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I Comunicaciones

Consejo

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POSICIÓN COMÚN (CE) No 4/2006

aprobada por el Consejo el 23 de enero de 2006

con vistas a la adopción de la Directiva 2006/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación

(2006/C 126 E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3),

Considerando lo siguiente:

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

1.   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva 2000/60/CE, la presente Directiva establece medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. Entre ellas se incluirán, en particular,

2.   Asimismo, la presente Directiva completa las disposiciones contenidas en la Directiva 2000/60/CE destinadas a prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones, junto a las contenidas en el artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE:

Artículo 3

Criterios para evaluar el estado químico de las aguas subterráneas

1.   A efectos de la evaluación del estado químico de una masa de agua subterránea o un grupo de masas de agua subterránea con arreglo al anexo V, sección 2.3, de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros utilizarán los criterios siguientes:

2.   Los valores umbral podrán establecerse a escala nacional, a escala de demarcación hidrográfica, o de la parte de la demarcación hidrográfica internacional correspondiente al territorio de un Estado miembro, o a escala de masa o grupo de masas de agua subterránea.

3.   Los Estados miembros velarán por que, en el caso de las masas de agua subterránea compartidas por dos o más Estados miembros y de las masas de agua subterránea en las que el flujo del agua subterránea cruza la frontera de un Estado miembro, el establecimiento de los valores umbral esté supeditado a la coordinación entre los Estados miembros interesados, de conformidad con el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE.

4.   Cuando una masa o grupo de masas de agua subterránea se extienda más allá del territorio de la Comunidad, el Estado o los Estados miembros afectados se esforzarán por establecer valores umbrales en coordinación con el Estado o los Estados no miembros de que se trate, con arreglo al artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE.

5.   Los Estados miembros establecerán por primera vez los valores umbral, con arreglo al apartado 1, letra b), el 22 de diciembre de 2008 a más tardar.

Todos los valores umbral establecidos se publicarán en los planes hidrológicos de cuenca que han de presentarse de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, incluido el resumen de la información establecida en el anexo II, parte C.

6.   Los Estados miembros modificarán la lista de valores umbral cuando nueva información sobre contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación muestren la necesidad de fijar un nuevo valor umbral para otra sustancia o de modificar un valor umbral existente, o de volver a introducir un valor umbral previamente suprimido de la lista, para proteger la salud pública y el medio ambiente.

Los valores umbral podrán suprimirse de la lista cuando las masas de agua subterránea dejen de representar un riesgo debido a los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de contaminación.

Toda modificación de la lista de valores umbral deberá comunicarse en el contexto de la revisión periódica de los planes hidrológicos de cuenca.

7.   La Comisión publicará un informe, a más tardar el 22 de diciembre de 2009, sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros de conformidad con el apartado 5.

Artículo 4

Procedimiento de evaluación del estado químico de las aguas subterráneas

1.   Los Estados miembros seguirán el procedimiento descrito en el apartado 2 para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea. Si procede, los Estados miembros podrán agrupar distintas masas de agua subterránea cuando apliquen este procedimiento, con arreglo al anexo V de la Directiva 2000/60/CE.

2.   Se considerará que una masa de agua subterránea o grupo de masas tiene un buen estado químico cuando:

3.   Los Estados miembros publicarán un resumen de la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas en los planes hidrológicos de cuenca de acuerdo con el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE.

Dicho resumen, que se elaborará por demarcación hidrográfica o la parte de la demarcación hidrográfica internacional correspondiente al territorio de un Estado miembro, incluirá asimismo una explicación referente a la forma en que se han tenido en cuenta en la evaluación final los excesos de las normas de calidad de las aguas subterráneas o de los valores umbral registrados en los puntos de control.

4.   Cuando una masa de agua subterránea haya recibido la clasificación de buen estado químico con arreglo al apartado 2, letra b), los Estados miembros, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE, adoptarán las medidas necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres y diferentes usos de las aguas subterráneas que dependen de la parte de la masa de agua subterránea representada por el punto o los puntos de control donde se haya excedido el valor de las normas de calidad de las aguas subterráneas o de los valores umbral.

Artículo 5

Determinación de las tendencias significativas y sostenidas al aumento y definición de los puntos de partida de las inversiones de tendencia

1.   Los Estados miembros determinarán toda tendencia significativa y sostenida al aumento de las concentraciones de los contaminantes, grupos de contaminantes o indicadores de contaminación detectada en masas de agua subterránea o grupos de masas de agua subterránea en riesgo, y definirán los puntos de partida de las inversiones de tendencia, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV.

2.   Los Estados miembros procederán a invertir las tendencias que presenten un riesgo significativo para la calidad de los ecosistemas acuáticos o terrestres, la salud humana o los usos legítimos, reales o potenciales, del medio acuático, valiéndose para ello del programa de medidas a que hace referencia el artículo 11 de la Directiva 2000/60/CE con el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

3.   Los Estados miembros definirán el punto de partida de la inversión de tendencia como porcentaje del nivel de las normas de calidad de las aguas subterráneas establecidas en el anexo I y de los valores umbral establecidos con arreglo al artículo 3, sobre la base de la tendencia identificada y del riesgo medioambiental asociado, de conformidad con el anexo IV, parte B, punto 1.

4.   Los Estados miembros expondrán de forma resumida, en los planes hidrológicos de cuenca presentados con arreglo al artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE, lo siguiente:

5.   Cuando sea necesario para evaluar el impacto de penachos de contaminación existentes en masas de agua subterránea que puedan obstaculizar el logro de los objetivos del artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, y en particular los penachos resultantes de fuentes puntuales y de terrenos contaminados, los Estados miembros realizarán evaluaciones de tendencia adicionales para los contaminantes identificados, con el fin de garantizar que los penachos procedentes de sitios contaminados no se expandan, no deterioren el estado químico de la masa de agua subterránea o grupo de masas y no supongan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Los resultados de dichas evaluaciones se presentarán de forma resumida en los planes hidrológicos de cuenca que han de presentarse de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE.

Artículo 6

Medidas para prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas

1.   Con el fin de lograr el objetivo de prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas, establecido de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros velarán por que el programa de medidas establecido con arreglo al artículo 11 de dicha Directiva incluya lo siguiente:

Con objeto de establecer las medidas indicadas en las letras a) y b), los Estados miembros podrán, en primer lugar, determinar las circunstancias en las que los contaminantes enumerados en el anexo VIII de la Directiva 2000/60/CE, y en particular los metales esenciales y sus compuestos a que se refiere el punto 7 de dicho anexo, deben considerarse peligrosos o no.

2.   Siempre que sea técnicamente posible, se tendrán en cuenta las entradas de contaminantes procedentes de fuentes de contaminación difusas que tengan un impacto en el estado químico de las aguas subterráneas.

3.   Sin perjuicio de cualquier requisito más estricto establecido en otros actos de la legislación comunitaria, los Estados miembros podrán eximir de las medidas exigidas de conformidad con el apartado 1 a las entradas que:

4.   Con el fin de notificar a la Comisión, previa solicitud de la misma, las autoridades competentes de los Estados miembros mantendrán un inventario de las excepciones previstas en el apartado 3.

Artículo 7

Disposiciones transitorias

En el período comprendido entre el ... (11) y el 22 de diciembre de 2013, para todo nuevo procedimiento de autorización a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Directiva 80/68/CEE, se tendrán en cuenta las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 de la presente Directiva.

Artículo 8

Adaptaciones técnicas

Los anexos II, III y IV podrán adaptarse al progreso científico y técnico de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE, atendiendo a los períodos de revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca en la manera establecida en el artículo 13, apartado 7, de dicha Directiva.

Artículo 9

Aplicación

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del ... (11). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 10

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 11

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

...

Por el Consejo

El Presidente

...

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(1)DO C 112 de 30.4.2004, p. 40.

(2)DO C 109 de 30.4.2004, p. 29.

(3)  Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de abril de 2005 (DO C 45 E de 23.2.2006, p. 75), Posición Común del Consejo de 23 de enero de 2006 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(4)DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.

(5)DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada por la Decisión no 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

(6)DO L 375 de 31.12.1991, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(7)DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/19/CE de la Comisión (DO L 44 de 15.2.2006, p. 15).

(8)DO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 .

(9)DO L 20 de 26.1.1980, p. 43. Directiva modificada por la Directiva 91/692/CEE (DO L 377 de 31.12.1991, p. 48).

(10)DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(11)  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

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ANEXO I

NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

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(1)  Las actividades que caen fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 91/676/CEE no se ven afectadas por esta cláusula.

(2)  Por plaguicidas se entiende los productos fitosanitarios y los biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE y el artículo 2 de la Directiva 98/8/CE, respectivamente.

(3)  Se entiende por «total» la suma de todos los plaguicidas concretos detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento.

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ANEXO II

VALORES UMBRAL DE LOS CONTAMINANTES DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS E INDICADORES DE CONTAMINACIÓN

PARTE A:   DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VALORES UMBRAL POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3

Los Estados miembros establecerán valores umbral para todos los contaminantes e indicadores de contaminación que, con arreglo a la caracterización efectuada de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE, determinan las masas o grupos de masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar un buen estado químico.

Los valores umbral se establecerán de tal manera que, en caso de que los resultados del seguimiento en un punto de control representativo excedan los valores umbral, ello indique el riesgo de que no se estén cumpliendo algunas de las condiciones para el buen estado químico del agua subterránea mencionadas en el artículo 4, apartado 2, letra b), incisos ii), iii) y iv).

Al establecer los valores umbral, los Estados miembros atenderán a las siguientes directrices:

PARTE B:   LISTA MÍNIMA DE CONTAMINANTES Y SUS INDICADORES PARA LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DEBEN ESTABLECER VALORES UMBRAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3

1.   Sustancias o iones presentes de forma natural o como resultado de actividades humanas

2.   Sustancias sintéticas artificiales

3.   Parámetros indicativos de salinización u otras intrusiones (1)

Conductividad

PARTE C:   INFORMACIÓN QUE DEBERÁN FACILITAR LOS ESTADOS MIEMBROS EN RELACIÓN CON LOS CONTAMINANTES PARA LOS QUE SE HAYAN ESTABLECIDO VALORES UMBRAL

Los Estados miembros resumirán en el plan hidrológico de cuenca presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/60/CE el modo en que se hayan atenido al procedimiento establecido en la parte A.

Cuando resulte factible, los Estados miembros proporcionarán, en particular:

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(1)  Por lo que se refiere a las concentraciones salinas resultantes de actividades humanas, los Estados miembros podrán optar por establecer valores umbral bien para el cloruro y el sulfato, bien para la conductividad.

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ANEXO III

EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

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ANEXO IV

DETERMINACIÓN E INVERSIÓN DE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS Y SOSTENIDAS AL AUMENTO

PARTE A:   DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS Y SOSTENIDAS AL AUMENTO

Los Estados miembros determinarán las tendencias significativas y sostenidas al aumento en todas las masas o grupos de masas de agua subterránea que presenten un riesgo con arreglo al anexo II de la Directiva 2000/60/CE, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

PARTE B:   PUNTO DE PARTIDA DE LAS INVERSIONES DE TENDENCIA

De acuerdo con el artículo 5, los Estados miembros invertirán las tendencias significativas y sostenidas al aumento que se hayan determinado si dichas tendencias presentan un riesgo de daño para los ecosistemas acuáticos asociados, los ecosistemas terrestres directamente dependientes, la salud humana o los usos legítimos, presentes o potenciales, del medio acuático, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

La Comisión adoptó su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de aguas subterráneas de la contaminación el 28 de octubre de 2003.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 28 de abril de 2005 (1).

El Comité de las Regiones adoptó su dictamen el 12 de febrero de 2004 (2).

El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen el 31 de marzo de 2004 (3).

El Consejo adoptó su Posición Común el 23 de enero de 2006.

II.   OBJETIVO

Las aguas subterráneas constituyen un importante recurso natural que proporciona agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura y la industria. También desempeñan un papel clave, especialmente en períodos de sequía, en la preservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres. La protección de las aguas subterráneas de la contaminación es por lo tanto esencial, insistiéndose en particular en la prevención, pues restaurar la calidad de las aguas subterráneas es generalmente lento y difícil, incluso una vez que ha desaparecido la fuente de contaminación.

La protección de las aguas subterráneas de la contaminación está actualmente regulada por la Directiva 80/68/CEE (4), que debe derogarse en 2013, y la Directiva 2000/60/CE: Directiva marco del agua (DMA) (5).

La presente propuesta pretende cumplir el requisito general contenido en el artículo 17 de la DMA, según el cual, sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas, a fin de asegurar la consecución de los objetivos ambientales relacionados con las aguas subterráneas de la Directiva marco.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

General

La Posición Común incorpora varias de las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura, de forma textual, en parte o en cuanto al fondo. Las enmiendas mejoran o aclaran el texto de la Directiva propuesta.

Sin embargo, en la Posición Común no se reflejan otras enmiendas porque el Consejo acordó que eran innecesarias o inaceptables o, en varios casos, porque las disposiciones de la propuesta original de la Comisión se suprimieron o se rehicieron completamente. Esto se aplica en especial a los anexos, que el Consejo aspiró a simplificar y a aclarar lo más posible a fin de asegurar la aplicación efectiva.

Varias enmiendas no se incluyeron en la Posición Común porque el Consejo consideró que no coincidían con la guía para la elaboración de la legislación comunitaria, porque repetían, interpretaban o contradecían las disposiciones contenidas en la Directiva marco del agua (Directiva 2000/60/CE).

Varias enmiendas fueron rechazadas porque se consideró que intentaban introducir disposiciones que se salían del ámbito de la propuesta según lo determinado por la Directiva marco o que ya estaban cubiertas por otra legislación vigente.

La Posición Común también incluye cambios con excepción de aquéllos previstos en el dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo. En especial, el Consejo intentó organizar la estructura del acto propuesto de la forma más racional posible para ayudar a su comprensión por las autoridades competentes y los ciudadanos de los requisitos impuestos en los Estados miembros. Además, se introdujeron varios cambios de redacción para aclarar el texto o para asegurar la coherencia global de la Directiva.

Exposición detallada

En especial, el Consejo acordó que:

IV.   CONCLUSIÓN

El Consejo cree que la Posición Común representa un paquete equilibrado de medidas que contribuirán a la persecución de los objetivos de la política ambiental comunitaria resumidos en el artículo 174, apartado 1, del Tratado CE y harán avanzar la protección de las aguas subterráneas de la contaminación, al tiempo que se asegura el cumplimiento de los requisitos relacionados con las aguas subterráneas contenidos en la Directiva 2000/60/CE y permitiendo la aplicación efectiva por los Estados miembros, habida cuenta de las circunstancias hidrogeológicas específicas a escala nacional.

Espera con interés mantener debates constructivos con el Parlamento Europeo con vistas a la pronta adopción de la Directiva.

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(1)DO C 45 E de 23.2.2006, p. 75.

(2)DO C 109 de 30.4.2004, p. 29.

(3)DO C 112 de 30.4.2004, p. 40.

(4)DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.

(5)DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

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POSICIÓN COMÚN (CE) No 5/2006

aprobada por el Consejo el 23 de enero de 2006

con vistas a la adopción de la Directiva 2006/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)

(2006/C 126 E/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1.   El objetivo de la presente Directiva es fijar normas generales con vistas al establecimiento de una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), orientada a la aplicación de las políticas comunitarias de medio ambiente y de políticas o actuaciones que puedan incidir en el medio ambiente.

2.   INSPIRE se basará en infraestructuras de información espacial establecidas y gestionadas por los Estados miembros.

Artículo 2

La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones de las Directivas 2003/4/CE y 2003/98/CE.

Artículo 3

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

Artículo 4

1.   La presente Directiva se aplicará a los conjuntos de datos espaciales, que cumplan las siguientes condiciones:

2.   En caso de que obren en poder de varias autoridades públicas, o de entidades que actúen en nombre de estas, copias múltiples idénticas del mismo conjunto de datos espaciales, la presente Directiva sólo se aplicará a la versión de referencia de la que proceden las diferentes copias.

3.   La presente Directiva se aplicará asimismo a los servicios de datos espaciales relativos a los datos contenidos en los conjuntos de datos espaciales a que se refiere el apartado 1.

4.   La presente Directiva no requiere la recopilación de nuevos datos espaciales.

5.   En el caso de conjuntos de datos espaciales que cumplan la condición establecida en el apartado 1, letra c), pero cuyos derechos de propiedad intelectual pertenezcan a un tercero, la autoridad pública podrá actuar con arreglo a la presente Directiva únicamente con el consentimiento de dicho tercero.

6.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando los conjuntos de datos espaciales obren en poder de una autoridad pública o de una entidad que actúe en su nombre del nivel inferior de gobierno de un Estado miembro, la presente Directiva sólo se aplicará a ellos si el Estado miembro ha establecido una normativa que requiera su recogida o difusión.

7.   La descripción técnica de los temas abordados por los datos a los que se refieren los anexos I, II y III podrá ser adaptada con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2, al objeto de atender a la evolución de las necesidades de datos espaciales destinados a respaldar políticas comunitarias que incidan en el medio ambiente.

CAPÍTULO II

METADATOS

Artículo 5

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que se creen metadatos para los conjuntos y servicios de datos espaciales que correspondan a los temas enumerados en los anexos I, II y III, y de que se actualicen tales metadatos.

2.   Los metadatos incluirán información sobre los siguientes aspectos:

3.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los metadatos estén completos y tengan una calidad suficiente para cumplir el objetivo establecido en el, artículo 3, punto 6.

4.   Las normas de ejecución del presente artículo serán adoptadas antes del ... (14), de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2. Dichas normas de ejecución tendrán en cuenta las normas internacionales pertinentes existentes y los requisitos de los usuarios.

Artículo 6

Los Estados miembros crearán los metadatos a que se refiere el artículo 5 con arreglo al siguiente calendario:

CAPÍTULO III

INTEROPERABILIDAD DE LOS CONJUNTOS Y SERVICIOS DE DATOS ESPACIALES

Artículo 7

1.   Las normas de ejecución por las que se establezcan las disposiciones técnicas correspondientes a la interoperabilidad y, cuando sea posible, la armonización de los conjuntos y servicios de datos espaciales serán adoptadas de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2. En la elaboración de las normas de ejecución se tendrán en cuenta los requisitos pertinentes de los usuarios, las iniciativas existentes y las normas internacionales para la armonización de los conjuntos de datos espaciales, así como la viabilidad y la rentabilidad. Cuando organizaciones instituidas con arreglo al Derecho internacional hayan adoptado normas pertinentes para garantizar la interoperabilidad o armonización de los conjuntos y servicios de datos espaciales, estas normas, junto con los medios técnicos existentes a los que se refieren, se incorporarán, en su caso, a las normas de ejecución mencionadas en el presente apartado.

2.   Como base para el desarrollo de las propuestas relativas a esas normas de ejecución, la Comisión llevará a cabo un análisis de la viabilidad y de los costes y beneficios previstos. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, previa solicitud, la información necesaria para que pueda elaborar dicho análisis. Al proponer dichas normas, la Comisión consultará a los Estados miembros en el marco del Comité al que se refiere el artículo 22, apartado 1, sobre los resultados de su análisis. La adopción de esas normas no podrá acarrear costes excesivos para los Estados miembros.

3.   Cuando sea factible, los Estados miembros garantizarán que todos los conjuntos de datos espaciales recogidos recientemente o actualizados y los correspondientes servicios de datos espaciales sean conformes con las normas de ejecución a que se refiere el apartado 1 en un plazo de dos años a partir de su adopción, y que los demás conjuntos de datos espaciales y servicios sean conformes con las normas de ejecución en un plazo de siete años a partir de su adopción.

4.   Las normas de ejecución a que se refiere el apartado 1 cubrirán la definición y clasificación de los objetos espaciales pertinentes a efectos de los conjuntos de datos espaciales relativos a los temas enumerados en los anexos I, II y III, así como la manera en que se lleve a cabo la georreferenciación de dichos datos espaciales.

5.   Los representantes de los Estados miembros a escala nacional, regional y local y otras personas físicas o jurídicas que, por su función dentro de la infraestructura de información espacial tengan un interés en los datos espaciales de que se trate, incluidos los usuarios, productores, proveedores de servicios de valor añadido u organismos coordinadores, tendrán la oportunidad, de conformidad con los procedimientos aplicables, de participar en los debates preparatorios sobre el contenido de las normas de ejecución a que se refiere el apartado 1, antes de su estudio por parte del Comité al que se refiere el artículo 22, apartado 1.

Artículo 8

1.   Tratándose de conjuntos de datos espaciales que aborden uno o más de los temas recogidos en los anexos I o II, las normas de ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 1, cumplirán las condiciones prescritas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.

2.   Las normas de ejecución atenderán a los siguientes aspectos de los datos espaciales:

3.   Las normas de ejecución estarán diseñadas para asegurar que exista una coherencia entre los elementos informativos relativos a un mismo lugar o entre los relativos a un mismo objeto, representado en diferentes escalas.

4.   Las normas de ejecución estarán diseñadas para asegurar que se garantice que la información procedente de diferentes conjuntos de datos espaciales sea comparable en cuanto a los aspectos mencionados en el artículo 7, apartado 4, y en el apartado 2 del presente artículo.

Artículo 9

Las normas de ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 1, se adoptarán con arreglo al siguiente calendario:

Artículo 10

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que se ponga a disposición de las autoridades públicas o de terceros toda información, incluidos los códigos y las clasificaciones técnicas necesarios para el cumplimiento de las normas de ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 1, en condiciones que no restrinjan su utilización a tal efecto.

2.   Con el fin de garantizar la coherencia de los datos espaciales relativos a un elemento geográfico situado a ambos lados de la frontera entre dos o más Estados miembros, los Estados miembros decidirán de común acuerdo, si procede, la descripción y posición de dichos elementos comunes.

CAPÍTULO IV

SERVICIOS DE RED

Artículo 11

1.   Los Estados miembros establecerán y gestionarán una red con los siguientes servicios, orientados a los conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos para los que se hubieran creado metadatos, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva:

Estos servicios deberán tener en cuenta los requisitos pertinentes de los usuarios y ser fáciles de utilizar y de acceso al público, vía Internet o cualquier otra forma de telecomunicación.

2.   A efectos de los servicios mencionados en el apartado 1, letra a), deberá aplicarse, como mínimo, la siguiente combinación de criterios de búsqueda:

3.   Los servicios de transformación citados en el apartado 1, letra d), se combinarán con los demás servicios mencionados en dicho apartado de forma que puedan funcionar de acuerdo con las normas de ejecución a que se refiere el artículo 7, apartado 1.

Artículo 12

Los Estados miembros garantizarán que se conceda a las autoridades públicas la posibilidad técnica de conectar sus conjuntos de datos y servicios espaciales a la red a que se refiere el artículo 11, apartado 1. Este servicio también se pondrá a disposición, previa solicitud, de terceros cuyos conjuntos de datos y servicios espaciales cumplan normas de ejecución que establezcan obligaciones con respecto, en particular, a metadatos, servicios en red e interoperabilidad.

Artículo 13

1.   No obstante lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, los Estados miembros podrán limitar el acceso público a los conjuntos y servicios de datos espaciales a través de los servicios mencionados en el artículo 11, apartado 1, letras a) a e), o a los servicios de comercio electrónico mencionados en el artículo 14, apartado 3, cuando dicho acceso pueda afectar negativamente a cualquiera de los siguientes aspectos:

2.   Los motivos que justifican la limitación del acceso de acuerdo con el apartado 1 se interpretarán de manera restrictiva, teniendo en cuenta en cada caso concreto el interés público que ampara la garantía de acceso. En cada caso concreto, el interés público en que se ampara la divulgación deberá sopesarse con el interés que justifica la limitación o condicionamiento del acceso. Los Estados miembros no podrán limitar, en virtud del apartado 1, letras a), d), f), g) y h), el acceso a la información relativa a las emisiones en el medio ambiente.

No obstante, cuando la limitación del acceso se base en lo dispuesto en el apartado 1, letras d) o f), el párrafo primero del presente apartado se aplicará únicamente cuando el acceso mencionado en el apartado 1 afecte a información medioambiental según lo definido en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/4/CE.

3.   En este contexto y a efectos de la aplicación del apartado 1, letra f), los Estados miembros garantizarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE.

Artículo 14

1.   Los Estados miembros garantizarán que:

2.   Los datos disponibles mediante los servicios de visualización a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra b), podrán presentarse en una forma que impida su reutilización con fines comerciales.

3.   En caso de que las autoridades públicas cobren por los servicios a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letras b), c) o e), los Estados miembros garantizarán la disponibilidad de servicios de comercio electrónico. Estos servicios podrán estar sujetos a cláusulas de descargo de responsabilidad, licencias por clicado o licencias.

Artículo 15

1.   La Comisión establecerá y gestionará un geoportal INSPIRE en el ámbito comunitario.

2.   Los Estados miembros proporcionarán acceso a los servicios mencionados en el artículo 11, apartado 1, a través del geoportal INSPIRE mencionado en el apartado 1. Los Estados miembros podrán también proporcionar acceso a dichos servicios a través de sus propios puntos de acceso.

Artículo 16

Las normas para la ejecución del presente capítulo serán adoptadas de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2, y determinarán, en particular, los siguientes aspectos:

CAPÍTULO V

PUESTA EN COMÚN DE LOS DATOS

Artículo 17

1.   Cada Estado miembro adoptará medidas para la puesta en común de los conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos entre sus autoridades públicas, mencionadas en el artículo 3, punto 9, letras a) y b). Estas medidas permitirán que dichas autoridades públicas tengan acceso a los conjuntos y servicios de datos espaciales y puedan intercambiar y utilizar tales conjuntos y servicios a efectos del desempeño de funciones públicas que puedan incidir en el medio ambiente.

2.   Las medidas citadas en el apartado 1 excluirán todo tipo de restricciones que puedan originar en el punto de utilización obstáculos prácticos para la puesta en común de conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos.

3.   Las disposiciones del apartado 2 no impedirán a las autoridades públicas que suministran conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos la concesión de licencias de los mismos a las autoridades públicas o a las instituciones y órganos de la Comunidad y exigirles el pago correspondiente.

4.   Los acuerdos para la puesta en común de conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos previstos en los apartados 1, 2 y 3 estarán abiertos a las autoridades públicas mencionadas en el artículo 3, punto 9, letras a) y b), de otros Estados miembros y a las instituciones y órganos de la Comunidad para el desempeño de funciones públicas que puedan incidir en el medio ambiente.

5.   Los acuerdos para la puesta en común de conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos, previstos en los apartados 1, 2 y 3, estarán abiertos, sobre una base de reciprocidad y de igualdad de trato, a las entidades instituidas mediante acuerdos internacionales de los que sean parte la Comunidad y los Estados miembros, para el desempeño de funciones que puedan incidir en el medio ambiente.

6.   Cuando los acuerdos para la puesta en común de conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos previstos en los apartados 1, 2 y 3 se hayan celebrado de conformidad con los apartados 4 y 5, dichos acuerdos podrán incluir exigencias nacionales que impongan condiciones a su utilización.

7.   No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros podrán limitar la puesta en común cuando ello ponga en peligro el desarrollo de los procedimientos judiciales, la seguridad pública, la defensa nacional o las relaciones internacionales.

8.   No obstante lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros facilitarán a las instituciones y órganos de la Comunidad el acceso a los conjuntos de datos espaciales y servicios relacionados con ellos en condiciones armonizadas. Las normas de ejecución que regulen dichas condiciones serán adoptadas de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2.

9.   El presente artículo no afectará a la existencia o posesión de derechos de propiedad intelectual de las autoridades del sector público.

CAPÍTULO VI

COORDINACIÓN Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 18

Los Estados miembros garantizarán que se designen las estructuras y mecanismos adecuados para coordinar la contribución de todos aquellos que tengan un interés en sus infraestructuras de información espacial.

Dichas estructuras coordinarán las contribuciones de, entre otros, usuarios, productores, proveedores de servicios de valor añadido y organismos de coordinación en lo relativo a la determinación de los conjuntos de datos correspondientes, las necesidades del usuario, la información sobre las prácticas vigentes y las reacciones acerca de la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 19

1.   La Comisión será responsable de coordinar INSPIRE a escala comunitaria y estará asistida a tal efecto por las organizaciones pertinentes y, en particular, por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

2.   Cada Estado miembro designará un punto de contacto, por lo general una autoridad pública, que se encargue de los contactos con la Comisión en relación con la presente Directiva.

Artículo 20

Las normas de ejecución mencionadas en la presente Directiva tendrán debidamente en cuenta las normas adoptadas por los organismos europeos de normalización de acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE y las normas internacionales.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21

1.   Los Estados miembros llevarán a cabo un seguimiento de la aplicación y utilización de sus infraestructuras de información espacial. La Comisión y el público tendrán acceso permanente a los resultados de dicho seguimiento.

2.   A más tardar el ... (17), los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe que contendrá descripciones resumidas de:

3.   Cada tres años, comenzando a más tardar el ... (18), los Estados miembros enviarán a la Comisión un informe que contendrá información actualizada sobre los puntos referidos en el apartado 2.

4.   Se adoptarán normas detalladas para la ejecución del presente artículo, de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 2.

Artículo 22

1.   La Comisión estará asistida por un Comité.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo mencionado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.   El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 23

Antes del ... (19), y en lo sucesivo cada seis años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Dicho informe se basará, entre otros elementos, en los informes de los Estados miembros de conformidad con el artículo 21, apartados 2 y 3.

Cuando sea necesario, el informe irá acompañado de propuestas de actuación comunitaria.

Artículo 24

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del ... (17).

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 25

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 26

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

...

Por el Consejo

El Presidente

...

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(1)DO C 221 de 8.9.2005, p. 33.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 23 de enero de 2006 y Posición del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.

(4)DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

(5)DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.

(6)DO L 138 de 28.5.2002, p. 1.

(7)DO L 192 de 28.7.2000, p. 36.

(8)DO L 324 de 11.12.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 788/2004 (DO L 138 de 30.4.2004, p. 17).

(9)DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(10)DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.

(11)DO L 120 de 11.5.1990, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).

(12)DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

(13)DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(14)  Un año después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(15)  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(16)  Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(17)  Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(18)  Seis años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(19)  Siete años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

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ANEXO I

DATOS ESPACIALES MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 6, LETRA A), EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, Y EL ARTÍCULO 9, LETRA A)

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(1)DO L 228 de 9.9.1996, p. 1, corregida por el DO L 201 de 7.6.2004, p. 1.

(2)DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva modificada por la Decisión no 2455/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

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ANEXO II

DATOS ESPACIALES MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 6, LETRA A), EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, Y EL ARTÍCULO 9, LETRA B)

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ANEXO III

DATOS ESPACIALES MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 6, LETRA B), Y EL ARTÍCULO 9, LETRA B)

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(1)DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

El 26 de julio de 2004, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE). La propuesta se basa en el artículo 175, apartado 1, del Tratado.

El 7 de junio de 2005, el Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura.

El 20 de septiembre de 2004, el Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen al respecto.

El 9 de febrero de 2005, el Comité Económico y Social adoptó su dictamen.

El 23 de enero de 2006, el Consejo adoptó su Posición Común con arreglo al artículo 251, apartado 2, del Tratado.

II.   OBJETIVO

La Directiva propuesta establece un marco jurídico para la creación y el funcionamiento de una infraestructura de información espacial en Europa, con el objetivo de formular, aplicar, supervisar y evaluar las políticas comunitarias en todos los niveles, y de facilitar información al público.

Uno de los objetivos clave de INSPIRE es reducir los obstáculos entre las autoridades públicas a la hora de compartir datos, en particular, en el ámbito del medio ambiente, y facilitar más y mejores datos espaciales para la elaboración de políticas comunitarias y para la ejecución de dichas políticas en los Estados miembros en todos los niveles. INSPIRE se centra en la política relativa al medio ambiente, pero podría ser utilizado en otros sectores, y en el futuro podría ampliarse a esos sectores.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Generalidades

La Posición Común incorpora la mayor parte de las enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura, literalmente, parcialmente o en cuanto al fondo. Incluye, en particular, las modificaciones de la propuesta inicial de la Comisión, reagrupando artículos del texto, simplificando las definiciones o aclarando el ámbito de aplicación. Con todo, la Posición Común contiene cierto número de cambios, distintos de los contemplados en el dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo y en la propuesta inicial de la Comisión. La Posición Común:

Las secciones siguientes describen los cambios en cuanto al fondo.

Disposiciones generales, definiciones, ámbito de aplicación (artículos 1 a 4)

La Posición Común no sigue la enmienda 6 del Parlamento Europeo. El objetivo y el ámbito de aplicación de la Directiva, en su artículo 1, corresponden a la propuesta inicial de la Comisión y a su base jurídica. El texto de la Posición Común no hace referencia alguna al impacto «directo o indirecto» en el medio ambiente, aunque el considerando adicional 4 sí trata este tema.

El Consejo está de acuerdo con el fondo de la enmienda 7 del Parlamento Europeo así como con la enmienda 2, con la que aquella guarda relación. Sin embargo, aceptó el punto de vista de la Comisión según el cual no sería jurídicamente correcto incluir en una Directiva obligaciones para las instituciones y órganos comunitarios.

El artículo 2 estipula que la Directiva se aplicará sin perjuicio de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental, y de la Directiva 2003/98/CE, relativa a la reutilización de la información del sector público.

El artículo 3 introduce definiciones adicionales para los términos «interoperabilidad» y «geoportal INSPIRE» y limita el alcance de la definición de «autoridad pública».

Los apartados 2, 4, 5 y 6 del artículo 4 aclaran los conjuntos de datos espaciales a los que se aplica la Directiva. El artículo 4, apartado 7, limita el ámbito de competencia del Comité para adaptar los temas de datos en los anexos.

Las enmiendas 9 y 10 no se aceptaron porque el Consejo no cree que aclaren el texto.

Metadatos, interoperabilidad de los conjuntos y servicios de datos espaciales (artículos 5 a 10)

Los componentes de los metadatos se aclaran en el artículo 5 de la Posición Común, así como las normas de aplicación. El calendario para la creación de metadatos que figura en el artículo 6 se ajusta al calendario que figura en la enmienda 15 del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta la nueva redacción del artículo 5, apartado 4, de la Posición Común.

El artículo 7 introduce requisitos adicionales para la elaboración de las normas de aplicación que establecen los arreglos técnicos de interoperabilidad, sobre todo las consideraciones de rentabilidad, la integración de las normas y actividades a escala internacional y la referencia a los medios técnicos existentes. El artículo 7, apartado 2, respalda las consideraciones sobre la rentabilidad y la viabilidad, al exigir que la Comisión emprenda el análisis de rendimiento antes de desarrollar las propuestas relativas a las normas de ejecución. La adopción de las normas no debe conllevar gastos excesivos para los Estados miembros. El artículo 7, apartado 3, aclara la adaptación de los conjuntos y servicios de datos espaciales recientemente recogidos u otros.

En el artículo 8, apartado 2, letra a), se sustituye «un sistema común de identificadores únicos» por «soluciones para garantizar una identificación inequívoca de los objetos espaciales que sirvan de referencia para situar los identificadores existentes en los sistemas nacionales a efectos de garantizar la interoperabilidad entre ellos», con el fin de evitar imponer una solución técnica particular.

Las enmiendas 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23 se aceptaron en su totalidad o parcialmente, previa modificación del texto.

La enmienda 20 no se aceptó por considerarse demasiado vaga la referencia a una incidencia «indirecta en el medio ambiente» (véase el artículo 1).

Red de servicios (artículos 11 a 16)

La lista ampliada de motivos para limitar el acceso que figura en el artículo 13 es idéntica a la del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental para garantizar la coherencia en la aplicación. El artículo 13, apartado 3, adicional establece que el acceso del público a los datos espaciales debe cumplir lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En el artículo 14, la Posición Común permite que los Estados miembros apliquen tasas o derechos de licencia a los servicios de visualización, cuando ello sea necesario para mantener los conjuntos y servicios de datos espaciales o para cumplir los requisitos de las infraestructuras internacionales de datos espaciales existentes.

Se aceptaron las enmiendas 24, 25, 26 y 27 previa modificación de su texto.

Puesta en común de los datos (artículo 17)

El artículo 17 de la Posición Común aclara el alcance de las obligaciones de puesta en común de los datos entre las autoridades públicas de un Estado miembro, las autoridades públicas de varios Estados miembros, las instituciones y los órganos de la Comunidad y los organismos creados por los acuerdos internacionales. El artículo 17, apartado 2, trata de evitar que surjan obstáculos prácticos en el punto de utilización (por ejemplo, cuando un empleado de una autoridad pública utilice los datos en su ordenador), mientras que el artículo 17, apartado 3, permite que los proveedores de datos recuperen los costes cobrándolos a las autoridades públicas de los Estados miembros y a las instituciones y órganos comunitarios, garantizando así que se mantenga la calidad y actualidad de los datos. Cuando se establezcan tasas o derechos, los cobros se realizarán entre autoridades públicas, y no en el punto de utilización. La protección de los derechos de propiedad intelectual queda garantizada mediante el artículo 17, apartado 9. Los nuevos considerandos 22, 23 y 24 tratan también este punto. La enmienda 28 se trata en el considerando 21.

La enmienda 29 no se aceptó por ser repetitiva en cuanto que amplía los requisitos existentes para la puesta en común de los datos.

La enmienda 30 está superada por la nueva redacción del artículo 17.

El Consejo consideró inaceptable la totalidad del concepto del artículo 24 original, disposiciones de aplicación comunes para la puesta en común de los datos (enmienda 32).

Coordinación y medidas complementarias, disposiciones finales (artículos 18 a 26)

En el artículo 18 y en el artículo 19, apartado 2, de la Posición Común no se destaca explícitamente la distribución de competencias y responsabilidades entre los Estados miembros, en relación con sus estructuras implicadas (enmiendas 33, 34 y 4). Sin embargo, el Consejo entiende los artículos en ese sentido.

La nueva redacción del artículo 21 y el considerando adicional 31 de la Posición Común racionalizan el control y los requisitos de la Directiva en cuanto a la información, en comparación con la enmienda 37. El artículo 24 aplaza ligeramente la fecha fijada para la incorporación en los ordenamientos jurídicos nacionales.

Se aceptaron las enmiendas 35, 36 y 38.

Anexos

En la Posición Común no se han incluido determinados datos espaciales como la «distribución geográfica de la siniestralidad vial» (enmienda 43, punto 6) y las «telecomunicaciones» (enmienda 44, punto 7), al no guardar relación con la finalidad de INSPIRE.

Se aceptó parcialmente la enmienda 47 en el anexo III, punto 11.

Se aceptaron las enmiendas 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 y 49.

IV.   CONCLUSIÓN

Los cambios introducidos por el Consejo en la propuesta de la Comisión pretenden garantizar la compatibilidad con la legislación comunitaria existente y con la recogida sostenible de datos. A pesar de esos cambios, la Posición Común del Consejo se ajusta a la mayor parte de las enmiendas del Parlamento Europeo y constituye una buena base para ulteriores negociaciones.

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POSICIÓN COMÚN (CE) No 6/2006

aprobada por el Consejo el 10 de marzo de 2006

con vistas a la adopción de la Directiva 2006/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)

(2006/C 126 E/03)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 141, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad

La presente Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

A tal fin, contiene disposiciones destinadas a aplicar el principio de igualdad de trato en lo que se refiere a:

Contiene, además, disposiciones para garantizar que dicha aplicación sea más eficaz mediante el establecimiento de los procedimientos adecuados.

Artículo 2

Definiciones

1.   A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

2.   A efectos de la presente Directiva, el concepto de discriminación incluirá:

Artículo 3

Acción positiva

Los Estados miembros podrán mantener o adoptar las medidas indicadas en el artículo 141, apartado 4, del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Capítulo 1

Igualdad de retribución

Artículo 4

Prohibición de la discriminación

Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución.

En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las retribuciones, este sistema se basará en criterios comunes a los trabajadores de ambos sexos, y se establecerá de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo.

Capítulo 2

Igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social

Artículo 5

Prohibición de la discriminación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, en los regímenes profesionales de seguridad social no se ejercerá ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo, en particular en lo relativo a:

Artículo 6

Ámbito de aplicación personal

El presente capítulo se aplicará a la población activa, incluidos los trabajadores autónomos, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro involuntario, y a las personas que busquen empleo y a los trabajadores jubilados y a los trabajadores inválidos, así como a los derechohabientes de dichos trabajadores, de conformidad con la legislación y/o a las prácticas nacionales.

Artículo 7

Ámbito de aplicación material

1.   El presente capítulo se aplicará a:

2.   El presente capítulo se aplicará también a los regímenes de pensión para una categoría particular de trabajadores, como los funcionarios públicos, si las prestaciones devengadas en virtud de dicho régimen se abonan al trabajador en razón de su relación laboral con el empleador público. El hecho de que el régimen en cuestión forme parte de un régimen general obligatorio no tendrá ningún efecto a este respecto.

Artículo 8

Exclusiones del ámbito de aplicación material

1.   El presente capítulo no se aplicará:

2.   El presente capítulo no se opone a que un empresario conceda a personas que ya hayan alcanzado la edad de la jubilación para la obtención de una pensión con arreglo a un régimen profesional de seguridad social, pero que aún no hubieren alcanzado la edad de la jubilación para la obtención de una pensión de jubilación legal, un complemento de pensión con objeto de igualar o acercarse al importe de las prestaciones globales con relación a las personas del sexo opuesto en la misma situación que hubieren ya alcanzado la edad de la jubilación legal, hasta que los beneficiarios del complemento alcanzaren la edad de jubilación legal.

Artículo 9

Ejemplos de discriminación

1.   Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se basen en el sexo, directa o indirectamente, para:

2.   Cuando la concesión de prestaciones dependientes del presente capítulo se deje a la discreción de los órganos de gestión del régimen, estos respetarán el principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Aplicación en lo que se refiere a los trabajadores autónomos

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las disposiciones de los regímenes profesionales de seguridad social de los trabajadores autónomos contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas con efecto anterior al 1 de enero de 1993, a más tardar, o, por lo que se refiere a los Estados miembros cuya adhesión tuvo lugar posteriormente, en la fecha en que la Directiva 86/378/CEE empezara a ser aplicable en su territorio.

2.   El presente capítulo no será obstáculo para que los derechos y obligaciones correspondientes a un período de afiliación a un régimen profesional de seguridad social de los trabajadores autónomos anterior a la revisión de este régimen permanezcan regidos por las disposiciones del régimen en vigor a lo largo de dicho período.

Artículo 11

Posibilidad de aplazamiento en el caso de los trabajadores autónomos

En cuanto al régimen profesional de seguridad social de los trabajadores autónomos, los Estados miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a:

Artículo 12

Efecto retroactivo

1.   Toda medida de aplicación del presente capítulo, en lo que se refiere a los trabajadores, cubrirá todas las prestaciones correspondientes a regímenes profesionales de seguridad social derivadas de períodos de trabajo a partir del 17 de mayo de 1990 y se aplicará retroactivamente hasta esa fecha, sin perjuicio de los trabajadores o sus derechohabientes que, antes de esa fecha, hubieren incoado una acción ante los tribunales o presentado una reclamación equivalente según el Derecho nacional. En ese caso, las medidas de aplicación se aplicarán retroactivamente hasta el 8 de abril de 1976 y cubrirán todas las prestaciones derivadas de períodos de trabajo después de esa fecha. Para los Estados miembros que se hayan adherido a la Comunidad después del 8 de abril de 1976 y antes del 17 de mayo de 1990, la fecha se sustituirá por la fecha en la que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 141 del Tratado.

2.   La segunda frase del apartado 1 no obsta a que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de Derecho interno se opongan a los trabajadores o sus derechohabientes que hubieren incoado una acción ante los tribunales en virtud del Derecho interno antes del 17 de mayo de 1990, a condición de que no sean menos favorables a dicho tipo de acción que a acciones semejantes de carácter nacional y no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho comunitario.

3.   Para los Estados miembros cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de mayo de 1990, y que a 1 de enero de 1994 fueran Partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la fecha de 17 de mayo de 1990 de la primera frase del apartado 1 se sustituirá por la de 1 de enero de 1994.

4.   Para otros Estados miembros, cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de mayo de 1990, la fecha de 17 de mayo de 1990 que figura en los apartados 1 y 2 se sustituirá por la fecha en la que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 141 del Tratado.

Artículo 13

Flexibilidad de la edad de jubilación

El hecho de que hombres y mujeres puedan exigir una edad de jubilación flexible según las mismas condiciones no deberá considerarse incompatible con el presente capítulo.

Capítulo 3

Igualdad de trato en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación profesional, a la promoción y a las condiciones de trabajo

Artículo 14

Prohibición de discriminación

1.   No se ejercerá ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo en los sectores público o privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:

2.   Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 15

Reintegración tras un permiso de maternidad

La mujer en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones que no le resulten menos favorables y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.

Artículo 16

Permiso de paternidad y de adopción

La presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros a reconocer derechos específicos al permiso de paternidad y/o de adopción. Los Estados miembros que reconozcan tales derechos tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores —hombres y mujeres— del despido motivado por el ejercicio de dichos derechos y garantizarán que, al término de dicho permiso, tengan derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en condiciones que no les resulten menos favorables, y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

TÍTULO III

DISPOSICIONES HORIZONTALES

Capítulo 1

Recursos y cumplimiento

SECCIÓN 1

RECURSOS

Artículo 17

Defensa de los derechos

1.   Los Estados miembros velarán por que, tras el posible recurso a otras autoridades competentes, incluidos, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, existan procedimientos judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo a la presente Directiva en favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiera, del principio de igualdad de trato, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se haya producido la discriminación.

2.   Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo establecido para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

3.   Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las normas nacionales en materia de plazos de interposición de recursos en relación con el principio de igualdad de trato.

Artículo 18

Indemnización o reparación

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas necesarias para garantizar la indemnización o la reparación, según determinen los Estados miembros, real y efectiva del perjuicio sufrido por una persona a causa de una discriminación por razón de su sexo, de manera disuasoria y proporcional al perjuicio sufrido. Dicha indemnización o reparación no podrá estar limitada por un tope máximo fijado a priori, excepto en los casos en que el empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como resultado de la discriminación en el sentido de la presente Directiva sea la negativa a tomar en consideración su solicitud de trabajo.

SECCIÓN 2

CARGA DE LA PRUEBA

Artículo 19

Carga de la prueba

1.   Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

2.   El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

3.   Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.

4.   Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán también:

5.   El presente artículo no se aplicará a los procesos penales, salvo que los Estados miembros así lo dispusieren.

Capítulo 2

Promoción de la igualdad de trato — Diálogo

Artículo 20

Organismos de fomento de la igualdad

1.   Cada Estado miembro designará uno o más organismos responsables de la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por razón de sexo, y adoptará en este sentido las disposiciones necesarias. Dichos organismos podrán formar parte de los órganos responsables nacionales de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos individuales.

2.   Los Estados miembros velarán por que entre las competencias de estos organismos figuren las siguientes:

Artículo 21

Diálogo social

1.   Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales, adoptarán las medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato, incluido, por ejemplo, mediante el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el lugar de trabajo, en materia de acceso al empleo, de formación profesional y de promoción, así como mediante el seguimiento de los convenios colectivos, los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

2.   Siempre que ello sea coherente con sus tradiciones y prácticas nacionales, los Estados miembros alentarán a los interlocutores sociales, sin perjuicio de su autonomía, a promover la igualdad entre hombres y mujeres, a fomentar normativas laborales flexibles con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida profesional y privada, y a celebrar, en el nivel adecuado, convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 1 que entren en el marco de la negociación colectiva. Dichos convenios respetarán las disposiciones de la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de desarrollo.

3.   Los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, alentarán a los empresarios a que fomenten la igualdad de trato de mujeres y hombres de forma planificada y sistemática en el lugar de trabajo, en materia de acceso al empleo, en la formación profesional y la promoción.

4.   A tal fin, deberá alentarse a los empresarios a presentar con una periodicidad adecuada a los empleados y/o a sus representantes información adecuada sobre la igualdad de trato de mujeres y hombres en la empresa.

Esta información podrá incluir un inventario sobre la proporción de hombres y mujeres en los diferentes niveles de la organización, los salarios y las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como posibles medidas para mejorar la situación, determinadas en cooperación con los representantes de los trabajadores.

Artículo 22

Diálogo con organizaciones no gubernamentales

Los Estados miembros fomentarán el diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales que tengan, con arreglo a las prácticas y a las legislaciones nacionales, un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por razón de sexo con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

Capítulo 3

Disposiciones horizontales generales

Artículo 23

Cumplimiento

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que:

Artículo 24

Victimización

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas que resulten necesarias para proteger a los trabajadores, incluidos los que sean representantes de los trabajadores según las leyes y/o prácticas nacionales, contra el despido o cualquier otro trato desfavorable del empresario como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Artículo 25

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones adoptadas a más tardar el 5 de octubre de 2005 y comunicarán lo antes posible cualesquiera modificaciones ulteriores.

Artículo 26

Prevención de la discriminación

Los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales, alentarán a los empresarios y a los responsables del acceso a la formación a adoptar medidas eficaces para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en el acceso al empleo, en la formación profesional y en la promoción.

Artículo 27

Exigencias mínimas

1.   Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables para la protección del principio de igualdad de trato que las establecidas en la presente Directiva.

2.   La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la reducción del nivel de protección de los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o administrativas diferentes de las existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuando se respeten las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 28

Relación con las disposiciones comunitarias y nacionales

1.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular referida al embarazo y la maternidad.

2.   La presente Directiva no afectará a lo dispuesto en la Directiva 96/34/CE y en la Directiva 92/85/CEE.

Artículo 29

Transversalidad de la perspectiva de género

Los Estados miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, en los ámbitos contemplados en la presente Directiva.

Artículo 30

Difusión de la información

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las disposiciones ya en vigor en la materia se pongan en conocimiento de todos los interesados por todos los medios apropiados, y, en su caso, en el lugar de trabajo.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

Informes

1.   A más tardar el ... (17), los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información necesaria con el fin de que esta pueda elaborar un informe, dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros notificarán cada cuatro años a la Comisión los textos de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 141, apartado 4, del Tratado, así como la información sobre estas medidas y su aplicación. Basándose en esa información, la Comisión aprobará y publicará cada cuatro años un informe en el que se establezca una evaluación comparativa de dichas medidas a la luz de la Declaración no 28 anexa al Acta final del Tratado de Amsterdam.

3.   Los Estados miembros procederán a un examen de las actividades profesionales indicadas en el artículo 14, apartado 2, con el fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está justificado mantener las exclusiones de que se trata. Deberán comunicar a la Comisión el resultado de tal examen periódicamente, pero como mínimo cada ocho años.

Artículo 32

Revisión

A más tardar el (18), la Comisión revisará el funcionamiento de la presente Directiva y, en su caso, propondrá las modificaciones que considere necesarias.

Artículo 33

Aplicación

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ... (19) o garantizarán que, a más tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan introducido las disposiciones requeridas mediante acuerdos. En caso de que resulte necesario para tener en cuenta dificultades específicas, los Estados miembros podrán disponer de un año adicional, como máximo, para cumplir la presente Directiva. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para poder garantizar los resultados que exige la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención.

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación sustancial en relación con las anteriores Directivas. La obligación de incorporar las disposiciones apenas modificadas se deriva de las anteriores Directivas.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 34

Derogación

1.   Con efecto a partir de ... (20), las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE quedarán derogadas sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en lo relativo a las fechas de incorporación a su Derecho interno y de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo I, parte B.

2.   Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 35

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 36

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

...

Por el Consejo

El Presidente

...

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(1)DO C 157 de 28.6.2005, p. 83.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 10 de marzo de 2006 y Posición del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)DO L 39 de 14.2.1976, p. 40. Directiva modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 5.10.2002, p. 15).

(4)DO L 225 de 12.8.1986, p. 40. Directiva modificada por la Directiva 96/97/CE (DO L 46 de 17.2.1997, p. 20).

(5)  Véase el anexo I, parte A.

(6)DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.

(7)DO L 14 de 20.1.1998, p. 6. Directiva modificada por la Directiva 98/52/CE (DO L 205 de 22.7.1998, p. 66).

(8)  Asunto 262/88, Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group (Rec. 1990, p. I-1889).

(9)  Asunto C-7/93, Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds/G. A. Beune (Rec. 1994, p. I-4471).

(10)  Asunto C-351/00, Pirkko Niemi (Rec. 2002, p. I-7007).

(11)  Protocolo 17 sobre el artículo 141 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (1992).

(12)DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.

(13)DO L 145 de 19.6.1996, p. 4. Directiva modificada por la Directiva 97/75/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 24).

(14)DO C 218 de 31.7.2000, p. 5.

(15)DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

(16)DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.

(17)  Cuatro años y medio después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(18)  Seis años y medio después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(19)  Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(20)  Tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

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ANEXO I

PARTE A

Directivas derogadas con sus sucesivas modificaciones

PARTE B

Lista de plazos de incorporación al Derecho nacional y fechas de aplicación

(contemplados en el artículo 34, apartado 1)

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ANEXO II

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

El 21 de abril de 2004, la Comisión presentó al Consejo, sobre la base del artículo 141, apartado 3, del Tratado, una propuesta de Directiva del Consejo relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 6 de julio de 2005 (primera lectura).

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 15 de diciembre de 2004.

La Comisión presentó una propuesta modificada el 26 de agosto de 2005.

El Consejo aprobó una Posición Común el 10 de marzo de 2006 de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado.

II.   OBJETIVO

Los objetivos principales de esta Directiva, que incorpora en un único instrumento siete Directivas (1) ya existentes relativas a la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato, consisten en promulgar una legislación comunitaria más legible y accesible, reducir la incertidumbre jurídica mediante la incorporación de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia y aumentar la claridad en la aplicación de las disposiciones horizontales de la Directiva 2002/73/CE.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1.   Observaciones generales

La Posición Común del Consejo se ha elaborado de conformidad con el procedimiento de refundición y se han señalado claramente las modificaciones textuales propuestas por la Comisión y las introducidas por el Consejo y por el Parlamento.

Cabe señalar que el acuerdo sobre la Posición Común se fraguó en negociaciones informales tripartitas, tras una serie de reuniones entre las Presidencias en ejercicio (Luxemburgo y Reino Unido), el ponente, los ponentes de la oposición y los correspondientes representantes de la Comisión. El 8 de diciembre de 2005, el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) alcanzó un acuerdo político sobre este texto y, como parte del acuerdo trasaccional con el Parlamento, tanto el Consejo como la Comisión presentaron declaraciones sobre el permiso parental para el acta del Consejo (2).

2.   Las enmiendas del Parlamento Europeo

En su primera lectura del 6 de julio de 2005, el Parlamento Europeo adoptó 93 enmiendas.

2.1.   Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por el Consejo

En su Posición Común, el Consejo tomó en consideración 74 enmiendas, de las cuales:

2.2.   Enmiendas del Parlamento Europeo que no aceptó el Consejo

El Consejo no aceptó 14 enmiendas por los motivos que expone la Comisión en su propuesta modificada (enmiendas 1, 100, 3, 12, 13, 29, 30, 53, 54, 57, 36, 77, 84 y 86). Asimismo, el Consejo no pudo aceptar otras 5 enmiendas por motivos técnicos o de redacción:

3.   Otras modificaciones realizadas por el Consejo

El Consejo realizó otra serie de modificaciones, fundamentalmente técnicas, al aprobar su Posición Común, que se pueden resumir como sigue:

Cabe señalar, asimismo, que se introdujo otra serie de correcciones técnicas en el texto final durante el procedimiento jurídico-lingüístico normal entre ambas instituciones. Se trata principalmente de la inclusión del artículo 3 en las disposiciones horizontales del título 1, respondiendo a la intención tanto del Parlamento como del Consejo; el ajuste de la fecha del artículo 25 con la incorporación inicial al ordenamiento nacional o plazos de notificación como se prevé en los artículos 11 y 12; y el ajuste del plazo contemplado en el artículo 34 (Derogación) con las fechas de transposición contempladas en el artículo 33 para la incorporación al Derecho interno.

IV.   CONCLUSIÓN

El Consejo considera que, en su conjunto, la Posición Común está en consonancia con los objetivos fundamentales de la propuesta modificada de la Comisión. El Consejo considera asimismo que, siempre que los límites del procedimiento de refundición lo han permitido, se han tenido en cuenta los objetivos principales perseguidos por el Parlamento Europeo en sus enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión.

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(1)  Dichas Directivas son las siguientes: Directiva 75/117/CEE (igualdad de retribución); Directiva 86/378/CEE, modificada por la Directiva 96/97/CE (igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social); Directiva 76/207/CEE, modificada por la Directiva 2002/73/CE (igualdad de trato entre hombres y mujeres), y Directiva 97/80/CE, modificada por la Directiva 98/52/CE (carga de la prueba).

(2)  Doc. 14878/05.

(3)DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

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