Número Identificador

RES2023 ________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

ROHEL ROBERTO CASTRO 

MERCADO

RECURRIDO

V.

LINDA LIZ MARTÍNEZ 

ROMÁN

PETICIONARIA

KLCE202301362

Certiorari procedente 

del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Civil Núm.:

E CU2019-0090

Sobre: 

CUSTODIA 

COMPARTIDA

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Alvarez Esnard, y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2023.

Comparece, Linda Liz Martínez Román, (en lo sucesivo, “la 

peticionaria”), mediante el auto de certiorari de epígrafe. Ello, a los fines 

de solicitar nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida el 2 de noviembre de 2023, y notificada el 3 de 

noviembre de 2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. 

Mediante el referido dictamen, el foro a quo, declaró No Ha Lugar la 

“Moción Informativa y Solicitud De Que Se Encuentre Incurso En 

Desacato A Roher Roberto Castro Mercado Y Por No Cumplir Con Orden 

Del Tribunal Por Segunda Ocasión [sic] Bajo La Regla 34.2 De Las De 

Procedimiento Civil,” presentada por la peticionaria. Todo, dentro de un 

pleito civil sobre custodia compartida, el cual fue instado por el recurrido, 

Rohel Roberto Castro Mercado. 

I.

El origen de la controversia que nos ocupa se remonta al día 18 de 

enero de 2022. En la referida fecha, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó una Sentencia. Ello, a los fines de otorgar a las partes de epígrafe

la custodia compartida, por igual tiempo, del menor RRCM. Así las cosas, 
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el 3 de mayo de 2023, el foro primario emitió una Resolución y Orden 

Enmendada. Mediante la misma, el tribunal recurrido adoptó el Informe 

Sobre Pensión Alimentaria Provisional, firmado el 17 de marzo de 2023 

por la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Consecuentemente, le

impuso a la peticionaria el pago de $30.38 en concepto de pensión

alimentaria provisional a favor del menor RRCM. 

Luego de varias incidencias procesales que no son necesarias de 

pormenorizar, el 9 de octubre de 2023, la peticionaria, presentó una 

Moción. En su escrito arguyó, que el 26 de septiembre de 2023 solicitó

infructuosamente al recurrido, por medio de un correo electrónico, la 

actualización de la Planilla de Información Personal y Económica, (en lo 

sucesivo, por sus sigas “PIPE”). Añadió, que han sido múltiples los 

requerimientos que le había realizado al recurrido para que entregara la 

referida actualización, y a pesar de ello no había recibido respuesta. Así 

pues, peticionó al foro de origen, que le ordenara al recurrido que 

presentara una PIPE actualizada. 

En atención a la aludida petición, el 16 de octubre de 2023, el 

Tribunal de Primera Instancia, notificó una Orden. Mediante esta, le 

apercibió al recurrido que debía radicar una PIPE actualizada dentro de 

un término de veinticuatro (24) horas. Así las cosas, nuevamente el 17 de 

octubre de 2023, la peticionaria presentó un escrito intitulado Moción. En 

síntesis, en este escrito reiteró los planteamientos esbozados en su 

anterior petitorio. A la luz de lo anterior, solicitó la intervención del 

Tribunal a los efectos de que dicho foro volviera a requerirle al recurrido

una PIPE actualizada. 

Ante ello, el foro primario, emitió el 18 de octubre de 2023 y notificó

el 25 de octubre de 2023 una Orden. Por medio de esta le ordenó 

nuevamente al recurrido que sometiera una PIPE actualizada. Además, le 

impuso una sanción de quinientos dólares ($500), debido al 

incumplimiento aducido por la peticionaria. 
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El 30 de octubre de 2023, la peticionaria, presentó escrito intitulado 

“Moción Informativa y Solicitud De Que Se Encuentre Incursa En 

Desacato A Roher Roberto Castro Mercado Y Por No Cumplir Con Orden 

Del Tribunal Por Segunda Ocasión [sic] Bajo La Regla 34.2 De Las De 

Procedimiento Civil.” Expresó, que el 25 de octubre de 2023 se celebró la 

vista de alimentos ante la Oficial Examinadora. Alegó, que en dicha vista

los argumentos del recurrido consistieron en: atribuirle falta de

cumplimiento en cuanto al requerimiento del descubrimiento de prueba 

que se había cursado, y en sostener que dicho descubrimiento de prueba 

había finalizado el 28 de julio de 2023. Por su parte, reafirmó su petición

de una PIPE actualizada del recurrido, con la cual alegadamente 

continuaba sin cumplir. Consecuentemente, solicitó al foro de origen que 

le impusiese al recurrido honorarios de abogado por una cantidad de mil 

dólares ($1,000). 

El 3 de noviembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia, 

notificó la determinación que nos ocupa. En dicho dictamen, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar la solicitud de la peticionaria. Ello, bajo el 

fundamento de que la vista se había celebrado con la prueba obtenida 

hasta el momento. 

De otra parte, el 8 de noviembre de 2023, el recurrido reaccionó a 

las sanciones impuestas por el tribunal primario. Ello, mediante un escrito 

denominado “Moción Que Pide Reconsideración Al Amparo De La Regla 

47 De Las De Procedimiento Civil; Que Pide Determinaciones De Hechos 

Adicionales y Conclusiones De Derecho y Otros Extremos.” En lo 

pertinente, reiteró que el día 28 de julio de 2023 culminó el 

descubrimiento de prueba para el caso de epígrafe. Agregó, que la 

solicitud de actualización de la peticionaria se realizó a escasas dos (2) 

semanas de la vista final de pensión alimentaria. A tono con lo expuesto, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejase sin efecto las 

sanciones económicas impuestas. 
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En atención a la petición del recurrido, el 10 de noviembre de 2023, 

el foro primario, notificó una determinación por medio de la cual dejó sin 

efecto las aludidas sanciones. Posteriormente, e inconforme con el 

dictamen notificado el 3 de noviembre de 2023, la peticionaria, presentó el 

16 de noviembre de 2023 una Moción Solicitando Reconsideración. Dicha 

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el foro a quo en fecha del 27 de 

noviembre de 2023.

Aun inconforme, el 4 de diciembre de 2023, la peticionaria, 

compareció ante este Tribunal mediante el presente auto de certiorari. En 

su escrito señaló los siguientes errores:

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la 

Orden a la parte demandante de radicar la Planilla de 

Información Personal y Económica (PIPE) y ordenar la 

celebración de la vista sin la presentación de los 

documentos solicitados. 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto la 

sanción económica en contra de la parte demandante por 

incumplir en más de una ocasión con la orden de presentar 

la de la Planilla de Información Personal y Económica

(PIPE) y los estados o informes bancarios solicitados y al no 

encontrar incurso en desacato a la parte demandante por su 

reiterado incumplimiento a las Órdenes del Tribunal.

II.

A. Certiorari

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión 

de un tribunal inferior. Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, 2023 

TSPR 65, 212 DPR ____; Orthopedics Prod. Of Puerto Rico, LLC v. 

Medshape, Inc., 207 DPR 994, 1004 (2021); Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. La característica distintiva del 

certiorari “se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. Íd. Ahora bien, el 

ejercicio de esta discreción no es absoluto. Por ello, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece una serie de 
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instancias en las que los foros apelativos pueden ejercer su facultad 

revisora:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia,

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 

en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

De igual modo, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, delimita los criterios para la expedición de un auto de 

certiorari. Así pues, estas consideraciones “orientan la función del tribunal 

apelativo intermedio para ejercer sabiamente su facultad discrecional”. 

Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, supra. La aludida regla 

permite que el análisis del foro apelativo intermedio no se efectúe en el 

vacío ni se aparte de otros parámetros al momento de considerar los 

asuntos planteados. Íd.; 800 Ponce de León v. American International, 

205 DPR 163, 176 (2020). De conformidad con lo anterior, la Regla 40, 

supra, dispone los siguientes criterios:

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B.

Los foros revisores no debemos intervenir en las determinaciones 

de hechos del tribunal de instancia, “salvo que se pruebe que dicho foro 

actuó con prejuicio o parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o 

en error manifiesto. Citibank v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018). Esta

norma permite que el foro primario actúe conforme a su discreción 

judicial, que es la facultad que tiene “para resolver de una forma u otra, o 

de escoger entre varios cursos de acción”. Id. pág. 735; Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 132 (2019). El 

ejercicio esta discreción “está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. Id.; Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

DPR 872, 890 (2010). Así pues, “la discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2016). No obstante, un tribunal incurre en abuso de 

discreción cuando ignora sin fundamento un hecho material, concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial, y fundamenta su determinación 

en ese hecho irrelevante, o cuando a pesar de examinar todos los hechos 

del caso hace un análisis liviano y la determinación resulta irrazonable. Id. 

pág. 736. En esos casos, los foros apelativos ostentamos la facultad 

discrecional para expedir el recurso de certiorari y ejercer nuestra función 

revisora.

 III. 

En esencia, la peticionaria sostiene que incidió el foro recurrido al 

dejar sin efecto las sanciones económicas impuestas al recurrido; al no 

requerirle la radicación de la PIPE; y al no encontrar al recurrido incurso 

en desacato por los argüidos incumplimientos. 

Es preciso destacar, que nos dimos a la tarea de solicitarle al 

Tribunal de Primera Instancia los autos originales del presente caso. Ello, 

dado que, la peticionaria no incluyó junto a su recurso la documentación

pertinente que nos ayudara en nuestro proceso de revisión.
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Tras evaluar los referidos autos de forma minuciosa y en su 

totalidad, determinamos que no existen razones para intervenir con la

determinación del foro recurrido. Entendemos que el Tribunal de Primera

Instancia actuó acorde a la sana discreción que le corresponde en esta 

etapa de los procedimientos. Asimismo, no vemos que el foro primario al 

ejercer sus facultades adjudicativas haya cometido perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto. De igual modo, su decisión no trastoca los limites de una 

sana discreción ni constituye algún error de derecho. Ante ello, y cónsono 

con la sabia discreción que debemos ejercer al expedir un recurso de 

certiorari, determinamos denegar el presente auto. 

IV.

Por los fundamentos esbozados, denegamos el presente recurso al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Se ordena la devolución de los autos originales al foro de 

instancia.

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones