Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL1

ANDRÉS JOSÉ LUGO RIVERA

Apelante

v.

SYLMARIE GONZÁLEZ

RODRÍGUEZ

Apelada

KLAN2023008682

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Aguadilla

Caso Núm. 

AG2022RF00055

Sobre: 

Divorcio (R.I.)

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el 

Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos

Pagán Ocasio, juez ponente

SENTENC IA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2023.

I.

El 28 de septiembre de 2023, el señor Andrés José Lugo Rivera 

(señor Lugo Rivera o apelante) presentó una Apelación civil en la que 

solicitó que revoquemos una Resolución emitida y notificada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI) el 10 

de agosto de 2023.3 En su dictamen, el TPI autorizó la matrícula de 

una menor, producto del matrimonio entre el señor Lugo Rivera y la 

señora Sylmarie González Rodríguez (señora González Rodríguez o 

parte apelada), en una escuela privada ubicada en el Municipio de 

Aguadilla distinta a la institución educativa pública, situada en el

Municipio de Aguada, propuesta por el apelante dentro de un pleito 

de divorcio, relaciones paternofiliales, custodia y otros. Resolvió el 

foro recurrido que dicha institución educativa ofrece los servicios 

1 Ver Orden Administrativa OAJP-2021-86 del 4 de noviembre de 2021.

2 Relacionado con: KLCE202201277, KLAN202200441, KLAN202200991 y 

KLAN202300418.

3 Apéndice de la Apelación civil, págs. 67-70.
KLAN202300868 2

académicos conforme al grado de kínder que la niña requiere y 

merece.

El mismo día, el apelante radicó una Moción urgente para que 

se autorice transcripción en la que solicitó que se autorizara la 

transcripción de la prueba oral de una vista celebrada por el foro 

primario el 8 de agosto de 2023 y que se ordenara al TPI a entregar 

la regrabación solicitada.

El 4 de octubre de 2023, emitimos una Resolución en la que 

autorizamos la presentación de la transcripción como método de 

reproducción de la prueba oral y ordenamos a la parte apelante al 

cumplimiento con las Reglas 21, 22 y 76.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 21, 22 & 76.1.

El 1 de noviembre de 2023, el señor Lugo Rivera presentó una 

Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la 

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este 

caso en la que informó a esta Curia sobre una Sentencia dictada por 

el foro primario el 5 de octubre de 2023 en la que autorizó la 

custodia compartida de la menor en tiempo igual. Según esbozó, 

dicha decisión incidió sobre varias controversias objeto del presente 

recurso.

Ese mismo día, radicó una Moción en cumplimiento para 

presentar transcripción estipulada en la que sometió la transcripción 

de la vista según solicitado.

El 2 de noviembre de 2023, emitimos una Resolución en la que 

acogimos la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral y le 

concedimos a la parte apelante un plazo de treinta (30) días para 

presentar un alegato suplementario. Asimismo, expresamos que 

una vez radicado dicho alegato, entonces la parte apelada tendría 

treinta (30) días para someter su alegato en oposición a la Apelación.
KLAN202300868 3

El 30 de noviembre de 2023, la señora González Rodríguez 

radicó un Alegato en el que, en síntesis, se opuso a la revocación de 

la Sentencia apelada. 

El 4 de diciembre de 2023, emitimos una Resolución en la que 

nos dimos por enterados del cumplimiento de la parte apelada.

Transcurrido el término provisto a la parte apelante para la 

presentación de un Alegato suplementario sin que lo hiciera, damos 

por perfeccionado el recurso. En adelante, pormenorizaremos los 

hechos procesales atinentes al caso de autos.

II.

El caso de marras tiene su génesis el 27 de enero de 2022, día 

en que el señor Lugo Rivera radicó una Petición individual de divorcio 

por ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial.

4 El 

8 de marzo de 2022, la señora González Rodríguez presentó una 

Contestación a demanda.

5

Luego de múltiples trámites procesales, los cuales incluyeron 

cuatro casos ante este Tribunal de Apelaciones,6 el 9 de mayo de 

2023, el señor Lugo Rivera radicó una Moción urgente en cuanto a 

ingreso de la menor a la escuela en la que solicitó al TPI que 

autorizara la matrícula de la menor en una escuela bilingüe del 

Municipio de Aguada, así como la inclusión del padre en las 

responsabilidades de transporte de esta entre la institución y su 

hogar.

7 Según la moción, la escuela se ubicaba a dos minutos de la 

residencia de la menor y a doce (12) minutos de la residencia del 

apelante. Por ello, planteó que podría asumir la responsabilidad de 

transporte de la menor. Asimismo, añadió que trabajó en la escuela 

por cerca de un año. A su vez, manifestó que la señora González 

4 Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso en el Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (SUMAC).

5 Entrada Núm. 20 del expediente digital del caso en el SUMAC.

6 Refiérase a las sentencias emitidas por este Panel en el KLAN202200441 y el 

KLAN202300418 para una revisión de los demás hechos procesales de este caso.

7 Apéndice de la Apelación civil, págs. 1-3.
KLAN202300868 4

Rodríguez se opuso a la escuela por entender que no cumplía con 

sus expectativas y por preferir opciones con horario extendido 

debido a sus compromisos laborales, pese a la disponibilidad del 

apelante para transportar a la menor. Por último, denunció que la 

actitud de la madre en este caso no propendía al bienestar de la 

menor.

El 17 de mayo de 2023, la Trabajadora Social de la Unidad de 

Relaciones de Familia del TPI (Trabajadora Social) asignada al caso

sometió un Informe Social Complementario en el que realizó 

recomendaciones sobre la custodia compartida de la menor, así 

como los aspectos educativos y de salud mental.

8 En lo pertinente, 

esbozó que la escuela propuesta por el señor Lugo Rivera era 

cercana tanto al hogar paterno como al materno, mientras que la 

institución propuesta por la señora González Rodríguez era cercana 

al lugar de trabajo de esta. En vista de ello, si se escogiera la escuela 

propuesta por el padre, sería necesario que el señor Lugo Rivera se 

responsabilizara por transportar a la menor. Según el informe, de 

optarse por esa opción, también se evitaría colocar a la menor en un 

cuido. Por lo anterior, recomendó que se pudiera considerar la 

escuela ubicada en el Municipio de Aguada si el apelante se 

comprometía a asumir la responsabilidad de buscar a la menor al 

salir de clases, acudir a la escuela de surgir alguna situación de 

emergencia y hacerse cargo del cuido de la menor hasta que la 

madre culminara su jornada laboral diaria.

Ese mismo día, el señor Lugo Rivera radicó una Moción 

urgente para que se ordene a la demandada retirar la matrícula que 

hizo de la menor en kínder en violación al derecho de patria potestad 

del padre y sin autorización judicial en la que planteó que la señora 

González Rodríguez matriculó a la menor en la escuela ubicada en 

8 Íd., págs. 11-32.
KLAN202300868 5

el Municipio de Aguadilla, sin el consentimiento del padre y a la 

espera de la decisión del foro primario respecto a la controversia.9

Por ello, solicitó al TPI que ordenara a la parte apelada a retirar 

inmediatamente la matrícula de la menor.

Ese mismo día también, el TPI emitió una Resolución sobre 

moción urgente en la que recalcó que el asunto de la escuela en la 

que la menor sería matriculada era materia sub judice, por lo cual 

ninguna parte podía tomar una decisión unilateral sobre ello.

10

El 31 de mayo de 2023, la señora González Rodríguez presentó 

una Moción para cumplir orden en la que se expresó sobre la Moción 

urgente para que se ordene a la demandada retirar la matrícula que 

hizo de la menor en kínder en violación al derecho de patria potestad 

del padre y sin autorización judicial en la que solicitó que se 

autorizara la matrícula de la menor en la escuela ubicada en el 

Municipio de Aguadilla.

11 A su entender, dicha institución educativa

privada era la mejor opción para el bienestar de la menor porque: 

(1) se mantendría tanto la ruta actual de viaje de la menor como su 

rutina de horarios; (2) la localización de la misma cerca del lugar de 

empleo de la parte apelada le permitiría atender prontamente 

cualquier emergencia con la menor; (3) la escuela propuesta por el 

padre es una institución pública, por lo cual era conocido que ante 

ausencia de maestros, falta de personal, días de cierre temprano se 

podría afectar el tiempo lectivo de los menores y provocar que no se 

cubriera el currículum académico; y (4) según la situación de empleo 

descrita por el señor Lugo Rivera, de obtener un empleo, entonces 

no podría asumir la responsabilidad de transportar a la menor 

según propone y, por tanto, tendría que delegarla a otras personas. 

Además, defendió su decisión de matricular a la menor en la escuela 

9 Íd., págs. 7-9.

10 Íd., pág. 10.

11 Íd., págs. 36-39.
KLAN202300868 6

previo a una decisión final del foro primario sobre la controversia 

como un intento de asegurar el espacio debido a la cercanía del 

comienzo del semestre escolar.

Ese mismo día, radicó una Moción para exponer posición con 

relación a informe forense en la que se opuso al Informe Social

Complementario y sus recomendaciones, haciendo hincapié en que 

la custodia compartida no beneficiaría a la menor.

12

Ese mismo día también, el TPI emitió una Resolución en la que 

ordenó la celebración de una vista el 8 de agosto de 2023 para 

evaluar cuál escuela sería la mejor para el bienestar de la menor.13

Asimismo, como medida provisional, ordenó la matrícula de la 

menor en la escuela ubicada en el Municipio de Aguadilla.

El 9 de junio de 2023, el apelante presentó una Moción en 

solicitud de reconsideración en cuanto a la matrícula provisional de 

la menor en kínder en la que solicitó que reconsiderara su 

determinación de permitir la matrícula provisional de la menor en 

la escuela propuesta por la parte apelada.

14 En contraste, solicitó al 

TPI que autorizara la matrícula provisional en la escuela que 

propuso él, así como la citación de la Trabajadora Social como 

testigo para la vista evidenciaria sobre la controversia de la 

institución educativa. Según adujo, la menor tomó los exámenes de 

admisión y fue aceptada en la escuela ubicada en el Municipio de 

Aguada, la cual, además, alegó que fue recomendada en el Informe 

Social Complementario.

Ese mismo día, el TPI emitió una Resolución sobre Moción de 

reconsideración en la que dispuso que la reconsideración sería 

atendida en la vista.15

12 Íd., pág. 34.

13 Íd., pág. 40.

14 Íd., págs. 41-47.

15 Íd., pág. 48.
KLAN202300868 7

El 12 de junio de 2023, el TPI emitió una Resolución en la que 

consolidó la vista señalada para la evaluación de la controversia 

sobre la escuela en la que la menor sería matriculada con otra vista 

señalada para el 21 de junio de 2023.16

El 16 de junio de 2023, el TPI emitió una Orden en la que 

ordenó la expedición de citaciones tanto a la Trabajadora Social 

como a la directora escolar de la escuela propuesta por el señor Lugo 

Rivera.17

El 21 de junio de 2023, el TPI celebró una vista en la que se 

evaluó una controversia respecto a las relaciones filiales durante el 

verano y la participación de la menor en un campamento de verano, 

lo cual quedó documentado en una Minuta transcrita ese mismo 

día.18 Las partes tuvieron amplia oportunidad de desfilar prueba. A 

su vez, el foro primario señaló la continuación de la vista para el 8 

de agosto de 2023.

El 8 de agosto de 2023, se celebró la continuación de la vista 

en la que declararon: la señora Carol Monroig (señora Monroig),

asistente de directores de la escuela propuesta por la parte apelada;

la señora González Rodríguez; la señora Ayxa I. Arroyo Badillo, la 

Trabajadora Social adscrita al caso; y el señor Lugo Rivera, lo cual 

quedó plasmado en una Minuta transcrita el 9 de agosto de 2023.19

En dicha vista, la Trabajadora Social reiteró las recomendaciones 

incluidas en el Informe Social Complementario, a los efectos de que 

ambos padres se mantuvieran al tanto de las actividades escolares 

de la menor y la ayudaran a estudiar, así como que, contando con 

el compromiso de transportación del padre, se podría considerar la 

escuela propuesta por este. Asimismo, consignó que la funcionaria 

manifestó no haber investigado el ofrecimiento académico de cada 

16 Íd., pág. 52.

17 Íd., pág. 56-57.

18 Íd., págs. 61-62.

19 Íd., págs. 63-64.
KLAN202300868 8

escuela. En ese momento, no testificó la directora escolar de la 

escuela propuesta por el apelante, pese a haber sido anunciada 

como testigo.

El 10 de agosto de 2023, el TPI emitió la Resolución apelada 

en la que autorizó la matrícula de la menor en la escuela privada 

propuesta por la señora González Rodríguez.

20 En el dictamen, 

concluyó que autorizar la propuesta del señor Lugo Rivera 

equivaldría a afectar o interferir con la custodia monoparental 

ostentada por la parte apelada. A su juicio, no se recibió evaluación, 

evidencia, informe social o peritaje que acreditara que la propuesta 

del apelante era buena para la menor, lo cual era acentuado por la 

falta de buena comunicación entre las partes. Asimismo, señaló que

no se recibió prueba sobre el costo económico de las instituciones y 

que la escuela propuesta por el apelante está localizada más lejos

del trabajo de la madre, lo cual mereció importancia debido a que 

esta era la responsable principal de la menor en asuntos escolares.

Sobre el testimonio vertido en las vistas, la Resolución

consigna que la señora Monroig declaró sobre los servicios ofrecidos 

por la institución propuesta por la parte apelada, los cuales incluían 

enseñanza bilingüe, desarrollo de destrezas socioemocionales, 

servicio de desayuno y almuerzo, tres trabajadores sociales y una 

terapista, dos asistentes para el grado de kínder, placas solares que 

evitarían la interrupción de las clases por falta de energía eléctrica 

y facilidades de cuido hasta las 5:30 de la tarde, entre otras. Por otra 

parte, consignó que la señora González Rodríguez testificó que el 

cambio de escuela era necesario porque la institución en la que 

estaba la menor no ofrecía los grados de kínder, que matriculó a la 

menor de forma provisional para no perder el espacio, que evaluó 

varias escuelas y que determinó que la escuela ubicada en Aguadilla 

20 Íd., págs. 68-70.
KLAN202300868 9

era la mejor por su enseñanza bilingüe y cercanía a su lugar de 

empleo. Asimismo, señaló que no pudo ponerse de acuerdo con el 

apelante y expresó que, de suscitarse una emergencia, la escuela le 

quedaba a diez (10) o quince (15) minutos, mientras que la escuela 

propuesta por el apelante le queda a cuarenta y cinco (45) minutos.

Por otro lado, la Trabajadora Social prestó testimonio sobre la 

recomendación condicionada de la escuela propuesta por el señor 

Lugo Rivera, indicó no haber realizado un estudio más profundo de 

las escuelas, pero manifestó que conocía ambas escuelas y que eran 

buenas. Por último, el señor Lugo Rivera declaró que la escuela que 

propuso contaba con dos guardias de seguridad, dos trabajadoras 

sociales y una sicóloga. Asimismo, expresó que estaba estudiando a 

tiempo completo, que podía transportar a la menor y que la menor 

tomó un examen de admisión en la escuela, pero admitió que no le 

informó a la parte apelada sobre ese hecho y el resultado del 

examen.

El 25 de agosto de 2023, el señor Lugo Rivera radicó una 

Moción en solicitud de reconsideración y en solicitud de determinación 

de hechos adicio[nales] y enmiendas a determinaciones de hechos en 

cuanto a la matrícula de la menor en kínder en la que planteó que el 

foro primario debía reformular sus determinaciones de hechos y 

reconsiderar su autorización a matricular la menor en la escuela 

propuesta por la madre.

21

El 29 de agosto de 2023, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la reconsideración solicitada por el 

apelante.22

Inconforme, el 28 de septiembre de 2023, el señor Lugo Rivera 

presentó la Apelación civil de epígrafe y le imputó al foro primario la 

comisión del siguiente error:

21 Íd., págs. 71-84.

22 Íd., pág. 85. 
KLAN202300868 10

EL [TPI] COMETIÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN CRASO AL 

PERMITIR LA MATRÍCULA DE LA MENOR EN KÍNDER EN 

UNA ESCUELA QUE NO ES LA QUE MEJOR PROPENDE A 

SU BIENESTAR CONFORME A LAS RECOMENDACIONES 

QUE REALIZÓ LA UNIDAD SOCIAL Y EN LA QUE SE 

MATRICULÓ EN CONTRAVENCIÓN AL DERECHO A LA 

PATRIA POTESTAD DEL PADRE, INCLUSO HACIENDO 

DETERMINACIONES QUE NO SE SUSTENTAN EN LA 

PRUEBA.

En apoyo de su contención, argumentó que la escuela 

sugerida por el padre respondía al mejor bienestar de la menor, lo 

cual alegó que fue reconocido en el Informe Social Complementario

preparado por la Trabajadora Social. 

A su entender, el foro primario se equivocó en sus 

determinaciones de hechos, basadas en el desfile de prueba, y, en 

cambio, debió concluir que:

(1) La Trabajadora Social se reafirmó en que la escuela 

propuesta por el padre respondía al mejor bienestar de 

la menor; 

(2) La Trabajadora Social demostró que conocía 

perfectamente las escuelas, dado que expresó que había 

trabajado en la escuela propuesta por la señora 

González Rodríguez e iba todos los días a la escuela 

sugerida por el apelante; 

(3) La parte apelada testificó que no visitó la escuela 

recomendada por el padre y que quedaba a dos minutos 

de su residencia; 

(4) La parte apelada admitió que no pudo determinar si la 

escuela sugerida por el padre era mejor o peor que la 

institución propuesta por ella, que matriculó a la menor 

en la escuela sin autorización, que la escuela sugerida 

por ella tenía un sistema para ver las notas de la menor 

por vía electrónica, lo cual también existía en la escuela 

pública recomendada por el padre mediante el Sistema 

de Información Estudiantil; 

(5) La señora Monroig no pudo precisar si las maestras de 

kínder estaban acreditadas y admitió que los maestros 

del sistema público debían tener licencias específicas 

para impartir lecciones a cada grado;

(6) La señora Monroig también admitió que el currículo de 

ambas escuelas eran el mismo, así como las actividades,

y que seguían el calendario del Departamento de 

Educación;

(7) La señora Monroig declaró que la matrícula en la escuela 

propuesta por la madre estaba abierta durante todo el 

año.

(8) El señor Lugo Rivera testificó que trabajó en la escuela 

que proponía, que conocía a todo el personal, que era 

una escuela ejemplar y que contaba con una matrícula 

de quinientos (500) estudiantes y, por ello, la menor 

recibiría una educación centrada. Asimismo, destacó 

que los maestros tenían buena asistencia y que las 

instalaciones de la escuela eran buenas.

(9) El apelante expresó que la menor podría permanecer en 

dicha escuela hasta octavo grado, que la escuela estaba 

especializada en idiomas, que todas las clases se 

enseñaban en inglés, que los niños de grados 
KLAN202300868 11

elementales estaban totalmente supervisados, que 

había seguridad, que tenía servicios de un psicólogo, dos 

trabajadoras sociales y enfermeras, que ofrecía 

desayuno y almuerzo y que tenía dos campamentos de 

verano.

(10) El apelante declaró que el horario de la escuela era de 

7:30 en la mañana a 2:30 en la tarde, con posible

extensión hasta las 5:30 de la tarde.

(11) El apelante expresó que la escuela estaba ubicada a dos 

minutos de la residencia de la señora González 

Rodríguez y a quince minutos de la residencia del 

apelante.

(12) El apelante reiteró su disponibilidad para asistir a las 

faenas escolares de la menor.

(13) No se pasó prueba alguna en la audiencia sobre la 

custodia monoparental y cómo se vería afectada su 

custodia según la escuela en que se matriculara la 

menor. Tampoco se consideró prueba sobre el costo de 

las instituciones.23

Por último, el apelante esbozó que el Informe Social

Complementario admitido por el TPI reflejó que la escuela que 

propuso propendía al mejor bienestar de la menor, así como que 

contó con prueba de que hay comunicación entre las partes, debido 

a la coordinación habida entre ambas durante el verano.

El 1 de noviembre de 2023, el señor Lugo Rivera presentó una 

Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la 

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este 

caso en la que informó que, el 5 de octubre de 2023, el TPI emitió 

una Sentencia en la que concedió la custodia compartida de la 

menor en semanas alternas.

24 Según esbozó, el dictamen afectó la 

controversia ante esta Curia.

Ese mismo día, radicó una Moción en cumplimiento para 

presentar transcripción estipulada en la que sometió la transcripción 

de la vista según solicitado. El 2 de noviembre de 2023, emitimos 

una Resolución en la que acogimos la transcripción.

El 30 de noviembre de 2023, la señora González Rodríguez 

radicó un Alegato en el que esbozó que el recurso correcto para 

cuestionar la determinación del TPI era el certiorari, cuyos criterios 

23 Para un análisis literal de las determinaciones de hechos propuestas por el 

apelante, véase Apelación Civil, págs. 7-10, párrafos 24-38. 

24 Apéndice de la Moción para informar sobre decisión del TPI posterior a la 

presentación de este recurso que incide sobre la controversia en este caso, Anejo 1, 

págs. 1-19. 
KLAN202300868 12

de expedición alegó que no se cumplían y, en consecuencia, planteó 

que no debía ser expedido. En la alternativa, argumentó que debía 

sostenerse la Sentencia apelada, puesto que revocarla sería 

perjudicial para la menor. Asimismo, adujo que el apelante no 

demostró que el TPI actuó con prejuicio, pasión o parcialidad. Por el 

contrario, arguyó que el foro primario basó su decisión en la prueba

desfilada, la cual constituyó evidencia suficiente para demostrar que 

la escuela propuesta por ella propendía al mejor bienestar de la 

menor.

III.

A.

En nuestra jurisdicción, se ha reconocido que el derecho a la 

patria potestad es naturalmente inherente a los padres, representa 

un derecho fundamental de estos y es una función reconocida por 

el Estado en los padres, en beneficio de los menores. Torres, Ex

parte, 118 DPR 469, 472-473 (1987). Cuando se habla de patria 

potestad se refiere al conjunto de derechos y deberes que tienen los 

padres respecto a la persona y los bienes de sus hijos menores de 

edad no emancipados. Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 537 (2000); 

Torres, Ex parte, supra, pág. 473. De esta forma, los padres con 

patria potestad tienen el derecho de tomar decisiones esenciales y 

primordiales en la vida de los hijos menores de edad, entre las cuales 

se encuentra su educación. Gil v. Marini, 167 DPR 553, 568 (2006); 

Torres, Ex parte, supra, pág. 475; véase Art. 2, Sec. 5, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1. Este último deber de educar quedó incluido también 

en el Art. 153 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 

601, así como en el Art. 590 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, 

31 LPRA sec. 7242.

Ahora bien, frente a estos derechos y deberes, se encuentra el 

ejercicio de parens patriae del Estado. En virtud de este, los 

tribunales estamos llamados a regirnos por el bienestar y los 
KLAN202300868 13

mejores intereses de los menores al resolver controversias que 

versan sobre la patria potestad y la custodia de los menores. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645, 651 (2016); Rivera Ríos, 

Ex parte, 173 DPR 678, 682 (2008). De esta forma, si un tribunal 

percibe un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un 

menor, debe resolver a favor del menor. Íd.; Ortiz v. Meléndez, 164 

DPR 16, 28 (2005).

En adición, los intereses de los menores están revestidos de 

tal interés público que el Estado, en protección de dicho interés, 

tiene amplias facultades y discreción para actuar. Rivera Ríos, Ex 

parte, supra, págs. 682–683. Por ello, cuando los padres 

con patria potestad no pueden llegar a acuerdos respecto al menor, 

los tribunales tienen la facultad de adjudicar lo que proceda, puesto 

que “el ejercicio de una eminente patria potestad de El Pueblo de 

Puerto Rico es superior a la de los padres”. Rivera Ríos, Ex parte,

supra, pág. 682 (citando a Negrón v. Lugo, 59 DPR 870, 875 

(1942)). No obstante, esta facultad no es absoluta ni le permite al 

tribunal obviar los mandatos claros de la ley y la doctrina. Íd.

B.

Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el 

valor probatorio conferido a la prueba presentada en sala. González 

Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR 645, 665 (2019) 

(Resolución), Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado 

señor Feliberti Cintrón; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009). Ello, salvo que se demuestre que el Tribunal 

de Primera Instancia incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Íd. Esta norma de deferencia judicial está apoyada 

en que la tarea de apreciación de la prueba testifical está llena de 
KLAN202300868 14

elementos subjetivos y es el foro de primera instancia quien está en 

mejor posición para aquilatarla. González Rivera v. Robles 

Laracuente, supra; Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 

986-987 (2010); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 

771; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Los foros apelativos 

solo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. González Rivera 

v. Robles Laracuente, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001) citando a Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Por lo cual, las decisiones del tribunal de primera 

instancia están revestidas de una presunción de corrección. López 

García v. López García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. 

González Rodríguez, 149 DPR 859 (1999). 

A tenor con ello, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 42.2, dispone que “[l]as determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas testigos”. Sólo podremos intervenir con 

estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la

prueba. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746 (2011). Por tal razón, se ha establecido que, en ausencia de 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de 

ordinario, el pronunciamiento del tribunal de primera instancia será 

sostenido en toda su extensión por el tribunal intermedio. Sucn. 

Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).

Al respecto, “[u]n tribunal puede incurrir en abuso de 

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho 

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 
KLAN202300868 15

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable.” Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). Por otra 

parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 

834, 859 (2018), resolvió que:

[...] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si 

actúa “movido por inclinaciones personales de tal intensidad 

que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto a 

las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, sin 

importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 782 (2013).

Por otro lado, enunciamos que se consideran 

claramente erróneas las conclusiones del foro revisado “si de 

un análisis de la totalidad de la evidencia, este Tribunal queda 

convencido de que se cometió un error, [...] [porque] las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. 

Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 

728, 731 (1977).

Es decir, consideramos que se incurre en un error 

manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia 

de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 816 (2002).

Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe 

nuestra facultad para sustituir el criterio del foro primario a 

escenarios en que de la prueba admitida no exista base 

suficiente que apoye tal determinación. Íd. 

Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario

cometió error no debe hacerse ligeramente. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, pág. 775. Así pues, la parte que “señale 

que el juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe 

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente [...].” Íd. Es decir, 

quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). 
KLAN202300868 16

IV.

En el caso de marras, el TPI dictó una Resolución en la que 

autorizó la matrícula de la menor, hija de las partes, en una escuela 

privada que radica en el Municipio de Aguadilla, la cual fue 

propuesta por la señora González Rodríguez. A juicio del foro 

primario, la institución educativa propendía al mejor bienestar de la 

menor y, a su vez, consignó que no recibió prueba respecto a la 

conveniencia de la escuela promovida por el apelante.

En oposición, el señor Lugo Rivera adujo que el TPI abusó de 

su discreción, que la escuela propuesta por él respondía al mejor 

bienestar de la menor y que así lo consignó un Informe Social 

Complementario preparado por la Trabajadora Social adscrita al 

caso. Asimismo, arguyó que mediante su propio testimonio y el de 

la Trabajadora Social arrojó suficiente prueba para determinar que 

dicha escuela era preferible.

En contraste, la señora González Rodríguez argumentó dos 

posiciones: (1) que el recurso correcto para cuestionar la 

determinación del TPI era el certiorari, que los criterios para su 

expedición no se cumplían y que, por lo tanto, procedía denegar su 

expedición; y (2) que no procedía revocar la Sentencia por suponer 

un efecto perjudicial a la menor, sin evidencia de prejuicio, pasión o 

parcialidad ni prueba de que la escuela propuesta por el apelante 

era mejor que la propuesta por ella.

Como asunto de umbral, entendemos pertinente señalar que 

la Apelación ante nos es el recurso apropiado para la impugnación 

de la Resolución en cuestión, toda vez que se trata de un dictamen 

emitido por el TPI sobre patria potestad o custodia, el cual modifica 

alguna determinación final previa. Ello, en virtud de la 

jurisprudencia, constituye propiamente una sentencia de la cual se 

puede apelar. Véase Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 
KLAN202300868 17

807, 813-814 (2012); Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 129 

(1998).

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente, 

en especial de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) estipulada 

por las partes, en correcta práctica adjudicativa apelativa, resulta 

evidente que el TPI no incidió en el error señalado. La determinación 

apelada fue correcta en derecho. Los argumentos del apelante no 

nos motivan a variar la determinación del TPI, mientras que, por el 

contrario, la prueba desfilada confirma que la determinación del foro 

primario respondió al mejor interés de la menor.

Según se desprende del expediente, ante el foro primario 

desfiló prueba acerca de los amplios servicios e instalaciones que 

ofrece la escuela propuesta por la señora González Rodríguez, los 

cuales quedaron recogidos en la Resolución apelada y en la parte II 

de esta Sentencia. El foro primario entendió meritorio adjudicarles 

credibilidad a dichos testimonios, los cuales fueron vertidos por la 

parte apelada, la asistente de directores de la escuela y la 

Trabajadora Social adscrita al caso. En comparación, la prueba a 

favor de la escuela propuesta por el apelante careció de declaración 

alguna de los beneficios superiores de dicha institución, más allá 

del testimonio del señor Lugo Rivera. Es por ello que, frente a esta 

prueba, el TPI consideró creíble y le dio mayor peso a la evidencia 

vertida a favor de la escuela que propuso la parte apelada, en un 

ejercicio de valor probatorio y discreción. Resolvemos que no 

intervendremos con ello.

De igual manera, el apelante no adujo razón de peso para 

variar las determinaciones de hechos que el TPI realizó a base del 

testimonio oral. Dichas determinaciones no fueron claramente 

erróneas, sino que representaron el balance más racional, justiciero 

y jurídico de la totalidad de la prueba. Ausente prueba alguna de 
KLAN202300868 18

que el foro primario procedió con prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o abuso de discreción, corresponde sostenerlas.

Cabe destacar que, contrario a los argumentos del señor Lugo 

Rivera, la Trabajadora Social adscrita al caso expresó que se podría 

considerar la escuela propuesta por este con la condición de que el 

apelante, quien estaba desempleado, fuera quien transportara a la 

menor a la escuela.

Por otra parte, el señor Lugo Rivera trajo a nuestra atención 

una Sentencia dictada por TPI el 5 de octubre de 2023 en la que le 

concedió la custodia compartida de la menor en semanas alternas a 

ambos padres. Según adujo el apelante, esta determinación debe 

afectar la Apelación ante esta Curia, especialmente debido a que el 

foro primario consignó en la Resolución apelada que, entre sus 

razones, se encontraba evitar afectar o interferir con la custodia 

monoparental ostentada por la señora González Rodríguez. No le 

asiste la razón. Independientemente del cambio en la custodia, la 

prueba desfilada ante el foro primario lo llevó a concluir de forma 

fundamentada que la escuela propuesta por la madre respondía al 

mejor bienestar e interés de la menor. Ese criterio no debe verse 

afectado por la determinación de custodia compartida.

A la luz de lo anterior, procede confirmar la determinación 

recurrida, toda vez que es correcta en derecho y el apelante no adujo 

argumentos ni presentó evidencia alguna para justificar la 

intervención de esta Curia.

V.

Por los fundamentos anteriores, se confirma la Resolución 

recurrida.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones