# Diario Oficial C 151/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.151.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 151 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año26 de mayo de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.151.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 151

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año26 de mayo de 2012

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| Número de información | Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2012/C 151/01 | Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 138 de 12.5.2012 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2012/C 151/01

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 138 de 12.5.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2012/C 151/02 | Asunto C-504/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia, Hungría, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Recurso de casación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Polonia para el período 2008-2012 — Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 — Competencias respectivas de la Comisión y de los Estados miembros — Igualdad de trato) | 2 |
| 2012/C 151/03 | Asunto C-505/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Estonia, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Recurso de casación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Estonia para el período de 2008 a 2012 — Competencias respectivas de los Estados miembros y de la Comisión — Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 — Igualdad de trato — Principio de buena administración) | 2 |
| 2012/C 151/04 | Asuntos acumulados C-7/10 y C-9/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10) (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Derecho de residencia — Miembros de la familia de un trabajador turco naturalizado — Conservación de la nacionalidad turca — Fecha de naturalización) | 3 |
| 2012/C 151/05 | Asunto C-185/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/83/CE — Artículos 5 y 6 — Especialidades farmacéuticas — Medicamentos para uso humano — Autorización de comercialización — Normativa de un Estado miembro que exime de autorización de comercialización a los medicamentos similares pero de precio inferior a los medicamentos autorizados) | 3 |
| 2012/C 151/06 | Asunto C-209/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Artículo 82 CE — Empresa de correos que ocupa una posición dominante y tiene una obligación de servicio universal en lo que respecta a la distribución de determinados envíos con destinatario — Aplicación de precios reducidos a determinados antiguos clientes de un competidor — Inexistencia de pruebas sobre la intención — Discriminación de precios — Precios reducidos y selectivos — Exclusión efectiva o probable de un competidor — Efectos en la competencia y, por ende, en los consumidores — Justificación objetiva) | 4 |
| 2012/C 151/07 | Asunto C-243/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Ayudas en favor de la industria hotelera en Cerdeña — Recuperación) | 4 |
| 2012/C 151/08 | Asunto C-414/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État (IVA — Sexta Directiva — Artículo 17, apartado 2, letra b) — Tributación de un producto importado de un tercer país — Normativa nacional — Derecho a deducción del IVA a la importación — Requisito — Pago efectivo del IVA por el deudor) | 5 |
| 2012/C 151/09 | Asunto C-417/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA (Fiscalidad directa — Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal — Abuso de Derecho — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Libertades garantizadas por el Tratado — Principio de no discriminación — Ayudas de Estado — Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión) | 5 |
| 2012/C 151/10 | Asunto C-436/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons — Bélgica) — État belge/BLM SA (Sexta Directiva IVA — Artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y artículo 13, parte B, letra b) — Derecho a deducción — Bien de inversión perteneciente a un sujeto pasivo que es persona jurídica y que pone a disposición de su personal para satisfacer necesidades privadas de éste) | 6 |
| 2012/C 151/11 | Asunto C-500/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italia) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl (Fiscalidad — IVA — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Sexta Directiva — Artículos 2 y 22 — Terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación) | 6 |
| 2012/C 151/12 | Asunto C-564/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG [Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículos 3 y 4 — Medidas administrativas — Recuperación de ventajas indebidamente obtenidas — Intereses compensatorios y de demora debidos en aplicación del Derecho nacional — Aplicación de las normas sobre prescripción del Reglamento no 2988/95 a la recuperación de tales intereses de demora — Dies a quo de la prescripción — Concepto de suspensión — Concepto de interrupción] | 7 |
| 2012/C 151/13 | Asunto C-599/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie (Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Procedimientos de adjudicación de los contratos — Licitación restringida — Valoración de la oferta — Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador — Requisitos) | 7 |
| 2012/C 151/14 | Asunto C-607/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/1/CE — Prevención y control integrados de la contaminación — Requisitos de autorización de las instalaciones existentes — Obligación de garantizar la explotación de dichas instalaciones con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva) | 8 |
| 2012/C 151/15 | Asunto C-1/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Mainz — Alemania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) [Medio ambiente — Reglamento (CE) no 1013/2006 — Artículo 18, apartados 1 y 4 — Traslados de determinados residuos — Artículo 3, apartado 2 — Información obligatoria — Identidad de la empresa que genera los residuos — No indicación por el intermediario — Protección de los secretos comerciales] | 8 |
| 2012/C 151/16 | Asuntos acumulados C-164/10 a C-176/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuele Ferazzoli y otros/Ministero dell’Interno (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 9 |
| 2012/C 151/17 | Asunto C-255/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Roma — Italia) — proceso penal contra Alessandro Sacchi (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 10 |
| 2012/C 151/18 | Asunto C-279/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Verbania — Italia) — proceso penal contra Matteo Minesi (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 10 |
| 2012/C 151/19 | Asunto C-413/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Prato — Italia) — proceso penal contra Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 11 |
| 2012/C 151/20 | Asunto C-501/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Russo (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 12 |
| 2012/C 151/21 | Asunto C-107/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 13 |
| 2012/C 151/22 | Asunto C-368/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Arrichiello (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 13 |
| 2012/C 151/23 | Asunto C-612/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — proceso penal contra Vincenzo Veneruso (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia) | 14 |
| 2012/C 151/24 | Asunto C-94/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) el 20 de febrero de 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, Luigino Mannocchi/Provincia di Fermo | 15 |
| 2012/C 151/25 | Asunto C-100/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 24 de febrero de 2012 — Fastweb Spa/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria | 15 |
| 2012/C 151/26 | Asunto C-105/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Essent N.V. y Essent Nederland B.V. | 15 |
| 2012/C 151/27 | Asunto C-106/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding N.V. | 16 |
| 2012/C 151/28 | Asunto C-107/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV | 16 |
| 2012/C 151/29 | Asunto C-108/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Vâlcea (Rumanía) el 29 de febrero de 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea | 17 |
| 2012/C 151/30 | Asunto C-111/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de febrero de 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali y otros/Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia y otros | 17 |
| 2012/C 151/31 | Asunto C-113/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 1 de marzo de 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency | 18 |
| 2012/C 151/32 | Asunto C-117/12: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Burgos (España) el 5 de marzo de 2012 — La Retoucherie de Manuela, S. L./La Retoucherie de Burgos, S. C. | 18 |
| 2012/C 151/33 | Asunto C-123/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Giurgiu (Rumanía) el 6 de marzo de 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu | 19 |
| 2012/C 151/34 | Asunto C-124/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) el 7 de marzo de 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv | 19 |
| 2012/C 151/35 | Asunto C-128/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) el 8 de marzo de 2012 — Sindicato dos Bancários do Norte y otros/BPN — Banco Português de Negócios, S.A. | 20 |
| 2012/C 151/36 | Asunto C-136/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de marzo de 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato | 20 |
| 2012/C 151/37 | Asunto C-137/12: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea | 24 |
| 2012/C 151/38 | Asunto C-138/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 15 de marzo de 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite | 24 |
| 2012/C 151/39 | Asunto C-142/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 21 de marzo de 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direksia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite | 25 |
| 2012/C 151/40 | Asunto C-147/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hovrätten för Nedre Norrland (Suecia) el 26 de marzo de 2012 — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/1) Frank Koot 2) Evergreen Investments AB | 25 |
| 2012/C 151/41 | Asunto C-163/11: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Anex Customs BVBA/Belgische Staat, KBC Band NV | 26 |
| | Tribunal General |
| 2012/C 151/42 | Asunto T-114/09: Auto del Tribunal General de 22 de marzo de 2012 — Viasat Broadcasting UK/Comisión (Ayudas de Estado — Reembolso de la ayuda — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento) | 27 |
| 2012/C 151/43 | Asunto T-273/09: Auto del Tribunal General de 19 de marzo de 2012 — Associazione Giùlemanidallajuve/Comisión (Competencia — Prácticas colusorias — Abuso de posición dominante — Desestimación de una denuncia — Interés legítimo — Interés comunitario — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado) | 27 |
| 2012/C 151/44 | Asunto T-327/09: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Connefroy y otros/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad) | 27 |
| 2012/C 151/45 | Asunto T-508/09: Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — Cañas/Comisión (Competencia — Normas antidopaje — Decisión por la que se desestima una denuncia — Cese de actividad profesional — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento) | 28 |
| 2012/C 151/46 | Asunto T-236/10: Auto del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Asociación Española de Banca/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas que permite la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y no se ordena la recuperación de las ayudas — Asociación — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad) | 28 |
| 2012/C 151/47 | Asunto T-261/11: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — European Goldfields/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Ayuda concedida por las autoridades griegas a la empresa minera Ellinikos Chrysos consistente en transmitirle la explotación minera de Casandra a un precio inferior a su valor real de mercado y eximiéndola de los impuestos que gravaban la operación — Decisión por la que se declara la ayuda ilegal y se ordena su recuperación, junto con los intereses correspondientes — Falta de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad) | 29 |
| 2012/C 151/48 | Asunto T-341/11: Auto del Tribunal General de 23 de marzo de 2012 — Ecologistas en Acción/Comisión [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Denegación tácita de acceso — Interés en ejercitar la acción — Decisión expresa adoptada tras la interposición del recurso — Sobreseimiento] | 29 |
| 2012/C 151/49 | Asunto T-97/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo | 29 |
| 2012/C 151/50 | Asunto T-98/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo | 30 |
| 2012/C 151/51 | Asunto T-99/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo | 30 |
| 2012/C 151/52 | Asunto T-100/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Almashreq Investment/Consejo | 30 |
| 2012/C 151/53 | Asunto T-101/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Cham/Consejo | 31 |
| 2012/C 151/54 | Asunto T-102/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Sorouh/Consejo | 31 |
| 2012/C 151/55 | Asunto T-103/12: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2012 — T&L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión | 31 |
| 2012/C 151/56 | Asunto T-125/08: Auto del Tribunal General de 30 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión | 33 |
| 2012/C 151/57 | Asunto T-368/08: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión | 33 |
| 2012/C 151/58 | Asunto T-501/09: Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — PhysioNova/OAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX) | 33 |
| 2012/C 151/59 | Asunto T-581/10: Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2012 — X Technology Swiss/OAMI — Brawn (X-Undergear) | 33 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2012/C 151/02

Asunto C-504/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia, Hungría, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Recurso de casación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Polonia para el período 2008-2012 — Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 — Competencias respectivas de la Comisión y de los Estados miembros — Igualdad de trato)

2

2012/C 151/03

Asunto C-505/09 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Estonia, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Recurso de casación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Estonia para el período de 2008 a 2012 — Competencias respectivas de los Estados miembros y de la Comisión — Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 — Igualdad de trato — Principio de buena administración)

2

2012/C 151/04

Asuntos acumulados C-7/10 y C-9/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10) (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Derecho de residencia — Miembros de la familia de un trabajador turco naturalizado — Conservación de la nacionalidad turca — Fecha de naturalización)

3

2012/C 151/05

Asunto C-185/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia (Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/83/CE — Artículos 5 y 6 — Especialidades farmacéuticas — Medicamentos para uso humano — Autorización de comercialización — Normativa de un Estado miembro que exime de autorización de comercialización a los medicamentos similares pero de precio inferior a los medicamentos autorizados)

3

2012/C 151/06

Asunto C-209/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Artículo 82 CE — Empresa de correos que ocupa una posición dominante y tiene una obligación de servicio universal en lo que respecta a la distribución de determinados envíos con destinatario — Aplicación de precios reducidos a determinados antiguos clientes de un competidor — Inexistencia de pruebas sobre la intención — Discriminación de precios — Precios reducidos y selectivos — Exclusión efectiva o probable de un competidor — Efectos en la competencia y, por ende, en los consumidores — Justificación objetiva)

4

2012/C 151/07

Asunto C-243/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República Italiana (Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Ayudas en favor de la industria hotelera en Cerdeña — Recuperación)

4

2012/C 151/08

Asunto C-414/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État (IVA — Sexta Directiva — Artículo 17, apartado 2, letra b) — Tributación de un producto importado de un tercer país — Normativa nacional — Derecho a deducción del IVA a la importación — Requisito — Pago efectivo del IVA por el deudor)

5

2012/C 151/09

Asunto C-417/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA (Fiscalidad directa — Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal — Abuso de Derecho — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Libertades garantizadas por el Tratado — Principio de no discriminación — Ayudas de Estado — Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión)

5

2012/C 151/10

Asunto C-436/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons — Bélgica) — État belge/BLM SA (Sexta Directiva IVA — Artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y artículo 13, parte B, letra b) — Derecho a deducción — Bien de inversión perteneciente a un sujeto pasivo que es persona jurídica y que pone a disposición de su personal para satisfacer necesidades privadas de éste)

6

2012/C 151/11

Asunto C-500/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italia) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl (Fiscalidad — IVA — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Sexta Directiva — Artículos 2 y 22 — Terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación)

6

2012/C 151/12

Asunto C-564/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG [Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículos 3 y 4 — Medidas administrativas — Recuperación de ventajas indebidamente obtenidas — Intereses compensatorios y de demora debidos en aplicación del Derecho nacional — Aplicación de las normas sobre prescripción del Reglamento no 2988/95 a la recuperación de tales intereses de demora — Dies a quo de la prescripción — Concepto de suspensión — Concepto de interrupción]

o

o

7

2012/C 151/13

Asunto C-599/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie (Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Procedimientos de adjudicación de los contratos — Licitación restringida — Valoración de la oferta — Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador — Requisitos)

7

2012/C 151/14

Asunto C-607/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Medio ambiente — Directiva 2008/1/CE — Prevención y control integrados de la contaminación — Requisitos de autorización de las instalaciones existentes — Obligación de garantizar la explotación de dichas instalaciones con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva)

8

2012/C 151/15

Asunto C-1/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Mainz — Alemania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) [Medio ambiente — Reglamento (CE) no 1013/2006 — Artículo 18, apartados 1 y 4 — Traslados de determinados residuos — Artículo 3, apartado 2 — Información obligatoria — Identidad de la empresa que genera los residuos — No indicación por el intermediario — Protección de los secretos comerciales]

o

8

2012/C 151/16

Asuntos acumulados C-164/10 a C-176/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuele Ferazzoli y otros/Ministero dell’Interno (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

9

2012/C 151/17

Asunto C-255/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Roma — Italia) — proceso penal contra Alessandro Sacchi (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

10

2012/C 151/18

Asunto C-279/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Verbania — Italia) — proceso penal contra Matteo Minesi (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

10

2012/C 151/19

Asunto C-413/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Prato — Italia) — proceso penal contra Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

11

2012/C 151/20

Asunto C-501/10: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Russo (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

12

2012/C 151/21

Asunto C-107/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

13

2012/C 151/22

Asunto C-368/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Arrichiello (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

13

2012/C 151/23

Asunto C-612/11: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — proceso penal contra Vincenzo Veneruso (Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones — Adjudicación de 16300 concesiones adicionales — Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia — Principio de seguridad jurídica — Protección de los titulares de las concesiones anteriores — Normativa nacional — Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas — Procedencia — Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión — Prohibición por parte de la normativa nacional — Procedencia)

14

2012/C 151/24

Asunto C-94/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) el 20 de febrero de 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, Luigino Mannocchi/Provincia di Fermo

15

2012/C 151/25

Asunto C-100/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 24 de febrero de 2012 — Fastweb Spa/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

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2012/C 151/26

Asunto C-105/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Essent N.V. y Essent Nederland B.V.

15

2012/C 151/27

Asunto C-106/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding N.V.

16

2012/C 151/28

Asunto C-107/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV

16

2012/C 151/29

Asunto C-108/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Vâlcea (Rumanía) el 29 de febrero de 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

17

2012/C 151/30

Asunto C-111/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de febrero de 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali y otros/Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia y otros

17

2012/C 151/31

Asunto C-113/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 1 de marzo de 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency

18

2012/C 151/32

Asunto C-117/12: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Burgos (España) el 5 de marzo de 2012 — La Retoucherie de Manuela, S. L./La Retoucherie de Burgos, S. C.

18

2012/C 151/33

Asunto C-123/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Giurgiu (Rumanía) el 6 de marzo de 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

19

2012/C 151/34

Asunto C-124/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) el 7 de marzo de 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv

19

2012/C 151/35

Asunto C-128/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) el 8 de marzo de 2012 — Sindicato dos Bancários do Norte y otros/BPN — Banco Português de Negócios, S.A.

20

2012/C 151/36

Asunto C-136/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de marzo de 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

20

2012/C 151/37

Asunto C-137/12: Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

24

2012/C 151/38

Asunto C-138/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 15 de marzo de 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2012/C 151/39

Asunto C-142/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 21 de marzo de 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direksia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

25

2012/C 151/40

Asunto C-147/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hovrätten för Nedre Norrland (Suecia) el 26 de marzo de 2012 — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/1) Frank Koot 2) Evergreen Investments AB

25

2012/C 151/41

Asunto C-163/11: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Anex Customs BVBA/Belgische Staat, KBC Band NV

26

Tribunal General

2012/C 151/42

Asunto T-114/09: Auto del Tribunal General de 22 de marzo de 2012 — Viasat Broadcasting UK/Comisión (Ayudas de Estado — Reembolso de la ayuda — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento)

27

2012/C 151/43

Asunto T-273/09: Auto del Tribunal General de 19 de marzo de 2012 — Associazione Giùlemanidallajuve/Comisión (Competencia — Prácticas colusorias — Abuso de posición dominante — Desestimación de una denuncia — Interés legítimo — Interés comunitario — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

27

2012/C 151/44

Asunto T-327/09: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Connefroy y otros/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad)

27

2012/C 151/45

Asunto T-508/09: Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — Cañas/Comisión (Competencia — Normas antidopaje — Decisión por la que se desestima una denuncia — Cese de actividad profesional — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento)

28

2012/C 151/46

Asunto T-236/10: Auto del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Asociación Española de Banca/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas que permite la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y no se ordena la recuperación de las ayudas — Asociación — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad)

28

2012/C 151/47

Asunto T-261/11: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — European Goldfields/Comisión (Recurso de anulación — Ayudas de Estado — Ayuda concedida por las autoridades griegas a la empresa minera Ellinikos Chrysos consistente en transmitirle la explotación minera de Casandra a un precio inferior a su valor real de mercado y eximiéndola de los impuestos que gravaban la operación — Decisión por la que se declara la ayuda ilegal y se ordena su recuperación, junto con los intereses correspondientes — Falta de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad)

29

2012/C 151/48

Asunto T-341/11: Auto del Tribunal General de 23 de marzo de 2012 — Ecologistas en Acción/Comisión [Acceso a los documentos — Reglamento (CE) no 1049/2001 — Denegación tácita de acceso — Interés en ejercitar la acción — Decisión expresa adoptada tras la interposición del recurso — Sobreseimiento]

o

29

2012/C 151/49

Asunto T-97/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo

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2012/C 151/50

Asunto T-98/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo

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2012/C 151/51

Asunto T-99/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo

30

2012/C 151/52

Asunto T-100/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Almashreq Investment/Consejo

30

2012/C 151/53

Asunto T-101/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Cham/Consejo

31

2012/C 151/54

Asunto T-102/12: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Sorouh/Consejo

31

2012/C 151/55

Asunto T-103/12: Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2012 — T&L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión

31

2012/C 151/56

Asunto T-125/08: Auto del Tribunal General de 30 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión

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2012/C 151/57

Asunto T-368/08: Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión

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2012/C 151/58

Asunto T-501/09: Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — PhysioNova/OAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

33

2012/C 151/59

Asunto T-581/10: Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2012 — X Technology Swiss/OAMI — Brawn (X-Undergear)

33

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/1 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/1

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2012/C 151/01

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 138 de 12.5.2012

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 133 de 5.5.2012

DO C 126 de 28.4.2012

DO C 118 de 21.4.2012

DO C 109 de 14.4.2012

DO C 89 de 24.3.2012

DO C 80 de 17.3.2012

Estos textos se encuentran disponibles en:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/2 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia, Hungría, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-504/09 P) (1)

(Recurso de casación - Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Polonia para el período 2008-2012 - Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 - Competencias respectivas de la Comisión y de los Estados miembros - Igualdad de trato)

2012/C 151/02

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: E. Kružiková y K. Herrmann, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la Comisión: Reino de Dinamarca (representante: C. Vang, agente)

Otras partes en el procedimiento: República de Polonia (representantes: M. Szpunar, M. Nowacki y B. Majczyna, agentes), Hungría, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: H. Walker, agente, y J. Maurici, Barrister)

Partes coadyuvantes en apoyo de la República de Polonia: República Checa (representantes: M. Smolek y D. Hadroušek, agentes), Rumanía (representantes: V. Angelescu y A. Cazacioc, asesores)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda), de 23 de septiembre de 2009, Polonia/Comisión (T-183/07), por la que dicho Tribunal anuló la Decisión C(2007) 1295 final de la Comisión, de 26 de marzo de 2007, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por la República de Polonia para el período comprendido entre 2008 y 2012, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32) — Principio ne ultra petita — Límites del control jurisdiccional — Infracción del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia — Interpretación errónea del artículo 296 TFUE, del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE, así como de los artículos 1, apartado 1, 2, apartado 1, y 3, apartado 1, de la Decisión C(2007) 1295 final de la Comisión.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

| 3) | La República Checa, el Reino de Dinamarca, Rumanía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportarán sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República Checa, el Reino de Dinamarca, Rumanía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportarán sus propias costas.

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(1)  DO C 51, de 27.2.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/2 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Estonia, República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-505/09 P) (1)

(Recurso de casación - Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Plan nacional de asignación de derechos de emisión de la República de Estonia para el período de 2008 a 2012 - Competencias respectivas de los Estados miembros y de la Comisión - Artículo 9, apartados 1 y 3, y artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87 - Igualdad de trato - Principio de buena administración)

2012/C 151/03

Lengua de procedimiento: estonio

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: E. Kružíková, E. Randvere y E. White, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la Comisión: Reino de Dinamarca (representante: C. Vang, agente)

Otras partes en el procedimiento: República de Estonia (representantes: L. Uibo y M. Linntam, agentes), República de Lituania, República Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Partes coadyuvantes en apoyo de la República de Estonia: República Checa (representante: M. Smolek, agente), República de Letonia (representantes: K. Drēviņa e I. Kalniņš, agentes)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) de 23 de septiembre de 2009, Estonia/Comisión (T-263/07), mediante la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 2007, relativa al plan nacional de reparto de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero presentado por la República de Estonia para el período comprendido entre 2008 y 2012, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32) — Error de Derecho en el examen de la admisibilidad del recurso de anulación — Interpretación errónea de los artículos 9, apartados 1 y 3, y 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE y del principio general de igualdad de trato — Interpretación errónea del alcance y de la extensión del principio de buena administración — Calificación errónea de las disposiciones de la decisión impugnada como inseparables que origina la anulación total y no parcial de dicha decisión.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

| 3) | La República Checa, el Reino de Dinamarca y la República de Letonia cargarán con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La República Checa, el Reino de Dinamarca y la República de Letonia cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 63, de 13.3.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/3 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State — Países Bajos) — Staatssecretaris van Justitie/Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)

(Asuntos acumulados C-7/10 y C-9/10) (1)

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Derecho de residencia - Miembros de la familia de un trabajador turco naturalizado - Conservación de la nacionalidad turca - Fecha de naturalización)

2012/C 151/04

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Justitie

Demandadas: Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 7 de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la asociación, adoptada por el Consejo de asociación instituido mediante el Acuerdo de asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía — Derecho de estancia para los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Miembros de la familia de un trabajador turco naturalizado, pero que haya conservado su nacionalidad turca — Fecha de naturalización.

Fallo

El artículo 7 de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro pueden continuar invocando esta disposición una vez que el trabajador ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida, conservando al mismo tiempo la nacionalidad turca.

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(1)  DO C 63, de 13.3.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/3 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Polonia

(Asunto C-185/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/83/CE - Artículos 5 y 6 - Especialidades farmacéuticas - Medicamentos para uso humano - Autorización de comercialización - Normativa de un Estado miembro que exime de autorización de comercialización a los medicamentos similares pero de precio inferior a los medicamentos autorizados)

2012/C 151/05

Lengua de procedimiento: polaco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Šimerdová y K. Herrmann, agentes)

Demandada: República de Polonia (representante: M. Szpunar, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67) — Normativa de un Estado miembro que permite la comercialización en éste, sin autorización previa, de medicamentos con un precio inferior y características similares a medicamentos autorizados.

Fallo

| 1) | La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 4 de la Prawo farmaceutyczne (Ley del medicamento), de 6 de septiembre de 2011, en la versión modificada por la Ley de 30 de marzo de 2007, en la medida en que esta disposición legal exime de autorización de comercialización a los medicamentos procedentes del extranjero que presentan las mismas sustancias activas, la misma dosificación y la misma forma que los que obtuvieron una autorización de comercialización en Polonia, siempre que, en particular, el precio de estos medicamentos importados sea competitivo en relación con el de los productos que obtuvieron tal autorización. |
| --- | --- |

1)

La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en la versión modificada por el Reglamento (CE) no 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 4 de la Prawo farmaceutyczne (Ley del medicamento), de 6 de septiembre de 2011, en la versión modificada por la Ley de 30 de marzo de 2007, en la medida en que esta disposición legal exime de autorización de comercialización a los medicamentos procedentes del extranjero que presentan las mismas sustancias activas, la misma dosificación y la misma forma que los que obtuvieron una autorización de comercialización en Polonia, siempre que, en particular, el precio de estos medicamentos importados sea competitivo en relación con el de los productos que obtuvieron tal autorización.

| 2) | Condenar en costas a la República de Polonia. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la República de Polonia.

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(1)  DO C 209, de 31.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/4 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Højesteret — Dinamarca) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Asunto C-209/10) (1)

(Artículo 82 CE - Empresa de correos que ocupa una posición dominante y tiene una obligación de servicio universal en lo que respecta a la distribución de determinados envíos con destinatario - Aplicación de precios reducidos a determinados antiguos clientes de un competidor - Inexistencia de pruebas sobre la intención - Discriminación de precios - Precios reducidos y selectivos - Exclusión efectiva o probable de un competidor - Efectos en la competencia y, por ende, en los consumidores - Justificación objetiva)

2012/C 151/06

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Højesteret

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Post Danmark A/S

Demandada: Konkurrencerådet

en el que participa: Forbruger-Kontakt a-s

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Højesteret — Interpretación del artículo 82 CE (actualmente artículo 102 TFUE) — Abuso de posición dominante — Empresa de correos que ocupe una posición dominante y tiene una obligación de distribución de cartas y paquetes con destinatario, que aplica una reducción selectiva de los precios de distribución de correo sin destinatario hasta un nivel inferior al de sus costes totales medios, pero superior a sus costes incrementales medios — Abuso que busca la eliminación de un competidor.

Fallo

El artículo 82 CE debe interpretarse en el sentido de que una política de precios reducidos aplicados a determinados antiguos clientes importantes de un competidor por una empresa que ocupa una posición dominante no puede considerarse constitutiva de una práctica de exclusión abusiva por el único motivo de que el precio aplicado por dicha empresa a uno de esos clientes se sitúa en un nivel inferior a los costes totales medios imputados a la actividad correspondiente, pero superior a los costes incrementales medios de ésta, según se evaluaron en el procedimiento que dio lugar al litigio principal. Para apreciar la existencia de efectos contrarios a la competencia en circunstancias como las de dicho litigio, es preciso examinar si esa política de precios, sin justificación objetiva, da lugar a la exclusión efectiva o probable de dicho competidor, en perjuicio de la competencia y, por ende, de los intereses de los consumidores.

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(1)  DO C 179, de 3.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/4 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República Italiana

(Asunto C-243/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Ayudas en favor de la industria hotelera en Cerdeña - Recuperación)

2012/C 151/07

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Grespan y B. Stromsky, agentes)

Demandada: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, y P. Gentilli, avvocato dello Stato)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2008/854/CE de la Comisión, de 2 de julio de 2008, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» [C1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/03)] [notificada con el número C(2008) 2997] (DO L 302, p. 9)

Fallo

| 1) | Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2008/854/CE, de 2 de julio de 2008, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» C1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/2003), al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas concedidas en virtud del régimen de ayudas considerado ilegal e incompatible con el mercado común mediante dicha Decisión. |
| --- | --- |

1)

Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 3 de la Decisión 2008/854/CE, de 2 de julio de 2008, relativa al régimen de ayudas estatales «Ley regional no 9 de 1998 — Aplicación abusiva de la ayuda N 272/98» C1/04 (ex NN 158/03 y CP 15/2003), al no haber adoptado, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas concedidas en virtud del régimen de ayudas considerado ilegal e incompatible con el mercado común mediante dicha Decisión.

| 2) | Condenar en costas a la República Italiana. |
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2)

Condenar en costas a la República Italiana.

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(1)  DO C 209 de 31.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/5 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Véleclair SA/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

(Asunto C-414/10) (1)

(IVA - Sexta Directiva - Artículo 17, apartado 2, letra b) - Tributación de un producto importado de un tercer país - Normativa nacional - Derecho a deducción del IVA a la importación - Requisito - Pago efectivo del IVA por el deudor)

2012/C 151/08

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Véleclair SA

Demandada: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación del artículo 17, apartado 2, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Normativa interna que supedita el derecho a deducirse el impuesto sobre el valor añadido a la importación al pago efectivo de dicho impuesto por el deudor.

Fallo

El artículo 17, apartado 2, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que no permite a un Estado miembro supeditar el derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido a la importación al pago efectivo previo de dicho impuesto por el deudor cuando éste es también el titular del derecho a deducción.

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(1)  DO C 301, de 6.11.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/5 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3M Italia SpA

(Asunto C-417/10) (1)

(Fiscalidad directa - Terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia fiscal - Abuso de Derecho - Artículo 4 TUE, apartado 3 - Libertades garantizadas por el Tratado - Principio de no discriminación - Ayudas de Estado - Obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión)

2012/C 151/09

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Corte suprema di cassazione

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Demandada: 3M Italia SpA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Corte suprema di cassazione — Impuesto de sociedades — Normativa nacional que establece un porcentaje del impuesto sobre los dividendos de las sociedades distinto en función del domicilio social — Operación comercial en la que participan sociedades con domicilio en Italia y sociedades con domicilio en el extranjero — Resolución administrativa por la que se consideran aplicables los impuestos adeudados en los casos de sociedades con domicilio en el extranjero — Concepto de abuso de Derecho tal y como se define en el asunto C-255/02, Halifax y otros — Aplicabilidad a los impuestos no armonizados, como los impuestos directos.

Fallo

El Derecho de la Unión –concretamente, el principio de prohibición de abuso de Derecho, el artículo 4 TUE, apartado 3, las libertades garantizadas por el TFUE, el principio de no discriminación, las normas en materia de ayudas de Estado y la obligación de asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión– debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que en un asunto de las características del litigio principal, que versa sobre fiscalidad directa, se aplique una disposición nacional que establece la terminación de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional que se pronuncia en última instancia en materia tributaria, mediante el pago de un importe equivalente al 5 % de la cuantía del litigio, cuando dichos procedimientos se hayan iniciado a través de un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años antes de la fecha de entrada en vigor de la citada disposición y las pretensiones de la Administración tributaria hayan sido desestimadas en las dos primeras instancias.

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(1)  DO C 288, de 23.10.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/6 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons — Bélgica) — État belge/BLM SA

(Asunto C-436/10) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y artículo 13, parte B, letra b) - Derecho a deducción - Bien de inversión perteneciente a un sujeto pasivo que es persona jurídica y que pone a disposición de su personal para satisfacer necesidades privadas de éste)

2012/C 151/10

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour d’appel de Mons

Partes en el procedimiento principal

Demandante: État belge — SPF Finances

Demandada: BLM SA

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Cour d’appel de Mons — Interpretación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y del artículo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Bien de inversión puesto a disposición y afectado en parte a las necesidades privadas de un directivo de una persona jurídica y de su familia, que ha originado el derecho a la deducción del impuesto soportado — Exclusión del derecho a deducción.

Fallo

El artículo 6, apartado 2, párrafo primero, letra a), y el artículo 13, parte B, letra b), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de 1995, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, aun cuando no se reúnan las características de un arrendamiento o alquiler de bien inmueble con arreglo al artículo 13, parte B, letra b), considera como prestación de servicios exenta del impuesto sobre el valor añadido, conforme a esta última disposición, el uso para las necesidades privadas del personal de un sujeto pasivo que sea persona jurídica de una parte de un edificio construido o poseído por dicho sujeto pasivo en virtud de un derecho real inmobiliario, cuando ese bien ha originado el derecho a la deducción del impuesto soportado.

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, puede considerarse que existe un arrendamiento de un bien inmueble con arreglo al citado artículo 13, parte B, letra b).

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(1)  DO C 328, de 4.12.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/6 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Italia) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(Asunto C-500/10) (1)

(Fiscalidad - IVA - Artículo 4 TUE, apartado 3 - Sexta Directiva - Artículos 2 y 22 - Terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación)

2012/C 151/11

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ufficio IVA di Piacenza

Demandada: Belvedere Costruzioni Srl

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna — Impuesto sobre el valor añadido — Artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1) — Obligación de los Estados miembros de garantizar que el IVA se perciba de forma eficaz — Normativa nacional que, en determinadas circunstancias, pone fin al procedimiento judicial en materia fiscal sin que se haya pronunciado en cuanto al fondo el juez de casación, de modo que la resolución adoptada por el juez de segunda instancia adquiere fuerza de cosa juzgada — Supuesto efecto de renuncia a la recaudación de impuestos armonizados.

Fallo

El artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2 y 22 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, en materia del impuesto sobre el valor añadido, de una disposición nacional excepcional, como la controvertida en el litigio principal, que establece la terminación automática de los procedimientos pendientes ante el órgano jurisdiccional tributario de casación cuando dichos procedimientos se iniciaron mediante un recurso interpuesto en primera instancia más de diez años –en la práctica más de catorce años– antes de la entrada en vigor de la citada disposición y se desestimaron las pretensiones de la Administración tributaria en las dos primeras instancias, terminación automática en virtud de la cual la resolución de segunda instancia adquiere fuerza de cosa juzgada y se extingue el crédito reivindicado por la Administración tributaria.

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(1)  DO C 346, de 18.12.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/7 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG

(Asunto C-564/10) (1)

(Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 - Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Artículos 3 y 4 - Medidas administrativas - Recuperación de ventajas indebidamente obtenidas - Intereses compensatorios y de demora debidos en aplicación del Derecho nacional - Aplicación de las normas sobre prescripción del Reglamento no 2988/95 a la recuperación de tales intereses de demora - Dies a quo de la prescripción - Concepto de «suspensión» - Concepto de «interrupción»)

2012/C 151/12

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesverwaltungsgericht

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Demandada: Pfeifer & Langen KG

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesverwaltungsgericht — Interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1) — Recuperación de una ayuda indebidamente pagada — Aplicabilidad del artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 a la prescripción de intereses que se adeudan, con arreglo al Derecho nacional, junto al reembolso de cantidades indebidamente obtenidas.

Fallo

El artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción que en el mismo se establece para el cobro del crédito principal, correspondiente al reembolso de una ventaja obtenida indebidamente del presupuesto de la Unión, no es aplicable al cobro de los intereses generados por este crédito cuando tales intereses no se devengan por aplicación del Derecho de la Unión sino en virtud de una obligación establecida únicamente por el Derecho nacional.

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(1)  DO C 72, de 5.3.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/7 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie

(Asunto C-599/10) (1)

(Contratos públicos - Directiva 2004/18/CE - Procedimientos de adjudicación de los contratos - Licitación restringida - Valoración de la oferta - Peticiones de aclaración de la oferta presentadas por el poder adjudicador - Requisitos)

2012/C 151/13

Lengua de procedimiento: eslovaco

Órgano jurisdiccional remitente

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA

Demandada: Úrad pre verejné obstarávanie

En el que participa: Národná dial’ničná spoločnost’ a.s.,

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Najvyšší súd Slovenskej republiky — Interpretación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) y, en particular, de sus artículos 2, 51 y 55 — Posible obligación del poder adjudicador de solicitar, si fuera preciso, aclaraciones sobre una oferta — Alcance de dicha obligación.

Fallo

El artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que exige la presencia en la legislación nacional de una disposición como el artículo 42, apartado 3, de la Ley no 25/2006 de contratos públicos, en su versión aplicable al litigio principal, en la que se establece esencialmente que, si un candidato propone un precio anormalmente bajo, el poder adjudicador le solicitará por escrito que aclare su propuesta de precio. Incumbe al juez nacional verificar, teniendo en cuenta todos los documentos que figuran en autos, si la petición de aclaraciones permitió que el candidato de que se trata explicara suficientemente la composición de su oferta.

El artículo 55 de la Directiva 2004/18 se opone a la postura de un poder adjudicador que considere que no le corresponde solicitar al candidato que explique su precio anormalmente bajo.

El artículo 2 de la Directiva 2004/18 no se opone a una disposición del Derecho nacional de la índole del artículo 42, apartado 2, de la citada Ley no 25/2006, según la cual, básicamente, el poder adjudicador puede solicitar por escrito a los candidatos que aclaren su oferta, sin solicitar ni aceptar, no obstante, una modificación de la misma. En el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone así el poder adjudicador, este último está obligado a tratar a los diferentes candidatos del mismo modo y con lealtad, de manera que, al término del procedimiento de selección de las ofertas y en vista de los resultados de éste, no pueda concluirse que la petición de aclaración benefició o perjudicó indebidamente al candidato o candidatos que la recibieron.

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(1)  DO C 72, de 5.3.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/8 |
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26.5.2012

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C 151/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de Suecia

(Asunto C-607/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2008/1/CE - Prevención y control integrados de la contaminación - Requisitos de autorización de las instalaciones existentes - Obligación de garantizar la explotación de dichas instalaciones con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva)

2012/C 151/14

Lengua de procedimiento: sueco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: A. Alcover San Pedro y K. Simonsson, agentes)

Demandada: Reino de Suecia (representante: A. Falk, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8) — Requisitos de autorización de las instalaciones existentes — Obligación de garantizar que dichas instalaciones sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en la Directiva.

Fallo

| 1) | Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codificada), al no adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes velaran, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que todas las instalaciones existentes fueran explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, letras a) y b), y 15, apartado 2, de dicha Directiva. |
| --- | --- |

1)

Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codificada), al no adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes velaran, mediante autorizaciones extendidas de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las condiciones y, en su caso, su actualización, por que todas las instalaciones existentes fueran explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, 14, letras a) y b), y 15, apartado 2, de dicha Directiva.

| 2) | Condenar en costas al Reino de Suecia. |
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2)

Condenar en costas al Reino de Suecia.

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(1)  DO C 89, de 19.3.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/8 |
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C 151/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Mainz — Alemania) — Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH/Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

(Asunto C-1/11) (1)

(Medio ambiente - Reglamento (CE) no 1013/2006 - Artículo 18, apartados 1 y 4 - Traslados de determinados residuos - Artículo 3, apartado 2 - Información obligatoria - Identidad de la empresa que genera los residuos - No indicación por el intermediario - Protección de los secretos comerciales)

2012/C 151/15

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Mainz

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH

Demandada: Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgericht Mainz — Interpretación del artículo 18, apartados 1 y 4 del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190, p. 1) — Documento que figura en el anexo VII de dicho Reglamento y que contiene la información que acompaña al transporte de determinados residuos — Derecho del intermediario a no indicar en dicho documento la identidad de las empresas que generan residuos con el fin de proteger a su clientela con respecto al comprador.

Fallo

| 1) | El artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 308/2009 de la Comisión, de 15 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no permite que un intermediario que organiza un traslado de residuos no divulgue la identidad de la empresa que genera los residuos al destinatario del traslado, tal como prevé el apartado 1 de dicho artículo, en relación con el anexo VII del referido Reglamento, aun cuando tal no divulgación sea necesaria para la protección de secretos comerciales de ese intermediario. |
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1)

El artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 308/2009 de la Comisión, de 15 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no permite que un intermediario que organiza un traslado de residuos no divulgue la identidad de la empresa que genera los residuos al destinatario del traslado, tal como prevé el apartado 1 de dicho artículo, en relación con el anexo VII del referido Reglamento, aun cuando tal no divulgación sea necesaria para la protección de secretos comerciales de ese intermediario.

| 2) | El artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 308/2009, debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un traslado de residuos comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, obliga a un intermediario a cumplimentar la casilla 6 del documento que figura en el anexo VII del Reglamento no 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 308/2009 y a remitir este documento al destinatario, sin que un derecho a la protección de los secretos comerciales pueda limitar el alcance de dicha obligación. |
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2)

El artículo 18, apartado 1, del Reglamento no 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 308/2009, debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un traslado de residuos comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, obliga a un intermediario a cumplimentar la casilla 6 del documento que figura en el anexo VII del Reglamento no 1013/2006, en su versión modificada por el Reglamento no 308/2009 y a remitir este documento al destinatario, sin que un derecho a la protección de los secretos comerciales pueda limitar el alcance de dicha obligación.

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(1)  DO C 95, de 26.3.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/9 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/9

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuele Ferazzoli y otros/Ministero dell’Interno

(Asuntos acumulados C-164/10 a C-176/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/16

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Emanuele Ferazzoli (C-164/10), Cosima Barberio (C-165/10), Patrizia Banchetti (C-166/10), Andrea Palomba (C-167/10), Michele Fanelli (C-168/10), Sandra Castronovo (C-169/10), Mirko De Filippo (C-170/10), Andrea Sacripanti (C-171/10), Emiliano Orru’ (C-172/10), Fabrizio Cariulo (C-173/10), Paola Tonachella (C-174/10), Pietro Calogero (C-175/10), Danilo Spina (C-176/10)

Demandada: Ministero dell’Interno

Objeto

Peticiones de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que reserva el ejercicio de la actividad de recogida de apuestas a los operadores nacionales que hayan obtenido una concesión — Restricciones a la apertura de nuevos centros de recogida de apuestas por los titulares de nuevas concesiones — Pérdida de las concesiones en caso de organización transfronteriza de juegos análogos a los considerados «públicos» — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en los litigios principales y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
| --- | --- |

3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en los litigios principales y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 161, de 19.6.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/10 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/10

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Roma — Italia) — proceso penal contra Alessandro Sacchi

(Asunto C-255/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/17

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Roma

Parte en el proceso penal principal

Alessandro Sacchi

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Roma — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
| --- | --- |

3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 209, de 31.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/10 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Verbania — Italia) — proceso penal contra Matteo Minesi

(Asunto C-279/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/18

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Verbania

Parte en el proceso penal principal

Matteo Minesi

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale del Riesame di Verbania — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 209, de 31.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/11 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/11

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Prato — Italia) — proceso penal contra Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

(Asunto C-413/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/19

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Ordinario di Prato

Partes en el proceso penal principal

Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Ordinario di Prato — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
| --- | --- |

3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 288, de 23.10.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/12 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/12

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Russo

(Asunto C-501/10) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/20

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte en el proceso penal principal

Raffaele Russo

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 346, de 18.12.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/13 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/13

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo

(Asunto C-107/11) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/21

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta

Demandada: Massimiliano Rizzo

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Libertad de establecimiento — Libre circulación de personas — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
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1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 139, de 7.5.2012.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/13 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/13

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italia) — proceso penal contra Raffaele Arrichiello

(Asunto C-368/11) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/22

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte en el proceso penal principal

Raffaele Arrichiello

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE.

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
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1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
| --- | --- |

2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 282, de 24.9.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/14 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/14

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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de febrero de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — proceso penal contra Vincenzo Veneruso

(Asunto C-612/11) (1)

(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Consecuencias derivadas de una infracción del Derecho de la Unión en la adjudicación de las concesiones - Adjudicación de 16 300 concesiones adicionales - Principio de igualdad de trato y obligación de transparencia - Principio de seguridad jurídica - Protección de los titulares de las concesiones anteriores - Normativa nacional - Distancias mínimas obligatorias entre puntos de recogida de apuestas - Procedencia - Actividades transfronterizas análogas a las que son objeto de la concesión - Prohibición por parte de la normativa nacional - Procedencia)

2012/C 151/23

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Milano

Parte en el proceso penal principal

Vincenzo Veneruso

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale ordinario di Milano — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 56 TFUE).

Fallo

| 1) | Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes. |
| --- | --- |

1)

Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.

| 2) | Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior. |
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2)

Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.

| 3) | De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. |
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3)

De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 65, de 3.3.2012.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/15 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) el 20 de febrero de 2012 — Swm Costruzioni 2 SpA, Luigino Mannocchi/Provincia di Fermo

(Asunto C-94/12)

2012/C 151/24

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Swm Costruzioni 2 SpA, Luigino Mannocchi

Recurrida: Provincia di Fermo

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse el artículo 47, apartado 2, de la Directiva 18/2004 CE (1) en el sentido de que se opone, en principio, a un normativa nacional de un Estado miembro, como la norma italiana prevista en el artículo 49, apartado 6, del D. Lgs. no 163/2006, que prohíbe, salvo en casos excepcionales, invocar las capacidades de más de una empresa auxiliar, al establecer que «para las obras, el licitador sólo podrá invocar las capacidades de una única empresa auxiliar para cada una de las categorías de habilitación. El anuncio de licitación podrá autorizar que se invoque la capacidad de más de una empresa auxiliar en función del importe del contrato o de la peculiaridad de las prestaciones (...)»?

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(1)  DO L 134, p. 114.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/15 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) el 24 de febrero de 2012 — Fastweb Spa/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

(Asunto C-100/12)

2012/C 151/25

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Fastweb SpA

Recurrida: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

Otras partes: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.

Cuestión prejudicial

¿Se oponen los principios de igualdad de las partes, de no discriminación y de protección de la competencia en los contratos públicos, establecidos en la Directiva 89/665/CEE, (1) modificada por última vez por la Directiva 2007/66/CE, (2) a la jurisprudencia consolidada reflejada en la decisión del Pleno del Consiglio di Stato no 4 de 2011, según la cual el examen del recurso incidental dirigido a rebatir la legitimación del recurrente principal, por medio de la impugnación de su admisión en la licitación, debe preceder necesariamente al del recurso principal y tiene un alcance prejudicial respecto al examen del recurso principal, aun en el caso en que el recurrente principal tenga un interés instrumental en la nueva tramitación de todo el procedimiento de selección y con independencia del número de licitadores que hayan participado en el mismo, con particular referencia al supuesto en que los licitadores que queden en la licitación sean sólo dos (y coincidan con el recurrente principal y con el adjudicatario-recurrente incidental), cada uno de los cuales persigue excluir al otro por inobservancia, en las respectivas ofertas presentadas, de los requisitos mínimos de idoneidad de la oferta?

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(1)  DO L 395, p. 33.

(2)  DO L 335, p. 31.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/15 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Essent N.V. y Essent Nederland B.V.

(Asunto C-105/12)

2012/C 151/26

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Staat der Nederlanden

Recurrida: Essent N.V. Essent Nederland B.V.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas? |
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1)

¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos ni a la prohibición de actividades secundarias, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos y la prohibición de actividades secundarias a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales? |
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2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos ni a la prohibición de actividades secundarias, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos y la prohibición de actividades secundarias a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales?

| 3) | Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales? |
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3)

Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales?

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/16 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding N.V.

(Asunto C-106/12)

2012/C 151/27

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Staat der Nederlanden

Recurrida: Eneco Holding N.V.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas? |
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1)

¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales? |
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2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales?

| 3) | Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales? |
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3)

Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales?

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/16 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/16

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 29 de febrero de 2012 — Staat der Nederlanden/Delta NV

(Asunto C-107/12)

2012/C 151/28

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Staat der Nederlanden

Recurrida en casación: Delta NV

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas? |
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1)

¿Debe interpretarse el artículo 345 TFUE en el sentido de que el «régimen de la propiedad en los Estados miembros» también incluye el régimen de que se trata en el presente asunto de prohibición absoluta de privatización tal como se establece en el Besluit aandelen netbeheerders (Decreto sobre participaciones en el capital de gestores de redes), en relación con el artículo 93 de la Elektriciteitswet 1998 (Ley de la electricidad de 1998) y el artículo 85 de la Gaswet (Ley del gas), que implica que las participaciones en el capital de un gestor de red sólo pueden transmitirse dentro del ámbito de las administraciones públicas?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales? |
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2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿tiene ello como consecuencia que las normas relativas a la libre circulación de capitales no se aplican a la prohibición de grupos, o cuando menos que no corresponde examinar la prohibición de grupos a la luz de las normas sobre libre circulación de capitales?

| 3) | Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales? |
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3)

Los objetivos en que se basa la Won (Ley sobre gestión independiente de redes), que consisten en establecer la transparencia en el mercado de la energía y evitar distorsiones de la competencia impidiendo las subvenciones cruzadas en sentido amplio (incluido el intercambio de información estratégica), ¿son intereses puramente económicos o pueden también considerarse intereses de naturaleza no económica, en el sentido de que, en determinadas circunstancias, pueden constituir, como razones imperiosas de interés general, una justificación de una restricción a la libre circulación de capitales?

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/17 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/17

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Vâlcea (Rumanía) el 29 de febrero de 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

(Asunto C-108/12)

2012/C 151/29

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Vâlcea

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SC Volksbank România SA

Recurridas: Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

Cuestión prejudicial

¿En qué medida el artículo 4, apartado 2 de la Directiva 93/13 (1) puede interpretarse en el sentido de que los conceptos de objeto principal del contrato y de precio, mencionados en esa disposición, comprenden los elementos que forman la contraprestación a que una entidad de crédito tiene derecho, en virtud de un contrato de crédito al consumo, a saber, la tasa anual equivalente de un contrato de crédito al consumo (según está definida en la Directiva 2008/48 (2) relativa a los contratos de crédito al consumo), compuesta, en particular, por el interés fijo o variable, las comisiones bancarias y otros gastos incluidos y definidos en el contrato?

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(1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).

(2)  Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66).

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/17 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/17

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 29 de febrero de 2012 — Ministero per i beni e le attività culturali y otros/Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia y otros

(Asunto C-111/12)

2012/C 151/30

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordini degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo e di Belluno

Recurridas: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti di Venezia

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿En la medida en que la Directiva comunitaria 85/384/CEE (1) permite (artículos 10 y 11), con carácter transitorio, el ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura a personas migrantes en posesión de los títulos específicamente indicados, no se opone a que en Italia se considere legal una práctica administrativa que tiene como base jurídica el artículo 52, apartado 2, primera parte, del Real Decreto no 2537 de 1925, que reserva de modo específico determinadas intervenciones en inmuebles de interés artístico exclusivamente a candidatos que estén en posesión del título de «architetto» (arquitecto) o a candidatos que demuestren reunir determinados requisitos curriculares, propios del sector de los bienes culturales, adicionales a los que habilitan genéricamente para el acceso a las actividades comprendidas en la arquitectura en el sentido de la citada Directiva? |
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1)

¿En la medida en que la Directiva comunitaria 85/384/CEE (1) permite (artículos 10 y 11), con carácter transitorio, el ejercicio de las actividades en el sector de la arquitectura a personas migrantes en posesión de los títulos específicamente indicados, no se opone a que en Italia se considere legal una práctica administrativa que tiene como base jurídica el artículo 52, apartado 2, primera parte, del Real Decreto no 2537 de 1925, que reserva de modo específico determinadas intervenciones en inmuebles de interés artístico exclusivamente a candidatos que estén en posesión del título de «architetto» (arquitecto) o a candidatos que demuestren reunir determinados requisitos curriculares, propios del sector de los bienes culturales, adicionales a los que habilitan genéricamente para el acceso a las actividades comprendidas en la arquitectura en el sentido de la citada Directiva?

| 2) | ¿Puede consistir esa práctica en someter también a los profesionales procedentes de Estados miembros distintos de Italia –aunque se hallen en posesión de un título en teoría idóneo para el ejercicio de las actividades comprendidas en el sector de la arquitectura–, a una comprobación específica de su idoneidad profesional (comprobación que se lleva a cabo, respecto de los profesionales italianos, en el marco del examen de habilitación para la profesión de arquitecto) con el fin exclusivo de permitirles ejercer las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 52, apartado 2, primera parte, del Real Decreto no 2357 de 1925? |
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2)

¿Puede consistir esa práctica en someter también a los profesionales procedentes de Estados miembros distintos de Italia –aunque se hallen en posesión de un título en teoría idóneo para el ejercicio de las actividades comprendidas en el sector de la arquitectura–, a una comprobación específica de su idoneidad profesional (comprobación que se lleva a cabo, respecto de los profesionales italianos, en el marco del examen de habilitación para la profesión de arquitecto) con el fin exclusivo de permitirles ejercer las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 52, apartado 2, primera parte, del Real Decreto no 2357 de 1925?

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(1)  DO L 223, p. 15.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/18 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/18

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 1 de marzo de 2012 — Donal Brady/Environmental Protection Agency

(Asunto C-113/12)

2012/C 151/31

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Donal Brady

Demandada: Environmental Protection Agency

Cuestiones prejudiciales

En ausencia de una interpretación definitiva del concepto de «residuo» en el marco del Derecho de la Unión, se plantea si un Estado miembro puede imponerle al productor de purines de cerdo, en virtud del Derecho nacional, la obligación de probar que no constituyen un residuo, o por el contrario debe determinarse si constituyen un residuo en atención a criterios objetivos como los considerados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia. Esto da lugar concretamente a las siguientes cuestiones:

| 1) | En caso de que la calificación como residuo deba efectuarse en atención a criterios objetivos como los considerados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, ¿qué nivel de certeza se exige con respecto a la reutilización de los purines de cerdo que el titular del permiso recoge y almacena o puede almacenar durante un periodo de hasta aproximadamente doce meses, hasta la entrega a los usuarios de los mismos? |
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1)

En caso de que la calificación como residuo deba efectuarse en atención a criterios objetivos como los considerados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia, ¿qué nivel de certeza se exige con respecto a la reutilización de los purines de cerdo que el titular del permiso recoge y almacena o puede almacenar durante un periodo de hasta aproximadamente doce meses, hasta la entrega a los usuarios de los mismos?

| 2) | Si los purines de cerdo son un residuo o se determina que lo son con arreglo a los criterios pertinentes, ¿es conforme a Derecho que un Estado miembro exija que el productor, que no utiliza los purines en sus propias tierras sino que los transfiere a terceros para que éstos los utilicen como abono en sus tierras, sea personalmente responsable del cumplimiento por parte de dichos usuarios de la normativa de la Unión relativa al control de residuos y/o abonos, con vistas a garantizar que la aplicación de dichos purines en las tierras de terceros no dé lugar a un riesgo de contaminación medioambiental significativa? |
| --- | --- |

2)

Si los purines de cerdo son un residuo o se determina que lo son con arreglo a los criterios pertinentes, ¿es conforme a Derecho que un Estado miembro exija que el productor, que no utiliza los purines en sus propias tierras sino que los transfiere a terceros para que éstos los utilicen como abono en sus tierras, sea personalmente responsable del cumplimiento por parte de dichos usuarios de la normativa de la Unión relativa al control de residuos y/o abonos, con vistas a garantizar que la aplicación de dichos purines en las tierras de terceros no dé lugar a un riesgo de contaminación medioambiental significativa?

| 3) | ¿Debe entenderse que dichos purines de cerdo quedan fuera del ámbito de la definición de «residuo» en virtud del artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iii), de la Directiva 75/442/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 91/156, (2) por el motivo de que «ya est(á)n cubiertos por otra legislación», y en particular por la Directiva 91/676/CEE, (3) habida cuenta de que cuando se concedió el permiso, Irlanda todavía no había transpuesto la Directiva 91/676/CEE, ni existía ninguna normativa nacional de control del uso de purines de cerdo como abono y no se había adoptado aún el Reglamento (CE) no 1774/2002 (4)? |
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3)

¿Debe entenderse que dichos purines de cerdo quedan fuera del ámbito de la definición de «residuo» en virtud del artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iii), de la Directiva 75/442/CEE, (1) en su versión modificada por la Directiva 91/156, (2) por el motivo de que «ya est(á)n cubiertos por otra legislación», y en particular por la Directiva 91/676/CEE, (3) habida cuenta de que cuando se concedió el permiso, Irlanda todavía no había transpuesto la Directiva 91/676/CEE, ni existía ninguna normativa nacional de control del uso de purines de cerdo como abono y no se había adoptado aún el Reglamento (CE) no 1774/2002 (4)?

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(1)  Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129).

(2)  Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32).

(3)  Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375, p. 1).

(4)  Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (DO L 273, p. 1).

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/18 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/18

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Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Burgos (España) el 5 de marzo de 2012 — La Retoucherie de Manuela, S. L./La Retoucherie de Burgos, S. C.

(Asunto C-117/12)

2012/C 151/32

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Audiencia Provincial de Burgos

Partes en el procedimiento principal

Demandante: La Retoucherie de Manuela, S. L.

Demandada: La Retoucherie de Burgos, S. C.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Si la frase «local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual» que utiliza el artículo 5, letra b), del Reglamento 2790/1999 (1) debe entenderse limitado al lugar o espacio físico desde el que se hayan vendido los bienes o suministrado los servicios durante la vigencia del contrato, o puede extenderse a todo el territorio en el cual el comprador haya operado durante el período contractual. |
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1)

Si la frase «local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período contractual» que utiliza el artículo 5, letra b), del Reglamento 2790/1999 (1) debe entenderse limitado al lugar o espacio físico desde el que se hayan vendido los bienes o suministrado los servicios durante la vigencia del contrato, o puede extenderse a todo el territorio en el cual el comprador haya operado durante el período contractual.

| 2) | En caso de pronunciarse el Tribunal por la primera de las interpretaciones, si en el caso de un contrato de franquicia en el que se asigna al franquiciado un determinado territorio la frase «local y terrenos» puede identificarse con el territorio en el cual el franquiciado haya operado durante el período contractual. |
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2)

En caso de pronunciarse el Tribunal por la primera de las interpretaciones, si en el caso de un contrato de franquicia en el que se asigna al franquiciado un determinado territorio la frase «local y terrenos» puede identificarse con el territorio en el cual el franquiciado haya operado durante el período contractual.

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(1)  De la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas

DO L 336, p. 21

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/19 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Giurgiu (Rumanía) el 6 de marzo de 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

(Asunto C-123/12)

2012/C 151/33

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunalul Giurgiu

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: SC Volksbank România S.A.

Recurrida: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo en el sentido de que los conceptos «objeto principal del contrato» y «precio», mencionados en esa disposición, comprenden los elementos que forman la contraprestación a que una entidad de crédito tiene derecho, en virtud de un contrato de crédito, a saber, la tasa anual equivalente de un contrato de crédito, compuesta, en particular, por el interés fijo o variable, las comisiones bancarias y otros gastos incluidos y definidos en el contrato? |
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1)

¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo en el sentido de que los conceptos «objeto principal del contrato» y «precio», mencionados en esa disposición, comprenden los elementos que forman la contraprestación a que una entidad de crédito tiene derecho, en virtud de un contrato de crédito, a saber, la tasa anual equivalente de un contrato de crédito, compuesta, en particular, por el interés fijo o variable, las comisiones bancarias y otros gastos incluidos y definidos en el contrato?

| 2) | ¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo en el sentido de que permite a un Estado miembro que ha transpuesto esa disposición en Derecho interno entrar a verificar, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el carácter abusivo de cláusulas contractuales relativas al objeto de contrato y al carácter adecuado del precio? |
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2)

¿Puede interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo en el sentido de que permite a un Estado miembro que ha transpuesto esa disposición en Derecho interno entrar a verificar, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el carácter abusivo de cláusulas contractuales relativas al objeto de contrato y al carácter adecuado del precio?

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(1)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/19 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Plovdiv (Bulgaria) el 7 de marzo de 2012 — AES-3C Maritza East 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Asunto C-124/12)

2012/C 151/34

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Plovdiv

Partes en el procedimiento principal

Demandante: AES-3C Maritza East 1 EOOD

Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Es conforme con los artículos 168, letra a), y 176 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) una norma como la del artículo 70, apartado 1, número 2, de la Ley (búlgara) del IVA, en virtud de la cual no se puede reconocer a un sujeto pasivo un derecho de deducción por los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo y el equipamiento de protección recibidos, así como por los gastos realizados por viajes de trabajo, al ser dichos bienes y servicios puestos de forma gratuita a disposición de personas físicas, en particular de asalariados que trabajan para el sujeto pasivo, si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias:






  — | el sujeto pasivo no ha celebrado contratos de trabajo con los trabajadores, sino que los emplea en virtud de una relación contractual de «cesión de trabajadores» con otro sujeto pasivo, que es el empresario de los trabajadores; |
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1)

¿Es conforme con los artículos 168, letra a), y 176 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) una norma como la del artículo 70, apartado 1, número 2, de la Ley (búlgara) del IVA, en virtud de la cual no se puede reconocer a un sujeto pasivo un derecho de deducción por los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo y el equipamiento de protección recibidos, así como por los gastos realizados por viajes de trabajo, al ser dichos bienes y servicios puestos de forma gratuita a disposición de personas físicas, en particular de asalariados que trabajan para el sujeto pasivo, si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias:

—

el sujeto pasivo no ha celebrado contratos de trabajo con los trabajadores, sino que los emplea en virtud de una relación contractual de «cesión de trabajadores» con otro sujeto pasivo, que es el empresario de los trabajadores;

| — | los servicios de transporte recibidos se utilizan para el transporte de los trabajadores desde diferentes puntos de distintas localidades hasta el lugar de trabajo y para el transporte de vuelta, sin que los trabajadores dispongan de un servicio de transporte público que enlace con el centro de trabajo; |
| --- | --- |

—

los servicios de transporte recibidos se utilizan para el transporte de los trabajadores desde diferentes puntos de distintas localidades hasta el lugar de trabajo y para el transporte de vuelta, sin que los trabajadores dispongan de un servicio de transporte público que enlace con el centro de trabajo;

| — | la puesta a disposición de vestimenta de trabajo y de equipamiento de protección viene exigida por el Código de Trabajo y por la Ley de salud y seguridad laboral; |
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—

la puesta a disposición de vestimenta de trabajo y de equipamiento de protección viene exigida por el Código de Trabajo y por la Ley de salud y seguridad laboral;

| — | en lo concerniente a los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo, el equipamiento de protección y los gastos por viajes de trabajo, la deducción del impuesto sobre el valor añadido sería indiscutible si el empresario de los trabajadores facilitase dichos bienes y prestase tales servicios. Sin embargo, en el presente asunto, las respectivas adquisiciones las efectúa un sujeto pasivo que, si bien no es el empresario, en virtud de un contrato de cesión de trabajadores se lucra con el trabajo de los asalariados y soporta los gastos relacionados? |
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—

en lo concerniente a los servicios de transporte, la vestimenta de trabajo, el equipamiento de protección y los gastos por viajes de trabajo, la deducción del impuesto sobre el valor añadido sería indiscutible si el empresario de los trabajadores facilitase dichos bienes y prestase tales servicios. Sin embargo, en el presente asunto, las respectivas adquisiciones las efectúa un sujeto pasivo que, si bien no es el empresario, en virtud de un contrato de cesión de trabajadores se lucra con el trabajo de los asalariados y soporta los gastos relacionados?

| 2) | ¿Autoriza el artículo 176 de la Directiva 2006/112 a un Estado miembro a introducir, con ocasión de su adhesión a la Unión Europea, una condición limitativa del ejercicio del derecho de deducción como la prevista en el artículo 70, apartado 1, número 2, de la Ley del IVA, en virtud de la cual los bienes o servicios han de estar destinados a operaciones a título gratuito, si la Ley en vigor hasta el día de la adhesión no preveía expresamente tal limitación? |
| --- | --- |

2)

¿Autoriza el artículo 176 de la Directiva 2006/112 a un Estado miembro a introducir, con ocasión de su adhesión a la Unión Europea, una condición limitativa del ejercicio del derecho de deducción como la prevista en el artículo 70, apartado 1, número 2, de la Ley del IVA, en virtud de la cual los bienes o servicios han de estar destinados a operaciones a título gratuito, si la Ley en vigor hasta el día de la adhesión no preveía expresamente tal limitación?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿se deduce de ello que los bienes y servicios recibidos se destinan a «operaciones a título gratuito» si se adquirieron para las necesidades de la actividad económica pero, debido a su naturaleza, su uso exige que sean cedidos a los asalariados que trabajan en la empresa del sujeto pasivo? |
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3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿se deduce de ello que los bienes y servicios recibidos se destinan a «operaciones a título gratuito» si se adquirieron para las necesidades de la actividad económica pero, debido a su naturaleza, su uso exige que sean cedidos a los asalariados que trabajan en la empresa del sujeto pasivo?

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(1)  DO L 347, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/20 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/20

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) el 8 de marzo de 2012 — Sindicato dos Bancários do Norte y otros/BPN — Banco Português de Negócios, S.A.

(Asunto C-128/12)

2012/C 151/35

Lengua de procedimiento: portugués

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal do Trabalho do Porto

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sindicato dos Bancários do Norte, Sindicato dos Bancários do Centro, Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Luís Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Demandada BPN — Banco Português de Negócios, S.A.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El principio de igualdad de trato, del que se deriva la prohibición de discriminación, ¿debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable a los trabajadores del sector público? |
| --- | --- |

1)

El principio de igualdad de trato, del que se deriva la prohibición de discriminación, ¿debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable a los trabajadores del sector público?

| 2) | La imposición estatal de una reducción de los salarios a través de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, aplicada únicamente a los trabajadores que ejercen sus funciones en el sector estatal o empresarial público, ¿resulta contraria al principio de prohibición de toda discriminación, entrañando así una discriminación por razón de la naturaleza pública de la relación laboral? |
| --- | --- |

2)

La imposición estatal de una reducción de los salarios a través de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, aplicada únicamente a los trabajadores que ejercen sus funciones en el sector estatal o empresarial público, ¿resulta contraria al principio de prohibición de toda discriminación, entrañando así una discriminación por razón de la naturaleza pública de la relación laboral?

| 3) | El derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad, recogido en el citado artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, (1) ¿debe interpretarse en el sentido de que implica la prohibición de reducir las retribuciones, sin consentimiento del trabajador, en el supuesto de que no se modifique el contrato? |
| --- | --- |

3)

El derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad, recogido en el citado artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, (1) ¿debe interpretarse en el sentido de que implica la prohibición de reducir las retribuciones, sin consentimiento del trabajador, en el supuesto de que no se modifique el contrato?

| 4) | El derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad, recogido en el citado artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ¿debe interpretarse en el sentido de que incluye el derecho a una remuneración justa que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida satisfactorio? |
| --- | --- |

4)

El derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad, recogido en el citado artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ¿debe interpretarse en el sentido de que incluye el derecho a una remuneración justa que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida satisfactorio?

| 5) | Cuando la reducción del salario no constituye la única medida posible, necesaria y fundamental para el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas en una situación de grave crisis económico-financiera del país, ¿resulta tal reducción contraria al derecho recogido en el artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, por poner en peligro el nivel de vida y los compromisos de carácter financiero que los trabajadores y sus familias hubieran asumido con anterioridad a la reducción salarial? |
| --- | --- |

5)

Cuando la reducción del salario no constituye la única medida posible, necesaria y fundamental para el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas en una situación de grave crisis económico-financiera del país, ¿resulta tal reducción contraria al derecho recogido en el artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, por poner en peligro el nivel de vida y los compromisos de carácter financiero que los trabajadores y sus familias hubieran asumido con anterioridad a la reducción salarial?

| 6) | En la medida en que la reducción de las retribuciones salariales impuesta de esta forma por el Estado portugués ni estaba prevista ni era previsible para los trabajadores, ¿resulta contraria al derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad? |
| --- | --- |

6)

En la medida en que la reducción de las retribuciones salariales impuesta de esta forma por el Estado portugués ni estaba prevista ni era previsible para los trabajadores, ¿resulta contraria al derecho a trabajar en condiciones que respeten la dignidad?

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(1)  DO 2000, C 364, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/20 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/20

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 13 de marzo de 2012 — Consiglio Nazionale dei Geologi/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Asunto C-136/12)

2012/C 151/36

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Consiglio di Stato

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Consiglio Nazionale dei Geologi

Demandada: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Cuestiones prejudiciales

| I. | 1) | ¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación, que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia, de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, la normativa procesal nacional que prevé un sistema de exigencias procesales, como los plazos de recurso, la obligación de especificar los motivos, la prohibición de modificar las pretensiones durante la tramitación del litigio y la prohibición de que el juez modifique las pretensiones de las partes? |
| --- | --- | --- |

I.

1)

¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación, que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia, de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, la normativa procesal nacional que prevé un sistema de exigencias procesales, como los plazos de recurso, la obligación de especificar los motivos, la prohibición de modificar las pretensiones durante la tramitación del litigio y la prohibición de que el juez modifique las pretensiones de las partes?

| 2) | ¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, una facultad de filtro del órgano jurisdiccional nacional en relación con la pertinencia de la cuestión y de la apreciación del grado de claridad de la norma comunitaria? |
| --- | --- |

2)

¿Se opone a la aplicación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con la obligación que incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, una facultad de filtro del órgano jurisdiccional nacional en relación con la pertinencia de la cuestión y de la apreciación del grado de claridad de la norma comunitaria?

| 3) | Si se interpreta en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional de última instancia una obligación incondicionada de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, ¿es compatible el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, con el principio de duración razonable del proceso, establecido asimismo en el Derecho comunitario? |
| --- | --- |

3)

Si se interpreta en el sentido de que impone al órgano jurisdiccional nacional de última instancia una obligación incondicionada de plantear con carácter prejudicial una cuestión de interpretación de Derecho comunitario formulada por una parte en un litigio, ¿es compatible el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, con el principio de duración razonable del proceso, establecido asimismo en el Derecho comunitario?

| 4) | ¿En qué circunstancias fácticas y jurídicas la inobservancia por el órgano jurisdiccional nacional del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, constituye una «violación manifiesta del Derecho comunitario»? ¿Tiene este concepto un alcance y ámbito distintos en función de que se aplique en relación con la acción especial contra el Estado, en virtud de la Ley no 117, de 13 de abril de 1988, para la «indemnización de los daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y por responsabilidad civil de los magistrados» o con la acción general contra el Estado por violación del Derecho comunitario? |
| --- | --- |

4)

¿En qué circunstancias fácticas y jurídicas la inobservancia por el órgano jurisdiccional nacional del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, constituye una «violación manifiesta del Derecho comunitario»? ¿Tiene este concepto un alcance y ámbito distintos en función de que se aplique en relación con la acción especial contra el Estado, en virtud de la Ley no 117, de 13 de abril de 1988, para la «indemnización de los daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y por responsabilidad civil de los magistrados» o con la acción general contra el Estado por violación del Derecho comunitario?

| II. | Para el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acogiera la tesis del «filtro de malla ancha» (...), contraria a la aplicación de las normas procesales nacionales relativas a la especificación de los motivos de recurso, ¿debe plantearse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial en los mismos términos en que ha sido formulada por la parte recurrente (en el procedimiento principal) y reproducidos (a continuación)?






  1) | «(...) se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado (anteriormente artículo 81) en relación con la normativa legal y deontológica que regula la profesión de geólogo y las funciones institucionales y normas de funcionamiento del Consiglio Nazionale dei Geologi, pertinente en este asunto, que se reproduce a continuación, con objeto de compararla, y determinar su compatibilidad y legalidad, con la normativa europea (artículo 101 citado) en materia de competencia. (...)
  Artículo 9, en particular la letra g), de la Ley no 112/1963: “el Consiglio Nazionale dell’Ordine ejercerá las siguientes funciones, además de las que le atribuyan otras normas: a) velará por la observancia de la ley que regula la profesión y de todas las demás disposiciones relativas a la misma; b) velará por la llevanza del registro y de la lista especial, y procederá a las inscripciones y cancelaciones pertinentes; c) controlará la protección del título profesional y desarrollará las actividades dirigidas a sancionar el ejercicio ilícito de la profesión; d) adoptará decisiones disciplinarias; e) procederá, previa solicitud, a la liquidación de los honorarios; f) administrará los bienes que pertenezcan al Colegio Nacional y formulará con carácter anual el balance provisional y las cuentas definitivas; g) establecerá, dentro de los límites estrictamente necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento del Colegio Nacional, mediante acuerdo que deberá ser aprobado por el Ministro de Justicia, la cuantía de la cuota anual que las personas inscritas en el registro o en la lista especial deben abonar, así como el importe de la tasa de inscripción en el registro o en la lista y de la tasa por la expedición de certificados y dictámenes sobre la liquidación de honorarios.”
  Artículo 14, apartado 1, de la Ley no 616/1966, según el cual “a la persona inscrita en el registro o en la lista especial que se comporte de un modo no conforme con la dignidad o el decoro profesionales se le podrán imponer, en función de la gravedad del hecho, una de las siguientes sanciones disciplinarias: 1) amonestación; 2) suspensión del ejercicio profesional por un tiempo no superior a un año; 3) expulsión.”
  Artículo 17 de la Ley no 616/1966, según el cual “la tarifa profesional por honorarios y retribuciones, así como los criterios para el reembolso de gastos, se establecerán mediante Decreto del Ministro de Indultos y Justicia (actualmente Ministro de Justicia) de acuerdo con el Ministro de Industria y Comercio (actualmente Ministro para las Actividades Productivas) a propuesta del Consejo Nacional de Geólogos.”
  Artículo 6 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “prestación profesional”, según el cual “la eficiencia y la eficacia de la prestación vendrán determinadas esencialmente por: la dificultad técnica intrínseca; el alcance de la responsabilidad asumida; la novedad de la solicitud; si existen o no soluciones técnicas anteriores aplicables al caso de que se trate; la importancia de los elementos técnicos objeto de valoración; la entidad de los elementos técnicos que han de coordinarse; la novedad de la solución; la duración y la intensidad del trabajo desarrollado; la capacidad de interacción con el cliente y con las demás personas, incluidas las empresas, que participan en la prestación, y el valor de la obra”.
  Artículo 7 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “el decoro profesional”, según el cual “el decoro del profesional consiste esencialmente en: la corrección y la exhaustividad de la prestación profesional; la capacidad de asumir responsabilidades, disponer de un equipamiento técnico y profesional eficaz; la disponibilidad y la rapidez en la utilización de instrumentos actualizados; la organización de una oficina y de equipos profesionales eficaces; velar por la diligencia de las personas intervinientes; la disponibilidad de medios y estructuras para la formación continuada, incluida la de los colaboradores autónomos y trabajadores; la capacidad de intervenir con rapidez y eficacia ante el cliente y ante entidades e instituciones privadas y públicas, así como ante el público en general.”
  Artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a los “Criterios de fijación de tarifas”, según el cual “al establecer sus honorarios profesionales el geólogo deberá atenerse a lo establecido en el Decreto Legislativo 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006; al principio de adecuación consagrado en el artículo 2233, apartado 2, del Codice Civile (Código Civil italiano) y, por lo demás, al conjunto de las disposiciones vigentes en la materia. La tarifa profesional aprobada mediante Decreto Ministerial de 18 de noviembre de 1971 y sus modificaciones posteriores, y la tarifa aplicable a las profesiones liberales aprobada mediante Decreto Ministerial de 4 de abril de 2001, en la parte aplicable a los geólogos, constituyen un criterio técnico-profesional lícito y objetivo que las partes deben tener en cuenta a la hora de considerar, determinar y definir las remuneraciones”. En particular, se solicita a este respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si es contrario al artículo 101 del Tratado haber indicado, como norma legislativa en vigor obligatoria en todo su contenido, el Decreto Legislativo 223/2006 con su sistema numérico-cronológico, único sistema histórico y lícito, tanto a nivel interno como comunitario, que, ciertamente, no incide en modo alguno en el conocimiento y en el alcance obligatorio de la norma jurídica.
  Artículo 18 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “Adecuación de los honorarios”, según el cual “en el ámbito de la normativa en vigor, en garantía de la calidad de las prestaciones, el geólogo que desarrolle actividades profesionales en sus diversas formas –individual, societaria o asociada– deberá adecuar siempre sus honorarios a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido. El Colegio, habida cuenta de los principios de competencia profesional, controlará la observancia de cuanto antecede”.
  Artículo 19 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “Licitaciones”, según el cual “en los procedimientos de licitación en los que la Administración Pública, de forma lícita, no se atenga a la tarifa profesional como criterio de remuneración, el geólogo deberá adecuar su oferta a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido”.






  — | Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, relativo a la constitución de una “agrupación europea de interés económico (AEIE) (1) con el objeto de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros”, establece, en su sexto considerando, que las disposiciones (en él contenidas) no afectan a la aplicación, a nivel nacional, de las normas legales o deontológicas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad o de una profesión; |
| --- | --- | --- | --- |

II.

Para el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acogiera la tesis del «filtro de malla ancha» (...), contraria a la aplicación de las normas procesales nacionales relativas a la especificación de los motivos de recurso, ¿debe plantearse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial en los mismos términos en que ha sido formulada por la parte recurrente (en el procedimiento principal) y reproducidos (a continuación)?

1)

«(...) se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 101 del Tratado (anteriormente artículo 81) en relación con la normativa legal y deontológica que regula la profesión de geólogo y las funciones institucionales y normas de funcionamiento del Consiglio Nazionale dei Geologi, pertinente en este asunto, que se reproduce a continuación, con objeto de compararla, y determinar su compatibilidad y legalidad, con la normativa europea (artículo 101 citado) en materia de competencia. (...)

Artículo 9, en particular la letra g), de la Ley no 112/1963: “el Consiglio Nazionale dell’Ordine ejercerá las siguientes funciones, además de las que le atribuyan otras normas: a) velará por la observancia de la ley que regula la profesión y de todas las demás disposiciones relativas a la misma; b) velará por la llevanza del registro y de la lista especial, y procederá a las inscripciones y cancelaciones pertinentes; c) controlará la protección del título profesional y desarrollará las actividades dirigidas a sancionar el ejercicio ilícito de la profesión; d) adoptará decisiones disciplinarias; e) procederá, previa solicitud, a la liquidación de los honorarios; f) administrará los bienes que pertenezcan al Colegio Nacional y formulará con carácter anual el balance provisional y las cuentas definitivas; g) establecerá, dentro de los límites estrictamente necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento del Colegio Nacional, mediante acuerdo que deberá ser aprobado por el Ministro de Justicia, la cuantía de la cuota anual que las personas inscritas en el registro o en la lista especial deben abonar, así como el importe de la tasa de inscripción en el registro o en la lista y de la tasa por la expedición de certificados y dictámenes sobre la liquidación de honorarios.”

Artículo 14, apartado 1, de la Ley no 616/1966, según el cual “a la persona inscrita en el registro o en la lista especial que se comporte de un modo no conforme con la dignidad o el decoro profesionales se le podrán imponer, en función de la gravedad del hecho, una de las siguientes sanciones disciplinarias: 1) amonestación; 2) suspensión del ejercicio profesional por un tiempo no superior a un año; 3) expulsión.”

Artículo 17 de la Ley no 616/1966, según el cual “la tarifa profesional por honorarios y retribuciones, así como los criterios para el reembolso de gastos, se establecerán mediante Decreto del Ministro de Indultos y Justicia (actualmente Ministro de Justicia) de acuerdo con el Ministro de Industria y Comercio (actualmente Ministro para las Actividades Productivas) a propuesta del Consejo Nacional de Geólogos.”

Artículo 6 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “prestación profesional”, según el cual “la eficiencia y la eficacia de la prestación vendrán determinadas esencialmente por: la dificultad técnica intrínseca; el alcance de la responsabilidad asumida; la novedad de la solicitud; si existen o no soluciones técnicas anteriores aplicables al caso de que se trate; la importancia de los elementos técnicos objeto de valoración; la entidad de los elementos técnicos que han de coordinarse; la novedad de la solución; la duración y la intensidad del trabajo desarrollado; la capacidad de interacción con el cliente y con las demás personas, incluidas las empresas, que participan en la prestación, y el valor de la obra”.

Artículo 7 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “el decoro profesional”, según el cual “el decoro del profesional consiste esencialmente en: la corrección y la exhaustividad de la prestación profesional; la capacidad de asumir responsabilidades, disponer de un equipamiento técnico y profesional eficaz; la disponibilidad y la rapidez en la utilización de instrumentos actualizados; la organización de una oficina y de equipos profesionales eficaces; velar por la diligencia de las personas intervinientes; la disponibilidad de medios y estructuras para la formación continuada, incluida la de los colaboradores autónomos y trabajadores; la capacidad de intervenir con rapidez y eficacia ante el cliente y ante entidades e instituciones privadas y públicas, así como ante el público en general.”

Artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a los “Criterios de fijación de tarifas”, según el cual “al establecer sus honorarios profesionales el geólogo deberá atenerse a lo establecido en el Decreto Legislativo 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006; al principio de adecuación consagrado en el artículo 2233, apartado 2, del Codice Civile (Código Civil italiano) y, por lo demás, al conjunto de las disposiciones vigentes en la materia. La tarifa profesional aprobada mediante Decreto Ministerial de 18 de noviembre de 1971 y sus modificaciones posteriores, y la tarifa aplicable a las profesiones liberales aprobada mediante Decreto Ministerial de 4 de abril de 2001, en la parte aplicable a los geólogos, constituyen un criterio técnico-profesional lícito y objetivo que las partes deben tener en cuenta a la hora de considerar, determinar y definir las remuneraciones”. En particular, se solicita a este respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si es contrario al artículo 101 del Tratado haber indicado, como norma legislativa en vigor obligatoria en todo su contenido, el Decreto Legislativo 223/2006 con su sistema numérico-cronológico, único sistema histórico y lícito, tanto a nivel interno como comunitario, que, ciertamente, no incide en modo alguno en el conocimiento y en el alcance obligatorio de la norma jurídica.

Artículo 18 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, relativo a la “Adecuación de los honorarios”, según el cual “en el ámbito de la normativa en vigor, en garantía de la calidad de las prestaciones, el geólogo que desarrolle actividades profesionales en sus diversas formas –individual, societaria o asociada– deberá adecuar siempre sus honorarios a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido. El Colegio, habida cuenta de los principios de competencia profesional, controlará la observancia de cuanto antecede”.

Artículo 19 del Nuevo Código Deontológico de 19 de diciembre de 2006 (acuerdo no 143/2006) modificado mediante acuerdo no 65 de 24 de marzo de 2010, sobre “Licitaciones”, según el cual “en los procedimientos de licitación en los que la Administración Pública, de forma lícita, no se atenga a la tarifa profesional como criterio de remuneración, el geólogo deberá adecuar su oferta a la magnitud y dificultad del trabajo encomendado, al decoro profesional, a los conocimientos técnicos y al trabajo exigido”.

—

Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, relativo a la constitución de una “agrupación europea de interés económico (AEIE) (1) con el objeto de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros”, establece, en su sexto considerando, que las disposiciones (en él contenidas) no afectan a la aplicación, a nivel nacional, de las normas legales o deontológicas relativas a las condiciones de ejercicio de una actividad o de una profesión;

| — | Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (2) que establece en su considerando cuadragésimo tercero que “en la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del mandante y de la población en general. El ejercicio profesional puede estar sometido en los Estados miembros a obligaciones legales específicas con arreglo a la legislación nacional y a las disposiciones establecidas autónomamente en este marco por los órganos correspondientes de representación profesional, que garantizan y fomentan la profesionalidad, la calidad del servicio y la confidencialidad de las relaciones con el cliente”. |
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Directiva 2005/36/CE del Parlamento y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (2) que establece en su considerando cuadragésimo tercero que “en la medida en que estén reguladas, la presente Directiva contempla también las profesiones liberales, que son las que ejercen quienes, gracias a sus especiales cualificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del mandante y de la población en general. El ejercicio profesional puede estar sometido en los Estados miembros a obligaciones legales específicas con arreglo a la legislación nacional y a las disposiciones establecidas autónomamente en este marco por los órganos correspondientes de representación profesional, que garantizan y fomentan la profesionalidad, la calidad del servicio y la confidencialidad de las relaciones con el cliente”.

| — | Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como “Directiva servicios”, (3) dispone en su considerando centésimo decimoquinto que “los códigos de conducta comunitarios pretenden fijar normas mínimas de comportamiento y complementan los requisitos legales de los Estados miembros. No obstan para que los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, adopten medidas legislativas más estrictas, ni para que los colegios profesionales dispongan una mayor protección en sus códigos de conducta nacionales”. |
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Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como “Directiva servicios”, (3) dispone en su considerando centésimo decimoquinto que “los códigos de conducta comunitarios pretenden fijar normas mínimas de comportamiento y complementan los requisitos legales de los Estados miembros. No obstan para que los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, adopten medidas legislativas más estrictas, ni para que los colegios profesionales dispongan una mayor protección en sus códigos de conducta nacionales”.

| — | Se solicita, por último, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad con el artículo 101 del Tratado de la distinción antes expuesta, en los aspectos jurídicos y de organización colegial, entre empresa profesional y empresa comercial, así como entre la competencia profesional y la competencia comercial». |
| --- | --- |

—

Se solicita, por último, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad con el artículo 101 del Tratado de la distinción antes expuesta, en los aspectos jurídicos y de organización colegial, entre empresa profesional y empresa comercial, así como entre la competencia profesional y la competencia comercial».

| 2) | «a) | ¿Prohíbe o impide el artículo 101 TFUE u otra norma europea la referencia a la dignidad y el decoro del profesional –en el caso de autos, geólogo– como elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración profesional? |
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2)

«a)

¿Prohíbe o impide el artículo 101 TFUE u otra norma europea la referencia a la dignidad y el decoro del profesional –en el caso de autos, geólogo– como elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración profesional?

| b) | A efectos del artículo 101 TFUE o de cualquier norma europea, ¿entraña la referencia a la dignidad y el decoro profesional efectos restrictivos de la competencia profesional? |
| --- | --- |

b)

A efectos del artículo 101 TFUE o de cualquier norma europea, ¿entraña la referencia a la dignidad y el decoro profesional efectos restrictivos de la competencia profesional?

| c) | ¿Establece el artículo 101 TFUE u otra norma europea que los requisitos de dignidad y decoro, en cuanto elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración del profesional de acuerdo con tarifas definidas expresamente como sujetas a excepciones en sus importes mínimos –vista la referencia expresa y formal, contenida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, a la normativa legal que permite tal excepción (Decreto Legislativo no 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006)– pueden inducir a comportamientos restrictivos de la competencia? |
| --- | --- |

c)

¿Establece el artículo 101 TFUE u otra norma europea que los requisitos de dignidad y decoro, en cuanto elementos que han de tenerse en cuenta para la remuneración del profesional de acuerdo con tarifas definidas expresamente como sujetas a excepciones en sus importes mínimos –vista la referencia expresa y formal, contenida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, a la normativa legal que permite tal excepción (Decreto Legislativo no 223/2006, convalidado mediante la Ley no 248/2006)– pueden inducir a comportamientos restrictivos de la competencia?

| d) | ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE o una norma europea la referencia a la tarifa profesional –establecida, respecto a los geólogos, mediante disposición estatal: Decreto Ministerial del Ministro de Justicia de acuerdo con el Ministro de las Actividades Productivas, y cuyos importes mínimos pueden ser objeto de excepciones en virtud, una vez más, de la referencia expresa y formal al Decreto Legislativo no 223/2006 recogida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico– como simple elemento técnico-profesional de referencia para determinar las remuneraciones? |
| --- | --- |

d)

¿Prohíbe el artículo 101 TFUE o una norma europea la referencia a la tarifa profesional –establecida, respecto a los geólogos, mediante disposición estatal: Decreto Ministerial del Ministro de Justicia de acuerdo con el Ministro de las Actividades Productivas, y cuyos importes mínimos pueden ser objeto de excepciones en virtud, una vez más, de la referencia expresa y formal al Decreto Legislativo no 223/2006 recogida en el artículo 17 del Nuevo Código Deontológico– como simple elemento técnico-profesional de referencia para determinar las remuneraciones?

| e) | ¿Prohíbe el artículo 101 TFUE u otra norma europea la correspondencia entre la magnitud de las prestaciones y los requisitos de dignidad y decoro, definidos en los artículos 6 y 7 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, con la remuneración profesional, tal como se prevé en el artículo 2233, apartado 2, del c.c. (Código Civil italiano), según el cual “la cuantía de la remuneración (profesional) deberá adecuarse a la magnitud del trabajo y al decoro de la profesión”? |
| --- | --- |

e)

¿Prohíbe el artículo 101 TFUE u otra norma europea la correspondencia entre la magnitud de las prestaciones y los requisitos de dignidad y decoro, definidos en los artículos 6 y 7 del Nuevo Código Deontológico de Geólogos, con la remuneración profesional, tal como se prevé en el artículo 2233, apartado 2, del c.c. (Código Civil italiano), según el cual “la cuantía de la remuneración (profesional) deberá adecuarse a la magnitud del trabajo y al decoro de la profesión”?

| f) | Así pues, según el artículo 101 TFUE, ¿puede considerarse que la referencia al artículo 2233, apartado 2, del c.c. es lícita y que no da lugar a efectos restrictivos de la competencia? |
| --- | --- |

f)

Así pues, según el artículo 101 TFUE, ¿puede considerarse que la referencia al artículo 2233, apartado 2, del c.c. es lícita y que no da lugar a efectos restrictivos de la competencia?

| g) | ¿Equipara jurídicamente el artículo 101 TFUE u otra norma europea en materia en materia de competencia a un Colegio Profesional, en el caso de autos el de geólogos, tal como se regula en normas específicas del Estado dictadas con fines institucionales, a los acuerdos y concentraciones de empresas comerciales que constituyen acuerdos restrictivos de la competencia? |
| --- | --- |

g)

¿Equipara jurídicamente el artículo 101 TFUE u otra norma europea en materia en materia de competencia a un Colegio Profesional, en el caso de autos el de geólogos, tal como se regula en normas específicas del Estado dictadas con fines institucionales, a los acuerdos y concentraciones de empresas comerciales que constituyen acuerdos restrictivos de la competencia?

| h) | ¿Permite el artículo 101 TFUE u otra norma europea equiparar la cuota abonada a los colegios por imperativo legal –establecida para el ejercicio de las funciones y la consecución de fines institucionales– con la actividad de venta de bienes y servicios y el beneficio económico, desarrollada y obtenido, respectivamente, a través de comportamientos restrictivos de la competencia por parte de concentraciones de empresas comerciales? |
| --- | --- |

h)

¿Permite el artículo 101 TFUE u otra norma europea equiparar la cuota abonada a los colegios por imperativo legal –establecida para el ejercicio de las funciones y la consecución de fines institucionales– con la actividad de venta de bienes y servicios y el beneficio económico, desarrollada y obtenido, respectivamente, a través de comportamientos restrictivos de la competencia por parte de concentraciones de empresas comerciales?

| i) | ¿Justifica el artículo 101 TFUE u otra norma europea la aplicación de sanciones en el caso de autos? |
| --- | --- |

i)

¿Justifica el artículo 101 TFUE u otra norma europea la aplicación de sanciones en el caso de autos?

| j) | ¿Legitima el artículo 101 TFUE u otra norma europea la sujeción a la recaudación forzosa de la cuota de afiliación, obligatoria por imperativo legal, equiparando tal cuota a los beneficios e ingresos fruto de un acuerdo económico-comercial restrictivo de la competencia? |
| --- | --- |

j)

¿Legitima el artículo 101 TFUE u otra norma europea la sujeción a la recaudación forzosa de la cuota de afiliación, obligatoria por imperativo legal, equiparando tal cuota a los beneficios e ingresos fruto de un acuerdo económico-comercial restrictivo de la competencia?

(...)».

| III. | 1) | Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte reviste carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia y de las profesiones, y en particular las disposiciones comunitarias invocadas por la parte recurrente en su cuestión, a la adopción de códigos deontológicos profesionales que disponen que la remuneración sea acorde con el decoro y la dignidad profesionales y con la calidad y la cantidad de trabajo desarrollado, con el resultado de que las remuneraciones inferiores a las tarifas mínimas (y que, por tanto, son competitivas) pueden ser sancionadas, en el plano disciplinario, por vulneración de normas deontológicas? |
| --- | --- | --- |

III.

1)

Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte reviste carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia y de las profesiones, y en particular las disposiciones comunitarias invocadas por la parte recurrente en su cuestión, a la adopción de códigos deontológicos profesionales que disponen que la remuneración sea acorde con el decoro y la dignidad profesionales y con la calidad y la cantidad de trabajo desarrollado, con el resultado de que las remuneraciones inferiores a las tarifas mínimas (y que, por tanto, son competitivas) pueden ser sancionadas, en el plano disciplinario, por vulneración de normas deontológicas?

| 2) | Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿Puede interpretarse el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa que prohíbe los acuerdos restrictivos, en el sentido de que un acuerdo restrictivo puede estar constituido por normas deontológicas adoptadas por colegios profesionales, cuando tales normas, al establecer el decoro y la dignidad profesional, así como la calidad y la magnitud del trabajo desarrollado, como parámetros de cuantificación de la remuneración del profesional, tengan como efecto la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por tanto, también un efecto restrictivo de la competencia como consecuencia de dicha imposibilidad de establecer excepciones? |
| --- | --- |

2)

Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: ¿Puede interpretarse el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa que prohíbe los acuerdos restrictivos, en el sentido de que un acuerdo restrictivo puede estar constituido por normas deontológicas adoptadas por colegios profesionales, cuando tales normas, al establecer el decoro y la dignidad profesional, así como la calidad y la magnitud del trabajo desarrollado, como parámetros de cuantificación de la remuneración del profesional, tengan como efecto la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por tanto, también un efecto restrictivo de la competencia como consecuencia de dicha imposibilidad de establecer excepciones?

| 3) | Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: Si el Derecho nacional establece normas de defensa de la competencia más estrictas que las comunitarias, indicando en particular que pueden establecerse excepciones a los importes mínimos de las tarifas profesionales, aunque el Derecho comunitario parece, en cambio, permitir aún en ciertas condiciones la posibilidad de no establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por consiguiente, si una actuación del colegio profesional que imponga la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas constituye, respecto al Derecho nacional, un acuerdo restrictivo de la competencia mientras que podría no serlo para el Derecho comunitario, ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa comunitaria sobre acuerdos restrictivos de la competencia, a considerar una determinada conducta sancionable como acuerdo restrictivo sobre la base de la normativa nacional y no sobre la base de la normativa comunitaria, cuando las normas nacionales de defensa de la competencia sean más estrictas que las comunitarias? |
| --- | --- |

3)

Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones de interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que las normas procesales nacionales carecen de pertinencia y que existe un deber de asistencia del órgano jurisdiccional nacional, y la cuestión prejudicial planteada por la parte recurrente se resuelva en el sentido de que la cuestión de parte tiene carácter genérico, se plantea la siguiente cuestión prejudicial: Si el Derecho nacional establece normas de defensa de la competencia más estrictas que las comunitarias, indicando en particular que pueden establecerse excepciones a los importes mínimos de las tarifas profesionales, aunque el Derecho comunitario parece, en cambio, permitir aún en ciertas condiciones la posibilidad de no establecer excepciones a las tarifas mínimas y, por consiguiente, si una actuación del colegio profesional que imponga la imposibilidad de establecer excepciones a las tarifas mínimas constituye, respecto al Derecho nacional, un acuerdo restrictivo de la competencia mientras que podría no serlo para el Derecho comunitario, ¿se opone el Derecho comunitario de la competencia, y en particular la normativa comunitaria sobre acuerdos restrictivos de la competencia, a considerar una determinada conducta sancionable como acuerdo restrictivo sobre la base de la normativa nacional y no sobre la base de la normativa comunitaria, cuando las normas nacionales de defensa de la competencia sean más estrictas que las comunitarias?

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(1)  DO L 199, p. 1.

(2)  DO L 255, p. 22.

(3)  DO L 376, p. 36.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/24 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/24

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Recurso interpuesto el 14 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea

(Asunto C-137/12)

2012/C 151/37

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Cujo, I. Rogalski y R. Vidal Puig, agentes)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión 2011/853/UE del Consejo, de 29 de noviembre de 2011, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. (1) |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión 2011/853/UE del Consejo, de 29 de noviembre de 2011, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso. (1)

| — | Que se condene en costas Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su primer motivo, la Comisión alega que el artículo 114 TFUE no es una base jurídica apropiada para adoptar la Decisión impugnada. Según la demandante, la Decisión debería haberse basado en el artículo 207 TFUE, apartado 4, que autoriza al Consejo a celebrar acuerdos internacionales en el ámbito de la política comercial común, tal como se define en el artículo 207 TFUE, apartado 1. El presente Convenio no tiene por objeto «mejorar el funcionamiento del mercado interior», sino que su objetivo principal es «facilitar» y «fomentar» la prestación de servicios de acceso condicional entre la Unión y otros países europeos. Dicho convenio tendrá un efecto directo e inmediato en la prestación de servicios de acceso condicional así como en el comercio de dispositivos ilícitos y en los servicios relativos a dichos dispositivos. En consecuencia, el Convenio está comprendido en el ámbito de aplicación de la política comercial común.

Mediante su segundo motivo, la demandante alega la vulneración de la competencia externa exclusiva de la Unión (artículos 2 TFUE, apartado 1, y 3 TFUE, apartados 1 y 2), dado que el Consejo consideró que la celebración del convenio no correspondía a la competencia exclusiva de la Unión a pesar de que el Convenio está comprendido en el ámbito de aplicación de la política comercial común o, en cualquier caso, de que la celebración del Convenio puede afectar a las normas comunes o alterar su alcance.

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(1)  DO L 336, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/24 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/24

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna (Bulgaria) el 15 de marzo de 2012 — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Asunto C-138/12)

2012/C 151/38

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad — Varna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Rusedespred OOD

Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Está legitimado un sujeto pasivo, conforme al principio de neutralidad fiscal, para solicitar, dentro del plazo de prescripción establecido, la devolución del IVA no adeudado e indebidamente facturado si con arreglo al Derecho interno la operación por la que repercutió el impuesto está exenta, se ha eliminado el riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es de aplicación la normativa establecida en la ley nacional en materia de rectificación de facturas? |
| --- | --- |

1)

¿Está legitimado un sujeto pasivo, conforme al principio de neutralidad fiscal, para solicitar, dentro del plazo de prescripción establecido, la devolución del IVA no adeudado e indebidamente facturado si con arreglo al Derecho interno la operación por la que repercutió el impuesto está exenta, se ha eliminado el riesgo de pérdida de ingresos fiscales y no es de aplicación la normativa establecida en la ley nacional en materia de rectificación de facturas?

| 2) | ¿Se oponen el sistema común del IVA y los principios de equivalencia, de efectividad y de igualdad de trato a la negativa por parte de la oficina tributaria competente, basada en una disposición nacional por la que se transpone el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, (1) de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a devolver a un sujeto pasivo el IVA facturado por éste, cuando dicho impuesto no se debía por tratarse de una operación exenta pero se facturó, repercutió y pagó indebidamente, si al adquirente o destinatario de los servicios ya le fue denegado por resolución firme de la inspección fiscal el derecho a deducción respecto de la misma operación, basándose en que el proveedor o prestador del servicio había repercutido ilegalmente el impuesto? |
| --- | --- |

2)

¿Se oponen el sistema común del IVA y los principios de equivalencia, de efectividad y de igualdad de trato a la negativa por parte de la oficina tributaria competente, basada en una disposición nacional por la que se transpone el artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, (1) de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a devolver a un sujeto pasivo el IVA facturado por éste, cuando dicho impuesto no se debía por tratarse de una operación exenta pero se facturó, repercutió y pagó indebidamente, si al adquirente o destinatario de los servicios ya le fue denegado por resolución firme de la inspección fiscal el derecho a deducción respecto de la misma operación, basándose en que el proveedor o prestador del servicio había repercutido ilegalmente el impuesto?

| 3) | ¿Puede un sujeto pasivo invocar directamente los principios comunitarios que rigen el sistema común del IVA, en concreto los principios de neutralidad fiscal y de efectividad, para impugnar una disposición nacional, o su aplicación por las autoridades tributarias o judiciales, contraria a dichos principios, o a la inexistencia, contraria a dichos principios, de una disposición nacional? |
| --- | --- |

3)

¿Puede un sujeto pasivo invocar directamente los principios comunitarios que rigen el sistema común del IVA, en concreto los principios de neutralidad fiscal y de efectividad, para impugnar una disposición nacional, o su aplicación por las autoridades tributarias o judiciales, contraria a dichos principios, o a la inexistencia, contraria a dichos principios, de una disposición nacional?

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(1)  DO L 347, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/25 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/25

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Varna (Bulgaria) el 21 de marzo de 2012 — Hristomir Marinov/Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Asunto C-142/12)

2012/C 151/39

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad Varna

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Hristomir Marinov

Demandada: Direktor na Direksia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 18, letra c), de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que comprende también los supuestos en los que la cesación de la actividad económica imponible se debe a que, como consecuencia de la baja del registro, se elimina la posibilidad de que el sujeto pasivo repercuta y deduzca el IVA? |
| --- | --- |

1)

¿Debe interpretarse el artículo 18, letra c), de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en el sentido de que comprende también los supuestos en los que la cesación de la actividad económica imponible se debe a que, como consecuencia de la baja del registro, se elimina la posibilidad de que el sujeto pasivo repercuta y deduzca el IVA?

| 2) | ¿Se oponen los artículos 74 y 80 de la Directiva 2006/112 a una disposición nacional que, en los casos de cesación de la actividad económica imponible, prevé que la base imponible de la operación estará constituida por el valor normal de mercado de los bienes existentes en el momento de la baja registral? |
| --- | --- |

2)

¿Se oponen los artículos 74 y 80 de la Directiva 2006/112 a una disposición nacional que, en los casos de cesación de la actividad económica imponible, prevé que la base imponible de la operación estará constituida por el valor normal de mercado de los bienes existentes en el momento de la baja registral?

| 3) | ¿Tiene eficacia directa el artículo 74 de la Directiva 2006/112? |
| --- | --- |

3)

¿Tiene eficacia directa el artículo 74 de la Directiva 2006/112?

| 4) | La duración del período comprendido entre el momento de la compra de los bienes y el momento de cesación de la actividad económica imponible, así como las minusvalías materializadas tras la adquisición de los bienes ¿son relevantes en el cálculo de la base imponible conforme al artículo 74 de la Directiva 2006/112? |
| --- | --- |

4)

La duración del período comprendido entre el momento de la compra de los bienes y el momento de cesación de la actividad económica imponible, así como las minusvalías materializadas tras la adquisición de los bienes ¿son relevantes en el cálculo de la base imponible conforme al artículo 74 de la Directiva 2006/112?

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(1)  DO L 347, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/25 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/25

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hovrätten för Nedre Norrland (Suecia) el 26 de marzo de 2012 — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/1) Frank Koot 2) Evergreen Investments AB

(Asunto C-147/12)

2012/C 151/40

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Hovrätten för Nedre Norrland

Partes en el procedimiento principal

Demandante: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

Demandadas:

| 1) | Frank Koot |
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1)

Frank Koot

| 2) | Evergreen Investments AB |
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2)

Evergreen Investments AB

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Los números 1 y 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) ¿deben interpretarse en el sentido de que constituyen una excepción completa a la norma general del artículo 2 en los litigios relativos a acciones de indemnización? |
| --- | --- |

1)

Los números 1 y 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) ¿deben interpretarse en el sentido de que constituyen una excepción completa a la norma general del artículo 2 en los litigios relativos a acciones de indemnización?

| 2) | ¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un miembro del consejo de administración de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho miembro del consejo por las deudas de la sociedad cuando éste no ha tomado medidas formales destinadas a controlar la situación económica de la empresa y, en vez de ello, ha permitido que la empresa siguiera funcionando y contrayendo nuevas deudas? |
| --- | --- |

2)

¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un miembro del consejo de administración de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho miembro del consejo por las deudas de la sociedad cuando éste no ha tomado medidas formales destinadas a controlar la situación económica de la empresa y, en vez de ello, ha permitido que la empresa siguiera funcionando y contrayendo nuevas deudas?

| 3) | ¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho accionista por las deudas de la sociedad cuando éste ha permitido que la sociedad siguiera funcionando a pesar de que la actividad estaba infracapitalizada y la sociedad estaba obligada a solicitar la declaración de liquidación? |
| --- | --- |

3)

¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad para exigir la responsabilidad de dicho accionista por las deudas de la sociedad cuando éste ha permitido que la sociedad siguiera funcionando a pesar de que la actividad estaba infracapitalizada y la sociedad estaba obligada a solicitar la declaración de liquidación?

| 4) | ¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad que se ha comprometido a pagar las deudas de la sociedad? |
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4)

¿Debe interpretarse el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» a que se refiere el número 3 del artículo 5 del citado Reglamento de modo que incluya la demanda presentada por el titular de un crédito contra un accionista de una sociedad que se ha comprometido a pagar las deudas de la sociedad?

| 5) | En caso de respuesta afirmativa a la cuestión formulada en el punto 2: cuando el miembro del consejo de administración tiene su domicilio en los Países Bajos y el incumplimiento de sus obligaciones se refiere a una sociedad sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia? |
| --- | --- |

5)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión formulada en el punto 2: cuando el miembro del consejo de administración tiene su domicilio en los Países Bajos y el incumplimiento de sus obligaciones se refiere a una sociedad sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia?

| 6) | En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones formuladas en los puntos 3 y 4: cuando el accionista tiene su domicilio en los Países Bajos y la sociedad es sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia? |
| --- | --- |

6)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones formuladas en los puntos 3 y 4: cuando el accionista tiene su domicilio en los Países Bajos y la sociedad es sueca, ¿debe considerarse que un eventual hecho dañoso se ha producido en los Países Bajos o en Suecia?

| 7) | En caso de que los números 1 o 3 del artículo 5 del citado Reglamento deban aplicarse a alguna de las situaciones descritas, ¿tiene alguna pertinencia para dicha aplicación que el crédito haya sido transmitido por su titular inicial a otra persona? |
| --- | --- |

7)

En caso de que los números 1 o 3 del artículo 5 del citado Reglamento deban aplicarse a alguna de las situaciones descritas, ¿tiene alguna pertinencia para dicha aplicación que el crédito haya sido transmitido por su titular inicial a otra persona?

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(1)  DO L 12, p. 1.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/26 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/26

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Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Anex Customs BVBA/Belgische Staat, KBC Band NV

(Asunto C-163/11) (1)

2012/C 151/41

Lengua de procedimiento: neerlandés

El Presidente del Tribunal de Justicia ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 179, de 18.6.2011.

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Tribunal General

| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/27 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/27

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Auto del Tribunal General de 22 de marzo de 2012 — Viasat Broadcasting UK/Comisión

(Asunto T-114/09) (1)

(Ayudas de Estado - Reembolso de la ayuda - Desaparición del interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)

2012/C 151/42

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Reino Unido) (representantes: S. Kalsmose-Hjelmborg y M. Honoré, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente N. Khan y B. Martenczuken, y posteriormente B. Stromsky y L. Flynn, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Dinamarca (representantes: inicialmente J. Bering Liisberg, y posteriormente C. Vang, agentes, asistidos por P. Biering y K. Lundgaard Hansen, abogados) y TV2/Danmark A/S (Odense C, Dinamarca) (representante: O. Koktvedgaard, abogado)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 4224 final de la Comisión, de 4 de agosto de 2008, en el asunto N 287/2008, relativa a la ayuda de salvamento concedida a TV2 Danmark A/S.

Fallo

| 1) | Sobreseer el presente recurso. |
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1)

Sobreseer el presente recurso.

| 2) | Viasat Broadcasting UK Ltd, la Comisión Europea, el Reino de Dinamarca y TV2 Danmark A/S cargarán con sus propias costas. |
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2)

Viasat Broadcasting UK Ltd, la Comisión Europea, el Reino de Dinamarca y TV2 Danmark A/S cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 141, de 20.6.2009.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/27 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/27

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Auto del Tribunal General de 19 de marzo de 2012 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Comisión

(Asunto T-273/09) (1)

(Competencia - Prácticas colusorias - Abuso de posición dominante - Desestimación de una denuncia - Interés legítimo - Interés comunitario - Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado)

2012/C 151/43

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola, Italia) (representantes: L. Misson, G. Ernes y A. Pel, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet y V. Di Bucci, agentes, asistidos por J. Derenne, abogado)

Parte coadyuvante en apoyo de la demadada: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zúrich, Suiza) (representantes: A. Barav y D. Reymond, abogados)

Objeto

Anulación de la Decisión C(2009) 3916 de la Comisión, de 12 de mayo de 2009, adoptada en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 773/2004 de la Comisión y por la que la Comisión desestimó, por falta de interés legítimo y de interés comunitario, la denuncia presentada por la demandante con respecto a las supuestas infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE cometidas por la Federazione Italiana Giuoco Calcio, el Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Union of European Football Associations y la Fédération internationale de football association en el marco de las sanciones impuestas al Juventus Football Club de Turín (asunto COMP/39.464 — Hinchas Juventus Turín/FIGC CONI UEFA FIFA).

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar a la Associazione «Giùlemanidallajuve» al pago de sus costas y de las costas de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar a la Associazione «Giùlemanidallajuve» al pago de sus costas y de las costas de la Comisión Europea.

| 3) | La Fédération internationale de football association cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La Fédération internationale de football association cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 244, de 10.10.2009.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/27 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/27

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Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Connefroy y otros/Comisión

(Asunto T-327/09) (1)

(Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad)

2012/C 151/44

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: Philippe Connefroy (Le Rozel, Francia), Jean-Guy Gueguen (Carantec, Francia) y EARL de Cavagnan (Grézet-Cavagnan, Francia) (representante: C. Galvez, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representante: B. Stromsky, agente)

Objeto

Anulación de la Decisión 2009/402/CE de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a los «planes de campaña» en el sector hortofrutícola ejecutados por Francia (DO L 127, p. 11).

Fallo

| 1) | Declarar la inadmisibilidad del recurso. |
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1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

| 2) | Condenar a los Sres. Philippe Connefroy y Jean-Guy Gueguen y a EARL de Cavagnan a soportar, además de sus propias costas, aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea. |
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2)

Condenar a los Sres. Philippe Connefroy y Jean-Guy Gueguen y a EARL de Cavagnan a soportar, además de sus propias costas, aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

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(1)  DO C 267, de 7.11.2009.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/28 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/28

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Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — Cañas/Comisión

(Asunto T-508/09) (1)

(Competencia - Normas antidopaje - Decisión por la que se desestima una denuncia - Cese de actividad profesional - Desaparición del interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)

2012/C 151/45

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (representantes: inicialmente F. Laboulfie y C. Aguet; posteriormente Y. Bonnard, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: P. Van Nuffel y F. Ronkes Agerbeek, agentes, asistidos por J. Derenne, abogado)

Partes coadyuvantes en apoyo de la parte demandada: Agencia Mundial Antidopaje (Lausana, Suiza) (representantes: G. Berrisch, abogado, D. Cooper, Solicitor, y N. Chesaites, Barrister); ATP Tour, Inc. (Wilmington, Delaware, Estados Unidos) (representantes: B. van de Walle de Ghelcke y J. Marchandise, abogados)

Objeto

Recurso de anulación de de la Decisión C(2009) 7809 de la Comisión, de 12 de octubre de 2009, adoptada en el asunto COMP/39.471, mediante la cual se desestimó por falta de interés comunitario suficiente una denuncia relativa a una infracción de los artículos 81 y 82 del Tratado CE supuestamente cometida por la Agencia Mundial Antidopaje, la ATP Tour, Inc., y la Fundación Consejo Internacional del Arbitraje en materia deportiva (CIAS).

Fallo

| 1) | Sobreseer el presente recurso. |
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1)

Sobreseer el presente recurso.

| 2) | Guillermo Cañas cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

Guillermo Cañas cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

| 3) | La Agencia Mundial Antidopaje y ATP Tour, Inc., cargarán con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La Agencia Mundial Antidopaje y ATP Tour, Inc., cargarán con sus propias costas.

| 4) | Sobreseer la demanda de intervención de European Elite Athletes Association. |
| --- | --- |

4)

Sobreseer la demanda de intervención de European Elite Athletes Association.

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(1)  DO C 80, de 27.3.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/28 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/28

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Auto del Tribunal General de 29 de marzo de 2012 — Asociación Española de Banca/Comisión

(Asunto T-236/10) (1)

(Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Régimen de ayudas que permite la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras - Decisión por la que se declara el régimen de ayudas incompatible con el mercado común y no se ordena la recuperación de las ayudas - Asociación - Inexistencia de afectación individual - Inadmisibilidad)

2012/C 151/46

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Asociación Española de Banca (Madrid) (representantes: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan y R. Calvo Salinero, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y C. Urraca Caviedes, agentes)

Objeto

Recurso de anulación del artículo 1, apartado 1, y, a título subsidiario, del artículo 4 de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48).

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la Asociación Española de Banca. |
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2)

Condenar en costas a la Asociación Española de Banca.

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(1)  DO C 195, de 17.7.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/29 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/29

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Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — European Goldfields/Comisión

(Asunto T-261/11) (1)

(Recurso de anulación - Ayudas de Estado - Ayuda concedida por las autoridades griegas a la empresa minera Ellinikos Chrysos consistente en transmitirle la explotación minera de Casandra a un precio inferior a su valor real de mercado y eximiéndola de los impuestos que gravaban la operación - Decisión por la que se declara la ayuda ilegal y se ordena su recuperación, junto con los intereses correspondientes - Falta de interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad)

2012/C 151/47

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukón, Canadá) (representantes: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova y P. Skouris, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: É. Gippini Fournier y D. Triantafyllou, agentes)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión 2011/452/UE de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, relativa a la ayuda estatal C-48/08 (ex NN 61/08) otorgada por Grecia a Ellinikos (Ch)rysos SA (DO L 193, p. 27).

Fallo

| 1) | Declarar la inadmisibilidad del recurso. |
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1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

| 2) | Condenar en costas a European Goldfields Ltd. |
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2)

Condenar en costas a European Goldfields Ltd.

| 3) | No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou. |
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3)

No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou.

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(1)  DO C 219, de 23.7.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/29 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/29

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Auto del Tribunal General de 23 de marzo de 2012 — Ecologistas en Acción/Comisión

(Asunto T-341/11) (1)

(Acceso a los documentos - Reglamento (CE) no 1049/2001 - Denegación tácita de acceso - Interés en ejercitar la acción - Decisión expresa adoptada tras la interposición del recurso - Sobreseimiento)

2012/C 151/48

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid) (representante: J. Doreste Hernández, abogado)

Demandada: Comisión Europea (representantes: I. Martínez del Peral y P. Costa de Oliveira, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Reino de España (representantes: inicialmente M. Muñoz Pérez, Abogado del Estado, asistido por J.M. Rodríguez Cárcamo, abogado, posteriormente S. Centeno Huerta, Abogado del Estado)

Objeto

Recurso de anulación de la decisión tácita de la Comisión por la que se deniega a la parte demandante el acceso a determinados documentos relativos a la aprobación de un proyecto de construcción de un puerto en Granadilla (Tenerife), facilitados por las autoridades españolas a la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7).

Fallo

| 1) | Sobreseer el recurso. |
| --- | --- |

1)

Sobreseer el recurso.

| 2) | Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas así como con las de Ecologistas en Acción-CODA. |
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2)

Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas así como con las de Ecologistas en Acción-CODA.

| 3) | El Reino de España cargará con sus propias costas. |
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3)

El Reino de España cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 252, de 27.8.2011.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/29 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/29

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo

(Asunto T-97/12)

2012/C 151/49

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso del demandante es admisible y está fundado. |
| --- | --- |

—

Declare que el recurso del demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan al demandante. |
| --- | --- |

—

En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan al demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en el asunto T-432/11, Makhlouf/Consejo. (1)

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(1)  DO 2011, C 290, p. 13.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/30 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/30

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Makhlouf/Consejo

(Asunto T-98/12)

2012/C 151/50

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso del demandante es admisible y está fundado. |
| --- | --- |

—

Declare que el recurso del demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan al demandante. |
| --- | --- |

—

En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan al demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en el asunto T-433/11, Makhlouf/Consejo. (1)

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(1)  DO 2011, C 290, p. 14.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/30 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/30

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Syriatel Mobile Telecom/Consejo

(Asunto T-99/12)

2012/C 151/51

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado. |
| --- | --- |

—

Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante. |
| --- | --- |

—

En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento (UE) no 36/2012 de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos de los que tres primeros son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en los asuntos T-432/11, Makhlouf/Consejo, (1) y T-433/11 Makhlouf/Consejo. (2)

El cuarto motivo se basa en la vulneración del principio de igualdad de trato que falsea la competencia tanto dentro de la Unión Europea como en Siria, así como entre estos dos territorios.

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(1)  DO 2011, C 290, p. 13.

(2)  DO 2011, C 290, p. 14.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/30 |
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26.5.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/30

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Almashreq Investment/Consejo

(Asunto T-100/12)

2012/C 151/52

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Almashreq Investment Co. (Joint Stock Holding Company) (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado. |
| --- | --- |

—

Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante. |
| --- | --- |

—

En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
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Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en los asuntos T-432/11, Makhlouf/Consejo, (1) y T-433/11 Makhlouf/Consejo. (2)

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(1)  DO 2011, C 290, p. 13.

(2)  DO 2011, C 290, p. 14.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/31 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/31

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Cham/Consejo

(Asunto T-101/12)

2012/C 151/53

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado. |
| --- | --- |

—

Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante. |
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—

En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
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—

Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en los asuntos T-432/11, Makhlouf/Consejo, (1) y T-433/11 Makhlouf/Consejo. (2)

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(1)  DO 2011, C 290, p. 13.

(2)  DO 2011, C 290, p. 14.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/31 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/31

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Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2012 — Sorouh/Consejo

(Asunto T-102/12)

2012/C 151/54

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Sorouh Joint Stock Company (Damasco, Siria) (representante: E. Ruchat, abogado)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado. |
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—

Declare que el recurso de la demandante es admisible y está fundado.

| — | En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante. |
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En consecuencia, anule la Decisión 2011/782/PESC de 1 de diciembre de 2011 así como el Reglamento no 36/2012 (UE) de 18 de enero de 2012 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la demandante.

| — | Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea. |
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Condene al pago de las costas de la instancia al Consejo de la Unión Europea.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos que son por lo esencial idénticos o similares a los invocados en los asuntos T-432/11, Makhlouf/Consejo, (1) y T-433/11 Makhlouf/Consejo. (2)

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(1)  DO 2011, C 290, p. 13.

(2)  DO 2011, C 290, p. 14.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/31 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/31

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Recurso interpuesto el 24 de febrero de 2012 — T&L Sugars y Sidul Açúcares/Comisión

(Asunto T-103/12)

2012/C 151/55

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: T&L Sugars Ltd (Londres) y Sidul Açúcares, Unipessoal, L.da; (Santa Iria de Azóia, Portugal) (representantes: D. Waelbroeck, abogado, y D. Slater, Solicitor)

Demandadas: Comisión Europea y la Unión Europea, representada por la Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare la admisibilidad y procedencia del presente recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y/o de la excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 TFUE contra el Reglamento no 1240/2011, el Reglamento no 1308/2011, el Reglamento no 1239/2011, el Reglamento no 1281/2011, el Reglamento no 1316/2011, el Reglamento no 1384/2011, el Reglamento no 27/2012 y el Reglamento no 57/2012. |
| --- | --- |

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Declare la admisibilidad y procedencia del presente recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y/o de la excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 TFUE contra el Reglamento no 1240/2011, el Reglamento no 1308/2011, el Reglamento no 1239/2011, el Reglamento no 1281/2011, el Reglamento no 1316/2011, el Reglamento no 1384/2011, el Reglamento no 27/2012 y el Reglamento no 57/2012.

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1240/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen medidas excepcionales en lo que atañe a la venta en el mercado de la Unión de azúcar y de isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa reducida por excedentes en la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 318, p. 9). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1240/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen medidas excepcionales en lo que atañe a la venta en el mercado de la Unión de azúcar y de isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa reducida por excedentes en la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 318, p. 9).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1308/2011 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2011, por el que se fija el coeficiente de asignación, se rechazan nuevas solicitudes y se cierra el período de presentación de solicitudes para las cantidades disponibles de azúcar producida al margen de la cuota, destinadas a la venta en el mercado de la Unión Europea con una tasa por excedente reducida en la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 332, p. 8). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1308/2011 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2011, por el que se fija el coeficiente de asignación, se rechazan nuevas solicitudes y se cierra el período de presentación de solicitudes para las cantidades disponibles de azúcar producida al margen de la cuota, destinadas a la venta en el mercado de la Unión Europea con una tasa por excedente reducida en la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 332, p. 8).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por el que se abre una licitación permanente para las importaciones de azúcar del código NC 1701 con derechos de aduana reducidos para la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 318, p. 4). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, por el que se abre una licitación permanente para las importaciones de azúcar del código NC 1701 con derechos de aduana reducidos para la campaña de comercialización 2011/2012 (DO L 318, p. 4).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1281/2011 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la primera licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 327, p. 60). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1281/2011 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la primera licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 327, p. 60).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1316/2011 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la segunda licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 334, p. 16). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1316/2011 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la segunda licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 334, p. 16).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1384/2011 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la tercera licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 343, p. 33). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 1384/2011 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo en respuesta a la tercera licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO L 343, p. 33).

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 27/2012 de la Comisión, de 12 de enero de 2012, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo para el azúcar en respuesta a la cuarta licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO 2012, L 9, p. 12), y |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 27/2012 de la Comisión, de 12 de enero de 2012, relativo a la fijación de un derecho de aduana mínimo para el azúcar en respuesta a la cuarta licitación parcial prevista en el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO 2012, L 9, p. 12), y

| — | Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 57/2012 de la Comisión, de 23 de enero de 2012, por el que se suspende el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO 2012, L 19, p. 12). |
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Anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 57/2012 de la Comisión, de 23 de enero de 2012, por el que se suspende el procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) no 1239/2011 (DO 2012, L 19, p. 12).

| — | Subsidiariamente, declare que la excepción de ilegalidad contra los artículos 186, letra a), y 187 del Reglamento no 1234/2007 (1) es admisible y procedente, declare la ilegalidad de dichas disposiciones, y anule los Reglamentos impugnados que, directa o indirectamente, se basan en tales disposiciones. |
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Subsidiariamente, declare que la excepción de ilegalidad contra los artículos 186, letra a), y 187 del Reglamento no 1234/2007 (1) es admisible y procedente, declare la ilegalidad de dichas disposiciones, y anule los Reglamentos impugnados que, directa o indirectamente, se basan en tales disposiciones.

| — | Condene a la UE, representada por la Comisión, a resarcir cualquier perjuicio sufrido por las demandantes como consecuencia del incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones legales y fije en 87 399 257 euros la cantidad inherente a esta indemnización de los perjuicios sufridos por las demandantes durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 29 de enero de 2012, más cualesquiera daños y perjuicios que hayan sufrido las demandantes después de la referida fecha o cualquier otra cantidad que refleje el daño sufrido por las demandantes o que éstas sufran sobre la base de las pruebas que las mismas aporten durante el presente procedimiento, especialmente para tener debidamente en cuenta los perjuicios futuros. |
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Condene a la UE, representada por la Comisión, a resarcir cualquier perjuicio sufrido por las demandantes como consecuencia del incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones legales y fije en 87 399 257 euros la cantidad inherente a esta indemnización de los perjuicios sufridos por las demandantes durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 29 de enero de 2012, más cualesquiera daños y perjuicios que hayan sufrido las demandantes después de la referida fecha o cualquier otra cantidad que refleje el daño sufrido por las demandantes o que éstas sufran sobre la base de las pruebas que las mismas aporten durante el presente procedimiento, especialmente para tener debidamente en cuenta los perjuicios futuros.

| — | Acuerde que deben pagarse intereses al tipo que fije oportunamente el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación más dos puntos porcentuales, o cualquier otro tipo apropiado que determine el Tribunal de Justicia, sobre la cantidad que deba pagarse desde el pronunciamiento de la sentencia por el referido Tribunal hasta que se haga cumplido pago. |
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Acuerde que deben pagarse intereses al tipo que fije oportunamente el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación más dos puntos porcentuales, o cualquier otro tipo apropiado que determine el Tribunal de Justicia, sobre la cantidad que deba pagarse desde el pronunciamiento de la sentencia por el referido Tribunal hasta que se haga cumplido pago.

| — | Imponga a la Comisión el pago de todas las costas causadas y de todos los gastos atendidos en el presente procedimiento. |
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—

Imponga a la Comisión el pago de todas las costas causadas y de todos los gastos atendidos en el presente procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en la violación del principio de no discriminación dado que las medidas impugnadas discriminan las refinerías de azúcar de caña a favor de los transformadores de remolacha. |
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1)

Primer motivo, basado en la violación del principio de no discriminación dado que las medidas impugnadas discriminan las refinerías de azúcar de caña a favor de los transformadores de remolacha.

| 2) | Segundo motivo, basado en la infracción del Reglamento no 1234/2007 y en la ausencia de una base legal apropiada por cuanto la demandada no ostenta facultad alguna para incrementar cuotas y se ve obligada a imponer tasas elevadas y disuasorias sobre la venta de azúcar producido al margen de las cuotas. Tampoco se ha otorgado mandato alguno a favor de la demandada ni se la ha facultado para adoptar este tipo de medidas, lo cual nunca había previsto la normativa de base. |
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2)

Segundo motivo, basado en la infracción del Reglamento no 1234/2007 y en la ausencia de una base legal apropiada por cuanto la demandada no ostenta facultad alguna para incrementar cuotas y se ve obligada a imponer tasas elevadas y disuasorias sobre la venta de azúcar producido al margen de las cuotas. Tampoco se ha otorgado mandato alguno a favor de la demandada ni se la ha facultado para adoptar este tipo de medidas, lo cual nunca había previsto la normativa de base.

| 3) | Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica por cuanto el Reglamento no 1239/2011 y sus Reglamentos de ejecución crean un sistema en virtud del cual los derechos de aduana no pueden preverse ex ante ni se establecen a través de la aplicación de criterios congruentes y objetivos, sino que más bien se determinan por la voluntad subjetiva de pagar que carece de verdadera relación con los productos que realmente se importan. |
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3)

Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica por cuanto el Reglamento no 1239/2011 y sus Reglamentos de ejecución crean un sistema en virtud del cual los derechos de aduana no pueden preverse ex ante ni se establecen a través de la aplicación de criterios congruentes y objetivos, sino que más bien se determinan por la voluntad subjetiva de pagar que carece de verdadera relación con los productos que realmente se importan.

| 4) | Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad en la medida en que la demandada podría fácilmente haber adoptado medidas menos restrictivas que no se hubieran tomado exclusivamente en detrimento de las refinerías importadoras. |
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4)

Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad en la medida en que la demandada podría fácilmente haber adoptado medidas menos restrictivas que no se hubieran tomado exclusivamente en detrimento de las refinerías importadoras.

| 5) | Quinto motivo, basado en la violación de la confianza legítima, por cuanto la demandada quebró la confianza legítima de las demandantes, que debe apreciarse de una manera equilibrada, justa y no discriminatoria. |
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5)

Quinto motivo, basado en la violación de la confianza legítima, por cuanto la demandada quebró la confianza legítima de las demandantes, que debe apreciarse de una manera equilibrada, justa y no discriminatoria.

| 6) | Sexto motivo, basado en la violación del principio de diligencia y buena administración, toda vez que en un primer momento la demandante no llevó a cabo absolutamente ninguna actuación, a pesar de las repetidas advertencias de perturbaciones del mercado, pasando entonces a adoptar medidas manifiestamente inapropiadas para combatir tales perturbaciones, y, de este modo, rompió el equilibrio establecido por el Consejo entre productores nacionales y refinerías importadoras. |
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6)

Sexto motivo, basado en la violación del principio de diligencia y buena administración, toda vez que en un primer momento la demandante no llevó a cabo absolutamente ninguna actuación, a pesar de las repetidas advertencias de perturbaciones del mercado, pasando entonces a adoptar medidas manifiestamente inapropiadas para combatir tales perturbaciones, y, de este modo, rompió el equilibrio establecido por el Consejo entre productores nacionales y refinerías importadoras.

Para la anulación del Reglamento no 57/2012 las demandantes invocan únicamente los motivos primero, cuarto y sexto.

Subsidiariamente, las demandantes invocan los anteriores motivos contra el Reglamento no 1239/2011 y el Reglamento no 1308/2011, como una excepción de ilegalidad basada en el artículo 227 TFUE. Para el supuesto de que el Tribunal de Justicia desestime estos motivos de anulación, las demandantes proponen una excepción de ilegalidad de conformidad con el artículo 277 TFUE contra los artículos 186, letra a), y 187 del Reglamento no 1234/2007, en el que se basan los Reglamentos impugnados, y piden la anulación de dichas disposiciones del Reglamento no 1234/2007, así como de los Reglamentos impugnados.

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(1)  Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (DO L 299, p. 1).

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/33 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/33

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Auto del Tribunal General de 30 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión

(Asunto T-125/08) (1)

2012/C 151/56

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 116, de 9.5.2008.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/33 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/33

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Auto del Tribunal General de 27 de marzo de 2012 — Atlantean/Comisión

(Asunto T-368/08) (1)

2012/C 151/57

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Quinta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 301, de 22.11.2008.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/33 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/33

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Auto del Tribunal General de 26 de marzo de 2012 — PhysioNova/OAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)

(Asunto T-501/09) (1)

2012/C 151/58

Lengua de procedimiento: alemán

El Presidente de la Sala Tercera ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 37, de 13.2.2010.

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| 26.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 151/33 |
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26.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 151/33

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Auto del Tribunal General de 28 de marzo de 2012 — X Technology Swiss/OAMI — Brawn (X-Undergear)

(Asunto T-581/10) (1)

2012/C 151/59

Lengua de procedimiento: alemán

El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 63, de 26.2.2011.

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