Número Identificador

RES2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

BANCO POPULAR DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

PEDRO JUAN RIVERA AMADOR

Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR SU ESPOSA 

MERCEDES RIVERA VALDÉS;

PREMIER FITNESS, INC.;

QUIZNO ́S CAFÉ, INC.; JOSÉ 

DANIEL RUIZ LOZADA

Peticionarios

KLCE202400170

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Superior 

de Bayamón

Caso Núm. 

D CD2011-2280

Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la vía 

ordinaria

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero, y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Pagán Ocasio, juez ponente

RESOLUC IÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2024.

I.

El 9 de febrero de 2024, el señor Pedro Juan Rivera Amador 

(señor Rivera Amador o peticionario) presentó un Escrito de 

Certiorari en el que solicitó que revoquemos una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI o 

foro primario) el 11 de enero de 2024, notificada y archivada en 

autos el 18 de enero de 2024.1 Mediante el dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar una solicitud del señor Rivera Amador para que se 

declarara nula una venta judicial de dos inmuebles, realizada como 

parte de la ejecución de una Sentencia por las alegaciones dictada 

por el foro primario en 2016.

2 En la misma, se le ordenó al 

1 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 1, pág. 1.

2 Íd., Anejo 3, págs. 13-23.
KLCE202400170 2

peticionario y a su esposa, la señora Mercedes Rivera Valdés (señora 

Rivera Valdés), a pagar $1,018,261.80 más los intereses 

acumulados por varias anualidades no satisfechas.

El 12 de febrero de 2024, emitimos una Resolución en la que 

le concedimos al Banco Popular un término de diez (10) días para 

expresar su posición en cuanto a los méritos del recurso.

Ese mismo día, el señor Rivera Amador radicó un Escrito 

acreditando notificación del recurso a través de correo electrónico a 

las partes y al TPI en el que informó que notificó el recurso a la parte 

recurrida y al foro primario.

El 23 de febrero de 2024, el Banco Popular presentó un 

Memorando en cumplimiento de orden y en oposición a la expedición 

de auto de certiorari en el que solicitó que declaremos No Ha Lugar 

la solicitud de expedición de certiorari y confirmemos la Orden 

recurrida.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

damos por perfeccionado el recurso. En adelante, 

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes al caso de autos.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 9 de septiembre de 2011 

cuando el Banco Popular presentó una Demanda en cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca en contra del señor Rivera Amador, la señora 

Rivera Valdés y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos.

3 La reclamación se basó en que debían tres préstamos 

garantizados, a su vez, por una serie de pagarés hipotecarios sobre 

tres propiedades. La parte recurrida incluyó en el pleito varias 

compañías pertenecientes al peticionario, a saber, Premier Fitness 

Inc. y Quizno’s Café, Inc.

3 Íd., Anejo 2, págs. 2-12.
KLCE202400170 3

Luego de múltiples trámites procesales, el 25 de enero de 

2016, el TPI emitió una Sentencia por las alegaciones en la que 

declaró Ha Lugar la reclamación del Banco Popular y, por 

consiguiente, ordenó al señor Rivera Amador y a la señora Rivera 

Valdés a pagar $1,018,261.80 más los intereses acumulados por 

varias anualidades no satisfechas, así como los intereses, recargos 

y el diez (10) porciento del principal de cada hipoteca para el pago 

de las costas, gastos y honorarios de abogado que provocó el litigio.

4

Como remedio, especificó que, una vez el dictamen adviniera final y 

firme, se ejecutarían mediante venta en pública subasta dos 

inmuebles pertenecientes al matrimonio.

Después de varios años, el 3 de mayo de 2023, el TPI emitió 

una Orden de ejecución en la que ordenó a la Secretaría del Tribunal 

librar un Mandamiento de Ejecución de Hipotecas, requiriendo así 

la venta en pública subasta de dos bienes inmuebles pertenecientes 

al señor Rivera Amador y la señora Rivera Valdés.5 Los inmuebles 

fueron identificados como Propiedad A (Finca #59,892) radicada en 

el Barrio Minillas de Bayamón y Propiedad B (Finca #10,294)

radicada en el Barrio Hato Tejas de Bayamón.

Posteriormente, la Secretaría del TPI emitió un Mandamiento 

de Ejecución de Hipotecas en cumplimiento de las órdenes del foro 

primario.6 Luego, el 30 de agosto de 2023, el TPI emitió un Aviso de 

venta ordenando la venta en subasta pública de las dos propiedades 

inmuebles.7

4 Notificada y archivada en autos el 5 de febrero de 2016. Íd., Anejo 3, págs. 13-

23.

5 Íd., Anejo 5, págs. 26-32.

6 Este hecho procesal es mencionado por el peticionario en su recurso y en 

algunos documentos del expediente, tanto por el TPI como por el Banco Popular,

pero no se incluye íntegramente como parte del Apéndice del Escrito de Certiorari. 

En vista de que el expediente digital del caso no se encuentra en el Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) no tenemos acceso al 

documento específico y, por ello, no podemos detallar con precisión la fecha de su 

presentación ni su contenido.

7 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 8, págs. 43-51.
KLCE202400170 4

Tras varios trámites, los cuales incluyeron la paralización de 

los procedimientos por varias radicaciones de quiebra, tanto del 

señor Rivera Amador como por la señora Rivera Valdés, el 27 de 

noviembre de 2023, el Banco Popular presentó una Moción para que 

se reanuden los procedimientos post sentencia para la ejecución de 

las hipotecas en la que informó que el Tribunal de Quiebras para el 

Distrito de Puerto Rico dejó sin efecto la paralización de los 

procedimientos en contra de la señora y, en consecuencia, solicitó

que el TPI reanudara la ejecución de la Sentencia por las alegaciones 

por medio de venta judicial.

8

El 14 de diciembre de 2023, el Banco Popular radicó una 

Moción para someter documentos sobre subastas en la que incluyó, 

entre otras cosas, el Aviso de venta, los edictos publicados y 

declaraciones juradas sobre la publicación de los edictos en un 

periódico de circulación general y en un tablón de edictos.9 En 

particular, para acreditar la publicación de los edictos anejó una 

declaración jurada de la señora Elba Llanos Rodríguez, 

representante del periódico Primera Hora, en la que expresó que los 

edictos del aviso de venta fueron publicados el 30 de noviembre de 

2023 y el 7 de diciembre de 2023.

El 15 de diciembre de 2023, el TPI emitió un Acta de primera 

subasta para la Propiedad A10 y otra, para la Propiedad B11. En cada 

una se consignó la venta de la propiedad, adjudicándose al Banco 

Popular, único licitador, y abonándose el precio al monto de la 

deuda.

El 20 de diciembre de 2023, el Banco Popular presentó una 

Solicitud de orden de confirmación de venta y adjudicación en la que 

solicitó al TPI que emitiera una Orden de confirmación de venta y 

8 Íd., Anejo 6, págs. 33-34.

9 Apéndice de la oposición a expedición de certiorari, Anejo 3, págs. 8-87.

10 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 11, págs. 56-59.

11 Íd., Anejo 10, págs. 53-55.
KLCE202400170 5

adjudicación en la que confirmara que los bienes inmuebles fueron 

vendidos conforme a todos los requisitos del trámite de ejecución y 

que ordenara al Alguacil del Tribunal que dispusiera del precio de 

las ventas.12 En la moción, se informó que:

Se publicó el Aviso de Venta en el periódico de circulación 

general Primera Hora, dos (2) veces y por espacio de dos (2) 

semanas consecutivas con un intervalo de por lo menos siete 

(7) días entre ambas publicaciones, el 30 de noviembre y 7 

de diciembre de 2023, según requerido en la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil vigente, y se dio publicidad por espacio 

de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visiblemente 

colocados en tres (3) sitios públicos del municipio de 

Bayamón, a saber: [...]13

Según expresó la parte recurrida, el 15 de diciembre de 2023, se 

llevó a cabo la primera subasta de las propiedades antes 

mencionadas. Sobre ello, consignó lo siguiente:

6. A esos efectos, compareció la parte demandante, 

representada por el Lcdo. Pedro E. Ruiz Meléndez. 

Anunciada en voz alta la venta de la Finca #59,892, el 

Alguacil se dispuso a recibir ofertas no menores de 

$286,000.00, tipo mínimo fijado para la primera subasta. 

Como único licitador compareció el Lcdo. Pedro E. Ruiz 

Meléndez, en representación de Banco Popular de Puerto 

Rico, quien ofreció $286,000.00, para abonar a la sentencia, 

y no habiendo quien mejorara dicha oferta, se adjudicó la 

buena pro a Banco Popular de Puerto Rico, por la cantidad 

de $286,000.00, en abono a la deuda, no existiendo 

transferencia de Dinero.

7. Asimismo, anunciada en voz alta la venta de la Finca 

#10,294, el Alguacil se dispuso a recibir ofertas no menores 

de $617,500.00, tipo mínimo fijado para la primera subasta. 

Como único licitador compareció el Lcdo. Pedro E. Ruiz 

Meléndez, en representación de Banco Popular de Puerto

Rico, quien ofreció $617,500.00, para abonar a la sentencia, 

y no habiendo quien mejorara dicha oferta, se adjudicó la 

buena pro a Banco Popular de Puerto Rico, por la cantidad 

de $617,500.00, en abono a la deuda, no existiendo 

transferencia de dinero.14

El 8 de enero de 2024, el TPI emitió una Orden de confirmación 

de adjudicación o venta judicial en cuanto a la Propiedad A15 y otra, 

en cuanto a la Propiedad B.16 En cada una, el foro primario validó 

las ventas judiciales realizadas.

12 Íd., Anejo 12, págs. 60-66.

13 Íd., pág. 62.

14 Íd., págs. 64-65. 

15 Notificada y archivada en autos el 10 de enero de 2024. Apéndice de la oposición 

a expedición de certiorari, Anejos 14, págs. 231-232.

16 Notificada y archivada en autos el 10 de enero de 2024. Íd., Anejo 15, págs. 

235-236.
KLCE202400170 6

Ese mismo día, el señor Rivera Amador radicó un Escrito 

urgente asumiendo co-representación legal, solicitando nulidad de 

venta judicial por incumplimiento con la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, paralización de los procesos y 

celebración de vista en el que solicitó, entre otras cosas, que el TPI 

declarara nula la venta judicial por incumplimiento con el requisito 

impuesto por la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 51.7, de que el aviso de venta judicial debe ser publicado 

mediante edicto dos veces con un intervalo de por lo menos siete 

días entre ambas publicaciones.17

El 11 de enero de 2024, el TPI emitió la Orden recurrida en la 

que declaró No Ha Lugar los remedios solicitados por el 

peticionario.18

El 9 de febrero de 2024, el señor Rivera Amador presentó el 

recurso de epígrafe y solicitó que revoquemos la Orden. En su 

escrito, le imputó al TPI la comisión de los siguientes dos errores:

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA 

LUGAR la Solicitud de Nulidad de Venta Judicial a pesar del 

Incumplimiento de la parte demandante en la Publicación de 

los Avisos de Venta, en virtud de la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA 

LUGAR la Solicitud de Nulidad de Venta Judicial a pesar de 

que la publicación de los Avisos de Venta no cumplió con el 

intervalo de tiempo exigido en la Regla 51.7 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.

En suma, argumentó que la venta judicial fue nula porque se 

incumplió con el intervalo de tiempo que la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que haya entre las dos 

publicaciones por edicto del aviso de venta judicial. Según planteó, 

la segunda publicación no podía ocurrir antes del 8 de diciembre, 

puesto que, de esa forma, únicamente habrían transcurrido seis (6) 

días entre ambas fechas. Su posición es que el incumplimiento con 

17 Apéndice del Escrito de Certiorari, Anejo 13, págs. 67-74.

18 Notificada y archivada en autos el 18 de enero de 2024. Íd., Anejo 1, pág. 1.
KLCE202400170 7

los requisitos de publicación de los avisos de venta provoca la 

nulidad de la venta judicial efectuada y, por ello, solicitó que 

revoquemos el dictamen del foro primario y la declaremos nula.

El 23 de febrero de 2024, el Banco Popular radicó un

Memorando en cumplimiento de orden y en oposición a la expedición 

de auto de certiorari en el que solicitó que deneguemos la expedición 

del auto de certiorari solicitado y confirmemos la Orden recurrida en 

todos sus extremos. Es su posición que no existe razón bajo los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que justifique intervenir con la decisión 

del TPI. Asimismo, arguyó que la definición de término dispuesta en 

la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 68.1, no puede 

aplicarse selectivamente y, por ello, el cómputo de los siete (7) días 

dispuestos en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, supra, debe 

hacerse como cualquier otro término. De esta forma, argumentó 

que, entre ambas publicaciones, existió un intervalo de por lo menos 

siete (7) días, en cumplimiento con los requisitos de la referida regla. 

Por último, también señaló que el peticionario no levantó objeción 

alguna en otras tres ocasiones anteriores en las que se publicaron 

los edictos en el mismo intervalo de tiempo. Sin embargo, en esas 

ocasiones, el proceso se vio paralizado por otras razones, como la 

pandemia, dos radicaciones de quiebra por el señor Rivera Amador 

y una por la señora Rivera Valdés.

En adelante, esbozamos los fundamentos en derecho que 

ilustran nuestra determinación.

III.

A.

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 
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Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1,19

establece las instancias en las que el foro revisor posee autoridad 

para expedir un auto de certiorari sobre materia civil. Scotiabank 

v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita 

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender 

un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. Caguas v. 

JRO Construction, Inc., 201 DPR 703 (2019).

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso.

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que 

19 Esta Regla dispone que:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
KLCE202400170 9

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.

20

B.

La Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, R. 51 regula los 

procedimientos de ejecución de sentencia en los casos civiles. En 

particular, la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, establece las 

disposiciones específicas aplicables a la venta judicial y los 

requisitos procesales para su validez. En lo pertinente, prescribe lo 

siguiente:

(a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes 

objeto de la ejecución, ésta deberá darse a la publicidad por 

espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito 

visiblemente colocados en tres (3) sitios públicos del 

municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la 

alcaldía, el tribunal y la colecturía. 

Dicho aviso será publicado, además, mediante edictos 

dos (2) veces en un diario de circulación general en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y por espacio de 

dos (2) semanas consecutivas, con un intervalo de por lo 

menos siete días entre ambas publicaciones. Copia del 

aviso será enviada al deudor o deudora por sentencia y a su 

abogado o abogada vía correo certificado con acuse dentro de 

los primeros cinco (5) días de publicado el primer edicto, 

siempre que haya comparecido al pleito. Si el deudor o la 

deudora por sentencia no comparece al pleito, la notificación 

será enviada vía correo certificado con acuse a la última 

dirección conocida.

En todos los casos en que se plantee que la parte 

promovente de un procedimiento de ejecución de 

sentencia no ha cumplido con alguno de los requisitos de 

esta regla, el tribunal, a solicitud de parte, celebrará una 

vista para resolver la controversia planteada. El aviso de 

venta describirá adecuadamente los bienes que se venderán 

y hará referencia sucintamente, además, a la sentencia que 

se satisfará mediante dicha venta, con expresión del sitio, el 

20 Esta Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 

análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 

en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 

luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 

alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 

causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita

un fracaso de la justicia. 
KLCE202400170 10

día y la hora en que se celebrará la venta. Si los bienes son 

susceptibles de deterioro, el tribunal, a solicitud de parte, 

podrá reducir el término de publicación del aviso a menos de 

dos (2) semanas. Será nula toda venta judicial que se 

realice sin cumplir con el aviso de venta en la forma 

indicada, sin perjuicio de la responsabilidad de la parte 

que promueva la venta sin cumplir con tal aviso.

[...] (Énfasis y subrayado nuestro). Íd.

Sobre estas disposiciones procesales, nuestro Tribunal 

Supremo ha sido claro: los requisitos de publicación y notificación 

de la venta judicial son requerimientos del debido proceso de ley. 

R&G v. Sustache, 163 DPR 491, 499 (2004); Lincoln Savs. Bank 

v. Figueroa, 124 DPR 388 (1989); C.R.U.V. v. Registrador, 117 

DPR 662 (1986). De esta forma, ha reconocido que publicar el aviso 

sin cumplir con la forma indiciada en la ley o incurrir en otros vicios 

o defectos sustanciales provoca la nulidad de la subasta. Íd., pág. 

500; Atanacia Corp. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284 (1993).

C.

Debido a la controversia que presenta este caso, resulta 

imperativo estudiar la norma aplicable al cálculo de términos en los 

casos civiles. La Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 68.1,

prescribe la forma en la que se computan los términos dispuestos 

en las reglas y provistos por los tribunales. En lo pertinente, dispone 

que:

En el cómputo de cualquier término concedido por estas 

reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto 

aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento 

o incumplimiento después del cual el término fijado empieza 

a transcurrir. El último día del término así computado se 

incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta 

legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del 

próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente 

feriado. También podrá suspenderse o extenderse cualquier 

término por causa justificada cuando el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el 

plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, 

domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del 

cómputo. Medio día feriado se considerará como feriado en 

su totalidad. (Subrayado nuestro). Íd.

IV.

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del recurso de 

epígrafe, a la luz de los criterios esbozados tanto en la Regla 52.1 de 
KLCE202400170 11

Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos que debemos 

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. A nuestro juicio, 

no atisbamos motivo o error alguno que amerite nuestra 

intervención. La determinación del foro primario es esencialmente 

correcta en derecho. De los autos no surge que el TPI haya incurrido 

en error, prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su discreción 

al emitir el dictamen recurrido. No intervendremos con ese 

dictamen, en esta etapa de los procedimientos. En consecuencia, 

denegamos el recurso de certiorari solicitado por el peticionario.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se deniega la 

expedición el auto de certiorari solicitado.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones