Número Ident ificador SEN 2 024

_______

____ __ ___ _ ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

E L PUE BLO DE PUERTO

RICO
Apelado

v.

ELVIRA LEVALLE COTARELO
Apelante KLAN202 300613 Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez

C rimi nal N úm .: IS CR202100474

Sobre: A rt. 4(B

- 4) Ley 284

Panel integrado por su president a , la J ueza Grana Martínez, el J uez Rodríguez F lores y la J ueza Prats Palerm

Prats Palerm

, Juez a Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 20 2 4

. Comparece la apelante, Elvira Levalle Cotarelo ( en adelante

“señora Levalle ” o “apelante”) y nos solicita que revoquemos la

Senten cia emiti d a por el Tribunal de Primera Instanci a, Sala
Superior de Mayagüez ( “ TPI o foro primario ” ), el 1 5 de ju n io de

202 3

. Mediante el referido dictamen, se declar ó a la apelante
culpable y convicta por infri ngir el Artículo 4 (b) (4) de la Ley Núm

.
284 de 21 de a gosto de 1999, según enmendad a, conocida como
“Ley Contra el Acecho en Puerto Rico” , 33 LPRA sec. 4014 et seq

. ( e n adelante “ Ley 284 ” ).
Por los fundamentos que expondremos a continuación, se
confirma la Sentencia apelad a

.

I
Surge del expediente de la apelación ante nos, que el

Ministerio Publico present ó una Denuncia contra la señora L evalle

por infracción al Artí c ulo 4 (b) (4) de la Ley 284

. Es pecíficamente laK LAN 20 2 30 0 613 2

denuncia l ee co mo s igue:

L a referida imputada ELVIRA ROSARIO LEVALLE COTARELO, allá en o del 9 al 16 de fe brero de l 2021, en Añasco , Puerto Rico, que forma parte de la jurisdiccion del Tribunal de Primera In s tancia de Pu erto R ico, Sal a Superior de Mayagüez , ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente con conocimiento que existía una Orden de Protección al Amparo de la L ey 284 a fav or de l SR. MILTON AGUILAR CEREZO, expedida por la Hon. Juez Marg a rita Gaudier Lavergne, la cual esta vigente desde el 1 al 22 de febrero del 2021, violo la misma consiste nte en que la imputada realizó llamadas telefónicas consistentes desde el 9 a l 16 de febrero de l 2021, al teléfono de la Sra. Melissa Palermo Cruz, esp osa del Sr. Milton Aguilar Cerezo y el día 10 de febrero de l 2021 entró a la finca propiedad de l perjudicado junto a dos acompañantes

. El 15 de marzo de 2021, el foro primario determin ó causa
probable y ese mismo día se cit ó a la señora Levalle a Vis ta

P reliminar.

Habiéndose determinado causa probable en la Vista

Preliminar , el 10 de mayo de 202 1, el Ministerio Publico present ó

una acusación contra la señora L evalle

.
Tras vari os tramites pro cesales, el 1 y 2 de mayo de 2023, se
celebr ó el juicio por Ju r ado contra la señora Levalle

. El Ministerio

Publ ico presen t ó prueba testifical y documental para sostener el
cargo imputado. Por un lado , la prueba testific al consistió por los

testimonios vertidos bajo juramento de: (1) el señor Milton Aguilar
Cerezo, ( 2 ) el Agente José Ramos Quiñones y (3) la señora Melissa
Palermo Cruz. Mientras que l a prueba documental de cargo

consistió en l o sigui ente: (1) Hoja de cuentas ( Exhibit 1 al 1 g) ; (2)

P endr ive ( Exhibit 2); (3) Notas del Agte. José Ramos ( Exhibit 3) ; (4)

P P R 625.4 A d vertencias Miranda para persona sospechosa ( Exhibit
4) ; (5) PPR 621.1 Informe de Incidente ( Exhibit 5); (6) Certificado de

Valores del C RIM ( Exhibit 6); y (7) F oto área de la finca provista por

el CRIM ( Exhibit I).
Así las cosas, luego de escu c hado el testi monio de los
testigos presentados por el Ministerio Público y evaluada la
totalidad de la prueba que tuvo ante sí, el 2 de mayo de 202 3 , elK LAN 20 2 30 0 613 3

Jurado emitió un veredicto de culpabilidad por e l cargo , según
imputado

.
In conforme con la Sentencia, el 9 de mayo de 2023, la

señora Levalle present ó Moción al Am paro de la Regla 135 de las de

Procedimiento Criminal

. En atención a ello, el 13 de junio de 2023, el TPI emitió

Re solución declarando NO HA LUGAR la moción de absolución

p e r entoria presentada p o r la señora Levalle.
Finalmente, el 15 de junio de 202 3 , el f oro primario emitió

Sentencia en contra de la apelante, imponiéndole la siguiente pena:

T R ES (3) A Ñ OS DE CÁRCEL BAJO EL RÉGIMEN DE SENTENCIA SUSPENDIDA Y DE LIBERTAD A PRUEBA. S E EXI M E DEL PA G O DEL COMPROBANTE DE LA PENA ESPECIAL QUE DISPONE LA LEY DE $300.00 POR ESTAR REPRESENTAD A POR LA SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL (SAL). Aun insatisfecha, el 13 julio de 2023, la señora Levalle

acudi ó a este Foro mediante un Recurso de Apelación y señ a ló la

comisión de los si guientes er rores :

A. INCURRIÓ EN UN ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR UNA MOCIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA PRESENTADA POR LA DEFENSA. PERMITIENDO ASÍ, QUE UN JURADO ENCONTRARA CULPABLE A LA AQUÍ APELANTE CUANDO

- DE LA PRUEBA DESFILADA DURANTE EL JUICIO EN SU FONDO

- NO SE ESTABLECIERON ACTOS INTENCIONALES CONSTITUTIVOS DE LA CONDUCTA DE ACECHO, COMO REQUISITOS A INCUMPLIR CON UNA ORDEN DE PROTECCIÓN PREVIA PARA PODER ENTONCES ENCONTRAR CULPABLE A L A ACUSADA DE INFRINGIR EL ARTICULO 4 (B)(4) DE LA LEY CONTRA EL ACECHO EN PUERTO RICO (LEY 284 DE 1999, SEGÚN ENMENDADA).

B. INCURRIÓ EN UN ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ENCONTRAR CULPABLE A NUESTRA REPRESENTADA CUANDO LA PRUEBA DE C A RGO NO ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE EN V IOLACIÓN AL DERECHO DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO DE LEY. En consecuencia, el 27 de marzo de 2024 , el Pue blo de

Puerto Rico presentó su Al egato en o posición a a pelación.K LAN 20 2 30 0 613 4

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes
y los autos originales , damos por perfeccionado el R ecurso de
Apelación y procedemos a resolver.

II

A. Órdenes de protección ba jo Ley 284

L a Ley 284 fue aprobada con el propósito de “ proteger

debid a m ent e a personas que son víctimas de acecho, evitando
posibles daños a su persona, sus bienes o a miembros de su

familia ”

. 33 LPRA sec. 4013 nota. Dicho estatuto define el acecho

como: [...] u na conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia sobre dete r m inada persona; se envían c omunicaciones verbales o escrita s no deseadas a una determinada persona, se realizan amenazas escritas, verbales o implícitas a determinada persona, se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga rep e t idamente mediante palabras , gestos o acciones dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a miembros de su familia

.
33 LPRA sec. 4013

Por otro lado , e l Artículo 4 de la Ley 284 dispone lo siguiente:

(a) Toda persona que intencionalmen t e manifieste un patrón constante o repetitivo de conducta de a cecho dirigido a intimidar a una determinada persona a los efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón d e conducta a sabiendas de que determinada persona razonableme nte podría sentirse intimidada incurrirá en delito menos grave.
El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida

. (b) Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3 ) años si se incurriere en acecho, según tipificado en esta Ley, mediando una o más de las circunstancias siguientes:
(1) Se penetrare en la morada, o en el lugar de empleo, de determinada pe r s ona o de cualquier miembro de su familia, infundiendo temor d e sufrir daño físico o ejercer presión moral sobre el ánimo de esta para llevar a cabo un acto contrario a su voluntad; o
(2) se infringiere grave daño corp oral a determinada persona o miembr o de su familia; oK LAN 20 2 30 0 613 5
(3) se cometiere con arma mortífera en cir cunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar; o
(4) se cometiere luego de mediar una orden de protección contra el ofensor, expedida en au xilio de la víctima del acecho o de o tra persona también acechada por el ofensor; o
(5) se comet iere un acto de vandalismo que destruya propiedad en los lugares inmediatos o relativamente cercanos al hogar, residencia, escuela, trabajo o vehículo de dete rminada persona o miembro de su fam i l ia; o
(6) se cometiere por una persona adulta contra un o u na menor, o (7) se cometiere contra una mujer embarazada.
(8) Se cometiere contra una persona con la que se sostiene una relación afectiva o intrafamiliar de convivencia domiciliaria en la q u e no haya existido una relación de pareja, según definida por la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de la pena de reclusión establecida. El p roceso y castigo de cualquier perso n a por el delito definido y castigado en esta Ley no impedirá e l proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de esta Ley o de cualquier otr a ley

.
33 LPRA sec. 4014. (Énfasi s nuestro ). Por su parte, e l Artículo 10 de la Ley 284, sobre
incumplimiento de ór denes de protección, establece que:
Cualquier violación a sabiendas de una orden de protección, expedida de conformidad con esta Ley, será castigada como delito menos grave; e sto sin menoscabar su responsabilidad criminal bajo el Artículo 4 (b)(1) de esta Ley o cualquier otra ley penal y con stituirá desacato al Tribunal, lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o ambas penas. No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de l as Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendada, Ap. II del Título 34, aunqu e no mediare una orden a esos efecto s todo oficial del orden público deberá efectuar un arresto, si se le presenta una orden de protección expedida al amparo de esta Ley o d e una ley similar contra la persona a ser arrestada, o si determina que existe dich a orden mediante comunicación con la s autoridades pertinentes y tiene motivos fundados para creer que se han violado las disposiciones de la misma

.
33 LPRA sec. 4020.

B
. M o c ión de absolución perentoria

La absolución perentoria es la facultad que tiene un tribunal
para examinar la suficiencia de la prueba de cargo y decretar, a
base de dicho examen, la no culpabilidad de un acusado. Pueblo v.K LAN 20 2 30 0 613 6

Colón, Castillo , 140 DPR 564, 5 7 6 (1996). M. Moral es Lebrón,
Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, ed. Situm, 2008, Vol. III, pág. 3. Aunque tal
facultad aplica por igual a juicios por tribunal de derecho que a juicios por jurado, “la misión f u n damental de la ab solución
perentoria va dirigida a eliminar la posibilidad de que un jurado
condene a un acusado cuando la prueba es insuficiente”. Pueblo v.

Colón , supra. La Regla 135 de Procedimiento Criminal, 34 L P R A
Ap. II, R. 135 , viabiliza tal facu l t ad judicial al permit ir que el

trib unal , a motu proprio o a solicitud de parte, impida la
continuación del caso o, incluso, revoque el veredicto del Jurado
cuando la prueba presentada resulta insuficiente para sostener

una convicción. Pueblo v. Colón , su p r a , pág. 577.
[ E ]sta suficiencia de la prueba es la que le compete al tribunal evaluar ante una moción de absolución perentoria. La prueba suficiente será aquella que permite en derecho hallar a un ciudadano culpable más allá de duda razonable, por lo c u a l se requiere que el Pueblo establezca todos los elementos del delito y la conexión del acusado con éstos. Es decir, tiene que tratarse de prueba que, como mínimo, exponga todos los elementos del delito y sea susceptible de ser creída por una persona raz o n able. [...] Es, pues, u n análisis estrictamente en derecho, que aunque recae sobre la evidencia, sólo busca asegurar que, de cualquier manera en que se interprete la veracidad, los requisitos legales estarán presentes para poder permitir cualquiera de los v e redictos posibles. (

c itas omitidas). Pue blo v. Rivera Ortiz, Ortiz , 150 DPR 457, 462

- 463 (2000).

Sobre lo ante rior, la Regla 135 de Procedimiento Criminal ,

s upra , dispone que:
Queda abolida la moción para que se ordene un veredicto absolutorio. El trib u n al a instancia propia o a instancia de un acusado decretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denuncia luego de practicada la prueba de una o de ambas partes si la misma fuere insuficiente para sostener una convicción por
e s e cargo o cargos. De presentarse una moción de absolución perentoria , luego de pra cticada toda la prueba, el tribunal podrá reservarse su resolución, someter el caso al jurado y resolver la moción, bien antes del veredicto o después del veredicto o de d isolverse el jurado sin rendir veredicto. Si el tribunal declarare sin lugar la moció n antes de rendirse un veredicto de culpabilidad o de disolverse el jurado sin veredicto, la moción podrá reproducirse dentro del término jurisdiccional de los cinco (5) d ías de rendido el veredicto o disuelto el jurado, siempre que no se hubiere dictado s entencia

. (Énfasis suplido )

.K LAN 20 2 30 0 613 7

En fin, la absolución perentoria persigue evitar que un
ciudadano sea convicto sin el rigor que nuestro ordenamiento
exige, una vez el tribunal se convence de que la prueba no puede

rebasar las du das que necesariamente habría de tener una

persona razon able sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo V.
Colon, Castillo , 140 DPR 564, 577 (1996).

C. L a presunc ion de inocencia y la dud a razonable

La Constitución de Puerto Rico garantiza a toda persona

acusada de delito el der echo fundamental a la presunción de

inocencia. C ONST

. PR , art. II, § 11. Pueblo v

. Santiago , 176 DPR
133, 142 (2009); Pueblo v

. Irizarry 156 DPR 780, 786 (2002);

Pueblo v. Santiago , 176 DPR 133, 142 (2009). Además , la Regla

304 de las Reglas de Evidencia , 32 LPRA Ap. VI, R. 304 (1) , ha

inco rporad o este imperativo constitucional

. Asimismo, la Regla 110

Procedimiento Criminal , 34 LPRA Ap. II, R. 110 , reitera el precita do

derecho fundamental : “ [e] n t odo proceso criminal, se presumirá
inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso

de existir dud a razonable acerca de su culpabilidad, se le

absolverá. [...] ”

. A su vez, d icha norma constituye uno de los
imperativos del debido proceso d e ley al exi gir que una perso na

acusa da en un proceso criminal se presuma inocente, mientras no

se demuestre lo contrario. Pueblo v. Irizarry , 156 DPR 780, 786
(2002). Pueblo v. León Martínez , 132 DPR 746, 764 (1993). P ara rebatir tal presunción , nuestro o r denamiento requiere que el

Estado e st ablezca la culpabilidad una persona imputada de delito

más allá de duda razonable. Pueblo v. Arlequín Vélez , 204 DPR 117,
146 (2020). Pueblo v. Toro Martínez , 200 DPR 834, 855

- 56 (2018 ).

Pueblo v. Cabán Torres , 117 DP R 645, 652 (1986). En otras
palabras , se exige un quantum probatorio de más allá de duda

razonable para controvertir la presunción de inocencia

. Pueblo v.
Santiago , 176 DPR 133, 142 (2009).K LAN 20 2 30 0 613 8

El concepto de “ duda razonable ” implica necesariamente
aquella qu e produce insatisfacción o intranquil idad en la
conciencia del juzgador respecto a la evidencia presentada en el

caso. Pueblo v. Irizarry, supra , pág. 788. Sobre este requisito, el
Tribunal Supremo ha expresado que:

El Minis terio Fiscal no cumple con ese r e q uisito presentando prueba que meram ente sea “suficiente”, esto es, que “verse” sobre todos los elementos del delito imputado; se le requiere que la misma sea “suficiente en derecho”. Ello significa que la evidencia present ada, “además de suficiente, tien e que ser satisfactoria, es decir, qu e produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación” o en un ánimo no prevenido [...] Esa “insatisfacción” con la prueba es lo que se conoce como “duda razonabl e y fundada”

. Pueblo v. De Jesús M ercado, supra , pág. 476, citando a Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 ( 1986)

. Por lo tanto, el quantum de más allá de duda razo nable
apli ca para “ cada uno de los elementos del delito, la conexión de
estos con el acusado y la intención o negligencia de é ste”. Í d. , Pueblo v. Santiago, sup ra. Cabe destacar q ue nuestro mas Alto
Foro ha expresado que:
La determinación de que cierta prueba es suficiente para demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es una cuestión de raciocinio, pr o d ucto de un análisis de todos los el ementos de juicio del caso y no una mera duda especulativa o imaginaria

. Pueblo v. De Jesús Mercado , supra

, pág. 475

- 76.

D
. Apreciación de la Prueba y la Revisión Apelativa

Co mo es sabido, la apreciación de la prueba q u e realiza el

TPI en el ejercicio de su sana discreción está revestido de
confiabilidad y merece nuestro respeto y deferenc ia. Argüello v.
Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla

Romero , 120 DPR 92, 111 (1987)

. En vista de lo anterior , l a valoración que lleva a cabo el fo ro primario se presume correcta,
toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y
valorar las declaraciones de los testigos, así como sus lenguajes no

verbales. Pueblo v. Santiago , supra , pág. 148 ; Pue b lo v. Acevedo

Estrada , 150 DPR 84, 9 9 (2000)

.K LAN 20 2 30 0 613 9 [...] no sólo habla la v oz viva. También hablan las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, s on otr a s tantas circunstancias que deben ac ompañar el conjunto de una declar ación testifical y sin embargo, todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer inclus o más qu e el texto de la declaración misma pa ra el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento más útil para la investigación de la verdad: la observación

. Pueblo v. Toro Martínez , supra , pág. 857 , citando a Ortiz v. Cruz P abón , 103 DPR 939, 947 (1995).

A esos efectos, el Tribunal Su premo de Puerto Rico ha
resuelto que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio
por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes

circunstancias extraordinarias o indi ci os de p asión, prejuicio,
parcialidad o erro r manifiesto

. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v.
Lugo , 136 DPR 203, 208 (1994) ( Énfasis suplido )

. En consecuencia, este Tribunal Apelativo no debe intervenir
con las determinaciones de hechos, con la apreciació n de la p rueba
ni con la adjudicación de cred ibilidad efectuadas por el mismo,
excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que este
último: (i) actuó con p rejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un
craso abuso de discreción, o (iii) se equivocó en l a inte r pretación o
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.
Pueblo v. Irizarry, supra , pág. 789; Pueblo v. Maisonave , 129 DPR
49, 62

- 63 (1991)

. De igual forma, se podrá intervenir con la

determinación del TPI cuando la referida val or ación s e aparte de la

realidad fáctica o re sulte inherentemente imposible o increíble.

Pueblo v. Martínez Landrón , 202 DPR 409, 424 (2019) citando a
Pueblo v. Maisonave, supra , pág. 6 3. De manera que, es te Tribunal
solo podrá intervenir con la apreciació n del fo r o juzgador si, luego

de evaluar minu ciosamente la prueba del caso, guardamos serias,
razonables y fundadas dudas acerca de la culpabilidad del

acusado. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415

- 417 (2014).K LAN 20 2 30 0 613 10

I II

En el presente caso, l a apelante s e ñaló l a comisión de dos

errores y , por esta r íntimamente relacionados ent re s í , discutiremos l os mismos de forma conjunta. B ásicamente , la
apelante aduce que el TPI erró al declarar N o Ha Lugar la moción

de absolución perentoria y , así , permitir le al Ju rad o rea l izar un
veredicto de culpabilidad por el Ar t í culo 4(b)(4) de la Le y 284 en
violación a la presunci ó n de in ocencia y al debido proceso de ley.
Conforme explicamos en el ápice II de est a sentencia, la

absolución perentoria tiene la finalidad de e vi tar que e l juzgador de

los hechos condene a un acusado cuando la prueba de cargo
presentada por el M i nisterio P ú blico es insuficient e

. Esto es,

cuando el M inisterio P ú blico no ha establ ecido todos los elementos

del del ito y la conexión d el acusado con é sto s

. De ma n era tal que requi ere un análisis estr ictamente en derecho , aunque recae sobre

la evidencia.
Primero, debe mos co menzar señalando que el juzgador de

los hechos del presente caso lo fue el Jurado y , por tanto, es e l juez
quien debe realizar un anál isi s en e stricto derecho para determinar

la su ficie ncia de la prueba presentada el Ministerio P ú blico

. Segundo , du rante el juicio e n su fondo, el Ministerio P úblico
presentó tanto evidencia documental com o testifical

. Por ello, s u rge del expediente de aut os que a l momento de los hechos estaba
vig e nte una Orden de Protección expedida bajo la Ley 284 contra a
la aquí apelante. En l o aquí pertinente, l a referida Orden de

Protección le requiere a la apelante lo sig uie nte : (1) abstenerse de
penet rar o acercarse al hoga r del señor A guilar y los hogares de

s us familiares, incl uyendo sus alrededores ; y (2) abstenerse de

realizar llama d as telefónicas y de en vi ar mensajes de texto o de voz

al señor Aguilar y sus familiares. Asimismo, obra en el expedienteK LAN 20 2 30 0 613 11

de autos co nfo rme a los t est imonios vertido s en el juicio que la
apelante llamó en varias ocasiones a la esp osa del señor Aguilar , dejó mensaje s de vo z y penetr ó los alrededores del hogar del señor Aguilar.

Cons iderando lo anterior , es forzoso conc luir que el

M inist er i o P úb l ico present ó evidencia suficiente par a establecer

t odos los elementos del delito y la conexión de la apelante c on

éstos. Por lo tanto, no err ó el foro primario a l declarar N o Ha Lugar

l a moción de absolución perentori a y permit ir que el J urad o

emi tie ra un veredicto.

Con relación a la credibi lidad de los testigos de cargo y la
prueba desfilada, el Jurado estuvo en mejor posición para evaluar

los mismos que este Tribunal apelativo intermedio. Fue el Jurado,
quien tuvo la oportunidad de observar y es cuc har a los testigos de

cargo. De conformidad con nuestro ordenamiento juríd ico y ante la
ausencia en el expediente de algún indicio de pasión, perjuicio o
parcialidad, este Foro Revisor le otorga completa deferencia a la
apreciación de la prueba

- particu lar mente la adjudicación de

credibilidad

- que hizo el Jurado sobre los testi gos. Por lo tanto, el
foro primario no violent ó la presunción de inocencia y al debido
proceso de ley de la apelante al emitir veredicto de culpabilidad.

IV

Por los fundamentos exp uesto s , se confirma la Sentencia
apelada

.
L o acordó y mand a el Tribunal y lo ce rtif ic a l a Secretar ia del

T ribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oq uendo Sol ís Secret ar i a del Trib unal de Apelaciones