Número Identificador

 RES2024__________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL II

GISELA LAMENZA 

MARRERO

Peticionaria

v.

ANDREA NOEMI 

BELTRÁN RODRÍGUEZ 

Y OTROS

 

Recurrida

KLCE202400822

Certiorari

procedente del

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de

Caguas

Caso Núm.

CG2023CV03246

Sobre:

División o 

Liquidación de la 

Comunidad de 

Bienes Hereditarios

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Martínez Cordero y el Juez Cruz Hiraldo

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2024.

I.

El 25 de septiembre de 2023 la Sra. Gisela Lamenza Marrero, 

viuda del Sr. Miguel Orlando Beltrán Delgado, instó Demanda sobre 

división de comunidad de bienes hereditarios contra las Sras. 

Andrea Noemi Beltrán Rodríguez y Adriana Li Beltrán Rodríguez

(señoras Beltrán Rodríguez), hijas del causante.1 Entre otras cosas, 

la señora Lamenza Marrero solicitó la división de la comunidad de 

bienes y la adjudicación de un crédito por gastos funerarios. Solicitó 

también, que se autorizara a emplazar por edictos ya que no conocía 

la dirección y/o paradero de las demandadas.

El 9 de febrero de 2024 las señoras Beltrán Rodríguez 

presentaron la Contestación a la Demanda y Reconvención.

2

Alegaron, entre otros asuntos, que la señora Lamenza Marrero tenía 

el control total del caudal del causante, por lo que solicitaron el 

inventario, avalúo y que se procediera con la liquidación de la 

1 Anejo I del Recurso, págs. 1-3.

2 Anejo II del Recurso, págs. 5-8.
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comunidad hereditaria. También solicitaron la distribución y 

adjudicación de su participación y la de la señora Lamenza Marrero.

Luego de varios trámites procesales, el 17 de mayo de 2024, 

las señoras Beltrán Rodríguez presentaron una Urgente Solicitud de 

Orden al amparo de la Regla 56 de las de Procedimiento,

3 para que 

el Foro primario dictara las órdenes correspondientes en 

aseguramiento de sentencia. Específicamente, que ordenara a la 

señora Lamenza Marrero a consignar en la Unidad de Cuentas del 

Tribunal, la cantidad total de $1,003,898.99, y a no cancelar, 

disponer, transferir, modificar, retirar o de cualquier manera alterar 

los balances disponibles en las cuentas de 401K del causante.

Mediante Orden dictada el 20 de mayo de 2024, notificada al 

siguiente día, el Foro a quo ordenó a la señora Lamenza Marrero 

cumplir con lo solicitado en la Urgente Solicitud de Orden al amparo 

de la Regla 56 de las de Procedimiento.

4 El 23 de mayo de 2024 la 

señora Lamenza Marrero presentó una Moción de Emergencia 

Invocando la Regla 8.1 de las de Procedimiento Civil y Debido Proceso 

de Ley y Solicitud de Órdenes.

5 Solicitó, sin éxito, que el Tribunal de 

3 Anejo III del Recurso, págs. 9-14.

4 Anejo IV del Recurso, págs. 19-20. El Tribunal de Primera Instancia ordenó lo 

siguiente: “[e]n un término no mayor de cinco (5) días de emitida esta orden 

consigne en la Unidad de Cuentas de este Tribunal la cantidad de $439,741.60 

correspondiente al balance disponible al momento del fallecimiento del causante 

Miguel Beltrán Delgado en sus cuentas de cheques y ahorros (Premier Checking 

1089909277 y Platinum Savings 5090122804) de Wells Fargo y que la 

demandante Gisela Lamenza Manero depositó en su cuenta personal. En un 

término no mayor de cinco (5) días de emitida esta orden consigne en la Unidad 

de Cuentas de este Tribunal la cantidad de $25,000.00 correspondiente al pago 

de liquidación del patrono del causante Miguel Beltrán Delgado, Bioventus, LLC., 

pagado directamente a la demandante Gisela Lamenza Manero. En un término no 

mayor de cinco (5) días de emitida esta orden consigne en la Unidad de Cuentas 

de este Tribunal la cantidad de $539,157.39 correspondiente a la venta de la 

propiedad inmueble en el estado de North Carolina perteneciente al causante 

Miguel Beltrán Delgado, propiedad comprada con fondos privativos de éste. En 

un término no mayor de cinco (5) días de emitida esta orden provea a la parte 

demandada copia fiel y exacta de los últimos tres (3) estados de cuenta de ambas 

cuentas de retiro 401K del causante Miguel Beltrán Delgado. Se le ordena 

abstenerse de cancelar, disponer, transferir, modificar, retirar o de cualquier 

manera alterar los balances disponibles en ambas cuentas 401K, hasta que este 

tribunal emita la sentencia correspondiente en el caso de epígrafe”.

5 Anejo V del Recurso, págs. 21-24.
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Primera Instancia dejara sin efecto la Orden emitida el 21 de mayo 

de 2024.6

El 29 de mayo de 2024 las señoras Beltrán Rodríguez 

presentaron una Urgente solicitud de orden e imposición de severas 

sanciones por incumplimiento de orden.

7 En la misma fecha la señora 

Lamenza Marrero presentó una Moción en solicitud de 

reconsideración de orden emitida por el Honorable Tribunal SUMAC 

60 ordenando consignar dineros que ya fueron adjudicados a la viuda 

en otra jurisdicción donde el causante era residente y domiciliado y 

sobre los que este honorable Tribunal no tiene jurisdicción.

8 Las

señoras Beltrán Rodríguez se opusieron en la misma fecha.9

Posteriormente, el 28 de junio de 2024, notificada al siguiente 

día, el Foro primario reiteró mediante Orden que la señora Lamenza 

Marrero “deberá consignar en el tribunal la totalidad de los dineros 

habidos en la cuenta del causante a la fecha de su muerte y que 

fueron transferidos por la viuda pendientes de partición”,10 esto, 

dado al incumplimiento con la Orden del 21 de mayo de 2024. 

Trascurridos varios incidentes procesales, el 29 de julio de 2024, la 

señora Lamenza Marrero recurrió ante nos mediante Petición de 

Certiorari. Plantea:

PRIMER ERROR: 

EL TPI ERRÓ [AL] EMITIR ORDENES DE EMBARGO 

SOBRE BIENES SOBRE LOS QUE NO TIENE 

JURISDICCIÓN PORQUE ESTOS SE ENCUENTRAN 

BAJO LEYES DE OTRO ESTADO.

SEGUNDO ERROR: 

EL TPI VIOLÓ LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

DE LA DEMANDANTE AL EMITIR UNA ORDEN DE 

EMBARGO DE FORMA EX PARTE, [SUMAC 60 Y 73] 

6 El Foro primario dictó NO HA LUGAR a dicha moción el 24 de mayo de 2024.

Anejo VI del Recurso. El número de la página no está identificado, pero según la 

secuencia corresponde al núm.26.

7 Anejo VII del Recurso, págs. 26-27.

8 Anejo VIII del Recurso, págs. 28-39.

9 Anejo VIII del Recurso, págs. 28-39.

10 Anejo IX del Recurso, págs. 40-45. El Tribunal de Primera Instancia ordenó los 

siguiente: “[e]n el término de diez 10 días la parte demandante deberá consignar 

en el tribunal la totalidad de los dineros habidos en la cuenta del causante a la 

fecha de su muerte y que fueron transferidos por la viuda pendientes de partición. 

Incurrirá en desacato y se podrá ordenar su arresto si se incumple la misma 

previa vista de mostrar causa”. 
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SIN LA CORRESPONDIENTE VISTA EVIDENCIAR[I]A 

Y SIN EXIGIR LA RESPECTIVA FIANZA SEGÚN 

REQUERIDO POR LA REGLA 56 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO EN 

ERROR CRASO Y MANIFIESTO VIOLANDO ASÍ EL 

DEBIDO PROCESO DE LEY EN SU VERTIENTE 

PROCESAL Y SUSTANTIVA A LA PARTE 

PETICIONARIA Y AL MANTENER COMO 

CONFIDENCIALES PROYECTS DE ÓRDENES 

ATENDIDOS DE FORMA EXPARTE A ESPALDAS DE 

LA PARTE DEMANDANTE.

Con su Petición de Certiorari, la señora Lamenza Marrero 

presentó una Urgente solicitud de orden de paralización en auxilio de 

jurisdicción. En la misma fecha, dictamos NO HA LUGAR a la moción 

de auxilio de jurisdicción y le concedimos a la parte recurrida quince 

(15) días, contados a partir de la fecha de notificación de la 

Resolución, para expresarse sobre el recurso de título.11

El 7 de agosto de 2024 la señora Lamenza Marrero presentó 

una Urgent[í]sima Moción en Auxilio de Jurisdicción para evitar que 

la recurrente se enfrente a un inminente despojo de su propiedad sin 

el debido proceso de ley y evitar que el reclamo se convierta en 

acad[é]mico. En la misma fecha declaramos NO HA LUGAR la 

petición por entender que no había ninguna circunstancia adicional 

para cambiar la Resolución emitida el 29 de julio de 2024.12

El 9 de agosto de 2024 las señoras Beltrán Rodríguez 

comparecieron con su Alegato en oposición a petición de certiorari. 

De entrada, plantearon, que el recurso instado no les fue 

debidamente notificado y que, además, el recurso padece de una 

serie de errores de forma específicamente el Apéndice. 

Argumentaron que la señora Lamenza Marrero está fuera de término 

para presentar el certiorari puesto que, verdaderamente se recurre 

de la Orden del 21 de mayo de 2024 la cual advino final y firme.

11 La Resolución fue emitida por Panel Especial II, conforme a la orden

administrativa OATA-2024-011.

12 Emitido por Panel I, acorde a la OATA-2024-074 del 1 de julio de 2024.
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El 12 de agosto de 2024 la señora Lamenza Marrero presentó 

una Moción solicitando desglose de anejo [de] deposición sometida 

por la parte recurrida. El 15 de agosto de 2024 las señoras Beltrán 

Rodríguez presentaron su oposición. Estando en posición de 

resolver, procedemos a así hacerlo. 

II.

Sabemos que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción.13 Cabe puntualizar que “[l]a jurisdicción es 

el poder o autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias”.14 Las cuestiones relativas a la jurisdicción, 

por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a 

cualesquiera otras.15 Por lo que, los tribunales tienen el deber 

indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de poder 

atender los recursos presentados ante éstos.16 Los tribunales no 

pueden atribuirse jurisdicción si no la tienen, ni las partes en litigio 

pueden otorgársela.17

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el 

caso.18 Debido a que la ausencia de jurisdicción es insubsanable.19

Las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.20 Conforme a ello, la Regla 83 de nuestro 

13 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Vázquez v. ARPE, 128 

DPR 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).

14 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 

(2012); Asoc. Punta Las Marías v. ARPE, 170 DPR 253, 263 [nota al calce núm. 3] 

(2007); Cordero et al. v. ARPE et al., 187 DPR 445, 456 (2012).

15 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).

16 Torres, 202 DPR, págs. 499-500; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); 

Vázquez, 128 DPR, pág. 537.

17 Allied Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Maldonado

v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez, 158 DPR, pág. 537.

18 Allied Management Group Inc., 204 DPR, pág. 374; Caratini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Vega et al., 156 DPR, pág. 456.

19 Allied Management Group Inc., 204 DPR, pág. 374; Maldonado, 171 DPR, pág. 

55; Souffront v. A.A.A., 164 DPR, pág. 674; Vázquez, 128 DPR, pág. 537. 

20 Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019); García Morales 

v. Mercado Rosario, 190 DPR 632 (2014); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 
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Reglamento sobre desistimiento y desestimación, nos concede 

facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso, entre 

otras razones, por falta de jurisdicción.21

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, “sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.22 Sin embargo, existe una importante 

diferencia en las consecuencias que acarrean. La desestimación por 

un recurso tardío priva fatalmente a la parte de poder presentar el 

recurso nuevamente, ante el mismo foro o cualquier otro.

Como norma general las Reglas de Procedimiento Civil 

codifican los términos para recurrir en revisión de una causa de 

acción civil. En particular, la Regla 52.2(b) de Procedimiento 

Civil,23 al igual que la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones,24 establecen un término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días contados desde el archivo en autos 

de una copia de la notificación de la resolución u orden dictada 

para presentar un recurso de Certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones.

25 Existen varios mecanismos procesales que 

interrumpen dicho término. Entre ellos, la moción de 

reconsideración.

III.

En este caso el Tribunal de Primera Instancia expidió unas 

Órdenes el 21 de mayo de 2024 para que la señora Lamenza Marrero 

consignara en el Tribunal ciertas cantidades de dinero y, además, 

84 (2013); Hernández v. The Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Lugo v. Suárez, 

165 DPR 729 (2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).

21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83.

22 Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649, 654 (2000).

23 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b) (Énfasis nuestro).

24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D) (Énfasis nuestro).

25 Sin embargo, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 

funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus funcionarios sean parte del 

pleito el término será de sesenta (60) días a partir del archivo en autos de una 

copia de la notificación de la Sentencia. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (c) (Énfasis 

nuestro).
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en cuanto a las cuentas de retiro del causante, proveyera copia fiel 

y exacta de los últimos tres (3) estados de cuenta. Posteriormente, 

dicho foro emitió otra Orden el 28 de junio de 2024 para que la 

señora Lamenza Marrero consignara la totalidad del dinero habido 

en la cuenta del causante a la fecha de su muerte y que fueron 

transferidos por esta, aun estando pendientes de partición, -lo cual 

ya había sido requerido en la Orden del 21 de mayo de 2024- y 

advirtió que incurriría en desacato de incumplir la misma.

Nótese que la Orden emitida por el Foro primario el 28 de junio 

de 2024, se limitó a reiterar la Orden emitida previamente el 21 de 

mayo del 2024, para que la señora Lamenza Marrero consignara en 

el Tribunal la totalidad de los fondos de cuenta del causante a la 

fecha de su muerte. Es decir, es una Orden en respuesta al 

incumplimiento con la Orden del 21 de mayo de 2024, de la cual 

nunca se recurrió ante nos, adviniendo final y firme el 24 de junio 

de 2024.26 La señora Lamenza Marrero no puede ahora utilizar 

como base la Orden del 24 de junio del 2024 para impugnar el 

dictamen final y firme emitido 21 de mayo de 2024.

Ello así, la Petición de Certiorari presentada el 29 de julio de 

2024, esto es, sesenta y cinco (65) días luego de transcurrido el 

término de treinta (30) desde emitido el dictamen del 21 de mayo, se 

26 La Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil dispone que: “[l]os recursos de certiorari

al Tribunal de Apelaciones para revisar las resoluciones finales en procedimientos 

de jurisdicción voluntaria o al Tribunal Supremo para revisar, discrecionalmente, 

las sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación 

o las sentencias o resoluciones finales en recursos de certiorari en procedimientos 

de jurisdicción voluntaria deberán ser presentados dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia o resolución recurrida. Los recursos de certiorari al 

Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar las demás sentencias o 

resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en recursos discrecionales o para 

revisar cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de Apelaciones deberán 

presentarse dentro del término de treinta (30) días contados desde la fecha de 

notificación de la resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 

cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari”. De forma similar la Regla 

32 (D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece: “[e]l recurso de 

certiorari para revisar cualquier otra resolución u orden o sentencia final al revisar 

un laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante 

la presentación de una solicitud dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

del archivo en autos de una copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de cumplimiento estricto”.
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incoó indefectiblemente tarde, por lo que el único curso decisorio a 

seguir es desestimarla.27 

IV.

Por los fundamentos de derecho antes expuestos, se 

desestima el recurso por falta de jurisdicción al presentarse 

tardíamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

27 Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 156 (1999).