nación. Massachusetts FMAP para el 2020 fue

del 50 por ciento

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”, Kaiser Family Foundation (KFF), 20 de enero del 

2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/medicaid-spending-per-enrollee/?currentTimeframe=0&sort

Model=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“Porcentaje de asistencia médica federal (FMAP) para Medicaid y multiplicador”, Kaiser Family Foundation (KFF), 

20 de enero del 2021, https://www.kff.org/medicaid/state-indicator/federal-matching-rate-and-multiplier/?current

Timeframe=1&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D.

“ Massachusetts y la expansión de Medicaid de la ACA”, seguro médico, 20 de enero de 2021, https://www

.healthinsurance.org/massachusetts-medicaid/.

“Gastos de Medicaid en Massachusetts”, Ballotpedia, 24 de enero del 2021, https://ballotpedia.org/Medicaid

_spending_in_Massachusetts.

Tabla A.3.6: Comparación de elegibilidad de Medicaid, beneficios, 

FMAP y gastos por afiliado

Estado o Territorio: Puerto Rico (2020)

Requisitos de elegibilidad:

■ Puerto Rico actualmente brinda cobertura a personas con ingresos brutos ajustados 

modificados de hasta el 133 por ciento del Nivel de Pobreza de Puerto Rico (PRPL), $11,316 

anuales para una familia de cuatro

■ Esto representa el 43 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL), que es de $26,200 para 

una familia de cuatro en el 2020

Beneficios Obligatorios y Opcionales

Prestaciones obligatorias:

■ Servicios de detección, diagnóstico y tratamiento tempranos y periódicos para personas 

menores de 21 años

■ Servicios hospitalarios para pacientes internados

■ Laboratorio y rayos X

■ Servicios médicos o quirúrgicos por un dentista

■ Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios

■ Servicios físicos

■ Dejar de fumar para mujeres embarazadas

■ Servicios de planificación familiar

■ Servicios de salud calificados federalmente

■ Servicios de clínicas de salud rurales

122 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Estado o Territorio: Puerto Rico (2020)

Beneficios opcionales:

■ Servicios de la clínica

■ Servicios dentales

■ Anteojos y prótesis

■ Medicamentos recetados para pacientes ambulatorios

■ Fisioterapia y servicios relacionados

■ Servicios de diagnóstico, detección, prevención y rehabilitación

■ Servicios hospitalarios psiquiátricos para pacientes hospitalizados para personas menores 

de 21 años

■ Servicios para pacientes hospitalizados y centros de enfermería para personas de 65 años 

o más en una institución para enfermedades mentales

■ La tasa de reembolso federal de Medicaid, conocida como FMAP, se calcula en función 

del ingreso per cápita del estado en relación con el ingreso per cápita de la nación, lo que 

brinda tasas más altas a los estados más pobres. A Puerto Rico y los demás territorios

de EE. UU. se les asigna un FMAP permanente del 50 por ciento y posteriormente s

incrementa al 55 por ciento bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo 

Precio (ACA)

■ Sin embargo, la fórmula FMAP se aplica hasta que se alcanza el tope federal 1108. El

tope 1108 es un tope obligatorio para los fondos de Medicaid. El tope de financiamiento

aumenta a la tasa del componente de atención médica del CPI-U

■ El gasto puertorriqueño por afiliado proyectado para el 2020 fue de 2,144. Más bajo que

cualquier otro estado

Fuentes:

“Gastos de Medicaid por afiliado (beneficio total o parcial)”, Kaiser Family Foundation (KFF), 20 de enero del 

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Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 123
124 Consejo Nacional sobre Discapacidad
Apéndice D. Comparación de la cantidad de

estudiantes en edad escolar atendidos bajo IDEA, 

Parte B, en el 2019 hasta el 2020, en territorios 

organizados no incorporados de los EE. U

Nota: la tabla muestra una comparación de la 

cantidad de estudiantes en edad escolar atendidos 

bajo IDEA, Parte B, en el 2019- el 2020, en territorios 

organizados no incorporados de los EE. U

Territorios Organizados 

No Incorporados de los EE. UU.

Número de niños atendidos 

de 5 a 21 años de edad

Puerto Rico 95,112

Samoa Americana 520

Guam 1,706

Islas Marianas del Norte 914

Islas Vírgenes Estadounidenses 1,025

Fuentes:

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Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 125
126 Consejo Nacional sobre Discapacidad
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Potential Effects of Modifying the Jones Act.” 2013, GAO-13-260, (Washington, DC, 2013). https://www.gao

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Footnotes=true&showMode=&IndicatorIds=STATTYPE%2CAGEIND%2CSEXIND%2CRACEIND%2CVETIND

&pnl0=Chart%2Cfalse%2CYR3%2CCAT1%2CBO1%2C%2C%2C%2CAGEADJPREV&pnl1=Chart%2Cfalse

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%2C%2C%2C%2CAGEADJPREV&pnl3=Chart%2Cfalse%2CYR3%2CDISSTAT%2C%2C%2C%2C%2C

AGEADJPREV&pnl4=Chart%2Cfalse%2CYR3%2CDISSTAT%2C%2C%2C%2C%2CAGEADJPREV.

Tratamiento Desigual de Residentes de Puerto Rico con Discapacidades 129
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81 Erikson et al. Disability Report of PR 2018. (2020).

82 Erikson et al. Disability Report of PR 2016. (2018).

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142 Consejo Nacional sobre Discapacidad
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