Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL I

RODERICK MELÉNDEZ 

SANTIAGO

Recurrente

v.

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN

Agencia Recurrida

KLRA202400336

Revisión 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación

Confinado núm.:

6-45446

Sobre: Orden 

Administrativa

DCR-2023-03

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Pagán Ocasio, el Juez Marrero Guerrero y la Jueza Boria 

Vizcarrondo.

Sánchez Ramos, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de julio de 2024.

Por derecho propio, un integrante de la población correccional

solicita que intervengamos con una supuesta determinación 

relacionada con su interés en participar de un programa de “preinserción a la comunidad”. No obstante, al no acreditarse que este 

Tribunal tenga jurisdicción sobre asunto alguno de su competencia, 

se desestima el recurso de referencia. Veamos.

En el recurso que nos ocupa, suscrito el 11 de junio de 2024, 

el Sr. Roderick Meléndez Santiago (el “Recurrente”) asevera que, 

desde el 2009, cumple con una sentencia de 126 años de reclusión. 

Afirma que, el 21 de mayo de 2024, se rechazó su solicitud al 

“programa de pre-inserción de libre comunidad”, pues su plan de 

salida no era viable. Planteó que cumple con todos los requisitos 

para participar del referido programa y que, durante su 

confinamiento, ha “trabajado y cumplido con el plan institucional y 

tomado todas las terapias”.
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La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd. Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

La Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24, et seq. (“Ley 201”), 

establece que el Tribunal de Apelaciones será un tribunal intermedio 

y estará a cargo de revisar, “como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de 

forma discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. Art. 4.002 de la Ley 201, 4 LPRA 

sec. 24(u). 

En cuanto a la competencia del Tribunal de Apelaciones, el 

Art. 4.006 de la Ley 201 (4 LPRA sec. 24y) dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones conocerá de los siguientes 

asuntos: 

(a) Mediante recurso de apelación de toda sentencia 

final dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

 

(b) Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, 

de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(c) Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 

como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. En estos casos, la mera presentación 

del recurso no paralizará el trámite en el organismo o 

agencia administrativa ni será obligatoria la 

comparecencia del Estado Libre Asociado ante el foro 

apelativo a menos que así lo determine el tribunal. El 

procedimiento a seguir será de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como la "Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico". 
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(d) Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 

expedir autos de hábeas corpus y de mandamus. 

Asimismo, cada uno de los jueces de dicho Tribunal 

podrá conocer en primera instancia de los recursos de 

hábeas corpus y mandamus, pero su resolución en tales 

casos estará sujeta a revisión por el Tribunal de 

Apelaciones, en cuyo caso, siempre que ello fuera 

solicitado por parte interesada dentro de los diez (10) 

días después que le fuera notificada, el Juez Presidente 

del Tribunal Supremo nombrará un panel especial no 

menor de tres (3) jueces ni mayor de cinco (5) jueces que 

revisará la resolución del Juez en cualesquiera de tales 

casos y dictará la sentencia que a su juicio proceda. 

 

(e) Cualquier otro asunto determinado por ley especial.

 

Por su parte, nuestra jurisdicción para atender un recurso de 

revisión judicial se limita, como norma general, a la revisión de una 

“orden o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan 

“agotado todos los remedios provistos por la agencia”. 3 LPRA 9672. 

Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201), dispone en su Artículo 

4.006 (c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de revisión 

judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos 

o agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y. Esta orden o 

resolución final debe “incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho ... [y] conclusiones de derecho ...”. 3 

LPRA 9654; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006); 

véase, además, Bennett v. Spear, 520 US 154 (1997).

Así pues, la disposición final de la decisión de la agencia es 

requisito básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer su 

función revisora. Para que una orden o resolución se considere 

final, la misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria de 

la agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante el 

organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. v. 

A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et 

al., 144 DPR 483 (1997).

La parte que acude ante nosotros tiene la obligación de 

colocarnos en posición de poder evaluar su solicitud. Véase, por 

ejemplo, Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366-367 (2005); Soto Pino v. 
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Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013). El “hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003). 

Por lo tanto, el Recurrente venía obligado al fiel cumplimiento 

del trámite prescrito aplicable al recurso instado ante nosotros. Soto 

Pino, supra. El hecho de que el Recurrente esté confinado no le 

concede un privilegio sobre otros litigantes en cuanto al trámite del 

recurso. 

El escrito presentado ante nosotros por el Recurrente 

incumple de forma sustancial con los requisitos reglamentarios 

potencialmente aplicables. Véase, por ejemplo, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 55-59. En efecto, el Recurrente incumplió con su obligación de 

acreditar que este Tribunal tenga jurisdicción para entender sobre 

su solicitud. No acredita que Corrección haya emitido una decisión, 

mucho menos una revisable por nosotros, sobre el asunto que 

plantea, ni que se haya presentado el recurso de forma oportuna, de 

existir tal decisión. 

Además, el Recurrente incumplió con el requisito de someter 

un apéndice con copia de los documentos necesarios para 

colocarnos en posición de poder revisar la decisión cuestionada. Era 

necesario que el Recurrente acompañara todo escrito, resolución u 

orden que formara parte del expediente administrativo y que fuera 

pertinente a la controversia planteada en su recurso, incluidos los 

que nos permitieran determinar si tenemos jurisdicción para 

entender sobre su solicitud. El Recurrente únicamente acompañó 

con su recurso una “Hoja Control sobre Liquidación de Sentencia” y 

varias copias de certificados y reconocimientos recibidos por este.

En fin, el Recurrente no acreditó que exista, ni acompañó con 

su recurso copia de, una decisión revisable de Corrección. Tampoco 
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acreditó que, de existir la misma, el recurso se hubiese presentado 

dentro del término reglamentario aplicable. 

Por las razones que anteceden, se desestima el recurso de 

referencia por craso incumplimiento con nuestro 

Reglamento. Véase, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83.

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones