Número Identificador

SEN2023______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL V

CONSEJO DE TITULARES 

DEL CONDOMINIO VILLAS 

DEL FARO

Apelada

v.

MAPFRE PRAICO 

INSURANCE COMPANY

Apelante

KLAN202300705

Apelación

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Humacao

Caso Núm.:

HU2019CV01340

Sobre:

Incumplimiento de 

Contrato; mala fe; 

cumplimiento 

específico; 

violaciones al Código 

de Seguros de PR; 

daños y perjuicios; 

reclamación por 

Huracán María

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Romero García y la Jueza Martínez Cordero. 

Martínez Cordero, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2023.

Comparece MAPFRE PRAICO Insurance Company (en 

adelante, MAPFRE y/o parte apelante), mediante un recurso de 

Apelación para solicitarnos la revisión y revocación de la Sentencia 

Parcial emitida el 6 de junio de 2023 y notificada el 7 de junio de 

2023, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao (en adelante, TPI).

1 Mediante la Sentencia Parcial apelada, 

el foro primario declaró Ha Lugar una moción de desestimación, 

presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Villas del 

Faro (en adelante, Consejo y/o parte apelada) y, en consecuencia, 

desestimó la Reconvención presentada por MAPFRE.2

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada.

1 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 257-267.

2 Id., a la pág. 267.
KLAN202300705 2

I

El 4 de septiembre de 2019, el Consejo presentó una Demanda

al amparo de las Reglas 3.1 y 3.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil.

3 En ella, solicitó que se condenara a MAPFRE al pago de 

$18,968,857.09 dólares como compensación por los daños sufridos 

por la propiedad a causa del Huracán María y $1,896,885.71 

dólares por los daños alegadamente causados por incumplimiento 

contractual con los términos y condiciones de la póliza de seguros 

expedida a su favor al atender la reclamación de daños, en violación 

al Código de Seguros de Puerto Rico (en adelante, Código de 

Seguros).

4 Alegó que la póliza de seguros cubría el periodo desde el 

23 de marzo de 2017 hasta el 23 de marzo de 2018. Expuso que, 

como lo demostraban las páginas de declaración de la póliza de 

seguros, esta brindaba cobertura para todos los edificios y 

estructuras auxiliares por daños cubiertos por tormentas de viento,

hasta $25,131,072.00 dólares, sobre una base de valor acordado.

Sin embargo, alegó que recibió, el 21 de julio de 2018, dos (2) 

cheques de parte de General Insurance Brokers, Inc., su agente de 

seguros, por las cantidades de $260,502.61 dólares5 y $26,028.37

dólares6, los cuales alegó que aceptaron como un adelanto.

De ahí, el 16 de diciembre de 2019, MAPFRE presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.

7 Alegó que su oferta final había sido 

por la cantidad de $286,030.98 dólares, y que por su parte el 

Consejo aceptó y depositó los cheques configurándose la figura de 

pago en finiquito. Expuso que en el reverso de los dos (2) cheques y 

cerca del espacio para endoso se desprendía lo siguiente: “pago total 

y definitivo de toda obligación, reclamación o cuenta comprendida 

3 Id., a las págs. 1-11. 32 LPRA Ap. V, R. 3.1 y 3.4.

4 Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de Junio de 1957, según 

enmendada, 26 LPRA § 101 et seq.

5 Apéndice de la parte apelante, a la pág. 190.

6 Id., a la pág. 187.

7 Id., a las págs. 16-194.
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en el concepto indicado en el anverso”. Allí, solicitó al foro primario 

la desestimación de la Demanda en su contra, con perjuicio y la 

imposición de costas, así como una suma razonable en honorarios 

de abogado por temeridad.

De los autos se desprende que mediante la Resolución emitida 

el 12 de diciembre de 2021, el foro primario denegó la referida 

solicitud de sentencia sumaria.8 Allí, el foro primario concluyó que:

[E]xiste una controversia real sobre los daños pagados 

por MAPFRE. Además, y según las alegaciones del 

demandante, existe controversia en cuanto a los daños 

reclamados y los que MAPFRE pagó. Es meritorio tener 

claro estos hechos, en específico, la aseguradora debe 

proveer una explicación, en la que se detalle lo que el 

asegurado reclamó, lo que la aseguradora evaluó y 

concedió, junto a las partidas específicas pagadas y 

aquellas excluidas, para que el pago no sea considerado 

una práctica desleal. En este caso existe controversia 

en cuanto a la aceptación del pago como uno total y 

final de la reclamación. Es decir, al existir controversias 

de hechos no se puede pasar juicio sobre la totalidad de 

las cuestiones que fueron planteadas sin la celebración 

de una vista en la cual se dirima cuestiones de 

credibilidad y se presente la evidencia que amerite.9

Luego, el 23 de diciembre de 2021, MAPFRE presentó una

Contestación a la Demanda y Reconvención.

10 En la Reconvención, 

expuso que el 28 de septiembre de 2017, el Consejo le notificó su 

aviso de accidente por los daños ocasionados a la propiedad por el 

paso del Huracán María. Alegó que, en o alrededor del 26 de abril 

de 2018, General Insurance Brokers, Inc. le sometió a nombre del 

Consejo un estimado que incluía todos los daños a edificios y demás 

riesgos cubiertos bajo las cuales reclamaba. Según MAPFRE, la 

reclamación del Consejo era por un total de $398,429.76 dólares. 

En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, MAPRE alzó 

que: (i) los demandantes del título incurrieron como mínimo en

fraude, falsas representaciones y sobrestimaron sus daños, por lo 

que la póliza de seguros quedaba invalidada y MAPFRE debía quedar 

8 Apéndice de la parte apelada, a las págs. 1-13.

9 Id., a la pág. 12.

10 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 195-211.
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relevada de cumplir con su deber de indemnizar; (ii) los 

demandantes del título incumplieron varios de sus deberes 

esenciales bajo la póliza de seguros, entre ellos, el de brindar 

información completa y veraz respecto a su reclamación, por lo que 

la póliza de seguros quedaba invalidada y MAPFRE debía quedar 

relevada de cumplir con su deber de indemnizar; y, (iii) solicitaron 

que se condenara al asegurado a la devolución de lo pagado, junto 

con el pago de todos los gastos de investigación, ajuste y legales 

incurridos por MAPFRE, los cuales se estiman en una suma no 

menor de $250,000.00 dólares.

11

Por su parte, el 24 de enero de 2022, el Consejo presentó una

Moción de Desestimación de “Reconvención” al Amparo de la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil.

12 En síntesis, adujo que la 

Reconvención presentada por MAPFRE incumplió con la Regla 7.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil13 y que, por tanto, procedía la 

desestimación de esta, al amparo de la Regla 10.2(5) del mismo 

citado cuerpo de reglas14. Adujo que se dejó de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio. En 

respuesta, el 3 de febrero de 2022, MAPFRE presentó una Oposición 

a Moción de Desestimación de Reconvención.

15 Adujo que las 

alegaciones contenidas en la Reconvención expresaban con claridad 

los hechos que alegadamente daban base a la concesión del remedio 

solicitado y que, por tanto, el remedio solicitado por el Consejo debía 

ser denegado. 

De ahí, el 6 de junio de 2022, el foro primario emitió la 

Sentencia Parcial apelada, mediante la cual declaró Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por el Consejo y ordenó la 

11 Id., a las págs. 210-211.

12 Id., a las págs. 212-225. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).

13 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.

14 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).

15 Apéndice de la parte apelante, a las págs. 226-232.
KLAN202300705 5

continuación del resto de las reclamaciones.16 Dicha Sentencia 

Parcial fue notificada el 7 de junio de 2022. Como parte de la 

Sentencia Parcial apelada, el tribunal a quo expresó lo siguiente: 

El día 13 de diciembre de 2021 este tribunal resolvió 

mediante resolución que en este caso no se probaron 

los elementos que configuran el pago en finiquito. 

Precisamente resolvimos sobre la existencia de varias 

controversias, todas relacionadas a los pagos realizados 

por M[APFRE] mediante los dos cheques. Así, 

resolvimos específicamente que: “un análisis de los 

documentos del expediente, revelan que existe una 

controversia real sobre los daños pagados por MAPFRE. 

Además, y según las alegaciones del demandante, existe 

controversia en cuanto a los daños reclamados y los que 

MAPFRE pagó. Es meritorio tener claro estos hechos, en 

específico, la aseguradora debe proveer una explicación, 

en la que se detalle lo que el asegurado reclamó, lo que 

la aseguradora evaluó y concedió, junto a las partidas 

específicas pagadas y aquellas excluidas, para que el 

pago no sea considerado una práctica desleal. En este 

caso existe controversia en cuanto a la aceptación del 

pago como uno total y final de la reclamación. Es decir, 

al existir controversias de hechos no se puede pasar 

juicio sobre la totalidad de las cuestiones que fueron 

planteadas sin la celebración de una vista en la cual se 

dirima cuestiones de credibilidad y se presente la 

evidencia que amerite. Es necesario que se celebre un 

juicio en su fondo. Así se impide que las partes sean 

privadas de su día en corte”.

Fue por los precitados fundamentos que resolvimos que 

los pagos realizados por M[APFRE] no fueron en ese

entonces, ni son todavía suficientes para configurar el 

pago en finiquito. Por tanto, la reconvención es 

totalmente improcedente, toda vez que descansa en que 

se realizaron pagos que finiquitaron la obligación de 

indemnizar que tenía M[APFRE]. La reconvención parte 

de la premisa errónea de que luego de ser indemnizados 

la parte contin[ú]a su reclamación fraudulentamente 

cuando en este caso lo que precisamente hay que 

determinar es si la indemnización fue conforme a 

derecho, o si, al contrario, M[APFRE] actuó de mala fe 

en la tramitación de la reclamación.17

Además, en la Sentencia Parcial apelada, el foro primario 

concluyó lo siguiente:

Examinada la reconvención que obra en autos, surge 

claramente que no solo incumple con el estándar de 

plausibilidad por descansar totalmente en alegaciones 

conclusorias, sino que ignora lo resuelto el 13 de 

diciembre de 2021. Además, el alegado fraude no fue 

detallado conforme la disposición de la [R]egla 7.2 de 

16 Id., a las págs. 257-267.

17 Id., a las págs. 265-266.
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[P]rocedimiento [C]ivil, la reconvención no expone cu[á]l 

es el alegado fraude cometido por la parte demandante.

La reconvención objeto de controversia, a la luz de las 

circunstancias particulares del caso de autos, incumple 

con el criterio de plausibilidad toda vez que alega 

conclusivamente la existencia de un fraude que 

depende de un descubrimiento de prueba y parte de 

premisas erradas que ignoran las determinaciones del 

tribunal.18

Inconforme, el 22 de junio de 2023, MAPFRE presentó una 

solicitud de Reconsideración al amparo de la Regla 47 de las Reglas 

de Procedimiento Civil.

19 En su escrito solicitó al TPI que 

reconsiderara el desfavorable dictamen, arguyendo que la solicitud 

de Reconvención contenía alegaciones fáticas suficientes para 

establecer que las actuaciones del Consejo constituyeron fraude y/o 

falsas representaciones y que dichas alegaciones, tomadas como 

ciertas, exponen un reclamo plausible que amerita un remedio. Por 

su parte, el 12 de julio de 2023, el Consejo presentó una Oposición 

a “Reconsideración”.20 Finalmente, mediante Resolución emitida el 

13 de julio de 2023 y notificada el 14 de julio de 2023, el foro 

primario dispuso lo siguiente:

Consideradas la moción de Reconsideración presentada 

por la parte demandada, así como la correspondiente 

Oposición fijada por la demandante, concluimos que la 

primera no expone con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la parte 

promovente estima que deben reconsiderarse, 

ademá[s], tampoco está fundada en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las determinaciones de 

hechos pertinentes o conclusiones de derecho 

materiales que nos lleven a variar nuestra 

determinación. Así, a la Reconsideración se provee No 

Ha Lugar. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 

(2016).21

Aún insatisfecho, el 11 de agosto de 2023, compareció 

MAPFRE, mediante un recurso de Apelación, en el cual esgrimió la 

comisión del siguiente error:

18 Id., a la pág. 266.

19 Id., a las págs. 268-274. 32 LPRA Ap. V, R. 47.

20 Id., a las págs. 275-279.

21 Id., a la pág. 280.
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ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA PARCIAL 

DESESTIMANDO LA RECONVENCIÓN, CUANDO LAS 

ALEGACIONES CUMPLEN Y EXCEDEN CON TODOS 

LOS CRITERIOS DE SUFICIENCIA, ESPECIFICIDAD Y 

DETALLE.

De ahí, el 25 de agosto de 2023, compareció ante nos el 

Consejo, mediante una Moción de Desestimación de “Apelación” por 

Falta de Jurisdicción y por Incumplimiento Craso con el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Sobre el particular, mediante 

Resolución emitida el 8 de septiembre de 2023, este Tribunal declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación. De ahí, el 18 de 

septiembre de 2023, compareció el Consejo mediante escrito 

intitulado Alegato en Oposición a “Apelación Civil”. Con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procederemos a resolver.

II

A. Recurso de Apelación

La Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil22, dispone que los 

recursos de apelación tienen que presentarse dentro de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días desde el archivo en autos de copia 

de la notificación de la sentencia recurrida. Como es conocido, un 

plazo jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere decir que no 

admite justa causa, es improrrogable, y que su incumplimiento es 

insubsanable.23 La correcta notificación de una sentencia es una 

característica imprescindible del debido proceso judicial.24 Como 

corolario de lo anterior, la Regla 13(A) del Reglamento de este 

Tribunal establece que: 

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos 

civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se 

presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta 

días contados desde el archivo en autos de una copia de 

la notificación de la sentencia.

En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus funcionarios y funcionarias, o una de 

sus instrumentalidades que no fuere una corporación 

22 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).

23 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Arriaga v. FSE, 145 

DPR 122, 131 (1998). Loperena Irizarry v. ELA, 106 DPR 357, 360 (1977).

24 Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 DPR 305, 309 (1998).
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pública, o en que los Municipios de Puerto Rico o sus 

funcionarios y funcionarias sean parte en un pleito, el 

recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte 

en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, 

presentando un escrito de apelación dentro del término 

jurisdiccional de sesenta días, contados desde el 

archivo en autos de una copia de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado. 25

No obstante, el término de treinta (30) días para acudir en 

alzada puede quedar interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración fundamentada.

26

(Énfasis suplido). En tal caso, el curso del término para apelar 

comienza a partir del archivo en autos copia de la notificación de la 

resolución que resuelve la moción.27 Esto, a pesar de que se haya 

declarado la moción No Ha Lugar.

B. Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil regula la presentación de 

defensas y objeciones a una reclamación judicial.28 La moción de 

desestimación al amparo de esta regla es una defensa especial que 

formula el demandado en la que solicita que se desestime la 

demanda presentada en su contra, aun sin necesidad de formular 

una alegación previa.29

La regla establece que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

(3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte indispensable.30

(Énfasis suplido).

 

25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A).

26 32 LPRA Ap. V, R. 47.

27 Id.

28 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

29 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

30 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.
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El tribunal interpretará las alegaciones de la demanda 

conjuntamente, de forma liberal y de la manera más favorable 

posible a la parte demandante para determinar si la misma es 

suficiente para constituir una reclamación válida.31 No obstante, 

procederá la desestimación cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambigüedades, que la 

demanda carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene 

derecho a obtener algún remedio.

32

C. Pago en Finiquito

El Código Civil de Puerto Rico de 1930 reconoce diversas 

formas de extinguir las obligaciones.33 En su Artículo 111034

dispone que las obligaciones se extinguen por el pago o 

cumplimiento, entre por otras razones. Por su parte, el Artículo 

111135 dispone que no se entenderá pagada una deuda, sino cuando 

completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación 

en la que la obligación consistía. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, 

Tribunal Supremo) por vía de interpretación judicial ha insertado y 

reconocido en nuestro derecho otra forma de extinción de las 

obligaciones que, aunque no satisface completamente la deuda, 

libera al deudor de toda obligación, conocida como pago en 

finiquito o acuerdo y pago (“accord and satisfaction”).36 (Énfasis 

suplido). El pago en finiquito es un modo de extinguir una 

31 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010). Pressure Vessels PR v. 

Empire Gas PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 

32 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). 

33 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado por el Código Civil de Puerto 

Rico de 2020 aprobado mediante la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020. Para fines 

de la presente, se hace referencia únicamente al Código Civil derogado por ser la 

ley vigente y aplicable a la controversia que nos ocupa.

34 31 LPRA § 3151, Art. 1110.

35 31 LPRA § 3161, Art. 1111.

36 Gilormini Merle v. Pujals Ayala, 116 DPR 482, 484 (1985). López v. South PR 

Sugar Co., 62 DPR 238, 244 (1943). City of San Juan v. St. John’s Gas Co., 195 

US 510 (1904). 
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obligación, que sirve a su vez, como una defensa afirmativa a quien 

le reclaman civilmente la satisfacción de una acreencia.37

Para que se configure la figura de pago en finiquito se requiere 

el concurso de los siguientes tres (3) elementos: (i) una reclamación 

ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide sin que exista 

una opresión o ventaja indebida de parte del deudor sobre su 

acreedor;38 (ii) un ofrecimiento de pago por el deudor; y (iii) una 

aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor.39 En lo que 

respecta al primer elemento, cuando el acreedor en las 

circunstancias indicadas recibe del deudor y hace suya una 

cantidad menor que la que él reclama, el acreedor está por ello 

impedido de reclamar la diferencia entre lo recibido y lo por él 

reclamado.40 Por otro lado, en lo respectivo al segundo elemento, 

este tiene que ir acompañado por declaraciones o actos que 

claramente indiquen que el pago ofrecido por el deudor al acreedor 

es en pago total, completo y definitivo de la deuda existente entre 

ambos.41

Por último, sobre el tercer elemento, se ha resuelto que la 

simple retención del cheque no configura la defensa de pago en 

finiquito, se requiere actos afirmativos que indiquen la aceptación, 

pues, se entiende lógico y razonable que el acreedor investigue y 

consulte sobre cuál es el camino que seguir, lo que necesariamente 

conlleva el transcurso de algún tiempo, la razonabilidad del cual, 

por necesidad, tendrá que ser determinado según las circunstancias 

37 32 LPRA Ap. V, R. 6.3.

38 El primer elemento del pago en finiquito solo exigía que fuera ilíquida la deuda, 

pero esto fue modificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Martínez & 

Co. v. Long Const. Co., a partir del cual el máximo foro exigió no solo la iliquidez 

de la deuda, sino que la misma tenga “ausencia de opresión o indebida ventaja de 

parte del deudor sobre su acreedor”. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 DPR 

830, 834 (1973).

39 Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican Insurance Company, 207 DPR 138, 

159-160 (2021). H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, 114 DPR 236, 240 (1983). Pagán 

Fortis v. Garriga, 88 DPR 279, 282 (1963). López v. South PR Sugar Co., 62 DPR 

238 (1943).

40 H. R. Elec., Inc. v. Rodríguez, Id.

41 Id., 242.
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particulares de cada caso.42 Ciertamente, al dirigirle al acreedor un 

ofrecimiento de pago sujeto a la condición de que al aceptarlo se 

entenderá en saldo de su reclamación, tiene el deber de devolver al 

deudor la cantidad ofrecida, si no está conforme con dicha 

condición; debido a que, no puede aprovecharse de la oferta de pago 

hecha de buena fe por el deudor, para después de recibirla, 

reclamarle el balance.43

D. Fraude

En cuanto al fraude la Regla 7.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil expresa: 

En todas las aseveraciones de fraude o error, las 

circunstancias que constituyen el fraude o error 

deberán exponerse detalladamente. La malicia, la 

intención, el conocimiento y cualquier otra actitud o 

estado mental de una persona puede aseverarse en 

términos generales.44 (Énfasis suplido).

Por su parte, la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Civil 

aborda lo relativo a las normas generales para las alegaciones. A 

tales efectos la Regla 6.1 dispone lo relativo a la solicitud de remedio:

Una alegación que exponga una solicitud de remedio 

contendrá: 

(1) una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho 

a un remedio, y 

(2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. 

Podrán ser solicitados remedios alternativos o de 

diversa naturaleza.45

Por su parte, la Regla 6.5 explica que: “(a) Cada aseveración 

en una alegación será sencilla, concisa y directa [...]”.46 Quiérase

decir, en contravención a la norma, la Regla 7.2 de las Reglas 

Procedimiento Civil exige que se expongan detalladamente las 

circunstancias que constituyen un supuesto fraude. (Énfasis 

suplido). Consiste en la obligación de “detallar y pormenorizar los 

42 Id., 243-244.

43 Id., 240.

44 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.

45 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.

46 32 LPRA Ap. V, R. 6.5.
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hechos constitutivos del fraude”.47 El Alto Foro ha resuelto que “el 

fraude no solo tiene que ser afirmativamente alegado, sino que, 

además, deben exponerse detalladamente las circunstancias que 

constituyen el mismo”.48

E. La Reconvención

La Regla 5 de las Reglas de Procedimiento Civil aborda las 

alegaciones permitidas. A esos efectos, la Regla 5.1 dispone que: 

“Las alegaciones permitidas serán la demanda, la reconvención, la 

demanda contra coparte, la demanda contra tercero y sus 

respectivas contestaciones [...]”.49 (Énfasis suplido). Existen dos (2) 

tipos de reconvenciones, las compulsorias y las permisibles. En lo 

que aquí nos concierne, la Regla 11.1 lee como sigue: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención 

cualquier reclamación que la parte que la formula tenga 

contra cualquier parte adversa al momento de notificar 

dicha alegación, siempre que surja del acto, de la 

omisión o del evento que motivó la reclamación de la 

parte adversa y no requiera para su adjudicación la 

presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 

pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 

necesario incluir dicha reclamación mediante 

reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal 

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.50

III

En el recurso ante nos, MAPFRE alega que erró el TPI al dictar

una Sentencia Parcial desestimando la reconvención, cuando las 

alegaciones cumplen y exceden con todos los criterios de suficiencia, 

especificidad y detalle. El presente caso surgió con la presentación 

de una Demanda por incumplimiento de contrato, daños 

contractuales y violaciones al Código de Seguros. El Consejo alegó 

que MAPFRE incumplió con un contrato de seguros al subestimar 

47 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil. 6ta ed., LexisNexis, 2017, sec. 2303, pág. 284.

48 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 690-691 (1979).

49 32 LPRA Ap. V, R. 5.1.

50 32 LPRA Ap. V, R. 11.1.
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los daños cubiertos por la póliza de seguros y por la tramitación 

tardía e ineficaz de la reclamación.

En lo aquí concerniente, el Consejo solicitó al TPI que 

desestimara la Reconvención presentada por MAPFRE al amparo de 

la Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil debido a que 

dejó de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio.51 El Consejo argumentó que se debía desestimar debido a 

que la Reconvención se basaba en alegaciones conclusorias y no es 

lo suficientemente detallada en cuanto al fraude cometido como 

requiere la Regla 7.2 de las Reglas de Procedimiento Civil.52

Acentuamos que en el caso ante nos, el TPI resolvió que no se 

probaron los tres (3) elementos que configuran la figura del pago en 

finiquito. Dicha determinación fue realizada a través de una 

Resolución emitida el 13 de diciembre de 2021, mediante la cual el 

foro primario denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada 

por MAPFRE. Determinó, además, que existía una controversia real 

sobre los daños reclamados por el Consejo, los daños pagados por 

MAPFRE y la aceptación del pago como uno total y final de la 

reclamación. Además, en dicha Resolución el TPI concluyó que,

debido a que existían controversias de hechos, no se podía pasar 

juicio sobre la totalidad de las cuestiones planteadas sin la 

celebración de un juicio en su fondo. 

Respecto a la Reconvención presentada por MAPFRE, 

concluyó que partía de la premisa de que luego de indemnizar al 

Consejo, la reclamación es una fraudulenta, cuando lo cierto es que 

lo que había que determinar es si la reclamación fue conforme a 

derecho o si por el contrario MAPFRE actuó de mala fe durante el 

trámite de la reclamación. Cónsono con lo anterior mencionado, el 

TPI fundamentó que procedía desestimar la Reconvención por ser 

51 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).

52 32 LPRA Ap. V, R. 7.2.
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improcedente, ya que esta descansaba en que se realizaron pagos 

que finiquitaron la obligación de indemnizar que tenía MAPFRE.

Coincidimos con el foro primario en que la Reconvención no 

cumple con el estándar de plausibilidad puesto a que sus 

alegaciones son unas conclusorias y, además, fue presentada en 

total abstracción a lo resuelto mediante la Resolución del 13 de 

diciembre de 2021. Las alegaciones conclusorias sobre que el 

Consejo sobreestimó sus daños, sin más, no están fundamentadas 

en hechos bien alegados, por lo que fueron correctamente 

descartadas. Una demanda, o, como en este caso, una 

Reconvención, de su faz tiene que contener hechos suficientes para 

crear una inferencia razonable de que el demandado incurrió en la 

conducta que se le imputa, a base del criterio de la plausibilidad, 

superando así la mera especulación. El Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos incorporó el estándar de plausibilidad como criterio 

de desestimación.53 Este estándar exhorta a los tribunales de 

primera instancia a eliminar de la demanda aquellas alegaciones 

conclusorias que no deben presumirse como ciertas.54 El propósito 

es que el foro sentenciador esté en posición de auscultar si las 

alegaciones bien fundamentadas establecen una reclamación 

plausible, “que justifique que el demandante tiene derecho a un 

remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido 

común”.55

A raíz de ello, de incumplir con el criterio de plausibilidad, 

procede desestimar la demanda, o, como en este caso, la 

Reconvención, e impedir que la causa de acción prosiga bajo el 

supuesto de que en el descubrimiento de prueba se probarán las 

53 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544, 545-546 (2007). Ashcroft v. 

Iqbal, 556 US 662, 663-664 (2009).

54 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., Ed. Lexis Nexis, 2017, sec. 2604, pág. 307.

55 Id.
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alegaciones conclusorias.56 El requisito de plausibilidad tiene la 

finalidad de evitar que las partes tengan que llegar a etapas más 

avanzadas del proceso, principalmente a la del descubrimiento de 

prueba, frente alegaciones incapaces de formular y demostrar la 

viabilidad de un reclamo judicial que justifique el tiempo y los costos 

que acarea ese proceso, tanto para las partes como para el Tribunal. 

Por ello, corresponderá al foro judicial ante una moción de 

desestimación basado en este defecto, al amparo de la Regla 10.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil57, auscultar la plausibilidad de 

cada reclamo a la luz de las alegaciones formuladas y, en aquellos 

casos en los que haya más de una reclamación, descartar las que 

adolecen de hechos demostrativos que justifiquen la concesión de 

un remedio y permitir la continuación de los procedimientos con 

respecto a aquellas alegaciones que satisfagan esta exigencia. 

Sabido es que las aseveraciones sobre fraude se consideran 

materias especiales, las cuales deben exponerse detalladamente en 

las alegaciones.58 Coincidimos, además, con el foro primario en que 

el fraude alegado tampoco fue detallado conforme dispone la Regla 

7.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. La Reconvención no incluye 

detalle alguno sobre el alegado fraude imputado al Consejo. 

Ciertamente las alegaciones de fraude en la Reconvención fueron 

escuetas e insuficientes. Las alegaciones de fraude descansan en 

una serie de defensas sobre pago en finiquito que fueron

previamente adjudicadas, siendo rechazadas por el TPI mediante su 

Resolución del 13 de diciembre de 2021, la cual constituye la ley del 

caso.

Es por todo lo anterior, que juzgamos que el razonamiento y 

determinación del foro primario cuando determinó desestimar la 

56 Id.

57 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

58 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 (2009).
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reconvención presentada por MAPFRE fue el correcto. Así, las cosas, 

el error esbozado por MAPFRE no fue cometido, por lo que cabe 

confirmar la Sentencia Parcial apelada. 

IV

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones