# Diario Oficial C 174/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.174.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 174 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año16 de junio de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.174.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 174

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año16 de junio de 2012

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2012/C 174/02 | Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 165 de 9.6.2012 | 1 |
| | Tribunal General |
| 2012/C 174/01 | Adscripción de los Jueces a las Salas | 2 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2012/C 174/02

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión EuropeaDO C 165 de 9.6.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

1

Tribunal General

2012/C 174/01

Adscripción de los Jueces a las Salas

2

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2012/C 174/03 | Asunto C-125/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/República de Chipre (Incumplimiento de Estado — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE — Derechos de paso — No transposición dentro del plazo señalado) | 4 |
| 2012/C 174/04 | Asunto C-337/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main [Política social — Directiva 2003/88/CE — Condiciones de trabajo — Ordenación del tiempo de trabajo — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Compensación económica en caso de enfermedad — Funcionarios (bomberos)] | 4 |
| 2012/C 174/05 | Asunto C-406/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Propiedad intelectual — Directiva 91/250/CEE — Protección jurídica de los programas de ordenador — Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 — Alcance de la protección — Creación directa o por otro proceso — Programa de ordenador protegido por los derechos de autor — Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero — Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Artículo 2, letra a) — Manual de utilización de un programa de ordenador — Reproducción en otro programa de ordenador — Violación de los derechos de autor — Requisito — Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización) | 5 |
| 2012/C 174/06 | Asunto C-419/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern (Directiva 2006/126/CE — Reconocimiento recíproco de los permisos de conducción — Negativa de un Estado miembro a reconocer a una persona cuyo permiso de conducción esté retirado en su territorio la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro) | 6 |
| 2012/C 174/07 | Asunto C-456/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado (Libre circulación de mercancías — Artículos 34 TFUE y 37 TFUE — Normativa nacional que prohíbe a los minoristas de tabaco importar labores de tabaco — Norma sobre la existencia y el funcionamiento del monopolio de comercialización de las labores de tabaco — Medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas — Justificación — Protección de los consumidores) | 6 |
| 2012/C 174/08 | Asunto C-472/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Pest Megyei Bíróság — Hungría) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távkölési Zrt (Directiva 93/13/CEE — Artículos 3, apartados 1 y 3 — Artículos 6 y 7 — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Modificación unilateral por el profesional de las disposiciones del contrato — Acción de cesación ejercitada por motivos de interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional — Declaración del carácter abusivo de la cláusula — Efectos jurídicos) | 7 |
| 2012/C 174/09 | Asunto C-508/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Solicitud de adquisición del estatuto de residente de larga duración — Solicitud de permiso de residencia en un segundo Estado miembro presentada por un nacional de un tercer país que ya ha adquirido el estatuto de residente de larga duración en un primer Estado miembro o por un miembro de su familia — Importe de las tasas exigidas por las autoridades competentes — Carácter desproporcionado — Obstáculo al ejercicio del derecho de residencia) | 7 |
| 2012/C 174/10 | Asunto C-510/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau (Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartado 2, letra d) — Derecho de comunicación al público de obras — Excepción al derecho de reproducción — Grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones — Grabación realizada con los medios de un tercero — Obligación del organismo de radiodifusión de reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero) | 8 |
| 2012/C 174/11 | Asunto C-520/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Fiscalidad — Sexta Directiva IVA — Artículo 2 — Prestación de servicios a título oneroso — Servicios de telecomunicaciones — Tarjetas telefónicas de prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales — Comercialización a través de una red de distribuidores) | 9 |
| 2012/C 174/12 | Asunto C-571/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — Artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de países terceros residentes de larga duración — Derecho a la igualdad de trato en materia de prestaciones de seguridad social, de asistencia social y de protección social — Excepción al principio de igualdad de trato para las medidas relativas a la asistencia social y a la protección social — Exclusión de las prestaciones básicas del ámbito de aplicación de dicha excepción — Normativa nacional que prevé una ayuda a la vivienda para los arrendatarios con menos recursos — Importe de los fondos destinados a los nacionales de países terceros determinado en función de una media ponderada diferente — Denegación de una solicitud de ayuda a la vivienda por agotamiento del presupuesto destinado a los nacionales de países terceros) | 9 |
| 2012/C 174/13 | Asuntos acumulados C-578/10 a C-580/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (Artículos 18 CE y 56 CE — Vehículos automóviles — Utilización en un Estado miembro de vehículos de motor privados que se han tomado prestados y se encuentran matriculados en otro Estado miembro — Tributación de los vehículos en el primer Estado miembro con motivo de su primera utilización en la red viaria nacional) | 10 |
| 2012/C 174/14 | Asunto C-620/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suecia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Sistema de Dublín — Reglamento (CE) no 343/2003 — Procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo — Nacionales de un país tercero titulares de un visado válido expedido por el Estado miembro responsable en el sentido de ese mismo Reglamento — Solicitud de asilo presentada en un Estado miembro distinto del Estado responsable en virtud de dicho Reglamento — Solicitud de permiso de residencia en un Estado miembro distinto del Estado responsable seguida de la retirada de la solicitud de asilo — Retirada efectuada antes de que el Estado miembro responsable haya aceptado hacerse cargo — Retirada que pone fin a los procedimientos establecidos por el Reglamento no 343/2003] | 11 |
| 2012/C 174/15 | Asuntos acumulados C-621/10 y C-129/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículos 73 y 80, apartado 1 — Venta de bienes inmuebles entre sociedades vinculadas — Valor de la operación — Normativa nacional que establece que en el caso de operaciones entre personas vinculadas la base imponible a efectos del IVA está constituida por el valor normal de mercado) | 11 |
| 2012/C 174/16 | Asunto C-24/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Reino de España/Comisión Europea (Recurso de casación — FEOGA — Sección de Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Gastos efectuados por el Reino de España — Ayudas a la producción de aceite de oliva) | 12 |
| 2012/C 174/17 | Asunto C-225/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Able UK Ltd (IVA — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Artículo 151, apartado 1, letra c) — Operación de desguace de buques obsoletos de la Armada americana realizada en el territorio de un Estado miembro) | 13 |
| 2012/C 174/18 | Asunto C-289/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Legris Industries SA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Multas — Sociedad matriz y filial — Imputabilidad del comportamiento infractor) | 13 |
| 2012/C 174/19 | Asunto C-290/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Comap SA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Decisión de la Comisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Multas — Duración de la infracción — Concepto de continuidad) | 13 |
| 2012/C 174/20 | Asunto C-83/12 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Minh Khoa Vo [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 810/2009 — Código comunitario sobre visados — Artículos 21 y 34 — Legislación nacional — Introducción ilegal de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro — Visados obtenidos de forma fraudulenta — Sanción penal para el traficante de personas] | 14 |
| 2012/C 174/21 | Asunto C-119/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de marzo de 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH | 14 |
| 2012/C 174/22 | Asunto C-125/12: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (España) el 8 de marzo de 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. y otros | 15 |
| 2012/C 174/23 | Asunto C-129/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg | 15 |
| 2012/C 174/24 | Asunto C-139/12: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 19 de marzo de 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña | 16 |
| 2012/C 174/25 | Asunto C-151/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de España | 16 |
| 2012/C 174/26 | Asunto C-152/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Bulgaria | 17 |
| 2012/C 174/27 | Asunto C-154/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB) | 18 |
| 2012/C 174/28 | Asunto C-158/12: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Irlanda | 18 |
| 2012/C 174/29 | Asunto C-170/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 11 de abril de 2012 — Peter Pinckney/KDG mediatech AG | 19 |
| 2012/C 174/30 | Asunto C-171/12 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de abril de 2012 por Carrols Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 1 de febrero de 2012 en el asunto T-291/09, Carrols Corp./Oficina de Armonización del mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Sr. Giulio Gambettola | 19 |
| 2012/C 174/31 | Asunto C-181/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de abril de 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert | 20 |
| | Tribunal General |
| 2012/C 174/32 | Asunto T-270/10: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2012 — Conceria Kara/OAMI — Dima (KARRA) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa KARRA — Marcas nacionales y comunitaria figurativas anteriores Kara — Denominación social Conceria Kara Srl y nombre comercial Kara — Motivos de denegación relativos — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8 del Convenio de París — Mala fe] | 21 |
| 2012/C 174/33 | Asunto T-435/11: Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2012 — Universal Display/OAMI (UniversalPHOLED) [Marca comunitaria — Registro internacional que designa la Comunidad Europea — Solicitud de marca comunitaria denominativa UniversalPHOLED — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009] | 21 |
| 2012/C 174/34 | Asuntos acumulados T-40/07 P-REV y T-62/07 P-REV: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Comisión (Procedimiento — Demanda de revisión — Hecho nuevo — Inexistencia — Inadmisibilidad) | 21 |
| 2012/C 174/35 | Asuntos acumulados T-76/07, T-362/07 y T-409/08: Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — El Fatmi/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas en el marco de la lucha contra el terrorismo — Retirada de la lista de personas afectadas — Recurso de anulación — Sobreseimiento) | 22 |
| 2012/C 174/36 | Asunto T-374/07: Auto del Tribunal General de 20 de abril de 2012 — Pachtitis/Comisión (Función pública — Selección — Oposición general — Desestimación de una solicitud que tiene por objeto obtener una copia de las preguntas y las respuestas de los test de acceso — Incompetencia del Tribunal General — Remisión al Tribunal de la Función Pública) | 22 |
| 2012/C 174/37 | Asunto T-517/09: Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — Alstom/Comisión (Competencia — Mercado de los transformadores de potencia — Escrito del contable de la Comisión — Negativa a aceptar la constitución de una garantía bancaria como modo de cobertura provisional de la multa — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento) | 23 |
| 2012/C 174/38 | Asunto T-341/10: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — F91 Diddeléng y otros/Comisión (Recurso de anulación — Archivo de una denuncia — No incoación de un procedimiento por incumplimiento — Inexistencia de acto impugnable — Inadmisibilidad) | 23 |
| 2012/C 174/39 | Asunto T-572/11 R II: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Hassan/Consejo (Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y de recursos económicos — Demanda de medidas provisionales — Nueva demanda — Hechos nuevos — Inexistencia — Inadmisibilidad) | 23 |
| 2012/C 174/40 | Asunto T-163/12 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Ternavsky/Consejo (Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Belarús — Congelación de fondos y de recursos económicos — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de requisitos de forma — Inadmisibilidad) | 24 |
| 2012/C 174/41 | Asunto T-135/12: Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — Francia/Comisión | 24 |
| 2012/C 174/42 | Asunto T-175/12: Recurso interpuesto el 12 de abril de 2012 — Deutsche Börse/Comisión | 25 |
| 2012/C 174/43 | Asunto T-176/12: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2012 — Bank Tejarat/Consejo | 25 |
| 2012/C 174/44 | Asunto T-177/12: Recurso interpuesto el 20 de abril de 2012 — Spraylat/ECHA | 26 |
| 2012/C 174/45 | Asunto T-178/12: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2012 — Khwanda/Consejo | 27 |
| 2012/C 174/46 | Asunto T-181/12: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — Bateni/Consejo | 28 |
| 2012/C 174/47 | Asunto T-182/12: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — HTTS/Consejo | 29 |
| 2012/C 174/48 | Asunto T-185/12: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2012 — HUK-Coburg/Comisión | 29 |
| | Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea |
| 2012/C 174/49 | Asunto F-126/11: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión | 31 |
| 2012/C 174/50 | Asunto F-28/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — ZZ/Comisión | 31 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2012/C 174/03

Asunto C-125/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/República de Chipre (Incumplimiento de Estado — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE — Derechos de paso — No transposición dentro del plazo señalado)

4

2012/C 174/04

Asunto C-337/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main [Política social — Directiva 2003/88/CE — Condiciones de trabajo — Ordenación del tiempo de trabajo — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Compensación económica en caso de enfermedad — Funcionarios (bomberos)]

4

2012/C 174/05

Asunto C-406/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd (Propiedad intelectual — Directiva 91/250/CEE — Protección jurídica de los programas de ordenador — Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 — Alcance de la protección — Creación directa o por otro proceso — Programa de ordenador protegido por los derechos de autor — Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero — Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador — Directiva 2001/29/CE — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Artículo 2, letra a) — Manual de utilización de un programa de ordenador — Reproducción en otro programa de ordenador — Violación de los derechos de autor — Requisito — Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización)

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2012/C 174/06

Asunto C-419/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern (Directiva 2006/126/CE — Reconocimiento recíproco de los permisos de conducción — Negativa de un Estado miembro a reconocer a una persona cuyo permiso de conducción esté retirado en su territorio la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro)

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2012/C 174/07

Asunto C-456/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado (Libre circulación de mercancías — Artículos 34 TFUE y 37 TFUE — Normativa nacional que prohíbe a los minoristas de tabaco importar labores de tabaco — Norma sobre la existencia y el funcionamiento del monopolio de comercialización de las labores de tabaco — Medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas — Justificación — Protección de los consumidores)

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2012/C 174/08

Asunto C-472/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Pest Megyei Bíróság — Hungría) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távkölési Zrt (Directiva 93/13/CEE — Artículos 3, apartados 1 y 3 — Artículos 6 y 7 — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Modificación unilateral por el profesional de las disposiciones del contrato — Acción de cesación ejercitada por motivos de interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional — Declaración del carácter abusivo de la cláusula — Efectos jurídicos)

7

2012/C 174/09

Asunto C-508/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Solicitud de adquisición del estatuto de residente de larga duración — Solicitud de permiso de residencia en un segundo Estado miembro presentada por un nacional de un tercer país que ya ha adquirido el estatuto de residente de larga duración en un primer Estado miembro o por un miembro de su familia — Importe de las tasas exigidas por las autoridades competentes — Carácter desproporcionado — Obstáculo al ejercicio del derecho de residencia)

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2012/C 174/10

Asunto C-510/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau (Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartado 2, letra d) — Derecho de comunicación al público de obras — Excepción al derecho de reproducción — Grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones — Grabación realizada con los medios de un tercero — Obligación del organismo de radiodifusión de reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero)

8

2012/C 174/11

Asunto C-520/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Fiscalidad — Sexta Directiva IVA — Artículo 2 — Prestación de servicios a título oneroso — Servicios de telecomunicaciones — Tarjetas telefónicas de prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales — Comercialización a través de una red de distribuidores)

9

2012/C 174/12

Asunto C-571/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano (Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — Artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de países terceros residentes de larga duración — Derecho a la igualdad de trato en materia de prestaciones de seguridad social, de asistencia social y de protección social — Excepción al principio de igualdad de trato para las medidas relativas a la asistencia social y a la protección social — Exclusión de las prestaciones básicas del ámbito de aplicación de dicha excepción — Normativa nacional que prevé una ayuda a la vivienda para los arrendatarios con menos recursos — Importe de los fondos destinados a los nacionales de países terceros determinado en función de una media ponderada diferente — Denegación de una solicitud de ayuda a la vivienda por agotamiento del presupuesto destinado a los nacionales de países terceros)

9

2012/C 174/13

Asuntos acumulados C-578/10 a C-580/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10) (Artículos 18 CE y 56 CE — Vehículos automóviles — Utilización en un Estado miembro de vehículos de motor privados que se han tomado prestados y se encuentran matriculados en otro Estado miembro — Tributación de los vehículos en el primer Estado miembro con motivo de su primera utilización en la red viaria nacional)

10

2012/C 174/14

Asunto C-620/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suecia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati [Sistema de Dublín — Reglamento (CE) no 343/2003 — Procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo — Nacionales de un país tercero titulares de un visado válido expedido por el Estado miembro responsable en el sentido de ese mismo Reglamento — Solicitud de asilo presentada en un Estado miembro distinto del Estado responsable en virtud de dicho Reglamento — Solicitud de permiso de residencia en un Estado miembro distinto del Estado responsable seguida de la retirada de la solicitud de asilo — Retirada efectuada antes de que el Estado miembro responsable haya aceptado hacerse cargo — Retirada que pone fin a los procedimientos establecidos por el Reglamento no 343/2003]

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o

11

2012/C 174/15

Asuntos acumulados C-621/10 y C-129/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Balkan and Sea Properties ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículos 73 y 80, apartado 1 — Venta de bienes inmuebles entre sociedades vinculadas — Valor de la operación — Normativa nacional que establece que en el caso de operaciones entre personas vinculadas la base imponible a efectos del IVA está constituida por el valor normal de mercado)

11

2012/C 174/16

Asunto C-24/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Reino de España/Comisión Europea (Recurso de casación — FEOGA — Sección de Garantía — Gastos excluidos de la financiación comunitaria — Gastos efectuados por el Reino de España — Ayudas a la producción de aceite de oliva)

12

2012/C 174/17

Asunto C-225/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Able UK Ltd (IVA — Directiva 2006/112/CE — Exenciones — Artículo 151, apartado 1, letra c) — Operación de desguace de buques obsoletos de la Armada americana realizada en el territorio de un Estado miembro)

13

2012/C 174/18

Asunto C-289/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Legris Industries SA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Multas — Sociedad matriz y filial — Imputabilidad del comportamiento infractor)

13

2012/C 174/19

Asunto C-290/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Comap SA/Comisión Europea (Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Decisión de la Comisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE — Multas — Duración de la infracción — Concepto de continuidad)

13

2012/C 174/20

Asunto C-83/12 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Minh Khoa Vo [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 810/2009 — Código comunitario sobre visados — Artículos 21 y 34 — Legislación nacional — Introducción ilegal de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro — Visados obtenidos de forma fraudulenta — Sanción penal para el traficante de personas]

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14

2012/C 174/21

Asunto C-119/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de marzo de 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

14

2012/C 174/22

Asunto C-125/12: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (España) el 8 de marzo de 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. y otros

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15

2012/C 174/23

Asunto C-129/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

15

2012/C 174/24

Asunto C-139/12: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 19 de marzo de 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

16

2012/C 174/25

Asunto C-151/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de España

16

2012/C 174/26

Asunto C-152/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Bulgaria

17

2012/C 174/27

Asunto C-154/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB)

18

2012/C 174/28

Asunto C-158/12: Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Irlanda

18

2012/C 174/29

Asunto C-170/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 11 de abril de 2012 — Peter Pinckney/KDG mediatech AG

19

2012/C 174/30

Asunto C-171/12 P: Recurso de casación interpuesto el 11 de abril de 2012 por Carrols Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 1 de febrero de 2012 en el asunto T-291/09, Carrols Corp./Oficina de Armonización del mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Sr. Giulio Gambettola

19

2012/C 174/31

Asunto C-181/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de abril de 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

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Tribunal General

2012/C 174/32

Asunto T-270/10: Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2012 — Conceria Kara/OAMI — Dima (KARRA) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa KARRA — Marcas nacionales y comunitaria figurativas anteriores Kara — Denominación social Conceria Kara Srl y nombre comercial Kara — Motivos de denegación relativos — Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 — Artículo 8 del Convenio de París — Mala fe]

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2012/C 174/33

Asunto T-435/11: Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2012 — Universal Display/OAMI (UniversalPHOLED) [Marca comunitaria — Registro internacional que designa la Comunidad Europea — Solicitud de marca comunitaria denominativa UniversalPHOLED — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009]

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21

2012/C 174/34

Asuntos acumulados T-40/07 P-REV y T-62/07 P-REV: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Comisión (Procedimiento — Demanda de revisión — Hecho nuevo — Inexistencia — Inadmisibilidad)

21

2012/C 174/35

Asuntos acumulados T-76/07, T-362/07 y T-409/08: Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — El Fatmi/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas en el marco de la lucha contra el terrorismo — Retirada de la lista de personas afectadas — Recurso de anulación — Sobreseimiento)

22

2012/C 174/36

Asunto T-374/07: Auto del Tribunal General de 20 de abril de 2012 — Pachtitis/Comisión (Función pública — Selección — Oposición general — Desestimación de una solicitud que tiene por objeto obtener una copia de las preguntas y las respuestas de los test de acceso — Incompetencia del Tribunal General — Remisión al Tribunal de la Función Pública)

22

2012/C 174/37

Asunto T-517/09: Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — Alstom/Comisión (Competencia — Mercado de los transformadores de potencia — Escrito del contable de la Comisión — Negativa a aceptar la constitución de una garantía bancaria como modo de cobertura provisional de la multa — Desaparición del interés en ejercitar la acción — Sobreseimiento)

23

2012/C 174/38

Asunto T-341/10: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — F91 Diddeléng y otros/Comisión (Recurso de anulación — Archivo de una denuncia — No incoación de un procedimiento por incumplimiento — Inexistencia de acto impugnable — Inadmisibilidad)

23

2012/C 174/39

Asunto T-572/11 R II: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Hassan/Consejo (Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Siria — Congelación de fondos y de recursos económicos — Demanda de medidas provisionales — Nueva demanda — Hechos nuevos — Inexistencia — Inadmisibilidad)

23

2012/C 174/40

Asunto T-163/12 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Ternavsky/Consejo (Procedimiento sobre medidas provisionales — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Belarús — Congelación de fondos y de recursos económicos — Demanda de suspensión de la ejecución — Incumplimiento de requisitos de forma — Inadmisibilidad)

24

2012/C 174/41

Asunto T-135/12: Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — Francia/Comisión

24

2012/C 174/42

Asunto T-175/12: Recurso interpuesto el 12 de abril de 2012 — Deutsche Börse/Comisión

25

2012/C 174/43

Asunto T-176/12: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2012 — Bank Tejarat/Consejo

25

2012/C 174/44

Asunto T-177/12: Recurso interpuesto el 20 de abril de 2012 — Spraylat/ECHA

26

2012/C 174/45

Asunto T-178/12: Recurso interpuesto el 17 de abril de 2012 — Khwanda/Consejo

27

2012/C 174/46

Asunto T-181/12: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — Bateni/Consejo

28

2012/C 174/47

Asunto T-182/12: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — HTTS/Consejo

29

2012/C 174/48

Asunto T-185/12: Recurso interpuesto el 23 de abril de 2012 — HUK-Coburg/Comisión

29

Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

2012/C 174/49

Asunto F-126/11: Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión

31

2012/C 174/50

Asunto F-28/12: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — ZZ/Comisión

31

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/1 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/1

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2012/C 174/01

Última publicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 165 de 9.6.2012

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 157 de 2.6.2012

DO C 151 de 26.5.2012

DO C 138 de 12.5.2012

DO C 133 de 5.5.2012

DO C 126 de 28.4.2012

DO C 118 de 21.4.2012

Estos textos se encuentran disponibles en:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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Tribunal General

| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/2 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/2

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Adscripción de los Jueces a las Salas

2012/C 174/02

El 16 de mayo de 2012, el Pleno del Tribunal General ha decidido, a raíz del cese de la Juez Sra. Cremona, modificar las decisiones del Pleno de 20 de septiembre de 2010, (1)26 de octubre de 2010, (2)29 de noviembre de 2010, (3)20 de septiembre de 2011 (4) y 25 de noviembre de 2011 (5) relativas a la adscripción de los Jueces a las Salas.

Durante el período comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y la fecha de entrada en funciones del miembro italiano o del miembro maltés, los Jueces quedan adscritos a las Salas del siguiente modo:

| | Sala Primera ampliada, integrada por cinco Jueces:

  Sr. Azizi, Presidente de Sala, Sra. Labucka, Sr. Frimodt Nielsen, Sr. Gratsias y Sra. Kancheva, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Primera ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Azizi, Presidente de Sala, Sra. Labucka, Sr. Frimodt Nielsen, Sr. Gratsias y Sra. Kancheva, Jueces.

| | Sala Primera, integrada por tres Jueces: | Sr. Azizi, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Primera, integrada por tres Jueces:

Sr. Azizi, Presidente de Sala;

| | Sr. Frimodt Nielsen, Juez; |
| --- | --- |

Sr. Frimodt Nielsen, Juez;

| | Sra. Kancheva, Juez. |
| --- | --- |

Sra. Kancheva, Juez.

| | Sala Segunda ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Forwood, Presidente de Sala, Sr. Dehousse, Sra. Wiszniewska-Białecka, Sr. Prek y Sr. Schwarcz, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Segunda ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Forwood, Presidente de Sala, Sr. Dehousse, Sra. Wiszniewska-Białecka, Sr. Prek y Sr. Schwarcz, Jueces.

| | Sala Segunda, integrada por tres Jueces: | Sr. Forwood, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Segunda, integrada por tres Jueces:

Sr. Forwood, Presidente de Sala;

| | Sr. Dehousse, Juez; |
| --- | --- |

Sr. Dehousse, Juez;

| | Sr. Schwarcz, Juez. |
| --- | --- |

Sr. Schwarcz, Juez.

| | Sala Tercera ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Czúcz, Presidente de Sala, Sra. Labucka, Sr. Frimodt Nielsen, Sr. Gratsias y Sra. Kancheva, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Tercera ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Czúcz, Presidente de Sala, Sra. Labucka, Sr. Frimodt Nielsen, Sr. Gratsias y Sra. Kancheva, Jueces.

| | Sala Tercera, integrada por tres Jueces: | Sr. Czúcz, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Tercera, integrada por tres Jueces:

Sr. Czúcz, Presidente de Sala;

| | Sra. Labucka, Juez; |
| --- | --- |

Sra. Labucka, Juez;

| | Sr. Gratsias, Juez. |
| --- | --- |

Sr. Gratsias, Juez.

| | Sala Cuarta ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sra. Pelikánová, Presidenta de Sala, Sr. Vadapalas, Sra. Jürimäe, Sr. O’Higgins y Sr. van der Woude, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Cuarta ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sra. Pelikánová, Presidenta de Sala, Sr. Vadapalas, Sra. Jürimäe, Sr. O’Higgins y Sr. van der Woude, Jueces.

| | Sala Cuarta, integrada por tres Jueces: | Sra. Pelikánová, Presidenta de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Cuarta, integrada por tres Jueces:

Sra. Pelikánová, Presidenta de Sala;

| | Sra. Jürimäe, Juez; |
| --- | --- |

Sra. Jürimäe, Juez;

| | Sr. van der Woude, Juez. |
| --- | --- |

Sr. van der Woude, Juez.

| | Sala Quinta ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Papasavvas, Presidente de Sala, Sr. Vadapalas, Sra. Jürimäe, Sr. O’Higgins y Sr. van der Woude, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Quinta ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Papasavvas, Presidente de Sala, Sr. Vadapalas, Sra. Jürimäe, Sr. O’Higgins y Sr. van der Woude, Jueces.

| | Sala Quinta, integrada por tres Jueces: | Sr. Papasavvas, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Quinta, integrada por tres Jueces:

Sr. Papasavvas, Presidente de Sala;

| | Sr. Vadapalas, Juez; |
| --- | --- |

Sr. Vadapalas, Juez;

| | Sr. O’Higgins, Juez. |
| --- | --- |

Sr. O’Higgins, Juez.

| | Sala Sexta ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Kanninen, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Wahl, Sr. Soldevila Fragoso y Sr. Popescu, Jueces. |
| --- | --- |

Sala Sexta ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Kanninen, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Wahl, Sr. Soldevila Fragoso y Sr. Popescu, Jueces.

| | Sala Sexta, integrada por tres Jueces: | Sr. Kanninen, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Sexta, integrada por tres Jueces:

Sr. Kanninen, Presidente de Sala;

| | Sr. Wahl, Juez; |
| --- | --- |

Sr. Wahl, Juez;

| | Sr. Soldevila Fragoso, Juez. |
| --- | --- |

Sr. Soldevila Fragoso, Juez.

| | Sala Séptima ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Dittrich, Presidente de Sala, Sr. Dehousse, Sra. Wiszniewska-Białecka, Sr. Prek y Sr. Schwarcz, Jueces. |
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Sala Séptima ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Dittrich, Presidente de Sala, Sr. Dehousse, Sra. Wiszniewska-Białecka, Sr. Prek y Sr. Schwarcz, Jueces.

| | Sala Séptima, integrada por tres Jueces: | Sr. Dittrich, Presidente de Sala; |
| --- | --- | --- |

Sala Séptima, integrada por tres Jueces:

Sr. Dittrich, Presidente de Sala;

| | Sra. Wiszniewska-Białecka, Juez; |
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Sra. Wiszniewska-Białecka, Juez;

| | Sr. Prek, Juez. |
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Sr. Prek, Juez.

| | Sala Octava ampliada, integrada por cinco Jueces:
  Sr. Truchot, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Wahl, Sr. Soldevila Fragoso y Sr. Popescu, Jueces. |
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Sala Octava ampliada, integrada por cinco Jueces:

Sr. Truchot, Presidente de Sala, Sra. Martins Ribeiro, Sr. Wahl, Sr. Soldevila Fragoso y Sr. Popescu, Jueces.

| | Sala Octava, integrada por tres Jueces: | Sr. Truchot, Presidente de Sala; |
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Sala Octava, integrada por tres Jueces:

Sr. Truchot, Presidente de Sala;

| | Sra. Martins Ribeiro, Juez; |
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Sra. Martins Ribeiro, Juez;

| | Sr. Popescu, Juez. |
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Sr. Popescu, Juez.

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(1)  DO C 288, de 23.10.2010, p. 2.

(2)  DO C 317, de 20.11.2010, p. 5.

(3)  DO C 346, de 18.12.2010, p. 2.

(4)  DO C 305, de 15.10.2011, p. 2.

(5)  DO C 370, de 17.12.2011, p. 5.

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PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/4 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/República de Chipre

(Asunto C-125/09) (1)

(Incumplimiento de Estado - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Directivas 2002/21/CE y 2002/20/CE - Derechos de paso - No transposición dentro del plazo señalado)

2012/C 174/03

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Zavvos, A. Nijenhuis y H. Krämer, agentes)

Demandada: República de Chipre (representantes: K. Lykourgos y A. Pantazi-Lamprou, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco») (DO L 108, p. 33) — Infracción del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización») (DO L 108, p. 21) — Concesión y autorización de derechos para permitir la instalación de recursos en, sobre o por debajo de propiedades públicas o privadas a una empresa autorizada para suministrar redes de comunicaciones electrónicas.

Fallo

| 1) | Declarar que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), y de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización»), al no garantizar la concesión de derechos de paso por las propiedades públicas, a través de éstas, sobrevolándolas o por el subsuelo, mediante procedimientos transparentes, aplicados sin discriminaciones y sin demora, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Directiva «marco» y al artículo 4, apartado 1, de la Directiva «autorización». |
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1)

Declarar que la República de Chipre ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), y de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización»), al no garantizar la concesión de derechos de paso por las propiedades públicas, a través de éstas, sobrevolándolas o por el subsuelo, mediante procedimientos transparentes, aplicados sin discriminaciones y sin demora, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Directiva «marco» y al artículo 4, apartado 1, de la Directiva «autorización».

| 2) | Condenar en costas a la República de Chipre. |
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2)

Condenar en costas a la República de Chipre.

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(1)  DO C 141, de 20.6.2009.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/4 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

(Asunto C-337/10) (1)

(Política social - Directiva 2003/88/CE - Condiciones de trabajo - Ordenación del tiempo de trabajo - Derecho a vacaciones anuales retribuidas - Compensación económica en caso de enfermedad - Funcionarios (bomberos))

2012/C 174/04

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Georg Neidel

Demandada: Stadt Frankfurt am Main

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9) — Derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas a causa de una baja laboral prolongada durante los años anteriores a la jubilación — Ámbito de aplicación personal de la Directiva 2003/88/CE — Funcionarios (bomberos).

Fallo

| 1) | El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a un funcionario que ejerce actividades de bombero en condiciones normales. |
| --- | --- |

1)

El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a un funcionario que ejerce actividades de bombero en condiciones normales.

| 2) | El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el funcionario tiene derecho, en el momento de su jubilación, a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el hecho de no haber ejercido sus funciones a causa de una enfermedad. |
| --- | --- |

2)

El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que el funcionario tiene derecho, en el momento de su jubilación, a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el hecho de no haber ejercido sus funciones a causa de una enfermedad.

| 3) | El artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones de Derecho nacional que concedan al funcionario el derecho a unas vacaciones retribuidas adicionales, además del derecho a las vacaciones anuales retribuidas por un período mínimo de cuatro semanas, sin prever el pago de una compensación económica cuando el funcionario que se jubila no haya disfrutado del mencionado derecho adicional por no haber podido ejercer sus funciones a causa de una enfermedad. |
| --- | --- |

3)

El artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a disposiciones de Derecho nacional que concedan al funcionario el derecho a unas vacaciones retribuidas adicionales, además del derecho a las vacaciones anuales retribuidas por un período mínimo de cuatro semanas, sin prever el pago de una compensación económica cuando el funcionario que se jubila no haya disfrutado del mencionado derecho adicional por no haber podido ejercer sus funciones a causa de una enfermedad.

| 4) | El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que limita, mediante un período de aplazamiento de nueve meses a cuyo término caduca el derecho a las vacaciones anuales retribuidas, el derecho de un funcionario que se jubila a acumular las compensaciones por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas debido a una incapacidad laboral. |
| --- | --- |

4)

El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que limita, mediante un período de aplazamiento de nueve meses a cuyo término caduca el derecho a las vacaciones anuales retribuidas, el derecho de un funcionario que se jubila a acumular las compensaciones por vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas debido a una incapacidad laboral.

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(1)  DO C 301, de 6.11.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/5 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/5

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Asunto C-406/10) (1)

(Propiedad intelectual - Directiva 91/250/CEE - Protección jurídica de los programas de ordenador - Artículos 1, apartado 2, y 5, apartado 3 - Alcance de la protección - Creación directa o por otro proceso - Programa de ordenador protegido por los derechos de autor - Reproducción de las funciones por un segundo programa sin acceso al código fuente del primero - Descompilación del código objeto del primer programa de ordenador - Directiva 2001/29/CE - Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información - Artículo 2, letra a) - Manual de utilización de un programa de ordenador - Reproducción en otro programa de ordenador - Violación de los derechos de autor - Requisito - Expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización)

2012/C 174/05

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (Chancery Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: SAS Institute Inc.

Demandada: World Programming Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 5, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42) — Alcance de la protección — Creación directa o mediante otro proceso como la descompilación del código objeto de un programa de ordenador que reproduce las funciones de otro programa de ordenador ya protegido por los derechos de autor, sin acceder al código fuente de este último.

Fallo

| 1) | El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva. |
| --- | --- |

1)

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.

| 2) | El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa. |
| --- | --- |

2)

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 debe interpretarse en el sentido de que quien haya obtenido una copia con licencia de un programa de ordenador puede, sin la autorización del titular de los derechos de autor, observar, estudiar y verificar el funcionamiento de ese programa con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquiera de sus elementos, cuando realice operaciones cubiertas por esa licencia así como los actos de carga y desarrollo necesarios para la utilización del programa de ordenador, siempre y cuando no infrinja los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre ese programa.

| 3) | El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. |
| --- | --- |

3)

El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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(1)  DO C 346, de 18.12.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/6 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Alemania) — Wolfgang Hofmann/Freistaat Bayern

(Asunto C-419/10) (1)

(Directiva 2006/126/CE - Reconocimiento recíproco de los permisos de conducción - Negativa de un Estado miembro a reconocer a una persona cuyo permiso de conducción esté retirado en su territorio la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro)

2012/C 174/06

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Wolfgang Hofmann

Demandada: Freistaat Bayern

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) — Interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO L 403, p. 18) — Reconocimiento mutuo de los permisos de conducción — Negativa de un Estado miembro a reconocer, a una persona a la que se le ha retirado el permiso de conducción en su territorio, la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro.

Fallo

Los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (Refundición), deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento, fuera de los períodos de prohibición de solicitar un nuevo permiso de conducción impuestos al titular de un permiso expedido por otro Estado miembro, y pese a haber respetado el requisito de residencia normal en el territorio de éste, de la validez de dicho permiso de conducción cuando dicho titular ha sido objeto, en el territorio del primer Estado miembro, de una medida de retirada de un permiso de conducción anterior.

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(1)  DO C 301, de 6.11.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/6 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/6

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)/Administración del Estado

(Asunto C-456/10) (1)

(Libre circulación de mercancías - Artículos 34 TFUE y 37 TFUE - Normativa nacional que prohíbe a los minoristas de tabaco importar labores de tabaco - Norma sobre la existencia y el funcionamiento del monopolio de comercialización de las labores de tabaco - Medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas - Justificación - Protección de los consumidores)

2012/C 174/07

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

Demandada: Administración del Estado

En el que participan: Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Logivend SLU, Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros

Objeto

Petición de decisión Prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación del artículo 34 TFUE — Monopolio español del comercio de tabaco — Prohibición de importar tabaco impuesta a los minoristas y establecida en beneficio de los mayoristas — Proporcionalidad.

Fallo

El artículo 34 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe a los titulares de expendedurías de tabaco y timbre desarrollar la actividad de importación de labores de tabaco de otros Estados miembros.

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(1)  DO C 328, de 4.12.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/7 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Pest Megyei Bíróság — Hungría) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távkölési Zrt

(Asunto C-472/10) (1)

(Directiva 93/13/CEE - Artículos 3, apartados 1 y 3 - Artículos 6 y 7 - Contratos celebrados con los consumidores - Cláusulas abusivas - Modificación unilateral por el profesional de las disposiciones del contrato - Acción de cesación ejercitada por motivos de interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional - Declaración del carácter abusivo de la cláusula - Efectos jurídicos)

2012/C 174/08

Lengua de procedimiento: húngaro

Órgano jurisdiccional remitente

Pest Megyei Bíróság

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Demandada: Invitel Távkölési Zrt

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Pest Megyei Bíróság — Interpretación del artículo 3, apartado 1, en relación con los puntos 1, letra j), y 2, letra d), del anexo, así como del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29) — Cláusula que permite al profesional modificar unilateralmente los términos del contrato sin motivos válidos y sin una descripción explícita del modo de variación del precio — Carácter abusivo de la cláusula — Efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de la cláusula en el marco de una acción de interés público.

Fallo

| 1) | Corresponde al órgano jurisdiccional remitente que conoce del procedimiento de cesación, incoado por motivos de interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, apreciar, habida cuenta del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el carácter abusivo de una cláusula que forma parte de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores por la cual un profesional prevea una modificación unilateral de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse, sin describir explícitamente el modo de fijación de dichos gastos ni especificar motivos válidos para tal modificación. En el marco de esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar en particular, a la luz de todas las cláusulas de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores de que forme parte la cláusula controvertida, y de la normativa nacional que establezca derechos y obligaciones que podrían sumarse a los previstos por las condiciones generales de que se trate, si se especifican de manera clara y comprensible los motivos o el modo de variación de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse y, en su caso, si a los consumidores se les confiere el derecho a rescindir la relación contractual. |
| --- | --- |

1)

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente que conoce del procedimiento de cesación, incoado por motivos de interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, apreciar, habida cuenta del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el carácter abusivo de una cláusula que forma parte de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores por la cual un profesional prevea una modificación unilateral de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse, sin describir explícitamente el modo de fijación de dichos gastos ni especificar motivos válidos para tal modificación. En el marco de esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar en particular, a la luz de todas las cláusulas de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores de que forme parte la cláusula controvertida, y de la normativa nacional que establezca derechos y obligaciones que podrían sumarse a los previstos por las condiciones generales de que se trate, si se especifican de manera clara y comprensible los motivos o el modo de variación de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse y, en su caso, si a los consumidores se les confiere el derecho a rescindir la relación contractual.

| 2) | El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, debe interpretarse en el sentido de que:






  — | no se opone a que la declaración de nulidad de una cláusula abusiva que forma parte de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores en el marco de una acción de cesación, contemplada en el artículo 7 de dicha Directiva, ejercitada contra un profesional por motivos de interés público y en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, surta efectos, de conformidad con dicho Derecho, para cualquier consumidor que haya celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean de aplicación las mismas condiciones generales, incluso para los consumidores que no hayan sido parte en el procedimiento de cesación; |
| --- | --- | --- |

2)

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, debe interpretarse en el sentido de que:

—

no se opone a que la declaración de nulidad de una cláusula abusiva que forma parte de las condiciones generales de los contratos celebrados con consumidores en el marco de una acción de cesación, contemplada en el artículo 7 de dicha Directiva, ejercitada contra un profesional por motivos de interés público y en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, surta efectos, de conformidad con dicho Derecho, para cualquier consumidor que haya celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean de aplicación las mismas condiciones generales, incluso para los consumidores que no hayan sido parte en el procedimiento de cesación;

| — | cuando, en el marco de dicho procedimiento, haya sido declarada abusiva una cláusula de las condiciones generales de la contratación, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán aplicar de oficio, también en el futuro, todas las consecuencias previstas por el Derecho nacional, para que los consumidores que hayan celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean de aplicación las mismas condiciones generales no resulten vinculados por dicha cláusula. |
| --- | --- |

—

cuando, en el marco de dicho procedimiento, haya sido declarada abusiva una cláusula de las condiciones generales de la contratación, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán aplicar de oficio, también en el futuro, todas las consecuencias previstas por el Derecho nacional, para que los consumidores que hayan celebrado con el profesional de que se trate un contrato al cual le sean de aplicación las mismas condiciones generales no resulten vinculados por dicha cláusula.

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(1)  DO C 346, de 18.12.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/7 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/7

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-508/10) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/109/CE - Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración - Solicitud de adquisición del estatuto de residente de larga duración - Solicitud de permiso de residencia en un segundo Estado miembro presentada por un nacional de un tercer país que ya ha adquirido el estatuto de residente de larga duración en un primer Estado miembro o por un miembro de su familia - Importe de las tasas exigidas por las autoridades competentes - Carácter desproporcionado - Obstáculo al ejercicio del derecho de residencia)

2012/C 174/09

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Condou-Durande y R. Troosters, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: C.M. Wissels y J. Langer, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: República Helénica (representante: T. Papadopoulou, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44) — Solicitud del estatuto de residente de larga duración — Tasas — Cantidades demasiado elevadas y no equitativas — Medio para impedir el ejercicio del derecho de residencia.

Fallo

| 1) | Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, al haber aplicado a los nacionales de terceros países que solicitan la adquisición del estatuto de residente de larga duración en los Países Bajos y a los que, habiendo adquirido ese estatuto en un Estado miembro distinto del Reino de los Países Bajos, solicitan ejercer el derecho a residir en ese Estado miembro, así como a los miembros de su familia que solicitan autorización para acompañarlos o reunirse con ellos, tasas excesivas y desproporcionadas que pueden crear un obstáculo al ejercicio de los derechos atribuidos por dicha Directiva. |
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1)

Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, al haber aplicado a los nacionales de terceros países que solicitan la adquisición del estatuto de residente de larga duración en los Países Bajos y a los que, habiendo adquirido ese estatuto en un Estado miembro distinto del Reino de los Países Bajos, solicitan ejercer el derecho a residir en ese Estado miembro, así como a los miembros de su familia que solicitan autorización para acompañarlos o reunirse con ellos, tasas excesivas y desproporcionadas que pueden crear un obstáculo al ejercicio de los derechos atribuidos por dicha Directiva.

| 2) | Condenar en costas al Reino de los Países Bajos. |
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2)

Condenar en costas al Reino de los Países Bajos.

| 3) | La República Helénica cargará con sus propias costas. |
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3)

La República Helénica cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 30, de 29.1.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/8 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — DR, TV2 Danmark A/S/NCB — Nordisk Copyright Bureau

(Asunto C-510/10) (1)

(Aproximación de las legislaciones - Derechos de autor y derechos afines - Directiva 2001/29/CE - Artículo 5, apartado 2, letra d) - Derecho de comunicación al público de obras - Excepción al derecho de reproducción - Grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones - Grabación realizada con los medios de un tercero - Obligación del organismo de radiodifusión de reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero)

2012/C 174/10

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Østre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: DR, TV2 Danmar A/S

Demandada: NCB — Nordisk Copyright Bureau

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Østre Landsret — Interpretación del artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10) — Requisitos para beneficiarse de una excepción al derecho de reproducción — Grabaciones efímeras de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones — Organismo de radiodifusión que ha encargado a sociedades de producción televisiva externas e independientes grabaciones con el fin de difundirlas en el ámbito de sus propias emisiones.

Fallo

| 1) | La expresión «por sus propios medios», que figura en el artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en el marco del Derecho de la Unión. |
| --- | --- |

1)

La expresión «por sus propios medios», que figura en el artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe recibir una interpretación autónoma y uniforme en el marco del Derecho de la Unión.

| 2) | El artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29, leído a la luz del cuadragésimo primer considerando de ésta, debe interpretarse en el sentido de que los medios propios de un organismo de radiodifusión incluyen los medios de cualquier tercero que actúe en nombre o bajo la responsabilidad de dicho organismo. |
| --- | --- |

2)

El artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29, leído a la luz del cuadragésimo primer considerando de ésta, debe interpretarse en el sentido de que los medios propios de un organismo de radiodifusión incluyen los medios de cualquier tercero que actúe en nombre o bajo la responsabilidad de dicho organismo.

| 3) | Para determinar si una grabación realizada por un organismo de radiodifusión para sus propias emisiones con los medios de un tercero está comprendida en la excepción que establece el artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29 en relación con las grabaciones efímeras, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si, en las circunstancias del litigio principal, cabe considerar que esa persona actúa concretamente «en nombre» del organismo de radiodifusión o, al menos, «bajo la responsabilidad» de éste. A este respecto, es fundamental que, frente a terceros –en particular frente a los autores a los que pueda causarse un daño con la grabación irregular de su obra–, el organismo de radiodifusión esté obligado a reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero –por ejemplo, una sociedad de producción televisiva externa y jurídicamente independiente– relacionadas con la grabación en cuestión como si el propio organismo de radiodifusión hubiera llevado a cabo tales acciones y omisiones. |
| --- | --- |

3)

Para determinar si una grabación realizada por un organismo de radiodifusión para sus propias emisiones con los medios de un tercero está comprendida en la excepción que establece el artículo 5, apartado 2, letra d), de la Directiva 2001/29 en relación con las grabaciones efímeras, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si, en las circunstancias del litigio principal, cabe considerar que esa persona actúa concretamente «en nombre» del organismo de radiodifusión o, al menos, «bajo la responsabilidad» de éste. A este respecto, es fundamental que, frente a terceros –en particular frente a los autores a los que pueda causarse un daño con la grabación irregular de su obra–, el organismo de radiodifusión esté obligado a reparar todo efecto perjudicial de las acciones y omisiones del tercero –por ejemplo, una sociedad de producción televisiva externa y jurídicamente independiente– relacionadas con la grabación en cuestión como si el propio organismo de radiodifusión hubiera llevado a cabo tales acciones y omisiones.

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(1)  DO C 346, de 18.12.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/9 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Lebara Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asunto C-520/10) (1)

(Fiscalidad - Sexta Directiva IVA - Artículo 2 - Prestación de servicios a título oneroso - Servicios de telecomunicaciones - Tarjetas telefónicas de prepago que contienen información que permite realizar llamadas telefónicas internacionales - Comercialización a través de una red de distribuidores)

2012/C 174/11

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Lebara Ltd

Demandada: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Objeto

Petición de decisión prejudicial — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE, Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Tarjetas telefónicas vendidas por un sujeto pasivo que reside en un Estado miembro a un distribuidor que reside en otro Estado miembro y revendidas por dicho distribuidor a personas que las utilizan para hacer llamadas telefónicas — Operación que se descompone en varios elementos — Modalidades de imposición del impuesto sobre el valor añadido.

Fallo

Procede interpretar el artículo 2, número 1, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 2003/92/CE del Consejo, de 7 de octubre de 2003, en el sentido de que un operador de telefonía que ofrece servicios de telecomunicaciones consistentes en vender a un distribuidor tarjetas telefónicas que contienen toda la información necesaria para realizar llamadas telefónicas internacionales mediante la infraestructura que él proporciona y que son revendidas por el distribuidor, en su nombre y por su cuenta, a usuarios finales, bien directamente, bien a través de otros sujetos pasivos, como mayoristas o minoristas, realiza una prestación de servicios de telecomunicaciones a título oneroso al distribuidor. Por el contrario, dicho operador no realiza una prestación de servicio a título operoso al usuario final cuando éste, tras adquirir la tarjeta telefónica, ejerce el derecho de realizar llamadas telefónicas utilizando la información que figura en dicha tarjeta.

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(1)  DO C 30, de 29.1.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/9 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bolzano — Italia) — Servet Kamberaj/Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

(Asunto C-571/10) (1)

(Espacio de libertad, de seguridad y de justicia - Artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Directiva 2003/109/CE - Estatuto de los nacionales de países terceros residentes de larga duración - Derecho a la igualdad de trato en materia de prestaciones de seguridad social, de asistencia social y de protección social - Excepción al principio de igualdad de trato para las medidas relativas a la asistencia social y a la protección social - Exclusión de las «prestaciones básicas» del ámbito de aplicación de dicha excepción - Normativa nacional que prevé una ayuda a la vivienda para los arrendatarios con menos recursos - Importe de los fondos destinados a los nacionales de países terceros determinado en función de una media ponderada diferente - Denegación de una solicitud de ayuda a la vivienda por agotamiento del presupuesto destinado a los nacionales de países terceros)

2012/C 174/12

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Bolzano

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Servet Kamberaj

Demandadas: Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano

En el que participan: Associazione Porte Aperte/Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Bolzano — Protección de las minorías lingüísticas — Normativa provincial que aplica el principio fundamental del sistema constitucional nacional de protección de las minorías lingüísticas — Política social — Aplicación de coeficientes diferentes para determinar el importe destinado a la ayuda a la vivienda de los ciudadanos de la Unión y de los nacionales de países terceros — Criterios de selección diferentes aplicables para la concesión de la ayuda a la vivienda a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de países terceros — Compatibilidad con los artículos 2 TUE y 6 TUE y los artículos 21 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Compatibilidad con los artículos 18, 45 y 49 TFUE — Compatibilidad con la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180, p. 22) y con la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44) — Eficacia directa de las disposiciones del Derecho de la Unión — Compatibilidad con el artículo 14 CEDH y con el artículo 1 del Protocolo 12 CEDH — Eficacia directa del CEDH en virtud del artículo 6 TUE — Sanciones aplicables en el sentido del artículo 15 de la Directiva 2000/43/CE.

Fallo

| 1) | Las cuestiones primera y cuarta a séptima planteadas por el Tribunale di Bolzano en el asunto C-571/10 son inadmisibles. |
| --- | --- |

1)

Las cuestiones primera y cuarta a séptima planteadas por el Tribunale di Bolzano en el asunto C-571/10 son inadmisibles.

| 2) | La referencia que hace el artículo 6 TUE, apartado 3, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, no obliga al juez nacional, en caso de conflicto entre una norma de Derecho nacional y dicho Convenio, a aplicar directamente las disposiciones del Convenio y a no aplicar la norma de Derecho nacional incompatible con el mismo. |
| --- | --- |

2)

La referencia que hace el artículo 6 TUE, apartado 3, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, no obliga al juez nacional, en caso de conflicto entre una norma de Derecho nacional y dicho Convenio, a aplicar directamente las disposiciones del Convenio y a no aplicar la norma de Derecho nacional incompatible con el mismo.

| 3) | El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional o regional, como la que es objeto del litigio principal, que prevé, en relación con el reparto de los fondos destinados a la concesión de una ayuda a la vivienda, un trato diferente para el nacional de un país tercero que goza del estatuto de residente de larga duración, concedido de conformidad con las disposiciones de dicha Directiva, respecto del trato dispensado a los nacionales residentes en la misma provincia o región, siempre que la citada ayuda esté comprendida en una de las tres categorías contempladas en dicha disposición y que no resulte aplicable el apartado 4 de ese mismo artículo. |
| --- | --- |

3)

El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional o regional, como la que es objeto del litigio principal, que prevé, en relación con el reparto de los fondos destinados a la concesión de una ayuda a la vivienda, un trato diferente para el nacional de un país tercero que goza del estatuto de residente de larga duración, concedido de conformidad con las disposiciones de dicha Directiva, respecto del trato dispensado a los nacionales residentes en la misma provincia o región, siempre que la citada ayuda esté comprendida en una de las tres categorías contempladas en dicha disposición y que no resulte aplicable el apartado 4 de ese mismo artículo.

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(1)  DO C 46, de 12.2.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/10 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/10

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

(Asuntos acumulados C-578/10 a C-580/10) (1)

(Artículos 18 CE y 56 CE - Vehículos automóviles - Utilización en un Estado miembro de vehículos de motor privados que se han tomado prestados y se encuentran matriculados en otro Estado miembro - Tributación de los vehículos en el primer Estado miembro con motivo de su primera utilización en la red viaria nacional)

2012/C 174/13

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandadas: L.A.C. van Putten (C-578/10), P. Mook (C-579/10), G. Frank (C-580/10)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) — Interpretación del artículo 18 CE (actualmente, artículo 21 TFUE) — Normativa nacional que grava con un impuesto de matriculación la primera utilización de un vehículo en la red viaria nacional — Sujeción de un residente en el Estado miembro de que se trata que toma prestado un vehículo matriculado en otro Estado miembro de una persona residente en éste para un uso privado de corta duración en el primer Estado miembro.

Fallo

El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que exige a los residentes en su territorio que hayan tomado prestado de un residente en otro Estado miembro un vehículo matriculado en este último Estado, con motivo de la primera utilización del vehículo en la red viaria nacional, el pago íntegro de un impuesto, generalmente devengado por la matriculación de un vehículo en el primer Estado miembro, sin que se tenga en cuenta la duración de la utilización del vehículo en la red viaria nacional y sin que pueda ejercitarse ningún derecho a exención o devolución, cuando dicho vehículo no se destine a ser utilizado esencialmente en el primer Estado miembro con carácter permanente ni, de hecho, sea utilizado de esta manera.

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(1)  DO C 72, de 5.3.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/11 |
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C 174/11

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suecia) — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

(Asunto C-620/10) (1)

(Sistema de Dublín - Reglamento (CE) no 343/2003 - Procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo - Nacionales de un país tercero titulares de un visado válido expedido por el «Estado miembro responsable» en el sentido de ese mismo Reglamento - Solicitud de asilo presentada en un Estado miembro distinto del Estado responsable en virtud de dicho Reglamento - Solicitud de permiso de residencia en un Estado miembro distinto del Estado responsable seguida de la retirada de la solicitud de asilo - Retirada efectuada antes de que el Estado miembro responsable haya aceptado hacerse cargo - Retirada que pone fin a los procedimientos establecidos por el Reglamento no 343/2003)

2012/C 174/14

Lengua de procedimiento: sueco

Órgano jurisdiccional remitente

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Migrationsverket

Demandadas: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin Kastrati

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Interpretación de los artículos 4, apartado 5, párrafo segundo, 5, apartado 2, y 16, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO L 50, p. 1) — Requisitos para la aplicación del Reglamento en caso de retirada de una solicitud de asilo — Retirada de las solicitudes de asilo presentadas por los nacionales de un país tercero en un Estado miembro A durante el procedimiento de determinación del Estado responsable del examen de la solicitud con arreglo a dicho Reglamento y después de la aceptación por un Estado miembro B de la obligación de hacerse cargo de los solicitantes — Decisión de la autoridad competente en el Estado miembro A de denegar las solicitudes de asilo y de aplicar el procedimiento de traslado de los solicitantes al Estado miembro B, independientemente del hecho de que las solicitudes de asilo presentadas en el Estado miembro A hayan sido retiradas.

Fallo

El Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, debe interpretarse en el sentido de que la retirada de una solicitud de asilo en el sentido de su artículo 2, letra c), que se produce antes de que el Estado miembro responsable del examen de dicha solicitud haya aceptado hacerse cargo del solicitante, tiene el efecto de que ya no pueda aplicarse dicho Reglamento. En tal supuesto, corresponde al Estado miembro en cuyo territorio se ha presentado la solicitud adoptar las decisiones necesarias con respecto a dicha retirada y, en particular, suspender el examen de la solicitud dejando constancia de la correspondiente información en el expediente del solicitante.

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(1)  DO C 72, de 5.3.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/11 |
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16.6.2012

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C 174/11

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Asuntos acumulados C-621/10 y C-129/11) (1)

(IVA - Directiva 2006/112/CE - Artículos 73 y 80, apartado 1 - Venta de bienes inmuebles entre sociedades vinculadas - Valor de la operación - Normativa nacional que establece que en el caso de operaciones entre personas vinculadas la base imponible a efectos del IVA está constituida por el valor normal de mercado)

2012/C 174/15

Lengua de procedimiento: búlgaro

Órgano jurisdiccional remitente

Administrativen sad — Varna

Partes en el procedimiento principal

Demandantes:«Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)

Demandada: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad — Varna — Bulgaria — Interpretación del artículo 80, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Sociedades vinculadas que han celebrado un contrato de compraventa de bienes inmuebles — Normativa nacional que establece que en el caso de las operaciones entre personas vinculadas la base imponible a efectos del IVA está constituida por el valor de mercado de la operación — Métodos de determinación de los valores venales — Exclusión del derecho a deducción del IVA cuando un impuesto no se ha calculado conforme a la ley.

Fallo

| 1) | El artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los requisitos de aplicación que establece son exhaustivos y que, por tanto, una normativa nacional no puede determinar, apoyándose en dicha disposición, que la base imponible es el valor normal de mercado en casos no comprendidos entre los contemplados en la citada disposición, en particular cuando el sujeto pasivo disfruta plenamente del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. |
| --- | --- |

1)

El artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que los requisitos de aplicación que establece son exhaustivos y que, por tanto, una normativa nacional no puede determinar, apoyándose en dicha disposición, que la base imponible es el valor normal de mercado en casos no comprendidos entre los contemplados en la citada disposición, en particular cuando el sujeto pasivo disfruta plenamente del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

| 2) | En circunstancias como las de los litigios principales, el artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112 confiere a las sociedades interesadas el derecho a invocarlo directamente con el fin de oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales incompatibles con esa disposición. En caso de que el órgano jurisdiccional remitente no pueda proceder a una interpretación de la normativa interna acorde con el citado artículo 80, apartado 1, deberá abstenerse de aplicar toda disposición de dicha normativa que sea contraria a éste. |
| --- | --- |

2)

En circunstancias como las de los litigios principales, el artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2006/112 confiere a las sociedades interesadas el derecho a invocarlo directamente con el fin de oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales incompatibles con esa disposición. En caso de que el órgano jurisdiccional remitente no pueda proceder a una interpretación de la normativa interna acorde con el citado artículo 80, apartado 1, deberá abstenerse de aplicar toda disposición de dicha normativa que sea contraria a éste.

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(1)  DO C 72, de 5.3.2011.

DO C 145, de 14.5.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/12 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/12

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Reino de España/Comisión Europea

(Asunto C-24/11 P) (1)

(Recurso de casación - FEOGA - Sección de Garantía - Gastos excluidos de la financiación comunitaria - Gastos efectuados por el Reino de España - Ayudas a la producción de aceite de oliva)

2012/C 174/16

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Reino de España (representante: M. Muñoz Pérez, agente)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: F. Jimeno Fernández, agente)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2010, España/Comisión (T-113/08), mediante la que dicho Tribunal desestimó un recurso de anulación parcial de la Decisión 2008/68/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (DO 2008, L 18, p. 12), en la medida en que se refiere a determinados gastos efectuados por el Reino de España en los sectores del aceite de oliva y de los cultivos herbáceos.

Fallo

| 1) | Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2010, España/Comisión (T113/08), en la medida en que, al calificar al escrito AGR 16844 de la Comisión de 11 de julio de 2002 de comunicación, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2245/1999 de la Comisión, de 22 de octubre de 1999, el Tribunal General consideró la fecha de notificación de dicho escrito como elemento de referencia para el cómputo del plazo de veinticuatro meses previsto en el artículo 5, apartado 2, letra c), párrafo quinto, del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1287/95 del Consejo, de 22 de mayo de 1995, y en el artículo 7, apartado 4, párrafo quinto, del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común, a efectos de la corrección financiera practicada en el sector del aceite de oliva mediante la Decisión 2008/68/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), debido a que las autoridades españolas no habían dado curso suficiente a las propuestas de la Agencia del Aceite de Oliva tras los controles realizados en las almazaras. |
| --- | --- |

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2010, España/Comisión (T113/08), en la medida en que, al calificar al escrito AGR 16844 de la Comisión de 11 de julio de 2002 de comunicación, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 2245/1999 de la Comisión, de 22 de octubre de 1999, el Tribunal General consideró la fecha de notificación de dicho escrito como elemento de referencia para el cómputo del plazo de veinticuatro meses previsto en el artículo 5, apartado 2, letra c), párrafo quinto, del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1287/95 del Consejo, de 22 de mayo de 1995, y en el artículo 7, apartado 4, párrafo quinto, del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común, a efectos de la corrección financiera practicada en el sector del aceite de oliva mediante la Decisión 2008/68/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), debido a que las autoridades españolas no habían dado curso suficiente a las propuestas de la Agencia del Aceite de Oliva tras los controles realizados en las almazaras.

| 2) | Anular la Decisión 2008/68 en la medida en que excluye de la financiación comunitaria los gastos efectuados por el Reino de España en el sector del aceite de oliva fuera del plazo de veinticuatro meses que precedió a la fecha de notificación del escrito de la Comisión de 24 de noviembre de 2004, mediante el que se convocaba la reunión bilateral de 21 de diciembre de 2004, en cuanto tales gastos fueron objeto de la corrección aplicada debido a que las autoridades españolas no dieron curso suficiente a las propuestas de la Agencia del Aceite de Oliva tras los controles realizados en las almazaras. |
| --- | --- |

2)

Anular la Decisión 2008/68 en la medida en que excluye de la financiación comunitaria los gastos efectuados por el Reino de España en el sector del aceite de oliva fuera del plazo de veinticuatro meses que precedió a la fecha de notificación del escrito de la Comisión de 24 de noviembre de 2004, mediante el que se convocaba la reunión bilateral de 21 de diciembre de 2004, en cuanto tales gastos fueron objeto de la corrección aplicada debido a que las autoridades españolas no dieron curso suficiente a las propuestas de la Agencia del Aceite de Oliva tras los controles realizados en las almazaras.

| 3) | El Reino de España y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas tanto en primera instancia como en el presente procedimiento de casación. |
| --- | --- |

3)

El Reino de España y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas tanto en primera instancia como en el presente procedimiento de casación.

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(1)  DO C 95, de 26.3.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/13 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 26 de abril de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Able UK Ltd

(Asunto C-225/11) (1)

(IVA - Directiva 2006/112/CE - Exenciones - Artículo 151, apartado 1, letra c) - Operación de desguace de buques obsoletos de la Armada americana realizada en el territorio de un Estado miembro)

2012/C 174/17

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Demandada: Able UK Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Reino Unido) — Interpretación del artículo 151, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Exenciones en favor de determinadas operaciones asimiladas a las exportaciones — Operación de desguace de navíos obsoletos de la Armada de Estados Unidos efectuada en el territorio de un Estado miembro.

Fallo

El artículo 151, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una prestación de servicios como la controvertida en el litigio principal, realizada en un Estado miembro parte en el Tratado del Atlántico Norte y consistente en el desguace de buques obsoletos de la Armada de otro Estado parte en ese Tratado, está exenta del impuesto sobre el valor añadido, con arreglo a esa disposición, únicamente cuando:

| — | esa prestación sea efectuada por miembros de las fuerzas armadas de ese otro Estado afectadas al esfuerzo común de defensa o por el personal civil que las acompaña; |
| --- | --- |

—

esa prestación sea efectuada por miembros de las fuerzas armadas de ese otro Estado afectadas al esfuerzo común de defensa o por el personal civil que las acompaña;

| — | esa misma prestación sea efectuada por miembros de las citadas fuerzas armadas destacadas o estacionadas temporalmente en el territorio del Estado miembro de que se trata o por el personal civil que las acompaña. |
| --- | --- |

—

esa misma prestación sea efectuada por miembros de las citadas fuerzas armadas destacadas o estacionadas temporalmente en el territorio del Estado miembro de que se trata o por el personal civil que las acompaña.

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(1)  DO C 211, de 16.7.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/13 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Legris Industries SA/Comisión Europea

(Asunto C-289/11 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre - Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE - Multas - Sociedad matriz y filial - Imputabilidad del comportamiento infractor)

2012/C 174/18

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Legris Industries SA (representantes: A. Wachsmann y S. Thibault-Liger, abogadas)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: C. Giolito, agente)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de marzo de 2011, Legris Industries/Comisión (T-376/06), mediante la que dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación parcial de la Decisión C(2006) 4180 final de la Comisión, de 20 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F-1/38.121 — Empalmes) — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Violación del derecho a un juez independiente e imparcial — Imputabilidad del comportamiento infractor — Vulneración de los principios de igualdad de trato, de responsabilidad personal y de individualidad de las penas — Desnaturalización de pruebas.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar en costas a Legris Industries SA. |
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2)

Condenar en costas a Legris Industries SA.

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(1)  DO C 252, de 27.8.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/13 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 3 de mayo de 2012 — Comap SA/Comisión Europea

(Asunto C-290/11 P) (1)

(Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre - Decisión de la Comisión por la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Multas - Duración de la infracción - Concepto de «continuidad»)

2012/C 174/19

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comap SA (representantes: A. Wachsmann y S. de Guigné, avocats)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representante: C. Giolito, agente)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de marzo de 2011, Comap/Comisión (T-377/06) mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de anulación parcial de la Decisión C(2006) 4180 final de la Comisión, de 20 de septiembre de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/F-1/38.121) — Empalmes — Sector de los empalmes de cobre y de aleaciones de cobre — Vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial — Violación del principio de interpretación de la ley penal en sentido restrictivo — Concepto de «distanciamiento público» — Desnaturalización de los elementos probatorios — Falta de motivación.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso de casación. |
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1)

Desestimar el recurso de casación.

| 2) | Condenar en costas a Comap SA. |
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2)

Condenar en costas a Comap SA.

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(1)  DO C 252, de 27.8.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/14 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/14

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de abril de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Proceso penal contra Minh Khoa Vo

(Asunto C-83/12 PPU) (1)

(Espacio de libertad, seguridad y justicia - Reglamento (CE) no 810/2009 - Código comunitario sobre visados - Artículos 21 y 34 - Legislación nacional - Introducción ilegal de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro - Visados obtenidos de forma fraudulenta - Sanción penal para el traficante de personas)

2012/C 174/20

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Parte en el proceso principal

Minh Khoa Vo

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Bundesgerichtshof — Interpretación de los artículos 21 y 34 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (DO L 243, p. 1) — Normativa nacional que sanciona penalmente al traficante de personas que introduce ilegalmente a extranjeros en el territorio nacional — Aplicabilidad de las sanciones cuando se trata de extranjeros en posesión de un visado obtenido de forma fraudulenta de las autoridades competentes de otro Estado miembro, pero que todavía no ha sido anulado en aplicación del mencionado Reglamento.

Fallo

Los artículos 21 y 34 del Reglamento (CE) no 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), deben interpretarse en el sentido de que no impiden que una normativa nacional sancione penalmente el favorecimiento de la inmigración clandestina en el supuesto de que los inmigrantes clandestinos, nacionales de terceros países, dispongan de visados que obtuvieron de forma fraudulenta, engañando a las autoridades competentes del Estado miembro que los expidió sobre la verdadera finalidad de su viaje, y dichos visados no hayan sido anulados previamente.

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(1)  DO C 126, de 28.4.2012.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/14 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/14

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de marzo de 2012 — Josef Probst/mr.nexnet GmbH

(Asunto C-119/12)

2012/C 174/21

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundesgerichtshof

Partes en el procedimiento principal

Recurrente en casación: Josef Probst

Recurrida en casación: mr.nexnet GmbH

Cuestión prejudicial

El artículo 6, apartados 2 y 5, de la Directiva 2002/58/CE (1) ¿permite la transmisión de datos de tráfico por el prestador de servicios al cesionario de un crédito correspondiente al importe adeudado por servicios de telecomunicación, cuando la cesión realizada con el fin de obtener el cobro de créditos impagados se rige, además de por las obligaciones generales de secreto de las comunicaciones y de protección de datos previstas en el régimen legal actualmente aplicable, por las disposiciones contractuales que se indican a continuación:

| — | el prestador de servicios y el cesionario se comprometen a tratar y utilizar los datos sometidos a protección únicamente en el marco de su colaboración, y exclusivamente con la finalidad que subyace al contrato y del modo indicado en el mismo; |
| --- | --- |

—

el prestador de servicios y el cesionario se comprometen a tratar y utilizar los datos sometidos a protección únicamente en el marco de su colaboración, y exclusivamente con la finalidad que subyace al contrato y del modo indicado en el mismo;

| — | los datos sometidos a protección de que en este contexto se disponga deberán ser eliminados de manera irreversible o devueltos a la otra parte tan pronto como su contenido deje de ser necesario para la consecución de dicha finalidad; |
| --- | --- |

—

los datos sometidos a protección de que en este contexto se disponga deberán ser eliminados de manera irreversible o devueltos a la otra parte tan pronto como su contenido deje de ser necesario para la consecución de dicha finalidad;

| — | cada parte podrá verificar que la otra cumpla la normativa de protección de esos datos y vele por la seguridad de los mismos en el sentido de este acuerdo; |
| --- | --- |

—

cada parte podrá verificar que la otra cumpla la normativa de protección de esos datos y vele por la seguridad de los mismos en el sentido de este acuerdo;

| — | la documentación e información confidenciales que sean transmitidas sólo podrán ponerse a disposición de los empleados que las necesiten para el cumplimiento del contrato; |
| --- | --- |

—

la documentación e información confidenciales que sean transmitidas sólo podrán ponerse a disposición de los empleados que las necesiten para el cumplimiento del contrato;

| — | en cumplimiento del presente acuerdo, las partes someterán a dichos empleados a una obligación de confidencialidad; |
| --- | --- |

—

en cumplimiento del presente acuerdo, las partes someterán a dichos empleados a una obligación de confidencialidad;

| — | bien en el momento en que ello le sea requerido por la otra parte, bien a más tardar en el momento en que concluya la colaboración entre ambas, cada parte eliminará de manera irreversible o devolverá a la otra toda la información confidencial de que en este contexto disponga? |
| --- | --- |

—

bien en el momento en que ello le sea requerido por la otra parte, bien a más tardar en el momento en que concluya la colaboración entre ambas, cada parte eliminará de manera irreversible o devolverá a la otra toda la información confidencial de que en este contexto disponga?

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(1)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201, p. 37).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/15 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/15

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (España) el 8 de marzo de 2012 — Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. y otros

(Asunto C-125/12)

2012/C 174/22

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada

Partes en el procedimiento principal

Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Muñoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., y Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE (1), del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al establecer que «1. Los Estados miembros podrán disponer que la persona deudora del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de las siguientes operaciones: (...) g) La entrega de bienes inmuebles vendidos por el deudor judicial en un procedimiento obligatorio de liquidación», cuando el proceso judicial sea un concurso de acreedores abierto por la declaración de insolvencia de dicho deudor, ¿debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a las transmisiones que obedezcan estrictamente a la propia naturaleza liquidativa del procedimiento o a la fase liquidativa en la que este procedimiento se encuentre, de forma que la enajenación de dichos inmuebles se debe producir como consecuencia de la liquidación global de su patrimonio, o dado que un procedimiento concursal puede concluir, entre otras opciones, con la liquidación de la empresa concursada, comprende también cualquier transmisión de bienes inmuebles efectuados por el deudor declarado en concurso a lo largo de un proceso concursal? |
| --- | --- |

1)

El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE (1), del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, al establecer que «1. Los Estados miembros podrán disponer que la persona deudora del IVA sea el sujeto pasivo destinatario de cualquiera de las siguientes operaciones: (...) g) La entrega de bienes inmuebles vendidos por el deudor judicial en un procedimiento obligatorio de liquidación», cuando el proceso judicial sea un concurso de acreedores abierto por la declaración de insolvencia de dicho deudor, ¿debe interpretarse en el sentido de que sólo se refiere a las transmisiones que obedezcan estrictamente a la propia naturaleza liquidativa del procedimiento o a la fase liquidativa en la que este procedimiento se encuentre, de forma que la enajenación de dichos inmuebles se debe producir como consecuencia de la liquidación global de su patrimonio, o dado que un procedimiento concursal puede concluir, entre otras opciones, con la liquidación de la empresa concursada, comprende también cualquier transmisión de bienes inmuebles efectuados por el deudor declarado en concurso a lo largo de un proceso concursal?

| 2) | ¿El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el «procedimiento obligatorio de liquidación» al que alude incluye un proceso judicial colectivo de insolvencia en el que se ha efectuado, al margen de cualquier fase de liquidación obligatoria de su patrimonio y por meras razones de oportunidad, una venta voluntaria de alguno o algunos de sus bienes; o por el contrario sólo se refiere a las ejecuciones procesales obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial? |
| --- | --- |

2)

¿El artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que el «procedimiento obligatorio de liquidación» al que alude incluye un proceso judicial colectivo de insolvencia en el que se ha efectuado, al margen de cualquier fase de liquidación obligatoria de su patrimonio y por meras razones de oportunidad, una venta voluntaria de alguno o algunos de sus bienes; o por el contrario sólo se refiere a las ejecuciones procesales obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial?

| 3) | En este último caso, si el artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se refiere estrictamente a las ejecuciones obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial, ¿puede interpretarse el precepto indicado en el sentido de excluir del mismo la inversión del sujeto pasivo del IVA en cualquier caso de transmisión de un inmueble por un deudor declarado en concurso por razones de oportunidad y conveniencia para el interés del concurso y al margen de todo proceso de liquidación global de sus bienes, debiendo prescindirse entonces de una ley nacional que haya extendido el supuesto de hecho del artículo 199.1.g de la Directiva 2006/112 a supuestos que este precepto no contempla? |
| --- | --- |

3)

En este último caso, si el artículo 199.1.g) de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se refiere estrictamente a las ejecuciones obligatorias destinadas a liquidar los bienes del deudor judicial, ¿puede interpretarse el precepto indicado en el sentido de excluir del mismo la inversión del sujeto pasivo del IVA en cualquier caso de transmisión de un inmueble por un deudor declarado en concurso por razones de oportunidad y conveniencia para el interés del concurso y al margen de todo proceso de liquidación global de sus bienes, debiendo prescindirse entonces de una ley nacional que haya extendido el supuesto de hecho del artículo 199.1.g de la Directiva 2006/112 a supuestos que este precepto no contempla?

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(1)  DO L 347, p. 1

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/15 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/15

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Alemania) el 8 de marzo de 2012 — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

(Asunto C-129/12)

2012/C 174/23

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Demandada: Finanzamt Magdeburg

Cuestión prejudicial

¿Concede la Decisión C(1998) 1712 (1) de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, al legislador alemán un margen de apreciación para configurar el artículo 2, frase segunda, número 4, de la Investitionszulagengesetz (InvZulG 1996), en su versión resultante de la Steuerentlassungsgesetz 1999 de 19 de diciembre de 1998, de tal manera que dicho margen de actuación da cobertura a una normativa que favorece las inversiones en cuestión, en relación con las cuales la decisión de inversión vinculante se haya adoptado antes de concluir el plazo para la ejecución de la Decisión de la Comisión o antes de la publicación de las medidas previstas en el Bundessteuerblatt (Boletín tributario alemán; en lo sucesivo, «BStBl»), pero la entrega del objeto de la inversión y la determinación y el pago de la subvención se hayan producido después?

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(1)  Decisión 1999/183/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a las ayudas estatales para la transformación y comercialización de productos agrícolas que podrían concederse por Alemania con base en los regímenes de ayudas regionales existentes [notificada con el número C(1998) 1712] (DO 1999, L 60, p. 61).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/16 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/16

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Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 19 de marzo de 2012 — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña

(Asunto C-139/12)

2012/C 174/24

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal Supremo

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Otra parte: Generalidad de Cataluña

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿La Directiva 77/388/CEE del Consejo (1), de 17 de mayo (en la actualidad la Directiva 2006/12/CEE de 28 de noviembre) obliga en su artículo 13.B.d) a sujetar al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin exención, las operaciones sobre venta de acciones, por un sujeto pasivo del Impuesto, que comporten la adquisición del dominio de bienes inmuebles, ante la excepción que establece para los títulos cuya posesión asegure, de derecho o de hecho, la atribución de la propiedad o el disfrute de un inmueble o de una parte del mismo? |
| --- | --- |

1)

¿La Directiva 77/388/CEE del Consejo (1), de 17 de mayo (en la actualidad la Directiva 2006/12/CEE de 28 de noviembre) obliga en su artículo 13.B.d) a sujetar al Impuesto sobre el Valor Añadido, sin exención, las operaciones sobre venta de acciones, por un sujeto pasivo del Impuesto, que comporten la adquisición del dominio de bienes inmuebles, ante la excepción que establece para los títulos cuya posesión asegure, de derecho o de hecho, la atribución de la propiedad o el disfrute de un inmueble o de una parte del mismo?

| 2) | ¿La Directiva 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo, permite la existencia de normas como el artículo 108 de la Ley española 24/1988, del Mercado de Valores, que grava la adquisición de la mayoría del capital de la sociedad cuyo activo está fundamentalmente integrado por inmuebles por un impuesto indirecto distinto al IVA, llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con desatención de la posible condición empresarial de los intervinientes en la operación, sin excluir, por tanto, el supuesto en que de haberse transmitido directamente los inmuebles, en lugar de las acciones o participaciones, la operación habría quedado sujeta al IVA? |
| --- | --- |

2)

¿La Directiva 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo, permite la existencia de normas como el artículo 108 de la Ley española 24/1988, del Mercado de Valores, que grava la adquisición de la mayoría del capital de la sociedad cuyo activo está fundamentalmente integrado por inmuebles por un impuesto indirecto distinto al IVA, llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, con desatención de la posible condición empresarial de los intervinientes en la operación, sin excluir, por tanto, el supuesto en que de haberse transmitido directamente los inmuebles, en lugar de las acciones o participaciones, la operación habría quedado sujeta al IVA?

| 3) | ¿Resulta compatible con la libertad de establecimiento garantizada por el artículo [43] del TCE (actual art. 49 TFUE) y con la libertad de circulación de capitales regulada en el artículo 56 del TCE (actual art. 63 del TFUE) una norma nacional como el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores española, de 28 de julio de 1988, según la redacción dada por la disposición adicional 12a de la ley 18/1991, que grava la adquisición de la mayoría del capital de sociedades cuyo activo está fundamentalmente integrado por bienes inmuebles radicados en España, y todo ello sin permitir probar que la sociedad cuyo control se adquiere tiene actividad económica? |
| --- | --- |

3)

¿Resulta compatible con la libertad de establecimiento garantizada por el artículo [43] del TCE (actual art. 49 TFUE) y con la libertad de circulación de capitales regulada en el artículo 56 del TCE (actual art. 63 del TFUE) una norma nacional como el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores española, de 28 de julio de 1988, según la redacción dada por la disposición adicional 12a de la ley 18/1991, que grava la adquisición de la mayoría del capital de sociedades cuyo activo está fundamentalmente integrado por bienes inmuebles radicados en España, y todo ello sin permitir probar que la sociedad cuyo control se adquiere tiene actividad económica?

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(1)  De 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme

DO L 145, p. 1 (EE 09/01, p. 54)

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/16 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/16

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Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-151/12)

2012/C 174/25

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Valero Jordana y B. Simon, agentes)

Demandada: Reino de España

Pretensiones

| — | Que se declare que, en relación con sus cuencas hidrográficas intracomunitarias, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 4, apartado 8; artículo 7, apartado 2; artículo 10, apartados 1 y 2; y a las secciones 1.3 y 1.4 del Anexo V de la Directiva 2000/60/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas |
| --- | --- |

—

Que se declare que, en relación con sus cuencas hidrográficas intracomunitarias, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 4, apartado 8; artículo 7, apartado 2; artículo 10, apartados 1 y 2; y a las secciones 1.3 y 1.4 del Anexo V de la Directiva 2000/60/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

| — | Que se condene en costas al Reino de España. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Reino de España.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión considera que la trasposición que el Reino de España ha realizado de las disposiciones de la Directiva 2000/60/CE mencionadas en las pretensiones de la demanda ha sido incorrecta por cuanto la normativa española solo se aplica a las cuencas hidrográficas intercomunitarias en España. Consiguientemente, respecto de las cuencas intracomunitarias (aquellas cuyas aguas discurren en el interior de una Comunidad Autónoma), la trasposición de dichas disposiciones al ordenamiento jurídico español no se ha llevado a cabo.

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(1)  DO L 327, p. 1

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/17 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/17

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Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — Comisión Europea/República de Bulgaria

(Asunto C-152/12)

2012/C 174/26

Lengua de procedimiento: búlgaro

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: R. Vasileva y H. Støvlbæk, agentes)

Demandada: República de Bulgaria

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido sus obligaciones derivadas de los artículos 7, apartado 3, y 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE. (1) |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República de Bulgaria ha incumplido sus obligaciones derivadas de los artículos 7, apartado 3, y 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE. (1)

| — | Que se condene en costas a la República de Bulgaria. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República de Bulgaria.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su recurso de 16 de marzo de 2012, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Bulgaria ha incumplido sus obligaciones derivadas de los artículos 7, apartado 3, y 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE al no basar, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de dicha Directiva, el sistema de tarifación del administrador de infraestructuras en Bulgaria en el coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario. Por otro lado, la Comisión afirma que Bulgaria no le ha comunicado que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva, haya establecido una normativa reguladora de los cánones con el fin de recuperar totalmente los costes. Observa que, en todo caso, Bulgaria debería haber cumplido con los requisitos previstos en dicho artículo.

La Comisión formula esencialmente las siguientes alegaciones:

| 1) | El concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario» se refiere al coste marginal directamente imputable a la utilización real de la infraestructura ferroviaria, es decir, al «coste directo» imputable a una concreta explotación del servicio ferroviario. Por lo tanto, dicho coste es variable y depende de que se utilice o no la infraestructura ferroviaria. Consecuentemente, un coste generado con independencia del uso real de la estructura ferroviaria no puede considerarse un coste directo, aun cuando sea imputable a actividades o bienes necesarios para poder explotar la circulación de los trenes en determinadas líneas. Dicho coste es un coste fijo, en el sentido de que se genera aunque no se utilice la infraestructura ferroviaria. |
| --- | --- |

1)

El concepto de «coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario» se refiere al coste marginal directamente imputable a la utilización real de la infraestructura ferroviaria, es decir, al «coste directo» imputable a una concreta explotación del servicio ferroviario. Por lo tanto, dicho coste es variable y depende de que se utilice o no la infraestructura ferroviaria. Consecuentemente, un coste generado con independencia del uso real de la estructura ferroviaria no puede considerarse un coste directo, aun cuando sea imputable a actividades o bienes necesarios para poder explotar la circulación de los trenes en determinadas líneas. Dicho coste es un coste fijo, en el sentido de que se genera aunque no se utilice la infraestructura ferroviaria.

| 2) | A favor de esta interpretación aboga el tenor del artículo 7, apartado 3, que se refiere al coste «directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario». Un coste fijo relativo a toda la infraestructura ferroviaria no es «directamente» imputable a una concreta explotación del servicio ferroviario. Por consiguiente, la expresión «directamente imputable» se refiere a los costes adicionales generados por una concreta explotación del servicio ferroviario. Dicha conclusión también se deduce de la interpretación sistemática del artículo 7, apartado 3. El artículo 7 regula los principios de tarifación, mientras que el artículo 8 regula las excepciones que cabe establecer respecto de dichos principios. El artículo 8, apartado 1, hace referencia a la posibilidad de «recuperar totalmente los costes asumidos por el administrador de infraestructuras», lo cual significa que los costes mencionados en el artículo 7, apartado 3, no pueden ser los costes finales del administrador de infraestructuras, sino que se trata de los costes directos derivados de una concreta explotación del servicio ferroviario, es decir, de costes de cuantía inferior a los costes finales. Dicha interpretación también encuentra apoyo en el considerando séptimo de la Directiva 2001/14/CE, que fomenta el uso óptimo de la infraestructura ferroviaria por un número preferentemente amplio de empresas de transporte, lo cual presupone que los cánones sean de cuantía reducida. |
| --- | --- |

2)

A favor de esta interpretación aboga el tenor del artículo 7, apartado 3, que se refiere al coste «directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario». Un coste fijo relativo a toda la infraestructura ferroviaria no es «directamente» imputable a una concreta explotación del servicio ferroviario. Por consiguiente, la expresión «directamente imputable» se refiere a los costes adicionales generados por una concreta explotación del servicio ferroviario. Dicha conclusión también se deduce de la interpretación sistemática del artículo 7, apartado 3. El artículo 7 regula los principios de tarifación, mientras que el artículo 8 regula las excepciones que cabe establecer respecto de dichos principios. El artículo 8, apartado 1, hace referencia a la posibilidad de «recuperar totalmente los costes asumidos por el administrador de infraestructuras», lo cual significa que los costes mencionados en el artículo 7, apartado 3, no pueden ser los costes finales del administrador de infraestructuras, sino que se trata de los costes directos derivados de una concreta explotación del servicio ferroviario, es decir, de costes de cuantía inferior a los costes finales. Dicha interpretación también encuentra apoyo en el considerando séptimo de la Directiva 2001/14/CE, que fomenta el uso óptimo de la infraestructura ferroviaria por un número preferentemente amplio de empresas de transporte, lo cual presupone que los cánones sean de cuantía reducida.

| 3) | La Comisión considera que el administrador de infraestructuras ha de asumir el coste de poner la infraestructura a disposición de las empresas ferroviarias y que éstas han de abonar un canon equivalente al coste directo. Ello se desprende de la necesidad de hacer más atractivo el uso de la infraestructura ferroviaria por un amplio número de empresas ferroviarias e incrementar su uso óptimo por cada una de ellas. El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE sólo resulta aplicable si se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo: el administrador de infraestructuras que pretenda cobrar recargos en un determinado segmento del mercado deberá comprobar previamente que éste pueda aceptarlo. Esta interpretación se desprende del tenor del artículo 8, apartado 1, párrafo primero, concretamente de la expresión «siempre que el mercado pueda aceptarlo», así como del tenor del artículo 8, apartado 1, párrafo segundo, según el cual «no obstante, la cuantía de los cánones no debe excluir la utilización de las infraestructuras por parte de segmentos del mercado que puedan pagar al menos el coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario [...]». |
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3)

La Comisión considera que el administrador de infraestructuras ha de asumir el coste de poner la infraestructura a disposición de las empresas ferroviarias y que éstas han de abonar un canon equivalente al coste directo. Ello se desprende de la necesidad de hacer más atractivo el uso de la infraestructura ferroviaria por un amplio número de empresas ferroviarias e incrementar su uso óptimo por cada una de ellas. El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/14/CE sólo resulta aplicable si se cumplen los requisitos establecidos en dicho artículo: el administrador de infraestructuras que pretenda cobrar recargos en un determinado segmento del mercado deberá comprobar previamente que éste pueda aceptarlo. Esta interpretación se desprende del tenor del artículo 8, apartado 1, párrafo primero, concretamente de la expresión «siempre que el mercado pueda aceptarlo», así como del tenor del artículo 8, apartado 1, párrafo segundo, según el cual «no obstante, la cuantía de los cánones no debe excluir la utilización de las infraestructuras por parte de segmentos del mercado que puedan pagar al menos el coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario [...]».

| 4) | El análisis global de los costes e ingresos del administrador de infraestructuras búlgaro durante los ejercicios 2005 a 2008 muestra que entre el 60 % y el 70 % de los costes de funcionamiento directos presupuestados en Bulgaria se refieren a elementos fijos, en particular a los costes salariales y de seguridad social. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, la Comisión llega a la conclusión de que dichos costes no pueden considerarse costes directos en el sentido del artículo 7, apartado 3, puesto que no se alteran con la explotación del servicio ferroviario. Por consiguiente, los ingresos procedentes del canon de infraestructuras son muy superiores a los costes de funcionamiento directos generales. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que, en Bulgaria, el canon no se calcula únicamente sobre la base del coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario. |
| --- | --- |

4)

El análisis global de los costes e ingresos del administrador de infraestructuras búlgaro durante los ejercicios 2005 a 2008 muestra que entre el 60 % y el 70 % de los costes de funcionamiento directos presupuestados en Bulgaria se refieren a elementos fijos, en particular a los costes salariales y de seguridad social. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, la Comisión llega a la conclusión de que dichos costes no pueden considerarse costes directos en el sentido del artículo 7, apartado 3, puesto que no se alteran con la explotación del servicio ferroviario. Por consiguiente, los ingresos procedentes del canon de infraestructuras son muy superiores a los costes de funcionamiento directos generales. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que, en Bulgaria, el canon no se calcula únicamente sobre la base del coste directamente imputable a la explotación del servicio ferroviario.

| 5) | Sobre la base de la información recibida, la Comisión constata que el método aplicado en Bulgaria para la recaudación de un canon por la utilización de la infraestructura ferroviaria no guarda una relación clara con el concepto de coste directo en el sentido del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14/CE. |
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5)

Sobre la base de la información recibida, la Comisión constata que el método aplicado en Bulgaria para la recaudación de un canon por la utilización de la infraestructura ferroviaria no guarda una relación clara con el concepto de coste directo en el sentido del artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2001/14/CE.

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(1)  Directiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (DO L 75, p. 1).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/18 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/18

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Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2012 — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB)

(Asunto C-154/12)

2012/C 174/27

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken

Demandada: Bureau d'Intervention et de restitution belge (BIRB)

Cuestión prejudicial

¿Es nulo el artículo 16 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar, (1) actualmente artículo 51 del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, (2) que grava al sector de la remolacha azucarera con un canon de 12 EUR por tonelada de azúcar de cuota:

| — | en la medida en que la base legal utilizada por el legislador para introducir esta disposición es el antiguo artículo 37 CE, apartado 2, párrafo tercero (actualmente artículo 43 TFUE, apartado 2); |
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—

en la medida en que la base legal utilizada por el legislador para introducir esta disposición es el antiguo artículo 37 CE, apartado 2, párrafo tercero (actualmente artículo 43 TFUE, apartado 2);

| — | en la medida en que, según se alega, el legislador, que justificó este canon como medida destinada a financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar cuando en realidad financia las ayudas directas y/o tiene por objeto mantener la neutralidad presupuestaria de la reforma del sector del azúcar llevada a cabo en 2006, no expone de forma clara e inequívoca los motivos que justifican el establecimiento de dicho canon conforme exige el artículo 296 TFUE (anteriormente artículo 253 CE); |
| --- | --- |

—

en la medida en que, según se alega, el legislador, que justificó este canon como medida destinada a financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar cuando en realidad financia las ayudas directas y/o tiene por objeto mantener la neutralidad presupuestaria de la reforma del sector del azúcar llevada a cabo en 2006, no expone de forma clara e inequívoca los motivos que justifican el establecimiento de dicho canon conforme exige el artículo 296 TFUE (anteriormente artículo 253 CE);

| — | en la medida en que, según se alega, al ser el de la remolacha azucarera el único sector al que se ha impuesto este canon que contribuye a los presupuestos generales de la UE, dicho canon debe considerarse discriminatorio, tanto entre los agricultores que han mantenido su producción de remolacha y aquellos que la han interrumpido como entre el sector de la remolacha azucarera y cualquier otro sector, agrícola o no; |
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—

en la medida en que, según se alega, al ser el de la remolacha azucarera el único sector al que se ha impuesto este canon que contribuye a los presupuestos generales de la UE, dicho canon debe considerarse discriminatorio, tanto entre los agricultores que han mantenido su producción de remolacha y aquellos que la han interrumpido como entre el sector de la remolacha azucarera y cualquier otro sector, agrícola o no;

| — | en la medida en que, según se alega, debe considerarse que dicho canon vulnera el principio de proporcionalidad, por no resultar adecuado ni necesario para financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar ni proporcionado a los gastos reales y a las previsiones de gasto de la OCM en el sector del «azúcar»? |
| --- | --- |

—

en la medida en que, según se alega, debe considerarse que dicho canon vulnera el principio de proporcionalidad, por no resultar adecuado ni necesario para financiar los gastos de la OCM en el sector del azúcar ni proporcionado a los gastos reales y a las previsiones de gasto de la OCM en el sector del «azúcar»?

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(1)  DO L 58, p. 1.

(2)  DO L 299, p. 1.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/18 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/18

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Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2012 — Comisión Europea/Irlanda

(Asunto C-158/12)

2012/C 174/28

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Petrova, K. Mifsud-Bonnici, agentes)

Demandada: Irlanda

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE, (1) al no haber extendido las autorizaciones con arreglo a los artículos 6 y 8 de la Directiva IPPC o, de forma adecuada, al no haber revisado y, en su caso, actualizado, las condiciones de autorización respecto de las 13 instalaciones para la cría de cerdos y aves de corral existentes en Irlanda, de modo que no ha garantizado que esas instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 14, letras a) y b) y en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva IPPC a más tardar el 30 de octubre de 2007. |
| --- | --- |

—

Que se declare que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/1/CE, (1) al no haber extendido las autorizaciones con arreglo a los artículos 6 y 8 de la Directiva IPPC o, de forma adecuada, al no haber revisado y, en su caso, actualizado, las condiciones de autorización respecto de las 13 instalaciones para la cría de cerdos y aves de corral existentes en Irlanda, de modo que no ha garantizado que esas instalaciones existentes sean explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 14, letras a) y b) y en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva IPPC a más tardar el 30 de octubre de 2007.

| — | Que se condene en costas a Irlanda. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a Irlanda.

Motivos y principales alegaciones

Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva IPPC, los Estados miembros estaban obligados a garantizar que las autoridades competentes o bien extendieran autorizaciones de conformidad con los artículos 6 y 8 o bien, de forma adecuada, revisaran y, en su caso, actualizaran las condiciones de autorización existentes a más tardar el 30 de octubre de 2007, salvo si fuesen aplicables otras disposiciones comunitarias especiales.

A partir de la información que obra en su poder, la Comisión concluye que las instalaciones para la cría de cerdos y de aves de corral existentes en Irlanda aún son explotadas sin contar con ninguna autorización IPPC, por lo que la Comisión estima que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

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(1)  Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/19 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 11 de abril de 2012 — Peter Pinckney/KDG mediatech AG

(Asunto C-170/12)

2012/C 174/29

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Peter Pinckney

Recurrida: KDG mediatech AG

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una lesión a los derechos patrimoniales de autor cometida mediante el contenido ofrecido en línea en un sitio de internet,






  — | la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido ofrecido en línea en internet sea, o haya sido, accesible, para obtener reparación únicamente del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado dicha acción,
  o |
| --- | --- | --- |

1)

¿El artículo 5, número 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 (1) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una lesión a los derechos patrimoniales de autor cometida mediante el contenido ofrecido en línea en un sitio de internet,

—

la persona que se considera lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido ofrecido en línea en internet sea, o haya sido, accesible, para obtener reparación únicamente del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado dicha acción,

o

| — | es preciso, además, que esos contenidos estén o hayan estado destinados al público situado en el territorio de dicho Estado miembro, o que se ponga de manifiesto otro punto de conexión? |
| --- | --- |

—

es preciso, además, que esos contenidos estén o hayan estado destinados al público situado en el territorio de dicho Estado miembro, o que se ponga de manifiesto otro punto de conexión?

| 2) | ¿La pregunta formulada en el punto 1o) debe recibir la misma respuesta cuando la presunta lesión de los derechos patrimoniales de autor no resulta de la oferta en línea de un contenido desmaterializado, sino, como en el caso de autos, de la oferta en línea de un soporte material que reproduce dicho contenido? |
| --- | --- |

2)

¿La pregunta formulada en el punto 1o) debe recibir la misma respuesta cuando la presunta lesión de los derechos patrimoniales de autor no resulta de la oferta en línea de un contenido desmaterializado, sino, como en el caso de autos, de la oferta en línea de un soporte material que reproduce dicho contenido?

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(1)  DO 2001, L 12, p. 1.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/19 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/19

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Recurso de casación interpuesto el 11 de abril de 2012 por Carrols Corp. contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) dictada el 1 de febrero de 2012 en el asunto T-291/09, Carrols Corp./Oficina de Armonización del mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Sr. Giulio Gambettola

(Asunto C-171/12 P)

2012/C 174/30

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Carrols Corp. (representante: I. Temiño Ceniceros, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y Sr. Giulio Gambettola

Pretensiones

| — | La anulación total de la resolución del Tribunal General en el asunto T-291/09 de 1 de febrero de 2012. |
| --- | --- |

—

La anulación total de la resolución del Tribunal General en el asunto T-291/09 de 1 de febrero de 2012.

| — | Que se estimen totalmente las pretensiones aducidas en primera instancia. |
| --- | --- |

—

Que se estimen totalmente las pretensiones aducidas en primera instancia.

Motivos y principales alegaciones

Violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General materializado en la vulneración del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 (1) y la jurisprudencia que lo interpreta

En la resolución impugnada, el Tribunal General concluye que «en relación con la identidad de los signos de que se trata, ésta no puede demostrar la mala fe del coadyuvante si no existen otros elementos pertinentes».

Efectivamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07; Rec. p. I-4893) pone de manifiesto que «la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos» (apartado 37 de la sentencia). Sin embargo el Tribunal General erróneamente analiza cada hecho de forma individual y aislada obviando la visión de conjunto e incrementando de forma injustificada la carga probatoria al demandante en perjuicio de su derecho a la tutela judicial efectiva.

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(1)  Del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria

DO L 78, p. 1

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/20 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/20

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 18 de abril de 2012 — Yvon Welte/Finanzamt Velbert

(Asunto C-181/12)

2012/C 174/31

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Yvon Welte

Demandada: Finanzamt Velbert

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 56 y 58 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el sentido de que se oponen a la normativa nacional de un Estado miembro relativa al impuesto sobre sucesiones que, para el caso de adquisición mortis causa de un inmueble situado en territorio nacional de un causante no residente, establece una reducción de la base imponible de sólo 2 000 euros para el causahabiente no residente, mientras que en caso de adquisición mortis causa de la misma finca dicha reducción asciende a 500 000 euros cuando, en el momento de la sucesión, el causante o el causahabiente tengan su domicilio en el Estado miembro de que se trata?

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Tribunal General

| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/21 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/21

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Sentencia del Tribunal General de 3 de mayo de 2012 — Conceria Kara/OAMI — Dima (KARRA)

(Asunto T-270/10) (1)

(Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa KARRA - Marcas nacionales y comunitaria figurativas anteriores Kara - Denominación social Conceria Kara Srl y nombre comercial Kara - Motivos de denegación relativos - Artículo 75, primera frase, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 207/2009 - Artículo 8 del Convenio de París - Mala fe)

2012/C 174/32

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Conceria Kara Srl (Trezzano sul Naviglio, Italia) (representante: P. Picciolini, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: G. Mannucci, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti (Estambul, Turquía)

Objeto

Recuso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 29 de marzo de 2010 (asunto R 1172/2009-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Conceria Kara Srl y Dima — Gida Tekstil Deri Insaat Maden Turizm Orman Urünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Conceria Kara Srl. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Conceria Kara Srl.

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(1)  DO C 221, de 14.8.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/21 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/21

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Sentencia del Tribunal General de 2 de mayo de 2012 — Universal Display/OAMI (UniversalPHOLED)

(Asunto T-435/11) (1)

(Marca comunitaria - Registro internacional que designa la Comunidad Europea - Solicitud de marca comunitaria denominativa UniversalPHOLED - Motivo de denegación absoluto - Carácter descriptivo - Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009)

2012/C 174/33

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Universal Display Corp. (Ewing, Nueva Jersey, Estados Unidos) (representantes: A. Poulter y C. Lehr, Solicitors)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Geroulakos, agente)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 18 de mayo de 2011 (asunto R 215/2011-2) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo UniversalPHOLED como marca comunitaria.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Universal Display Corp. |
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2)

Condenar en costas a Universal Display Corp.

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(1)  DO C 298, de 8.10.2011.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/21 |
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16.6.2012

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C 174/21

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Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — de Brito Sequeira Carvalho/Comisión

(Asuntos acumulados T-40/07 P-REV y T-62/07 P-REV) (1)

(Procedimiento - Demanda de revisión - Hecho nuevo - Inexistencia - Inadmisibilidad)

2012/C 174/34

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Bruselas, Bélgica) (representante: M. Boury, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: J. Currall y D. Martin, agentes)

Objeto

Demanda de revisión de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2009, de Brito Sequeira Carvalho y Comisión/Comisión y de Brito Sequeira Carvalho (T-40/07 P y T-62/07 P, aún no publicada en la Recopilación).

Fallo

| 1) | Declarar la inadmisibilidad de la demanda de revisión. |
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1)

Declarar la inadmisibilidad de la demanda de revisión.

| 2) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 82, de 14.4.2007.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/22 |
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16.6.2012

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/22

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Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — El Fatmi/Consejo

(Asuntos acumulados T-76/07, T-362/07 y T-409/08) (1)

(Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas en el marco de la lucha contra el terrorismo - Retirada de la lista de personas afectadas - Recurso de anulación - Sobreseimiento)

2012/C 174/35

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Nouriddin El Fatmi (Vught, Países Bajos) [representantes: G. Pulles y A.M. van Eik (asuntos T-76/07, T-362/07 y T-409/08), J. Pauw (asuntos T-76/07 y T-362/07) y M. Uiterwaal (T-76/07), abogados]

Demandada: Consejo de la Unión Europea [representantes: inicialmente, G.-J. Van Hegelsom y E. Finnegan (T-76/07 y T-362/07), posteriormente, B. Driessen y E. Finnegan (T-76/07, T-362/07 y T-409/08), agentes]

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandante: Reino de los Países Bajos [representantes: inicialmente, C. Wissels, M. de Mol, Y. de Vries y M. de Grave (asunto T-76/07), posteriormente, C. Wissels, M. Bulterman y J. Langer, agentes], y Comisión Europea [representantes: S. Boelaert y P. van Nuffel e, inicialmente, J. Aquilina (asunto T-76/07), agentes]

Objeto

En esencia, pretensión de anulación de la Decisión 2006/1008/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 379, p. 123), remplazada sucesivamente por las Decisiones del Consejo 2007/445/CE, de 28 de junio de 2007 (DO L 169, p. 58), 2007/868/CE, de 20 de diciembre de 2007 (DO L 340, p. 100), 2008/583/CE, de 15 de julio de 2008 (DO L 188, p. 21), 2009/62/CE, de 26 de enero de 2009 (DO L 23, p. 25), el Reglamento (CE) no 501/2009 del Consejo, de 15 de junio de 2009 (DO L 151, p. 14), los Reglamentos de ejecución del Consejo (UE) no 1285/2009, de 22 de diciembre de 2009 (DO L 346, p. 39), (UE) no 610/2010, de 12 de julio de 2010 (DO L 178, p. 1), (UE) no 83/2011, de 31 de enero de 2011 (DO L 28, p. 14), y (UE) no 687/2011 de 18 de julio de 2011 (DO L 188, p. 2), en la medida en que el nombre del demandante figura en la lista de personas, grupos y entidades a las que se aplica el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344, p. 1).

Fallo

| 1) | Sobreseer el recurso. |
| --- | --- |

1)

Sobreseer el recurso.

| 2) | Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas al Consejo de la Unión Europea.

| 3) | La Comisión Europea y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La Comisión Europea y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 117, de 26.5.2007.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/22 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/22

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Auto del Tribunal General de 20 de abril de 2012 — Pachtitis/Comisión

(Asunto T-374/07) (1)

(Función pública - Selección - Oposición general - Desestimación de una solicitud que tiene por objeto obtener una copia de las preguntas y las respuestas de los test de acceso - Incompetencia del Tribunal General - Remisión al Tribunal de la Función Pública)

2012/C 174/36

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Demandante: Dimitrios Pachtitis (Atenas) (representantes: inicialmente P. Giatagantzidis y V. Niagkou; posteriormente P. Giatagantzidis y S. Stavoropoulou, y, por último, P. Giatagantzidis y N. Kyriazi, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall e I. Chatzigiannis, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de las demandantes: República Helénica (representantes: E.-M. Mamouna y K. Boskovits, agentes); Reino de Suecia (representantes: A. Falk y S. Johannesson, agentes), y Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) (representante: H. Hijmans, agente)

Objeto

Anulación, por una parte, de la decisión de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) de 27 de junio de 2007 por la que se deniega la petición del demandante de obtener acceso a las preguntas que se le formularon en el marco de la oposición general EPSO/AD/77/06 (DO C 277 A, p. 1), a sus respuestas a dichas preguntas y al listado de respuestas correctas a dichas preguntas y, por otra, de la denegación tácita de la solicitud confirmatoria de acceso, presentada por el demandante el 10 de julio de 2007 ante la EPSO.

Fallo

| 1) | Remitir el asunto T-374/07 al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. |
| --- | --- |

1)

Remitir el asunto T-374/07 al Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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(1)  DO C 283, de 24.11.2007.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/23 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/23

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Auto del Tribunal General de 24 de abril de 2012 — Alstom/Comisión

(Asunto T-517/09) (1)

(Competencia - Mercado de los transformadores de potencia - Escrito del contable de la Comisión - Negativa a aceptar la constitución de una garantía bancaria como modo de cobertura provisional de la multa - Desaparición del interés en ejercitar la acción - Sobreseimiento)

2012/C 174/37

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (representantes: J. Derenne y A. Müller-Rappard, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: A. Bouquet, N. von Lingen y K. Mojzesowicz, agentes)

Objeto

Por una parte, una pretensión de anulación de la Decisión C(2009) 7601 final de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del acuerdo EEE (Asunto COMP/39.129 — Transformadores de potencia), por la que se impone una multa a la demandante, y, por otra parte, una pretensión de anulación del escrito del contable de la Comisión de 10 de diciembre de 2009 por el que se rehúsa la prestación de una garantía bancaria como medio de pago provisional de dicha multa.

Fallo

| 1) | No procede pronunciarse sobre la pretensión de anulación del escrito del contable de la Comisión Europea de 10 de diciembre de 2009 por el que se rehúsa la prestación de una garantía bancaria como modo de cobertura provisional de la multa impuesta por la Decisión C(2009) 7601 final de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del acuerdo EEE (Asunto COMP/39.129 — Transformadores de potencia). |
| --- | --- |

1)

No procede pronunciarse sobre la pretensión de anulación del escrito del contable de la Comisión Europea de 10 de diciembre de 2009 por el que se rehúsa la prestación de una garantía bancaria como modo de cobertura provisional de la multa impuesta por la Decisión C(2009) 7601 final de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 [CE] y en el artículo 53 del acuerdo EEE (Asunto COMP/39.129 — Transformadores de potencia).

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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(1)  DO C 51, de 27.2.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/23 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/23

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Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2012 — F91 Diddeléng y otros/Comisión

(Asunto T-341/10) (1)

(Recurso de anulación - Archivo de una denuncia - No incoación de un procedimiento por incumplimiento - Inexistencia de acto impugnable - Inadmisibilidad)

2012/C 174/38

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandantes: F91 Diddeléng (Dudelange, Luxemburgo); Julien Bonnetaud (Yutz, Francia); Thomas Gruszczynski (Amnéville, Francia); Rainer Hauck (Maxdorf, Alemania); Stéphane Martine (Esch-sur-Alzette, Luxemburgo); Grégory Molnar (Moyeuvre-Grande, Francia) y Yann Thibout (Algrange, Francia) (representantes: L. Misson, C. Delrée y G. Ernes, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representantes: G. Rozet y P. Van Nuffel, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) (Mondercange, Luxemburgo) (representantes: inicialmente K. Daly, Solicitor, y D. Keane, SC, posteriormente, K. Daly)

Objeto

Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión dictada el 3 de junio de 2010 de archivar sin más trámites la denuncia presentada por los demandantes contra la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF), por la que se solicita la anulación de los reglamentos de la FLF que vulneran los artículos 39 CE y 81 CE, y que se impongan «las sanciones procedentes».

Fallo

| 1) | Declarar la inadmisibilidad del recurso. |
| --- | --- |

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

| 2) | F91 Dideléng, Julien Bonnetaud, Thomas Gruszczynski, Rainer Hauck, Stéphane Martine, Grégory Molnar y Yann Thibout cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

2)

F91 Dideléng, Julien Bonnetaud, Thomas Gruszczynski, Rainer Hauck, Stéphane Martine, Grégory Molnar y Yann Thibout cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

| 3) | La Fédération Luxembourgeoise de football (FLF) cargará con sus propias costas. |
| --- | --- |

3)

La Fédération Luxembourgeoise de football (FLF) cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 301, de 6.11.2010.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/23 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/23

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Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Hassan/Consejo

(Asunto T-572/11 R II)

(Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra Siria - Congelación de fondos y de recursos económicos - Demanda de medidas provisionales - Nueva demanda - Hechos nuevos - Inexistencia - Inadmisibilidad)

2012/C 174/39

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Samir Hassan (Damasco, Siria) (representantes: É. Morgan de Rivery y E. Lagathu, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: S. Kyriakopoulou y M. Vitsentzatos, agentes)

Objeto

Demanda de medidas provisionales, en particular, demanda de suspensión de la ejecución de las medidas restrictivas que el Consejo ha adoptado contra Siria, en tanto dichas medidas afectan al demandante.

Fallo

| 1) | Desestimar la demanda de medidas provisionales. |
| --- | --- |

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/24 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/24

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Auto del Presidente del Tribunal General de 23 de abril de 2012 — Ternavsky/Consejo

(Asunto T-163/12 R)

(Procedimiento sobre medidas provisionales - Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra Belarús - Congelación de fondos y de recursos económicos - Demanda de suspensión de la ejecución - Incumplimiento de requisitos de forma - Inadmisibilidad)

2012/C 174/40

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Anatoly Ternavsky (Moscú, Rusia) (representantes: C. Rapin y E. Van den Haute, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución del punto 2 del anexo II de la Decisión de Ejecución 2012/171/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por la que se aplica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (DO L 87, p. 95), y del punto 2 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) no 265/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) no 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Belarús (DO L 87, p. 37).

Fallo

| 1) | Desestimar la demanda de medidas provisionales. |
| --- | --- |

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

| 2) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/24 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/24

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Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — Francia/Comisión

(Asunto T-135/12)

2012/C 174/41

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: República Francesa (representantes: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter y J. Rossi, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la decisión impugnada en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Anule la decisión impugnada en su totalidad.

| — | Condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante su escrito de interposición del recurso, la parte demandante solicita la anulación de la Decisión C(2011) 9403 final de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, por la que se declara incompatible con el mercado interior, bajo determinadas condiciones, la ayuda aplicada por la República Francesa en favor de France Télécom relativa a la reforma del modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom [ayuda de Estado no C 25/2008 (anteriormente NN 23/2008)].

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, dividido en dos partes, basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que la Comisión consideró que la reforma del modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom era constitutiva de una ayuda de Estado. La parte demandante alega que:






  — | la Comisión incurrió en error al considerar que la reducción de la contraprestación que debía abonar France Télécom al Estado no libera a France Télécom de la desventaja estructural soportada por dicha empresa tras la entrada en vigor de la Ley de 1990 y que la medida da una ventaja a la citada empresa; |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, dividido en dos partes, basado en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, dado que la Comisión consideró que la reforma del modo de financiación de las jubilaciones de los funcionarios del Estado adscritos a France Télécom era constitutiva de una ayuda de Estado. La parte demandante alega que:

—

la Comisión incurrió en error al considerar que la reducción de la contraprestación que debía abonar France Télécom al Estado no libera a France Télécom de la desventaja estructural soportada por dicha empresa tras la entrada en vigor de la Ley de 1990 y que la medida da una ventaja a la citada empresa;

| — | con carácter subsidiario, la Comisión incurrió en error al considerar que France Télécom disfrutó de una ventaja a partir de 1996 pese al pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de dicha empresa. |
| --- | --- |

—

con carácter subsidiario, la Comisión incurrió en error al considerar que France Télécom disfrutó de una ventaja a partir de 1996 pese al pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de dicha empresa.

| 2) | Segundo motivo, basado, con carácter subsidiario, en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), dado que la Comisión supeditó la compatibilidad de la medida controvertida al cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 2 de la decisión impugnada. Este segundo motivo se divide en dos partes.






  — | Mediante la primera parte, la demandante sostiene que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al considerar que no se alcanzaba el tipo de equidad competitiva debido a que no se habían tomado en consideración los riesgos no comunes en el cálculo de la contraprestación abonada por France Télécom tras la entrada en vigor de la Ley de 1996. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado, con carácter subsidiario, en una infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), dado que la Comisión supeditó la compatibilidad de la medida controvertida al cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 2 de la decisión impugnada. Este segundo motivo se divide en dos partes.

—

Mediante la primera parte, la demandante sostiene que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al considerar que no se alcanzaba el tipo de equidad competitiva debido a que no se habían tomado en consideración los riesgos no comunes en el cálculo de la contraprestación abonada por France Télécom tras la entrada en vigor de la Ley de 1996.

| — | Mediante la segunda parte, la parte demandante sostiene, con carácter subsidiario, que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al no apreciar la insuficiencia del tipo de equidad competitiva habida cuenta del pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de France Télécom y al llegar a la conclusión que dicha empresa no había sido colocada en situación de equivalencia completa con sus competidores hasta 2043. |
| --- | --- |

—

Mediante la segunda parte, la parte demandante sostiene, con carácter subsidiario, que la Comisión infringió el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), al no apreciar la insuficiencia del tipo de equidad competitiva habida cuenta del pago de una contribución a tanto alzado excepcional por parte de France Télécom y al llegar a la conclusión que dicha empresa no había sido colocada en situación de equivalencia completa con sus competidores hasta 2043.

| 3) | Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación ya que la Comisión no consideró el tipo de 7 % como tipo de actualización de la contribución excepcional a tanto alzado. |
| --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación ya que la Comisión no consideró el tipo de 7 % como tipo de actualización de la contribución excepcional a tanto alzado.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/25 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/25

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Recurso interpuesto el 12 de abril de 2012 — Deutsche Börse/Comisión

(Asunto T-175/12)

2012/C 174/42

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Deutsche Börse AG (Fráncfort del Meno, Alemania) (representantes: C. Zschocke, J. Beninca y T. Schwarze, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la Decisión de la Comisión COMP/M.6166 — Deutsche Börse/NYSE Euronext de 1 de febrero de 2012. |
| --- | --- |

—

Anule la Decisión de la Comisión COMP/M.6166 — Deutsche Börse/NYSE Euronext de 1 de febrero de 2012.

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en diversas apreciaciones erróneas.






  — | En el primer motivo alega que la demandada no apreció debidamente las presiones resultantes de la competencia horizontal a que están sujetas las partes y que la consideración de la Comisión sobre las transacciones extrabursátiles de derivados y la alegación de ésta de que las partes supuestamente se presionaron respecto a sus comisiones de intercambio incurría en errores de Derecho y de apreciación. Además, la alegación de la Comisión de que las partes se presionan mediante la competencia en innovación es manifiestamente incorrecta y su análisis de la competencia entre plataformas de negociación no se basaba en pruebas significativas y concordantes. Asimismo, la Comisión consideró erróneamente la presión de la demanda, puesto que no analizó ni valoró el papel crucial de los clientes de las partes, entre los que se encuentran los principales participantes en las transacciones extrabursátiles, así como tampoco llevó a cabo ningún análisis cuantitativo. |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en diversas apreciaciones erróneas.

—

En el primer motivo alega que la demandada no apreció debidamente las presiones resultantes de la competencia horizontal a que están sujetas las partes y que la consideración de la Comisión sobre las transacciones extrabursátiles de derivados y la alegación de ésta de que las partes supuestamente se presionaron respecto a sus comisiones de intercambio incurría en errores de Derecho y de apreciación. Además, la alegación de la Comisión de que las partes se presionan mediante la competencia en innovación es manifiestamente incorrecta y su análisis de la competencia entre plataformas de negociación no se basaba en pruebas significativas y concordantes. Asimismo, la Comisión consideró erróneamente la presión de la demanda, puesto que no analizó ni valoró el papel crucial de los clientes de las partes, entre los que se encuentran los principales participantes en las transacciones extrabursátiles, así como tampoco llevó a cabo ningún análisis cuantitativo.

| 2) | Segundo motivo, basado en diversas apreciaciones erróneas y en la violación del derecho a ser oído.






  — | En el segundo motivo alega que la apreciación que hizo la demandada de las alegaciones de las partes relativas a la eficacia adolecía de errores manifiestos y no estaba respaldada por pruebas significativas y concordantes. La Comisión, de manera equivocada, aceptó únicamente algunos aspectos sobre la eficacia como verificables, inherentes a la operación de concentración y con un probable beneficio directo para los clientes, y adujo erróneamente que eran insuficientes para contrarrestar los efectos sobre la competencia de la operación de concentración. En relación con su evaluación tanto del ahorro colateral como del beneficio de liquidez, la Comisión violó el derecho de las partes a ser oídas al basarse en pruebas y alegaciones presentadas con posterioridad a la celebración de la vista, acerca de las cuales las partes no pudieron formular observaciones. La teoría de la «devolución» de la Comisión y su evaluación del carácter inherente a la operación de concentración del ahorro colateral se basaba en nuevas teorías y requisitos que no tienen fundamento en las Directrices de la Comisión sobre las concentraciones horizontales. (1) |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en diversas apreciaciones erróneas y en la violación del derecho a ser oído.

—

En el segundo motivo alega que la apreciación que hizo la demandada de las alegaciones de las partes relativas a la eficacia adolecía de errores manifiestos y no estaba respaldada por pruebas significativas y concordantes. La Comisión, de manera equivocada, aceptó únicamente algunos aspectos sobre la eficacia como verificables, inherentes a la operación de concentración y con un probable beneficio directo para los clientes, y adujo erróneamente que eran insuficientes para contrarrestar los efectos sobre la competencia de la operación de concentración. En relación con su evaluación tanto del ahorro colateral como del beneficio de liquidez, la Comisión violó el derecho de las partes a ser oídas al basarse en pruebas y alegaciones presentadas con posterioridad a la celebración de la vista, acerca de las cuales las partes no pudieron formular observaciones. La teoría de la «devolución» de la Comisión y su evaluación del carácter inherente a la operación de concentración del ahorro colateral se basaba en nuevas teorías y requisitos que no tienen fundamento en las Directrices de la Comisión sobre las concentraciones horizontales. (1)

| 3) | Tercer motivo, basado en la incorrecta valoración de las soluciones propuestas.






  — | En el tercer motivo alega que la demandada no valoró correctamente las soluciones propuestas por las partes. El rechazo al compromiso relativo a la completa separación del negocio de NYX’ (la demandante y NYSE Euronext) que se solapa con las transacciones de derivados basados en acciones, incluida la venta de los recursos de NYX’ BClear, no se sustentaba en pruebas adecuadas. La supuesta «relación simbiótica» entre los derivados basados en acciones y los basados en índices sobre acciones no existe, contradice el propio análisis de la Comisión sobre la definición de mercado y se formuló violando el derecho de defensa de las partes. El rechazo de la Comisión al compromiso relativo a las licencias sobre programas informáticos adolece de error y contradice sus conclusiones respecto de la competencia en tecnología. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en la incorrecta valoración de las soluciones propuestas.

—

En el tercer motivo alega que la demandada no valoró correctamente las soluciones propuestas por las partes. El rechazo al compromiso relativo a la completa separación del negocio de NYX’ (la demandante y NYSE Euronext) que se solapa con las transacciones de derivados basados en acciones, incluida la venta de los recursos de NYX’ BClear, no se sustentaba en pruebas adecuadas. La supuesta «relación simbiótica» entre los derivados basados en acciones y los basados en índices sobre acciones no existe, contradice el propio análisis de la Comisión sobre la definición de mercado y se formuló violando el derecho de defensa de las partes. El rechazo de la Comisión al compromiso relativo a las licencias sobre programas informáticos adolece de error y contradice sus conclusiones respecto de la competencia en tecnología.

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(1)  Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, C 31, p. 5).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/25 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/25

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Recurso interpuesto el 16 de abril de 2012 — Bank Tejarat/Consejo

(Asunto T-176/12)

2012/C 174/43

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Bank Tejarat (Teherán, Irán) (representantes: S. Zaiwalla, P. Reddy, y F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC, y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule el apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 22), en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Anule el apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 22), en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Anule el apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n 54/2012 del Consejo, de 23 de enero de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 1), en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Anule el apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n 54/2012 del Consejo, de 23 de enero de 2012, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 961/2010 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 19, p. 1), en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Anule el apartado 105 del cuadro B del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1), en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Anule el apartado 105 del cuadro B del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1), en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Declare que el artículo 20, apartado 1, de la Decisión 2010/413/PESC no es aplicable a la demandante. |
| --- | --- |

—

Declare que el artículo 20, apartado 1, de la Decisión 2010/413/PESC no es aplicable a la demandante.

| — | Declare que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo no es aplicable a la demandante. |
| --- | --- |

—

Declare que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo no es aplicable a la demandante.

| — | Declare que la anulación del apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo y del Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2012 del Consejo, así como del apartado 105 del cuadro B del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, tendrá efectos inmediatos. |
| --- | --- |

—

Declare que la anulación del apartado 2 del cuadro I.B. del anexo I de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo y del Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2012 del Consejo, así como del apartado 105 del cuadro B del anexo IX del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, tendrá efectos inmediatos.

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en






  — | que en su caso no concurren los criterios materiales para su inclusión con arreglo a los actos impugnados y que no existe base jurídica o fáctica para su inclusión, y/o que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación al determinar si se cumplían o no dichos criterios, y |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en

—

que en su caso no concurren los criterios materiales para su inclusión con arreglo a los actos impugnados y que no existe base jurídica o fáctica para su inclusión, y/o que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación al determinar si se cumplían o no dichos criterios, y

| — | que el Consejo incluyó a la demandante basándose en pruebas insuficientes para demostrar que concurrían los criterios y al proceder de ese modo incurrió en un (nuevo) error manifiesto de apreciación, ya que la demandante no cumple ninguno de los cinco criterios de inclusión previstos en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 267/2012, y que el Consejo no ha presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario. |
| --- | --- |

—

que el Consejo incluyó a la demandante basándose en pruebas insuficientes para demostrar que concurrían los criterios y al proceder de ese modo incurrió en un (nuevo) error manifiesto de apreciación, ya que la demandante no cumple ninguno de los cinco criterios de inclusión previstos en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 267/2012, y que el Consejo no ha presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario.

| 2) | Segundo motivo, basado en






  — | que la inclusión de la demandante vulnera sus derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al comercio y a llevar a cabo actividades comerciales, y al disfrute pacífico de sus bienes, y/o vulnera el principio de proporcionalidad. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en

—

que la inclusión de la demandante vulnera sus derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al comercio y a llevar a cabo actividades comerciales, y al disfrute pacífico de sus bienes, y/o vulnera el principio de proporcionalidad.

| 3) | Tercer motivo, basado en






  — | que el Consejo ha incumplido, en cualquier caso, los requisitos procesales: (a) comunicar a la demandante individualmente su inclusión; (b) motivarla suficientemente, y (c) respetar el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en

—

que el Consejo ha incumplido, en cualquier caso, los requisitos procesales: (a) comunicar a la demandante individualmente su inclusión; (b) motivarla suficientemente, y (c) respetar el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/26 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/26

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Recurso interpuesto el 20 de abril de 2012 — Spraylat/ECHA

(Asunto T-177/12)

2012/C 174/44

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Spraylat GmbH (Aquisgrán, Alemania) (representante: K. Fischer, abogado)

Demandada: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la fijación de una tasa administrativa por parte de la demandante de 21 de febrero de 2012 notificada a la demandante el 21 de febrero de 2012 (factura no 10.030.371). |
| --- | --- |

—

Anule la fijación de una tasa administrativa por parte de la demandante de 21 de febrero de 2012 notificada a la demandante el 21 de febrero de 2012 (factura no 10.030.371).

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

Con carácter subsidiario, la demandante solicita la anulación de la resolución SME(2012) 1445, de 15 de febrero de 2012.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cinco motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) y del Reglamento (CE) no 340/2008 (2)

  La demandante alega que, según los dos Reglamentos, la razón de ser lícita de la recaudación de la tasa administrativa, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008, consiste únicamente en cubrir los gastos administrativos que supone para la Echa el examen y registro en relación al tamaño de la empresa y que esto no se tiene en cuenta al fijar la tasa administrativa, según la resolución del consejo de administración de la ECHA MB/D/29/2010. Asimismo, resulta ilegal una recaudación gradual de la tasa administrativa en función del tamaño de la empresa, que conduce a que las grandes empresas han de cubrir parte de los gastos causados por el examen de las empresas de menor tamaño. |
| --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en la infracción del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1) y del Reglamento (CE) no 340/2008 (2)

La demandante alega que, según los dos Reglamentos, la razón de ser lícita de la recaudación de la tasa administrativa, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008, consiste únicamente en cubrir los gastos administrativos que supone para la Echa el examen y registro en relación al tamaño de la empresa y que esto no se tiene en cuenta al fijar la tasa administrativa, según la resolución del consejo de administración de la ECHA MB/D/29/2010. Asimismo, resulta ilegal una recaudación gradual de la tasa administrativa en función del tamaño de la empresa, que conduce a que las grandes empresas han de cubrir parte de los gastos causados por el examen de las empresas de menor tamaño.

| 2) | Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
  El principio exige que la recaudación de la tasa administrativa por parte de la demandada sea proporcionada al servicio prestado por ésta. La demandante considera que este no es el caso si se compara la cuantía recaudada de 20 700 euros con el servicio administrativo que la demandada ha prestado efectivamente. |
| --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad

El principio exige que la recaudación de la tasa administrativa por parte de la demandada sea proporcionada al servicio prestado por ésta. La demandante considera que este no es el caso si se compara la cuantía recaudada de 20 700 euros con el servicio administrativo que la demandada ha prestado efectivamente.

| 3) | Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad
  A este respecto, la demandante señala que la distinción de la cuantía de la tasa administrativa en función del tamaño de la empresa supone una diferencia de trato ilegal. Además, al modificar su práctica administrativa, la demandada vulnera el principio de igualdad al dar un trato desigual a la demandante frente a otros solicitantes, a los que la demandada ofreció la posibilidad de aportar correcciones respecto del tamaño de la empresa incluso después de haber recibido el número de registro, para evitar de este modo el pago de la tasa administrativa. |
| --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad

A este respecto, la demandante señala que la distinción de la cuantía de la tasa administrativa en función del tamaño de la empresa supone una diferencia de trato ilegal. Además, al modificar su práctica administrativa, la demandada vulnera el principio de igualdad al dar un trato desigual a la demandante frente a otros solicitantes, a los que la demandada ofreció la posibilidad de aportar correcciones respecto del tamaño de la empresa incluso después de haber recibido el número de registro, para evitar de este modo el pago de la tasa administrativa.

| 4) | Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica y del derecho a una buena administración
  Pese a haberse percatado de que, en la práctica de registro, la determinación correcta del tamaño de la empresa resulta difícil, la demandada –contrariamente al derecho a una buena administración– no brindó a la demandante la posibilidad de corregir los datos para evitar la tasa administrativa. |
| --- | --- |

4)

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica y del derecho a una buena administración

Pese a haberse percatado de que, en la práctica de registro, la determinación correcta del tamaño de la empresa resulta difícil, la demandada –contrariamente al derecho a una buena administración– no brindó a la demandante la posibilidad de corregir los datos para evitar la tasa administrativa.

| 5) | Delegación ilegal de competencias legislativas en la demandada
  El artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008 faculta a la demandada para recaudar una tasa administrativa sin que en el Reglamento figuren los detalles de la recaudación, en particular, el marco cuantitativo. La demandante considera que esto constituye una delegación ilegal de competencias legislativas en la demandada. |
| --- | --- |

5)

Delegación ilegal de competencias legislativas en la demandada

El artículo 13, apartado 4, del Reglamento no 340/2008 faculta a la demandada para recaudar una tasa administrativa sin que en el Reglamento figuren los detalles de la recaudación, en particular, el marco cuantitativo. La demandante considera que esto constituye una delegación ilegal de competencias legislativas en la demandada.

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(1)  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) no 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L 107, de 17.4.2008, p. 6).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/27 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/27

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Recurso interpuesto el 17 de abril de 2012 — Khwanda/Consejo

(Asunto T-178/12)

2012/C 174/45

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Mahran Khwanda (Damasco, Siria) (representantes: S. Jeffrey y S. Ashley, Solicitors, D. Wyatt, QC, y R. Blakeley, Barrister)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule el apartado 22 del anexo de la Decisión de Ejecución 2012/37/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 19, p. 33), en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Anule el apartado 22 del anexo de la Decisión de Ejecución 2012/37/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO L 19, p. 33), en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Anule el apartado 22 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 55/2012 del Consejo, de 23 de enero de 2012, por el que se aplica el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 19, p. 6), en la medida en que afecta a la demandante; |
| --- | --- |

—

Anule el apartado 22 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) no 55/2012 del Consejo, de 23 de enero de 2012, por el que se aplica el artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO L 19, p. 6), en la medida en que afecta a la demandante;

| — | Declare que los artículos 18, apartado 1, y 19, apartado 1, de la Decisión 2011/782/PESC del Consejo (1) no son aplicables a la demandante; |
| --- | --- |

—

Declare que los artículos 18, apartado 1, y 19, apartado 1, de la Decisión 2011/782/PESC del Consejo (1) no son aplicables a la demandante;

| — | Declare que los artículos 14, apartado 1, y 15, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo (2) no son aplicables a la demandante; |
| --- | --- |

—

Declare que los artículos 14, apartado 1, y 15, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo (2) no son aplicables a la demandante;

| — | Declare que la anulación del apartado 22 del anexo de la Decisión 2012/37/PESC del Consejo y del apartado 22 del anexo del Reglamento (UE) no 55/2012 del Consejo tendrá efectos inmediatos. |
| --- | --- |

—

Declare que la anulación del apartado 22 del anexo de la Decisión 2012/37/PESC del Consejo y del apartado 22 del anexo del Reglamento (UE) no 55/2012 del Consejo tendrá efectos inmediatos.

| — | Condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en






  — | que en su caso no concurren los criterios materiales para su inclusión con arreglo a los actos impugnados, ya que no existe base jurídica o fáctica para su inclusión, y que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación a este respecto; además, el Consejo incluyó a la demandante basándose en pruebas insuficientes; |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en

—

que en su caso no concurren los criterios materiales para su inclusión con arreglo a los actos impugnados, ya que no existe base jurídica o fáctica para su inclusión, y que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación a este respecto; además, el Consejo incluyó a la demandante basándose en pruebas insuficientes;

| — | que la demandante presentó pruebas sólidas en apoyo de su alegación y que, de hecho, adoptó medidas activas para impedir que fuerzas progubernamentales accedieran a la flota de autobuses de Kadmous Transport. El Consejo, en cambio, no presentó pruebas suficientes para cuestionar esas afirmaciones. |
| --- | --- |

—

que la demandante presentó pruebas sólidas en apoyo de su alegación y que, de hecho, adoptó medidas activas para impedir que fuerzas progubernamentales accedieran a la flota de autobuses de Kadmous Transport. El Consejo, en cambio, no presentó pruebas suficientes para cuestionar esas afirmaciones.

| 2) | Segundo motivo, basado en






  — | que la inclusión de la demandante vulnera sus derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al respeto a su vida privada y familiar, y al disfrute pacífico de sus bienes, y/o vulnera el principio de proporcionalidad. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en

—

que la inclusión de la demandante vulnera sus derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al respeto a su vida privada y familiar, y al disfrute pacífico de sus bienes, y/o vulnera el principio de proporcionalidad.

| 3) | Tercer motivo, basado en






  — | que el Consejo ha incumplido, en cualquier caso, los requisitos procesales: (a) notificar a la demandante individualmente su inclusión; (b) motivar suficientemente su inclusión, y (c) respetar el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en

—

que el Consejo ha incumplido, en cualquier caso, los requisitos procesales: (a) notificar a la demandante individualmente su inclusión; (b) motivar suficientemente su inclusión, y (c) respetar el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

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(1)  DO L 319, p. 56.

(2)  DO L 16, p. 1.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/28 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/28

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Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — Bateni/Consejo

(Asunto T-181/12)

2012/C 174/46

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Naser Bateni (Hamburgo, Alemania) (representantes: J. Kienzle y M. Schlingmann, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Declare la nulidad del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010, en la medida en que se refiere al demandante. |
| --- | --- |

—

Declare la nulidad del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010, en la medida en que se refiere al demandante.

| — | Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en especial con aquellas en las que incurra el demandante. |
| --- | --- |

—

Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en especial con aquellas en las que incurra el demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa del demandante






  — | El Consejo ha violado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva y, en particular, ha incumplido la obligación de motivación al no proporcionar una motivación suficiente para la inclusión del demandante en el anexo IX del Reglamento impugnado. |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa del demandante

—

El Consejo ha violado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva y, en particular, ha incumplido la obligación de motivación al no proporcionar una motivación suficiente para la inclusión del demandante en el anexo IX del Reglamento impugnado.

| — | El Consejo ha violado el derecho del demandante a ser oído, al no conceder a éste la posibilidad, prevista en el artículo 46, apartados 3 y 4, del Reglamento impugnado, de presentar alegaciones sobre la inclusión en las listas de personas sancionadas y de provocar con ello una reconsideración por el Consejo. |
| --- | --- |

—

El Consejo ha violado el derecho del demandante a ser oído, al no conceder a éste la posibilidad, prevista en el artículo 46, apartados 3 y 4, del Reglamento impugnado, de presentar alegaciones sobre la inclusión en las listas de personas sancionadas y de provocar con ello una reconsideración por el Consejo.

| 2) | Segundo motivo, basado en la falta de fundamento de la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas






  — | Los motivos indicados por el Consejo para la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas no especifican la base jurídica en la que se apoya exactamente dicha institución. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en la falta de fundamento de la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas

—

Los motivos indicados por el Consejo para la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas no especifican la base jurídica en la que se apoya exactamente dicha institución.

| — | Una actividad que el demandante ejerció sólo hasta marzo de 2008 no puede justificar su inclusión, en diciembre de 2011, en las listas de personas sancionadas. |
| --- | --- |

—

Una actividad que el demandante ejerció sólo hasta marzo de 2008 no puede justificar su inclusión, en diciembre de 2011, en las listas de personas sancionadas.

| — | La actividad del demandante como director de Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) no justifica su inclusión en las listas de personas sancionadas, en particular porque el Tribunal General de la Unión Europea anuló el Reglamento (UE) no 961/2010 (1) en la medida en que se refería a HTTS GmbH. |
| --- | --- |

—

La actividad del demandante como director de Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) no justifica su inclusión en las listas de personas sancionadas, en particular porque el Tribunal General de la Unión Europea anuló el Reglamento (UE) no 961/2010 (1) en la medida en que se refería a HTTS GmbH.

| — | El mero hecho de que el demandante haya sido director de una sociedad inglesa que, entretanto, se ha disuelto, no permite en modo alguno concluir que concurriese uno de los motivos mencionados en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento impugnado para la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas. |
| --- | --- |

—

El mero hecho de que el demandante haya sido director de una sociedad inglesa que, entretanto, se ha disuelto, no permite en modo alguno concluir que concurriese uno de los motivos mencionados en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento impugnado para la inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas.

| 3) | Tercer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del demandante al respeto de la propiedad privada






  — | La inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas constituye una injerencia injustificada en su derecho fundamental a la propiedad privada porque el demandante, debido a la insuficiente motivación realizada por el Consejo, no puede comprender por qué motivos ha sido incluido en la lista de personas afectadas por las sanciones. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en la violación del derecho fundamental del demandante al respeto de la propiedad privada

—

La inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas constituye una injerencia injustificada en su derecho fundamental a la propiedad privada porque el demandante, debido a la insuficiente motivación realizada por el Consejo, no puede comprender por qué motivos ha sido incluido en la lista de personas afectadas por las sanciones.

| — | La inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas es manifiestamente inadecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por el Reglamento impugnado y constituye además una injerencia desproporcionada en su derecho a la propiedad privada. |
| --- | --- |

—

La inclusión del demandante en las listas de personas sancionadas es manifiestamente inadecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por el Reglamento impugnado y constituye además una injerencia desproporcionada en su derecho a la propiedad privada.

---

(1)  Reglamento (UE) no 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 423/2007 (DO L 281, p. 1).

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/29 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/29

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Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — HTTS/Consejo

(Asunto T-182/12)

2012/C 174/47

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburgo, Alemania) (representantes: J. Kienzle y M. Schlingmann)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 en la medida en que se refiere a la demandante. |
| --- | --- |

—

Anule el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 en la medida en que se refiere a la demandante.

| — | Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en particular, con las expuestas por la demandante. |
| --- | --- |

—

Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en particular, con las expuestas por la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en la violación de los derechos de defensa de la demandante






  — | Alega que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a una tutela judicial efectiva y, en particular, ha incumplido la obligación de motivación, al no haber motivado suficientemente su decisión de incluir nuevamente a la demandante en la lista de personas, entidades y organismos que, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento impugnado, están sujetos a medidas restrictivas. |
| --- | --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en la violación de los derechos de defensa de la demandante

—

Alega que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a una tutela judicial efectiva y, en particular, ha incumplido la obligación de motivación, al no haber motivado suficientemente su decisión de incluir nuevamente a la demandante en la lista de personas, entidades y organismos que, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento impugnado, están sujetos a medidas restrictivas.

| — | Añade que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a ser oída, al no haberle ofrecido la posibilidad de pronunciarse previamente a la nueva inclusión en las listas de sanciones y solicitar de este modo un examen por el Consejo. |
| --- | --- |

—

Añade que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a ser oída, al no haberle ofrecido la posibilidad de pronunciarse previamente a la nueva inclusión en las listas de sanciones y solicitar de este modo un examen por el Consejo.

| 2) | Segundo motivo, basado en la falta de base para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones






  — | Según la demandante, los motivos que invoca el Consejo para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones no bastan para fundamentar su nueva inclusión y son erróneos en cuanto a su contenido. En particular, la demandante no se encuentra bajo control de IRISL. |
| --- | --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en la falta de base para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones

—

Según la demandante, los motivos que invoca el Consejo para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones no bastan para fundamentar su nueva inclusión y son erróneos en cuanto a su contenido. En particular, la demandante no se encuentra bajo control de IRISL.

| — | La inclusión de la demandante en las listas de sanciones se basa en un error manifiesto de apreciación de su situación y de su actividad por parte del Consejo. |
| --- | --- |

—

La inclusión de la demandante en las listas de sanciones se basa en un error manifiesto de apreciación de su situación y de su actividad por parte del Consejo.

| 3) | Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental de la demandante a la propiedad privada






  — | La nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia no justificada en su derecho fundamental a la propiedad privada, puesto que la demandante no puede comprender, debido a la motivación insuficiente por parte del Consejo, cuáles son los motivos por lo que se la incluye en la lista de personas afectada por las sanciones. |
| --- | --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental de la demandante a la propiedad privada

—

La nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia no justificada en su derecho fundamental a la propiedad privada, puesto que la demandante no puede comprender, debido a la motivación insuficiente por parte del Consejo, cuáles son los motivos por lo que se la incluye en la lista de personas afectada por las sanciones.

| — | Añade que la inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia desproporcionada en sus derechos de propiedad y es manifiestamente inadecuada para la consecución de los objetivos que se persiguen con el Reglamento impugnado. En cualquier caso, excede de lo que es necesario para la consecución de dichos objetivos. |
| --- | --- |

—

Añade que la inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia desproporcionada en sus derechos de propiedad y es manifiestamente inadecuada para la consecución de los objetivos que se persiguen con el Reglamento impugnado. En cualquier caso, excede de lo que es necesario para la consecución de dichos objetivos.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/29 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/29

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Recurso interpuesto el 23 de abril de 2012 — HUK-Coburg/Comisión

(Asunto T-185/12)

2012/C 174/48

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: HUK-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg (Coburgo, Alemania) (representantes: A. Birnstiel, H. Heinrich y A. Meier, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

| — | Anule la Decisión de la Comisión Europea, de 23 de febrero de 2012, por la que se desestimó la solicitud de la demandante de acceder a determinados documentos de un procedimiento en relación con un cártel (COMP/39.125 — Carglass). |
| --- | --- |

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea, de 23 de febrero de 2012, por la que se desestimó la solicitud de la demandante de acceder a determinados documentos de un procedimiento en relación con un cártel (COMP/39.125 — Carglass).

| — | Condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Condene en costas a la demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca cuatro motivos.

| 1) | Primer motivo, basado en la inexistencia de examen de los documentos específicos indicados en la solicitud
  En el marco del primer motivo, la demandante sostiene que la Decisión no se basa en un examen concreto e individual de cada uno de los documentos. En su opinión, la Decisión impugnada se basa en el supuesto erróneo de que, en el presente caso, existiría la presunción general de que sería aplicable una excepción. |
| --- | --- |

1)

Primer motivo, basado en la inexistencia de examen de los documentos específicos indicados en la solicitud

En el marco del primer motivo, la demandante sostiene que la Decisión no se basa en un examen concreto e individual de cada uno de los documentos. En su opinión, la Decisión impugnada se basa en el supuesto erróneo de que, en el presente caso, existiría la presunción general de que sería aplicable una excepción.

| 2) | Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
  En este segundo motivo, la demandante alega que la Comisión, en su Decisión, basó la desestimación total de su solicitud únicamente en consideraciones globales y, por lo tanto, de modo insuficiente. En su opinión, esto constituye un incumplimiento de la obligación de motivación y, en consecuencia, un vicio sustancial de forma. |
| --- | --- |

2)

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

En este segundo motivo, la demandante alega que la Comisión, en su Decisión, basó la desestimación total de su solicitud únicamente en consideraciones globales y, por lo tanto, de modo insuficiente. En su opinión, esto constituye un incumplimiento de la obligación de motivación y, en consecuencia, un vicio sustancial de forma.

| 3) | Tercer motivo, basado en la interpretación y aplicación erróneas del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1)

  Mediante su tercer motivo, la demandante alega que fueron erróneas la interpretación y aplicación, realizadas por la Comisión, de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento no 1049/2001. En su opinión, la Comisión no aprecia la relación norma-excepción y parte de un entendimiento demasiado amplio de «la protección de las actividades de investigación» y del concepto de «intereses comerciales». |
| --- | --- |

3)

Tercer motivo, basado en la interpretación y aplicación erróneas del artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1)

Mediante su tercer motivo, la demandante alega que fueron erróneas la interpretación y aplicación, realizadas por la Comisión, de las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento no 1049/2001. En su opinión, la Comisión no aprecia la relación norma-excepción y parte de un entendimiento demasiado amplio de «la protección de las actividades de investigación» y del concepto de «intereses comerciales».

| 4) | Cuarto motivo, basado en la no consideración de la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, como de interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001
  En su cuarto motivo, la demandante manifiesta que la Comisión denegó erróneamente que la divulgación de los documentos solicitados revistiera un interés público superior. En su opinión, la Comisión debería haber tenido en cuenta, en particular en el marco de la ponderación de los intereses, que también la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, reviste interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001. |
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4)

Cuarto motivo, basado en la no consideración de la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, como de interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001

En su cuarto motivo, la demandante manifiesta que la Comisión denegó erróneamente que la divulgación de los documentos solicitados revistiera un interés público superior. En su opinión, la Comisión debería haber tenido en cuenta, en particular en el marco de la ponderación de los intereses, que también la aplicación de la normativa sobre cárteles, que es de Derecho privado, reviste interés público a efectos del artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001.

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(1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

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Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/31 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/31

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Recurso interpuesto el 28 de noviembre de 2011 — ZZ/Comisión

(Asunto F-126/11)

2012/C 174/49

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: ZZ (representante: M. Boury, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de la AFPN pues impone al demandante una sanción disciplinaria de amonestación.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión AFPN CMS 10/038 por la que se impone al demandante una sanción de amonestación y la Decisión AFPN no R/393/11 confirmatoria de la primera. |
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Que se anule la Decisión AFPN CMS 10/038 por la que se impone al demandante una sanción de amonestación y la Decisión AFPN no R/393/11 confirmatoria de la primera.

| — | Que se declare que la sanción de amonestación que impuso la AFPN al demandante sin la presentación de pruebas válidas de los supuestos actos de acoso que se le imputan y sin la realización de una auténtica instrucción independiente, imparcial y justa que permita acreditar la realidad y la verdad de los supuestos actos de acoso cometidos por el demandante en relación con su colega, y que esta sanción discrecional constituye un acto discriminatorio por parte de la AFPN para con el demandante. |
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Que se declare que la sanción de amonestación que impuso la AFPN al demandante sin la presentación de pruebas válidas de los supuestos actos de acoso que se le imputan y sin la realización de una auténtica instrucción independiente, imparcial y justa que permita acreditar la realidad y la verdad de los supuestos actos de acoso cometidos por el demandante en relación con su colega, y que esta sanción discrecional constituye un acto discriminatorio por parte de la AFPN para con el demandante.

| — | Que se declare que durante todo este asunto el demandante ha sufrido graves daños morales y materiales y que, por ello, tiene derecho a que se le indemnicen esos mismos daños. Estos daños deben ser valorados de conformidad con unos criterios que debe establecer el Tribunal. |
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Que se declare que durante todo este asunto el demandante ha sufrido graves daños morales y materiales y que, por ello, tiene derecho a que se le indemnicen esos mismos daños. Estos daños deben ser valorados de conformidad con unos criterios que debe establecer el Tribunal.

| — | Que se declare, en concreto, que durante todo este asunto y los anteriores que tienen conexión con el mismo, el demandante ha sido víctima de graves violaciones de sus derechos humanos fundamentales, de derechos mencionados en los Tratados, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por ello, tiene derecho a obtener una indemnización por esas mismas violaciones, cuya apreciación corresponde al Tribunal. |
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Que se declare, en concreto, que durante todo este asunto y los anteriores que tienen conexión con el mismo, el demandante ha sido víctima de graves violaciones de sus derechos humanos fundamentales, de derechos mencionados en los Tratados, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por ello, tiene derecho a obtener una indemnización por esas mismas violaciones, cuya apreciación corresponde al Tribunal.

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| 16.6.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 174/31 |
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16.6.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 174/31

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Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2012 — ZZ/Comisión

(Asunto F-28/12)

2012/C 174/50

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: ZZ (representante: G. Cipressa, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión denegatoria presunta de la solicitud del demandante, en primer lugar, de eliminar una frase del informe médico de 28 de febrero de 2008, en segundo lugar, de remitir dicho informe corregido en tal sentido al médico elegido por el demandante y, en tercer lugar, de eliminar en general del expediente médico relativo al accidente laboral cualquier información relativa al hecho, que el demandante afirma que es falso, de que el polvo con el que estuvo en contacto el demandante ha resultado ser finalmente polvo blanco de la copia de un periódico al que está suscrito el demandante.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión desestimatoria de las pretensiones formuladas en la solicitud de 23 de diciembre de 2010. |
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Que se anule la decisión desestimatoria de las pretensiones formuladas en la solicitud de 23 de diciembre de 2010.

| — | Quatenus oportet, que se anule la decisión desestimatoria de la reclamación de 10 de julio de 2011, presentada contra la decisión denegatoria de la solicitud de 23 de diciembre de 2010. |
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Quatenus oportet, que se anule la decisión desestimatoria de la reclamación de 10 de julio de 2011, presentada contra la decisión denegatoria de la solicitud de 23 de diciembre de 2010.

| — | Que se condene en costas a la demandante. |
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Que se condene en costas a la demandante.

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