Número Identificador

RES2024_______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO

Recurrido

v.

ALEJANDRO BERRÍOS 

RIVERA

Peticionario

KLCE202301414

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Aibonito

Caso núm.: 

B VI2017G0002

B LA2017G0016

B LA2017G0017

Sobre:

Tent Art. 93-D 

1ER Grado Código 

Penal

Art. 5.04 Y 

Art. 5.15 Ley De 

Armas

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz y la jueza Mateu Meléndez

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2024.

Comparece el señor Alejandro Berríos Rivera, en 

adelante el señor Berríos o el peticionario, y solicita 

que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se declaró no ha lugar su solicitud 

de nuevo juicio, en virtud de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

se deniega la expedición del auto de certiorari.

-ISurge del expediente que el señor Berríos presentó 

una Petición de Nuevo Juicio al Amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal por Violación a una 

Representación Legal Adecuada, en la que alegó que “el 

Lcdo. Orlando Aponte Rosario [fue negligente porque] no 
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realizó los esfuerzos necesarios para colocar en 

posición al TPI de emitir una determinación y declarar 

como testigo no disponible a la testigo de coartada que 

había declarado en [la] etapa de vista preliminar con un 

resultado de no causa”.1 También, adujo que el TPI “le 

brindó los pasos a seguir” para que, en ausencia de la 

testigo de coartada, declarara su padre, pero el

representante legal no realizó los esfuerzos necesarios 

para conseguirlo. En síntesis, arguyó que de haberse 

declarado a la testigo de coartada como no disponible, 

el resultado del juicio hubiera sido distinto.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la 

petición de nuevo juicio.2 Contrario al peticionario, 

sostuvo que el Lcdo. Aponte siempre ha velado por los 

derechos de su cliente. Así pues, destacó que el abogado 

de defensa “radicó un sinnúmero de mociones 

interlocutorias y presentó varios recursos ante el 

Tribunal de Apelaciones [entre los señalamientos de 

error, tres guardaban relación con la defensa de 

coartada]... y recurrió al Tribunal Supremo...”. También, 

alegó que, durante el juicio, este presentó 

argumentaciones de derecho extensas y muchas objeciones. 

Además, el recurrido enfatizó que el letrado interrogó 

ampliamente al agente a cargo de la investigación del 

pleito de epígrafe sobre la testigo de coartada. Del 

mismo modo, el Ministerio Público afirmó que, luego de 

que el TPI declarara no ha lugar su moción de absolución 

perentoria, el abogado sometió el caso, pero antes se 

reunió con el peticionario, por lo que se presume que el 

Lcdo. Aponte consultó y actuó conforme a la decisión del 

1 Apéndice del peticionario, págs. 55-65.

2 Id., págs. 66-74.
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señor Berríos. A su vez, arguyó que el peticionario no 

demostró que el supuesto desempeño deficiente de su 

abogado le causara un perjuicio, “máxime cuando la 

prueba documental de la alegada coartada fue admitida 

como exhibit en el juicio”. Finalmente, adujo que los 

testimonios vertidos hacen poco probable que el 

resultado del juicio hubiera sido distinto. Por 

consiguiente, concluyó que el señor Berríos no cumplió 

con el estándar de prueba requerido en virtud de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal.

Posteriormente, el TPI celebró una vista sobre la 

solicitud de nuevo juicio, en la que a su entender, el 

peticionario declaró lo siguiente: el Lcdo. Aponte lo 

asistió en el caso; el señor Hiram Rodríguez es el padre 

de su pareja, la señora Roxi Sánchez, en adelante señora 

Sánchez (testigo de coartada); la señora Sánchez 

declaró, en la vista preliminar, que se dirigía hacia 

Patillas con el señor Berríos el día de los hechos del 

pleito de epígrafe; a pesar de que la señora Sánchez era 

su prueba más importante para probar su inocencia, el 

Lcdo. Aponte no hizo gestiones para citarla porque 

quería terminar el juicio; al momento en que el 

licenciado sometió el caso, el peticionario no objetó 

porque pensaba que solo su representante legal podía 

hablar; no presentó querella contra el Lcdo. Aponte, 

aunque no le explicó su derecho constitucional a 

presentar prueba; y al momento del juicio, el señor 

Berríos tenía problemas de pareja con la señora Sánchez, 

quien se encontraba en Estados Unidos, pero aun seguían 

en comunicación.3

3 Id., págs. 77-87.
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Luego de escuchar todas las grabaciones del juicio 

en sus méritos y de ponderar los nueve exhibits de la 

defensa, sobre la coartada, además de los testimonios de 

dos testigos, el TPI concluyó que la representación del 

Lcdo. Aponte fue competente, pues consultó con su 

cliente la decisión de no presentar prueba adicional y

someter el caso.4

En desacuerdo, el señor Berríos presentó una Moción 

de Reconsideración5, en la que reiteró sus argumentos, 

pero el TPI la declaró no ha lugar6.

Aun inconforme, el peticionario presentó una 

Petición de Certiorari en la que invoca la comisión del 

siguiente error:

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD 

DE NUEVO JUICIO POR VIOLACIÓN A UNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL ADECUADA, A PESAR DE HABERSE ESTABLECIDO 

TODOS LOS REQUISITOS DE LA REGLA 192.1 DE 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL Y LA JURISPRUDENCIA, QUE EL 

LCDO. ORLANDO APONTE DESISTIÓ DE MANERA UNILATERAL 

DE PRESENTAR EL TESTIMONIO DE LA TESTIGO DE DEFENSA 

QUE APORTABA A LA PRUEBA DE COARTADA DEL JOVEN 

ALEJANDRO BERRÍOS RIVERA Y HABER QUEDADO 

DEMOSTRADO QUE DICHA EVIDENCIA CON PROBABILIDAD 

ERA FAVORABLE PARA EL CASO DEL ACUSADO. 

Luego de revisar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-IIA.

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.7 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

4 Id., págs. 85-87.

5 Id., págs. 89-93.

6 Id., pág. 94.

7 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera.8

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar 

causa:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.9

B.

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal establece 

en su parte pertinente: 

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona 

que se halle detenida en virtud de una 

sentencia dictada por cualquier sala del 

8 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).

9 Municipio v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.
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Tribunal de Primera Instancia y alegue el 

derecho a ser puesta en libertad porque:

(1) La sentencia fue impuesta en violación 

de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

la Constitución y las leyes de Estados 

Unidos; o

(2) el Tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia, o

(3) la sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley, o

(4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del 

tribunal que impuso la sentencia para 

que anule, deje sin efecto o corrija la 

sentencia. 

La moción para dichos fines podrá ser 

presentada en cualquier momento. En la moción 

deberán incluirse todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el 

remedio provisto en esta regla. Se 

considerará que los fundamentos no incluidos 

han sido renunciados, salvo que el tribunal, 

con vista de una moción subsiguiente, 

determine que no pudieron razonablemente 

presentarse en la moción original.

(b) Notificación y vista. A menos que la moción 

y los autos del caso concluyentemente 

demuestren que la persona no tiene derecho a 

remedio alguno, el tribunal dispondrá que se 

notifique con copia de la moción, si se trata 

de una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, al fiscal de la sala 

correspondiente, y si se trata de una 

sentencia dictada por el Tribunal de 

Distrito, al fiscal de la sala del Tribunal 

de Primera Instancia a la cual puedan 

apelarse las sentencias de dicho Tribunal de 

Distrito. El tribunal proveerá asistencia de 

abogado al peticionario si no la tuviere, 

señalará prontamente la vista de dicha 

moción, se asegurará de que el peticionario 

ha incluido todos los fundamentos que tenga 

para solicitar el remedio, fijará y admitirá 

fianza en los casos apropiados, establecerá 

las cuestiones en controversia y formulará 

determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho con respecto a la misma.

Si el tribunal determina que la sentencia fue 

dictada sin jurisdicción, o que la sentencia 

impuesta excede la pena descrita por la ley, 

o que por cualquier motivo está sujeta a 

ataque colateral, o que ha habido tal 

violación de los derechos constitucionales 

del solicitante que la hace susceptible de 
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ser atacada colateralmente, el tribunal la 

anulará y dejará sin efecto y ordenará que 

el peticionario sea puesto en libertad, o 

dictará una nueva sentencia, o concederá un 

nuevo juicio, según proceda.

El tribunal podrá considerar y resolver dicha 

moción sin la presencia del solicitante en 

la vista, a menos que se plantee alguna 

cuestión de hecho que requiera su presencia.

El tribunal sentenciador no vendrá obligado 

a considerar otra moción presentada por el 

mismo confinado para solicitar el mismo 

remedio. [...]10

De lo anterior se desprende que la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal establece un mecanismo para que 

toda persona confinada en una institución penal pueda 

atacar colateralmente la validez o constitucionalidad de 

aquella sentencia final y firme en virtud de la cual 

está cumpliendo pena de reclusión.11 Esta impugnación 

sólo se puede hacer a base de planteamientos de derecho, 

ya que no se puede utilizar el vehículo establecido por 

la Regla 192.1 para revisar señalamientos de error sobre 

hechos, ni dirigidos a cuestionar la culpabilidad o la 

inocencia del convicto.12 Sólo estará disponible este 

mecanismo de revisión extraordinario en aquellos casos 

en que la sentencia esté viciada de un error de tal 

magnitud que entre en conflicto con las nociones 

fundamentales de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo.13 Dado que el propósito de la Regla 192.1 

es revocar sentencias firmes, la concesión de un remedio 

a su amparo sólo procede excepcionalmente, requiriendo 

a su vez un cuidadoso ejercicio de discreción judicial.14

10 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.

11 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010).

12 Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 824 (2007); Pueblo v. Rosario 

Paredes, 209 DPR 155, 164 (2022). 

13 Pueblo v. Román Martir, supra; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, 

págs. 965-966; Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352, 371 (2020).

14 Pueblo v. Román Martir, supra, págs. 827-828. 
KLCE202301414 8

Por otro lado, cuando la petición de nuevo juicio 

se basa en la incompetencia del representante legal, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido lo 

siguiente:

La incompetencia enervante de la asistencia 

legal a que tiene derecho el acusado ha de ser de 

grado extremo, causante de perjuicio sustancial, 

al punto que sostenga la probabilidad de que de no 

haber incidido, el resultado del juicio hubiera 

sido distinto. Recae sobre el apelante el peso de 

la prueba de su indefensión por incompetencia del 

abogado...[Además]...En todo caso, firme y reiterada 

jurisprudencia establece que las equivocaciones o 

errores del abogado de la defensa (ya sea éste un 

defensor público, un abogado de oficio o un abogado 

que ha sido escogido y remunerado por el propio 

acusado) no pueden ser invocados en apelación como 

fundamento para obtener una revocación del fallo 

o sentencia, en ausencia de mala fe, de fraude, de 

incapacidad física o mental, o de clara, 

indisculpable y grave incompetencia profesional 

del abogado que representó al apelante en el 

juicio.

La alegación de falta de defensa efectiva

deberá demostrar, antes de que merezca un examen 

a fondo, que la conducta errónea del abogado ha 

resultado en perjuicio de tal naturaleza que de no 

haberse producido, el juzgador de hechos hubiese 

llegado, con razonable probabilidad a conclusión 

distinta respecto a la responsabilidad del 

acusado. El tribunal de apelación debe albergar 

una fuerte presunción de que la conducta del 

defensor está comprendida dentro del amplio ámbito 

de una razonable asistencia legal, y toca al 

apelante derrotar la presunción de que, en las 

circunstancias que confrontó el abogado en el 

juicio, su actuación impugnada puede considerarse 

como estrategia correcta....Una evaluación justa de 

la efectividad de la defensa que garantiza el Art. 

II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado debe guardar gran deferencia para el 

defensor.... El criterio final para adjudicar una 

reclamación de falta de efectividad en la defensa 

debe ser si la actuación del abogado de tal modo 

vulneró del adecuado funcionamiento del sistema 

adversativo que no pueda decirse que el juicio 

tuvo un resultado justo.15

-IIIEl peticionario alega que la representación legal 

del Lcdo. Aponte fue inadecuada y lo afectó 

adversamente. En su opinión, el abogado no realizó los 

esfuerzos necesarios para que el TPI declarara como 

15 Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484, 500-502 (1986). (Citas 

omitidas y énfasis suplido).
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testigo no disponible a la testigo de coartada, que había 

declarado en etapa de vista preliminar con un resultado 

de no causa. Además, aduce que el letrado sometió su 

caso sin su autorización y que de haberlo representado 

adecuadamente, el resultado del juicio hubiera sido 

distinto.

Por su parte, el Ministerio Público insiste en la

presunción de que los abogados se comunican con sus 

clientes y actúan como agentes de su representado. Por 

lo tanto, arguye, que en lugar de pretender que el foro 

intermedio resuelva a su favor con meras alegaciones, el 

señor Berríos debió sentar al Lcdo. Aponte como testigo 

en la vista evidenciaria de la Regla 192.1 y así aclarar 

si aquel le consultó la decisión de someter el caso. Por 

otra parte, argumenta que, durante el juicio, el abogado

solicitó tiempo al TPI para hablar con el peticionario

sobre continuar el caso sin el testimonio de la testigo 

de coartada y posterior a esa comunicación, expresó que 

tanto él como su cliente determinaron dar por sometido 

el caso.

Luego de revisar cuidadosamente los escritos de las 

partes y los documentos que los acompañan, consideramos 

que ni el remedio ni la disposición de la Resolución

recurrida son contrarios a derecho. Regla 40(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Conviene añadir que a nuestro entender, no medió 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por parte del foro 

sentenciador. Regla 40(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.
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Finalmente, no existe ninguna otra circunstancia, 

al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

justifique la expedición del auto.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones