Número Identificador

SEN2024 ________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL VII

JOSÉ JULIÁN PAGÁN 

CORCHADO

Recurrido

EX PARTE

KLCE202400182

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala de 

Aguadilla

Sobre: 

Eliminación de 

Antecedentes 

Penales

Caso Número:

AG2023CV01488

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la

Juez Grana Martínez y el Juez Pérez Ocasio

Domínguez Irizarry, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2024.

El peticionario, el Pueblo de Puerto Rico, por conducto del 

Procurador General, comparece ante nos para que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, el 30 de noviembre de 2023, notificada a las 

partes el 4 de diciembre de 2023. Mediante la misma, el foro 

primario ordenó al Superintendente de la Policía de Puerto Rico 

hacer entrega de fotografías, récord de huellas dactilares y todo 

récord de circunstancias personales al aquí recurrido, señor José 

Julián Pagán Corchado. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se modifica la Resolución recurrida.

I

Conforme surge, por hechos ocurridos el 6 de julio y el 11 de 

agosto de 1996, el recurrido fue declarado culpable por la comisión 

de los delitos de tentativa de asesinato y robo, respectivamente 

tipificados en los Artículos 83 y 173 del entonces vigente Código 

Penal de Puerto Rico de 1974, 33 LPRA secs. 4002 y 4279. De igual 
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modo, resultó convicto por infracción al Artículo 404(a) de la Ley de 

Sustancias Controladas de 1971, 24 LPRA sec. 2404(a), que tipifica 

el delito de posesión de sustancias controladas. A su vez, también 

fue declarado culpable por el delito de apropiación ilegal de vehículo 

de motor, Artículo 8, Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular de 1987, 9 LPRA sec. 871, así como, también, por una 

infracción a la ya derogada Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, 9 LPRA sec. 301 et seq. 

Más tarde, en el año 2002, por hechos ocurridos el 22 de 

septiembre de 2001, el recurrido resultó convicto por violación a los 

Artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de la Ley para la Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica, 8 LPRA secs. 631, 632, 633. 

Luego de haber transcurrido más de veinte (20) años de la 

última convicción, en específico, el 19 de septiembre de 2023, el 

recurrido presentó la petición de epígrafe. En la misma, alegó que 

ya había transcurrido un plazo de cinco (5) años desde que cumplió 

las sentencias que le fueron impuestas, y que, durante ese término, 

no incurrió en conducta delictiva alguna. A tenor con ello, solicitó la 

eliminación de sus convicciones de su expediente de antecedentes 

penales, así como la devolución de las huellas dactilares, las 

fotografías y todos los documentos policiales relacionados a su 

persona. De este modo, y amparándose en las disposiciones legales 

pertinentes, requirió al Tribunal de Primera Instancia que dictara la 

correspondiente orden al Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico para que este pusiera a su disposición el referido material. A 

su vez, solicitó que se ordenara a la Policía de Puerto Rico a 

abstenerse de utilizar su récord de huellas dactilares a través del 

sistema de computadoras. 

El 22 de septiembre de 2023, el Ministerio Público presentó 

una moción en oposición a los requerimientos del recurrido. En 

específico, solicitó la celebración de una vista en la que se pudiera 
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argumentar la naturaleza de los delitos por este cometidos, previo a 

disponer de su solicitud, así como interrogarlo, tanto a él, como a 

sus testigos de reputación. A su vez, el Pueblo expuso que las 

disposiciones legales invocadas por el recurrido no sustentaban la 

procedencia de su petición. Sobre este particular, indicó que el 

estatuto que regula la eliminación de convicciones en el Certificado 

de Antecedentes Penales no provee para la entrega o destrucción de 

fotografías o huellas dactilares. Añadió, por igual, que la 

jurisprudencia en la que el recurrido se apoyó, tampoco sostenía la 

legitimidad de sus argumentos, toda vez que la misma solo era de 

aplicación a los casos de una absolución en los méritos, hecho que 

no ocurrió en el presente caso.

El 26 de octubre de 2023, se celebró la vista peticionada por 

el Ministerio Público. Conforme surge de la Minuta correspondiente, 

el foro primario declaró Con Lugar la solicitud de eliminación de 

récord penal promovida por el recurrido. 

Finalmente, el 4 de diciembre de 2023, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Resolución recurrida. Mediante la misma, 

determinó que el recurrido cumplió con todos los requisitos de ley 

pertinentes para sostener la procedencia de su solicitud. En 

consecuencia, expresamente ordenó al Superintendente de la Policía 

a eliminar las convicciones del recurrido de su récord de 

antecedentes penales. Ahora bien, también le ordenó poner a 

disposición del recurrido “todas las fotografías, récord de huellas 

dactilares y todo récord de sus circunstancias personales que le 

fueron tomados luego de la determinación de causa probable [...] 

para ser destruidas por este”.

1 

Inconforme, y tras denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 12 de febrero de 2023, la parte peticionaria 

1 Véase, Apéndice, Anejo IX, Resolución, pág. 30.
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compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En 

el mismo formula el siguiente señalamiento:

El Tribunal de Primera Instancia incidió al ordenar al 

Superintendente de la Policía devolver al señor Pagán 

Corchado -quien fue convicto por ocho delitos- todas las 

fotografías, récord de huellas y todo récord de

circunstancias personales, ignorando así la letra del 

Artículo 4 de la Ley Núm. 45-1983, que solo autoriza 

este tipo de devolución cuando la persona fue indultada 

o resultó absuelta del proceso judicial, y la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo local 

en este tema. 

Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos.

II

A

La Ley para Autorizar a la Policía de Puerto Rico la Expedición 

de Certificados de Antecedentes Penales Ley Núm. 254 de 27 de julio 

de 1974, según enmendada, viabiliza la eliminación de una 

convicción por delito grave, en los siguientes términos:

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave 

que no esté sujeta al Registro de Personas Convictas por 

Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores ni 

al Registro de Personas Convictas por Corrupción, 

podrá solicitar del Tribunal de Primera Instancia una 

orden para la eliminación de la convicción del 

Certificado de Antecedentes Penales, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias:

(a) que hayan transcurrido cinco (5) años desde que 

cumplió la sentencia y durante ese tiempo no haya 

cometido delito alguno; 

(b) que tenga buena reputación en la comunidad; y

(c) que se haya sometido a la muestra requerida por la 

Ley del Banco de Datos de ADN, de estar sujeta a ello. 

El peticionario acompañará los documentos necesarios 

para probar las alegaciones de su petición. El Ministerio 

Público podrá oponerse o allanarse a la petición, en 

cuyo caso no será necesario celebrar vista.

34 LPRA sec. 1725 a-2.

B

Por su parte, “[e]l uso de las huellas digitales como forma de 

identificar a las personas es aceptado y reconocido. Se ha sostenido 

que la toma de huellas digitales y fotografías son procedimientos 
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usuales y necesarios para la labor de la policía en protección de la 

seguridad pública y en la persecución del crimen”. Véase, 

Exposición de Motivos, Ley de Huellas Digitales y Fotografías por 

Delito Grave, Ley Núm. 45 de 1 de junio de 1983, según enmendada, 

25 LPRA sec., 1151 et seq. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce 

que dicha práctica, como parte de la gestión investigativa de la 

Policía, cumple un propósito dual: identificar al imputado como la 

persona que incurrió en el acto delictivo y ayudar a su 

procesamiento de reincidir en conducta criminal. Pueblo v. Torres 

Albertorio, 115 DPR 128, 130 (1984). Por ello, el referido estatuto 

expresamente autoriza a la Policía de Puerto Rico a tomar huellas 

digitales y fotografías a toda persona que, previa determinación de 

causa probable para arresto, se le impute la comisión de un delito 

grave. 25 LPRA. sec. 1151; Pueblo v. Torres Albertorio, supra, pág. 

136. 

Ahora bien, en lo concerniente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 

45, supra, establece las instancias exclusivas en las que procede la 

devolución de las huellas digitales y fotografías. Sobre dicho 

trámite, dispone como sigue:

Cualquier persona a la que se le impute la comisión de 

[un] delito grave o menos grave producto de una misma 

transacción o evento que resulte absuelta luego del 

juicio correspondiente, o por orden o resolución del 

Tribunal o toda persona que reciba un indulto total 

y absoluto del Gobernador, podrá solicitar al Tribunal, 

la devolución de las huellas digitales y fotografías. El 

peticionario notificará al Ministerio Publico y de éste no 

presentar objeción dentro del término de diez días, el 

Tribunal podrá ordenar, sin vista, la devolución 

solicitada. De haber objeción del Ministerio Público, el 

Tribunal señalará vista pública a esos efectos. 

25 LPRA sec. 1115. (Énfasis nuestro).

La doctrina reconoce que la anterior disposición delega en la 

discreción del tribunal la determinación de devolver, o no, al 

imputado absuelto, el material en cuestión. Pueblo v. Torres 

Albertorio, supra. No obstante, dicha discreción no puede ejercerse 
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livianamente. “Podrá denegarse la solicitud solo cuando se justifique 

cumplidamente ante el tribunal, mediante prueba convincente, que 

existen circunstancias especiales que ameriten que la Policía 

conserven en cuanto a la persona afectada, las huellas digitales y 

fotografías que le hubieren sido tomadas”. Íd. En dicho escenario, la 

información correspondiente deberá custodiarse como confidencial, 

guardarse en los archivos, y para uso exclusivo, de la Policía, y no 

divulgarse como parte del récord de arresto o certificados de 

conducta de la persona. Íd., pág. 137. 

III

En la presente causa, el Pueblo sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al ordenar al Superintendente de la Policía 

devolver al señor Pagán Corchado sus fotografías, récord de huellas 

dactilares y todo récord de sus circunstancias personales, ello con 

relación a sus previas convicciones. Al respecto, plantea que el foro 

primario se apartó de las disposiciones de la Ley Núm. 45, supra, 

toda vez que, para proveer de conformidad, el peticionario debió 

haber quedado absuelto de los cargos que se imputaron, instancia 

que, en el presente caso, no se cumplió. Habiendo examinado el 

referido señalamiento a la luz de los hechos establecidos y del 

derecho aplicable, resolvemos expedir el auto solicitado y modificar 

la Resolución recurrida.

Al entender sobre el expediente que nos ocupa, coincidimos 

con que la eliminación del récord penal del recurrido es procedente. 

Surge que este estableció ante el tribunal primario las condiciones 

pertinentes para que su reclamación al respecto se proveyera. Como 

resultado, el foro de origen emitió la orden correspondiente, 

determinación que, en virtud del mandato dispuesto en la Ley 143-

2014, supra, debe ser acatada. No obstante, diferimos de lo resuelto 

en cuanto a la entrega del registro de huellas dactilares y las 

fotografías del recurrido.
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Tal cual esbozáramos, y conforme plantea el Pueblo en su 

recurso, el caso de autos no es uno tal en el que proceda la 

devolución del material en controversia. El aquí recurrido resultó 

convicto por los delitos graves que le fueron imputados, hecho que 

automáticamente lo excluye del beneficio de la entrega de sus 

huellas dactilares y fotografías. Únicamente se provee para ello en 

casos en los que el imputado resulte absuelto, luego del juicio 

correspondiente, o cuando este haya recibido un indulto total y 

absoluto por parte del Gobernador. Dichas exigencias legales han 

sido avaladas por la doctrina interpretativa de la materia que 

atendemos, por tanto, resulta forzoso concluir que la orden para 

entregar al recurrido su registro de huellas dactilares y las 

fotografías relacionadas a la investigación de los casos por los cuales 

resultó convicto es una contraria a derecho. Así, por concurrir los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, resolvemos expedir el auto solicitado y 

modificar la Resolución recurrida, ello en cuanto a lo aquí dispuesto. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado y se modifica la Resolución recurrida, para dejar 

sin efecto la orden de entrega de las huellas dactilares y las 

fotografías del recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones