# Diario Oficial C 97/25 d

| | ISSN 1725-244X |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 97 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 49o año25 de abril de 2006 |

ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 97

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año25 de abril de 2006

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| Número de información | Sumario | Página |
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| | I   Comunicaciones |
| | Comisión |
| 2006/C 097/1 | Tipo de cambio del euro | 1 |
| 2006/C 097/2 | Ayuda de Estado — España — Ayuda de Estado C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (
  1
  ) | 2 |
| | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos |
| 2006/C 097/3 | Propuesta de Decisión del Consejo sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves (COM(2005) 600 final) | 6 |

Número de información

Sumario

Página

I   Comunicaciones

Comisión

2006/C 097/1

Tipo de cambio del euro

1

2006/C 097/2

Ayuda de Estado — España — Ayuda de Estado C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE (
  1
  )

1

2

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos

2006/C 097/3

Propuesta de Decisión del Consejo sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves (COM(2005) 600 final)

6

| | Corrección de errores |
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| 2006/C 097/4 | Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas (DO C 49 de 28.2.2006) | 11 |

Corrección de errores

2006/C 097/4

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas (DO C 49 de 28.2.2006)

(DO C 49 de 28.2.2006)

11

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

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| ES | |
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ES

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I Comunicaciones

Comisión

| 25.4.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 97/1 |
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25.4.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 97/1

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Tipo de cambio del euro (1)

24 de abril de 2006

(2006/C 97/01)

1 euro=

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,2365 |
| JPY | yen japonés | 142,17 |
| DKK | corona danesa | 7,4608 |
| GBP | libra esterlina | 0,69190 |
| SEK | corona sueca | 9,3420 |
| CHF | franco suizo | 1,5712 |
| ISK | corona islandesa | 94,84 |
| NOK | corona noruega | 7,8310 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CYP | libra chipriota | 0,5761 |
| CZK | corona checa | 28,385 |
| EEK | corona estonia | 15,6466 |
| HUF | forint húngaro | 262,43 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,6960 |
| MTL | lira maltesa | 0,4293 |
| PLN | zloty polaco | 3,8587 |
| RON | leu rumano | 3,4651 |
| SIT | tólar esloveno | 239,61 |
| SKK | corona eslovaca | 37,120 |
| TRY | lira turca | 1,6385 |
| AUD | dólar australiano | 1,6562 |
| CAD | dólar canadiense | 1,4064 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 9,5872 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,9478 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,9612 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 161,94 |
| ZAR | rand sudafricano | 7,4419 |
| CNY | yuan renminbi | 9,9149 |
| HRK | kuna croata | 7,2995 |
| IDR | rupia indonesia | 10 926,95 |
| MYR | ringgit malayo | 4,511 |
| PHP | peso filipino | 63,803 |
| RUB | rublo ruso | 33,9400 |
| THB | baht tailandés | 46,437 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2365

JPY

yen japonés

142,17

DKK

corona danesa

7,4608

GBP

libra esterlina

0,69190

SEK

corona sueca

9,3420

CHF

franco suizo

1,5712

ISK

corona islandesa

94,84

NOK

corona noruega

7,8310

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5761

CZK

corona checa

28,385

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

262,43

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6960

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,8587

RON

leu rumano

3,4651

SIT

tólar esloveno

239,61

SKK

corona eslovaca

37,120

TRY

lira turca

1,6385

AUD

dólar australiano

1,6562

CAD

dólar canadiense

1,4064

HKD

dólar de Hong Kong

9,5872

NZD

dólar neozelandés

1,9478

SGD

dólar de Singapur

1,9612

KRW

won de Corea del Sur

1 161,94

ZAR

rand sudafricano

7,4419

CNY

yuan renminbi

9,9149

HRK

kuna croata

7,2995

IDR

rupia indonesia

10 926,95

MYR

ringgit malayo

4,511

PHP

peso filipino

63,803

RUB

rublo ruso

33,9400

THB

baht tailandés

46,437

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(1)

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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| 25.4.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 97/2 |
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25.4.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 97/2

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AYUDA DE ESTADO — ESPAÑA

Ayuda de Estado C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2006/C 97/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 25 de enero de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

| Comisión Europea |
| --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Ayudas Estatales |
| Rue de la Loi, 200 |
| B-1049 Bruselas |
| Fax: (32-2) 296 12 42 |

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

Procedimiento

Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una presunta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

Descripción

La beneficiaria de la ayuda sería Chupa Chups S.A., sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940. Su principal actividad consiste en la fabricación y comercialización de golosinas, especialmente de chupa-chups (70 % de las ventas), de los que Chupa Chups es el mayor proveedor mundial (producción anual de 17000 toneladas, o 12 millones de unidades/día, comercializadas en 150 países). Actualmente, el grupo cuenta con cuatro centros de producción situados en Rusia, México, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias).

Como parte de la reestructuración financiera que la empresa está llevando a cabo desde 2002, el 5 de septiembre de 2003 el Instituto Catalán de Finanzas («ICF», entidad crediticia del Gobierno regional catalán) concedió un crédito de 35 millones de euros. Por otra parte, la información facilitada por las autoridades españolas ha revelado otras medidas a favor de la empresa, en concreto:

1) subvenciones públicas por valor de 12,57 millones de euros a finales de 2004; 2) una garantía del Gobierno regional de Asturias que cubría un crédito de 4,4 millones de euros; 3) una moratoria fiscal de 12,96 millones de euros acordada en 2004; 4) un crédito sin intereses de 2,8 millones de euros concedido por el Ministerio español de Ciencia y Tecnología; 5) subvenciones adicionales no especificadas («subvenciones de explotación») por valor de 1,58 millones de euros.

Evaluación

En esta fase, la Comisión considera que las medidas controvertidas constituyen ayuda estatal. En particular, el crédito del ICF y la moratoria fiscal antes mencionados no parecen ajustarse al comportamiento de un acreedor privado en condiciones normales de mercado. Aunque la empresa parece poder acogerse a ayudas de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, en esta fase la Comisión no puede evaluar su conformidad con dichas Directrices al carecer de un plan de reestructuración.

Conclusión

Ante las dudas mencionadas anteriormente, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

«Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar a España que, tras haber examinado la información facilitada por sus autoridades sobre la medida arriba indicada, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

PROCEDIMIENTO

| 1. | Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005. |
| --- | --- |

1.

Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

| 2. | Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940, que goza de importante presencia internacional. Su principal actividad consiste en la fabricación y comercialización de golosinas, especialmente de chupa-chups (70 % de las ventas), de los que Chupa Chups es el mayor proveedor mundial (producción anual de 17 000 toneladas, o 12 millones de unidades/día, comercializados en 150 países). Actualmente, el grupo cuenta con cuatro centros de producción situados en Rusia, México, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias). |
| --- | --- |

2.

Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940, que goza de importante presencia internacional. Su principal actividad consiste en la fabricación y comercialización de golosinas, especialmente de chupa-chups (70 % de las ventas), de los que Chupa Chups es el mayor proveedor mundial (producción anual de 17 000 toneladas, o 12 millones de unidades/día, comercializados en 150 países). Actualmente, el grupo cuenta con cuatro centros de producción situados en Rusia, México, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias).

| 3. | En los últimos años, el grupo ha atravesado por graves problemas económicos, con unas pérdidas consolidadas de 22,5 millones de euros en 2002, 4,72 millones de euros en 2003 y 5,95 millones de euros en 2004, así como un volumen de negocios decreciente (1). Dada la situación, la dirección lanzó un plan de reestructuración en 2002, que condujo al cierre de las plantas de fabricación de Brasil, Francia y China y a la venta de algunas marcas secundarias. Además, se llevó a cabo una reestructuración financiera a fondo:






  (1) | En julio de 2002 se acordó con un grupo de bancos privados un préstamo sindicado por un importe máximo de 75 millones de euros. El contrato estipulaba una serie de obligaciones para la empresa y el cumplimiento de algunos ratios financieros. La operación estaba garantizada por varias empresas pertenecientes al grupo. A finales de 2004, los reembolsos pendientes de este préstamo eran de 14 millones de euros con vencimiento en 2005, 8,56 millones de euros en 2006, y 25,25 millones de euros en 2007. En 2005, la empresa recibió una propuesta de los bancos agentes en el crédito sindicado para renovar la financiación. |
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3.

En los últimos años, el grupo ha atravesado por graves problemas económicos, con unas pérdidas consolidadas de 22,5 millones de euros en 2002, 4,72 millones de euros en 2003 y 5,95 millones de euros en 2004, así como un volumen de negocios decreciente (1). Dada la situación, la dirección lanzó un plan de reestructuración en 2002, que condujo al cierre de las plantas de fabricación de Brasil, Francia y China y a la venta de algunas marcas secundarias. Además, se llevó a cabo una reestructuración financiera a fondo:

(1)

En julio de 2002 se acordó con un grupo de bancos privados un préstamo sindicado por un importe máximo de 75 millones de euros. El contrato estipulaba una serie de obligaciones para la empresa y el cumplimiento de algunos ratios financieros. La operación estaba garantizada por varias empresas pertenecientes al grupo. A finales de 2004, los reembolsos pendientes de este préstamo eran de 14 millones de euros con vencimiento en 2005, 8,56 millones de euros en 2006, y 25,25 millones de euros en 2007. En 2005, la empresa recibió una propuesta de los bancos agentes en el crédito sindicado para renovar la financiación.

| (2) | En marzo de 2003, los propietarios aportaron fondos extra por valor de 8 millones de euros. |
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(2)

En marzo de 2003, los propietarios aportaron fondos extra por valor de 8 millones de euros.

| (3) | Una remodelación de la estructura empresarial hizo surgir, y contabilizar como nuevos fondos, otros 6,9 millones de euros (2). |
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(3)

Una remodelación de la estructura empresarial hizo surgir, y contabilizar como nuevos fondos, otros 6,9 millones de euros (2).

| 4. | En el contexto de esta reestructuración financiera, el 5 de septiembre de 2003 el Instituto Catalán de Finanzas [“ICF”, entidad crediticia del Gobierno regional catalán (3)] concedió a la empresa un crédito de 35 millones de euros. De esta cantidad, 20 millones de euros estaban destinados contractualmente a la cancelación parcial del mencionado crédito sindicado. Los restantes 15 millones de euros pretendían cubrir otras necesidades de tesorería de la empresa. El crédito se concedió con un periodo de amortización de 12 años, incluidos 2 años de periodo de carencia. El tipo de interés se indexó a 6 meses Euribor, más un margen de 1,125 %. El principal aval del crédito consistía en una propiedad inmobiliaria (4), tasada por un perito independiente en 71 millones de euros. Este crédito es el motivo de la denuncia por supuesta ayuda estatal presentada a la Comisión. |
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4.

En el contexto de esta reestructuración financiera, el 5 de septiembre de 2003 el Instituto Catalán de Finanzas [“ICF”, entidad crediticia del Gobierno regional catalán (3)] concedió a la empresa un crédito de 35 millones de euros. De esta cantidad, 20 millones de euros estaban destinados contractualmente a la cancelación parcial del mencionado crédito sindicado. Los restantes 15 millones de euros pretendían cubrir otras necesidades de tesorería de la empresa. El crédito se concedió con un periodo de amortización de 12 años, incluidos 2 años de periodo de carencia. El tipo de interés se indexó a 6 meses Euribor, más un margen de 1,125 %. El principal aval del crédito consistía en una propiedad inmobiliaria (4), tasada por un perito independiente en 71 millones de euros. Este crédito es el motivo de la denuncia por supuesta ayuda estatal presentada a la Comisión.

| 5. | En respuesta a las preguntas de la Comisión a raíz de la denuncia, las autoridades españolas ofrecieron información que ha revelado medidas adicionales a favor de Chupa Chups. En concreto:






  (1) | La contabilidad anual del año 2004 pone de manifiesto subvenciones públicas por valor de 12,57 millones de euros a finales de ese ejercicio. Esta cifra incluye, en particular: 1,58 millones de euros del Ministerio español de Agricultura y Pesca como ayuda a la inversión en las instalaciones de Barcelona; 4,44 millones de euros de “otros organismos públicos” de ayuda para la construcción de la planta de Asturias; 5,19 millones de euros de “diversos organismos públicos” para la ampliación de esa misma planta de Asturias durante el periodo 1999-2003. Las autoridades españolas no han facilitado información en respuesta a las peticiones de la Comisión en cuanto a la naturaleza y justificación de estas medidas. |
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5.

En respuesta a las preguntas de la Comisión a raíz de la denuncia, las autoridades españolas ofrecieron información que ha revelado medidas adicionales a favor de Chupa Chups. En concreto:

(1)

La contabilidad anual del año 2004 pone de manifiesto subvenciones públicas por valor de 12,57 millones de euros a finales de ese ejercicio. Esta cifra incluye, en particular: 1,58 millones de euros del Ministerio español de Agricultura y Pesca como ayuda a la inversión en las instalaciones de Barcelona; 4,44 millones de euros de “otros organismos públicos” de ayuda para la construcción de la planta de Asturias; 5,19 millones de euros de “diversos organismos públicos” para la ampliación de esa misma planta de Asturias durante el periodo 1999-2003. Las autoridades españolas no han facilitado información en respuesta a las peticiones de la Comisión en cuanto a la naturaleza y justificación de estas medidas.

| (2) | De los 12,57 millones de euros de subvenciones públicas mencionados, unos 5 millones de euros todavía quedaban por cobrarse a finales de 2004. El 17 de septiembre de 2004, la Dirección de la empresa aprobó el compromiso de esta cantidad restante (es decir, el crédito frente a las autoridades públicas) en el contexto de un crédito firmado con un banco privado por un máximo de 4,4 millones de euros (5). El crédito fue avalado por el Gobierno regional de Asturias. Las autoridades españolas no han respondido a las preguntas de la Comisión sobre las circunstancias de este aval. |
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(2)

De los 12,57 millones de euros de subvenciones públicas mencionados, unos 5 millones de euros todavía quedaban por cobrarse a finales de 2004. El 17 de septiembre de 2004, la Dirección de la empresa aprobó el compromiso de esta cantidad restante (es decir, el crédito frente a las autoridades públicas) en el contexto de un crédito firmado con un banco privado por un máximo de 4,4 millones de euros (5). El crédito fue avalado por el Gobierno regional de Asturias. Las autoridades españolas no han respondido a las preguntas de la Comisión sobre las circunstancias de este aval.

| (3) | En febrero de 2004, la Agencia Tributaria española autorizó a Chupa Chups a fraccionar el pago de su deuda en concepto de IVA y de impuesto de sociedades en plazos trimestrales que expirarán el 20 de febrero de 2008. Como garantía de este aplazamiento, se constituyó una nueva hipoteca sobre la Casa Batlló. Del total de la deuda aplazada (12,96 millones de euros), 4,56 millones de euros seguían pendientes a 31 de diciembre de 2004. Los intereses aplicados corresponden al tipo de interés oficial por intereses de demora, establecido anualmente en la Ley de Presupuestos nacional (6). |
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(3)

En febrero de 2004, la Agencia Tributaria española autorizó a Chupa Chups a fraccionar el pago de su deuda en concepto de IVA y de impuesto de sociedades en plazos trimestrales que expirarán el 20 de febrero de 2008. Como garantía de este aplazamiento, se constituyó una nueva hipoteca sobre la Casa Batlló. Del total de la deuda aplazada (12,96 millones de euros), 4,56 millones de euros seguían pendientes a 31 de diciembre de 2004. Los intereses aplicados corresponden al tipo de interés oficial por intereses de demora, establecido anualmente en la Ley de Presupuestos nacional (6).

| (4) | La contabilidad anual de 2004 de la empresa refleja un crédito sin intereses de 2,8 millones de euros que, al parecer, le concedió el Ministerio español de Ciencia y Tecnología el 30 de marzo de 2004 (7). No obstante, las autoridades españolas han declarado desconocer la existencia de dicho crédito (8). |
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(4)

La contabilidad anual de 2004 de la empresa refleja un crédito sin intereses de 2,8 millones de euros que, al parecer, le concedió el Ministerio español de Ciencia y Tecnología el 30 de marzo de 2004 (7). No obstante, las autoridades españolas han declarado desconocer la existencia de dicho crédito (8).

| (5) | En 2004 Chupa Chups recibió subvenciones adicionales no especificadas (“subvenciones de explotación” (9)) por valor de 1,58 millones de euros. Las autoridades españolas no han respondido a la solicitud de información de la Comisión sobre la naturaleza y la justificación de dichas subvenciones. |
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(5)

En 2004 Chupa Chups recibió subvenciones adicionales no especificadas (“subvenciones de explotación” (9)) por valor de 1,58 millones de euros. Las autoridades españolas no han respondido a la solicitud de información de la Comisión sobre la naturaleza y la justificación de dichas subvenciones.

EVALUACIÓN DE LA AYUDA

1.   Existencia de ayuda estatal

| 6. | El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE declara que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. |
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6.

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE declara que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

| 7. | Todas las medidas enumeradas en los apartados 4 y 5 implican la asignación de fondos estatales. Puesto que la ayuda está destinada a una empresa individual, se cumple el criterio de selectividad. Además, puesto que Chupa Chups está presente en el mercado de las golosinas, sector en el que existe comercio entre Estados miembros, y es una empresa con actividad internacional, también se cumple el criterio de que afecta al comercio dentro de la Comunidad. |
| --- | --- |

7.

Todas las medidas enumeradas en los apartados 4 y 5 implican la asignación de fondos estatales. Puesto que la ayuda está destinada a una empresa individual, se cumple el criterio de selectividad. Además, puesto que Chupa Chups está presente en el mercado de las golosinas, sector en el que existe comercio entre Estados miembros, y es una empresa con actividad internacional, también se cumple el criterio de que afecta al comercio dentro de la Comunidad.

Crédito con el ICF

| 8. | Por lo que se refiere al crédito del ICF, sigue por determinarse si distorsiona la competencia ya que confiere a Chupa Chups una ayuda que no habría conseguido en el mercado privado. En otras palabras, la Comisión tiene que determinar si este organismo público actuó igual que habría hecho un hipotético inversor en economía de mercado en circunstancias similares. |
| --- | --- |

8.

Por lo que se refiere al crédito del ICF, sigue por determinarse si distorsiona la competencia ya que confiere a Chupa Chups una ayuda que no habría conseguido en el mercado privado. En otras palabras, la Comisión tiene que determinar si este organismo público actuó igual que habría hecho un hipotético inversor en economía de mercado en circunstancias similares.

| 9. | Las autoridades españolas consideran que el crédito del ICF debe considerarse teniendo presente la reestructuración en curso del grupo. Sostienen que su objetivo era ampliar los plazos de los pagos de la empresa y que la calidad del riesgo del crédito no había cambiado desde el préstamo de la banca privada. Además, señalan que el grupo tiene actualmente deudas con entidades privadas por valor de unos 30 millones de euros. Por tanto, concluyen que las relaciones de Chupa Chups con los mercados de capital son normales. |
| --- | --- |

9.

Las autoridades españolas consideran que el crédito del ICF debe considerarse teniendo presente la reestructuración en curso del grupo. Sostienen que su objetivo era ampliar los plazos de los pagos de la empresa y que la calidad del riesgo del crédito no había cambiado desde el préstamo de la banca privada. Además, señalan que el grupo tiene actualmente deudas con entidades privadas por valor de unos 30 millones de euros. Por tanto, concluyen que las relaciones de Chupa Chups con los mercados de capital son normales.

| 10. | Sin embargo, algunos factores parecen indicar que la empresa sí obtuvo ventajas con la financiación recibida del ICF:






  — | El crédito no imponía ninguna condición restrictiva (por ejemplo, en ratios financieros) vinculada al crédito sindicado contraído con la banca privada un año antes, a pesar de que desde entonces había transcurrido otro año más de pérdidas; |
| --- | --- | --- |

10.

Sin embargo, algunos factores parecen indicar que la empresa sí obtuvo ventajas con la financiación recibida del ICF:

—

El crédito no imponía ninguna condición restrictiva (por ejemplo, en ratios financieros) vinculada al crédito sindicado contraído con la banca privada un año antes, a pesar de que desde entonces había transcurrido otro año más de pérdidas;

| — | Es evidente que las condiciones acordadas con el ICF eran mejores para la empresa que las del crédito sindicado, ya que aquél se asignó inmediatamente a la cancelación parcial de éste. |
| --- | --- |

—

Es evidente que las condiciones acordadas con el ICF eran mejores para la empresa que las del crédito sindicado, ya que aquél se asignó inmediatamente a la cancelación parcial de éste.

| 11. | La existencia de ayuda estatal según el principio del inversor en la economía de mercado debe evaluarse a la vista del riesgo y de las perspectivas de beneficio para el acreedor:






  — | Por lo que se refiere al riesgo asumido por el ICF, las autoridades españolas han declarado que el principal aval del crédito es una hipoteca de primer grado sobre una propiedad inmobiliaria valorada en unos 70 millones de euros. No obstante, a pesar de las solicitudes de la Comisión, las autoridades españolas no han determinado: i) por qué, si la empresa era capaz de proponer este aval, ningún banco privado al parecer se mostró dispuesto a aportar financiación en condiciones comparables a las del ICF; ii) cuáles eran las condiciones (garantías, tipo de interés y otras) vinculadas al crédito sindicado de 30 de julio de 2002; iii) cuáles eran las condiciones de la propuesta de refinanciación recibida en 2005 de los bancos participantes en el crédito sindicado (y el resultado de esas negociaciones); |
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11.

La existencia de ayuda estatal según el principio del inversor en la economía de mercado debe evaluarse a la vista del riesgo y de las perspectivas de beneficio para el acreedor:

—

Por lo que se refiere al riesgo asumido por el ICF, las autoridades españolas han declarado que el principal aval del crédito es una hipoteca de primer grado sobre una propiedad inmobiliaria valorada en unos 70 millones de euros. No obstante, a pesar de las solicitudes de la Comisión, las autoridades españolas no han determinado: i) por qué, si la empresa era capaz de proponer este aval, ningún banco privado al parecer se mostró dispuesto a aportar financiación en condiciones comparables a las del ICF; ii) cuáles eran las condiciones (garantías, tipo de interés y otras) vinculadas al crédito sindicado de 30 de julio de 2002; iii) cuáles eran las condiciones de la propuesta de refinanciación recibida en 2005 de los bancos participantes en el crédito sindicado (y el resultado de esas negociaciones);

| — | Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito: parece corresponder al tipo de mercado aplicable a empresas saneadas; en concreto, no hay prima de riesgo habida cuenta de los problemas del deudor. |
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Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito: parece corresponder al tipo de mercado aplicable a empresas saneadas; en concreto, no hay prima de riesgo habida cuenta de los problemas del deudor.

| 12. | Visto lo anterior, la Comisión duda de que el crédito concedido por el ICF cumpla el criterio del inversor en una economía de mercado. En consecuencia, en esta fase la Comisión no puede excluir que la medida constituya ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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12.

Visto lo anterior, la Comisión duda de que el crédito concedido por el ICF cumpla el criterio del inversor en una economía de mercado. En consecuencia, en esta fase la Comisión no puede excluir que la medida constituya ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

Moratoria fiscal

| 13. | Consideraciones similares sobre la aplicación del criterio del inversor en una economía de mercado se aplican a la moratoria fiscal mencionada en el apartado 5.3. A este respecto, los actos de la autoridad pública deben compararse al comportamiento de un hipotético acreedor en una economía de mercado cuyo único objetivo sea obtener la devolución de las cantidades que se le adeudan en las condiciones más ventajosas posibles en cuanto al grado de satisfacción y al plazo. |
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13.

Consideraciones similares sobre la aplicación del criterio del inversor en una economía de mercado se aplican a la moratoria fiscal mencionada en el apartado 5.3. A este respecto, los actos de la autoridad pública deben compararse al comportamiento de un hipotético acreedor en una economía de mercado cuyo único objetivo sea obtener la devolución de las cantidades que se le adeudan en las condiciones más ventajosas posibles en cuanto al grado de satisfacción y al plazo.

| 14. | No obstante, las autoridades españolas no han facilitado información que muestre que la moratoria fiscal se debió al deseo de proteger los intereses financieros de la agencia tributaria, o que esto mejoró la posición de la misma respecto a lo que podría haber obtenido mediante otros procedimientos administrativos o civiles en virtud de la legislación nacional, tales como la ejecución tributaria. |
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14.

No obstante, las autoridades españolas no han facilitado información que muestre que la moratoria fiscal se debió al deseo de proteger los intereses financieros de la agencia tributaria, o que esto mejoró la posición de la misma respecto a lo que podría haber obtenido mediante otros procedimientos administrativos o civiles en virtud de la legislación nacional, tales como la ejecución tributaria.

| 15. | Por consiguiente, en esta fase la Comisión duda de que la agencia tributaria española actuara como un acreedor diligente en una economía de mercado. Y si no lo hizo, la moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups no podría haber conseguido en el mercado, causando así una distorsión de la competencia. Por consiguiente, la medida constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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15.

Por consiguiente, en esta fase la Comisión duda de que la agencia tributaria española actuara como un acreedor diligente en una economía de mercado. Y si no lo hizo, la moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups no podría haber conseguido en el mercado, causando así una distorsión de la competencia. Por consiguiente, la medida constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

Subvenciones públicas, avales públicos y crédito subvencionado

| 16. | Las intervenciones citadas en el apartado 5, puntos (1), (2), (4) y (5) son, por su propia naturaleza, susceptibles de falsear la competencia dentro de la Comunidad, al dar a Chupa Chups una ventaja sobre sus competidores que no reciben la ayuda. Las autoridades españolas no han aportado elementos que contradigan esta conclusión. La Comisión, por tanto, considera que estas medidas son ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. |
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16.

Las intervenciones citadas en el apartado 5, puntos (1), (2), (4) y (5) son, por su propia naturaleza, susceptibles de falsear la competencia dentro de la Comunidad, al dar a Chupa Chups una ventaja sobre sus competidores que no reciben la ayuda. Las autoridades españolas no han aportado elementos que contradigan esta conclusión. La Comisión, por tanto, considera que estas medidas son ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

2.   Excepciones al amparo del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE

| 17. | El objetivo primero de las medidas es ayudar a una empresa en crisis. En tales casos, sólo puede aplicarse la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, que permite autorizar ayudas estatales concedidas para facilitar el desarrollo de determinadas actividades siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, si se cumplen las condiciones pertinentes. |
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17.

El objetivo primero de las medidas es ayudar a una empresa en crisis. En tales casos, sólo puede aplicarse la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, que permite autorizar ayudas estatales concedidas para facilitar el desarrollo de determinadas actividades siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, si se cumplen las condiciones pertinentes.

| 18. | Las ayudas de salvamento y de reestructuración para empresas en crisis actualmente están reguladas por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (10) (en lo sucesivo, “las Directrices”). |
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18.

Las ayudas de salvamento y de reestructuración para empresas en crisis actualmente están reguladas por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (10) (en lo sucesivo, “las Directrices”).

| 19. | Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución de sus ratios financieros, Chupa Chups parece una empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Directrices. En concreto, la contabilidad anual de 2004 muestra pérdidas acumuladas de años anteriores por valor de 38,42 millones de euros que corresponden al 360 % del capital suscrito a finales de ese año (10,66 millones de euros). Los resultados negativos obtenidos en 2004 representan un 55,8 % adicional de ese capital. |
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19.

Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución de sus ratios financieros, Chupa Chups parece una empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Directrices. En concreto, la contabilidad anual de 2004 muestra pérdidas acumuladas de años anteriores por valor de 38,42 millones de euros que corresponden al 360 % del capital suscrito a finales de ese año (10,66 millones de euros). Los resultados negativos obtenidos en 2004 representan un 55,8 % adicional de ese capital.

| 20. | En esas circunstancias, Chupa Chups en principio podría haberse acogido a una ayuda de reestructuración. Sin embargo, en esta fase la Comisión considera que no se respetan los criterios de compatibilidad de la ayuda establecidos en las Directrices. En concreto:






  (1) | Las autoridades españolas no han presentado ningún plan de reestructuración, cuya aplicación sería una condición para la concesión de la ayuda. Por tanto, no existe relación entre la ayuda concedida por las distintas entidades públicas y las medidas de reestructuración emprendidas por el beneficiario desde 2002; |
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20.

En esas circunstancias, Chupa Chups en principio podría haberse acogido a una ayuda de reestructuración. Sin embargo, en esta fase la Comisión considera que no se respetan los criterios de compatibilidad de la ayuda establecidos en las Directrices. En concreto:

(1)

Las autoridades españolas no han presentado ningún plan de reestructuración, cuya aplicación sería una condición para la concesión de la ayuda. Por tanto, no existe relación entre la ayuda concedida por las distintas entidades públicas y las medidas de reestructuración emprendidas por el beneficiario desde 2002;

| (2) | Al no existir una notificación y un plan de reestructuración, la Comisión no ha podido evaluar si la ayuda restablecerá la viabilidad a largo plazo, si se ha limitado al mínimo ni si se han evitado falseamientos indebidos a la competencia (especialmente dada la significativa presencia en el mercado del beneficiario). |
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(2)

Al no existir una notificación y un plan de reestructuración, la Comisión no ha podido evaluar si la ayuda restablecerá la viabilidad a largo plazo, si se ha limitado al mínimo ni si se han evitado falseamientos indebidos a la competencia (especialmente dada la significativa presencia en el mercado del beneficiario).

| 21. | Habida cuenta de lo anterior, y con la información de que se dispone en esta fase, la Comisión duda de que las medidas controvertidas sean compatibles con el mercado común como ayuda de reestructuración. Además, no parece ser de aplicación ninguna otra excepción establecida en el Tratado CE. |
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21.

Habida cuenta de lo anterior, y con la información de que se dispone en esta fase, la Comisión duda de que las medidas controvertidas sean compatibles con el mercado común como ayuda de reestructuración. Además, no parece ser de aplicación ninguna otra excepción establecida en el Tratado CE.

DECISIÓN

| 22. | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE e insta a España, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamentono 659/1999 del Consejo a aportar, en el plazo de un mes desde el recibo de la presente, toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar si las medidas pertinentes no constituyen ayuda estatal, así como toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar la compatibilidad de la ayuda. La Comisión solicita a España que remita sin demora una copia de la presente carta al beneficiario potencial de la ayuda. |
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22.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE e insta a España, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamentono 659/1999 del Consejo a aportar, en el plazo de un mes desde el recibo de la presente, toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar si las medidas pertinentes no constituyen ayuda estatal, así como toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar la compatibilidad de la ayuda. La Comisión solicita a España que remita sin demora una copia de la presente carta al beneficiario potencial de la ayuda.

| 23. | La Comisión desea recordar a España que el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE tiene efecto suspensorio y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento no 659/1999 del Consejo, que dispone que toda ayuda ilegal deberá ser recuperada del beneficiario. |
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23.

La Comisión desea recordar a España que el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE tiene efecto suspensorio y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento no 659/1999 del Consejo, que dispone que toda ayuda ilegal deberá ser recuperada del beneficiario.

| 24. | Por la presente, la Comisión comunica a España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.» |
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24.

Por la presente, la Comisión comunica a España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.»

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(1)  344 millones de euros en 2002; 294 millones de euros en 2003; 261 millones de euros en 2004.

(2)  Varias operaciones entre junio y diciembre de 2004, incluida la división de las actividades inmobiliarias y la incorporación de la propiedad de las marcas mediante el incremento de capital.

(3)  El ICF es una entidad de capital público, adscrita a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, que tiene como misión facilitar financiación a los sectores privado y público de la economía catalana. Como institución de crédito público, está especializada en la financiación a medio y largo plazo con especial atención a la pequeña y mediana empresa. El ICF cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. El ICF fue creado por la Ley 2/1985 de 14 de enero.

(4)  La “Casa Batlló” es un emblemático edificio de Gaudí en el centro de Barcelona, declarado “Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional” por España. No obstante, el crédito incluía garantías adicionales para cubrir el riesgo de que algún organismo público adujera un derecho de compra preferencial sobre el edificio. Al final, esto no se produjo y se eliminaron las garantías adicionales. Según las autoridades españolas, la hipoteca sobre la Casa Batlló por el crédito del ICF es de primer grado.

(5)  El crédito fue firmado con un plazo de reembolso de 3 años. A 31 de diciembre de 2004, el importe de 4,4 millones de euros había sido totalmente utilizado.

(6)  5,5 % hasta el 31.12.2003; 4,75 % en 2004; 5 % a partir de 2005.

(7)  El importe deberá rembolsarse en pagos bianuales en un plazo de 6 años y el primer pago se efectuará el 20 de enero de 2006.

(8)  Además, el 29 de diciembre de 2000 ese mismo Ministerio concedió un crédito sin intereses de 1,5 millones de euros en aplicación del régimen aprobado “Actuaciones de Reindustrialización” (N 102/97, N 72/98, N 35/99, N 182/01).

(9)  Las “subvenciones de explotación” generalmente van destinadas a compensar un déficit de actividades específicas o a aportar unos ingresos mínimos.

(10)  DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 25.4.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 97/6 |
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25.4.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 97/6

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Propuesta de Decisión del Consejo sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves (COM(2005) 600 final)

(2006/C 97/03)

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 286,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, y en particular su artículo 41,

Vista la solicitud de dictamen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2 del Reglamento (CE) no 45/2001, presentada por la Comisión y recibida el 29 de noviembre de 2005,

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1.   INTRODUCCIÓN

1.1.   Observación preliminar

La Propuesta de Decisión del Consejo sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades de los Estados miembros responsables de la seguridad interior y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves (en lo sucesivo «la propuesta» ) fue remitida por la Comisión al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) mediante carta de 24 de noviembre de 2005. El SEPD entiende esta carta como una petición de asesoramiento a las instituciones y órganos comunitarios, tal y como está previsto en el artículo 28, apartado 2 del Reglamento (CE) no 45/2001. Según el SEPD, el presente dictamen deberá mencionarse en el preámbulo de la Decisión.

El SEPD considera importante dictaminar sobre este asunto sensible dado que esta propuesta sigue directamente la instauración del VIS, que será sometido a su supervisión y sobre la que ya emitió dictamen el 23 de marzo de 2005 (1). En ese dictamen, ya se previó la hipótesis de acceso por parte de las autoridades policiales (véase más abajo); la creación de nuevos derechos de acceso al VIS repercutirá de manera determinante en el sistema en lo que se refiere a la protección de datos. Por ello, el hecho de dictaminar sobre la presente propuesta es una continuación necesaria del primer dictamen.

1.2.   Importancia de la propuesta

a)   Contexto

La presente propuesta no es importante sólo por sí misma, sino también por incluirse dentro de la tendencia general de conceder a las autoridades policiales el acceso a varios sistemas de información e identificación de amplio alcance. Lo anterior se menciona, entre otras cosas, en la Comunicación de la Comisión de 24 de noviembre de 2005 sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y sinergia entre las bases de datos europeas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (2), especialmente en su punto 4.6: «Por lo que se refiere al objetivo de luchar contra el terrorismo y la delincuencia, el Consejo considera ahora como una deficiencia la falta de acceso de las autoridades responsables de la seguridad interior a los datos del VIS. Se podría hacer la misma observación con respecto a los datos de inmigración contenidos en el SIS II y a los datos EURODAC».

Por ello, la presente propuesta podría considerarse como un precursor de instrumentos jurídicos análogos desarrollados dentro del contexto de otras bases de datos, por lo que resulta fundamental definir desde el principio los casos en los que podrá admitirse ese acceso.

b)   Impacto de un nuevo acceso al VIS

El SEPD reconoce sin duda la necesidad de que las autoridades policiales aprovechen los mejores instrumentos que sea posible para identificar a los autores de actos terroristas u otros delitos graves. También es consciente de que los datos del VIS pueden suponer, en determinadas circunstancias, una fuente esencial de información para esas autoridades.

Con todo, la concesión de acceso a bases de datos del primer pilar a los organismos policiales, por más que esté justificada en la lucha contra el terrorismo, dista mucho de carecer de importancia. Debemos tener presente que el VIS es un sistema de información desarrollado para la aplicación de la política europea de visados y no como instrumento policial. Un acceso habitual significaría de hecho una importante violación del principio de limitación de la finalidad. Supondría una intromisión desproporcionada en la privacidad de los viajeros que aceptan que se traten sus datos para obtener un visado y esperan que sus datos sean recopilados, consultados y transmitidos sólo con ese objeto.

Dado que los sistemas de información se conforman con una finalidad específica, con garantías, seguridad y condiciones de acceso determinadas por esa finalidad, la concesión sistemática de acceso a efectos diferentes del original no sólo infringiría el principio de limitación de finalidad, sino que también podría acarrear que los elementos antes mencionados fueran inadecuados o insuficientes.

Dentro de esa misma línea, un cambio tan importante del sistema podría dejar sin efecto los resultados del estudio de evaluación de impacto (que versaba sobre el uso del sistema sólo para su finalidad original). Lo mismo puede decirse de los dictámenes de las autoridades de protección de datos. Puede afirmarse que la nueva propuesta cambia las premisas del análisis de conformidad que hicieron.

c)   Estricta limitación de este acceso

A la vista de los comentarios precedentes, el SEPD quisiera insistir en que el acceso al VIS por parte de las autoridades policiales podría concederse sólo en circunstancias específicas, caso por caso, y junto con estrictas garantías. En otras palabras, la consulta que hagan las autoridades policiales deberá limitarse mediante los adecuados medios técnicos y jurídicos a casos específicos.

El SEPD ha insistido ya en esto en su dictamen sobre el VIS: «El SEPD es consciente de que los servicios policiales están interesados en que se les dé acceso al VIS; el 7 de marzo de 2005 se adoptaron conclusiones del Consejo al respecto. Debe observarse que, dado que el objetivo del VIS es mejorar la política común de visados, el acceso sistemático de los servicios policiales no es conforme con este objetivo. Aun cuando, a tenor del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE, podría concederse ese acceso ad hoc, en determinadas circunstancias y con las garantías que procedan, no podrá otorgarse un acceso sistemático».

En conclusión, los requisitos esenciales podrían resumirse así:

| — | No debería concederse un acceso sistemático: la Decisión deberá garantizar en todo momento que se estudiará caso por caso la necesidad y la proporcionalidad del acceso por parte de autoridades del tercer pilar. En ese sentido, es capital una redacción precisa del instrumento jurídico para no hacer posible interpretaciones en sentido amplio, que acabarían suponiendo conceder acceso habitual. |
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No debería concederse un acceso sistemático: la Decisión deberá garantizar en todo momento que se estudiará caso por caso la necesidad y la proporcionalidad del acceso por parte de autoridades del tercer pilar. En ese sentido, es capital una redacción precisa del instrumento jurídico para no hacer posible interpretaciones en sentido amplio, que acabarían suponiendo conceder acceso habitual.

| — | En los casos en los que se conceda acceso, se adoptarán las garantías y condiciones apropiadas, entre ellas un régimen de protección de datos global para el uso nacional de los datos teniendo en cuenta el tipo sensible de acceso. |
| --- | --- |

—

En los casos en los que se conceda acceso, se adoptarán las garantías y condiciones apropiadas, entre ellas un régimen de protección de datos global para el uso nacional de los datos teniendo en cuenta el tipo sensible de acceso.

1.3   Comentarios iniciales

El SEPD reconoce que es preciso prestar mucha atención a la protección de datos en este instrumento propuesto, sobre todo al limitar el acceso a casos específicos y sólo dentro del marco de la lucha contra delitos graves (3).

Entre otros elementos positivos, el SEPD desearía mencionar en especial:

| — | la limitación a determinadas formas de delincuencia, según se menciona en el Convenio Europol; |
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—

la limitación a determinadas formas de delincuencia, según se menciona en el Convenio Europol;

| — | la obligación de los Estados miembros de establecer una lista de autoridades que tengan acceso y de hacer públicas dichas listas; |
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—

la obligación de los Estados miembros de establecer una lista de autoridades que tengan acceso y de hacer públicas dichas listas;

| — | la existencia de un punto de acceso central por Estado miembro (y de una unidad especializada dentro de Europol), que permita un mejor filtrado de las solicitudes de acceso, así como una mejor supervisión; |
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la existencia de un punto de acceso central por Estado miembro (y de una unidad especializada dentro de Europol), que permita un mejor filtrado de las solicitudes de acceso, así como una mejor supervisión;

| — | reglas estrictas para posterior transmisión de los datos, con arreglo al artículo 8, apartado 5, de la propuesta; |
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—

reglas estrictas para posterior transmisión de los datos, con arreglo al artículo 8, apartado 5, de la propuesta;

| — | la obligación de los Estados miembros y de Europol de dejar constancia de las personas responsables de la consulta de los datos. |
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—

la obligación de los Estados miembros y de Europol de dejar constancia de las personas responsables de la consulta de los datos.

2.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

2.1.   Observación preliminar

A fin de conceder acceso a las autoridades con arreglo al tercer pilar, la principal propuesta VIS del primer pilar debería proporcionar una cláusula puente que habría de determinar básicamente el posible contenido de un instrumento jurídico del tercer pilar como el de esta propuesta. Cuando el SEPD emitió su dictamen sobre el VIS, dicha cláusula no se había introducido todavía y el SEPD no estaba en condiciones de comentarla. Por ello, todas las observaciones que se hacen a continuación deberán tomarse con la debida reserva respecto del contenido de la cláusula puente.

2.2   Finalidad del acceso

A fin de garantizar la adecuada limitación de acceso, es importante definir claramente las condiciones de acceso al VIS. Estaría bien que, junto con la propia Decisión, la exposición de motivos y los considerandos (en particular el 7) dejen muy claro que la intención es proporcionar acceso sólo caso por caso.

Cabe hacer otro comentario sobre el artículo 5 de la propuesta, a fin de orientar su interpretación.

El artículo 5 restringe el alcance del acceso a condiciones sustanciales:

| b) | el acceso para consultar el sistema deberá ser necesario a efectos de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves; |
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b)

el acceso para consultar el sistema deberá ser necesario a efectos de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves;

| c) | el acceso para consultar el sistema deberá ser necesario en casos específicos (...); y |
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c)

el acceso para consultar el sistema deberá ser necesario en casos específicos (...); y

| d) | si existen motivos fundados, basados en indicios concretos, para considerar que la consulta de los datos del VIS contribuirá a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los delitos de que se trata; |
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d)

si existen motivos fundados, basados en indicios concretos, para considerar que la consulta de los datos del VIS contribuirá a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los delitos de que se trata;

Estas condiciones se acumulan y el inciso b) es más una definición de ámbito ratione materiae. En la práctica significa que la autoridad que pretenda tener acceso deberá encontrarse con importantes actos delictivos, según se mencionan en el inciso b) la propuesta; deberá existir un caso específico según se menciona en el inciso c). Además, la autoridad deberá poder demostrar que, en ese caso específico, la consulta de los datos del VIS contribuirá a la prevención, detección o investigación de ese delito, tal y como se prevé en el inciso d).

Incluso con esta interpretación del artículo 5, al SEPD le preocupa la redacción flexible del inciso d): «contribuirá a» es más bien amplio. Hay muchos casos en los que los datos VIS podrán «contribuir a» la prevención o investigación de un delito grave. Para poder justificar el acceso a los datos del VIS, haciendo caso omiso al principio de limitación de finalidad, el SEPD opina que esta consulta deberá «contribuir sustancialmente a» la prevención, detección o investigación del delito grave de que se trate y sugiere modificar el artículo 5 en ese sentido.

El artículo 10 estipula que los registros deberán indicar el fin exacto del acceso. El «fin exacto» debería incluir los elementos que hicieran necesaria la consulta del VIS en el sentido del artículo 5, letra d). Lo anterior contribuiría a garantizar que se aplique una evaluación de la necesidad de todas las consultas del VIS y se redujera así el riesgo de acceso habitual.

2.3.   Funciones de búsqueda en la base de datos VIS

En el artículo 5, apartados 2 y 3, se proporciona un acceso en dos fases a los datos del VIS, con un conjunto de datos sólo accesibles si se ha producido una respuesta positiva en el primer conjunto de datos. Se trata de un planteamiento correcto en sí mismo. Con todo, el primer conjunto de datos parece demasiado amplio. En particular podría cuestionarse la relevancia de datos como los mencionados en el artículo 5, apartado 2, letras e) e i) para el primer conjunto de datos:

| — | El «motivo del viaje» parece ser una clave demasiado general como para permitir una consulta eficiente del sistema. Además, acarrea el riesgo de trazar un perfil de viajero basado en dicho elemento. |
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—

El «motivo del viaje» parece ser una clave demasiado general como para permitir una consulta eficiente del sistema. Además, acarrea el riesgo de trazar un perfil de viajero basado en dicho elemento.

| — | En cuanto a «fotografías», es limitada la posibilidad de consultar una base de datos amplia basada en fotografías; los resultados producidos por esas búsquedas suponen, en el estado actual de la tecnología, una tasa inaceptable de respuestas falsas. Las consecuencias de una identificación errónea son muy graves para el afectado. |
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—

En cuanto a «fotografías», es limitada la posibilidad de consultar una base de datos amplia basada en fotografías; los resultados producidos por esas búsquedas suponen, en el estado actual de la tecnología, una tasa inaceptable de respuestas falsas. Las consecuencias de una identificación errónea son muy graves para el afectado.

Por ello, el SEPD solicita que los datos mencionados en el artículo 5, apartado 2, letras e) e i) se consideren como información adicional accesible si la primera consulta mostrara que ya existen datos en el sistema y se trasladan al artículo 5, apartado 3).

Por otro lado, la posibilidad de consultar la base de datos sobre la base de fotografías debería someterse a una evaluación de esta técnica por parte del comité asesor y aplicarse sólo cuando la tecnología estuviera lo suficientemente evolucionada y fuera suficientemente fiable.

2.4.   Aplicación a los Estados miembros a los que no se aplica el Reglamento VIS

El acceso al VIS para consulta podrán hacerlo las autoridades responsables de la seguridad interior de los Estados miembros que no sean parte del VIS. Estos servicios tendrán que efectuar la consulta mediante un Estado miembro participante, respetando las condiciones previstas en el artículo 5, apartado 1, letras b) a d) (es decir, caso por caso), y presentar una solicitud por escrito debidamente motivada.

El SEPD quisiera resaltar la necesidad de imponer algunas condiciones al tratamiento tras la consulta. La norma que se aplica a los Estados miembros participantes en el VIS es que, una vez que se hayan recuperado datos del VIS, deberán tratarse de acuerdo con la Decisión Marco de Protección de Datos del Tercer Pilar (véase más adelante). La misma condición deberá aplicarse a los Estados miembros en los que no se aplica el Reglamento VIS pero que consulten sus datos. Debería seguirse el mismo razonamiento a la conservación de registros para su futura supervisión. Por ello, el SEPD recomienda que se añada en el artículo 6 de la propuesta un párrafo en el sentido de que los artículos 8 y 10 de la Decisión se aplicarán también a los Estados miembros a los que no se aplique el Reglamento VIS.

2.5.   Régimen de protección de datos

a)   Aplicación de la Decisión Marco de Protección de Datos en el Tercer Pilar

Dado que el acceso de las autoridades responsables de la seguridad interior representa una excepción a la finalidad del VIS, ese acceso deberá estar sometido a un régimen de protección de datos coherente que garantice un alto nivel de protección de los datos extraídos del VIS y tratados por las autoridades nacionales o por Europol.

El artículo 8 de la propuesta establece que la Decisión marco del Consejo sobre la protección de datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (en lo sucesivo denominada «Decisión marco») se aplicará al tratamiento de datos efectuado con arreglo a la Decisión propuesta. Por lo que respecta a la protección de los datos, la presente propuesta debería considerarse, pues, como lex specialis que desarrolla o especifica la lex generalis (es decir, la Decisión marco). Por ejemplo, las normas sobre las transferencias sucesivas de datos a otros terceros países son más estrictas en esta propuesta y deberían seguirse. Lo mismo ocurre con los motivos para acceder a los datos.

b)   Ámbito de aplicación

El SEPD se congratula del hecho de que el régimen de protección de datos de la Decisión marco se aplique a todo tratamiento de datos personales con arreglo a la Decisión propuesta. Ello significa que el nivel de protección de los datos será equivalente, cualesquiera que sean las autoridades que consulten los datos del VIS.

Como el artículo 2 se vale de un criterio funcional para definir a dichas autoridades («las autoridades de los Estados miembros que son responsables de la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves»), esta definición podría abarcar a los servicios de inteligencia tanto como a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, los servicios de inteligencia que consulten el VIS están, en principio, sujetos a las mismas obligaciones en lo que respecta a la protección de datos, lo que constituye, naturalmente, un elemento positivo.

No obstante, como podrían albergarse algunas dudas respecto a esta interpretación sobre la aplicabilidad de la Decisión marco a los servicios de inteligencia cuando consultan los datos VIS, el SEPD sugiere una redacción alternativa, tal como:

«En los casos en que no sea de aplicación la Decisión marco (...), los Estados miembros dispondrán un nivel de protección de los datos al menos equivalente al que garantiza la Decisión marco».

c)   Supervisión

En cuanto a la redacción del artículo 8, debería aclararse que el apartado 1 se refiere al tratamiento de datos dentro del territorio de los Estados miembros. Los apartados 2 y 3 aclaran su ámbito de aplicación (tratamiento de datos por Europol y por la Comisión) y debería explicitarse que el apartado 1 se refiere a otra hipótesis.

La distribución de competencias de supervisión atendiendo a las respectivas actividades de los distintos agentes es un planteamiento correcto. Sin embargo, se echa en falta un elemento: la necesidad de un enfoque coordinado de la supervisión. Como ya se declaró en el dictamen del SEPD sobre el VIS: «Por lo que se refiere a la supervisión del VIS, es importante destacar que las actividades de supervisión de las autoridades nacionales de control y del SEPD deberían coordinarse en cierta medida. Efectivamente, es necesario que la aplicación del Reglamento se haga de forma armonizada y que se intente alcanzar un enfoque común frente a problemas igualmente comunes.

la necesidad de un enfoque coordinado de la supervisión.

«Por lo que se refiere a la supervisión del VIS, es importante destacar que las actividades de supervisión de las autoridades nacionales de control y del SEPD deberían coordinarse en cierta medida. Efectivamente, es necesario que la aplicación del Reglamento se haga de forma armonizada y que se intente alcanzar un enfoque común frente a problemas igualmente comunes.

Así, el artículo 35 [de la propuesta VIS] debería incluir una disposición en ese sentido, en la que se establezca que el SEPD convocará una reunión, al menos una vez al año, con todas las autoridades nacionales de control.»

Así, el artículo 35 [de la propuesta VIS] debería incluir una disposición en ese sentido, en la que se establezca que el SEPD convocará una reunión, al menos una vez al año, con todas las autoridades nacionales de control.»

Lo mismo ocurre con esta utilización específica del sistema VIS (en este caso participa también la Autoridad Común de Control de Europol). La supervisión debería ser plenamente coherente con la del «VIS del primer pilar», ya que constituye el mismo sistema. Además, las reuniones de coordinación convocadas por el SEPD con todos los participantes en la supervisión son el modelo que se ha escogido para la supervisión de otros sistemas de información a gran escala, como Eurodac.

El SEPD es consciente de que en la propuesta está prevista en cierto modo una coordinación, ya que se menciona el papel del futuro Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales establecido en virtud del artículo 31 de la propuesta de Decisión Marco. No obstante, cabe reiterar que la supervisión en sí no queda englobada en la misión de dicho órgano consultivo.

El SEPD sugiere que se añada una disposición que establezca que los participantes en la reunión de coordinación convocada por él en el marco de la supervisión del «VIS del primer pilar» tendrán también competencia para los datos tratados en virtud de esta propuesta y que, a tal efecto, la Autoridad Común de Control de Europol tendría que estar representada.

2.6.   Autoauditoría

El artículo 12 de la propuesta establece sistemas de supervisión para el VIS. El SEPD opina que esta supervisión no debe cubrir únicamente los aspectos de los resultados, la relación coste-eficacia y la calidad de los servicios, sino también el respeto de los requisitos legales, especialmente en el campo de la protección de datos. Por lo tanto, el artículo 12 debería modificarse en consecuencia.

El SEPD opina que esta supervisión no debe cubrir únicamente los aspectos de los resultados, la relación coste-eficacia y la calidad de los servicios, sino también el respeto de los requisitos legales, especialmente en el campo de la protección de datos.

Para realizar esta autoauditoría de la legalidad del tratamiento, la Comisión debe poder utilizar los registros conservados con arreglo al artículo 10 de la propuesta. Por tanto, el artículo 10 debe prever que dichos registros no sólo se conserven para supervisar la protección y la seguridad de los datos, sino también para realizar autoauditorías periódicas del VIS. Los propios informes de autoauditoría servirán de ayuda en la tarea de supervisión del SEPD y de los otros supervisores, que podrán así seleccionar mejor los ámbitos de supervisión prioritarios.

el artículo 10 debe prever que dichos registros no sólo se conserven para supervisar la protección y la seguridad de los datos, sino también para realizar autoauditorías periódicas del VIS

3.   CONCLUSIÓN

En vista de lo anterior, el SEPD subraya que es crucial dar acceso a las autoridades competentes para la seguridad interior y a Europol, sólo en casos concretos y con garantías rigurosas. Este objetivo se consigue en la propuesta de forma globalmente satisfactoria, si bien pueden introducirse algunas mejoras, propuestas en el presente dictamen:

| — | Ha de ser condición del acceso al VIS en virtud del artículo 5 que la consulta vaya a contribuir de manera sustancial a la prevención, detección e investigación de delitos graves, y que los registros establecidos por el artículo 10 permitan evaluar esta condición en cada caso concreto. |
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Ha de ser condición del acceso al VIS en virtud del artículo 5 que la consulta vaya a contribuir de manera sustancial a la prevención, detección e investigación de delitos graves, y que los registros establecidos por el artículo 10 permitan evaluar esta condición en cada caso concreto.

| — | Dos funciones de búsqueda para el acceso al VIS que se mencionan en el artículo 5.2, «motivo del viaje» y «fotografías», deberían reconsiderarse y facilitarse como información suplementaria en caso de respuesta positiva. |
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Dos funciones de búsqueda para el acceso al VIS que se mencionan en el artículo 5.2, «motivo del viaje» y «fotografías», deberían reconsiderarse y facilitarse como información suplementaria en caso de respuesta positiva.

| — | El nivel de protección de datos aplicable después de la consulta debería ser equivalente, independientemente de las autoridades que consulten los datos del VIS. Los artículos 8 y 10 deberían aplicarse también a los Estados miembros a los que no se aplica el Reglamento VIS. |
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El nivel de protección de datos aplicable después de la consulta debería ser equivalente, independientemente de las autoridades que consulten los datos del VIS. Los artículos 8 y 10 deberían aplicarse también a los Estados miembros a los que no se aplica el Reglamento VIS.

| — | Debería garantizarse un planteamiento coordinado de la supervisión, también en lo que respecta al acceso al VIS que prevé esta propuesta. |
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Debería garantizarse un planteamiento coordinado de la supervisión, también en lo que respecta al acceso al VIS que prevé esta propuesta.

| — | Las disposiciones sobre sistemas de seguimiento deberían garantizar asimismo la autoauditoría del cumplimiento de los requisitos de protección de datos. |
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Las disposiciones sobre sistemas de seguimiento deberían garantizar asimismo la autoauditoría del cumplimiento de los requisitos de protección de datos.

Bruselas, a 20 de enero de 2006.

Peter HUSTINX

Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (COM(2004)835 final).

1

(2)  COM (2005) 597 final.

2

(3)  Esto es también coherente con las conclusiones de los Consejos de marzo y julio de 2005, que pedían que el acceso al VIS se concediera a las autoridades encargadas de la seguridad interior «sólo dentro del estricto respeto de las normas relativas a la protección de datos de carácter personal,».

3

sólo dentro del estricto respeto de las normas relativas a la protección de datos de carácter personal,

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Corrección de errores

| 25.4.2006 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 97/11 |
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25.4.2006

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 97/11

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Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas

(
  Diario Oficial de la Unión Europea C 49 de 28 de febrero de 2006
  )

(2006/C 97/04)

En la página 5:

| CEN | EN 30-2-1:1998
  Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General. | — | |
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| EN 30-2-1:1998/A1:2003 | Nota 3 | Fecha de vencimiento
  (10.12.2004) |
| EN 30-2-1:1998/A2:2005 | Nota 3 | La fecha de esta publicación |
| EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004 | | |

CEN

EN 30-2-1:1998

Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General.

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EN 30-2-1:1998/A1:2003

Nota 3

Fecha de vencimiento

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Nota 3

La fecha de esta publicación

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

se sustituye por:

| CEN | EN 30-2-1:1998
  Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General. | — | |
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  (10.12.2004) |
| EN 30-2-1:1998/A2:2005 | Nota 3 | Fecha de vencimiento
  (11.11.2005) |
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CEN

EN 30-2-1:1998

Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 2-1: Uso racional de la energía. General.

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EN 30-2-1:1998/A1:2003

Nota 3

Fecha de vencimiento

(10.12.2004)

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Nota 3

Fecha de vencimiento

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

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