Número Identificador

RES2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IX

JOSÉ D. SANTIAGO 

TORRES 

Apelante

v.

YAUCO HEALTHCARE

CORPORATION Y OTROS 

Apelados

KLAN202400430

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 

Ponce

Caso Núm.: 

SJ2019CV11673

Sobre: Daños y 

Perjuicios

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro

Ronda Del Toro, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2024.

El señor José D. Santiago Torres, mediante recurso de 

Apelación, nos solicita que revisemos una Resolución que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce el 7 de abril de 

2024. Mediante referida decisión el foro primario suspendió la 

autorrepresentación del señor José D. Santiago Torres en los 

procesos ante el TPI y le ordenó contratar a un abogado en el 

término de treinta (30) días.

Acogemos el recurso incoado como uno de certiorari por 

tratarse de la revisión de una orden interlocutoria manteniendo la 

identificación alfanumérica que asignó la Secretaría de este 

Tribunal de Apelaciones. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

Denegamos la expedición del recurso presentado.
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I.

Procedemos a reseñar el tracto procesal según narrados en 

el recurso que atendemos, los documentos unidos al recurso y el 

expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) de conformidad con la facultad 

que nos concede la Regla 77(D)(2) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B.

El 7 de noviembre de 2019 el Sr. Santiago Torres presentó 

una Demanda en daños y perjuicios, por derecho propio, contra la 

Aseguradora de Responsabilidad Pública de Yauco Healthcare 

Corporation, Yauco Healthcare Corporation, el Hospital de Damas 

de Ponce y otros.1

En su recurso alegó que se le aplicó una Ley 408 (Ley de 

Salud Mental de Puerto Rico de 2 de octubre de 2000, 24 LPRA 

secs. 6152 et seq.), conduciéndolo primero por días a un hospital 

no psiquiátrico (Damas) y varios días después a otro psiquiátrico. 

Mencionó que en ese proceso fue inyectado involuntariamente, 

sedado y abusado, sufriendo laceraciones. Luego de ahí fue 

transferido al Hospital Metropolitano, donde fue mantenido luego 

de haber expirado las primeras 24 horas de la orden 408.2

Luego de otros trámites procesales, el 7 de abril de 2024, 

notificada el 9 de abril, el foro primario emitió una Resolución en 

la cual decretó lo siguiente:

La parte demandante ha demostrado ciertas 

dificultades en el manejo de caso por derecho propio, 

que cuestionan que pueda representarse de manera 

decuada [sic]. En interés de salvaguardar sus 

derechos y conforme a la Regla 9.4 (c)(e) de las de 

Procedimiento Civil, se suspende la 

autorepresentación a José Dioscoride Santiago Torres 

y se le ordena que contrate un abogado en un plaza

1 El Sr. Santiago Torres no incluyó como parte del apéndice la copia de la 

demanda incoada.

2 Recurso página 3.
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[sic] de 30 días, para la continuación de los 

procedimientos.3

Entretanto, los días 9 de abril de 2023, el señor Santiago 

Torres, presentó un escrito dirigido a la Honorable Administradora 

del Centro Judicial de Ponce, para que se le expidan ciertos 

emplazamientos.4 El señor Santiago Torres presentó de otros 

escritos dirigidos a la Juez Administradora del Centro Judicial de 

Ponce.5 Luego de otros trámites procesales, el 22 de abril de 2024 

el foro primario, al atender una Moción de Reconsideración de 

Sentencia Parcial del 11 de abril de 2024, dispuso que “la parte 

debe cumplir con la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, se le ha 

ordenado que tiene que contratar un abogado para que continúen 

los procedimientos.”6

En desacuerdo con la decisión emitida el 7 de abril de 2024,

el 2 de mayo, el señor Santiago Torres presentó el recurso de 

apelación, al que acogimos como un Certiorari. Allí señaló como 

único error que “el Tribunal falta a la Constitución y al debido 

proceso de ley, privándolo de su derecho constitucional a la 

autorrepresentación, sin causa alguna”. 

Tras evaluar el recurso, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

II.

A.

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

3 Apéndice 1 del recurso.

4 Apéndice 7 del recurso.

5 Apéndices 8 y 9 del recurso.

6 Apéndice 10 del recurso.
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las determinaciones de un tribunal inferior. Torres González v. 

Zaragoza Meléndez, 211 DPR 821 (2023); McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012). 

Contrario al recurso de apelación, la expedición o no del

auto de certiorari solicitado descansa en la sana discreción del foro 

apelativo. Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). Así, 

la característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. En el ámbito judicial, la discreción del tribunal 

revisor no debe abstraerse del resto del Derecho y, por lo tanto, 

es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para así llegar a una conclusión justiciera. Mun. Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338.

En particular, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, establece los preceptos que regulan la expedición 

discrecional que ejerce el Tribunal de Apelaciones sobre el referido 

recurso para la revisión de sentencias y resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Rivera et al. v. Arcos Dorados et 

al., 212 DPR 194, 207 (2023); McNeil Healthcare v. Mun. Las 

Piedras I, supra; Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 709 (2019). En lo que nos atañe, esta regla dispone lo 

siguiente:

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
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apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). La referida regla dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

Los foros de instancia ostentan un alto grado de discreción 

en el manejo procesal de un caso. Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Como es sabido, en nuestro 

ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este 

último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 

909 (1986). El adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Por ende, si 

no se encuentra presente en la petición ante nuestra 

consideración ninguno de los criterios antes transcritos y la 

actuación del foro primario “no está desprovista de base razonable 

ni perjudica derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959). De manera que, solo intervendremos con el ejercicio 

de dicha discreción en aquellas instancias que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió 

en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular, supra, pág. 154. 

Además de lo anterior, para ejercer nuestra función 

revisora, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 LPRA Ap. XXII-B gobierna el contenido de la solicitud 

de Certiorari. La Regla 34(C) (1) del Reglamento, dispone que 

todo recurso de Certiorari debe contener en el cuerpo lo 

siguiente: 

(a)-(c)... 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso. 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte peticionaria cometió el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 

aplicable. 

(g) [...] 

 

En armonía a lo anterior, sabido es que nuestro sistema 

judicial es adversativo y rogado, el cual descansa sobre la premisa 

de que las partes son los mejores guardianes de sus derechos e 

intereses. Bco. Bilbao v. González Zayas, 155 DPR 589, 594 

(2001); SLG Llorens v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). El 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos presentados en el Tribunal de Apelaciones puede 

conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 

(2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). El 

Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica el 

incumplimiento de éstas con las reglas procesales. Febles v. 

Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003). Como es sabido, 

para juzgar, hay que conocer; el derecho de apelación no es 

automático, conlleva diligenciamiento y un perfeccionamiento 

adecuado. Andino v. Topeka, 142 DPR 927, 933, 938 (1997). En 

consecuencia, procede la desestimación de un recurso por 

incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya provocado un 

"impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda atender 

el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera Toro, supra, citando 
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a Román Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 163, 167-168 

(2002). 

B.

La autorepresentación o representación por derecho propio

en los casos de naturaleza civil se rige por la Regla 9.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V, R. 9.4. La Regla dispone que 

la persona que se autorrepresenta deberá cumplir con ciertos 

requisitos enunciados en los incisos (a) al (e) de la Regla. 

El tribunal, por su parte, deberá asegurarse de que la 

persona cumple con los aludidos requisitos a partir de su 

comparecencia inicial y durante todo el proceso. El 

incumplimiento con alguno de los requisitos mencionados en la 

Regla será causa justificada para suspender su 

autorrepresentación. Cuando el tribunal suspenda la 

autorrepresentación de una persona, le ordenará que en 

determinado plazo comparezca representada por abogado o 

abogada. 

III.

En un escueto recurso, el señor Santiago Torres señala que 

está inconforme con la decisión del foro primario del 7 de abril de 

2024, mediante la cual se le eximió de representarse por derecho 

propio y se le ordenó contratar un abogado. 

En el señalamiento de error, el peticionario se limitó a 

expresar que el tribunal no ejerce sus deberes constitucionales. 

No obstante, no realizó una discusión de los errores señalados, ni 

aludió a jurisprudencia o a derecho alguno para sustentar su

alegación, según lo exige la Regla 34 (C) de nuestro Reglamento. 

Además de ello, el apéndice estaba incompleto, pues no incluyó la 

demanda, mencionó e incluyó ciertas determinaciones del foro 

primario, en las que determinaba “enterado”, sin embargo, no 
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incluyó las mociones a las que hacía referencia el tribunal en las 

distintas órdenes emitidas.7 Por lo cual, el recurso no está 

debidamente perfeccionado.

Independientemente a ello, la determinación del foro 

primario de suspender la autorrepresentación que ostentaba el 

señor Santiago Torres y ordenarle contratar un abogado, se trata 

de un asunto interlocutorio discrecional de manejo de caso, según 

lo permite la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra. 

La decisión aquí recurrida no versa sobre alguna de las 

materias contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, que nos permita intervenir de manera discrecional. 

Tampoco están presentes las razones que establece la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que justifique variar 

la Orden recurrida. A su vez, el señor Santiago Torres no nos ha 

demostrado que, al emitir la Orden relacionada a la 

autorrepresentación y ordenarle que comparezca con un abogado, 

el foro primario incurriera en error, prejuicio o parcialidad. Por 

tanto, procede denegar el recurso.

IV.

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

7 Apéndices 2 al 6 y 10 del recurso.