Número Identificador

SEN2024______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI-ESPECIAL

FEDERACIÓN DE 

EMPLEADOS 

GERENCIALES DE LA 

CORPORACIÓN DEL 

FONDO DEL SEGURO DEL 

ESTADO, representada por 

su presidente, Juan Osorio 

Flores, en representación 

de todos sus miembros y de 

sus miembros individuales; 

MARÍA DE LA CRUZ 

OLIVERAS DÍAZ; LILLIAN 

SÁNCHEZ ROMÁN y FÉLIX 

RODRÍGUEZ MERCADO

Apelantes

v.

CORPORACIÓN DEL 

FONDO DEL SEGURO DEL 

ESTADO, por conducto de 

su Administrador, Jesús M. 

Rodríguez Rosa

Apelado

KLAN202300220

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón

Caso Núm.:

SJ2022CV08617

Sobre:

Interdicto Preliminar 

y Permanente; 

Sentencia 

Declaratoria

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, jueza ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2024.

Comparece la Federación de Empleados Gerenciales de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, parte 

apelante y/o Federación), representada por su presidente el señor 

Juan Osorio Flores, en representación de todos sus miembros y de 

sus miembros individuales: las señoras María de la Cruz Oliveras 

Díaz y Lillian Sánchez Román, y el señor Félix Rodríguez Mercado, 

mediante un recurso de Apelación, para solicitarnos la revisión de 

la Sentencia emitida y notificada el 10 de febrero de 2023, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en 
KLAN202300220 2

adelante, TPI), mediante la cual desestimó la Demanda incoada, con 

perjuicio.

1

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.

I

El 3 de octubre de 2022, la Federación presentó una Demanda

sobre interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria 

contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, 

parte apelada y/o CFSE), al amparo del Artículo 676 del Código de 

Enjuiciamiento Civil y de las Reglas 57.2 y 59.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.

2 La Federación es una organización bonafide

que representa a empleados gerenciales de carrera de la CFSE al 

amparo de la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960.3

Se esbozó que, el 3 de agosto de 2020, se aprobó la Ley del 

Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros 

Servidores Públicos (en adelante, Ley Núm. 80-2020), a los fines de 

establecer un Programa de Retiro Incentivado (en adelante, 

Programa) mediante el cual ciertos empleados elegibles del Gobierno 

de Puerto Rico (en adelante, Gobierno) pudieran, voluntariamente, 

separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de 

retiro.4 Adujo que, la Junta de Supervisión y Administración 

Financiera para Puerto Rico (en adelante, JSF) indicó que permitiría 

la implementación parcial del Programa, con respecto aquellos 

empleados cuyos puestos se consideraban no esenciales para la 

continuación de servicios a la ciudadanía, y que, por consiguiente,

podrían ser eliminados para lograr los ahorros necesarios. En 

consecuencia, la JSF requirió al Gobierno designar los puestos de 

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 188-203.

2 Id., a las págs. 1-25; 32 LPRA § 3422, Art. 676; 32 LPRA Ap. V, R. 57.2 y R. 59.1.

3 Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociaciones, Federaciones, o 

Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 19 de 

julio de 1960, según enmendada, 3 LPRA § 702 Inciso (a) et seq.

4 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
KLAN202300220 3

los empleados no esenciales participantes del Programa, así como 

los puestos eliminados propuestos, y certificar que las agencias e 

instrumentalidades gubernamentales serían capaces de mantener 

servicios públicos adecuados después de la eliminación permanente 

de los mismos.

La Federación también expuso que el Gobierno acordó que 

notificaría a los empleados que ocupan los puestos que se acordó 

eliminar antes del 28 de julio de 2022, de que sus puestos serían 

eliminados permanentemente, conforme a su elección previa de 

retiro temprano, a menos que optaran por no participar en o antes 

del 11 de agosto de 2022. Adujo que, dicha determinación permitiría 

a unos 1,700 empleados no esenciales de la Rama Ejecutiva que 

cotizaron al retiro bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 y la 

Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, pudieran retirarse con el 

cincuenta por ciento (50%) de su salario.5 A esos efectos, alegó que,

a inicios del mes de agosto del año 2022, la CFSE envió cartas a 

varios empleados mediante las cuales les notificaron que cumplían

con los requisitos para acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 80-

2020.6 Sin embargo, alegó que, a la mayoría de los empleados que 

llenaron el Formulario de Elección Programa de Retiro Incentivado, no 

se les había informado el resultado de la evaluación. Entre dichos 

empleados se encuentran los apelantes, las señoras María de la Cruz 

Oliveras Díaz y Lillian Sánchez Román, y el señor Félix Rodríguez 

Mercado.

Como remedio, en la Demanda se solicitó: (i) que se informara 

a los empleados sobre la aprobación o denegación de su solicitud de 

acogerse a la Ley Núm. 80-2020,

7 con expresión de los términos y el 

5 Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 LPRA § 

761 et seq; Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus 

Instrumentalidades – Enmiendas, Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990.

6 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

7 Id.
KLAN202300220 4

foro correspondiente para solicitar revisión; y, (ii) que se proveyera

a la parte apelante información sobre lo siguiente: (a) el 

procedimiento interno y/o criterios utilizados por la CFSE para 

definir lo que se consideran servicios públicos esenciales para los 

fines de la Ley Núm. 80-2020,

8 (b) una lista de los puestos 

eliminados propuestos por la CFSE y sometida a la JSF, (c) una lista 

de los puestos que la CFSE determinó que no eran esenciales y que 

cualificaban para los fines de la Ley Núm. 80-2020,

9 y (d) una lista 

con nombre, puesto y región de los empleados a los cuales la CFSE 

les notificó que cualificaban para los fines de la Ley Núm. 80-2020.10 

La Federación solicitó, además, una suma por concepto de gastos y 

honorarios de abogado.

El 18 de octubre de 2022, se celebró la Vista de Interdicto 

Preliminar, en la cual se determinó que la sentencia declaratoria se 

ventilaría por la vía ordinaria.11

Por su parte, el 20 de octubre de 2022, la CFSE presentó 

Oposición a Expedición de Interdicto Preliminar y Permanente; 

Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.

12 Fundamentó 

su oposición en el Artículo 678 (3) del Código de Enjuiciamiento 

Civil.13 En primer lugar, esbozó que si la Federación quería 

participar de la decisión, lo que hubiese correspondido era intervenir 

oportunamente en el procedimiento adversativo que se celebró ante 

el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico (en adelante, Tribunal de Distrito Federal). Dicho

procedimiento adversativo se refiere a que, el 20 de diciembre de 

2021, la JSF radicó ante el Tribunal de Distrito Federal una solicitud 

para que se determinara que la Puerto Rico Oversight, Management, 

8 Id.

9 Id.

10 Id.

11 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 190.

12 Id., a las págs. 26-161.

13 32 LPRA § 3424, Art. 678 (3).
KLAN202300220 5

and Economic Stability Act (por sus siglas en inglés, PROMESA) 

prevalecía sobre la Ley Núm. 80-2020,

14 así como, sobre la 

Resolución Conjunta Núm. 33-202115, entre otras, y que tales 

medidas resultaban incompatibles con el Plan Fiscal. Adujo que no 

podía obviar dicho trámite, instando un pleito tardíamente en el foro 

local para atacar de forma colateral una determinación acordada 

mediante estipulación federal (en adelante, la Estipulación).

16

Esbozó, además, que la adjudicación de la controversia ante el foro 

local constituiría una opinión consultiva. También, alegó que el foro 

local carecía de jurisdicción sobre la materia sobre la Estipulación y 

orden emitida por el Tribunal de Distrito Federal, respecto a los 

empleados específicos que se acordó formarían parte del Listado de 

Puestos Eliminados Propuestos.

En segundo lugar, explicó que el Listado de Puestos 

Eliminados Propuestos fue un acuerdo entre la JSF y el Gobierno. A 

base de lo anterior, alegó que los empleados públicos sobre los 

cuales se determinó que no formarían parte del Listado, no tenían 

derecho a solicitar una revisión administrativa. Adujo que, de existir 

algún reclamo, el foro con jurisdicción era el Tribunal de Distrito 

Federal por ser el ente con jurisdicción sobre la Estipulación. En 

tercer lugar, recalcó que, el 28 de diciembre de 2021, se presentó 

ante el Tribunal de Distrito Federal una Estipulación, mediante la 

cual se invalidaron las disposiciones de la Ley Núm. 80-2020,17

excepto lo acordado en la Estipulación. A la luz de lo anterior, 

alegaron que cualquier derecho reclamado al amparo de la Ley Núm. 

14 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

15 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa 

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33 

de 15 de diciembre de 2021.

16 Stipulation and Order Resolving Oversight Board Complaint Dated December

20, 2021, Concerning Acts 80-2020, 81-2020, and 82-2020 and Joint Resolution 

33-2021, October 20, 2022.

17 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
KLAN202300220 6

80-2020,

18 que sea contraria a lo dispuesto en la Estipulación es 

inexistente.

En cuarto lugar, argumentó que la Carta Circular de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de 

Gobierno y la Judicatura (en adelante, ASR) Núm. 2023-01, solo 

requería que la CFSE notificara a sus empleados elegibles el 

Comunicado Oficial de Implementación Parcial del Programa de Retiro 

Incentivado.

19 A tales efectos, solicitó la desestimación de la 

Demanda al amparo de la Regla 10.2 (5) de las Reglas de 

Procedimiento Civil por falta de un remedio en ley.20 Por su parte, 

alegó que, debido a que la JSF, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

(en adelante, OGP) y la ASR formaron parte de la determinación, 

constituyen partes sin cuya presencia no podría adjudicarse la 

controversia. A raíz de ello, solicitó la desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (6) de las Reglas de Procedimiento Civil por falta de parte 

indispensable.21

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, la Federación 

presentó una Réplica a Oposición a Expedic[i]ón del Interdicto 

Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria y Solicitud de 

Desestimación.

22 Esbozó que, su petición es un interdicto para que 

se cumpla con la notificación de la determinación final de la agencia 

que requiere el debido proceso de ley, toda vez que, no hacerlo les 

ocasiona daños. Advirtieron que, fue la CFSE quien presentó el 

Listado de Puestos Eliminados Propuestos elegibles bajo la Ley Núm. 

80-2020 a la JSF.23 Añadió que, en la Demanda se hicieron 

alegaciones conducentes a que existen empleados con puestos y/o 

18 Id.

19 Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico & Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, Carta Circular Núm. 2023-01, 22 de julio de 2022.

20 32 LPRA Ap. V., R. 10.2 (5).

21 32 LPRA Ap. V., R. 10.2 (6).

22 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 162-170.

23 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.
KLAN202300220 7

funciones similares que sí fueron notificados sobre que cualificaban. 

Respecto a la alegación de parte indispensable por parte de la CFSE, 

adujo que, ni la OGP, ASR ni la JSF lo son, ya que a quien 

corresponde el remedio solicitado es a la CFSE. Explicó que, 

conforme al Artículo 9 de la Ley Núm. 80-2020, le correspondía a la 

CFSE establecer mediante un procedimiento interno en su Plan de 

Retiro los criterios para definir lo que se consideran servicios 

públicos esenciales.24 En lo concerniente a su solicitud de que se le 

entregara el Listado de los Puestos Eliminados Propuestos y la lista 

de los puestos que se determinó que no son esenciales, y que por 

tanto, cualifican bajo la Ley Núm. 80-2020,

25 esbozó que ninguna 

contiene información confidencial. En cuanto a su solicitud sobre 

que se les entregara una lista con nombre, puesto y región de los 

empleados a los cuales se les notificó que cualificaban, indicó que 

tampoco es información confidencial, pero que, si existían reparos,

se podía entregar sin los nombres de los empleados.

Siguiendo el mismo curso de acción, el 10 de noviembre de 

2022, la CFSE presentó una R[é]plica a Oposición a Expedición del 

Interdicto Preliminar y Permanente; Sentencia Declaratoria y Solicitud 

de Desestimación.

26 Expresó que, la Federación venía obligada a 

demostrar su interés propietario para entonces activar su derecho a 

las garantías procesales del debido proceso de ley. Luego, el 18 de 

noviembre de 2022, la Federación presentó una Oposición a Réplica 

a Oposición a Expedic[i]ón del Interdicto Preliminar y Permanente; 

Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.

27

El 10 de febrero de 2023, el foro primario emitió la Sentencia

apelada, en la cual desestimó con perjuicio la Demanda presentada 

24 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, Art. 9 3 LPRA § 10019.

25 Id., 3 LPRA § 10011 et seq.

26 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 171-178.

27 Id., a las págs. 179-187.
KLAN202300220 8

por la Federación.

28 El foro primario concluyó que no contaba con 

jurisdicción para entender en la controversia por versar sobre la 

implementación, interpretación o cuestionamientos jurídicos de los 

planes de retiro incentivados de las leyes mencionadas en cuestión. 

Además, concluyó que faltaba parte indispensable en atención a que 

la JSF no era parte en el pleito. Mediante la misma, desestimó con 

perjuicio, la Demanda presentada por la Federación. En su 

dictamen, el foro primario expresó:

Evaluadas las mociones presentadas y adoptados por 

referencia los fundamentos antes expuestos, 

haciéndolos formar parte integral de la presente 

Sentencia, se declara Ha Lugar la Oposición a 

Expedición de Interdicto Preliminar y Permanente: 

Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación, 

presentada por la parte demandada, Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado, el 20 de octubre de 2022. 

El Tribunal desestima con perjuicio la Demanda, ya 

que falta parte indispensable. La Junta de Control 

Fiscal y la Jueza Laura Taylor Swain ostentan 

jurisdicción exclusiva sobre la materia de cualquier 

controversia relacionada a la implementación, 

interpretación o cuestionamiento jurídico de los planes 

de retiro incentivados, establecidos en las Leyes 80, 81 

y 82, según se determinó de manera específica en su 

resolución. (Énfasis en el original).

Inconforme, 13 de marzo de 2023, la Federación presentó 

recurso de Apelación en el cual esgrimió la comisión de tres (3) 

errores por el TPI, a saber:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL RESOLVER QUE LA JUNTA DE 

CONTROL FISCAL Y LA JUEZA LAURA TAYLOR SWAIN 

OSTENTAN JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LA 

MATERIA DE CUALQUIER CONTROVERSIA 

RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN, 

INTERPRETACIÓN O CUESTIONAMIENTO JURÍDICO 

DE LOS PLANES DE RETIRO INCENTIVADOS, 

ESTABLECIDOS EN LAS LEYES 80, 81 Y 82.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO LA 

DEMANDA POR FALTA DE PARTE INDISPENSABLE.

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ATENDER LA SOLICITUD DE 

DOCUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.

28 Id., a las págs. 188-203.
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El 12 de abril de 2023, la CFSE, por conducto de su 

Administrador, Jesús M. Rodríguez Rosa presentó el Alegato de la 

Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procederemos a resolver.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil29, dispone que los 

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un 

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no 

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es 

insubsanable.30 La correcta notificación de una sentencia es una 

característica imprescindible del debido proceso judicial.31 Como 

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este 

Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte

en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 

presentando un escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de sesenta días, contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. 32

B. Jurisdicción Sobre la Materia y Desestimación

Es norma reiterada que los asuntos relacionados con la 

jurisdicción del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con 

29 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

30 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998); Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

31 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).

32 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).
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prioridad.33 Les corresponde a los tribunales ser celosos guardianes 

de su jurisdicción ya que no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tienen.

34 Como sabemos, la jurisdicción es 

el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y 

decidir casos o controversias presentadas ante su consideración.

35

Al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal por alguna de las

partes o, incluso, cuando no haya sido planteado por éstas, el foro 

examinará y evaluará con rigurosidad el asunto jurisdiccional como 

parte de su deber ministerial, pues éste incide directamente sobre 

el poder mismo para adjudicar una controversia.36 Para que el 

tribunal pueda atender y adjudicar un caso debe tener jurisdicción 

sobre la materia. La jurisdicción sobre la materia se refiere a la 

capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia 

sobre un aspecto legal. Se ha señalado que: 

[La] ausencia de jurisdicción sobre la materia trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como 

tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales 

el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 

(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del 

procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio.37

Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal 

carece de autoridad y poder para entender en el asunto.38 De ese 

modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y 

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la 

33 Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 268 (2018). 

34 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); S.L.G. SzendreyRamos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. 

CLE, 196 DPR 289, 296 (2016).

35 AAA v. UIA, 199 DPR 638, 651-52 (2018).

36 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 

37 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).

38 Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012).
KLAN202300220 11

controversia.39 Así lo expone la Regla 10.8(c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil40, que establece: 

[. . .] 

(c) Siempre que surja, por indicación de las partes o de 

algún otro modo, que el tribunal carece de jurisdicción 

sobre la materia, éste desestimará el pleito. 

Esto significa que al amparo de la Regla 10.8(c) los tribunales 

locales deben desestimar una acción civil cuando surge la falta de 

jurisdicción sobre la materia ante el foro aludido.41

Ahora bien, las cortes estatales pueden ejercer jurisdicción 

concurrente sobre litigios basados en la Constitución, las leyes y los 

tratados de Estados Unidos, excepto cuando tal jurisdicción es, 

expresa o implícitamente, exclusiva de las cortes federales.42 Esto 

debido a que la jurisdicción federal exclusiva representa la 

excepción y no la regla.43 Por consiguiente, se presume la 

jurisdicción concurrente en ausencia de expresión contraria por el 

Congreso o condición necesariamente implícita.44

C. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil regula la presentación de 

defensas y objeciones a una reclamación judicial.45 La moción de 

desestimación al amparo de esta regla es una defensa especial que 

formula el demandado en la que solicita que se desestime la 

demanda presentada en su contra, aun sin necesidad de formular 

una alegación previa.46 El tribunal interpretará las alegaciones de la 

demanda conjuntamente, de forma liberal y de la manera más 

39 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.

40 32 LPRA Ap. V, R.10.8 (c).

41 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. 

42 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 259 (1982); Claflin v. 

Houseman, Assignee, 93 U.S. 130, 136 (1876).

43 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502, 

507-508 (1962).

44 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Note, State Enforcement of Federally 

Created Rights, 73 Harv. L. Rev. 1551 (1960).

45 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

46 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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favorable posible a la parte demandante para determinar si la misma 

es suficiente para constituir una reclamación válida.47

La regla establece que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

[...]48

Ahora bien, cuando se plantea la desestimación por falta de 

jurisdicción sobre la materia, es necesario determinar si, tomando 

como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción 

para atender el reclamo.49

III

Tenemos ante nuestra consideración un recurso de Apelación

presentado por la Federación para que se revise la Sentencia emitida 

por el foro primario mediante la cual desestimó la Demanda con 

perjuicio, luego de concluir que no contaba con jurisdicción sobre la 

materia para entender sobre la misma, y disponiendo que es el 

Tribunal de Distrito Federal quien la ostenta, así como que faltaba 

parte indispensable. Como parte de su determinación, el TPI declaró

Ha Lugar la Oposición a Expedición de Interdicto Preliminar y 

Permanente, Sentencia Declaratoria y Solicitud de Desestimación.

En el recurso, la Federación esgrimió tres (3) errores los cuales 

versan sobre si erró el TPI: (i) al desestimar la Demanda con 

perjuicio, por falta de parte indispensable; (ii) al resolver que la JSF 

y la jueza Laura Taylor Swain ostentan jurisdicción exclusiva sobre 

la materia; y, (iii) al no atender la solicitud de documentos de la parte 

apelante. Puntualizamos que, nos encontramos ante la revisión de 

47 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Pressure Vessels PR v. 

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 

48 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (1).

49 Colón Rivera et. al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Harguindey Ferrer v. 

U.I., 148 DPR 13, 30 (1999).
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una Sentencia desestimatoria al amparo de la Regla 10.2 (1) de las 

de Procedimiento Civil.50 

Acentuamos que, los asuntos relacionados con la jurisdicción 

del Tribunal son privilegiados y deben atenderse con prioridad.51

Consecuentemente, al cuestionarse la jurisdicción de un tribunal 

por alguna de las partes o, incluso, cuando no haya sido planteado 

por éstas, el foro examinará y evaluará con rigurosidad el asunto 

jurisdiccional como parte de su deber ministerial, pues éste incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia.52 Ahora bien, debemos recordar que la jurisdicción 

sobre la materia se refiere a la capacidad del tribunal para atender 

y resolver una controversia sobre un aspecto legal. Así, pues, si el 

tribunal no tiene jurisdicción, solo resta declararlo así y desestimar 

la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia al amparo 

de la Regla 10.8 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil.

53 A la luz 

de lo anterior, la ausencia de jurisdicción sobre la materia impone a 

los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 

de donde procede el recurso.54 Señalamos que, las cortes estatales 

pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre litigios basados en la 

Constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos, excepto 

cuando tal jurisdicción es, expresa o implícitamente, exclusiva de 

las cortes federales.55

La controversia principal que, como cuestión de umbral, este 

Tribunal debe determinar, es si fue un error desestimar la acción 

instada por la Federación por falta de jurisdicción sobre la materia. 

50 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (1).

51 Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra. 

52 Id. 

53 32 LPRA Ap. V, R. 10.8 (c); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Torres Alvarado v. Madera 

Atiles, Id.; Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., Id.; González v. Mayagüez Resort & 

Casino, supra.

54 González v. Mayagüez Resort & Casino, Id.

55 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, Id.; Claflin v. Houseman, Assignee, supra.
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Dicha controversia se encuentra enmarcada en el primer error 

esgrimido en el recurso de Apelación. Elaboramos.

Tras examinar la Sentencia apelada, vemos que el foro 

primario dispuso que la JSF es una parte indispensable en el 

presente caso, ya que conforme a la Ley PROMESA esta es el ente 

regulador de cualquier controversia que surja, al amparo de la 

Quiebra de Puerto Rico. Pero, más aún, dispuso que es el Tribunal 

de Quiebras quien tiene la jurisdicción original y exclusiva sobre 

todos los casos dispuestos bajo la referida Ley. Lo anterior, tras 

concluir que es el referido foro el que tiene la jurisdicción exclusiva 

para entender en controversias relacionadas a la Leyes Núm. 80, 81 

y 82,56 según determinado por voz de la jueza Laura Taylor Swain.

En resumidas cuentas, el foro primario razonó que no tiene 

jurisdicción sobre la materia para entender en la acción instada.

Por ser los asuntos jurisdiccionales cuestiones privilegiadas,

comenzaremos por determinar, específicamente, si se equivocó el 

foro primario al desestimar la causa de acción instada por la 

Federación, por falta de jurisdicción sobre la materia.

En específico, nos compete dirimir si el TPI tenía facultad para 

intervenir en la controversia esgrimida por la parte apelante o si el 

campo ha sido ocupado por virtud del proceso seguido en el foro 

federal, según instrumentalizado por el Public Law 114-187, de 

2020 de junio de 201657, conocido como PROMESA. Es de ver, que 

PROMESA provee un enfoque integral a los problemas y ajustes 

fiscales, de gestión y estructurales en el que no se exime a ninguna 

56 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq; Ley para 

Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los 

Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de 

Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, 

comúnmente conocidos como Paramédicos, del Negociado del Cuerpo de 

Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, 

incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias; Ley Núm. 

81 de 3 de Agosto de 2020, 3 LPRA § 787c nota, Suplemento 2020 et seq; Ley Para

enmendar el Artículo 2.11 de la Ley Núm. 26 de 2017, Ley de Cumplimiento con 

el Plan Fiscal, Ley Núm. 82 de 3 de agosto de 2020.

57 48 USCA secs. 2101 et seq.
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parte del Gobierno, y que involucra una supervisión independiente 

y una autoridad estatutaria federal para que el Gobierno 

reestructure las deudas en un proceso justo y ordenado.58 Predicado 

en ello, una de las responsabilidades delegadas a la JSF fue la de 

desarrollar planes fiscales para el Gobierno y sus 

instrumentalidades, con el propósito de proveer un método de 

responsabilidad fiscal y acceso al mercado de capital.59

Debemos reiterar que, por virtud del proceso autorizado por 

PROMESA, el 20 de diciembre de 2021, la JSF inició un 

procedimiento adversativo ante el Tribunal de Distrito Federal, 

mostrando reservas con la implementación de la Ley Núm. 80-

202060 y de la Resolución Conjunta Núm. 33-202161, debido a que 

su aplicación resultaba incompatible con el Plan Fiscal. Como 

resultado del proceso, en el cual participó el Gobierno, las partes 

acordaron y el aludido foro federal aprobó, la Estipulación que fue 

presentada el 28 de diciembre de 2021. Como parte de la 

Estipulación, se determinó que dicho foro federal permanece con la 

jurisdicción exclusiva para atender todo asunto relativo a esta, 

según los poderes que así se reconocen por la ley PROMESA, de 

modo que, el TPI estaba impedido de actuar sobre los 

planteamientos alzados relativos a la aplicación de la Ley Núm. 80-

2020.62

Merece reseñar que, previo a la radicación de la acción de 

autos ante el TPI, el 3 de agosto de 2020, se aprobó la Ley Núm. 80-

2020.

63 La finalidad de la precitada legislación fue a los fines de 

establecer un Programa mediante el cual ciertos empleados elegibles 

58 48 USC sec. 2194(m)(4).

59 In re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. for Puerto Rico, 32 F.4th 67,74 (1st Cir. 2022).

60 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

61 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa 

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33 

de 15 de diciembre de 2021.

62 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

63 Id.
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del Gobierno pudiesen, voluntariamente, separarse de forma 

incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.64

Por su parte, el propósito de la Resolución Conjunta para 

Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa de Retiro 

Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020 (Resolución Conjunta Núm. 

33-2021) era ordenar que la OGP y a la ASR tomaran todas las 

medidas necesarias y requirieran a las agencias, corporaciones 

públicas y municipios elegibles las acciones correspondientes para 

implantar el Programa, creado bajo la Ley Núm. 80–2020, en cuanto 

a los empleados no esenciales ya identificados en cada entidad.65

No obstante, mediante la antes aludida Estipulación, se 

invalidaron las disposiciones de la Ley Núm. 80-2020,66 excepto lo 

acordado en esta. En dicha Estipulación, en lo atinente, se acordó lo 

siguiente:

5. No party hereto shall take any acts inconsistent with 

this agreement. 

6. This is the entire agreement among the parties in 

respect of its subject matter and all oral statements and 

acts are merged herein. 

7. This agreement may only be amended by a writing 

signed by the party to be charged and approved by the 

Title III Court. 

8. No party releases any claims except as expressly set

forth herein.

9. The Title III Court shall retain subject matter 

jurisdiction to enforce this agreement. (Énfasis 

suplido).

67

Nótese que, entre las estipulaciones autorizadas por el 

referido Tribunal, se dispuso que, de existir algún reclamo, el foro 

con jurisdicción era el Tribunal de Distrito Federal. Lo anterior, 

por ser el ente con jurisdicción sobre la Estipulación. Luego de 

autorizada la Estipulación, se creó la Carta Circular Núm. 2023-01

64 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

65 Resolución Conjunta para Ordenar a la OGP y a la ASR Implantar el Programa 

de Retiro Incentivado Creado Bajo la Ley 80–2020, Resolución Conjunta Núm. 33 

de 15 de diciembre de 2021.

66 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores 

Públicos, Ley Núm. 80 de 3 de agosto de 2020, 3 LPRA § 10011 et seq.

67 Stipulation and Order Resolving Oversight Board Complaint Dated December 

20, 2021, Concerning Acts 80-2020, 81-2020, and 82-2020 and Joint Resolution 

33-2021, October 20, 2022.
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de la ASR en conjunto con la Carta Circular Núm. 0006-2022 de la 

OGP.

68 La Carta Circular abordaba la primera fase de 

implementación parcial del Programa de la Ley Núm. 80-2020 para 

empleados que ocuparan puestos identificados por las agencias 

como no esenciales, conforme a acuerdo entre el Gobierno y la JSF.

Entre los objetivos se encontraba establecer las directrices 

necesarias para que las agencias y entidades gubernamentales 

elegibles les notificaran a aquellos empleados que ocuparan puestos 

catalogados como no esenciales, que se disponían a eliminar tales

puestos, conforme a la elección previa del empleado de acogerse al 

Programa bajo la Ley Núm. 80-2020, a excepción de que tales 

empleados decidieran retractarse de participar en el referido 

Programa.

Ahora bien, independientemente de lo anterior, es claro que 

una lectura integral de la Estipulación entre la JSF y el Gobierno 

revela que quién único tiene autoridad para entender en asuntos 

relacionados a la Estipulación es el Tribunal de Distrito Federal y 

no el foro apelado. Existe jurisdicción exclusiva del Gobierno federal

sobre los asuntos de derecho federal cuando el Congreso dispone 

expresamente para ello o cuando la intención clara de la ley es privar 

a los tribunales estatales de la autoridad sobre ese asunto 

federal.69 Es menester señalar que, que la jurisdicción federal 

exclusiva representa la excepción y no la regla.70

En fin, luego de haber juzgado que el foro primario no incidió 

al desestimar la causa de acción por falta de jurisdicción sobre la 

materia, por estar el campo ocupado por el foro federal, se hace 

innecesario revisar los demás señalamientos de error. Lo anterior ya 

que, conforme a lo dispuesto por el Alto Foro, ante la ausencia de 

68 Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico & Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, Carta Circular Núm. 2023-01, 22 de julio de 2022.

69 González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, 856; Rodríguez v. Overseas 

Military, 160 DPR 270, 277–278 (2003).

70 Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra; Dowd Box Co. v. Courtney, supra.
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jurisdicción sobre la materia, un tribunal sólo puede desestimar el 

asunto ante sí; nada más.71 Entiéndase, cuando la desestimación se 

basa en la jurisdicción exclusiva de otro foro, precisamente es ese 

otro foro el que está llamado a dilucidar la controversia; ya que la 

adjudicación no puede ser válidamente hecha por un foro sin 

jurisdicción.72 Por último, reiteramos que, un tribunal no puede 

asumir jurisdicción donde no la tiene.73 Una sentencia que es 

dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia nula en 

derecho y, por lo tanto, inexistente.

74

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia

apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones

71 González v. Mayagüez Resort & Casino, Id., 864.

72 Id.

73 Id., 864-865; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 364 (2005); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).

74 Szendrey-Ramos v. F. Castillo, Id.