Número Identificador

SEN2024__________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL X

HÉCTOR RUBÉN MÁRQUEZ 

VILLANUEVA

Apelante

v.

WANDA MARGARITA BURGOS 

RODRÍGUEZ Y OTROS

Apelados

KLAN202300708

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala

Superior de Carolina

Civil Núm.:

CA2020CV01898 

(Civil 408)

Sobre:

Acción Resolutoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Juez

Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón

Santiago Calderón, Jueza Ponente

S E N T EN C I A

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2024.

Comparece ante nos el señor Héctor Rubén Márquez 

Villanueva (señor Márquez Villanueva o parte apelante) mediante 

recurso de Apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia1

emitida el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de julio de 2023, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o 

foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Demanda incoada por la parte apelante y le impuso el pago 

de honorarios por temeridad.

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.

I.

Según surge del expediente apelativo, el 8 de septiembre de 

2020, la parte apelante presentó una Demanda2 sobre 

incumplimiento de contrato y daños en contra de la señora Wanda 

Margarita Burgos Rodríguez, el señor Mario Peguero y la Sociedad 

1 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 1-12.

2 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 13-28.
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Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, parte 

apelada). En síntesis, la parte apelante alegó que el 21 de octubre 

de 2014, las partes otorgaron la Escritura Pública Número Ocho (8) 

sobre Compraventa Asumiendo Hipoteca (Escritura Núm. Ocho), 

mediante la cual vendió a la parte apelada un bien inmueble sito en 

Trujillo Alto, Puerto Rico, por el precio de $126,000.00, de los cuales 

$96,000.00 correspondían al balance pendiente de la hipoteca que 

gravaba la propiedad. La parte apelante añadió que, la cláusula 

sexta de la Escritura Núm. Ocho incluía como condición que si la 

parte apelada no pagaba la hipoteca, esta debía devolver la 

titularidad de la propiedad. Seguidamente, señaló que la parte 

apelada dejó de pagar la hipoteca, por lo que adeudaba la suma de

$2,892.75 por concepto de atrasos, los cuales presuntamente la 

institución bancaria estaba cobrando al señor Márquez Villanueva. 

Ante ello, solicitó la rescisión del negocio jurídico, así como la 

restitución de la posesión y titularidad de la propiedad. Asimismo, 

reclamó la suma de $50,000.00 por concepto de daños y angustias 

mentales.

El 17 de noviembre de 2020, la parte apelada presentó su 

Contestación a Demanda y Reconvención3. En su alegación 

responsiva, la parte apelada negó la mayoría de las alegaciones en 

su contra y presentó varias defensas afirmativas. En cuanto a la 

reconvención, alegó que la cláusula sexta de la Escritura Núm. Ocho 

es contraria a la ley, la moral y el orden público por entender que 

les pretende despojar de la propiedad sin un debido proceso de ley.

La parte apelada sostuvo que ha cumplido con su obligación de 

pago. Por tanto, solicitó la suma de $100,000.00 por concepto de 

daños y angustias mentales, así como el pago de $15,000.00 por 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

3 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 29-42.
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El 27 de noviembre de 2020, la parte apelante presentó 

Contestación a Reconvención4, en la que negó las alegaciones de la 

reconvención y reiteró que la parte apelada incumplió con los pagos 

de la hipoteca. De esta forma, alegó tener derecho a rescindir un 

acuerdo válido incumplido por la parte apelada.

El 11 de diciembre de 2021, la parte apelada compareció 

mediante Contestación Enmendada a la Demanda y Reconvención. 

El 14 de diciembre de 2021, la parte apelante presentó una 

Contestación a Reconvención Enmendada.

Tras varias incidencias procesales innecesarias pormenorizar 

para atender el recurso, el 29 de junio de 2023, el TPI celebró el 

juicio en su fondo, en el cual se dilucidó la controversia de daños 

contractuales, única controversia pendiente5. Según se desprende 

del expediente, las partes sometieron en el juicio la siguiente prueba 

documental estipulada:

1. Instrumento público número 8 de 21 de octubre de 2014, 

escritura de compraventa y asumiendo hipoteca, 

otorgada ante el notario Jaime Alberto Santos Santiago. 

2. “Payoff Statement” de 5 de octubre de 2021. 

3. Carta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez 

con fecha de 13 de octubre de 2021, sobre trámite de 

saldo de préstamo hipotecario número 27784685 a 

nombre de Héctor Márquez.

4. Cheque número 025132 a favor de Select Portfolio 

Servicing, Inc. por la suma de $87,137.54, con fecha 19 

de octubre de 2021.

5. Carta de saldo de hipoteca de 1 de noviembre de 2021, 

enviada por Select Portfolio Servicing (SPS) a la parte 

demandante, evidencia de pago a SPS, Inc. por 

$87,137.54 liberando a la parte demandante de la 

hipoteca.

6. Pagaré hipotecario juramentado en el testimonio 4,556, 

el 13 de octubre de 2021 ante el notario Félix Rafael 

Passalaqua. 

7. Acta Sobre Designación de Hogar Seguro, instrumento 

público número 6, otorgado el 16 de octubre de 2020, 

ante el notario Ian Alejandro Lebrón Ward. 

4 Véase Apéndice del recurso de Apelación, págs. 43-44.

5 El Lcdo. Morales Arroyo, representante legal de la parte apelante, manifestó 

durante el juicio en su fondo que la transacción de compraventa y liberación de 

hipoteca estaba finalizada y que solamente se estaría dilucidando la controversia 

sobre daños contractuales. Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 7-8.
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8. Historial de pagos por parte demandada a Banco Popular 

y Select Portfolio Servicing durante los años 2018, 2019 

y 2020. 

9. Certificación registral de la Finca 3081-012632 emitida 

por el Registrador de la Propiedad.

Consecuentemente, el 14 de julio de 2023, notificada el 17 de 

julio de 2023, el Tribunal emitió la Sentencia6 apelada en la que 

formuló diecinueve (19) determinaciones de hechos. En su 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda instada 

por la parte apelante y le impuso a esta parte el pago de honorarios 

por temeridad por la suma de $10,000.00 con interés legal de 8.00%.

Además, declaró No Ha Lugar las demás reclamaciones incoadas en 

el caso. El TPI concluyó lo siguiente: 

Los documentos presentados ante el tribunal demuestran 

que desde el 21 de octubre de 2014 la parte demandada [aquí 

parte apelada] cumplió cabalmente con los pagos de la 

hipoteca. Asimismo, la evidencia documental demuestra que 

el 13 de octubre de 2021 la parte demandada refinanció el 

inmueble y liberó a la parte demandante de la hipoteca que 

gravaba el mismo, tal como acordado en la escritura de 

compraventa, a pesar de todos los eventos exógenos e 

imprevisibles que ocurrieron durante el período de cinco 

años.

Tomando en consideración lo manifestado por la 

representación legal de la parte demandante durante el 

juicio, que constituye una admisión a la luz de la Regla 803(c) 

de las de Evidencia, en el sentido de que se completó la 

transacción de compraventa, resolvemos que no existe 

controversia en cuanto a la titularidad del inmueble a favor 

de la parte demandada y procedemos a evaluar la existencia 

de daños contractuales.

La parte demandante [aquí parte apelante], que tenía 

el peso de la prueba para demostrar la existencia de tales 

daños; no presentó ninguna evidencia, ni probó mediante 

preponderancia de prueba, la existencia de algún daño 

contractual. El testimonio de la parte demandante, que se 

limitó a mencionar de manera general que los daños fueron: 

tensión causada por la situación, que no le aprobaron una 

tarjeta de crédito de [Walmart] y que se vió afectada una 

relación que tenía; lo expresado no es evidencia suficiente 

que mueva al tribunal a determinar que exista la existencia 

de tales daños contractuales; mucho menos que exista un 

nexo entre esos alegados daños y la parte demandada.

[...]7

En desacuerdo con la determinación, el 11 de agosto de 2023, 

la parte apelante compareció ante nos mediante el recurso de 

epígrafe y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores:

6 Véase apéndice del recurso, págs. 1-12.

7 Véase apéndice del recurso, págs. 10-11.
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Erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical al no 

realizar un análisis justo y balanceado de la misma.

Erró el TPI al imponer honorarios de abogado en las 

circunstancias de este caso.

El 14 de agosto de 2023, la parte apelante presentó Moción de 

Término para Someter Transcripción de la Prueba Oral. Por ello, el 17 

de agosto de 2023, emitimos una Resolución en la que autorizamos 

la solicitud para someter la transcripción y le concedimos término a 

las partes a los fines de perfeccionar el recurso.

El 8 de septiembre de 2023, la parte apelada compareció 

mediante Alegato en Oposición al Recurso de Apelación por Héctor 

Rubén Márquez Villanueva.

Luego, el 30 de noviembre de 2023, las partes comparecieron 

mediante Moción Conjunta Estipulando Transcripción. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como 

la transcripción de la prueba oral estipulada, procedemos a resolver. 

II.

-AEs norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales 

apelativos debido a la oportunidad que tiene el juzgador de hecho 

en dicho foro de observar y escuchar a los testigos. Así pues, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con las referidas 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que haya hecho el Tribunal de Primera Instancia, salvo que medie 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto8. Solo ante la 

presencia de estos elementos o cuando la apreciación de la prueba 

8 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016), Serrano 

Muñiz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); López Delgado v. Cañizares, 163 

DPR 119 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 424-425 (2001).
KLAN202300708 6

no concuerde con la realidad fáctica es que un foro apelativo debe 

intervenir con la apreciación efectuada9. 

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

“[a]unque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, y merece 

deferencia, no es absoluto”10. Por eso, la apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal apelativo11. Cuando del examen de la prueba 

se desprende que el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios 

improbables o imposibles, el Tribunal Supremo ha justificado la 

intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la prueba 

realizada por el tribunal sentenciador12. El Tribunal Supremo reiteró 

estos principios y expresó que “el nivel de pasión, prejuicio o 

parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente 

las determinaciones del foro primario sobre los hechos varía de caso 

a caso”13. Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos 

debemos evaluar si el juzgador cumplió su función judicial de 

adjudicar la controversia específicamente conforme a derecho y de 

manera imparcial, pues solo así podremos descansar con seguridad 

en sus determinaciones de hechos14.

En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente 

con la apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido 

cuando este actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando 

cometa un error manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue 

dictada en esas circunstancias, tales determinaciones deben 

respetarse en la etapa de apelación.

9 Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 

(2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).

10 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013), Méndez v. Morales, 

142 DPR 26 (1996).

11 Íd.

12 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).

13 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, págs. 775-776.

14 Íd., pág. 777.
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-BEn cuanto a la evaluación y suficiencia de prueba, la Regla

110 de las de Evidencia dispone, en lo pertinente, que:

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar 

la evidencia presentada con el propósito de determinar 

cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con 

sujeción a los principios siguientes:

(a) El peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de 

las partes. 

(b) La obligación de presentar evidencia primeramente 

recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto 

en controversia. 

(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado 

de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 

absoluta certeza.

[...]

(f) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o 

del juzgador se hará mediante la preponderancia de la 

prueba a base de criterios de probabilidad, a menos que 

exista disposición al contrario. En los casos criminales, la 

culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más 

allá de duda razonable. 15

Como regla general, en los litigios civiles la presentación de

evidencia le corresponde a la parte que hace la alegación que sirve 

de base a una reclamación16.

Por otro lado, el juzgador de los hechos deberá aplicar el 

estándar de la preponderancia de la prueba para determinar su 

suficiencia de la prueba. El Tribunal deberá determinar si la

evidencia presentada es suficiente para convencer al juzgador de la 

veracidad de los hechos alegados17. Sobre la prueba a presentarse, 

el Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que no bastará con 

meras alegaciones o teorías, sino que es necesario que se presente

evidencia real para probar la causa de acción18.

-CLa Regla 44.1 de Procedimiento Civil, faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de 

abogado. Al respecto, la referida disposición establece lo siguiente:

15 32 LPRA Ap. VI, R. 110.

16 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 (2011).

17 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998).

18 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, 510 (2011).
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[...]

d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. [...]19.

La temeridad se ha descrito como un comportamiento que 

incide en los procesos judiciales y afecta, tanto el buen 

funcionamiento de los tribunales, como la administración de la 

justicia20. La temeridad permite que se celebre o se prolongue un 

litigio innecesariamente u obliga a otra parte a litigar por su 

contumacia u obstinación21. De modo que, el propósito de la 

imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la parte que,

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito22.

Así pues, una vez el foro primario determina que una parte 

incurrió en conducta temeraria, procede la imposición de los 

honorarios de abogado a favor de la otra parte23. La determinación 

de temeridad es de índole discrecional, por lo que sólo debemos 

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción24.

III.

La determinación que nos ocupa está acompañada de una 

presunción de corrección25. Corresponde a la parte apelante 

colocarnos en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos 

19 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.

20Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016); Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013). 

21 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001).

22 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

123 DPR 339, 349-350 (1989); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc. 118 DPR 

713, 718 (1987).

23 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 211; Maderas Tratadas v. Sun. 

Alliance et al., 185 DPR 880, 925 (2012).

24 Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).

25 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).
KLAN202300708 9

a los dictámenes del TPI que es quien ve y escucha a los testigos. 

Por eso, la parte apelante no puede descansar meramente en sus 

alegaciones. Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción 

de corrección que gozan las actuaciones de los tribunales de primera 

instancia26. 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante

cuestiona la apreciación de la prueba testifical por parte del TPI al 

emitir la Sentencia mediante la cual declaró no ha lugar la demanda 

incoada por éste. Particularmente, aduce que no hubo prueba en 

contrario de que, debido al incumplimiento de la parte apelada con 

los términos del contrato de compraventa, se le denegó una tarjeta 

de crédito y perdió una relación sentimental, lo cual le ha causado 

daños y angustias mentales.

Tras realizar un examen minucioso del expediente ante 

nuestra consideración, particularmente los anejos y la trascripción 

de la prueba oral estipulada, colegimos que el primer error alegado 

por la parte apelante no fue cometido. Veamos.

De la transcripción de la prueba oral se desprende que,

durante el examen directo, el señor Márquez Villanueva testificó 

sobre el presunto incumplimiento de la parte apelada y los daños 

sufridos por éste. En lo pertinente, testificó lo siguiente:

[...]

P Mire, ¿y cuánto...? Usted dice que la casa

estaba atrasada. ¿cuánto estaba atrasada, cuando a usted le 

comunican por primera vez? 

R Bueno, la casa debía, creo que eran seis meses, 

y estaba... y estaba ya... cuando me llamaron, porque ellos 

lograron llamarme y hablaron conmigo pa’ hacer un plan de 

pago y yo les dije, “Mira, yo no puedo hacer un plan de pago 

porque la casa yo no la vivo, la casa yo... yo la vendí... --digo, 

la cuenta-- ...y yo voy hablar con mi abogado y entonces que 

él... que él hable con ellos, porque la casa estaba ya a ley 

de... de embargarse.

P ¿Y?

R De embargo.

P ...esto pasa cuánto tiempo después de que se 

firmó la escritura?

R En el 2021 o 2022 (fonética), por ahí, por ahí.

[...]

26 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).
KLAN202300708 10

P Bien. Y cuando usted se enteró de que eso 

estaba pasando, ¿cómo usted se sintió?

R Wow, se me fue el mundo encima, porque yo 

jamás pensé, porque como no me llegaban las cartas, porque 

ellos cambiaron la dirección, pues al ellos contactarme y... y 

decirme lo que está pasando, ya... Y decirme que la casa lo 

que quedaba era na’ pa’ remate, que ellos me querían ayudar, 

pero que... pero es que la casa yo no puedo ponerla al día, 

porque se supone que ellos tengan la obligación, porque hay 

un contrato firmado que ellos no podían dejar atrasar la casa 

en ningún momento.

[...]

P Bien. ¿Y cómo le han afectado a usted esa 

situación, cómo le afectó, si de alguna manera?

R Bueno, pues... pues no pude dormir y estuve 

tiempo con... con usted, con el licenciado aquí hablando y... 

y en verdad me preocupé demasiado de mucho, porque 

hasta... hasta... hasta la relación que tenía la perdí, porque 

no tenía... no tenía cabeza más que... más que en eso.

[...]

P Mire, ¿y su crédito, cómo se afectó, si de alguna 

manera?

R No tenía crédito en ningún lado. Una vez llené... 

una vez llené en Walmart y me lo denegaron.

[...]27

Durante el contrainterrogatorio, el señor Márquez Villanueva 

manifestó lo siguiente:

[...]

P Ah, o sea, que usted tuvo en ley de quiebra... 

¿cuándo fue?

R 2010, 2011, más o menos, porque, verdad, 

no...

P ¿Al momento de la venta usted estaba en 

quiebra?

R Eso es correcto.

P Okay. O sea, que usted no podía... no podía 

cumplir con sus obligaciones.

R Eso es correcto.

P Okay. La razón es ciertamente que usted 

estaba preocupado con el pago de la hipoteca, aún cuando 

usted no pudo cumplir con sus obligaciones previas.

R Es correcto.

P Ah, bien.

R Ese fue... ese fue el acuerdo.

P Ese fue el acuerdo. Que ciertamente, su crédito 

está dañado cuando usted vendió la casa, ¿correcto?

R Correcto.

P O sea, que tenía usted el crédito ya dañado. 

¿Eso es así?

R No, no dañado totalmente, porque estaba en ley 

de quiebra.

P Estaba en quiebra, ciertamente, estaba 

quebrado.

R Exacto.

P Estaba quebrado. Muy bien. Y por tal razón 

tiene que aguantar... ¿qué periodo de tiempo estuvo... usted 

tuvo realmente para sanar y liberarse de la quiebra?

R Ahora mismo hace dos años atrás.

P Hace dos años atrás, en el 2021. Estamos en el 

2023.

R Eso es correcto.

27 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 19-21.
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P ¿En el 2021 usted sal... sal... fue liberado de la 

quiebra?

R Ajá. Sí, porque después fue que hice crédito 

otra vez.

P ¿Cuándo hizo crédito?

R Fue un año, un año y medio, por ahí. 

[...]28

P Okay, está bien. Entonces dice que a usted se 

le fue el mundo. ¿Fue al médico?

R Siquiatra.

P ¿Al siquiatra? ¿Tiene evidencia?

R Sí.

P ¿Dónde está la evidencia?, porque no se 

presentó aquí. Aquí (ininteligible). Y quién es el médico 

(ininteligible) que identifique en este momento?

R Eso habría que hablar con él.

P Ah, bueno, pues no está aquí en el tribunal.

¿Está en este momento aquí?

R No.

[...]29

P ¿Solamente a usted le fue denegada una tarjeta 

de crédito en Walmart?

R Eso es correcto.

P ¿Solamente?

R Sí.

P ¿En qué año fue eso, qué año fue ese?

R Algunos dos... dos años... por ahí, dos años y 

medio o dos años, por ahí.

[...]30

P ...usted dijo que le llamaron del banco. ¿Quién 

le llamó del banco? Usted dijo eso, está bajo juramento.

[...]

P O sea, no lo llamaron del banco, ¿y entonces 

cómo usted estableció realmente, si (ininteligible), si no lo

llamaron del banco?

R Me llamó la casa acreedora, que iba a embargar 

la casa. El banco le pasó la hipoteca a una casa cobradora y 

la casa pues me... me llamó a mí y me lo dijeron.

[...]

P ¿Cuál fue la casa cobradora que lo llamó?

P En específico.

R ...¿usted tiene la carta?

P No, no, no diga usted, conteste usted.

[...]

R Aquí ahora mismo no me acuerdo de eso.

[...]

P No se ha presentado ninguna carta aquí. La 

carta que le enviaron no fue presentada. ¿Cuál 

carta?31

Luego de un detenido análisis del expediente de autos, en 

particular, la transcripción de la prueba oral, colegimos que el curso 

decisorio del TPI fue correcto y razonable. El foro primario resolvió 

basado en la prueba testifical y documental que surge del expediente 

y la aplicación correcta de la normativa jurídica a la insuficiencia de 

28 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 25-27.

29 Véase transcripción de la prueba oral, pág. 28.

30 Véase transcripción de la prueba oral, pág. 29.

31 Véase transcripción de la prueba oral, págs. 30-34.
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prueba. Reiteramos que la parte apelante no probó haber sufrido 

algún daño como consecuencia del alegado incumplimiento 

contractual por la parte apelada.

Por otro lado, en cuanto al segundo señalamiento de error, al 

igual que el primero, es imprescindible analizar la transcripción de 

la prueba oral para evaluar si el foro primario abusó de su discreción 

al imponerle a la parte apelante honorarios de abogado por 

temeridad por la suma de $10,000.00.

En nuestro ordenamiento, la Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, establece que cuando una parte o su 

representación legal “haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta”32. La imposición de 

honorarios de abogados es una práctica que recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella 

en caso en que dicho foro haya abusado de tal facultad33.

Al imponer honorarios de abogado el foro primario tendrá que 

ponderar el grado o la intensidad de la conducta temeraria para 

determinar la cantidad que habrá de imponer por dicha conducta34.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la imposición 

de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son asuntos 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, que deberá guiarse 

por los siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

involucrada; y (5) el nivel profesional de los abogados”

35. Al hacer tal 

determinación, el foro sentenciador puede declarar expresamente 

que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía de 

32 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.

33 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010).

34 Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 738 (1990).

35 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342-343 (2011), que cita a Hernández Colón,

supra, secc. 4402, pág. 391.
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honorarios de abogado que entienda procedente o simplemente 

puede imponérselos en la parte dispositiva del dictamen, lo que 

implica que entendió que fue temeraria en la litigación36.

Delimitando el amplio concepto de temeridad, el Tribunal 

Supremo ha reiterado que la temeridad no procede en litigios que 

encierran planteamientos complejos y novedosos aún no resueltos 

en nuestra jurisdicción37. Tampoco procede cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea 

del derecho o una desavenencia honesta en cuanto a la aplicación 

del Derecho, especialmente cuando no existan precedentes 

vinculantes38.

Las circunstancias antes mencionadas no están presentes en 

el caso de autos. Por el contrario, en el caso que nos ocupa, la parte 

apelante presentó una reclamación carente de prueba documental y 

testifical que sustentara las alegaciones presentadas. Por tanto, 

coincidimos con la determinación del foro primario, por lo cual el 

segundo error no fue cometido.

En virtud de lo anterior, consideramos que las conclusiones 

de derecho del TPI encuentran apoyo en la prueba que dicho foro 

tuvo ante su consideración. Cabe mencionar que, como parte de 

nuestra función revisora, debemos deferencia a la apreciación de la 

prueba por parte del juzgador, en ausencia de prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto al aplicar el derecho a los hechos. A esos efectos, 

nos resulta forzoso concluir que la parte apelante descansó en 

meras alegaciones y no aportó prueba real para sostener sus 

reclamos.

36 Véase, Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra, pág. 702, que cita con aprobación 

a Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962).

37 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, supra, pág. 212.

38 Íd.
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IV.

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones