Número Identificador

SEN2024_________________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Apelado

v.

ELVIRA LEVALLE 

COTARELO

Apelante

KLAN202300613

Apelación

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez

Criminal Núm.:

ISCR202100474

Sobre:

Art. 4(B-4) Ley 284

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Grana Martínez, el 

Juez Rodríguez Flores y la Jueza Prats Palerm

Prats Palerm, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2024.

Comparece la apelante, Elvira Levalle Cotarelo (en adelante 

“señora Levalle” o “apelante”) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Mayagüez (“TPI o foro primario”), el 15 de junio de 

2023. Mediante el referido dictamen, se declaró a la apelante 

culpable y convicta por infringir el Artículo 4 (b)(4) de la Ley Núm. 

284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como

“Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”, 33 LPRA sec. 4014 et seq.

(en adelante “Ley 284”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I

Surge del expediente de la apelación ante nos, que el 

Ministerio Publico presentó una Denuncia contra la señora Levalle 

por infracción al Artículo 4 (b)(4) de la Ley 284. Específicamente la 
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denuncia lee como sigue: 

La referida imputada ELVIRA ROSARIO LEVALLE 

COTARELO, allá en o del 9 al 16 de febrero del 2021, en 

Añasco, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdiccion del 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior 

de Mayagüez, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y 

criminalmente con conocimiento que existía una Orden de 

Protección al Amparo de la Ley 284 a favor del SR. MILTON 

AGUILAR CEREZO, expedida por la Hon. Juez Margarita 

Gaudier Lavergne, la cual esta vigente desde el 1 al 22 de 

febrero del 2021, violo la misma consistente en que la 

imputada realizó llamadas telefónicas consistentes desde el 

9 al 16 de febrero del 2021, al teléfono de la Sra. Melissa 

Palermo Cruz, esposa del Sr. Milton Aguilar Cerezo y el día

10 de febrero del 2021 entró a la finca propiedad del 

perjudicado junto a dos acompañantes.

El 15 de marzo de 2021, el foro primario determinó causa 

probable y ese mismo día se citó a la señora Levalle a Vista 

Preliminar. 

Habiéndose determinado causa probable en la Vista 

Preliminar, el 10 de mayo de 2021, el Ministerio Publico presentó 

una acusación contra la señora Levalle. 

Tras varios tramites procesales, el 1 y 2 de mayo de 2023, se 

celebró el juicio por Jurado contra la señora Levalle. El Ministerio

Publico presentó prueba testifical y documental para sostener el 

cargo imputado. Por un lado, la prueba testifical consistió por los 

testimonios vertidos bajo juramento de: (1) el señor Milton Aguilar 

Cerezo, (2) el Agente José Ramos Quiñones y (3) la señora Melissa 

Palermo Cruz. Mientras que la prueba documental de cargo 

consistió en lo siguiente: (1) Hoja de cuentas (Exhibit 1 al 1 g); (2) 

Pendrive (Exhibit 2); (3) Notas del Agte. José Ramos (Exhibit 3); (4) 

PPR 625.4 Advertencias Miranda para persona sospechosa (Exhibit

4); (5) PPR 621.1 Informe de Incidente (Exhibit 5); (6) Certificado de 

Valores del CRIM (Exhibit 6); y (7) Foto área de la finca provista por 

el CRIM (Exhibit I). 

Así las cosas, luego de escuchado el testimonio de los 

testigos presentados por el Ministerio Público y evaluada la 

totalidad de la prueba que tuvo ante sí, el 2 de mayo de 2023, el 
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Jurado emitió un veredicto de culpabilidad por el cargo, según 

imputado. 

Inconforme con la Sentencia, el 9 de mayo de 2023, la 

señora Levalle presentó Moción al Amparo de la Regla 135 de las de 

Procedimiento Criminal. 

En atención a ello, el 13 de junio de 2023, el TPI emitió

Resolución declarando NO HA LUGAR la moción de absolución

perentoria presentada por la señora Levalle. 

Finalmente, el 15 de junio de 2023, el foro primario emitió 

Sentencia en contra de la apelante, imponiéndole la siguiente pena:

TRES (3) AÑOS DE CÁRCEL BAJO EL RÉGIMEN DE 

SENTENCIA SUSPENDIDA Y DE LIBERTAD A PRUEBA. SE 

EXIME DEL PAGO DEL COMPROBANTE DE LA PENA 

ESPECIAL QUE DISPONE LA LEY DE $300.00 POR ESTAR 

REPRESENTADA POR LA SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA 

LEGAL (SAL). 

Aun insatisfecha, el 13 julio de 2023, la señora Levalle 

acudió a este Foro mediante un Recurso de Apelación y señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

A. INCURRIÓ EN UN ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR 

UNA MOCIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA 

PRESENTADA POR LA DEFENSA. PERMITIENDO ASÍ, 

QUE UN JURADO ENCONTRARA CULPABLE A LA AQUÍ

APELANTE CUANDO -DE LA PRUEBA DESFILADA 

DURANTE EL JUICIO EN SU FONDO- NO SE 

ESTABLECIERON ACTOS INTENCIONALES 

CONSTITUTIVOS DE LA CONDUCTA DE ACECHO, 

COMO REQUISITOS A INCUMPLIR CON UNA ORDEN 

DE PROTECCIÓN PREVIA PARA PODER ENTONCES 

ENCONTRAR CULPABLE A LA ACUSADA DE INFRINGIR 

EL ARTICULO 4 (B)(4) DE LA LEY CONTRA EL ACECHO 

EN PUERTO RICO (LEY 284 DE 1999, SEGÚN 

ENMENDADA). 

B. INCURRIÓ EN UN ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL ENCONTRAR CULPABLE A 

NUESTRA REPRESENTADA CUANDO LA PRUEBA DE 

CARGO NO ESTABLECIÓ SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ 

DE DUDA RAZONABLE EN VIOLACIÓN AL DERECHO 

DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO 

DE LEY. 

En consecuencia, el 27 de marzo de 2024, el Pueblo de 

Puerto Rico presentó su Alegato en oposición a apelación. 
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Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes

y los autos originales, damos por perfeccionado el Recurso de 

Apelación y procedemos a resolver. 

II

A. Órdenes de protección bajo Ley 284

La Ley 284 fue aprobada con el propósito de “proteger 

debidamente a personas que son víctimas de acecho, evitando 

posibles daños a su persona, sus bienes o a miembros de su 

familia”. 33 LPRA sec. 4013 nota. Dicho estatuto define el acecho 

como: 

[...] una conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia 

sobre determinada persona; se envían comunicaciones 

verbales o escritas no deseadas a una determinada 

persona, se realizan amenazas escritas, verbales o 

implícitas a determinada persona, se efectúan actos de 

vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga 

repetidamente mediante palabras, gestos o acciones 

dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a 

miembros de su familia.

33 LPRA sec. 4013

Por otro lado, el Artículo 4 de la Ley 284 dispone lo 

siguiente: 

(a) Toda persona que intencionalmente manifieste un 

patrón constante o repetitivo de conducta de acecho 

dirigido a intimidar a una determinada persona a los 

efectos de que ella, o cualquier miembro de su familia 

podría sufrir daños, en su persona o en sus bienes; o que 

mantenga dicho patrón de conducta a sabiendas de que 

determinada persona razonablemente podría sentirse 

intimidada incurrirá en delito menos grave. 

El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además 

de la pena de reclusión establecida.

(b) Se incurrirá en delito grave y se impondrá pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años si se 

incurriere en acecho, según tipificado en esta Ley, 

mediando una o más de las circunstancias siguientes: 

(1) Se penetrare en la morada, o en el lugar de empleo, 

de determinada persona o de cualquier miembro de su 

familia, infundiendo temor de sufrir daño físico o ejercer 

presión moral sobre el ánimo de esta para llevar a cabo 

un acto contrario a su voluntad; o 

(2) se infringiere grave daño corporal a determinada 

persona o miembro de su familia; o 
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(3) se cometiere con arma mortífera en circunstancias 

que no revistiesen la intención de matar o mutilar; o 

(4) se cometiere luego de mediar una orden de 

protección contra el ofensor, expedida en auxilio de 

la víctima del acecho o de otra persona también 

acechada por el ofensor; o 

(5) se cometiere un acto de vandalismo que destruya 

propiedad en los lugares inmediatos o relativamente 

cercanos al hogar, residencia, escuela, trabajo o 

vehículo de determinada persona o miembro de su 

familia; o 

(6) se cometiere por una persona adulta contra un o una 

menor, o 

(7) se cometiere contra una mujer embarazada. 

(8) Se cometiere contra una persona con la que se 

sostiene una relación afectiva o intrafamiliar de 

convivencia domiciliaria en la que no haya existido una 

relación de pareja, según definida por la Ley Núm. 54 

del 15 de agosto de 1989, según enmendada.

El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además 

de la pena de reclusión establecida. El proceso y castigo de 

cualquier persona por el delito definido y castigado en esta 

Ley no impedirá el proceso y castigo de la misma persona 

por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera 

de las demás disposiciones de esta Ley o de cualquier otra 

ley.

33 LPRA sec. 4014. (Énfasis nuestro).

Por su parte, el Artículo 10 de la Ley 284, sobre 

incumplimiento de órdenes de protección, establece que:

Cualquier violación a sabiendas de una orden de 

protección, expedida de conformidad con esta Ley, será 

castigada como delito menos grave; esto sin menoscabar su 

responsabilidad criminal bajo el Artículo 4 (b)(1) de esta Ley 

o cualquier otra ley penal y constituirá desacato al 

Tribunal, lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o 

ambas penas. No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de

las Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendada, 

Ap. II del Título 34, aunque no mediare una orden a esos 

efectos todo oficial del orden público deberá efectuar un 

arresto, si se le presenta una orden de protección expedida 

al amparo de esta Ley o de una ley similar contra la 

persona a ser arrestada, o si determina que existe dicha 

orden mediante comunicación con las autoridades 

pertinentes y tiene motivos fundados para creer que se han 

violado las disposiciones de la misma.

33 LPRA sec. 4020.

B. Moción de absolución perentoria 

La absolución perentoria es la facultad que tiene un tribunal 

para examinar la suficiencia de la prueba de cargo y decretar, a 

base de dicho examen, la no culpabilidad de un acusado. Pueblo v. 
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Colón, Castillo, 140 DPR 564, 576 (1996). M. Morales Lebrón, 

Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, ed. Situm, 2008, Vol. III, pág. 3. Aunque tal 

facultad aplica por igual a juicios por tribunal de derecho que a 

juicios por jurado, “la misión fundamental de la absolución 

perentoria va dirigida a eliminar la posibilidad de que un jurado 

condene a un acusado cuando la prueba es insuficiente”. Pueblo v. 

Colón, supra. La Regla 135 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II, R. 135, viabiliza tal facultad judicial al permitir que el 

tribunal, a motu proprio o a solicitud de parte, impida la 

continuación del caso o, incluso, revoque el veredicto del Jurado 

cuando la prueba presentada resulta insuficiente para sostener 

una convicción. Pueblo v. Colón, supra, pág. 577.

[E]sta suficiencia de la prueba es la que le compete al 

tribunal evaluar ante una moción de absolución perentoria. 

La prueba suficiente será aquella que permite en derecho 

hallar a un ciudadano culpable más allá de duda razonable, 

por lo cual se requiere que el Pueblo establezca todos los 

elementos del delito y la conexión del acusado con éstos. Es 

decir, tiene que tratarse de prueba que, como mínimo, 

exponga todos los elementos del delito y sea susceptible de 

ser creída por una persona razonable. [...] Es, pues, un 

análisis estrictamente en derecho, que aunque recae sobre la 

evidencia, sólo busca asegurar que, de cualquier manera en 

que se interprete la veracidad, los requisitos legales estarán 

presentes para poder permitir cualquiera de los veredictos 

posibles. (citas omitidas). Pueblo v. Rivera Ortiz, Ortiz, 150 

DPR 457, 462-463 (2000).

Sobre lo anterior, la Regla 135 de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone que:

Queda abolida la moción para que se ordene un veredicto 

absolutorio. El tribunal a instancia propia o a instancia de 

un acusado decretará su absolución perentoria en uno o 

varios cargos de la acusación o denuncia luego de 

practicada la prueba de una o de ambas partes si la 

misma fuere insuficiente para sostener una convicción por 

ese cargo o cargos.

De presentarse una moción de absolución perentoria, luego 

de practicada toda la prueba, el tribunal podrá reservarse 

su resolución, someter el caso al jurado y resolver la 

moción, bien antes del veredicto o después del veredicto o 

de disolverse el jurado sin rendir veredicto. Si el tribunal 

declarare sin lugar la moción antes de rendirse un veredicto 

de culpabilidad o de disolverse el jurado sin veredicto, la 

moción podrá reproducirse dentro del término 

jurisdiccional de los cinco (5) días de rendido el 

veredicto o disuelto el jurado, siempre que no se 

hubiere dictado sentencia. (Énfasis suplido). 
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En fin, la absolución perentoria persigue evitar que un 

ciudadano sea convicto sin el rigor que nuestro ordenamiento 

exige, una vez el tribunal se convence de que la prueba no puede 

rebasar las dudas que necesariamente habría de tener una 

persona razonable sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo V. 

Colon, Castillo, 140 DPR 564, 577 (1996).

C. La presuncion de inocencia y la duda razonable

La Constitución de Puerto Rico garantiza a toda persona 

acusada de delito el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia. CONST. PR, art. II, § 11. Pueblo v. Santiago, 176 DPR 

133, 142 (2009); Pueblo v. Irizarry 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009). Además, la Regla 

304 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304 (1), ha 

incorporado este imperativo constitucional. Asimismo, la Regla 110 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, reitera el precitado 

derecho fundamental: “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 

inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 

de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá. [...]”. A su vez, dicha norma constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley al exigir que una persona 

acusada en un proceso criminal se presuma inocente, mientras no 

se demuestre lo contrario. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 

(2002). Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). Para 

rebatir tal presunción, nuestro ordenamiento requiere que el 

Estado establezca la culpabilidad una persona imputada de delito 

más allá de duda razonable. Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117,

146 (2020). Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 855-56 (2018). 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). En otras 

palabras, se exige un quantum probatorio de más allá de duda 

razonable para controvertir la presunción de inocencia. Pueblo v. 

Santiago, 176 DPR 133, 142 (2009).
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El concepto de “duda razonable” implica necesariamente 

aquella que produce insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador respecto a la evidencia presentada en el 

caso. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. Sobre este requisito, el 

Tribunal Supremo ha expresado que:

El Ministerio Fiscal no cumple con ese requisito 

presentando prueba que meramente sea “suficiente”, 

esto es, que “verse” sobre todos los elementos del 

delito imputado; se le requiere que la misma sea 

“suficiente en derecho”. Ello significa que la evidencia 

presentada, “además de suficiente, tiene que ser 

satisfactoria, es decir, que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación” o en un ánimo no prevenido [...] Esa 

“insatisfacción” con la prueba es lo que se conoce 

como “duda razonable y fundada”. Pueblo v. De Jesús

Mercado, supra, pág. 476, citando a Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645 (1986).

Por lo tanto, el quantum de más allá de duda razonable

aplica para “cada uno de los elementos del delito, la conexión de 

estos con el acusado y la intención o negligencia de éste”. Íd., 

Pueblo v. Santiago, supra. Cabe destacar que nuestro mas Alto 

Foro ha expresado que: 

La determinación de que cierta prueba es suficiente para 

demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable es una cuestión de raciocinio, producto de un 

análisis de todos los elementos de juicio del caso y no una 

mera duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. De Jesús 

Mercado, supra, pág. 475-76.

D. Apreciación de la Prueba y la Revisión Apelativa

Como es sabido, la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI en el ejercicio de su sana discreción está revestido de 

confiabilidad y merece nuestro respeto y deferencia. Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001) citando a Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 DPR 92, 111 (1987). En vista de lo anterior, la 

valoración que lleva a cabo el foro primario se presume correcta, 

toda vez que es este quien tiene la oportunidad de ver, escuchar y 

valorar las declaraciones de los testigos, así como sus lenguajes no 

verbales. Pueblo v. Santiago, supra, pág. 148; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
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[...] no sólo habla la voz viva. También hablan las 

expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, 

el temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 

circunstancias que deben acompañar el conjunto de 

una declaración testifical y sin embargo, todos estos 

elementos se pierden en la letra muda de las actas, por 

lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias 

que han de valer incluso más que el texto de la 

declaración misma para el juicio valorativo que ha de

emitir en el momento de fallar; le faltará el 

instrumento más útil para la investigación de la 

verdad: la observación. Pueblo v. Toro Martínez, supra,

pág. 857, citando a Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

947 (1995). 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio 

por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. 

Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994) (Énfasis suplido). 

En consecuencia, este Tribunal Apelativo no debe intervenir

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba 

ni con la adjudicación de credibilidad efectuadas por el mismo,

excepto en aquellas situaciones en que se demuestre que este 

último: (i) actuó con prejuicio o parcialidad, (ii) incurrió en un 

craso abuso de discreción, o (iii) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789; Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 

49, 62-63 (1991). De igual forma, se podrá intervenir con la 

determinación del TPI cuando la referida valoración se aparte de la 

realidad fáctica o resulte inherentemente imposible o increíble.

Pueblo v. Martínez Landrón, 202 DPR 409, 424 (2019) citando a 

Pueblo v. Maisonave, supra, pág. 63. De manera que, este Tribunal 

solo podrá intervenir con la apreciación del foro juzgador si, luego 

de evaluar minuciosamente la prueba del caso, guardamos serias, 

razonables y fundadas dudas acerca de la culpabilidad del 

acusado. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415-417 (2014).
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III

En el presente caso, la apelante señaló la comisión de dos 

errores y, por estar íntimamente relacionados entre sí, 

discutiremos los mismos de forma conjunta. Básicamente, la 

apelante aduce que el TPI erró al declarar No Ha Lugar la moción

de absolución perentoria y, así, permitirle al Jurado realizar un

veredicto de culpabilidad por el Artículo 4(b)(4) de la Ley 284 en 

violación a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley. 

Conforme explicamos en el ápice II de esta sentencia, la 

absolución perentoria tiene la finalidad de evitar que el juzgador de 

los hechos condene a un acusado cuando la prueba de cargo 

presentada por el Ministerio Público es insuficiente. Esto es, 

cuando el Ministerio Público no ha establecido todos los elementos 

del delito y la conexión del acusado con éstos. De manera tal que 

requiere un análisis estrictamente en derecho, aunque recae sobre 

la evidencia. 

Primero, debemos comenzar señalando que el juzgador de 

los hechos del presente caso lo fue el Jurado y, por tanto, es el juez 

quien debe realizar un análisis en estricto derecho para determinar 

la suficiencia de la prueba presentada el Ministerio Público.

Segundo, durante el juicio en su fondo, el Ministerio Público 

presentó tanto evidencia documental como testifical. Por ello, surge 

del expediente de autos que al momento de los hechos estaba 

vigente una Orden de Protección expedida bajo la Ley 284 contra a 

la aquí apelante. En lo aquí pertinente, la referida Orden de 

Protección le requiere a la apelante lo siguiente: (1) abstenerse de 

penetrar o acercarse al hogar del señor Aguilar y los hogares de 

sus familiares, incluyendo sus alrededores; y (2) abstenerse de 

realizar llamadas telefónicas y de enviar mensajes de texto o de voz 

al señor Aguilar y sus familiares. Asimismo, obra en el expediente
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de autos conforme a los testimonios vertidos en el juicio que la 

apelante llamó en varias ocasiones a la esposa del señor Aguilar, 

dejó mensajes de voz y penetró los alrededores del hogar del señor

Aguilar. 

Considerando lo anterior, es forzoso concluir que el 

Ministerio Público presentó evidencia suficiente para establecer

todos los elementos del delito y la conexión de la apelante con 

éstos. Por lo tanto, no erró el foro primario al declarar No Ha Lugar

la moción de absolución perentoria y permitir que el Jurado

emitiera un veredicto. 

Con relación a la credibilidad de los testigos de cargo y la 

prueba desfilada, el Jurado estuvo en mejor posición para evaluar 

los mismos que este Tribunal apelativo intermedio. Fue el Jurado, 

quien tuvo la oportunidad de observar y escuchar a los testigos de 

cargo. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico y ante la 

ausencia en el expediente de algún indicio de pasión, perjuicio o 

parcialidad, este Foro Revisor le otorga completa deferencia a la 

apreciación de la prueba -particularmente la adjudicación de 

credibilidad- que hizo el Jurado sobre los testigos. Por lo tanto, el 

foro primario no violentó la presunción de inocencia y al debido 

proceso de ley de la apelante al emitir veredicto de culpabilidad. 

IV

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones