Número Identificador

RES2024_______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

SALOMÉ LEVIS CHÉVERE

Recurrida

v.

SALOMÓN LEVIS 

GOLDSTEIN Y OTROS

Peticionarios

KLCE202400473

Certiorari

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Relaciones de 

Familia y Menores 

de Bayamón

Caso núm.: 

BY2023RF01296

Sobre:

Alimentos – Entre 

parientes 

(ascendientes, 

descendientes, 

cónyuges)

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa 

Cabán, el juez Bonilla Ortiz, la jueza Mateu Meléndez y 

la jueza Prats Palerm

Figueroa Cabán, Juez Ponente

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2024.

Comparece el señor Salomón Levis Goldstein, en 

adelante el señor Levis o el peticionario que solicita

que revoquemos la Resolución emitida el 13 de febrero de 

2024 y notificada el día 14 del mismo mes y año. Mediante 

la misma, el Tribunal de Primera Instancia, Relaciones 

de Familia y Menores de Bayamón, en adelante TPI, denegó 

la solicitud del señor Levis a los efectos de que la 

Jueza Marta I. Dávila Román, en adelante la Jueza Dávila,

se inhibiera motu proprio de atender el caso de epígrafe. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de Certiorari.

-IEn el contexto de un pleito de petición de alimentos

presentado pro se por la señora Salomé Levis Chévere, en 

adelante la señora Levis o la recurrida, el peticionario 
KLCE202400473 2

presentó una Urgente Moción Asumiendo Representación 

Legal, en Solicitud de Nulidad de Sentencia Inhibición 

Motu Proprio y Paralización de los Procedimientos. En lo 

aquí pertinente, solicitó la inhibición de la Jueza 

Dávila, porque al haber presidido y evaluado la prueba 

del caso BY2023RF00303, dicha magistrada prejuzgó el

caso de epígrafe, lo cual podría suscitar duda razonable 

sobre su imparcialidad para adjudicar la presente 

controversia.1

La Juez Dávila declinó inhibirse motu proprio de la 

presente causa, por lo cual refirió a la Jueza 

Administradora Regional “la atención y/o designación de 

la solicitud de recusación”.2

Así las cosas, el asunto fue referido a la Jueza 

Vanessa J. Pintado Rodríguez, en adelante la Jueza 

Pintado.3

Luego de varios trámites, innecesarios pormenorizar

para adjudicar la controversia ante nuestra 

consideración, la Jueza Pintado denegó la solicitud de 

inhibición y ordenó que una vez esta fuera notificada, 

continuaran los procedimientos. En lo aquí pertinente 

sostuvo:

Hemos evaluado los autos de este caso al 

igual que el caso BY2023RF00303 y llegamos a la 

conclusión de que no existe fundamento que nos 

lleve a concluir que la Hon. Marta I. Dávila Román 

esté parcializada o prejuiciada en contra de la 

parte demandada en forma alguna. Lo que se 

desprende de la evaluación de ambos casos es que 

el tribunal tomó conocimiento judicial del caso 

BY2023RF00303 y de la información que surge de las 

Planillas de Información Personal y Económica 

presentadas bajo juramento por las partes aquí 

codemandadas. Sabido es que las Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico (2009), permiten tomar 

conocimiento judicial en varias instancias. Es 

importante destacar que los dos casos atienden la 

misma familia, pero son controversias distintas.

1 Alegato del peticionario, págs. 81-89.

2 Id., págs. 107-108. 

3 Id., pág. 111.
KLCE202400473 3

Las determinaciones judiciales desfavorables 

no pueden ser fundamentos válidos para sostener 

solicitudes de recusación por alegado prejuicio y 

parcialidad. De entenderlo necesario, las partes 

inconformes con una determinación judicial pueden 

recurrir a los remedios dispuestos en las Reglas 

de Procedimiento Civil aplicables.

Por todo lo anterior, se deniega la solicitud 

de inhibición presentada en el caso de epígrafe, 

y se ordena [,] que [sic.] una vez notificada esta 

resolución [,] la continuación de los 

procedimientos.4

En desacuerdo, el señor Levis presentó una Moción 

de Reconsideración,5 que la Jueza Pintado declaró no ha 

lugar6.

Aun insatisfecho, el peticionario presentó un 

Recurso de Certiorari, en el que alegó que el TPI cometió 

los siguientes errores:

EL FORO DE INSTANCIA ERRÓ EN DERECHO Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL NO PERMITIR LA INHIBICIÓN MOTU 

PROPRIO DE LA HONORABLE JUEZA MARTA I. DÁVILA ROMÁN 

DEL CASO DE EPÍGRAFE A NIVEL DEL FORO DE INSTANCIA, 

CUANDO ES LA MISMA JUEZA QUE PRESIDE EL CASO 

BY2023RF00303 DEL CUAL TOMÓ COMO FUNDAMENTO EL 

INFORME DE LA EXAMINADORA DE PENSIONES 

ALIMENTARIAS DEL ÚLTIMO CASO QUE INVOLUCRA A LAS 

MISMAS PARTES DE ESTE CASO PARA EMITIR SU SENTENCIA 

DEL 21 DE DICIEMBRE OBJETO DEL CASO DE EPÍGRAFE. 

POR LO TANTO, HAY FUNDAMENTO RAZONABLE PARA 

COLEGIR QUE LA HONORABLE JUEZA TIENE ÁNIMO 

PREVENIDO Y YA PREJUZGÓ EL CASO DE EPÍGRAFE Y 

CARECE DE IMPARCIALIDAD EN ESTE CASO.

EL FORO DE INSTANCIA ERRÓ EN DERECHO Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL NO AVALAR LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE RECURRENTE DEL 29 DE 

FEBRERO DE 2024 EN LA QUE ACLARA QUE EL HECHO QUE 

LA HONORABLE JUEZA MARTA I. DÁVILA ROMÁN HAYA 

TOMADO CONOCIMIENTO JUDICIAL DEL CASO 

BY2023RF00303 Y QUE HAYA TOMADO DECISIONES 

ADVERSAS EN EL CASO DE EPÍGRAFE RESPECTO A LA PARTE 

RECURRENTE, NO SON LAS RAZONES QUE INCENTIVAN A LA 

PARTE RECURRENTE A SOLICITAR LA INHIBICIÓN DE LA 

HONORABLE JUEZA MARTA I. DÁVILA ROMÁN EN ESTE CASO. 

LA PARTE RECURRENTE EN DICHA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN DA CUENTA DE LA RAZÓN SUSTENTADA 

POR EL DERECHO VIGENTE QUE LE INCENTIVA A SOLICITAR 

LA INHIBICIÓN DE LA HONORABLE JUEZA MARTA I. DÁVILA 

ROMÁN.

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir 

4 Id., págs. 114-115.

5 Id., págs. 119-130.

6 Id., págs. 133-134.
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de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos ... [ello] con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho...”. En consideración a lo anterior, eximimos a 

la parte recurrida de presentar su alegato en oposición.

Luego de evaluar el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.

-IIA.

Como cuestión de umbral, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil establece el alcance de la revisión 

discrecional de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia en los siguientes términos: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia, solamente será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 

a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia[...].7

1.

Rebasado el umbral establecido en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, corresponde a este tribunal 

intermedio determinar si procede revisar la 

determinación interlocutoria recurrida.

7 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.
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A esos efectos, el auto de certiorari es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso 

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.9 Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera.10

Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto 

de certiorari o de una orden de mostrar causa:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 

por el Tribunal de Primera Instancia.

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.

8 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821, 846-847 (2023); 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).

9 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Medina

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; García v. Padró,

supra, pág. 334. 

10 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 847; Municipio 

v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711-712 (2019); IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).
KLCE202400473 6

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.11

B.

La Regla 63 de Procedimiento Civil regula la 

inhibición o recusación de un juez que preside un caso 

civil.12 En lo aquí pertinente, dicha regla dispone:

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un 

juez o jueza deberá inhibirse de actuar en un 

pleito o procedimiento en cualquiera de los casos 

siguientes:

(a) Por tener prejuicio o parcialidad hacia 

cualquiera de las personas o los abogados o 

abogadas que intervengan en el pleito o por 

haber prejuzgado el caso;

(b) [...]

(j) por cualquier otra causa que pueda 

razonablemente arrojar dudas sobre su 

imparcialidad para adjudicar o que tienda a 

minar la confianza pública en el sistema de 

justicia.13

Conforme a los Cánones de Ética Judicial, entre las 

causas más comunes para invocar la recusación de un juez, 

está la existencia de prejuicio o parcialidad hacia 

cualquiera de las partes o sus abogados. De modo que: 

Las juezas y los jueces entenderán y adjudicarán 

los asuntos que se les asignen, salvo aquellos en 

los que la ley requiera su inhibición y en 

cualesquiera de los casos siguientes, pero sin 

limitarse a estos:

(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia 

cualesquiera de las personas, las abogadas o 

los abogados que intervengan en el pleito o 

por haber prejuzgado el caso.

[...] 

(i) por cualquier otra causa que pueda 

razonablemente arrojar dudas sobre su 

imparcialidad para adjudicar o que tienda a 

minar la confianza pública en el sistema de 

justicia.14

11 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 848; Municipio 

v. JRO Construction, supra; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.

12 32 LPRA Ap. V, R. 63.

13 32 LPRA Ap. V, R. 63.1(a) y (j). 

14 Canon 20 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, C 20.
KLCE202400473 7

Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento 

jurídico establece que la imparcialidad y objetividad 

del juez son necesarias no sólo en la realidad, sino 

también en la apariencia; no basta con que el juez sea 

imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca.15 De 

este modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que los tribunales de justicia tienen el deber de velar 

que la balanza en la cual se pesan los derechos de todos 

los ciudadanos esté libre de sospechas, aun cuando las 

mismas sean infundadas.16

Sin embargo, nuestro más alto foro ha sostenido que 

una imputación de parcialidad o prejuicio como causa 

para una inhibición debe estar cimentada en cuestiones 

personales serias, no triviales ni judiciales, esto es, 

en una actitud originada extrajudicialmente en 

situaciones que revistan sustancialidad.17 Además, 

podría ser procedente en circunstancias en las que se 

entiende que el juez ha prejuzgado los méritos de la 

controversia.18

Finalmente, la procedencia de una solicitud de 

inhibición se determina a la luz de la totalidad de las 

circunstancias, desde la perspectiva de la mítica figura 

del “buen padre de familia”.19 Así pues, procede la 

inhibición cuando una persona razonable, con 

conocimiento de todas las circunstancias, tendría dudas 

sobre la imparcialidad del juez.20 Este análisis requiere 

15 Mun. de Carolina v. CH Properties, 200 DPR 701, 712 (2018); Lind 

v. Cruz, 160 DPR 485, 488 (2003).

16 Lind v. Cruz, supra. (Énfasis en el original).

17 Id., pág. 491; Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 588 (1999).

18 Mun. de Carolina v. CH Properties, supra, págs. 712-713; In re

González Acevedo, 165 DPR 81, 100 (2005); In re Campoamor Redín,

150 DPR 138, 150 (2000).

19 Lind v. Cruz, supra, pág. 494; Ruiz v. Pepsico PR, Inc., supra,

pág. 589.

20 In re Ortiz Rivera, 163 DPR 530, 536 (2004); In re Campoamor 

Redín, supra, pág. 151.
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examinar los hechos pertinentes, el récord del caso y la 

ley aplicable.21

-IIIEl peticionario alega que la Jueza Dávila tiene 

ánimo prevenido y prejuzgó el pleito de epígrafe porque 

“presidió el caso BY2023RF00303, del cual surgen los 

hechos y prueba que están íntimamente relacionados, pero 

no se ajustan al presente caso y que dan lugar a la 

demanda objeto de estos procedimientos...”.

Luego de revisar cuidadosamente el escrito del 

peticionario y los documentos que obran en el 

expediente, somos de la opinión de que ni el remedio ni 

la disposición de la resolución recurrida son contrarios

a derecho, Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Finalmente, no encontramos ningún otro fundamento 

al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

justifique la expedición del auto solicitado.

-IVPor los fundamentos expresados, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

21 Lind v. Cruz, supra, pág. 491; Andino Torres, Ex Parte, 152 DPR 

509, 512 (2000).