Número Identificador

RES2023 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

CARLOS ALBERTO LEÓN 

GONZÁLEZ

CARLOS ALBERTO LEÓN 

TORRES

Recurridos

v.

BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO

UNIVERSAL INSURANCE 

COMPANY

Peticionarios

KLCE202301025

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Ponce 

Caso Núm.: 

PO2021CV02270

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el juez Rodríguez Casillas, el juez 

Salgado Schwarz y el juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2023.

Comparecen el Banco Popular de Puerto Rico y Universal 

Insurance Company (peticionarios) mediante certiorari para que

revisemos la Resolución emitida el 11 de agosto de 2023,1 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), la 

cual, declaró No Ha Lugar la solicitud sentencia sumaria presentada 

por los peticionarios. 

Evaluados los escritos de las partes comparecientes, 

resolvemos denegar el auto solicitado. 

-IDel expediente ante nuestra consideración surge que el Sr. 

Carlos Alberto León González y su hijo Carlos Alberto León Torres

(recurridos) presentaron una Demanda Enmendada el 4 de octubre 

1 Notificada el 17 de agosto de 2023.
KLCE202301025 2

de 2021.

2 Allí, se adujo que el Sr. Carlos Alberto León González

(señor León González) sufrió una caída luego de utilizar un cajero 

automático de la sucursal Monte Mall de Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR), pues al intentar salir del área, se volteó hacia su lado 

derecho y tropezó con uno de los bolardos de concreto que había 

colocado BPPR. El señor León González tuvo que acudir a Sala de 

Emergencia, donde determinaron que tenía una fractura conminuta 

del húmero del hombro izquierdo, por lo que fue operado y sometido 

a tratamiento médico. Estimaron en $250,000.00 los daños sufridos 

por el señor León González. También, el señor León Torres, hijo 

reclamó angustias mentales por $25,000.00. Por lo que, le 

solicitaron al foro de instancia que se condenara el pago solidario de 

las sumas reclamadas.

De otra parte, el BPPR y su aseguradora sometieron su 

contestación a la demanda el 16 de noviembre de 2023,

3 y negaron 

los daños e indicaron que el banco cumplió con deber de actuar 

como una persona prudente y razonable al mantener sus 

instalaciones optimas y libres de riesgos; por lo que, de haber 

ocurrido la caída, fue exclusivamente por actos propios del señor 

León González.

Luego de varias incidencias procesales, el 17 de mayo de 

2023 los peticionarios sometieron una Solicitud de Sentencia 

Sumaria,

4 en la que presentaron veinte (20) hechos materiales 

incontrovertidos y sometieron como evidencia la transcripción de la 

deposición tomada al señor León González.5 En suma, alegaron que 

el recurrido reconoció —durante la deposición— que la distancia 

entre el bolardo con el que tropezó y el cajero automático (ATM) era 

lo suficientemente amplio como para caminar por allí sin tropezarse. 

2 Apéndice del CERTIORARI, págs. 1 – 5. 

3 Apéndice del CERTIORARI, págs. 6 – 13.

4 Apéndice del CERTIORARI, págs. 43 – 85.

5 Apéndice del CERTIORARI, págs. 59 – 85.
KLCE202300935 3

Por lo que, siendo la única prueba las declaraciones del señor León 

González, ello demuestra que la causa de la caída fue el descuido 

del recurrido. Razón por la cual, BPPR solicitó se declarara con lugar 

la sentencia sumaria y se desestimara la demanda. 

El 5 de junio de 2023, la parte recurrida presentó su escrito

en oposición a la sentencia sumaria.

6 Entre otras cosas, arguyó que 

tanto la forma y manera del accidente, como la presencia de los 

bolardos —conforme a los códigos de construcción—, eran asuntos 

que estaban en controversias y no debían dilucidarse por la vía 

sumaria.

Atendida la solicitud y la oposición a la sentencia sumaria, el 

TPI emitió una Resolución el 11 de agosto de 2023,

7 en la que

formuló los siguientes hechos como esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia:

1. El señor Carlos A. León González es cliente del Banco 

Popular.

2. El señor León González tenía 72 años al momento de los 

hechos.

3. El demandado, Banco Popular de Puerto Rico, es una 

institución financiera autorizada a hacer negocios en Puerto 

Rico. BPPR tiene una sucursal en El Monte Town Center en 

Ponce, Puerto Rico (“sucursal”). Universal Insurance Company 

es la aseguradora de BPPR.

4. La sucursal tiene un área de cajero automático, o ATM, en 

el exterior frente a la cual hay colocadas varias esferas de 

cemento, conocidas como bolardos.

5. Previo al 18 de abril de 2021, el Sr. León González había 

utilizado el cajero automático de la sucursal en múltiples 

ocasiones. Solía visitarla dos veces al mes. Para entonces, 

había tres bolardos esféricos cerca del cajero automático en el 

exterior de la sucursal.

6. El Sr. León González conocía de la existencia los bolardos 

ya que, en dichas visitas previas, los vio y caminó por el área 

donde están ubicados.

7. Si, al caminar por dicha área, el demandante miraba por 

dónde se camina, veía los bolardos porque eran claramente 

visibles.

8. El demandante nunca se había accidentado con los 

bolardos al caminar entre estos. Indica el demandante que [al 

caminar por dicha área] hay que estar pendiente de estos.

9. Previo al accidente, había caminado entre los bolardos, así 

como por el área entre la pared donde ubica el cajero 

automático y el bolardo más cercano a éste, un espacio que el 

demandante consideraba ancho, sin tener inconveniente de 

ningún tipo.

6 Apéndice del CERTIORARI, págs. 86 – 101.

7 Notificada el 17 de agosto de 2023.; Véase, Apéndice del CERTIORARI, págs. 110

– 115.
KLCE202301025 4

10. El Sr. León González había caminado por dicha área sin 

accidentarse porque -mientras caminaba- había estado 

pendiente de lo que había en el piso, lo cual evitó que 

tropezara con las esferas de cemento.

11. El domingo, 18 de abril de 2021, el Sr. León González llegó 

a Monte Town Center alrededor de las 10:00am para retirar 

dinero del cajero automático de BPPR. Éste estacionó su 

vehículo en el segundo estacionamiento de impedidos frente 

al cajero automático de la sucursal; se bajó del automóvil; y 

caminó en línea recta sobre la rampa frente al cajero 

automático. En ese momento, no había personas en el cajero 

y estaba soleado.

12. Para llegar hasta el cajero, el demandante caminó entre 

dos de los bolardos ubicados frente a la estructura.

13. Luego de que el señor León González caminara entre los 

bolardos, llegó al cajero automático y retiró dinero. Al terminar 

la transacción, dio dos pasos hacia atrás sin mirar hacia 

dónde caminaba ni lo que estaba haciendo, giró y cayó. El 

señor León González no puede precisar a qué lado giró pero sí 

recuerda que, cuando se volteó, tropezó con el bolardo y cayó 

sobre el lado izquierdo de su cuerpo.

14. El señor León González admitió que, en vez de caminar de 

espaldas sin fijarse en lo que había detrás y hacia dónde se 

dirigía, pudo haberse volteado hacia su derecha y caminar 

hasta su vehículo por el área que discurre entre la pared del 

cajero automático y el bolardo más cercano sin accidentarse. 

Admitió que, en lugar de hacerlo, dio dos pasos hacia atrás y, 

al voltearse, ocurrió el accidente.

15. El señor León González también admitió que si, en lugar 

de caminar hacia atrás sin mirar lo que estaba haciendo ni lo 

que había detrás de él, se hubiera volteado y caminado hacia 

el frente en dirección hacia los bolardos, pendiente de por 

dónde caminaba, con toda probabilidad hubiera visto los 

bolardos y no se hubiera tropezado.

16. El demandante sostiene que el haber colocado unas 

borlas de concreto a una distancia muy corta del cajero 

automático puede provocar tropezones o caídas a los usuarios 

del cajero cuando estos terminan de realizar sus 

transacciones y se giran para marcharse a sus vehículos.

17. El bolardo contra el que tropezó el demandante tiene una 

distancia de cincuenta y cinco pulgadas (55”) hasta la pared 

del cajero automático.

18. Sin embargo, el demandante reconoce que había 

caminado por dicha área sin percance alguno, porque es lo 

suficientemente amplia como caminar por ésta sin tropezarse.

19. Si al caminar por dicha área, él miraba por dónde 

caminaba, veía los bolardos porque son claramente visibles.

20. El demandante no puede explicar cómo tuvo esa caída.

21. Previo al accidente, el demandante había caminado entre 

los bolardos, así como por el área entre la pared donde ubica 

el cajero automático y el bolardo más cercano a éste sin tener 

inconveniente de ningún tipo.

22. Según reconoció el Sr. León González, en dichas ocasiones 

había estado pendiente de lo que había en el piso, lo cual evitó 

que tropezara con las esferas de cemento. Conforme su propio 

testimonio, la diferencia entre sus visitas previas (durante las 

que discurrió por el área sin percance alguno) y la visita del 

18 de abril de 2021, día de la caída, es que, en ésta última, el 

señor León González caminó por la misma área de forma 

descuidada pues dio dos pasos hacia atrás sin mirar hacia 

dónde caminaba ni lo que estaba haciendo, y, al girar y cayó.

23. El señor León González acudió a la sala de emergencia 

del Hospital San Lucas el 19 de abril de 2021.

24. El 19 de abril de 2021 en la sala de emergencia del 

Hospital San Lucas el señor León González fue sometido a 
KLCE202300935 5

radiografías, que arrojaron fractura conminuta de la cabeza 

del húmero y del cuello quirúrgico del hombro izquierdo.

25. El 20 de abril de 2021 el señor León González fue 

examinado y evaluado por el doctor Rafael Señeriz Ortiz, 

Ortopeda.

26. El doctor Rafael Señeriz Ortiz recomendó al señor León 

González una cirugía para colocar una prótesis invertida 

(“shoulder reverse prosthesis”).

27. El 28 de abril de 2021 el señor León González fue 

sometido a una cirugía para colocar una prótesis invertida 

(“shoulder reverse prosthesis”), en las instalaciones del 

Hospital San Lucas, en Ponce.

28. El señor León González fue sometido a doce (12) sesiones 

de terapia física en las instalaciones del Hospital de 

Veteranos en Ponce.8

En la referida resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud sumaria y expresó que habían hechos esenciales y 

pertinentes que debían ser dilucidados en una vista ordinaria;

específicamente, señaló: 

(1) Si la altura de los bordados y la distancia colocados entre 

ellos y entre el cajero automático, en un área de alto tráfico 

peatonal en dos direcciones crea una condición peligrosa.

(2) El monto de los daños, de concluirse que hay 

responsabilidad por parte de los demandados.9

El 18 de septiembre de 2023, Banco Popular de Puerto Rico 

y Universal Insurance Company recurren ante este foro intermedio 

y señalan la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TPI DENEGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA A PESAR DE QUE NO EXISTE CONTROVERSIA 

REAL SOBRE LOS HECHOS MATERIALES QUE ESTABLECEN 

QUE LA CAÍDA SE DEBIÓ A LAS ACCIONES DEL 

DEMANDANTE AL OPTAR POR CAMINAR DE ESPALDAS SIN 

MIRAR, A SABIENDAS DE QUE HABÍA BOLARDOS 

INSTALADOS EN EL PISO. 

El 18 de octubre de 2023, la parte recurrida presentó el 

escrito en oposición.

-IISabido es que el auto de certiorari es un vehículo procesal de 

carácter discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.

10 La discreción 

8 Apéndice del CERTIORARI, a las págs. 112 – 115. 

9 Id., a la pág. 115.

10 Mun. Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019); 

IG Builders et al. V. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012).
KLCE202301025 6

es entendida como el poder para decidir en una forma u otra; es 

decir, escoger entre uno o varios cursos de acción.

11

En ese sentido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,12

delimita las instancias en que habremos de atender y revisar las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de instancia, a 

saber:

[E]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será́ expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá́ revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. [...].

Con el objetivo de que podamos ejercer de una manera sabia 

la facultad discrecional —de entender o no en los méritos— el 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

13

establece los siguientes criterios:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).

12 Reglas de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 52.1.

13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40.
KLCE202300935 7

Por lo que, al tener discreción judicial nos reservamos expedir 

o denegar el certiorari. El Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.14

-IIIEl Banco Popular de Puerto Rico y Universal Insurance 

Company indican que el TPI incidió al denegar la solicitud de 

sentencia sumaria, a pesar de que no existe controversia real sobre 

los hechos materiales, los cuales establecen que la caída se debió a 

las acciones del señor León González.

De entrada acogemos las 28 determinaciones de hechos no 

controvertidas de la Resolución recurrida. De igual modo, 

coincidimos con la denegatoria de la sentencia sumaria en cuanto a 

que todavía quedan hechos en controversia relativo a la altura y 

correcta colocación de los bolardos. 

En fin, este caso no presenta ninguna de las circunstancias 

contempladas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ni 

encontramos justificación alguna para intervenir con la Resolución 

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la referida Regla 

40 del Tribunal de Apelaciones. Nada en el expediente sugiere que

el TPI haya abusado su discreción o actuó con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, por lo que resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari.

-IVPor lo fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari solicitado.

14 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).
KLCE202301025 8

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones