Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

XIOMARA SANTANA MORA

Recurrente

v.

FREDDIE L. GARY

Recurrido

KLRA202300626

Revisión 

procedente de la 

Administración 

para el Sustento 

de Menores

Caso Núm.: 

0604604

Sobre: Filiación 

y Alimentos

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el 

Juez Pagán Ocasio y el Juez Marrero Guerrero.

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2024.

I.

El 6 de diciembre de 2023, la señora Xiomara Santana Mora 

(señora Santana Mora o recurrente) presentó una Revisión de 

decisión administrativa en la que solicitó que revoquemos una Orden

emitida por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME

o agencia administrativa) el 26 de septiembre de 2023, notificada y 

archivada en autos ese mismo día.1 En el dictamen, la ASUME 

declaró No Ha Lugar una petición de la señora Santana Mora para

que la agencia administrativa no requiriera someter al señor Freddie 

L. Gary (señor Gary o recurrido) a pruebas de paternidad en la 

reclamación de filiación y alimentos que la recurrente promueve en 

contra de este último. En cambio, la recurrente pidió que la agencia 

administrativa resolviera que el señor Gary es el padre de la menor

en cuyo beneficio radicó la acción, independientemente del 

1 Apéndice de la Revisión de decisión administrativa, Anejo 4, págs. 8-10.
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resultado de dichas pruebas. La solicitud, a su vez, se basó en que 

el señor Gary reconoció voluntariamente la paternidad en un 

contrato suscrito por las partes.

El 11 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la 

que le concedimos al señor Gary hasta el 8 de enero de 2024 para 

presentar su alegato.

El 8 de enero de 2024, el señor Gary radicó una Moción de 

desestimación a recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción al amparo de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones en la que solicitó la desestimación del 

recurso porque la determinación recurrida era una orden 

interlocutoria y, por esa razón, esta Curia carecía de jurisdicción 

para revisarla, en esa etapa de los procedimientos.

El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que 

expresamos que la moción de desestimación sería adjudicada 

oportunamente y le ordenamos al recurrido presentar su postura en 

cuanto al recurso en o antes del 18 de enero de 2024.

El 11 de enero de 2024, el señor Gary presentó una Moción de 

reconsideración a la Resolución del 9 de enero de 2024 & Moción de 

desestimación supletoria en la que esbozó algunos asuntos 

jurisdiccionales adicionales que, a su entender, justificaban la 

desestimación del recurso.

El 16 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que 

concedimos sendos términos: (1) a la señora Santana Mora hasta el 

23 de enero de 2024 para expresar su postura sobre la moción de 

reconsideración del recurrido; y (2) al señor Gary hasta el 29 de

enero de 2024 para que presentara su postura sobre los méritos del 

recurso.
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El 22 de enero de 2024, la señora Santana Mora radicó una 

Moción en oposición a solicitud de desestimación en la que solicitó 

que declaremos No Ha Lugar la moción del recurrido.

El 29 de enero de 2024, el señor Gary presentó un alegato en 

oposición al recurso en el que reiteró su planteamiento de falta de 

jurisdicción de esta Curia y argumentó, en sus méritos, en contra 

de los errores señalados por la señora Santana Mora.

Cumplidas nuestras Resoluciones estamos en posición de 

resolver y procedemos de conformidad. Por lo cual, 

pormenorizaremos los hechos procesales atinentes al presente 

recurso.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 26 de enero de 2023 

cuando la señora Santana Mora radicó una solicitud de filiación y 

pensión alimentaria ante la ASUME en beneficio de una menor que, 

según alegó, era hija de las partes. En respuesta, el señor Gary negó 

ser el padre de la menor. 

El 6 de septiembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en 

la que, entre otras cosas, consignó que se realizaban gestiones ante 

un laboratorio contratado por la agencia administrativa para que las 

partes se sometieran a pruebas genéticas de paternidad, en 

conformidad con las exigencias del Reglamento del Procedimiento 

Administrativo Expedito de la ASUME, Reglamento Núm. 7583 de 

10 de octubre de 2008 (Reglamento Núm. 7583) cuando no existe 

un reconocimiento voluntario de paternidad por el presunto padre.

2

El 25 de septiembre de 2023, la recurrente presentó una 

Moción informando contrato de inseminación suscrito por demandado 

en el que arguyó que las pruebas genéticas eran innecesarias porque 

las partes habían suscrito un contrato de consentimiento para 

2 Notificada y archivada en autos el 22 de septiembre de 2023. Íd., Anejo 2, 

págs. 3-5.
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inseminación artificial en el que aceptaron ser los padres legítimos 

de la criatura resultante del procedimiento.3 Además, apuntó que la 

menor comoquiera podría ser hija biológica del señor Gary porque 

las partes mantuvieron su relación íntima durante ese periodo.

El 26 de septiembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en 

la que declaró No Ha Lugar la petición de la señora Santana Mora.4

El 28 de septiembre de 2023, la recurrente radicó una 

Reconsideración en la que solicitó a la ASUME que reconsiderara su 

dictamen y, en su lugar, determinara la filiación de la menor.5

El 9 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Orden en la 

que declaró No Ha Lugar la reconsideración solicitada.6

El 27 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Resolución 

final en la que declaró No Ha Lugar la petición de filiación y pensión 

alimentaria promovida por la señora Santana Mora.7 Según 

determinó, las pruebas genéticas de paternidad arrojaron que el 

señor Gary no era el padre biológico de la menor.

En desacuerdo, la señora Santana Mora presentó el recurso 

de revisión judicial de epígrafe en el que solicitó la revisión de la 

Orden emitida por la ASUME el 26 de septiembre de 2023, cuya 

reconsideración fue denegada el 9 de noviembre de 2023. En 

específico, le imputó a la agencia administrativa la comisión de los 

siguientes tres errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ [LA] ASUME AL NO DAR NING[Ú]N 

PESO PROBATORIO A LA PRUEBA DOCUMENTAL DE

INSEMINACI[Ó]N ARTIFICIAL CON DONANTE DE

ESPER[M]A AN[Ó]NIMO SOMETIDA AS[Í] COMO A LA

DECLARACI[Ó]N UNILATERAL DE VOLUNTAD CONTENIDA 

EN DICHOS DOCUMENTOS.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ [LA] ASUME AL DETERMINAR 

QUE LA PRUEBA DE ADN ERA LA [Ú]NICA FORMA DE 

FILIACI[Ó]N POSIBLE CONFORME AL REGLAMENTO DE LA 

AGENCIA.

3 Íd., Anejo 3, págs. 6-7.

4 Íd., Anejo 4, págs. 8-10.

5 Íd., Anejo 5, págs. 11-12.

6 Notificada y archivada ese mismo día. Íd., Anejo 7, págs. 23-24.

7 Notificada y archivada el 28 de noviembre de 2023. Íd., Anejo 8, págs. 25-29.
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TERCER ERROR: ERR[Ó] [LA] ASUME AL NO GARANTIZAR 

EL DEBIDO PROCESO DE LEY A LA RECURRENTE EN LA 

VISTA CELEBRADA HABER DECLARADO NO HA LUGAR 

[LA] MOCI[Ó]N RECONSIDERAC[I]ON Y AL NO 

CONSIDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. SU 

DETERMINACI[Ó]N ES ARBITRARIA, CAPRICHOSA Y 

DENOTA PARCIALIDAD.

El 8 de enero de 2024, el señor Gary radicó una Moción de 

desestimación a recurso de revisión administrativa por falta de 

jurisdicción al amparo de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones en la que argumentó que esta Curia carecía 

de jurisdicción porque la Orden recurrida era una orden 

interlocutoria de la ASUME, la que no es revisable salvo ciertas 

excepciones.

El 9 de enero de 2024, emitimos una Resolución en la que

determinamos que oportunamente adjudicaríamos la solicitud de 

desestimación.

El 11 de enero de 2024, el recurrido presentó una Moción de 

reconsideración a la Resolución del 9 de enero de 2024 & Moción de 

desestimación supletoria en la que argumentó que: (1) la señora 

Santana Mora incumplió con notificar la reconsideración presentada 

ante la ASUME como lo requiere el Reglamento Núm. 7583; (2) la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 38 de 30 

de junio de 2017, según enmendada, (LPAU), 3 LPRA secs. 9601 et 

seq. y el Reglamento Núm. 7583 no permiten la revisión de órdenes 

o resoluciones interlocutorias; y (3) posterior a la Orden recurrida, 

el 27 de noviembre de 2023, la ASUME emitió una Resolución final 

sobre el asunto, la cual advino final y firme sin que fuera 

cuestionada. Según alegó, este último hecho tornó académico el 

presente recurso.

El 22 de enero de 2024, la señora Santana Mora radicó una 

Moción en oposición a solicitud de desestimación en la que solicitó 

que declaremos No Ha Lugar la moción del recurrido y, en 

consecuencia, atendamos el recurso en sus méritos.
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El 29 de enero de 2024, el señor Gary presentó un alegato en 

oposición al recurso en el que reiteró que esta Curia carece de 

jurisdicción para atender el recurso y planteó que, en todo caso, la 

ASUME no incidió en los errores señalados por la recurrente.

III.

A.

La jurisdicción ha sido definida como “el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Shell 

v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012). Reiteradamente, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales tienen 

siempre la obligación de ser celosos guardianes de su propia 

jurisdicción, toda vez que sin jurisdicción no están autorizados a 

entrar a resolver los méritos de un recurso. Íd., págs. 122-123. En 

consecuencia, los asuntos de jurisdicción son materia privilegiada y 

deben ser resueltos con preferencia. Fuentes Bonilla v. 

ELA, 200 DPR 364, 372 (2018). Así, cuando un tribunal no tiene 

autoridad para atender el recurso, solo tiene jurisdicción para así 

declararlo y desestimar el caso sin entrar en los méritos de la 

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014).

De ordinario, la falta de jurisdicción posee las siguientes 

características: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes 

no pueden conferírsela voluntariamente al tribunal, ni este puede 

arrogársela; (3) conlleva la nulidad de cualquier dictamen emitido; 

(4) impone a los tribunales el deber obligatorio de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro inferior; y (6) puede presentarse 

en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de partes o por el 

propio tribunal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009).
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A tenor con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos autoriza a 

desestimar un recurso por falta de jurisdicción.

Entre las razones que privan a los tribunales de asumir 

jurisdicción sobre un asunto, resaltan dos de ellas debido a su 

pertinencia: la falta de madurez y la doctrina de academicidad. En 

primer lugar, un recurso es prematuro cuando se presenta antes de 

que el tribunal tenga jurisdicción para atenderlo. Pueblo v. Ríos 

Nieves, 209 DPR 264, 274 (2022); Torres Martínez v. Torres 

Gighliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Es decir, es prematuro cuando 

se radica previo a que haya nacido autoridad judicial para 

considerar el asunto y, por ello, su presentación carece de eficacia. 

Torres Martínez v. Torres Gighliotty, supra, pág. 98. En segundo 

lugar, la doctrina de academicidad requiere que todo pleito presente 

una controversia real entre las partes. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 73 (2017). Un recurso se convierte en 

académico cuando la controversia que presenta deja de existir con 

el paso del tiempo, debido a cambios en los hechos o en el derecho. 

Íd. Empero, como excepción, los tribunales pueden atender un caso,

aunque sea académico, en los siguientes escenarios: (1) cuando se 

plantea una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir y 

que tienda a evadir la revisión judicial; (2) cuando la situación de 

hechos ha sido modificada por el demandado, pero el cambio no 

aparenta ser permanente; o (3) cuando se tornan académicos 

aspectos de la controversia, pero subsisten consecuencias 

colaterales vigentes. Íd., págs. 73-74.

B.

Como norma general, nuestra jurisdicción para revisar un 

recurso de revisión judicial se circunscribe a determinaciones 

finales de las agencias administrativas. Así lo prescribe la Ley de la 
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Judicatura, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según 

enmendada, 4 LPRA secs. 24 et seq, al establecer en su Art. 4.006(c) 

que esta Curia revisará las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de los organismos o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 

24y. Así también lo reconoce la LPAU, supra, en su sección 4.2 al 

disponer que la revisión judicial se limitará a las órdenes o 

resoluciones finales de los organismos administrativos, siempre que 

la parte afectada haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia concernida. 3 LPRA sec. 9671.

Ahora bien, la sección 4.3 de la LPAU, supra sec. 9673, 

reconoce varias instancias que permiten preterir la doctrina de 

agotamiento de remedios, a saber: (1) cuando el remedio sea 

inadecuado; (2) cuando requerir el agotamiento del remedio 

resultaría en un daño irreparable a la parte y en el balance de 

intereses no se justifique agotar el remedio; (3) cuando se alegue la 

violación sustancial de derechos constitucionales; (4) cuando sea 

inútil agotar los remedios por la dilación excesiva en los 

procedimientos; (5) cuando se presente un caso claro de falta de 

jurisdicción de la agencia; o (6) cuando se trate de un asunto 

estrictamente de derecho y la pericia administrativa sea innecesaria. 

La inclusión en la LPAU, supra, de estas causas para prescindir del 

requisito de agotar remedios reflejó directamente la jurisprudencia 

que reconocía cuándo podía atenderse un caso, aunque quedaran 

remedios administrativos disponibles. Véase J. Exam. Tec. Med. V. 

Elía et al., 144 DPR 483, 491-492 (1997); Viuda de Iturregui v. 

E.L.A., 99 DPR 488, 491-492 (1970); Vélez Ramírez v. Romero 

Barceló, 112 DPR 716, 723 (1982).

Basándose en estos fundamentos, este Panel ha sido 

consistente en desestimar por falta de jurisdicción aquellos recursos 

en los que se solicita la revisión de órdenes o resoluciones 
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interlocutorias de agencias administrativas, tal como en el caso de 

autos. Véanse Jonathan Santiago Torres v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, KLRA202300378 (el organismo 

administrativo ordenó la celebración de una nueva vista en el 

proceso disciplinario en contra de un confinado); Oficina de Ética 

Gubernamental v. Rodríguez Mateo, KLCE202300889 (la agencia 

no había emitido una determinación final y conservaba jurisdicción 

para atender la reclamación); Leonel Santiago López v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA202300449 

(la agencia no había emitido una decisión final porque el recurrente 

tenía disponible una reconsideración), entre otros.

IV.

En el caso de marras se solicita la revisión de una Orden 

interlocutoria de la ASUME en la que se declaró No Ha Lugar una 

petición de la señora Santana Mora para que la agencia no requiriera 

someter al señor Gary a una prueba de paternidad. Así lo denota

tanto la totalidad del recurso de revisión judicial promovido como la 

Moción en oposición a solicitud de desestimación radicada por el 

recurrido presentada por la recurrente. Posterior al dictamen

recurrido, la reclamación siguió su curso, toda vez que, como surge 

del expediente, se señaló la celebración de una vista el 14 de 

noviembre de 2023 y la recurrente radicó una Moción informativa de 

presentación de prueba documental en la que sometió evidencia para 

dicho señalamiento.8 Adviértase que, el 27 de noviembre de 2023, la 

ASUME emitió una Resolución final en la que declaró No Ha Lugar 

la petición de filiación y pensión alimentaria promovida por la 

recurrente. Sin embargo, ni en este recurso ni en ningún otro se 

solicitó la revisión de esa determinación final. Así, dicha Resolución 

advino final y firme.

8 Íd., Anejo 6, págs. 13-22.
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Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

resulta evidente que carecemos de jurisdicción para atender el 

presente recurso, toda vez que su presentación fue prematura y su 

controversia se tornó académica. La Orden de la ASUME cuya 

revisión se solicita no es una determinación final, sino un dictamen 

interlocutorio en el proceso administrativo de filiación y pensión 

alimentaria que promovía la señora Santana Mora. Por ello, el 

dictamen constituyó un incidente preliminar en la consideración del

caso por la ASUME. 

Tampoco están presentes ninguna de las excepciones que 

permiten preterir la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos. Esta realidad implica que la presentación del 

recurso fue prematura y, por ello, nos priva de jurisdicción. Además, 

la Resolución emitida por la ASUME el 27 de noviembre de 2023, la 

cual advino final y firme, tornó académica la controversia planteada 

por el recurso, puesto que adjudicó la reclamación en su totalidad.

Al así hacerlo, privó a esta Curia de autoridad jurídica para atender 

el recurso.

En vista de este cuadro fáctico, huelga destacar que este caso 

no constituye una de las instancias que permite preterir la doctrina 

de agotamiento de remedios, ni presenta uno de los escenarios que 

justifican atender una determinación interlocutoria de la agencia.

Teniendo oportunidad para ello, la recurrente no argumentó que el 

caso presentara una de estas causas. Por lo que procede no 

intervenir con una determinación interlocutoria de la agencia 

administrativa, ante los hechos particulares de este caso.

V.

Por los fundamentos pormenorizados, se desestima el recurso 

por falta de jurisdicción.
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Sánchez Ramos disiente, pues este 

Tribunal tiene la autoridad para, y debió, acoger el recurso de 

referencia, presentado el 6 de diciembre de 2023, como una 

oportuna solicitud de revisión judicial de la decisión final de la 

agencia, notificada el 28 de noviembre de 2023, por lo cual no 

procede la desestimación del mismo.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones