# Diario Oficial C 139/2012

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2012.139.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 139 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 55o año15 de mayo de 2012 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.139.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 139

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año15 de mayo de 2012

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | DICTÁMENES |
| | Supervisor Europeo de Protección de Datos |
| 2012/C 139/01 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la tarjeta de conductor | 1 |
| 2012/C 139/02 | Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia | 6 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

2012/C 139/01

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la tarjeta de conductor

1

2012/C 139/02

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia

o

6

| | II   Comunicaciones |
| --- | --- |
| | COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Comisión Europea |
| 2012/C 139/03 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6551 — Kellogg Company/Pringles Snack Business) (
  1
  ) | 16 |
| 2012/C 139/04 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6516 — Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital Group) (
  1
  ) | 16 |
| 2012/C 139/05 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6534 — Wienerberger/Pipelife International) (
  1
  ) | 17 |
| 2012/C 139/06 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals) (
  1
  ) | 17 |
| 2012/C 139/07 | No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) (
  1
  ) | 18 |

II   Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

2012/C 139/03

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6551 — Kellogg Company/Pringles Snack Business) (
  1
  )

1

16

2012/C 139/04

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6516 — Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital Group) (
  1
  )

1

16

2012/C 139/05

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6534 — Wienerberger/Pipelife International) (
  1
  )

1

17

2012/C 139/06

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals) (
  1
  )

1

17

2012/C 139/07

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited) (
  1
  )

1

18

| | IV   Información |
| --- | --- |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2012/C 139/08 | Anuncio dirigido a las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, que se aplica en virtud de la Decisión de Ejecución 2012/256/PESC, y en el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, que se aplica en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2012 del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria | 19 |
| | Comisión Europea |
| 2012/C 139/09 | Tipo de cambio del euro | 20 |

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2012/C 139/08

Anuncio dirigido a las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, que se aplica en virtud de la Decisión de Ejecución 2012/256/PESC, y en el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, que se aplica en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2012 del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

o

o

19

Comisión Europea

2012/C 139/09

Tipo de cambio del euro

20

| | V   Anuncios |
| --- | --- |
| | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS |
| | Comisión Europea |
| 2012/C 139/10 | Convocatoria de propuestas — EACEA/15/12 — Programa La juventud en acción — Acción 4.3 — Sistemas de apoyo a la juventud — Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la juventud | 21 |
| | PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA |
| | Comisión Europea |
| 2012/C 139/11 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6579 — Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 25 |
| 2012/C 139/12 | Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6565 — Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL — Áreas SA) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  ) | 27 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Comisión Europea

2012/C 139/10

Convocatoria de propuestas — EACEA/15/12 — Programa La juventud en acción — Acción 4.3 — Sistemas de apoyo a la juventud — Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la juventud

21

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

2012/C 139/11

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6579 — Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

1

25

2012/C 139/12

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.6565 — Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL — Áreas SA) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado (
  1
  )

1

27

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| | (1)   Texto pertinente a efectos del EEE |

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(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

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| ES | |
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ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/1 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/1

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la tarjeta de conductor

2012/C 139/01

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el artículo 28, apartado 2.

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

I.   INTRODUCCIÓN

| 1. | El 11 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la tarjeta de conductor (en adelante, «la propuesta») (3). |
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1.

El 11 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los permisos de conducción que incluyan las funciones de la tarjeta de conductor (en adelante, «la propuesta») (3).

| 2. | La propuesta forma parte de las medidas presentadas por la Comisión para reforzar el despliegue de los tacógrafos digitales en la Unión Europea, tal como anunció en la Comunicación «Tacógrafo digital: Hoja de ruta para futuras actividades» (4). La propuesta complementa la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, adoptada por la Comisión el 19 de julio de 2011 (en adelante denominada la «propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera») (5), sobre la que el SEPD emitió un dictamen el 5 de octubre de 2011 (6). |
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2.

La propuesta forma parte de las medidas presentadas por la Comisión para reforzar el despliegue de los tacógrafos digitales en la Unión Europea, tal como anunció en la Comunicación «Tacógrafo digital: Hoja de ruta para futuras actividades» (4). La propuesta complementa la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, adoptada por la Comisión el 19 de julio de 2011 (en adelante denominada la «propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera») (5), sobre la que el SEPD emitió un dictamen el 5 de octubre de 2011 (6).

I.1.   Consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 3. | El 11 de noviembre de 2011, la Comisión trasladó la propuesta al SEPD para su consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. |
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3.

El 11 de noviembre de 2011, la Comisión trasladó la propuesta al SEPD para su consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001.

| 4. | El SEPD lamenta no haber tenido la posibilidad de formular observaciones informales a la Comisión antes de la adopción de la propuesta. El SEPD recomienda incluir una referencia a esta consulta en el preámbulo de la propuesta. |
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4.

El SEPD lamenta no haber tenido la posibilidad de formular observaciones informales a la Comisión antes de la adopción de la propuesta. El SEPD recomienda incluir una referencia a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.

I.2.   Antecedentes generales

| 5. | La propuesta establece el fundamento jurídico y las modalidades de fusión de las tarjetas de conductor y los permisos de conducción, aplicando así el artículo 27 de la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera en el que se estableció el principio de dicha fusión. El artículo 27 de la propuesta establece que, a partir del 19 de enero de 2018, las tarjetas de conductor se integrarán en los permisos de conducción y serán expedidas, renovadas, intercambiadas y sustituidas con arreglo a lo preceptuado en la Directiva 2006/126/CE. |
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5.

La propuesta establece el fundamento jurídico y las modalidades de fusión de las tarjetas de conductor y los permisos de conducción, aplicando así el artículo 27 de la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera en el que se estableció el principio de dicha fusión. El artículo 27 de la propuesta establece que, a partir del 19 de enero de 2018, las tarjetas de conductor se integrarán en los permisos de conducción y serán expedidas, renovadas, intercambiadas y sustituidas con arreglo a lo preceptuado en la Directiva 2006/126/CE.

| 6. | La tarjeta de conductor (7) es un componente del sistema de tacógrafo establecido con arreglo al Reglamento (CEE) no 3821/85. La tarjeta de conductor se concede al conductor profesional y permite la identificación por el tacógrafo de quien la posee. También permite almacenar en la tarjeta los datos relacionados con las actividades del conductor, para un posible control posterior. Incluye una determinada cantidad de información, que ha sido especificada en el anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, incluida la información relativa al permiso de conducción. Dicho anexo, sin embargo, será revisado para adaptarlo a los avances tecnológicos posteriores a la adopción de la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera. |
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6.

La tarjeta de conductor (7) es un componente del sistema de tacógrafo establecido con arreglo al Reglamento (CEE) no 3821/85. La tarjeta de conductor se concede al conductor profesional y permite la identificación por el tacógrafo de quien la posee. También permite almacenar en la tarjeta los datos relacionados con las actividades del conductor, para un posible control posterior. Incluye una determinada cantidad de información, que ha sido especificada en el anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, incluida la información relativa al permiso de conducción. Dicho anexo, sin embargo, será revisado para adaptarlo a los avances tecnológicos posteriores a la adopción de la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera.

| 7. | La fusión de la tarjeta de los conductores profesionales con sus permisos de conducción ya fue identificada por la Comisión, como consecuencia de una consulta de las partes implicadas y una evaluación de impacto (8), como una solución para reducir el fraude, así como para simplificar la carga administrativa y los costes de emisión de dichos documentos. El objetivo de la propuesta es permitir la «coexistencia de ambas funciones integradas en un único documento, es decir, que el permiso de conducción incluya las funciones de la tarjeta de conductor» (9). |
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7.

La fusión de la tarjeta de los conductores profesionales con sus permisos de conducción ya fue identificada por la Comisión, como consecuencia de una consulta de las partes implicadas y una evaluación de impacto (8), como una solución para reducir el fraude, así como para simplificar la carga administrativa y los costes de emisión de dichos documentos. El objetivo de la propuesta es permitir la «coexistencia de ambas funciones integradas en un único documento, es decir, que el permiso de conducción incluya las funciones de la tarjeta de conductor» (9).

I.3.   Cuestiones en materia de protección de datos planteadas por la propuesta

| 8. | Como el SEPD ya subrayó en su dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (10), la agrupación prevista de la tarjeta de conductor y el permiso de conducción podría afectar a la protección concedida actualmente a los datos de los conductores. |
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8.

Como el SEPD ya subrayó en su dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (10), la agrupación prevista de la tarjeta de conductor y el permiso de conducción podría afectar a la protección concedida actualmente a los datos de los conductores.

| 9. | Considerando la potencial cantidad de información registrada sobre las actividades del conductor y su paradero (como la fecha, hora, distancia, geolocalización, velocidad, etc.), la tarjeta del conductor es mucho más que una simple tarjeta identificativa que certifica que la persona es un conductor profesional. Por tanto, resulta más intrusiva desde el punto de vista de la protección de datos ya que está destinada a controlar el cumplimiento por parte de alguien de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera. |
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9.

Considerando la potencial cantidad de información registrada sobre las actividades del conductor y su paradero (como la fecha, hora, distancia, geolocalización, velocidad, etc.), la tarjeta del conductor es mucho más que una simple tarjeta identificativa que certifica que la persona es un conductor profesional. Por tanto, resulta más intrusiva desde el punto de vista de la protección de datos ya que está destinada a controlar el cumplimiento por parte de alguien de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera.

| 10. | Por tanto, es fundamental que el tratamiento de datos en el contexto de los permisos de conducción que incorporen tarjetas de conductor se efectúe de acuerdo con el marco de protección de datos europeo, tal como establecen los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Directiva 95/46/CE (11). |
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10.

Por tanto, es fundamental que el tratamiento de datos en el contexto de los permisos de conducción que incorporen tarjetas de conductor se efectúe de acuerdo con el marco de protección de datos europeo, tal como establecen los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Directiva 95/46/CE (11).

| 11. | En el presente dictamen, el SEPD se centrará en el análisis de dos cuestiones principales: i) si ha quedado lo suficientemente demostrado que la fusión del permiso de conducción con la tarjeta de conductor es necesaria para obtener los fines perseguidos en vista de las repercusiones sobre la intimidad de dicha fusión, y ii) si queda suficientemente garantizado que el tratamiento de los datos de los conductores en una única tarjeta respeta el principio de proporcionalidad. |
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11.

En el presente dictamen, el SEPD se centrará en el análisis de dos cuestiones principales: i) si ha quedado lo suficientemente demostrado que la fusión del permiso de conducción con la tarjeta de conductor es necesaria para obtener los fines perseguidos en vista de las repercusiones sobre la intimidad de dicha fusión, y ii) si queda suficientemente garantizado que el tratamiento de los datos de los conductores en una única tarjeta respeta el principio de proporcionalidad.

II.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

II.1.   ¿Es necesario integrar las tarjetas de conductor con los permisos de conducción?

| 12. | La integración de las tarjetas de conductor profesional con sus permisos de conducción plantea una serie de preocupaciones desde la perspectiva de la protección de datos y la intimidad. En primer lugar, el SEPD señala que no ha quedado lo suficientemente demostrada la necesidad de integrar la tarjeta de conductor y el permiso de conducción. La Comisión indica en su exposición de motivos de la propuesta que dicha integración es «una solución» para ayudar a combatir el fraude y la utilización indebida de las tarjetas de conductor; sin embargo, desde un punto de vista de la protección de datos, no queda demostrado que dicha fusión sea la mejor manera de lograr dichos objetivos y si podrían haberse considerado otros medios menos intrusivos. |
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12.

La integración de las tarjetas de conductor profesional con sus permisos de conducción plantea una serie de preocupaciones desde la perspectiva de la protección de datos y la intimidad. En primer lugar, el SEPD señala que no ha quedado lo suficientemente demostrada la necesidad de integrar la tarjeta de conductor y el permiso de conducción. La Comisión indica en su exposición de motivos de la propuesta que dicha integración es «una solución» para ayudar a combatir el fraude y la utilización indebida de las tarjetas de conductor; sin embargo, desde un punto de vista de la protección de datos, no queda demostrado que dicha fusión sea la mejor manera de lograr dichos objetivos y si podrían haberse considerado otros medios menos intrusivos.

| 13. | También deberá tenerse en cuenta que la fusión de ambas tarjetas, las cuales tienen dos finalidades totalmente distintas, iría en contra del principio de limitación a una finalidad específica establecido en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46/CE. La tarjeta de conductor es más que una simple tarjeta de identidad que certifica que la persona es un conductor profesional, ya que sirve para controlar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera por parte de los conductores profesionales. La propia Comisión identifica que se dará la «coexistencia de ambas funciones integradas en un único documento, es decir, que el permiso de conducción incluya las funciones de la tarjeta de conductor» (12). |
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13.

También deberá tenerse en cuenta que la fusión de ambas tarjetas, las cuales tienen dos finalidades totalmente distintas, iría en contra del principio de limitación a una finalidad específica establecido en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46/CE. La tarjeta de conductor es más que una simple tarjeta de identidad que certifica que la persona es un conductor profesional, ya que sirve para controlar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera por parte de los conductores profesionales. La propia Comisión identifica que se dará la «coexistencia de ambas funciones integradas en un único documento, es decir, que el permiso de conducción incluya las funciones de la tarjeta de conductor» (12).

| 14. | Las modalidades de la fusión también presentan riesgos específicos desde el punto de vista de la protección de datos y la intimidad que no han sido resueltos. La obligación para los Estados miembros, con arreglo al artículo 1 de la propuesta, de introducir un microchip en todos los nuevos permisos de conducción integrados que se expedirán a los conductores plantea problemas respecto de si la medida es necesaria y proporcionada a efectos del tratamiento. Debe evaluarse rigurosamente la repercusión sobre el tratamiento de la fusión de las dos tarjetas y el uso de un microchip en el nuevo permiso de conducción integrado. El SEPD recomienda, por tanto, que la integración de la tarjeta de conductor en el permiso de conducción únicamente debería estar prevista después de haber realizado una evaluación de impacto sobre intimidad y seguridad. Esto debería estar claramente mencionado en el artículo 1 de la propuesta. |
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14.

Las modalidades de la fusión también presentan riesgos específicos desde el punto de vista de la protección de datos y la intimidad que no han sido resueltos. La obligación para los Estados miembros, con arreglo al artículo 1 de la propuesta, de introducir un microchip en todos los nuevos permisos de conducción integrados que se expedirán a los conductores plantea problemas respecto de si la medida es necesaria y proporcionada a efectos del tratamiento. Debe evaluarse rigurosamente la repercusión sobre el tratamiento de la fusión de las dos tarjetas y el uso de un microchip en el nuevo permiso de conducción integrado. El SEPD recomienda, por tanto, que la integración de la tarjeta de conductor en el permiso de conducción únicamente debería estar prevista después de haber realizado una evaluación de impacto sobre intimidad y seguridad. Esto debería estar claramente mencionado en el artículo 1 de la propuesta.

| 15. | No está claro, en cambio, el modo en que se efectuará la fusión de todos los documentos de conducción respecto de los conductores profesionales y si el nuevo permiso de conducción integrado también incluiría los datos relativos a su aptitud para conducir otros tipos de vehículos destinados a uso privado. En ese caso, se deben aplicar mecanismos claros para garantizar que cada parte de la tarjeta únicamente es accesible por las personas que están autorizadas para ello. Al SEPD también le preocupa que dicha posibilidad pueda llevar a los Estados miembros a ampliar el uso del microchip a todos los permisos de conducción, incluidos aquellos destinados a un uso privado. La elección del uso de dicha tecnología en los documentos de identidad en relación con la capacidad de conducción tiene una repercusión en la protección de datos y en la intimidad de las personas, en particular respecto del tipo y la cantidad de información que puede incluir y cualquier opción al respecto no debe depender de los equipos técnicos. La decisión debe quedar sujeta a un debate público y transparente, así como a la definición de garantías adecuadas en la legislación que aseguren la protección de los datos y la intimidad de las personas. |
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15.

No está claro, en cambio, el modo en que se efectuará la fusión de todos los documentos de conducción respecto de los conductores profesionales y si el nuevo permiso de conducción integrado también incluiría los datos relativos a su aptitud para conducir otros tipos de vehículos destinados a uso privado. En ese caso, se deben aplicar mecanismos claros para garantizar que cada parte de la tarjeta únicamente es accesible por las personas que están autorizadas para ello. Al SEPD también le preocupa que dicha posibilidad pueda llevar a los Estados miembros a ampliar el uso del microchip a todos los permisos de conducción, incluidos aquellos destinados a un uso privado. La elección del uso de dicha tecnología en los documentos de identidad en relación con la capacidad de conducción tiene una repercusión en la protección de datos y en la intimidad de las personas, en particular respecto del tipo y la cantidad de información que puede incluir y cualquier opción al respecto no debe depender de los equipos técnicos. La decisión debe quedar sujeta a un debate público y transparente, así como a la definición de garantías adecuadas en la legislación que aseguren la protección de los datos y la intimidad de las personas.

| 16. | Asimismo, el SEPD destaca que el uso de los datos de los conductores debe evaluarse cuidadosamente en el contexto más amplio de los sistemas de transporte inteligente y el alcance con que los datos de los conductores podrían ser utilizados y combinados con otros datos recopilados por otros sistemas introducidos en el vehículo (como eCall, eToll, etc.). El SEPD invita al legislador a tener en cuenta los principios de la limitación a una finalidad específica, necesidad y proporcionalidad al desarrollar futuras propuestas legislativas relativas al uso y posterior tratamiento de los datos de los conductores en el contexto de los sistemas de transporte. |
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16.

Asimismo, el SEPD destaca que el uso de los datos de los conductores debe evaluarse cuidadosamente en el contexto más amplio de los sistemas de transporte inteligente y el alcance con que los datos de los conductores podrían ser utilizados y combinados con otros datos recopilados por otros sistemas introducidos en el vehículo (como eCall, eToll, etc.). El SEPD invita al legislador a tener en cuenta los principios de la limitación a una finalidad específica, necesidad y proporcionalidad al desarrollar futuras propuestas legislativas relativas al uso y posterior tratamiento de los datos de los conductores en el contexto de los sistemas de transporte.

II.2.   Proporcionalidad del tratamiento de los datos de los conductores profesionales

| 17. | Incluso si se demostrara la necesidad de la fusión de ambas tarjetas, el tratamiento de los datos personales en una única tarjeta debería cumplir, sin embargo, todos los principios de protección de datos y las normas establecidas en la Directiva 95/46/CE y, en particular, el principio de proporcionalidad. |
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17.

Incluso si se demostrara la necesidad de la fusión de ambas tarjetas, el tratamiento de los datos personales en una única tarjeta debería cumplir, sin embargo, todos los principios de protección de datos y las normas establecidas en la Directiva 95/46/CE y, en particular, el principio de proporcionalidad.

| 18. | El SEPD destaca que la Directiva 2006/126/CE únicamente incluye una simple referencia a las «normas sobre protección de datos» en el artículo 1, apartado 2, sin especificarlas de manera clara. El SEPD recomienda que se aclare en un artículo sustantivo de la propuesta que el tratamiento de datos efectuado en relación con los permisos de conducción se llevará a cabo de conformidad con las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. Debe subrayarse que el tratamiento efectuado en relación con los permisos de conducción no solo incluye los datos procesados en el microchip sino también todos los otros tipos de tratamiento de datos efectuados en relación con la tarjeta, como la emisión del permiso de conducción, el seguimiento de su validez y los controles efectuados por las autoridades competentes cuando supervisan el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera. |
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18.

El SEPD destaca que la Directiva 2006/126/CE únicamente incluye una simple referencia a las «normas sobre protección de datos» en el artículo 1, apartado 2, sin especificarlas de manera clara. El SEPD recomienda que se aclare en un artículo sustantivo de la propuesta que el tratamiento de datos efectuado en relación con los permisos de conducción se llevará a cabo de conformidad con las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. Debe subrayarse que el tratamiento efectuado en relación con los permisos de conducción no solo incluye los datos procesados en el microchip sino también todos los otros tipos de tratamiento de datos efectuados en relación con la tarjeta, como la emisión del permiso de conducción, el seguimiento de su validez y los controles efectuados por las autoridades competentes cuando supervisan el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito del transporte por carretera.

| 19. | En cuanto a los detalles del tratamiento, el considerando 2 de la propuesta establece que «el diseño y la serie de campos de datos de los permisos de conducción y las tarjetas de conductor son prácticamente idénticos». Esta afirmación resulta engañosa por dos motivos: en primer lugar, todavía se desconocen los campos de datos exactos que serán tratados en la tarjeta de conductor; en segundo lugar, puede presumirse que excederán a los que han sido definidos en el permiso de conducción, ya que la finalidad de la tarjeta de conductor es controlar el comportamiento del conductor para garantizar que cumple la normativa laboral en el sector del transporte por carretera. |
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19.

En cuanto a los detalles del tratamiento, el considerando 2 de la propuesta establece que «el diseño y la serie de campos de datos de los permisos de conducción y las tarjetas de conductor son prácticamente idénticos». Esta afirmación resulta engañosa por dos motivos: en primer lugar, todavía se desconocen los campos de datos exactos que serán tratados en la tarjeta de conductor; en segundo lugar, puede presumirse que excederán a los que han sido definidos en el permiso de conducción, ya que la finalidad de la tarjeta de conductor es controlar el comportamiento del conductor para garantizar que cumple la normativa laboral en el sector del transporte por carretera.

| 20. | Mientras que las categorías de datos incluidas en el permiso de conducción están establecidas de manera clara en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE (13), la Comisión todavía no ha definido las especificaciones para almacenar los datos en el microchip del permiso de conducción. Por ejemplo, aún no queda claro si el microchip podría incluir datos biométricos (como impresiones dactilares o el escaneo del iris). Asimismo, como el SEPD destacó en su dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (14), los detalles del tratamiento de datos de la tarjeta del conductor todavía no han sido definidos y dependen de la revisión de los anexos del Reglamento (CEE) no 3821/85 sobre tacógrafos, cuyo tratamiento únicamente comenzará después de que se adopte la propuesta por la que se modifica el Reglamento sobre tacógrafos. Por lo tanto, resulta difícil en esta fase evaluar con la suficiente seguridad si el tratamiento de datos previsto respetará el principio de proporcionalidad. |
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20.

Mientras que las categorías de datos incluidas en el permiso de conducción están establecidas de manera clara en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE (13), la Comisión todavía no ha definido las especificaciones para almacenar los datos en el microchip del permiso de conducción. Por ejemplo, aún no queda claro si el microchip podría incluir datos biométricos (como impresiones dactilares o el escaneo del iris). Asimismo, como el SEPD destacó en su dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (14), los detalles del tratamiento de datos de la tarjeta del conductor todavía no han sido definidos y dependen de la revisión de los anexos del Reglamento (CEE) no 3821/85 sobre tacógrafos, cuyo tratamiento únicamente comenzará después de que se adopte la propuesta por la que se modifica el Reglamento sobre tacógrafos. Por lo tanto, resulta difícil en esta fase evaluar con la suficiente seguridad si el tratamiento de datos previsto respetará el principio de proporcionalidad.

| 21. | En cuanto al alcance previsto de los datos que serán tratados en el microchip relativos a los datos del conductor, el artículo 1 de la propuesta hace únicamente mención a los datos de identificación de la tarjeta de conductor, a la que se hace referencia en la sección IV, punto 5.2, del anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, mientras que, por otro lado, el artículo 7 bis de la propuesta establece que el permiso de conducción debe incorporar «las funciones necesarias para permitir también su utilización como tarjeta de conductor». Para utilizar el permiso de conducción como tarjeta de conductor, el mismo deberá incorporar todos los campos de datos definidos para la tarjeta de conductor y no solo los datos de identificación de la tarjeta. Dichos datos incluirán mucha más información que la incluida en el permiso de conducción, por ejemplo, los datos sobre las actividades del conductor (como la fecha, el inicio y el final del trayecto, la distancia, los datos de geolocalización, el tiempo, la velocidad, etc.). |
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21.

En cuanto al alcance previsto de los datos que serán tratados en el microchip relativos a los datos del conductor, el artículo 1 de la propuesta hace únicamente mención a los datos de identificación de la tarjeta de conductor, a la que se hace referencia en la sección IV, punto 5.2, del anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, mientras que, por otro lado, el artículo 7 bis de la propuesta establece que el permiso de conducción debe incorporar «las funciones necesarias para permitir también su utilización como tarjeta de conductor». Para utilizar el permiso de conducción como tarjeta de conductor, el mismo deberá incorporar todos los campos de datos definidos para la tarjeta de conductor y no solo los datos de identificación de la tarjeta. Dichos datos incluirán mucha más información que la incluida en el permiso de conducción, por ejemplo, los datos sobre las actividades del conductor (como la fecha, el inicio y el final del trayecto, la distancia, los datos de geolocalización, el tiempo, la velocidad, etc.).

| 22. | El SEPD hace hincapié en la necesidad de seguir un enfoque coherente en el desarrollo de las medidas en dos instrumentos jurídicos independientes sobre los permisos de conducción que incorporan las tarjetas de conductor —por un lado, la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y, por otro lado, la propuesta por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de conducción— para garantizar que el diseño general del tratamiento es respetuoso con la intimidad, respeta todos los principios de protección de datos y, en particular, la proporcionalidad, y ofrece las suficientes garantías respecto de la protección de datos, así como una consideración adecuada de los derechos de los interesados. |
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22.

El SEPD hace hincapié en la necesidad de seguir un enfoque coherente en el desarrollo de las medidas en dos instrumentos jurídicos independientes sobre los permisos de conducción que incorporan las tarjetas de conductor —por un lado, la propuesta de Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y, por otro lado, la propuesta por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de conducción— para garantizar que el diseño general del tratamiento es respetuoso con la intimidad, respeta todos los principios de protección de datos y, en particular, la proporcionalidad, y ofrece las suficientes garantías respecto de la protección de datos, así como una consideración adecuada de los derechos de los interesados.

| 23. | El SEPD recomienda, en particular, que se defina sobre la base de la prueba de necesidad una lista clara de los datos que se tratarán en la tarjeta integrada. La propuesta debería aclarar el modo en que pueden ejercerse de manera efectiva en el contexto de dicho tratamiento los derechos de información sobre el tratamiento de los interesados, de acceso a sus datos y de oposición, contemplados en los artículos 10, 11, 12 y 14 de la Directiva 95/46/CE. Remarca asimismo que el tratamiento se sujetará a la revisión adecuada por parte de las autoridades de protección de datos pertinentes, de conformidad con la legislación nacional. |
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23.

El SEPD recomienda, en particular, que se defina sobre la base de la prueba de necesidad una lista clara de los datos que se tratarán en la tarjeta integrada. La propuesta debería aclarar el modo en que pueden ejercerse de manera efectiva en el contexto de dicho tratamiento los derechos de información sobre el tratamiento de los interesados, de acceso a sus datos y de oposición, contemplados en los artículos 10, 11, 12 y 14 de la Directiva 95/46/CE. Remarca asimismo que el tratamiento se sujetará a la revisión adecuada por parte de las autoridades de protección de datos pertinentes, de conformidad con la legislación nacional.

| 24. | El SEPD subraya asimismo que deben ser aclarados los fines y las circunstancias en que puede accederse a los datos, así como quienes pueden acceder a los mismos. Debería aclararse que el acceso a los datos incluidos en el microchip se permitirá únicamente para fines oficiales claramente definidos y no para otros fines (comerciales o no comerciales). Asimismo, debería especificarse de manera clara en la propuesta quienes son las personas que están autorizadas a acceder y a qué datos de los incluidos en el microchip pueden hacerlo (es decir, el permiso de conducción profesional, los datos del conductor, el permiso de conducción privado) y en qué circunstancias (por ejemplo, qué tipo de acceso se tendrá a los datos de un conductor que no esté trabajando, debido a vacaciones o por enfermedad), ya que la mezcla de los dos instrumentos jurídicos crea inseguridad en este sentido. |
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24.

El SEPD subraya asimismo que deben ser aclarados los fines y las circunstancias en que puede accederse a los datos, así como quienes pueden acceder a los mismos. Debería aclararse que el acceso a los datos incluidos en el microchip se permitirá únicamente para fines oficiales claramente definidos y no para otros fines (comerciales o no comerciales). Asimismo, debería especificarse de manera clara en la propuesta quienes son las personas que están autorizadas a acceder y a qué datos de los incluidos en el microchip pueden hacerlo (es decir, el permiso de conducción profesional, los datos del conductor, el permiso de conducción privado) y en qué circunstancias (por ejemplo, qué tipo de acceso se tendrá a los datos de un conductor que no esté trabajando, debido a vacaciones o por enfermedad), ya que la mezcla de los dos instrumentos jurídicos crea inseguridad en este sentido.

| 25. | Por último, en relación con el registro de los permisos de conducción que incorporan la tarjeta de conductor robados, extraviados o defectuosos (artículo 7 quater de la propuesta), debería aclararse los datos o categorías de datos que deben conservarse. Al definir dichos datos, deben aplicarse los principios de proporcionalidad y reducción al mínimo de los datos. Por lo tanto, debería aclararse quien es o quienes son las autoridades competentes que deben mantener un registro de dichos datos. |
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25.

Por último, en relación con el registro de los permisos de conducción que incorporan la tarjeta de conductor robados, extraviados o defectuosos (artículo 7 quater de la propuesta), debería aclararse los datos o categorías de datos que deben conservarse. Al definir dichos datos, deben aplicarse los principios de proporcionalidad y reducción al mínimo de los datos. Por lo tanto, debería aclararse quien es o quienes son las autoridades competentes que deben mantener un registro de dichos datos.

III.   CONCLUSIÓN

| 26. | El SEPD expresa sus dudas en cuanto a la necesidad y la proporcionalidad de la fusión de los permisos de conducción con las tarjetas de conductor prevista en la propuesta, dudas que se demuestran a continuación. Por lo tanto, debería investigarse si podrían seguirse otros medios menos intrusivos para obtener el mismo objetivo de lucha contra el fraude y reducir los costes en relación con los conductores profesionales del transporte por carretera. |
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26.

El SEPD expresa sus dudas en cuanto a la necesidad y la proporcionalidad de la fusión de los permisos de conducción con las tarjetas de conductor prevista en la propuesta, dudas que se demuestran a continuación. Por lo tanto, debería investigarse si podrían seguirse otros medios menos intrusivos para obtener el mismo objetivo de lucha contra el fraude y reducir los costes en relación con los conductores profesionales del transporte por carretera.

| 27. | El SEPD recomienda en particular:






  — | añadir una referencia a la legislación en materia de protección de datos y, en particular, a la Directiva 95/46/CE, en un artículo sustantivo de la propuesta, |
| --- | --- | --- |

27.

El SEPD recomienda en particular:

—

añadir una referencia a la legislación en materia de protección de datos y, en particular, a la Directiva 95/46/CE, en un artículo sustantivo de la propuesta,

| — | establecer en el artículo 1 de la propuesta que la fusión de las tarjetas de conductor y los permisos de conducción, así como el uso del microchip, únicamente debería estar prevista después de haber realizado una evaluación de impacto sobre intimidad y seguridad, |
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establecer en el artículo 1 de la propuesta que la fusión de las tarjetas de conductor y los permisos de conducción, así como el uso del microchip, únicamente debería estar prevista después de haber realizado una evaluación de impacto sobre intimidad y seguridad,

| — | seguir un enfoque coherente en el desarrollo de las medidas en dos instrumentos jurídicos independientes sobre los permisos de conducción que incorporan las tarjetas de conductor, es decir, el Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y la Directiva sobre el permiso de conducción, para garantizar que el diseño general del tratamiento es respetuoso con la intimidad, respeta todos los principios de protección de datos y, en particular, la proporcionalidad, y ofrece las suficientes garantías respecto de la protección de datos, así como una consideración adecuada de los derechos de los interesados, |
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seguir un enfoque coherente en el desarrollo de las medidas en dos instrumentos jurídicos independientes sobre los permisos de conducción que incorporan las tarjetas de conductor, es decir, el Reglamento relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y la Directiva sobre el permiso de conducción, para garantizar que el diseño general del tratamiento es respetuoso con la intimidad, respeta todos los principios de protección de datos y, en particular, la proporcionalidad, y ofrece las suficientes garantías respecto de la protección de datos, así como una consideración adecuada de los derechos de los interesados,

| — | especificar con más detalle y de manera más clara, sobre la base de una prueba de necesidad, los datos o las categorías de datos que deben incluirse en el microchip, que podrían incluir todos los datos definidos en el actualizado anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, así como los datos que serán especificados por la Comisión respecto del microchip en los permisos de conducción. La definición de los datos tratados y almacenados en el microchip debería cumplir en especial los principios de proporcionalidad y de minimización de los datos, |
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especificar con más detalle y de manera más clara, sobre la base de una prueba de necesidad, los datos o las categorías de datos que deben incluirse en el microchip, que podrían incluir todos los datos definidos en el actualizado anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, así como los datos que serán especificados por la Comisión respecto del microchip en los permisos de conducción. La definición de los datos tratados y almacenados en el microchip debería cumplir en especial los principios de proporcionalidad y de minimización de los datos,

| — | aclarar las circunstancias en que puede accederse a determinadas categorías de datos y quienes pueden hacerlo, |
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aclarar las circunstancias en que puede accederse a determinadas categorías de datos y quienes pueden hacerlo,

| — | establecer de manera clara en el artículo 7 quater quien mantendrá un registro de los permisos de conducción que incorporan la tarjeta de conductor robados, extraviados o defectuosos, y que se conservarán únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para tal fin, de conformidad con los principios de proporcionalidad y minimización de los datos. |
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establecer de manera clara en el artículo 7 quater quien mantendrá un registro de los permisos de conducción que incorporan la tarjeta de conductor robados, extraviados o defectuosos, y que se conservarán únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para tal fin, de conformidad con los principios de proporcionalidad y minimización de los datos.

Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  COM(2011) 710 final.

3

(4)  COM(2011) 454 final.

4

(5)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, y el Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, COM(2011) 451 final.

5

o

o

(6)  Disponible en el sitio web del SEPD, en la siguiente dirección: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-10-05_Tachographs_ES.pdf

6

(7)  De conformidad con el artículo 1, letra t), del anexo IB del Reglamento (CEE) no 3821/85, la tarjeta de conductor es «una tarjeta de tacógrafo expedida por las autoridades de un Estado miembro a un conductor concreto. La tarjeta de conductor identifica a este último y permite almacenar los datos de su actividad».

7

o

(8)  Aunque no se elaboró ninguna evaluación de impacto.

8

(9)  Véase la exposición de motivos, COM(2011) 710 final, página 3.

9

(10)  Véase la nota al pie de página no 6.

10

o

(11)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).

11

(12)  Véase la exposición de motivos, COM(2011) 710 final, página 3.

12

(13)  Éstas se refieren principalmente a la identidad del conductor, el lugar de nacimiento, el lugar y la autoridad de emisión, el tipo de vehículo para el que se concede la licencia, y si se aplican determinadas restricciones.

13

(14)  Véase la nota al pie de página no 6, página 1.

14

o

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| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/6 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/6

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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia

2012/C 139/02

EL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 16,

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 7 y 8,

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1),

Visto el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (2), y en particular el artículo 28, apartado 2.

HA ADOPTADO EL SIGUIENTE DICTAMEN:

1.   INTRODUCCIÓN

1.1.   Consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos

| 1. | El presente dictamen forma parte de un paquete de 4 dictámenes del SEPD relacionados con el sector financiero, todos adoptados el mismo día. |
| --- | --- |

1.

El presente dictamen forma parte de un paquete de 4 dictámenes del SEPD relacionados con el sector financiero, todos adoptados el mismo día.

| 2. | El 15 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta relativa a las modificaciones del Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (en adelante, el «Reglamento ACC») (3). Dicha propuesta se trasladó para consulta al SEPD el 18 de noviembre de 2011. |
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2.

El 15 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta relativa a las modificaciones del Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (en adelante, el «Reglamento ACC») (3). Dicha propuesta se trasladó para consulta al SEPD el 18 de noviembre de 2011.

| 3. | El SEPD recibe con agrado el hecho de haber sido consultado de manera informal por la Comisión y recomienda que se incluya una referencia al presente dictamen en el preámbulo del instrumento adoptado. |
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3.

El SEPD recibe con agrado el hecho de haber sido consultado de manera informal por la Comisión y recomienda que se incluya una referencia al presente dictamen en el preámbulo del instrumento adoptado.

| 4. | El SEPD lamenta, sin embargo, no haber sido consultado de manera formal por la Comisión durante la preparación del Reglamento ACC original que entró en vigor el 7 de diciembre de 2010, ni en relación con las modificaciones recientes de dicho Reglamento (4). |
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4.

El SEPD lamenta, sin embargo, no haber sido consultado de manera formal por la Comisión durante la preparación del Reglamento ACC original que entró en vigor el 7 de diciembre de 2010, ni en relación con las modificaciones recientes de dicho Reglamento (4).

| 5. | En el presente dictamen, el SEPD considera por tanto adecuado y útil abordar cuestiones relativas al Reglamento ACC ya aplicable. En primer lugar, destaca las posibles repercusiones en materia de protección de datos del propio Reglamento ACC. En segundo lugar, el análisis que se presenta en el presente dictamen resulta directamente pertinente para la aplicación de la legislación existente y para otras propuestas futuras pendientes y posibles que incluyan disposiciones similares, tal como se discutió en los dictámenes del SEPD relativos al paquete legislativo sobre la revisión de la legislación bancaria, agencias de calificación crediticia, mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) y abuso del mercado. |
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5.

En el presente dictamen, el SEPD considera por tanto adecuado y útil abordar cuestiones relativas al Reglamento ACC ya aplicable. En primer lugar, destaca las posibles repercusiones en materia de protección de datos del propio Reglamento ACC. En segundo lugar, el análisis que se presenta en el presente dictamen resulta directamente pertinente para la aplicación de la legislación existente y para otras propuestas futuras pendientes y posibles que incluyan disposiciones similares, tal como se discutió en los dictámenes del SEPD relativos al paquete legislativo sobre la revisión de la legislación bancaria, agencias de calificación crediticia, mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) y abuso del mercado.

1.2.   Objetivos y ámbito de aplicación de la propuesta y del Reglamento actual

| 6. | La Comisión considera que las agencias de calificación crediticia (ACC) son participantes importantes en los mercados financieros que deben estar sujetas a un marco jurídico adecuado. El primer Reglamento ACC entró en vigor el 7 de diciembre de 2010. Exige a las agencias de calificación el cumplimiento de normas de conducta estrictas a fin de mitigar los posibles conflictos de intereses y de garantizar una elevada calidad y una transparencia suficiente de las calificaciones y el proceso de calificación. Las agencias existentes debían solicitar su registro y cumplir los requisitos del Reglamento a más tardar el 7 de septiembre de 2010. |
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6.

La Comisión considera que las agencias de calificación crediticia (ACC) son participantes importantes en los mercados financieros que deben estar sujetas a un marco jurídico adecuado. El primer Reglamento ACC entró en vigor el 7 de diciembre de 2010. Exige a las agencias de calificación el cumplimiento de normas de conducta estrictas a fin de mitigar los posibles conflictos de intereses y de garantizar una elevada calidad y una transparencia suficiente de las calificaciones y el proceso de calificación. Las agencias existentes debían solicitar su registro y cumplir los requisitos del Reglamento a más tardar el 7 de septiembre de 2010.

| 7. | El 1 de junio de 2011 entraron en vigor las modificaciones del Reglamento ACC [Reglamento (UE) no 513/2011], en virtud de las cuales se otorgan a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) facultades de supervisión exclusivas sobre las agencias de calificación registradas en la UE, con objeto de centralizar y simplificar su registro y supervisión a escala europea. |
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7.

El 1 de junio de 2011 entraron en vigor las modificaciones del Reglamento ACC [Reglamento (UE) no 513/2011], en virtud de las cuales se otorgan a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) facultades de supervisión exclusivas sobre las agencias de calificación registradas en la UE, con objeto de centralizar y simplificar su registro y supervisión a escala europea.

| 8. | La legislación propuesta actual modifica aunque no sustituye al Reglamento ACC. El principal objetivo político de la revisión propuesta es resolver una serie de cuestiones relacionadas con las ACC y el uso de estas calificaciones que no han sido suficientemente resueltas en el Reglamento ACC existente. |
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8.

La legislación propuesta actual modifica aunque no sustituye al Reglamento ACC. El principal objetivo político de la revisión propuesta es resolver una serie de cuestiones relacionadas con las ACC y el uso de estas calificaciones que no han sido suficientemente resueltas en el Reglamento ACC existente.

1.3.   Objetivo del dictamen del SEPD

| 9. | Mientras que la mayoría de las disposiciones del Reglamento ACC se refieren al ejercicio y a la supervisión de las actividades de las agencias de calificación crediticia, la ejecución y aplicación del marco jurídico puede afectar en determinados casos a los derechos de las personas relativos al tratamiento de sus datos personales. |
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9.

Mientras que la mayoría de las disposiciones del Reglamento ACC se refieren al ejercicio y a la supervisión de las actividades de las agencias de calificación crediticia, la ejecución y aplicación del marco jurídico puede afectar en determinados casos a los derechos de las personas relativos al tratamiento de sus datos personales.

| 10. | El Reglamento ACC permite el intercambio de información entre la AEVM, las autoridades competentes, las autoridades sectoriales competentes y, posiblemente, terceros países (5). Dicha información podrá hacer referencia a personas físicas, como a las personas que participan en las actividades de calificación y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. Estas disposiciones pueden tener repercusiones en materia de protección de datos para las personas afectadas. |
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10.

El Reglamento ACC permite el intercambio de información entre la AEVM, las autoridades competentes, las autoridades sectoriales competentes y, posiblemente, terceros países (5). Dicha información podrá hacer referencia a personas físicas, como a las personas que participan en las actividades de calificación y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. Estas disposiciones pueden tener repercusiones en materia de protección de datos para las personas afectadas.

| 11. | A la luz de lo anterior, el presente dictamen se centrará en los siguientes aspectos del Reglamento ACC relacionados con la protección de datos y la intimidad: 1) la aplicabilidad de la legislación en materia de protección de datos; 2) transferencias de datos a terceros países; 3) acceso a la relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos; y 4) obligaciones de divulgación relativas a los instrumentos de financiación estructurada y las multas coercitivas. |
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11.

A la luz de lo anterior, el presente dictamen se centrará en los siguientes aspectos del Reglamento ACC relacionados con la protección de datos y la intimidad: 1) la aplicabilidad de la legislación en materia de protección de datos; 2) transferencias de datos a terceros países; 3) acceso a la relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos; y 4) obligaciones de divulgación relativas a los instrumentos de financiación estructurada y las multas coercitivas.

2.   ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

2.1.   Aplicabilidad de la legislación en materia de protección de datos
   (6)

| 12. | Varios considerandos (7) del Reglamento ACC hacen mención a la Carta de Derechos Fundamentales, la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, debería incluirse una referencia a la legislación aplicable en materia de protección de datos en un artículo sustantivo del Reglamento ACC. |
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12.

Varios considerandos (7) del Reglamento ACC hacen mención a la Carta de Derechos Fundamentales, la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001. Sin embargo, debería incluirse una referencia a la legislación aplicable en materia de protección de datos en un artículo sustantivo del Reglamento ACC.

| 13. | Un buen ejemplo de tal disposición sustantiva puede encontrarse en el artículo 22 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (8), que establece de manera expresa una norma general de que la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 son aplicables al tratamiento de los datos personales en el marco de la propuesta. El SEPD ha emitido hoy un dictamen sobre dicha propuesta en el que acoge con mucha satisfacción este tipo de disposición global. Asimismo, el SEPD sugiere que la referencia a la Directiva 95/46/CE sea aclarada y que se especifique que las disposiciones se aplicarán de acuerdo con las normas nacionales por las que se transpone dicha Directiva. |
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13.

Un buen ejemplo de tal disposición sustantiva puede encontrarse en el artículo 22 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (8), que establece de manera expresa una norma general de que la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 son aplicables al tratamiento de los datos personales en el marco de la propuesta. El SEPD ha emitido hoy un dictamen sobre dicha propuesta en el que acoge con mucha satisfacción este tipo de disposición global. Asimismo, el SEPD sugiere que la referencia a la Directiva 95/46/CE sea aclarada y que se especifique que las disposiciones se aplicarán de acuerdo con las normas nacionales por las que se transpone dicha Directiva.

| 14. | Esto es de relevancia, por ejemplo, en relación con las diversas disposiciones relativas a los intercambios de información personal. Estas disposiciones son perfectamente legítimas pero necesitan ser aplicadas de un modo coherente con la legislación en materia de protección de datos. El riesgo que debe evitarse en particular es que podrían ser interpretadas como una autorización global para intercambiar todo tipo de datos personales. Una referencia a la legislación en materia de protección de datos, también en las disposiciones sustantivas, reduciría de manera significativa dicho riesgo (9). |
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14.

Esto es de relevancia, por ejemplo, en relación con las diversas disposiciones relativas a los intercambios de información personal. Estas disposiciones son perfectamente legítimas pero necesitan ser aplicadas de un modo coherente con la legislación en materia de protección de datos. El riesgo que debe evitarse en particular es que podrían ser interpretadas como una autorización global para intercambiar todo tipo de datos personales. Una referencia a la legislación en materia de protección de datos, también en las disposiciones sustantivas, reduciría de manera significativa dicho riesgo (9).

| 15. | Por lo tanto, el SEPD sugiere introducir una disposición sustantiva similar a la del artículo 22 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (10), sin perjuicio de las sugerencias que haga en relación con la presente propuesta (11), es decir, que haga hincapié en la aplicabilidad de la legislación existente en materia de protección de datos y aclara la referencia a la Directiva 95/46/CE, especificando que las disposiciones se aplicarán de conformidad con las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. |
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15.

Por lo tanto, el SEPD sugiere introducir una disposición sustantiva similar a la del artículo 22 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (10), sin perjuicio de las sugerencias que haga en relación con la presente propuesta (11), es decir, que haga hincapié en la aplicabilidad de la legislación existente en materia de protección de datos y aclara la referencia a la Directiva 95/46/CE, especificando que las disposiciones se aplicarán de conformidad con las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE.

2.2.   Intercambios de información con terceros países
   (12)

| 16. | El SEPD destaca la referencia al Reglamento (CE) no 45/2001 del artículo 34, apartado 3, del Reglamento ACC relativa a la transmisión de datos de naturaleza personal a terceros países. |
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16.

El SEPD destaca la referencia al Reglamento (CE) no 45/2001 del artículo 34, apartado 3, del Reglamento ACC relativa a la transmisión de datos de naturaleza personal a terceros países.

| 17. | Sin embargo, en vista de los riesgos afectados por dichas transferencias, el SEPD recomienda añadir garantías específicas, tal como se ha llevado a cabo en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. En el dictamen del SEPD sobre dicha propuesta, el SEPD recibe con agrado el uso de una disposición que incluye garantías adecuadas, como la evaluación caso por caso, la garantía de la necesidad de la transferencia y la existencia de un nivel de protección adecuado de los datos personales en el tercer país receptor de dichos datos. |
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17.

Sin embargo, en vista de los riesgos afectados por dichas transferencias, el SEPD recomienda añadir garantías específicas, tal como se ha llevado a cabo en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. En el dictamen del SEPD sobre dicha propuesta, el SEPD recibe con agrado el uso de una disposición que incluye garantías adecuadas, como la evaluación caso por caso, la garantía de la necesidad de la transferencia y la existencia de un nivel de protección adecuado de los datos personales en el tercer país receptor de dichos datos.

2.3.   Facultad de la AEVM de requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos
   (13)

2.3.1.   Mandamiento judicial

| 18. | El artículo 23 quater, apartado 1, letra e), establece que a efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar todas las investigaciones necesarias. A tal fin, los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella estarán facultados para requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. Dada esta amplia formulación, la disposición plantea varias dudas en relación con el ámbito material y personal de la misma. El Reglamento ACC exige asimismo un mandamiento judicial previo para que la AEVM solicite el acceso a la relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de que la normativa nacional así lo requiera (14). |
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18.

El artículo 23 quater, apartado 1, letra e), establece que a efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar todas las investigaciones necesarias. A tal fin, los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella estarán facultados para requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. Dada esta amplia formulación, la disposición plantea varias dudas en relación con el ámbito material y personal de la misma. El Reglamento ACC exige asimismo un mandamiento judicial previo para que la AEVM solicite el acceso a la relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de que la normativa nacional así lo requiera (14).

| 19. | En el Reglamento propuesto, no queda definido el concepto de «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos». La Directiva 2002/58/CE (actualmente denominada, tras la modificación por la Directiva 2009/136/CE, la «Directiva sobre privacidad electrónica») solo hace referencia a los «datos del tráfico» pero no a la «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos». Ni que decir tiene que el significado exacto de dicho concepto determina el impacto que la facultad de investigación podrá tener sobre la protección de datos y la intimidad de las personas afectadas. El SEPD sugiere utilizar la terminología ya aplicable en la definición de «datos del tráfico» de la Directiva 2002/58/CE. |
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19.

En el Reglamento propuesto, no queda definido el concepto de «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos». La Directiva 2002/58/CE (actualmente denominada, tras la modificación por la Directiva 2009/136/CE, la «Directiva sobre privacidad electrónica») solo hace referencia a los «datos del tráfico» pero no a la «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos». Ni que decir tiene que el significado exacto de dicho concepto determina el impacto que la facultad de investigación podrá tener sobre la protección de datos y la intimidad de las personas afectadas. El SEPD sugiere utilizar la terminología ya aplicable en la definición de «datos del tráfico» de la Directiva 2002/58/CE.

| 20. | Los datos relativos al uso de medios de comunicación electrónica pueden implicar una amplia serie de información personal, como la identidad de las personas que realiza y recibe la llamada, el tiempo y la duración de la misma, la red utilizada, la ubicación geográfica del usuario en caso de dispositivos portátiles, etc. Algunos datos relativos al tráfico sobre el uso de Internet y del correo electrónico (por ejemplo, la lista de sitios web que se han visitado) pueden revelar, asimismo, detalles importantes del contenido de la comunicación. Además, el tratamiento de datos relativos al tráfico entra en conflicto con el secreto de la correspondencia. A la luz de lo anterior, la Directiva 2002/58/CE estableció el principio de que los datos de tráfico deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación (15). Con arreglo al artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros podrán incluir excepciones en la legislación nacional para fines legítimos específicos, aunque tales medidas deberán ser necesarias, proporcionadas y apropiadas en una sociedad democrática para la obtención de dichos fines (16). |
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20.

Los datos relativos al uso de medios de comunicación electrónica pueden implicar una amplia serie de información personal, como la identidad de las personas que realiza y recibe la llamada, el tiempo y la duración de la misma, la red utilizada, la ubicación geográfica del usuario en caso de dispositivos portátiles, etc. Algunos datos relativos al tráfico sobre el uso de Internet y del correo electrónico (por ejemplo, la lista de sitios web que se han visitado) pueden revelar, asimismo, detalles importantes del contenido de la comunicación. Además, el tratamiento de datos relativos al tráfico entra en conflicto con el secreto de la correspondencia. A la luz de lo anterior, la Directiva 2002/58/CE estableció el principio de que los datos de tráfico deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación (15). Con arreglo al artículo 15, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros podrán incluir excepciones en la legislación nacional para fines legítimos específicos, aunque tales medidas deberán ser necesarias, proporcionadas y apropiadas en una sociedad democrática para la obtención de dichos fines (16).

| 21. | El SEPD reconoce que los objetivos que persigue la Comisión en el Reglamento ACC son legítimos y comprende la necesidad de iniciativas que tengan por objeto reforzar la supervisión de los mercados financieros con el fin de preservar su solidez y ofrecer una mejor protección a los inversores y a la economía en general. Sin embargo, los poderes de investigación directamente relacionados con los datos del tráfico, dada su índole potencialmente invasiva, deben cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad, es decir, deben limitarse a permitir alcanzar el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (17). Desde esta perspectiva, resulta pues esencial que las disposiciones estén formuladas de manera clara en relación con el ámbito de aplicación personal y material, así como respecto de las circunstancias y las condiciones en que podrán ser utilizadas. Además, deben establecerse las salvaguardias apropiadas contra el riesgo de abusos. |
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21.

El SEPD reconoce que los objetivos que persigue la Comisión en el Reglamento ACC son legítimos y comprende la necesidad de iniciativas que tengan por objeto reforzar la supervisión de los mercados financieros con el fin de preservar su solidez y ofrecer una mejor protección a los inversores y a la economía en general. Sin embargo, los poderes de investigación directamente relacionados con los datos del tráfico, dada su índole potencialmente invasiva, deben cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad, es decir, deben limitarse a permitir alcanzar el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (17). Desde esta perspectiva, resulta pues esencial que las disposiciones estén formuladas de manera clara en relación con el ámbito de aplicación personal y material, así como respecto de las circunstancias y las condiciones en que podrán ser utilizadas. Además, deben establecerse las salvaguardias apropiadas contra el riesgo de abusos.

| 22. | El artículo 23 quater faculta a la AEVM a realizar investigaciones de las personas que participan en las actividades de las agencias de calificación crediticia y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. Con arreglo al artículo 23 ter, la AEVM también podrá solicitar a estas personas toda la información que considere necesaria. |
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22.

El artículo 23 quater faculta a la AEVM a realizar investigaciones de las personas que participan en las actividades de las agencias de calificación crediticia y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. Con arreglo al artículo 23 ter, la AEVM también podrá solicitar a estas personas toda la información que considere necesaria.

| 23. | Estas disposiciones implican de manera clara que, con arreglo al Reglamento ACC, se llevarán a cabo intercambios de datos personales. Parece probable —o al menos no puede excluirse esa posibilidad— que dichas relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos incluyan datos personales en el sentido de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 y, en cierta medida, de la Directiva 2002/58/CE, es decir, datos relativos a las comunicaciones electrónicas de personas físicas identificadas o identificables (18). Si ése es el caso, debería garantizarse que se respetan totalmente las condiciones para un tratamiento leal y legítimo de los datos personales, tal como se establece en las Directivas y el Reglamento. |
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23.

Estas disposiciones implican de manera clara que, con arreglo al Reglamento ACC, se llevarán a cabo intercambios de datos personales. Parece probable —o al menos no puede excluirse esa posibilidad— que dichas relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos incluyan datos personales en el sentido de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 y, en cierta medida, de la Directiva 2002/58/CE, es decir, datos relativos a las comunicaciones electrónicas de personas físicas identificadas o identificables (18). Si ése es el caso, debería garantizarse que se respetan totalmente las condiciones para un tratamiento leal y legítimo de los datos personales, tal como se establece en las Directivas y el Reglamento.

| 24. | El SEPD destaca que el artículo 23 ter, apartado 5, convierte en obligatorio el mandamiento judicial exigido por el Derecho nacional. Sin embargo, el SEPD considera que una obligación general de mandamiento judicial previo en todos los casos —con independencia de si el Derecho nacional lo exige o no— estaría justificada a la luz del carácter potencialmente intrusivo de la facultad en cuestión y por el hecho de haber elegido un Reglamento como el instrumento jurídico adecuado. También debería considerarse que varias de las legislaciones de los Estados miembros establecen garantías especiales sobre la inviolabilidad del domicilio contra las inspecciones, registros o incautaciones desproporcionados y no regulados cuidadosamente cuando estos son llevados a cabo por instituciones de carácter administrativo. |
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24.

El SEPD destaca que el artículo 23 ter, apartado 5, convierte en obligatorio el mandamiento judicial exigido por el Derecho nacional. Sin embargo, el SEPD considera que una obligación general de mandamiento judicial previo en todos los casos —con independencia de si el Derecho nacional lo exige o no— estaría justificada a la luz del carácter potencialmente intrusivo de la facultad en cuestión y por el hecho de haber elegido un Reglamento como el instrumento jurídico adecuado. También debería considerarse que varias de las legislaciones de los Estados miembros establecen garantías especiales sobre la inviolabilidad del domicilio contra las inspecciones, registros o incautaciones desproporcionados y no regulados cuidadosamente cuando estos son llevados a cabo por instituciones de carácter administrativo.

| 25. | Tal como se ha establecido en el apartado 2.1, la facultad de las autoridades de supervisión para requerir tener acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos no es una novedad en la legislación europea, ya que dicho poder ya estaba previsto en varias directivas y reglamentos existentes relativos al sector financiero, En particular, en la Directiva sobre abusos en el mercado (19), la Directiva MiFID (20), la Directiva OICVM (21) normativas que incluyen disposiciones con una redacción similar. Lo mismo puede decirse de una serie de propuestas recientes adoptadas por la Comisión, en especial, las propuestas de Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (22), de Reglamento sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (23) y de Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía (24). |
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25.

Tal como se ha establecido en el apartado 2.1, la facultad de las autoridades de supervisión para requerir tener acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos no es una novedad en la legislación europea, ya que dicho poder ya estaba previsto en varias directivas y reglamentos existentes relativos al sector financiero, En particular, en la Directiva sobre abusos en el mercado (19), la Directiva MiFID (20), la Directiva OICVM (21) normativas que incluyen disposiciones con una redacción similar. Lo mismo puede decirse de una serie de propuestas recientes adoptadas por la Comisión, en especial, las propuestas de Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (22), de Reglamento sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (23) y de Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía (24).

| 26. | En lo que respecta a dichos instrumentos legislativos existentes y propuestos, debe hacerse una distinción entre las competencias de investigación concedidas a las autoridades nacionales y la concesión de dichas competencias a las autoridades europeas. Varios instrumentos obligan a los Estados miembros a que concedan la competencia de solicitar registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos a las autoridades nacionales de conformidad con la normativa nacional (25). Por consiguiente, el ejercicio real de esta obligación queda necesariamente sujeto a la normativa nacional, incluida la normativa de aplicación de la Directiva 95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE y otras normas nacionales que incluyen otras garantías procesales para las autoridades nacionales de supervisión e investigación. |
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26.

En lo que respecta a dichos instrumentos legislativos existentes y propuestos, debe hacerse una distinción entre las competencias de investigación concedidas a las autoridades nacionales y la concesión de dichas competencias a las autoridades europeas. Varios instrumentos obligan a los Estados miembros a que concedan la competencia de solicitar registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos a las autoridades nacionales de conformidad con la normativa nacional (25). Por consiguiente, el ejercicio real de esta obligación queda necesariamente sujeto a la normativa nacional, incluida la normativa de aplicación de la Directiva 95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE y otras normas nacionales que incluyen otras garantías procesales para las autoridades nacionales de supervisión e investigación.

| 27. | Esta condición no está contemplada en el Reglamento ACC ni en otros instrumentos legislativos que conceden la competencia de requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráficos de datos directamente a las autoridades europeas. En consecuencia, en dichos casos es aún más necesario aclarar en el propio instrumento legislativo, el ámbito de aplicación personal y material de esta competencia y las circunstancias y las condiciones en las que puede ser utilizada, y garantizar que se adoptan las adecuadas garantías para evitar abusos. |
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27.

Esta condición no está contemplada en el Reglamento ACC ni en otros instrumentos legislativos que conceden la competencia de requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráficos de datos directamente a las autoridades europeas. En consecuencia, en dichos casos es aún más necesario aclarar en el propio instrumento legislativo, el ámbito de aplicación personal y material de esta competencia y las circunstancias y las condiciones en las que puede ser utilizada, y garantizar que se adoptan las adecuadas garantías para evitar abusos.

| 28. | El artículo 23 quater, apartado 1, letra e), del Reglamento faculta a la AEVM a requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. Como se explicará más adelante, el ámbito de aplicación de la disposición y, en particular, el significado exacto de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no quedan claros. |
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28.

El artículo 23 quater, apartado 1, letra e), del Reglamento faculta a la AEVM a requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. Como se explicará más adelante, el ámbito de aplicación de la disposición y, en particular, el significado exacto de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no quedan claros.

2.3.2.   La definición de «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos»

| 29. | La definición de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no queda totalmente clara, por lo que precisa ser aclarada. La disposición podría hacer referencia a la relación de comunicaciones y tráfico de datos que las agencias de calificación crediticia están obligadas a conservar en el transcurso de sus actividades. Sin embargo, el Reglamento no especifica si las ACC deben conservar las relaciones de telecomunicaciones telefónicas y el tráfico de datos ni cuáles son las relaciones que deben conservarse (26), por lo que si la disposición se refiere a las relaciones conservadas por las ACC, es fundamental definir con precisión las categorías de comunicaciones telefónicas y de tráfico de datos que deben conservarse y que la AEVM puede requerir. De conformidad con el principio de proporcionalidad, dichos datos deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines de supervisión para los que se traten (27). |
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29.

La definición de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no queda totalmente clara, por lo que precisa ser aclarada. La disposición podría hacer referencia a la relación de comunicaciones y tráfico de datos que las agencias de calificación crediticia están obligadas a conservar en el transcurso de sus actividades. Sin embargo, el Reglamento no especifica si las ACC deben conservar las relaciones de telecomunicaciones telefónicas y el tráfico de datos ni cuáles son las relaciones que deben conservarse (26), por lo que si la disposición se refiere a las relaciones conservadas por las ACC, es fundamental definir con precisión las categorías de comunicaciones telefónicas y de tráfico de datos que deben conservarse y que la AEVM puede requerir. De conformidad con el principio de proporcionalidad, dichos datos deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines de supervisión para los que se traten (27).

| 30. | El presente caso requiere especialmente una mayor precisión, teniendo en cuenta las importantes multas y las multas coercitivas que pueden imponerse a las ACC y otras personas (incluidas las personas físicas en lo que se refiere a las multas coercitivas) afectadas que hayan cometido una infracción con arreglo al Reglamento (véanse los artículos 36 bis y 36 ter). |
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30.

El presente caso requiere especialmente una mayor precisión, teniendo en cuenta las importantes multas y las multas coercitivas que pueden imponerse a las ACC y otras personas (incluidas las personas físicas en lo que se refiere a las multas coercitivas) afectadas que hayan cometido una infracción con arreglo al Reglamento (véanse los artículos 36 bis y 36 ter).

| 31. | Debe asimismo destacarse que el artículo 37 citado anteriormente delega a la Comisión la facultad de adoptar modificaciones, permitiéndole de este modo modificar los anexos del Reglamento que incluyen detalles sobre los requisitos de conservación de la información impuestos a las agencias de calificación crediticia y, de este modo, indirectamente, el poder de acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos que se le ha concedido a la AEVM. El artículo 290 del TFUE establece que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. En opinión del SEPD, el perímetro exacto del poder de acceso a los datos del tráfico no puede considerarse un elemento no esencial del Reglamento, por lo cual el ámbito de aplicación material debería quedar especificado directamente en el texto del Reglamento y no aplazarse a futuros actos delegados. |
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31.

Debe asimismo destacarse que el artículo 37 citado anteriormente delega a la Comisión la facultad de adoptar modificaciones, permitiéndole de este modo modificar los anexos del Reglamento que incluyen detalles sobre los requisitos de conservación de la información impuestos a las agencias de calificación crediticia y, de este modo, indirectamente, el poder de acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos que se le ha concedido a la AEVM. El artículo 290 del TFUE establece que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. En opinión del SEPD, el perímetro exacto del poder de acceso a los datos del tráfico no puede considerarse un elemento no esencial del Reglamento, por lo cual el ámbito de aplicación material debería quedar especificado directamente en el texto del Reglamento y no aplazarse a futuros actos delegados.

| 32. | El SEPD entiende que el objetivo del artículo 23 quater, apartado 1, letra e), no es permitir que la AEVM tenga acceso a los datos del tráfico directamente de las empresas de telecomunicaciones. Ésta parece ser la conclusión lógica si se considera especialmente el hecho de que el Reglamento no se refiere a todos los datos de que dispongan las empresas de telecomunicaciones o a los requisitos establecidos por la Directiva sobre privacidad electrónica, tal como se ha mencionado en el apartado 36 (28). Por lo tanto, en aras de una mayor claridad, el SEPD recomienda que dicha conclusión se indique de manera más explícita en el artículo 23 quater del Reglamento ACC, excluyendo de manera específica a los datos del tráfico de que dispongan las empresas de telecomunicaciones. |
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32.

El SEPD entiende que el objetivo del artículo 23 quater, apartado 1, letra e), no es permitir que la AEVM tenga acceso a los datos del tráfico directamente de las empresas de telecomunicaciones. Ésta parece ser la conclusión lógica si se considera especialmente el hecho de que el Reglamento no se refiere a todos los datos de que dispongan las empresas de telecomunicaciones o a los requisitos establecidos por la Directiva sobre privacidad electrónica, tal como se ha mencionado en el apartado 36 (28). Por lo tanto, en aras de una mayor claridad, el SEPD recomienda que dicha conclusión se indique de manera más explícita en el artículo 23 quater del Reglamento ACC, excluyendo de manera específica a los datos del tráfico de que dispongan las empresas de telecomunicaciones.

| 33. | Si se previese, sin embargo, un derecho de acceso a los datos del tráfico directamente de las empresas de telecomunicaciones, el SEPD tiene serias dudas sobre la necesidad y la proporcionalidad de dicho derecho y, por tanto, recomienda que dicho derecho sea excluido de manera expresa. |
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33.

Si se previese, sin embargo, un derecho de acceso a los datos del tráfico directamente de las empresas de telecomunicaciones, el SEPD tiene serias dudas sobre la necesidad y la proporcionalidad de dicho derecho y, por tanto, recomienda que dicho derecho sea excluido de manera expresa.

2.3.3.   Acceso a los datos personales

| 34. | El artículo 23, apartado 1, letra e), no indica las circunstancias ni las condiciones en que puede requerirse el acceso ni ofrece garantías procesales o salvaguardias significativas contra el riesgo de abusos. En los párrafos siguientes, el SEPD hará algunas sugerencias concretas en este sentido. |
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34.

El artículo 23, apartado 1, letra e), no indica las circunstancias ni las condiciones en que puede requerirse el acceso ni ofrece garantías procesales o salvaguardias significativas contra el riesgo de abusos. En los párrafos siguientes, el SEPD hará algunas sugerencias concretas en este sentido.

| 35. | El artículo 23 quater, apartado 1, establece que la AEVM podrá requerir tener acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos a efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el Reglamento ACC. En opinión del SEPD, las circunstancias y las condiciones en las que puede ejercer dicho poder deberían estar claramente definidas. El SEPD recomienda limitar el acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de infracción grave y específicamente identificada por el reglamento propuesto y en los casos en que exista una sospecha razonable (que debe estar apoyada en una prueba inicial concreta) de que se ha cometido una infracción. Dicha limitación es también especialmente importante a fin de evitar que el poder de acceso pueda ser utilizado para fines de actividades de phising (usurpación de datos) o la extracción automática de información (data mining) o para otros fines. |
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35.

El artículo 23 quater, apartado 1, establece que la AEVM podrá requerir tener acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos a efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el Reglamento ACC. En opinión del SEPD, las circunstancias y las condiciones en las que puede ejercer dicho poder deberían estar claramente definidas. El SEPD recomienda limitar el acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de infracción grave y específicamente identificada por el reglamento propuesto y en los casos en que exista una sospecha razonable (que debe estar apoyada en una prueba inicial concreta) de que se ha cometido una infracción. Dicha limitación es también especialmente importante a fin de evitar que el poder de acceso pueda ser utilizado para fines de actividades de phising (usurpación de datos) o la extracción automática de información (data mining) o para otros fines.

| 36. | Asimismo, el SEPD recomienda introducir el requisito para los casos en que la AEVM solicite una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos mediante una decisión formal, en la que se especifique el fundamento jurídico y el fin de dicha solicitud así como la información que se solicita, el plazo en que debe facilitarse dicha información, y el derecho del destinatario a que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia. |
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36.

Asimismo, el SEPD recomienda introducir el requisito para los casos en que la AEVM solicite una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos mediante una decisión formal, en la que se especifique el fundamento jurídico y el fin de dicha solicitud así como la información que se solicita, el plazo en que debe facilitarse dicha información, y el derecho del destinatario a que la decisión sea revisada por el Tribunal de Justicia.

2.4.   Disposiciones relativas a la divulgación de información

2.4.1.   Información sobre los instrumentos de financiación estructurada

| 37. | En la actual propuesta de modificaciones del Reglamento ACC (29), el artículo 8 bis propuesto relativo a la información sobre los instrumentos de financiación estructurada establece que el emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de los instrumentos de financiación estructurada deberán comunicar al público la información sobre la calidad crediticia y la evolución de cada uno de los activos subyacentes de dicho instrumento, la estructura de la operación de titulización, los flujos de tesorería y las garantías reales que, en su caso, respalden una exposición de titulización, así como cuanta información resulte necesaria para realizar pruebas de resistencia minuciosas y documentadas respecto de los flujos de tesorería y el valor de las garantías reales que respaldan las exposiciones subyacentes. La obligación de comunicar información no se hará extensiva al suministro de información que pueda suponer el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales. |
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37.

En la actual propuesta de modificaciones del Reglamento ACC (29), el artículo 8 bis propuesto relativo a la información sobre los instrumentos de financiación estructurada establece que el emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de los instrumentos de financiación estructurada deberán comunicar al público la información sobre la calidad crediticia y la evolución de cada uno de los activos subyacentes de dicho instrumento, la estructura de la operación de titulización, los flujos de tesorería y las garantías reales que, en su caso, respalden una exposición de titulización, así como cuanta información resulte necesaria para realizar pruebas de resistencia minuciosas y documentadas respecto de los flujos de tesorería y el valor de las garantías reales que respaldan las exposiciones subyacentes. La obligación de comunicar información no se hará extensiva al suministro de información que pueda suponer el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.

| 38. | Este artículo tiene por objeto al emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de los instrumentos de financiación estructurada. El SEPD recibe con agrado que, en la propuesta actual de modificaciones del Reglamento ACC, el artículo 8 bis propuesto introduzca que la obligación de comunicar la información al público no se hará extensiva al suministro de información que pueda suponer el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales. |
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38.

Este artículo tiene por objeto al emisor, la entidad originadora y la entidad patrocinadora de los instrumentos de financiación estructurada. El SEPD recibe con agrado que, en la propuesta actual de modificaciones del Reglamento ACC, el artículo 8 bis propuesto introduzca que la obligación de comunicar la información al público no se hará extensiva al suministro de información que pueda suponer el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.

| 39. | Este modo de hacer hincapié en las garantías que ofrecen las leyes que regulan el tratamiento de datos personales es, en opinión del SEPD, un paso en la dirección correcta aunque, de conformidad con las recomendaciones realizadas anteriormente, debe incluirse en un artículo sustantivo del Reglamento ACC una referencia clara y explícita a las normas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE. |
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39.

Este modo de hacer hincapié en las garantías que ofrecen las leyes que regulan el tratamiento de datos personales es, en opinión del SEPD, un paso en la dirección correcta aunque, de conformidad con las recomendaciones realizadas anteriormente, debe incluirse en un artículo sustantivo del Reglamento ACC una referencia clara y explícita a las normas nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE.

2.4.2.   Información sobre las multas coercitivas
   (30)

| 40. | El artículo 36 quinquies del Reglamento ACC establece que la AEVM hará públicas todas las multas coercitivas que se impongan a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas. |
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40.

El artículo 36 quinquies del Reglamento ACC establece que la AEVM hará públicas todas las multas coercitivas que se impongan a menos que dicha divulgación pusiera en grave riesgo los mercados financieros o causara un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

| 41. | De acuerdo con el artículo 36 ter y el artículo 23 ter, apartado 1, las personas que participan en las actividades de las agencias de calificación crediticia y aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia podrán quedar sujetas a la imposición de multas coercitivas. |
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41.

De acuerdo con el artículo 36 ter y el artículo 23 ter, apartado 1, las personas que participan en las actividades de las agencias de calificación crediticia y aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia podrán quedar sujetas a la imposición de multas coercitivas.

| 42. | El Reglamento ACC faculta de este modo a la AEVM para imponer sanciones, no solo a las entidades de crédito sino también las personas materialmente responsables del incumplimiento. En el mismo sentido, el artículo 36 quinquies obliga a la AEVM a publicar todas las multas coercitivas impuestas por el incumplimiento del Reglamento propuesto. |
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42.

El Reglamento ACC faculta de este modo a la AEVM para imponer sanciones, no solo a las entidades de crédito sino también las personas materialmente responsables del incumplimiento. En el mismo sentido, el artículo 36 quinquies obliga a la AEVM a publicar todas las multas coercitivas impuestas por el incumplimiento del Reglamento propuesto.

| 43. | La publicación de sanciones contribuiría a aumentar el efecto disuasorio, ya que se disuadiría a los autores reales y potenciales de cometer delitos para evitar un daño significativo en su reputación. Del mismo modo, esto aumentaría la transparencia, ya que los operadores del mercado serían conscientes de que una determinada persona ha cometido una infracción. Esta obligación únicamente queda atenuada cuando la publicación cause un daño desproporcionado a las partes implicadas, en cuyo caso las autoridades competentes publicarán las sanciones de forma anónima. |
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43.

La publicación de sanciones contribuiría a aumentar el efecto disuasorio, ya que se disuadiría a los autores reales y potenciales de cometer delitos para evitar un daño significativo en su reputación. Del mismo modo, esto aumentaría la transparencia, ya que los operadores del mercado serían conscientes de que una determinada persona ha cometido una infracción. Esta obligación únicamente queda atenuada cuando la publicación cause un daño desproporcionado a las partes implicadas, en cuyo caso las autoridades competentes publicarán las sanciones de forma anónima.

| 44. | El SEPD no está convencido de que la publicación obligatoria de las sanciones, tal como está redactada en la actualidad, cumpla los requisitos de la legislación en materia de protección de datos, tal como han sido aclarados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Schecke
   (31). Considera que no se establece de manera suficiente la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida y que, en cualquier caso, deberían preverse garantías adecuadas contra los riesgos para los derechos de las personas. |
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44.

El SEPD no está convencido de que la publicación obligatoria de las sanciones, tal como está redactada en la actualidad, cumpla los requisitos de la legislación en materia de protección de datos, tal como han sido aclarados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Schecke
   (31). Considera que no se establece de manera suficiente la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida y que, en cualquier caso, deberían preverse garantías adecuadas contra los riesgos para los derechos de las personas.

2.4.3.   Necesidad y proporcionalidad de la publicación obligatoria de sanciones

| 45. | En la sentencia Schecke, el Tribunal de Justicia anuló las disposiciones de un Reglamento del Consejo y de un Reglamento de la Comisión que establecían la publicación obligatoria de la información relativa a los beneficiarios de los fondos agrícolas, incluida la identidad de los beneficiarios y los importes recibidos. El Tribunal resolvió que dicha publicación constituía el tratamiento de datos personales contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la «Carta») y, por tanto, una interferencia de los derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta. |
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45.

En la sentencia Schecke, el Tribunal de Justicia anuló las disposiciones de un Reglamento del Consejo y de un Reglamento de la Comisión que establecían la publicación obligatoria de la información relativa a los beneficiarios de los fondos agrícolas, incluida la identidad de los beneficiarios y los importes recibidos. El Tribunal resolvió que dicha publicación constituía el tratamiento de datos personales contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la «Carta») y, por tanto, una interferencia de los derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta.

| 46. | Tras analizar que «las excepciones a la protección de los datos de carácter personal y las limitaciones de dicha protección deben establecerse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario», el Tribunal continuó analizando la finalidad de la publicación y la proporcionalidad de las mismas. El Tribunal concluyó que en dicho caso nada indicaba que, al adoptar la legislación afectada, el Consejo y la Comisión hubieran tomado en consideración otras formas de publicación de la información que respetase el objetivo perseguido por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para tales beneficiarios. |
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46.

Tras analizar que «las excepciones a la protección de los datos de carácter personal y las limitaciones de dicha protección deben establecerse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario», el Tribunal continuó analizando la finalidad de la publicación y la proporcionalidad de las mismas. El Tribunal concluyó que en dicho caso nada indicaba que, al adoptar la legislación afectada, el Consejo y la Comisión hubieran tomado en consideración otras formas de publicación de la información que respetase el objetivo perseguido por dicha publicación y, al mismo tiempo, fueran menos lesivas para tales beneficiarios.

| 47. | El artículo 36 quinquies del Reglamento propuesto parece estar afectado por las mismas carencias que fueron destacadas por el TJE en la sentencia Schecke. Debe recordarse que al evaluar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos por parte de una disposición que exija la divulgación pública de datos personales, es de vital importancia tener una finalidad clara y bien definida para la que la publicación prevista pretende servir. Únicamente con una finalidad clara y bien definida puede valorarse si la publicación de los datos personales implicados es realmente necesaria y proporcionada (32). |
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47.

El artículo 36 quinquies del Reglamento propuesto parece estar afectado por las mismas carencias que fueron destacadas por el TJE en la sentencia Schecke. Debe recordarse que al evaluar el cumplimiento de los requisitos de protección de datos por parte de una disposición que exija la divulgación pública de datos personales, es de vital importancia tener una finalidad clara y bien definida para la que la publicación prevista pretende servir. Únicamente con una finalidad clara y bien definida puede valorarse si la publicación de los datos personales implicados es realmente necesaria y proporcionada (32).

| 48. | El SEPD tiene, por tanto, la impresión de que la finalidad y, por consiguiente, la necesidad de dicha medida no ha sido establecida de manera clara. Los considerandos del Reglamento ACC guardan silencio sobre estas cuestiones. Si la finalidad general es aumentar el efecto disuasorio, parece que la Comisión debería haber explicado, por ejemplo, el motivo por el que unas sanciones económicas más duras (u otro tipo de sanciones que no impliquen el recurso a la denuncia pública) no serían suficientes. |
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48.

El SEPD tiene, por tanto, la impresión de que la finalidad y, por consiguiente, la necesidad de dicha medida no ha sido establecida de manera clara. Los considerandos del Reglamento ACC guardan silencio sobre estas cuestiones. Si la finalidad general es aumentar el efecto disuasorio, parece que la Comisión debería haber explicado, por ejemplo, el motivo por el que unas sanciones económicas más duras (u otro tipo de sanciones que no impliquen el recurso a la denuncia pública) no serían suficientes.

| 49. | Asimismo, deberían considerarse métodos menos intrusivos, como limitar la publicación a las agencias de calificación crediticia o decidir la publicación caso por caso. En particular, la última opción parecería a priori una solución más proporcionada. |
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49.

Asimismo, deberían considerarse métodos menos intrusivos, como limitar la publicación a las agencias de calificación crediticia o decidir la publicación caso por caso. En particular, la última opción parecería a priori una solución más proporcionada.

| 50. | Sin embargo, en opinión del SEPD, es la posibilidad de evaluar el asunto a la luz de las circunstancias específicas lo que hace que esta solución sea una opción más proporcionada y, por tanto, sea preferible, en comparación con la publicación obligatoria en todos los casos. Esta discrecionalidad permitiría, por ejemplo, que la AEVM evitase la publicación en casos de infracciones menos graves, en que la infracción no cause un daño significativo, cuando la parte muestre una actitud de colaboración, etc. |
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50.

Sin embargo, en opinión del SEPD, es la posibilidad de evaluar el asunto a la luz de las circunstancias específicas lo que hace que esta solución sea una opción más proporcionada y, por tanto, sea preferible, en comparación con la publicación obligatoria en todos los casos. Esta discrecionalidad permitiría, por ejemplo, que la AEVM evitase la publicación en casos de infracciones menos graves, en que la infracción no cause un daño significativo, cuando la parte muestre una actitud de colaboración, etc.

2.4.4.   La cuestión de las garantías adecuadas

| 51. | El Reglamento ACC debería prever garantías adecuadas para garantizar un justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego. En primer lugar, las garantías son necesarias respecto del derecho a recurrir la resolución por parte de las personas afectadas y del derecho de presunción de inocencia. La redacción del artículo 36 quinquies debería incluir un lenguaje específico en este sentido, de manera que se obligue a la AEVM a adoptar medidas adecuadas respecto de ambas situaciones cuando la resolución puede ser recurrida y cuando sea finalmente anulada por un tribunal (33). |
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51.

El Reglamento ACC debería prever garantías adecuadas para garantizar un justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego. En primer lugar, las garantías son necesarias respecto del derecho a recurrir la resolución por parte de las personas afectadas y del derecho de presunción de inocencia. La redacción del artículo 36 quinquies debería incluir un lenguaje específico en este sentido, de manera que se obligue a la AEVM a adoptar medidas adecuadas respecto de ambas situaciones cuando la resolución puede ser recurrida y cuando sea finalmente anulada por un tribunal (33).

| 52. | En segundo lugar, el Reglamento ACC debería garantizar que se respetan los derechos de los interesados de manera proactiva. El SEPD valora el hecho de que la versión final del Reglamento ACC prevea la posibilidad de excluir la publicación en los casos en que esto pudiera causar un daño desproporcionado. Sin embargo, un enfoque proactivo debería implicar que se informa de manera previa a los interesados del hecho de que la decisión por la que se impone la multa coercitiva será publicada, y que se les concede el derecho de oposición, conforme al artículo 14 de la Directiva 95/46/CE en virtud de motivos fundados y legítimos (34). |
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52.

En segundo lugar, el Reglamento ACC debería garantizar que se respetan los derechos de los interesados de manera proactiva. El SEPD valora el hecho de que la versión final del Reglamento ACC prevea la posibilidad de excluir la publicación en los casos en que esto pudiera causar un daño desproporcionado. Sin embargo, un enfoque proactivo debería implicar que se informa de manera previa a los interesados del hecho de que la decisión por la que se impone la multa coercitiva será publicada, y que se les concede el derecho de oposición, conforme al artículo 14 de la Directiva 95/46/CE en virtud de motivos fundados y legítimos (34).

| 53. | En tercer lugar, mientras que el Reglamento ACC no especifica el medio en que la información debería ser publicada, en la práctica cabe imaginar que, en la mayoría de los Estados miembros, la publicación se llevará a cabo a través de Internet. Las publicaciones en Internet plantean cuestiones y riesgos específicos relacionados, en particular, con la necesidad de garantizar que la información se conserva en línea durante un período que no podrá exceder al necesario y que los datos no pueden ser manipulados ni alterados. El uso de motores de búsqueda externos también puede implicar el riesgo de que la información pueda ser sacada de contexto y canalizada a través de la red y fuera de la misma de formas que no puedan controlarse con facilidad (35). |
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53.

En tercer lugar, mientras que el Reglamento ACC no especifica el medio en que la información debería ser publicada, en la práctica cabe imaginar que, en la mayoría de los Estados miembros, la publicación se llevará a cabo a través de Internet. Las publicaciones en Internet plantean cuestiones y riesgos específicos relacionados, en particular, con la necesidad de garantizar que la información se conserva en línea durante un período que no podrá exceder al necesario y que los datos no pueden ser manipulados ni alterados. El uso de motores de búsqueda externos también puede implicar el riesgo de que la información pueda ser sacada de contexto y canalizada a través de la red y fuera de la misma de formas que no puedan controlarse con facilidad (35).

| 54. | A la luz de lo anterior, es necesario obligar a la AEVM a que garantice que los datos personales de las personas afectadas se conservan en línea únicamente durante un período razonable, tras el cual serán suprimidos de manera sistemática (36). Además, debe exigirse a los Estados miembros que garanticen que se aplican las medidas de seguridad y las garantías adecuadas, en especial para la protección frente a los riesgos del uso de motores de búsqueda externos (37). |
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54.

A la luz de lo anterior, es necesario obligar a la AEVM a que garantice que los datos personales de las personas afectadas se conservan en línea únicamente durante un período razonable, tras el cual serán suprimidos de manera sistemática (36). Además, debe exigirse a los Estados miembros que garanticen que se aplican las medidas de seguridad y las garantías adecuadas, en especial para la protección frente a los riesgos del uso de motores de búsqueda externos (37).

2.4.5.   Conclusión sobre la divulgación de información sobre las multas coercitivas

| 55. | El SEPD opina que la disposición sobre la publicación obligatoria de las multas coercitivas — tal como está redactada actualmente — no cumple con los derechos fundamentales a la protección de datos y la intimidad. El legislador debería valorar detenidamente la necesidad del sistema propuesto y verificar si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación en cualquier caso debería contar con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período adecuado. |
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55.

El SEPD opina que la disposición sobre la publicación obligatoria de las multas coercitivas — tal como está redactada actualmente — no cumple con los derechos fundamentales a la protección de datos y la intimidad. El legislador debería valorar detenidamente la necesidad del sistema propuesto y verificar si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación en cualquier caso debería contar con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período adecuado.

3.   CONCLUSIONES

| 56. | El SEPD realiza las siguientes recomendaciones:






  — | introducir una disposición sustantiva en el Reglamento ACC con la siguiente redacción: «En relación con el tratamiento de datos personales llevado a cabo por los Estados miembros en el marco del presente Reglamento, las autoridades competentes aplicarán las disposiciones de las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM con arreglo al presente Reglamento, la Autoridad deberá ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) no 45/2001», |
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56.

El SEPD realiza las siguientes recomendaciones:

—

introducir una disposición sustantiva en el Reglamento ACC con la siguiente redacción: «En relación con el tratamiento de datos personales llevado a cabo por los Estados miembros en el marco del presente Reglamento, las autoridades competentes aplicarán las disposiciones de las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM con arreglo al presente Reglamento, la Autoridad deberá ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) no 45/2001»,

| — | añadir garantías específicas al artículo 34 del Reglamento ACC, tal como se ha llevado a cabo en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. En el dictamen del SEPD sobre dicha propuesta, el SEPD recibe con agrado el uso de una disposición que incluye garantías adecuadas, como la evaluación caso por caso, la garantía de la necesidad de la transferencia y la existencia de un nivel de protección adecuado de los datos personales en el tercer país receptor de dichos datos, |
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—

añadir garantías específicas al artículo 34 del Reglamento ACC, tal como se ha llevado a cabo en el artículo 23 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. En el dictamen del SEPD sobre dicha propuesta, el SEPD recibe con agrado el uso de una disposición que incluye garantías adecuadas, como la evaluación caso por caso, la garantía de la necesidad de la transferencia y la existencia de un nivel de protección adecuado de los datos personales en el tercer país receptor de dichos datos,

| — | especificar claramente las categorías de las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos que las ACC deben conservar y/o proporcionar a la AEVM. Dichos datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el fin para el que se tratan, |
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especificar claramente las categorías de las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos que las ACC deben conservar y/o proporcionar a la AEVM. Dichos datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el fin para el que se tratan,

| — | indicar de manera expresa que se excluye el acceso a las comunicaciones telefónicas y tráfico de datos directamente por parte de las empresas de telecomunicaciones, |
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—

indicar de manera expresa que se excluye el acceso a las comunicaciones telefónicas y tráfico de datos directamente por parte de las empresas de telecomunicaciones,

| — | limitar el acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de infracción grave e identificada por el reglamento propuesto y en los casos en que exista una sospecha razonable (que debe estar apoyada en una prueba inicial concreta) de que se ha cometido una infracción, |
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—

limitar el acceso a las relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos en caso de infracción grave e identificada por el reglamento propuesto y en los casos en que exista una sospecha razonable (que debe estar apoyada en una prueba inicial concreta) de que se ha cometido una infracción,

| — | valorar la necesidad del sistema propuesto de publicación obligatoria de multas coercitivas y verificar si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación en cualquier caso debería contar con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período adecuado. |
| --- | --- |

—

valorar la necesidad del sistema propuesto de publicación obligatoria de multas coercitivas y verificar si la obligación de publicación excede lo que es necesario para obtener el objetivo del interés público que se persigue y si existen medidas menos restrictivas para alcanzar el mismo objetivo. En función del resultado de la prueba de proporcionalidad, la obligación de publicación en cualquier caso debería contar con el apoyo de garantías adecuadas para asegurar el respeto de la presunción de inocencia, el derecho de oposición de las personas afectadas, la seguridad y exactitud de los datos, así como la supresión de los mismos tras un período adecuado.

Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos

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(1)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

1

(2)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

2

(3)  COM(2011) 747.

3

(4)  Reglamento (UE) no 513/2011, que entró en vigor el 1 de junio de 2011.

4

o

(5)  Véanse, en particular, los artículos 23 y 27 del Reglamento ACC.

5

(6)  Véanse asimismo los recientes Dictámenes del SEPD relativos el paquete legislativo sobre la revisión de la legislación bancaria (apartado 2.1), mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) (apartado 2.1) y abuso del mercado (apartado 2.1).

6

(7)  Véanse los considerandos 8, 33 y 34, del Reglamento ACC.

7

(8)  COM(2011) 651.

8

(9)  El Reglamento ACC incluye disposiciones que permiten o exigen a las autoridades competentes y a las autoridades sectoriales competentes que intercambien información entre ellas o con la AEVM. En particular, el artículo 27 del Reglamento exige a la AEVM, las autoridades competentes y las autoridades sectoriales competentes que se faciliten mutuamente la información necesaria para el desempeño de sus funciones con arreglo al Reglamento. Asimismo, el artículo 23 quater faculta a la AEVM a realizar investigaciones de las personas que participan en las actividades de las agencias de calificación crediticia y a aquellas personas que, de diversa manera, guarden una relación estrecha y sustancial con esas agencias o las actividades de calificación crediticia. Con arreglo al artículo 23 ter, la AEVM también podrá solicitar a estas personas toda la información que considere necesaria. Estas disposiciones implican de manera clara que, con arreglo al Reglamento ACC, se llevarán a cabo intercambios de datos personales.

9

quater

ter

(10)  Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, COM(2011) 651 final.

10

(11)  Véase el Dictamen del SEPD de 10 de febrero de 2012 sobre la propuesta Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, COM(2011) 651 final.

11

(12)  Véanse asimismo los recientes Dictámenes del SEPD relativos el paquete legislativo sobre la revisión de la legislación bancaria (apartado 2.2), mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) (apartado 2.8) y abuso del mercado (apartado 2.5).

12

(13)  Véanse asimismo los recientes dictámenes del SEPD sobre los mercados de instrumentos financieros (MIFID/MIFIR) (apartado 2.3) y abuso del mercado (apartado 2.3.2).

13

(14)  Artículo 23 ter, apartado 5.

14

ter

(15)  Véase el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

15

(16)  El artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE establece que dichas limitaciones deberán «constituir una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado (...)».

16

(17)  Véanse, por ejemplo, los asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-92/09)/Land Hessen, todavía no publicados en la Recopilación, apartado 74.

17

(18)  Normalmente, los empleados a quienes pueden atribuirse las comunicaciones telefónicas y el tráfico de datos, así como los perceptores y otros usuarios afectados.

18

(19)  Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO L 96 de 12.4.2003, p. 16).

19

(20)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).

20

(21)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

21

(22)  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de abril de 2009, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2004/39/CE y 2009/65/CE, COM(2009) 207 final.

22

(23)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de septiembre de 2010, sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago, COM(2010) 482 final.

23

(24)  Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía, COM(2010) 726 final.

24

(25)  Véase por ejemplo el artículo 12, apartado 2, de la Directiva sobre abusos en el mercado, mencionada en la nota a pie de página no 20. Véase asimismo el artículo 50 de la Directiva MiFID mencionada en la nota a pie de página no 21.

25

o

o

(26)  La expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» puede incluir potencialmente una amplia variedad de información, incluida la duración, el tiempo o el volumen de una comunicación, el protocolo utilizado, la ubicación del equipo terminal del emisor o del receptor, la red en que se origina o acaba la comunicación, el inicio, fin o duración de una conexión o incluso la lista de sitios web visitados, así como el contenido de las propias comunicaciones, en los casos en que éstas sean grabadas. En la medida en que dicha información haga referencia a personas físicas identificadas o identificables, se considerarán datos personales.

26

(27)  Véanse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 45/2001. También deberá tenerse en cuenta si pueden establecerse salvaguardias específicas para evitar que se capten y traten los datos relacionados con un uso realmente privado.

27

o

(28)  Tal como se ha mencionado, la Directiva sobre privacidad electrónica establece el principio general de que los datos del tráfico deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación. Dichos datos podrán ser procesados, a efectos de la facturación y los pagos de las interconexiones, únicamente hasta la expiración del plazo durante el cual pueda impugnarse legalmente la factura o exigirse el pago. Las excepciones a este principio deben constituir medidas necesarias, apropiadas y proporcionadas en una sociedad democrática para fines específicos de orden público (como proteger la seguridad nacional — es decir, la seguridad del Estado — defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas).

28

(29)  COM(2011) 747.

29

(30)  Véanse asimismo los recientes Dictámenes del SEPD relativos el paquete legislativo sobre la revisión de la legislación bancaria (apartado 2.4), mercados de instrumentos financieros (MiFID/MIFIR) (apartado 2.5) y abuso del mercado (apartado 2.6).

30

(31)  Asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, Schecke, apartados 56 a 64.

31

Schecke

(32)  Véase asimismo en este sentido, el Dictamen del SEPD de 15 de abril de 2011 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (DO C 215 de 21.7.2011, p. 13).

32

(33)  Por ejemplo, las autoridades nacionales podrían considerar las siguientes medidas: retrasar la publicación hasta que el recurso sea desestimado o, tal como sugiere el informe de evaluación de impacto, indicar de manera clara que la decisión puede ser recurrida y que la persona será considerada inocente hasta que la resolución sea definitiva, o publicar una rectificación en los casos en que la decisión sea anulada por un tribunal.

33

(34)  Véase el Dictamen del SEPD, de 10 de abril de 2007, sobre la financiación de la política agrícola común (DO C 134 de 16.6.2007, p. 1).

34

(35)  Véase en este sentido el documento publicado por la Autoridad de Protección de Datos (APD) italiana «Personal Data As Also Contained in Records and Documents by Public Administrative Bodies: Guidelines for Their Processing by Public Bodies in Connection with Web-Based Communication and Dissemination», disponible en el sitio web de la APD italiana: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

35

(36)  Estas preocupaciones también están relacionadas con el derecho más general a ser olvidado, la inclusión del cual en el nuevo marco legislativo para la protección de datos personales está en fase de debate.

36

(37)  Estas medidas y garantías pueden consistir, por ejemplo, en la exclusión de la indexación de datos a través de motores de búsqueda externos.

37

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II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión Europea

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/16 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/16

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No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6551 — Kellogg Company/Pringles Snack Business)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/03

El 2 de mayo de 2012, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6551. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
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—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6551. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/16 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/16

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No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6516 — Sumitomo Mitsui Financial Group/RBS Aviation Capital Group)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/04

El 4 de mayo de 2012, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
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—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6516. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
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—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6516. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/17 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/17

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No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6534 — Wienerberger/Pipelife International)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/05

El 2 de mayo de 2012, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en alemán y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
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—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6534. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6534. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

---

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/17 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/17

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/06

El 4 de mayo de 2012, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6527. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6527. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

---

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/18 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/18

---

No oposición a una concentración notificada

(Asunto COMP/M.6518 — ESB NM/BPAEL/Heliex Power Limited)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/07

El 3 de mayo de 2012, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada que se cita en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta decisión se basa en el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la decisión solo está disponible en inglés y se hará público una vez que se elimine cualquier secreto comercial que pueda contener. Estará disponible:

| — | en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad, |
| --- | --- |

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

| — | en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6518. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea. |
| --- | --- |

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32012M6518. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/19

---

Anuncio dirigido a las personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, que se aplica en virtud de la Decisión de Ejecución 2012/256/PESC, y en el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, que se aplica en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2012 del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

2012/C 139/08

Se comunica la siguiente información a las personas y entidades que figuran en el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC del Consejo, que se aplica en virtud de la Decisión de Ejecución 2012/256/PESC del Consejo (1), y en el anexo II del Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, que se aplica en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 410/2012 del Consejo (2) relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.

El Consejo de la Unión Europea ha decidido que las personas y entidades que figuran en los citados anexos deben quedar incluidas en las listas de personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2011/782/PESC y en el Reglamento (UE) no 36/2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria. Los motivos que han llevado a incluir a estas personas y entidades en las listas figuran en las entradas pertinentes de los citados anexos.

Se pone en conocimiento de las personas y entidades interesadas que tienen la posibilidad de cursar una solicitud a las autoridades competentes de los Estados miembros correspondientes que se mencionan en los sitios web indicados en el anexo III del Reglamento (UE) no 36/2012, a fin de obtener autorización para utilizar los fondos inmovilizados para satisfacer necesidades básicas o efectuar pagos concretos (véase el artículo 16 del Reglamento).

Las personas y entidades interesadas podrán presentar al Consejo una solicitud, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsidere la decisión de incluirlos en las listas mencionadas. Dicha solicitud deberá remitirse a la siguiente dirección:

| Consejo de la Unión Europea |
| --- |
| Secretaría General |
| DG C Coordinación |
| Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
| 1048 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Consejo de la Unión Europea

Secretaría General

DG C Coordinación

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Se comunica asimismo a las personas y entidades interesadas que pueden recurrir la decisión del Consejo ante el Tribunal General de la Unión Europea, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 275, párrafo segundo, y en el artículo 263, párrafos cuarto y sexto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

---

(1)  DO L 126 de 15.5.2012, p. 9.

(2)  DO L 126 de 15.5.2012, p. 3.

---

Comisión Europea

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/20 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/20

---

Tipo de cambio del euro (1)

14 de mayo de 2012

2012/C 139/09

1 euro =

| | Moneda | Tipo de cambio |
| --- | --- | --- |
| USD | dólar estadounidense | 1,2863 |
| JPY | yen japonés | 102,64 |
| DKK | corona danesa | 7,4333 |
| GBP | libra esterlina | 0,80000 |
| SEK | corona sueca | 9,0020 |
| CHF | franco suizo | 1,2010 |
| ISK | corona islandesa | |
| NOK | corona noruega | 7,5915 |
| BGN | lev búlgaro | 1,9558 |
| CZK | corona checa | 25,395 |
| HUF | forint húngaro | 291,77 |
| LTL | litas lituana | 3,4528 |
| LVL | lats letón | 0,6975 |
| PLN | zloty polaco | 4,3020 |
| RON | leu rumano | 4,4406 |
| TRY | lira turca | 2,3250 |
| AUD | dólar australiano | 1,2881 |
| CAD | dólar canadiense | 1,2911 |
| HKD | dólar de Hong Kong | 9,9890 |
| NZD | dólar neozelandés | 1,6534 |
| SGD | dólar de Singapur | 1,6170 |
| KRW | won de Corea del Sur | 1 481,90 |
| ZAR | rand sudafricano | 10,5421 |
| CNY | yuan renminbi | 8,1325 |
| HRK | kuna croata | 7,5163 |
| IDR | rupia indonesia | 11 895,80 |
| MYR | ringgit malayo | 3,9644 |
| PHP | peso filipino | 55,015 |
| RUB | rublo ruso | 39,0441 |
| THB | baht tailandés | 40,313 |
| BRL | real brasileño | 2,5417 |
| MXN | peso mexicano | 17,5580 |
| INR | rupia india | 69,4150 |

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2863

JPY

yen japonés

102,64

DKK

corona danesa

7,4333

GBP

libra esterlina

0,80000

SEK

corona sueca

9,0020

CHF

franco suizo

1,2010

ISK

corona islandesa

NOK

corona noruega

7,5915

BGN

lev búlgaro

1,9558

CZK

corona checa

25,395

HUF

forint húngaro

291,77

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6975

PLN

zloty polaco

4,3020

RON

leu rumano

4,4406

TRY

lira turca

2,3250

AUD

dólar australiano

1,2881

CAD

dólar canadiense

1,2911

HKD

dólar de Hong Kong

9,9890

NZD

dólar neozelandés

1,6534

SGD

dólar de Singapur

1,6170

KRW

won de Corea del Sur

1 481,90

ZAR

rand sudafricano

10,5421

CNY

yuan renminbi

8,1325

HRK

kuna croata

7,5163

IDR

rupia indonesia

11 895,80

MYR

ringgit malayo

3,9644

PHP

peso filipino

55,015

RUB

rublo ruso

39,0441

THB

baht tailandés

40,313

BRL

real brasileño

2,5417

MXN

peso mexicano

17,5580

INR

rupia india

69,4150

---

(1)  Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Comisión Europea

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/21 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/21

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Convocatoria de propuestas — EACEA/15/12

Programa «La juventud en acción»

Acción 4.3 — «Sistemas de apoyo a la juventud»

Apoyo a la movilidad de quienes trabajan en el ámbito de la juventud

2012/C 139/10

1.   Objetivo

La finalidad de esta convocatoria de propuestas es apoyar la movilidad y los intercambios de quienes trabajan en el ámbito de la juventud para promover la adquisición de nuevas capacidades y competencias con el fin de enriquecer su perfil como profesionales en ese ámbito. Al promover experiencias de aprendizaje transnacionales a largo plazo para quienes trabajan en el ámbito de la juventud, esta nueva acción tendrá asimismo el objetivo de fortalecer las capacidades de las estructuras que participen en el proyecto, las cuales se beneficiarán de la experiencia y las nuevas perspectivas que aporten esas personas procedentes de entornos diversos. La presente convocatoria reforzará así la creación de redes entre estructuras del ámbito de la juventud en Europa y contribuirá a la prioridad política de apoyo, reconocimiento y profesionalización del trabajo en ese ámbito como herramienta transversal de la política en Europa.

En esta convocatoria se ofrecen subvenciones a proyectos.

Sus objetivos son los siguientes:

| — | Dar a quienes trabajan en el ámbito de la juventud la oportunidad de experimentar una realidad de trabajo diferente en otro país: |
| --- | --- |

—

Dar a quienes trabajan en el ámbito de la juventud la oportunidad de experimentar una realidad de trabajo diferente en otro país:

| — | mejorar la comprensión de la dimensión europea del trabajo con jóvenes, |
| --- | --- |

—

mejorar la comprensión de la dimensión europea del trabajo con jóvenes,

| — | mejorar las competencias profesionales, interculturales y lingüísticas de quienes trabajan con jóvenes, |
| --- | --- |

—

mejorar las competencias profesionales, interculturales y lingüísticas de quienes trabajan con jóvenes,

| — | promover el intercambio de experiencias y enfoques del trabajo con jóvenes y de la enseñanza no formal en Europa, |
| --- | --- |

—

promover el intercambio de experiencias y enfoques del trabajo con jóvenes y de la enseñanza no formal en Europa,

| — | contribuir al desarrollo de alianzas más sólidas y de mejor calidad entre las organizaciones juveniles en toda Europa, y |
| --- | --- |

—

contribuir al desarrollo de alianzas más sólidas y de mejor calidad entre las organizaciones juveniles en toda Europa, y

| — | reforzar la calidad y la función del trabajo con jóvenes en Europa. |
| --- | --- |

—

reforzar la calidad y la función del trabajo con jóvenes en Europa.

Prioridades

Tendrán preferencia los proyectos que mejor reflejen las siguientes prioridades:

| i) | Prioridades permanentes del programa «La juventud en acción»:






  — | participación de los jóvenes, |
| --- | --- | --- |

i)

Prioridades permanentes del programa «La juventud en acción»:

—

participación de los jóvenes,

| — | diversidad cultural, |
| --- | --- |

—

diversidad cultural,

| — | ciudadanía europea, |
| --- | --- |

—

ciudadanía europea,

| — | inclusión de los jóvenes con menos oportunidades. |
| --- | --- |

—

inclusión de los jóvenes con menos oportunidades.

| ii) | Prioridades anuales del programa «La juventud en acción»:






  — | desempleo juvenil, pobreza y marginación, |
| --- | --- | --- |

ii)

Prioridades anuales del programa «La juventud en acción»:

—

desempleo juvenil, pobreza y marginación,

| — | espíritu de iniciativa, creatividad y espíritu empresarial, empleabilidad, |
| --- | --- |

—

espíritu de iniciativa, creatividad y espíritu empresarial, empleabilidad,

| — | deportes básicos y actividades al aire libre, |
| --- | --- |

—

deportes básicos y actividades al aire libre,

| — | retos medioambientales mundiales y cambio climático. |
| --- | --- |

—

retos medioambientales mundiales y cambio climático.

2.   Solicitantes elegibles

Las propuestas deberán ser presentadas por organizaciones sin ánimo de lucro. Puede tratarse de:

| — | organizaciones no gubernamentales (ONG), |
| --- | --- |

—

organizaciones no gubernamentales (ONG),

| — | entidades activas a escala europea en el campo de la juventud (ONGE) que tengan organizaciones miembros en al menos ocho (8) países del programa «La juventud en acción», |
| --- | --- |

—

entidades activas a escala europea en el campo de la juventud (ONGE) que tengan organizaciones miembros en al menos ocho (8) países del programa «La juventud en acción»,

| — | organismos públicos de ámbito regional o local. |
| --- | --- |

—

organismos públicos de ámbito regional o local.

Esta condición se aplica tanto a las organizaciones solicitantes como a las asociadas.

Las organizaciones solicitantes, en la fecha límite establecida para presentar su propuesta, deben llevar legalmente registradas un mínimo de dos (2) años en alguno de los países del programa.

Los «países del programa» son:

| — | los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía y Suecia (1), |
| --- | --- |

—

los Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía y Suecia (1),

| — | los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, |
| --- | --- |

—

los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza,

| — | los países candidatos que cuenten con una estrategia de preadhesión, conforme a los principios generales y las condiciones y modalidades generales establecidas en los acuerdos marco suscritos con ellos para su participación en los programas de la UE: Croacia y Turquía. |
| --- | --- |

—

los países candidatos que cuenten con una estrategia de preadhesión, conforme a los principios generales y las condiciones y modalidades generales establecidas en los acuerdos marco suscritos con ellos para su participación en los programas de la UE: Croacia y Turquía.

Los proyectos deben basarse en una sólida alianza entre dos (2) socios de dos (2) países diferentes del programa, de los cuales al menos uno (1) pertenezca a un Estado miembro de la UE, que actúen respetivamente como organización de origen y de acogida de los participantes.

Uno de los dos socios asumirá el papel de organización coordinadora y presentará a la Agencia Ejecutiva la solicitud relativa a la totalidad del proyecto en nombre de ambas entidades.

Téngase en cuenta que en el marco de la presente convocatoria de propuestas, un mismo solicitante no podrá presentar más de una propuesta de proyecto.

3.   Acciones y participantes elegibles

Los proyectos deberán incluir actividades sin ánimo de lucro y pertenecerán al ámbito de la juventud y la educación no formal.

Los proyectos deberán comenzar entre el 1 de noviembre de 2012 y el 1 de abril de 2013.

Los proyectos habrán de tener una duración máxima de 12 meses. La movilidad deberá tener una duración mínima de 2 meses y máxima de 6 meses.

Los participantes en las propuestas presentadas con arreglo a la presente convocatoria deberán ser profesionales que trabajen en el ámbito de la juventud legalmente residentes en uno de los países participantes en el programa «La juventud en acción». La convocatoria se dirige tanto a empleados asalariados como a voluntarios con experiencia que trabajen en organizaciones no gubernamentales o entidades públicas locales o regionales activas en el ámbito de la juventud. No existe límite de edad para los participantes.

Con el fin de garantizar el máximo beneficio de la experiencia de movilidad en el aprendizaje, tanto para los participantes como para las organizaciones de origen y de acogida, se requiere un mínimo de dos años de experiencia profesional pertinente y documentada en el ámbito del trabajo con jóvenes.

Estos profesionales deben mantener una cooperación clara, regular, estructurada y estable con su organización de origen. Han de identificarse en el formulario de solicitud.

Los proyectos financiarán la movilidad individual de un máximo de dos (2) personas que trabajen con jóvenes. Cuando participen dos de estos profesionales, el proyecto deberá basarse en el principio de reciprocidad; es decir, deberá producirse un intercambio mutuo de trabajadores entre las dos organizaciones asociadas. Esto permitirá asimismo que los socios mantengan la estabilidad de sus recursos humanos.

Los trabajadores con jóvenes de carácter voluntario deberán aportar pruebas de que mantienen una sólida vinculación, así como una cooperación regular, estructurada y a largo plazo, con su organización de origen.

Esta convocatoria no se dirige a los voluntarios que trabajen ocasionalmente con jóvenes en una organización juvenil u organismo público.

4.   Criterios de adjudicación

Las solicitudes elegibles se evaluarán en función de los siguientes criterios:

| — | Pertinencia en relación con los objetivos y prioridades del Programa «La juventud en acción» y de la convocatoria de propuestas (25 %)
  A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:






  a) | el proyecto cumple los objetivos y prioridades generales del programa «La juventud en acción»; |
| --- | --- | --- |

—

Pertinencia en relación con los objetivos y prioridades del Programa «La juventud en acción» y de la convocatoria de propuestas (25 %)

A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:

a)

el proyecto cumple los objetivos y prioridades generales del programa «La juventud en acción»;

| b) | el proyecto cumple los objetivos y las prioridades específicos de la presente convocatoria de propuestas. |
| --- | --- |

b)

el proyecto cumple los objetivos y las prioridades específicos de la presente convocatoria de propuestas.

| — | Calidad del proyecto y de los métodos de trabajo que van a utilizarse en él (60 %)
  A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:






  a) | la alta calidad del programa de trabajo en lo que se refiere a su contenido y su metodología (incluida la calidad de las fases de preparación y evaluación), su claridad, coherencia, aspectos innovadores y dimensión europea; la coherencia de los programas de actividades cuando participen dos trabajadores con jóvenes; |
| --- | --- | --- |

—

Calidad del proyecto y de los métodos de trabajo que van a utilizarse en él (60 %)

A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:

a)

la alta calidad del programa de trabajo en lo que se refiere a su contenido y su metodología (incluida la calidad de las fases de preparación y evaluación), su claridad, coherencia, aspectos innovadores y dimensión europea; la coherencia de los programas de actividades cuando participen dos trabajadores con jóvenes;

| b) | la calidad de la colaboración y, en particular, la claridad de las tareas, la descripción del papel efectivo de los socios en la cooperación, así como la experiencia y la motivación de éstos en la puesta en marcha del proyecto y el ulterior desarrollo del trabajo con jóvenes; el compromiso de los socios de prestar un apoyo adecuado a los participantes; |
| --- | --- |

b)

la calidad de la colaboración y, en particular, la claridad de las tareas, la descripción del papel efectivo de los socios en la cooperación, así como la experiencia y la motivación de éstos en la puesta en marcha del proyecto y el ulterior desarrollo del trabajo con jóvenes; el compromiso de los socios de prestar un apoyo adecuado a los participantes;

| c) | la participación activa de los trabajadores con jóvenes en la definición del proyecto; |
| --- | --- |

c)

la participación activa de los trabajadores con jóvenes en la definición del proyecto;

| d) | el impacto y la relevancia del proyecto respecto a las competencias profesionales de los participantes, así como al refuerzo de las capacidades de los socios que intervengan (p. ej., mayor implicación en actividades internacionales, o desarrollo ulterior de actividades en el campo del trabajo con jóvenes); |
| --- | --- |

d)

el impacto y la relevancia del proyecto respecto a las competencias profesionales de los participantes, así como al refuerzo de las capacidades de los socios que intervengan (p. ej., mayor implicación en actividades internacionales, o desarrollo ulterior de actividades en el campo del trabajo con jóvenes);

| e) | el valor añadido demostrado del proyecto para las estructuras participantes; |
| --- | --- |

e)

el valor añadido demostrado del proyecto para las estructuras participantes;

| f) | la visibilidad del proyecto en cuanto a la calidad de las medidas encaminadas a difundir y explotar sus resultados; |
| --- | --- |

f)

la visibilidad del proyecto en cuanto a la calidad de las medidas encaminadas a difundir y explotar sus resultados;

| g) | el efecto multiplicador del proyecto, así como su viabilidad y potencial a largo plazo para dar lugar a una cooperación continua y constante, a la realización de actividades complementarias, o a la consecución de beneficios duraderos para los socios y los participantes; |
| --- | --- |

g)

el efecto multiplicador del proyecto, así como su viabilidad y potencial a largo plazo para dar lugar a una cooperación continua y constante, a la realización de actividades complementarias, o a la consecución de beneficios duraderos para los socios y los participantes;

| h) | la coherencia del presupuesto con las actividades previstas en el programa de trabajo. |
| --- | --- |

h)

la coherencia del presupuesto con las actividades previstas en el programa de trabajo.

| — | Perfil de los promotores y participantes implicados en el proyecto (15 %)
  A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:






  a) | la implicación de promotores y/o participantes que trabajen con jóvenes con menos oportunidades o desempleados; |
| --- | --- | --- |

—

Perfil de los promotores y participantes implicados en el proyecto (15 %)

A este respecto, se evaluarán los siguientes aspectos:

a)

la implicación de promotores y/o participantes que trabajen con jóvenes con menos oportunidades o desempleados;

| b) | la motivación y el compromiso de los trabajadores en el ámbito de la juventud de participar en la experiencia de movilidad, contribuir a las actividades de la entidad de acogida, y difundir los resultados formativos de la experiencia en su lugar de origen al regreso. |
| --- | --- |

b)

la motivación y el compromiso de los trabajadores en el ámbito de la juventud de participar en la experiencia de movilidad, contribuir a las actividades de la entidad de acogida, y difundir los resultados formativos de la experiencia en su lugar de origen al regreso.

5.   Presupuesto

El presupuesto total asignado a la cofinanciación de los proyectos en el marco de la presente convocatoria de propuestas se estima en 1 000 000 EUR.

El importe máximo de la subvención no excederá de 25 000 EUR.

La Agencia se reserva el derecho a no asignar todos los fondos disponibles. Además, aunque se tratará de conseguir una representación geográfica equilibrada en los proyectos seleccionados, el principal factor determinante en cuanto al número de proyectos financiados por país será la calidad.

6.   Plazo para la presentación de solicitudes

Las solicitudes de subvención deben redactarse en una de las lenguas oficiales de la UE, utilizando el formulario electrónico específicamente concebido para este fin.

Los formularios pueden descargarse en Internet, en la dirección siguiente:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

El formulario, debidamente cumplimentado, deberá entregarse a las 12.00 horas (mediodía, hora de Bruselas) del 3 de septiembre de 2012.

Deberá enviarse una versión en papel de la solicitud el 3 de septiembre de 2012 a la dirección siguiente:

| Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural |
| --- |
| Programa «La juventud en Acción» — EACEA/15/12 |
| BOUR 4/029 |
| Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 |
| 1140 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

Programa «La juventud en Acción» — EACEA/15/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

| — | por correo (fecha del matasellos), |
| --- | --- |

—

por correo (fecha del matasellos),

| — | por mensajería urgente, tomando como prueba de envío la fecha de recepción en la mensajería (por favor, incluya copia del justificante de recepción en el formulario de solicitud). |
| --- | --- |

—

por mensajería urgente, tomando como prueba de envío la fecha de recepción en la mensajería (por favor, incluya copia del justificante de recepción en el formulario de solicitud).

No se aceptarán solicitudes enviadas por fax o por correo electrónico.

7.   Información adicional

Las solicitudes deberán cumplir las disposiciones recogidas en las Directrices para las solicitudes — Convocatoria de propuestas EACEA/15/12, presentarse en el formulario de solicitud previsto a tal efecto y contener los anexos pertinentes.

Los documentos citados pueden consultarse en la siguiente dirección de internet:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

---

(1)  Los ciudadanos de un país o territorio de Ultramar (PTU) y, cuando proceda, los entes públicos o privados de un PTU podrán optar al programa «La juventud en acción» en las condiciones previstas en éste y de conformidad con las disposiciones aplicables al Estado miembro al que estén vinculados. Los PTU en cuestión se enumeran en el anexo 1A de la Decisión 2001/822/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2001, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea («Decisión de Asociación Ultramar»), DO L 314 de 30.11.2001: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:ES:PDF

---

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión Europea

| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/25 |
| --- | --- | --- | --- |

15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/25

---

Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6579 — Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/11

| 1. | El 3 de mayo de 2012, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Mitsubishi Corporation («MC», Japón), Development Bank of Japan («DBJ», Japón) y DVB Bank («DVB», Alemania), bajo el control del grupo DZB («DZB», Alemania), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa TES Holdings Ltd. y sus filiales («TES», Reino Unido) mediante adquisición de acciones. |
| --- | --- |

1.

El 3 de mayo de 2012, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Mitsubishi Corporation («MC», Japón), Development Bank of Japan («DBJ», Japón) y DVB Bank («DVB», Alemania), bajo el control del grupo DZB («DZB», Alemania), adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la empresa TES Holdings Ltd. y sus filiales («TES», Reino Unido) mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | MC: actividades comerciales en general en diversos sectores industriales entre los que se incluyen el de energía, metal, maquinaria, productos químicos, alimentos y mercancías en general, |
| --- | --- | --- |

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

MC: actividades comerciales en general en diversos sectores industriales entre los que se incluyen el de energía, metal, maquinaria, productos químicos, alimentos y mercancías en general,

| — | DBJ: servicios financieros, incluidos servicios integrados de inversión y préstamos, así como servicios de consultoría y asesoría, |
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—

DBJ: servicios financieros, incluidos servicios integrados de inversión y préstamos, así como servicios de consultoría y asesoría,

| — | DVB: servicios financieros especializados en finanzas de transporte internacional, incluidas soluciones integradas de financiación y servicios de asesoría respecto a las financiaciones naval, aérea y de transporte terrestre, |
| --- | --- |

—

DVB: servicios financieros especializados en finanzas de transporte internacional, incluidas soluciones integradas de financiación y servicios de asesoría respecto a las financiaciones naval, aérea y de transporte terrestre,

| — | DZB: institución central de la red financiera cooperativa alemana («Volksbanken Raiffeisenbanken») y servicios bancarios empresariales, |
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—

DZB: institución central de la red financiera cooperativa alemana («Volksbanken Raiffeisenbanken») y servicios bancarios empresariales,

| — | TES: gestión de motores de aeronaves, arrendamiento financiero a corto plazo de motores de aeronaves al final de su vida útil («stub leasing») y venta de partes y materiales de aeronaves. |
| --- | --- |

—

TES: gestión de motores de aeronaves, arrendamiento financiero a corto plazo de motores de aeronaves al final de su vida útil («stub leasing») y venta de partes y materiales de aeronaves.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6579 — Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
| --- | --- |
| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6579 — Mitsubishi Corporation/Development Bank of Japan INC/DVB Bank SE/TES Holdings LTD, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32 («Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).

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| 15.5.2012 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 139/27 |
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15.5.2012

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/27

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Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.6565 — Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL — Áreas SA)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

2012/C 139/12

| 1. | El 4 de mayo de 2012, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Elior Concessions SA («Elior»), Francia, bajo el control de Charterhouse Capital Partners LLP («Charterhouse»), Reino Unido, y Robert Zolade, ciudadano francés, adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Áreas Iberoamericana SL, España y en última instancia de Áreas SA («Áreas»), España, filial al 100 % de Áreas Iberoamericana SL, previamente bajo el control conjunto de Elior y Emesa SL («Emesa»), mediante adquisición de acciones. |
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1.

El 4 de mayo de 2012, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Elior Concessions SA («Elior»), Francia, bajo el control de Charterhouse Capital Partners LLP («Charterhouse»), Reino Unido, y Robert Zolade, ciudadano francés, adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Áreas Iberoamericana SL, España y en última instancia de Áreas SA («Áreas»), España, filial al 100 % de Áreas Iberoamericana SL, previamente bajo el control conjunto de Elior y Emesa SL («Emesa»), mediante adquisición de acciones.

| 2. | Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:






  — | Elior es una filial de Elior SCA, sociedad de cartera que encabeza el Elior Group. Su actividad principal se centra en la industria de servicios alimenticios y en particular en el catering colectivo y la prestación de servicios colectivos de restauración en empresas, escuelas, universidades, hospitales y residencias de ancianos. En menor medida Elior también opera en el área de la gestión de instalaciones, comercio minorista asociado a viajes y servicios de venta automatizada. Sus actividades comerciales abarcan varios países europeos, así como América Latina y los Estados Unidos. A través de su empresa hermana Elior Restauration & Services SA también presta servicios de catering colectivo en España bajo la marca «Serunión», |
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2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

—

Elior es una filial de Elior SCA, sociedad de cartera que encabeza el Elior Group. Su actividad principal se centra en la industria de servicios alimenticios y en particular en el catering colectivo y la prestación de servicios colectivos de restauración en empresas, escuelas, universidades, hospitales y residencias de ancianos. En menor medida Elior también opera en el área de la gestión de instalaciones, comercio minorista asociado a viajes y servicios de venta automatizada. Sus actividades comerciales abarcan varios países europeos, así como América Latina y los Estados Unidos. A través de su empresa hermana Elior Restauration & Services SA también presta servicios de catering colectivo en España bajo la marca «Serunión»,

| — | Charterhouse pertenece a un grupo que presta servicios de gestión de fondos y capital social, |
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—

Charterhouse pertenece a un grupo que presta servicios de gestión de fondos y capital social,

| — | Robert Zolade es un inversor francés, |
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—

Robert Zolade es un inversor francés,

| — | Emesa es una empresa española que presta diversos servicios tales como inmobiliarios, médicos y consultoría, |
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—

Emesa es una empresa española que presta diversos servicios tales como inmobiliarios, médicos y consultoría,

| — | Áreas Iberoamericana es la sociedad de cartera que controla Áreas y no tiene actividad propia en el mercado, |
| --- | --- |

—

Áreas Iberoamericana es la sociedad de cartera que controla Áreas y no tiene actividad propia en el mercado,

| — | Áreas es la empresa matriz del grupo que presta principalmente servicios de concesiones de restauración. Sus instalaciones se encuentran situadas en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, carreteras, autopistas, centros comerciales y ferias. |
| --- | --- |

—

Áreas es la empresa matriz del grupo que presta principalmente servicios de concesiones de restauración. Sus instalaciones se encuentran situadas en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, carreteras, autopistas, centros comerciales y ferias.

| 3. | Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación. |
| --- | --- |

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

| 4. | La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.
  Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6565 — Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL — Áreas SA, a la siguiente dirección:





  Comisión Europea |
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| Dirección General de Competencia |
| Registro de Concentraciones |
| J-70 |
| 1049 Bruxelles/Brussel |
| BELGIQUE/BELGIË |

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6565 — Elior Concessions SA/Áreas Iberoamericana SL — Áreas SA, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

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(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1 («Reglamento comunitario de concentraciones»).

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32 («Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).

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