Número Identificador

SEN2023________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL III

PUERTO RICO 

CONSUMER DEBT 

MANAGEMENT CO., INC.

RECURRIDA

v.

ELVIRA PAGÁN 

FIGUEROA

PETICIONARIA

KLCE202300547

Certiorari

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Municipal de Yauco

Civil núm.: 

GY2021CV00122

(SALÓN 1 SALA 

SUPERIOR)

Sobre:

COBRO DE 

DINERO – REGLA 

60

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores.

Grana Martínez, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2023.

La peticionaria, Elvira Pagán Figueroa, solicita que 

revoquemos la negativa del Tribunal de Primera Instancia (TPI) a la 

desestimación de la demanda por la inacción de la recurrida, Puerto 

Rico Consumer Debt Management Co., Inc. (PRCDM), en la 

tramitación del caso.

Por su parte, el 24 de mayo de 2023, PRCDM expresó su 

oposición al recurso.

I

Los hechos procesales que anteceden a la presentación de este 

recurso son los siguientes.

El 15 de agosto de 2021, la recurrida presentó una demanda 

de cobro de dinero contra la peticionaria al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 60.1 La recurrida alegó 

que la señora Pagán adeuda la cantidad de cinco mil setecientos 

sesenta y cuatro dólares con cinco centavos ($5,764.05), el cual 

1 Índice de apéndices, págs. 1-35
KLCE202300547 2

incluye el principal e intereses. En síntesis, alegaron que la 

peticionaria incumplió con los pagos mensuales antes del saldo 

completo del balance adeudado.2 Finalmente, sostuvieron que 

realizaron varias gestiones para solicitar el pago de la deuda, pero el 

resultado fue infructuoso. Para sustentar sus alegaciones, anejaron 

una declaración jurada, un resumen de las actividades de la cuenta 

de la señora Pagán, entre otros documentos y un proyecto de 

notificación-citación.

Transcurrido más de seis meses desde la radicación de la 

demanda, y sin haberse efectuado trámite alguno por las partes, el 

22 de diciembre de 2022, siendo notificada el 11 de enero de 2023, 

el TPI emitió una Orden, solicitándole a PRCDM que se expresara 

sobre por qué no debía desestimar la demanda bajo la Regla 39.2(b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 39.2(b).3

Posteriormente, la recurrida presentó su moción, mediante la 

cual manifestó que estaban en la espera de que el foro primario 

citara para vista y expidieran las notificaciones a la señora Pagán.4

Así las cosas, la peticionaria fue notificada y citada para juicio en su 

fondo.

El 24 de febrero de 2023, la peticionaria presentó Contestación 

a Demanda, y en la misma fecha solicitó la desestimación al amparo 

de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.

5 Sostuvo que, la 

demanda fue presentada el 15 de agosto de 2021, y no fue hasta que 

el foro primario emitió una Orden el 11 de enero de 2023, que 

entonces la recurrida solicitó expidieran la notificación-citación, la 

cual debió ser diligenciada en el plazo de 10 días desde la 

2 Surge de la demanda que Puerto Rico Consumer Debt Management es una 

agencia de cobro que fue contratada por Jefferson Capital Systems, LLC, como su 

“master servicer” y representante legal en Puerto Rico. Este último adquirió del 

acreedor original, Oriental Bank, todos los derechos, título e intereses de la deuda 

que se generó bajo el contrato objeto del presente litigio.

3 Íd., pág. 36.

4 Íd., pág. 37.

5 Íd., págs. 39-44.
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presentación de la demanda. Expresó que PRCDM pretendió 

responsabilizar al foro primario de la inacción del caso, cuando 

fueron éstos quienes no realizaron ninguna diligencia para cumplir 

con los requisitos en Ley. A su vez, sostuvo que la moción 

presentada por éstos últimos no justificó su inacción durante el 

término de 17 meses que tuvieron para solicitar al Tribunal la 

radicación de la citación-notificación. Por consiguiente, solicitó la 

desestimación de la demanda, puesto que, el tribunal no había 

adquirido jurisdicción sobre su persona.

Luego de varias incidencias procesales, y evaluadas las 

mociones presentadas, el 28 de abril de 2023, siendo notificada el 5 

de mayo de 2023, el TPI emitió una Resolución.6 Mediante la cual 

dispuso como hechos probados los siguientes:

1. La Demanda de autos fue presentada el 15 de agosto 

de 2021. A la misma se acompañó proyecto de 

notificación-citación para ser expedido por 

Secretaría.

2. El 22 de diciembre de 2022 el Tribunal emitió orden 

a la parte demandante, notificada el 11 de enero de 

2023, para justificar en 10 días porque no debía 

desestimarse el caso de autos bajo la Regla 39.2(b) 

de Procedimiento Civil.

3. El 24 de enero de 2023 la parte demandante justificó 

inactividad, debido a que no tuvo control de que la 

secretaría no hubiese expedido el proyecto de 

Notificación-Citación que se acompañó a la 

Demanda.

4. El 10 de febrero de 2023 se expidió 

notificación/citación para juicio en su fondo bajo la 

Regla 60 de Procedimiento Civil.

5. Conforme a Moción Solicitando Desestimación 

presentada por la parte demandada (entrada 8 de 

SUMAC), el 15 de febrero de 2023 se notificó a la 

parte demandada de copia de la demanda y orden de 

videoconferencia para juicio mediante envío por 

correo certificado; quedando notificada del 

señalamiento de juicio para el 28 de abril de 2023.

6 Íd., págs. 45-48.
KLCE202300547 4

Por consiguiente, el foro primario determinó que la demanda 

fue debidamente notificada, y el término para diligenciar la 

notificación-citación se cumplió.

Inconforme con la determinación, la peticionaria presentó este 

recurso en el que hace el siguiente señalamiento de error:

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial 

de Ponce, al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la parte demandadarecurrente al amparo [sic] de la regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil, ante la inactividad de la parte 

demandante por más de un año.

II

A.

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el cual se solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise las determinaciones interlocutorias realizadas por un foro 

inferior. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et al., 207 DPR 994 

(2021); 800 Ponce De León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). Es 

norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. ELA 

et al., 203 DPR 708, 718 (2019). A diferencia del recurso de 

apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352 (2020).

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et 

al., supra. La citada Regla establece que el recurso solo se expedirá 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios 

provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57, o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 800 Ponce de 
KLCE202300547 5

León v. AIG, supra, pág. 190. También dispone que el tribunal 

apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir 

un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relacionados a privilegios evidenciarios, casos de anotaciones de 

rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de interés 

público o en cualquier otra situación en la que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El 

delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar las “dilaciones innecesarias, el fraccionamiento de causas y 

las intervenciones a destiempo.” Íd.; Véase, además, Scotiabank v. 

ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019).

A su vez, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que 

debemos tomar en consideración al evaluar si procede expedir un 

auto de certiorari, estos son:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 
KLCE202300547 6

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. Por lo tanto, de no estar 

presente ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de 

expedir el auto solicitado.

B.

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

procedimiento especial para cuando se presente un pleito en cobro 

de una suma que no exceda los quince mil dólares ($15,000) 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el 

caso bajo el procedimiento ordinario. Su propósito primordial es 

agilizar y simplificar los procedimientos en reclamaciones de 

cuantías pequeñas, para facilitar el acceso a los tribunales y una 

justicia más rápida, justa y económica en esos casos. A tales fines, 

la citada Regla dispone que:

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 

que no exceda los quince mil (15,000) dólares, 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la 

demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 

ordinario, la parte demandante deberá presentar 

un proyecto de notificación-citación que será 

expedido inmediatamente por el Secretario o 

Secretaria. La parte demandante será 

responsable de diligenciar la notificacióncitación dentro de los diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 

mediante entrega personal conforme lo dispuesto 

en la Regla 4 o por correo certificado con acuse 

de recibo.

La notificación-citación indicará la fecha señalada 

para la vista en su fondo, que se celebrará no más 

tarde de los tres (3) meses a partir de la presentación 

de la demanda, pero nunca antes de quince (15) días 

de la notificación a la parte demandada. En la 

notificación se advertirá a la parte demandada que 

en la vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que si no comparece podrá dictarse 

sentencia en rebeldía en su contra.

La parte demandante podrá comparecer a la vista 

por sí o mediante representación legal. El Tribunal 

entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el 

acto de la vista y dictará sentencia inmediatamente. 

Como anejo a la demanda, el demandante 

acompañará una declaración jurada sosteniendo los 

hechos contenidos en la demanda o copia de 

cualquier otro documento que evidencie las 
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reclamaciones de la demanda. Si la parte 

demandada no comparece y el Tribunal determina 

que fue debidamente notificada y que le debe alguna 

suma a la parte demandante, será innecesaria la 

presentación de un testigo por parte del demandante 

y el Tribunal dictará sentencia conforme a lo 

establecido en la Regla 45. A petición de parte, si se 

demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene 

alguna reclamación sustancial, o en el interés de la 

justicia, la parte demandada tendrá derecho a 

solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o 

el Tribunal podrá motu proprio ordenarlo. (Énfasis 

nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 60.

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, busca beneficiar a 

la parte demandante, pues es quien quiere hacer uso del

procedimiento ágil y económico que le provee este mecanismo 

procesal. Asoc. Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88 (2002). No 

obstante, la regla también procura que los derechos de la parte 

demandada queden debidamente cubiertos. Íd.

C.

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el que 

el tribunal adquiere jurisdicción sobre el demandado. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). La 

secretaría del tribunal tiene que expedir los emplazamientos el día 

que el demandante presentó la demanda, siempre y cuando 

entregue los formularios ese mismo día. Cuando se dan esas 

circunstancias, el tiempo adicional que la secretaría tardó en 

expedir los emplazamientos, será el mismo tiempo adicional que 

tendrá el demandante para diligenciarlos. No obstante, para que eso 

ocurra, el demandante tiene que haber presentado oportunamente 

una solicitud para que se expidan los emplazamientos. Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, págs. 648-650.

Los tribunales no pueden disminuir el término para 

diligenciar un emplazamiento. El término de 120 días para 

diligenciar el emplazamiento personal es improrrogable y para que 

comience a transcurrir se requiere que se: (1) someta la demanda, 
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(2) someta el emplazamiento correspondiente y (3) expida el 

emplazamiento. Los 120 días comienzan a transcurrir una vez la 

secretaría del tribunal de instancia expide los emplazamientos. 

Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 203 DPR 982, 987, 991(2020).

La mal denominada moción de prórroga a la que alude la 

Regla 4.3 (c) no es una solicitud para ampliar el término de 120 días. 

Se trata realmente de la petición que hace el demandante a la 

secretaría del tribunal para que expida los emplazamientos, porque 

se ha retrasado irrazonablemente. A través de ese escrito, el 

demandante le advierte al tribunal el retraso y evidencia que no se 

cruzó de brazos. Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, supra, pág. 991.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró en Pérez Quiles v. 

Santiago Cintrón, 206 DPR 379, 389 (2021), que cuando la secretaría 

expide los emplazamientos a los 3 o 5 días de presentada la 

demanda o en un período suficientemente corto, se entiende que el 

demandante no ha tenido tiempo suficiente para preparar el escrito 

solicitando su expedición. La moción en la que la parte demandante 

solicita la expedición de los emplazamientos, solo se justifica cuando 

la secretaría incurrió en una tardanza irrazonable.

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, autoriza 

la desestimación de la demanda, cuando el demandante ha 

incumplido con las reglas o con sus órdenes. Los tribunales pueden 

desestimar un pleito o eliminar las alegaciones a iniciativa propia o 

a solicitud de parte. Un primer incumplimiento solo conllevará la 

severa sanción de la desestimación, después de apercibir a la 

representación de la parte y de darle la oportunidad de responder. 

El tribunal sancionaría a la representación legal si no responde al 

apercibimiento y notificará directamente a la demandante de la 

situación. La desestimación solo procederá luego de informar o 

apercibir debidamente a la parte de la situación y de las 

consecuencias de no corregirla. El tribunal le concederá un tiempo 
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razonable para que corrija la situación. Sin embargo, ese término no 

será menos de treinta días, salvo que las circunstancias del caso 

justifiquen su reducción.

El inciso b de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

permite la desestimación y archivo de todos los asuntos pendientes, 

cuando las partes no han realizado ningún trámite durante los 

últimos seis (6) meses y salvo que la inactividad haya sido 

oportunamente justificada. Las mociones de suspensión, 

transferencia de vista o prórroga no son consideradas un trámite. El 

tribunal concederá diez (10) días a las partes y a su representación 

legal para que exponga por escrito las razones por las cuales no 

procede la desestimación. A menos que el tribunal disponga de otro 

modo, la desestimación por los incisos (a) y (b) es con perjuicio y 

constituye una adjudicación del caso en sus méritos. VS PR, LLC v. 

Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 265-268, 272-273 (2021).

Nuestro Tribunal Supremo interpretó en Sánchez Rodríguez v. 

Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009), la correlación que existe 

cuando el emplazamiento no se diligencia dentro del término 

establecido en ley y la desestimación por la dejadez o inacción de 

una de las partes. La opinión fue emitida conforme a las Reglas 4.3 

(b) y 39.2 de Procedimiento Civil, anteriores a las reglas vigentes. La 

decisión resolvió que ambas circunstancias: (1) conceden discreción 

al tribunal para finalizar un caso que ha sido desatendido por un 

litigante, (2) tienen el propósito de acelerar la litigación y despejar 

los calendarios, (3) tienen como objetivos la economía procesal, el 

descongestionamiento de los tribunales y evitar pleitos que atrasen 

el calendario (4) acarrean la desestimación con perjuicio en el caso 

del emplazamiento y una adjudicación en sus méritos en el caso de 

la desestimación. El abandono del pleito por inactividad, al igual que 

la falta de emplazamiento dentro del término legal, provocan 
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demoras innecesarias y perjudiciales para el sistema de justicia y 

para el demandado. Íd.

En Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 844 

(1975), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó:

... la labor constitucional e indelegable de los 

tribunales de primera instancia de velar y garantizar 

que los procedimientos y asuntos se ventilen sin 

demora, lo cual constituye la política judicial 

establecida por este foro con miras a lograr una 

justicia rápida y eficiente.

A lo allí expuesto, debemos aclarar que este enfoque 

se traduce en unas obligaciones que recaen sobre 

abogados y litigantes, que en sus variadas 

modalidades, se sintetizan del siguiente modo: 

diligencia y acción en el reclamo del derecho a todo 

lo largo del trámite judicial. Cubre desde la 

radicación de la demanda, su rápida contestación, el 

uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba 

y el cumplimiento de las órdenes del tribunal.

D.

Nuestro más Alto Foro local resolvió en Rojas Lugo v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000), que los tribunales pueden eximir a 

una parte del requisito de cumplir fielmente con un término de 

cumplimiento estricto “si están presentes dos condiciones: (1) que 

en efecto exista justa causa para la dilación; y (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene 

para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera 

adecuada la justa causa aludida”. Por consiguiente, en ausencia de 

justa causa, el tribunal no tiene discreción para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto. García Ramis v. Serrallés, 171 

DPR 250 (2007). Los tribunales sólo tienen discreción para extender 

el plazo si existe y se demuestra justa causa para el incumplimiento. 

Córdova Ramos v. Larín Herrera, 151 DPR 192 (2000).

En Arraiga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 

122 (1998), el TSPR dispuso que no es con vaguedades, excusas o 

planteamientos estereotipados que se cumple con el requisito de 

justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, 
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debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que 

la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias 

especiales. Íd; Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).

III

La señora Pagán acude ante nos, debido a la negativa del foro 

primario en desestimar la demanda por inacción del caso, puesto 

que la recurrida estuvo más de 1 año sin solicitar que se emitiera la 

notificación-citación. Alega que, la recurrida intentó responsabilizar 

al TPI de la inactividad, al no haber expedido la notificación-citación, 

cuando debió mostrar diligencia en la continuidad en el caso.

Por su parte, PRCDM sostiene que presentaron el proyecto de 

notificación-citación según requieren las reglas, y le correspondía al 

foro primario expedirlo. Añadieron que la desestimación es la 

sanción más extrema, y en todo caso, lo que procedería sería una 

amonestación al abogado. Por consiguiente, solicitan que se 

confirme la determinación del TPI y se continúe con los 

procedimientos del caso.

Surge inequívocamente del expediente de autos que la 

recurrida presentó la Demanda el 15 de agosto de 2021, y anejó un 

proyecto de notificación-citación para que fuera expedido por 

secretaría. Sin embargo, transcurrido 1 año y 5 meses desde la 

presentación de las alegaciones, el TPI emitió una Orden

requiriéndole a PRCDM que se expresara sobre por qué no debía 

desestimar la demanda bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 

supra. En respuesta, la recurrida expresó “[e]l presente caso se 

radicó la demanda y nos encontramos en espera de que este 

Honorable Tribunal cite para vista.”

Según dispone nuestro ordenamiento jurídico, la notificación 

bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, al demandado se 

hace a través de una notificación-citación. Significa que, además de 

notificarle al demandado la reclamación en cobro de dinero 
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presentada en su contra, por ese mismo medio, se le cita para la 

vista en su fondo. La regla especifica que será el Secretario quien 

inmediatamente notifique y cite al demandado por correo o 

cualquier otro medio de comunicación por escrito, y a su vez, indica 

que será la parte demandante el responsable de diligenciar la 

notificación-citación dentro de 10 días de presentada la demanda.

En el caso de autos, transcurrió 1 año y 5 meses desde que 

PRCDM presentó la demanda bajo la Regla 60, supra, y el TPI le 

ordenara exponer las razones para no desestimarla bajo la Regla 

39.2 (b), supra. Sin embargo, determinamos que la respuesta que 

ofreció la recurrida al foro primario, no justificó oportunamente su 

inacción. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la 

observancia tardía de un término es permisible, si se justifica 

detalladamente y a cabalidad una justa causa. González Santos v. 

Bourns PR, Inc., 125 DPR 48 (1989).

A su vez, la recurrida no fue diligente durante la tramitación 

del pleito, puesto que dejó transcurrir un periodo irrazonable sin 

solicitarle al tribunal que emitiera la notificación-citación, la cual 

debió ser diligenciada en 10 días desde que presentaron la demanda. 

El hecho de que PRCDM haya expresado que estaban en la espera 

de la citación por parte del Tribunal, no justifica la inactividad por 

más de 1 año. El abandono del pleito por inactividad o la falta de 

emplazamiento dentro del término provisto por ley provocan 

demoras innecesarias que tienen consecuencias perjudiciales. 

Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700 (1985). A su vez, “le corresponde, 

tanto al tribunal como a las partes, velar porque se cumpla con el 

principio cardinal procesal de que los procedimientos en los 

tribunales deben tramitarse de forma justa, rápida y económica.” 

Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 DPR 150 (2002).

De otra parte, a pesar de que la señora Pagán contestó la 

demanda, el mismo día presentó una moción de desestimación por 
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falta de jurisdicción sobre la persona, pues nunca se notificó dentro 

del término dispuesto en ley. De modo que, la falta de notificacióncitación o emplazamiento, al ser un trámite medular para el 

cumplimiento con el debido procedimiento de ley, afecta 

directamente la jurisdicción del tribunal.

A la luz de lo anterior, hace necesaria nuestra intervención 

con la discreción ejercida por el TPI en el caso de autos. Por lo que, 

determinamos que erró el tribunal a quo al determinar que la 

peticionaria fue debidamente notificada. Procede revocar la 

Resolución recurrida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se desestima la demanda 

de epígrafe.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones