# Diario Oficial C 267/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.267.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 267 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año1 de octubre de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.267.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 267

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año1 de octubre de 2010

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes |
| | RESOLUCIONES |
| | Comité de las Regiones |
| | 85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010 |
| 2010/C 267/01 | Resolución del Comité de las Regiones — Una mejor herramienta para aplicar la Estrategia UE 2020: directrices integradas para las políticas económica y de empleo de los Estados miembros y la Unión | 1 |
| 2010/C 267/02 | Resolución del Comité de las Regiones — Mayor participación de los entes regionales y locales en la Estrategia Europa 2020 | 4 |
| | DICTÁMENES |
| | Comité de las Regiones |
| | 85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010 |
| 2010/C 267/03 | Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la PAC después de 2013 | 6 |
| 2010/C 267/04 | Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010): Países candidatos potenciales | 12 |
| 2010/C 267/05 | Dictamen del Comité de las Regiones — Plan de acción de la UE en apoyo de los objetivos de desarrollo del milenio | 17 |
| 2010/C 267/06 | Dictamen del Comité de las Regiones sobre la interconexión de los registros mercantiles | 22 |
| 2010/C 267/07 | Dictamen del Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa | 25 |
| 2010/C 267/08 | Dictamen del Comité de las Regiones — La UE y la política de biodiversidad internacional más allá de 2010 | 33 |
| 2010/C 267/09 | Dictamen del Comité de las Regiones — Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo | 39 |
| 2010/C 267/10 | Dictamen del Comité de las Regiones sobre la cooperación local y regional para la protección de los derechos de la infancia en la Unión Europea | 46 |

Número de información

Sumario

Página

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

o

2010/C 267/01

Resolución del Comité de las Regiones — Una mejor herramienta para aplicar la Estrategia UE 2020: directrices integradas para las políticas económica y de empleo de los Estados miembros y la Unión

1

2010/C 267/02

Resolución del Comité de las Regiones — Mayor participación de los entes regionales y locales en la Estrategia Europa 2020

4

DICTÁMENES

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

o

2010/C 267/03

Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la PAC después de 2013

6

2010/C 267/04

Dictamen del Comité de las Regiones — Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010): Países candidatos potenciales

12

2010/C 267/05

Dictamen del Comité de las Regiones — Plan de acción de la UE en apoyo de los objetivos de desarrollo del milenio

17

2010/C 267/06

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la interconexión de los registros mercantiles

22

2010/C 267/07

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa

25

2010/C 267/08

Dictamen del Comité de las Regiones — La UE y la política de biodiversidad internacional más allá de 2010

33

2010/C 267/09

Dictamen del Comité de las Regiones — Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo

39

2010/C 267/10

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la cooperación local y regional para la protección de los derechos de la infancia en la Unión Europea

46

| | III   Actos preparatorios |
| --- | --- |
| | Comité de las Regiones |
| | 85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010 |
| 2010/C 267/11 | Dictamen del Comité de las Regiones sobre el sello de patrimonio europeo | 52 |
| 2010/C 267/12 | Dictamen del Comité de las Regiones sobre la iniciativa ciudadana europea | 57 |

III   Actos preparatorios

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

o

2010/C 267/11

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el sello de patrimonio europeo

52

2010/C 267/12

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la iniciativa ciudadana europea

57

| ES | |
| --- | --- |

ES

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I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/1 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/1

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85oPLENO DE LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2010

Resolución del Comité de las Regiones — «Una mejor herramienta para aplicar la Estrategia UE 2020: directrices integradas para las políticas económica y de empleo de los Estados miembros y la Unión»

(2010/C 267/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   respalda la propuesta de reducir el número global de directrices generales de política económica y de empleo y de integrarlas en un documento coherente en consonancia con la Estrategia Europa 2020;

2.   reconoce que, aunque estas directrices estén dirigidas a los Estados miembros, la Estrategia Europa 2020 debería aplicarse en colaboración con las autoridades regionales y locales, que, teniendo en cuenta sus competencias y capacidades en los ámbitos cubiertos por estas directrices y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, son necesarias para la elaboración de los programas nacionales de reforma, para su aplicación y para la comunicación general sobre la Estrategia;

3.   pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que respeten y apoyen el enfoque de abajo arriba en las áreas políticas pertinentes para las autoridades regionales y locales y en términos de gobernanza y apropiación de la Estrategia Europa 2020, mediante un diseño flexible y de niveles múltiples de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 y de los Programas nacionales de reforma. A este respecto, acoge con satisfacción la reciente referencia del Parlamento Europeo a la importancia de la participación de las autoridades locales y regionales en la Estrategia;

4.   pone de relieve que la Estrategia Europa 2020 debe aplicarse con la debida consideración del objetivo de cohesión territorial contemplado en el Tratado de Lisboa;

5.   pide una aclaración de las implicaciones presupuestarias que tienen las medidas propuestas en la Estrategia Europa 2020 para garantizar que el próximo marco financiero refleje íntegramente las prioridades establecidas en la Estrategia Europa 2020. Esta aclaración debería abarcar también una evaluación de impacto de nuevos instrumentos financieros de la UE, así como de un nuevo sistema de recursos para la UE;

DIRECTRICES GENERALES PARA LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE LA UE

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

6.   expresa su apoyo a una coordinación económica y fiscal adecuada, tanto a nivel de la UE como entre los Estados miembros, con objeto de resolver los problemas que ya tienen las finanzas públicas en el contexto de la actual crisis financiera, económica y social;

7.   celebra la iniciativa de la UE de supervisar más estrechamente la disciplina presupuestaria de los Estados miembros y revisar de manera sustancial la regulación de los mercados financieros;

8.   apoya el llamamiento efectuado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 10 de marzo de 2010 a la Comisión y al Consejo para que evalúen el potencial de las diferentes opciones de impuestos sobre las transacciones financieras para contribuir al presupuesto de la UE;

9.   apoya las recomendaciones formuladas por Mario Monti en su informe del 9 de mayo de 2010 dirigido al Presidente Barroso «Una nueva estrategia para el mercado único», en el que propugna una mayor coordinación europea de la fiscalidad a fin de eliminar los obstáculos fiscales en el mercado interior y abordar los aspectos negativos para el empleo de la competencia fiscal dentro de la UE;

10.   destaca que la estabilidad monetaria a largo plazo únicamente puede lograrse mediante una consolidación convincente y un endurecimiento del Pacto de Estabilidad. Puede apoyarse consolidando perspectivas de crecimiento a largo plazo para todos los países y territorios de la UE a través de una combinación de políticas estructurales en favor de un crecimiento sostenible (Estrategia Europa 2020) y de política de cohesión, a las que habría que facilitar recursos adecuados;

11.   aboga por un mayor hincapié en la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas, que deberían centrarse en inversiones públicas en sectores innovadores desde el punto de vista medioambiental y social;

12.   se opone enérgicamente a la propuesta formulada por la Comisión Europea en su Comunicación de 12 de mayo de 2010 sobre una gobernanza económica reforzada en el sentido de suspender el Fondo de Cohesión para los Estados miembros que estén sometidos a un procedimiento de déficit excesivo (PDE). Esta propuesta tendría un carácter discriminatorio por tres razones: i) distingue la política de cohesión por ser la única política de la UE en la que se impondrían sanciones; ii) la suspensión afectaría desigualmente a regiones y ciudades, y iii) sería injusta habida cuenta de la desigual asignación de recursos del Fondo de Cohesión entre los Estados miembros;

13.   reitera firmemente que hay que consolidar la política de cohesión por ser la única política de la UE que ofrece un enfoque del desarrollo integrado y de base local que permite la combinación de prioridades europeas con particularidades locales y regionales y que plantea también la reducción de disparidades entre regiones y en el interior de éstas;

14.   considera que la evaluación del crecimiento debería referirse no sólo a las cifras del PIB, sino también a la distribución del crecimiento y a objetivos mensurables en relación con el agotamiento de los recursos naturales;

15.   celebra el desarrollo de estrategias regionales de investigación e innovación que estimulan la cooperación de autoridades públicas, universidades y sector privado, generando así empleo y crecimiento sostenible en regiones y ciudades;

16.   recuerda que las autoridades locales y regionales tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente. Pueden obtener beneficios importantes del necesario cambio a una economía baja en carbono si se establece un marco europeo adecuado que permita la anticipación de cambios tecnológicos, así como la adaptación de los perfiles educativos y de formación profesional y el fomento de contrataciones públicas ecológicas. Apoya, en este contexto, la iniciativa «Pacto de los Alcaldes» y su ampliación al nivel regional;

17.   considera que el apoyo al espíritu empresarial es crucial para que las ideas creativas se transformen en productos, servicios y procesos innovadores que puedan generar crecimiento, empleos de calidad y cohesión territorial, económica y social; anima, asimismo, a las autoridades locales y regionales a mejorar las condiciones de funcionamiento de las PYME en consonancia con la iniciativa «Small Business Act», en particular aprovechando plenamente el potencial de los servicios administrativos en línea, y reconoce en este contexto el importante papel que pueden desempeñar para ayudar a la economía mediante un crecimiento inteligente gracias al apoyo a las mujeres empresarias. Pide que se cree un marco europeo de desarrollo económico de las mujeres como medio de abordar las disparidades existentes en los Estados miembros, luchar contra la pobreza infantil, facilitar el equilibrio entre la vida profesional y familiar, y aumentar el potencial de crecimiento y el desarrollo regional de una base creciente de pequeñas y medianas empresas;

DIRECTRICES PARA LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

18.   reitera que, al ser los interlocutores sociales, incluidas las autoridades locales y regionales, grandes empleadores en los Estados miembros de la UE, y por el papel que a menudo desempeñan en brindar educación, formación y medidas que apoyan el mercado de trabajo, resultan fundamentales a la hora de aplicar políticas de flexiguridad. Las regiones y los municipios deberían, pues, participar desde el principio en la elaboración de las políticas para contribuir a dinamizar los mercados laborales y ayudar a los ciudadanos a incorporarse al trabajo;

19.   observa que la planificación y financiación integradas a largo plazo de los sistemas de educación pública, las infraestructuras de transporte, las guarderías y los centros de enseñanza son cruciales para el desarrollo de mercados de trabajo regionales sostenibles;

20.   recuerda que las autoridades locales y regionales son actores centrales en el proceso de aplicación de estas políticas para lograr los objetivos estratégicos referentes a la calidad de la educación, a su relevancia y a la participación en la misma, así como en la prevención del abandono escolar temprano;

21.   recuerda que, en un período de desempleo creciente, los jóvenes tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y necesitan conocer mejor las diversas opciones de que disponen, con el fin de asegurar una transición sin contratiempos de la formación o al mercado de trabajo o a la vida activa como empresarios creadores de empleo. Espera, pues, que el Pacto europeo para la juventud se incluya en las directrices y que en las escuelas se promueva de manera más activa el espíritu empresarial;

22.   pide que se adopten medidas específicas para los trabajadores de más edad que se encuentran en el paro debido a la crisis económica, a fin de capacitarles con nuevas y mejores competencias que les abran nuevas oportunidades de empleo;

23.   destaca que, para lograr la reducción propuesta del 25 % en el número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, se debería asignar una financiación adecuada a las autoridades locales y regionales, en la medida en que asumen responsabilidades jurídicas de organización, financiación y aplicación de políticas activas de inserción, así como para fomentar el objetivo del empleo digno. La celebración del año 2010 como año de lucha contra la pobreza y la exclusión social es la ocasión apropiada para resaltar estos hechos, que pueden deteriorarse aún más dada la actual crisis financiera y económica;

24.   destaca que el acceso a los servicios de interés general, como los servicios sociales, la integración en el mercado laboral y la adaptación a los cambios estructurales, así como a las políticas sociales, económicas y culturales de inserción están, inicialmente, a cargo de las autoridades locales y regionales; por lo tanto, las directrices de empleo deben establecer un marco apropiado e instrumentos financieros adecuados para ayudar a las autoridades locales y regionales a ejercer estas responsabilidades.

Bruselas, 10 de junio de 2010

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/4 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/4

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Resolución del Comité de las Regiones — «Mayor participación de los entes regionales y locales en la Estrategia Europa 2020»

(2010/C 267/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   saluda la propuesta de la Comisión de adoptar una estrategia más eficiente en materia de crecimiento y empleo con el fin de cumplir los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través de una firme responsabilización y colaboración de los diversos niveles de gobierno;

2.   pone de relieve que la política de cohesión, con su planteamiento descentralizador y sistema de gobernanza multinivel, es la única política de la Unión Europea que vincula a los entes locales y regionales los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y los nuevos desafíos, pero necesita una financiación suficiente. Por consiguiente, es esencial que la política de cohesión siga orientándose hacia los objetivos de crecimiento económico sostenible, inclusión social, empleo, lucha contra el cambio climático y calidad y eficiencia de la prestación de los servicios públicos;

3.   propone que, de acuerdo con la política de cohesión, la mayor proporción de los recursos disponibles se siga asignando a las regiones y Estados miembros más desfavorecidos de la Unión Europea, a fin de ayudar a reducir las diferencias de desarrollo y así aportar una contribución práctica a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las regiones y fomentar la solidaridad europea;

4.   lamenta que la Estrategia Europa 2020 propuesta, similar a la Estrategia de Lisboa, no tenga debidamente en cuenta el papel y la contribución de las regiones y ciudades y de los gobiernos subnacionales de los 27 Estados miembros que, debido a sus respectivas competencias legislativas nacionales, pueden aportar un verdadero valor añadido para alcanzar los objetivos fijados en los siguientes ámbitos: desarrollo social y económico, educación, cambio climático, investigación e innovación, inclusión social y lucha contra la pobreza;

5.   pide a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que respeten el principio de subsidiariedad en las áreas políticas relevantes para los entes regionales y locales, que a menudo son responsables de competencias políticas esenciales y son instancias clave en la aplicación de la actual Estrategia de Lisboa y de la futura Estrategia Europa 2020;

6.   aplaude, a este respecto, la reciente referencia del Parlamento Europeo a la importancia de implicar a los entes regionales y locales en la Estrategia y pide que se secunde la propuesta del Parlamento Europeo de que la Comisión Europea y el Consejo Europeo tengan en cuenta las recomendaciones del Comité de las Regiones sobre la Estrategia Europa 2020;

PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE UN PACTO TERRITORIAL DE LOS ENTES REGIONALES Y LOCALES SOBRE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

7.   propone que se apoye decididamente la propuesta planteada por el Parlamento Europeo de suscribir un «Pacto Territorial de los entes regionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020» que tenga como objetivo garantizar que los distintos niveles de gobierno se responsabilicen de la futura estrategia mediante una colaboración efectiva entre las autoridades públicas europeas, nacionales, regionales y locales, especialmente en lo que se refiere al diseño y la aplicación de los objetivos principales y las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020; el Pacto Territorial debería tener como mediador al Comité de las Regiones, que ya ha desarrollado una Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 con cerca de 120 entes regionales y locales participantes;

8.   recomienda que las actividades principales se dividan en dos partes:

| a) | Supervisión política y aplicación







  — | para evaluar de modo continuo la capacidad y las necesidades de los entes regionales y locales para cumplir los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; |
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a)

Supervisión política y aplicación

—

para evaluar de modo continuo la capacidad y las necesidades de los entes regionales y locales para cumplir los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020;

| — | para fomentar la plena participación de los gobiernos regionales y locales para cumplir los objetivos de Europa 2020 de acuerdo con las competencias de cada Estado miembro; |
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para fomentar la plena participación de los gobiernos regionales y locales para cumplir los objetivos de Europa 2020 de acuerdo con las competencias de cada Estado miembro;

| b) | Gobernanza y comunicación







  — | para ayudar a contribuir a la colaboración interinstitucional en torno a la Estrategia Europa 2020 mediante un diálogo tripartito entre el Comité de las Regiones – en tanto que asamblea de la UE de los entes regionales y locales – y, por una parte, las instituciones europeas y, por la otra, los Estados miembros; |
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b)

Gobernanza y comunicación

—

para ayudar a contribuir a la colaboración interinstitucional en torno a la Estrategia Europa 2020 mediante un diálogo tripartito entre el Comité de las Regiones – en tanto que asamblea de la UE de los entes regionales y locales – y, por una parte, las instituciones europeas y, por la otra, los Estados miembros;

| — | para ayudar a comunicar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a las regiones y las ciudades y facilitar un intercambio de buenas prácticas entre los responsables de la política regional y local; |
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—

para ayudar a comunicar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a las regiones y las ciudades y facilitar un intercambio de buenas prácticas entre los responsables de la política regional y local;

9.   insta firmemente a los Estados miembros a que ayuden a sus regiones y ciudades a establecer pactos territoriales nacionales con el fin de crear, junto con sus gobiernos centrales, objetivos nacionales y compromisos para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, respetando plenamente el marco legislativo nacional;

considera que el valor añadido aportado por los entes regionales y locales a las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 podría ser el siguiente:

10.1   Iniciativa emblemática«Una Europa que utilice eficazmente los recursos»: mejorar la eficacia del Pacto de los Alcaldes para garantizar que los entes regionales y locales participan plenamente en la concepción, desarrollo, adopción y aplicación de estrategias y planes de acción nacionales para luchar contra el cambio climático; desarrollar infraestructuras respetuosas con el medio ambiente para las administraciones regionales y locales; promover la licitación de contratos públicos ecológicos; fomentar la producción y el consumo ecológicos de las empresas locales; mejorar la gestión y la concienciación en materia de cambio climático;

10.2   Iniciativa emblemática«Una política industrial para la era de la mundialización»: mejorar el marco legislativo de las asociaciones público-privadas, simplificar la legislación sobre contratación pública, incluido el uso de la licitación electrónica; reconciliar la vida profesional y familiar gracias a la mejora de la calidad de los servicios públicos; reducir la burocracia; apoyar a las pequeñas y medianas empresas proporcionando información, mejorando el acceso al crédito y a la financiación, la formación y asesoría a las pymes; seguir desarrollando la iniciativa del CDR «Región Emprendedora Europea» para animar a las entidades regionales y locales a que busquen nuevas vías de generar crecimiento económico a largo plazo a través del espíritu empresarial;

10.3   Iniciativa emblemática«Una agenda para nuevas cualificaciones y empleos»: dado que las entidades regionales y locales son grandes empleadores en los Estados miembros de la UE y por el papel que a menudo desempeñan en brindar educación, formación y medidas de apoyo al mercado de trabajo, resultan fundamentales a la hora de: aplicar políticas de flexiguridad; preparar a los ciudadanos para integrarse en el mercado laboral; mejorar la calidad de la educación y la formación, incluido el aprendizaje permanente, y adecuar las competencias a las necesidades del mercado de trabajo; desarrollar el Programa Erasmus para funcionarios de administraciones regionales y locales y para representantes elegidos con el fin de contribuir a conocer mejor la gestión de los asuntos públicos;

10.4   Iniciativa emblemática«Plataforma europea contra la pobreza»: desarrollar una agenda de inclusión social territorializada para hacer que los servicios sociales locales sean más eficaces y accesibles a todos y para integrar a las personas que están excluidas del mercado de trabajo; mayor complementariedad entre los fondos de la UE destinados a la inclusión social y a la lucha contra la pobreza utilizando las competencias legales y los programas específicamente dirigidos a las necesidades locales; crear una nueva dimensión para combatir la pobreza al reconocer las necesidades explícitas de las mujeres en el lugar de trabajo y como empresarias a través de un nuevo marco europeo para la empresa y el desarrollo económico de las mujeres; reconocer la necesidad de poner un énfasis especial en la juventud y la infancia; crear observatorios regionales para supervisar indicadores y políticas en materia de inclusión social;

10.5   Iniciativa emblemática«Unión por la innovación»: reforma de los sistemas de investigación y desarrollo e innovación; garantía de que las regiones contribuyan a alcanzar el objetivo del 3 %; proyectos transfronterizos regionales y uso de AECT; aumento de la cooperación entre universidades, centros regionales de investigación y el sector privado; refuerzo del empleo de los programas de la UE y los Fondos Estructurales; contribución a la programación del Espacio Europeo de Investigación; participación en las «Cooperaciones de Innovación Europea»;

10.6   Iniciativa emblemática«Juventud en movimiento»: modernizar la agenda de la educación superior en cuanto a gestión y financiación; intercambio de buenas prácticas; contribuir a la dimensión regional de los planes de acción nacionales; seguir desarrollando la iniciativa «Capital europea de la cultura»; medidas integradas que incluyan orientación, asesoría y aprendizaje; promover la movilidad del aprendizaje mediante proyectos financiados por los Fondos Estructurales;

10.7   Iniciativa emblemática«Una agenda digital para Europa»: interoperabilidad entre las administraciones de nivel europeo, central, regional y local; mayor uso de la administración electrónica para mejorar la prestación de servicios públicos como educación, salud, inclusión social, ordenación territorial, etc.; mejorar el conocimiento y manejo de las TIC; desarrollar planes asistidos por TIC para divulgar y aplicar los resultados de la I+D a los procesos de la vida real; aumentar la concienciación sobre la conveniencia de fomentar la mejora de las infraestructuras;

11.   encarga a su Presidente que transmita esta propuesta de establecer un «Pacto Territorial de los entes regionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020» a las instituciones europeas y a los Estados miembros con el fin de garantizar el papel de los entes regionales y locales en la futura Estrategia Europa 2020.

Bruselas, 10 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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DICTÁMENES

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/6 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/6

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85oPLENO DE LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2010

Dictamen del Comité de las Regiones — «El futuro de la PAC después de 2013»

(2010/C 267/03)

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Contexto y retos

En estos momentos en que en todas partes se reflexiona sobre el lugar y el papel de la agricultura en Europa,

1.   considera que forma parte de su papel y de sus prioridades elaborar un dictamen de iniciativa sobre los grandes principios y las orientaciones esenciales de la Política Agrícola Común después de 2013;

2.   estima necesario definir el contenido de los principios y orientaciones deseables incluso antes de abordar el debate sobre el presupuesto de esta política;

3.   observa que el mundo se enfrenta hoy a retos considerables por su diversidad y alcance: aumento de la población, reducción de los recursos hídricos, agotamiento progresivo de los recursos energéticos fósiles y minerales; empobrecimiento de los suelos, amenazas para la biodiversidad y cambio climático;

4.   señala que los desafíos que se plantean al mundo agrícola y ganadero actual (volatilidad de los mercados, descenso de la renta agraria, globalización de los intercambios, presión demográfica y competencia de los mercados emergentes, multiplicación de las crisis sanitarias, viabilidad y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas más pequeñas, empobrecimiento del suelo, abandono y sustitución de los combustibles fósiles y otros problemas medioambientales, económicos y sociales ligados al mantenimiento de la actividad agrícola, sobre todo en las zonas de montaña y demás zonas desfavorecidas, etc.) no son los mismos que antes;

5.   considera que la renovación de la política agrícola común es indispensable para que la Unión Europea tenga opción a la adaptación y al mismo tiempo contribuya a reducir el alcance y el impacto negativo de los cambios que están produciéndose o se producirán en la población europea y las zonas rurales y periurbanas. Estima necesario conseguir un crecimiento inteligente y sostenible que garantice la seguridad alimentaria y la biodiversidad, así como parajes naturales y culturales bien conservados. Dicha renovación debe basarse en los diez principios y orientaciones principales que se exponen seguidamente;

A.   Una política agrícola que ha de seguir siendo común

6.   observa que la vocación esencial de la agricultura europea es la producción de bienes alimentarios para la población de los Estados miembros en el respeto de la competencia leal y la protección del medio ambiente y que estos reúnan las obligadas condiciones de seguridad alimentaria, calidad y precios razonables;

7.   señala que la agricultura comunitaria, además, aporta a la sociedad europea una serie de bienes públicos no recompensados por el mercado (gestión del territorio, gestión del paisaje, protección ambiental y de los recursos naturales, cohesión territorial, etc.) que suponen en sí mismos un valor añadido para el conjunto de la Unión;

8.   considera que la agricultura y el sector agroalimentario son sectores estratégicos para Europa y que hoy es más necesaria que nunca una política agrícola y alimentaria común coordinada en la Unión Europea;

9.   estima que debe descartarse toda tentación de renacionalización de la política agrícola común, aunque sea parcial;

B.   Una política agrícola común que debe garantizar la independencia y la seguridad alimentarias de los europeos

10.   considera que la independencia y la seguridad alimentarias de la Unión han de seguir siendo dos objetivos fundamentales de la política agrícola común;

11.   subraya la importancia de garantizar, a escala de la Unión Europea, una diversidad, calidad y seguridad suficientes en la producción, velando en la medida de lo posible por preservar una distribución óptima en los Estados miembros y en las distintas regiones, en consonancia con sus respectivas características;

12.   estima, además, que el objetivo de independencia alimentaria implica ocuparse del caso de las producciones agrícolas que hoy son muy deficitarias, particularmente en materia de proteínas vegetales;

13.   considera difícil que la producción agrícola europea pueda ser competitiva con la de otras agriculturas del mundo, si exclusivamente se toma como referencia el precio final, debido a las diferencias en costes de producción, legislación y desarrollo;

14.   considera, por tanto, indispensable mantener la preferencia comunitaria;

15.   apoya, por otra parte, de forma decidida la Declaración del Parlamento Europeo (0088/2007) sobre la necesidad de investigar el impacto de la concentración del poder de los grandes supermercados y presentar las propuestas correspondientes con las medidas resultantes adecuadas;

16.   pide que se apliquen normas fitosanitarias, veterinarias y medioambientales, uniformes y esenciales, a los productos alimentarios destinados al consumo en la UE, tanto si han sido producidos en ésta como en terceros países;

C.   Una política agrícola común que debe garantizar la estabilidad de los ingresos

17.   observa que es preciso garantizar la continuidad del abastecimiento en Europa;

18.   considera imprescindible que los productores obtengan un beneficio adecuado de su producción;

19.   opina que mantener el empleo en la agricultura y en la industria agroalimentaria ha de ser una prioridad;

20.   estima, pues, necesario desarrollar instrumentos eficaces que permitan estabilizar los precios y gestionar la producción garantizando a su vez la estabilidad de los ingresos de los agricultores, aunque deben utilizarse con mucho cuidado;

21.   considera que los instrumentos para gestionar la producción deben servir para limitar las diferencias excesivas entre la oferta y la demanda, que son a su vez factores que hacen caer los precios;

22.   considera que los instrumentos para estabilizar los precios (intervenciones para la retirada de producción, almacenamiento, garantías para imprevistos meteorológicos y sanitarios, etc.) tienen por objeto limitar las consecuencias de la volatilidad de los mercados;

23.   opina que, sobre la base de un acuerdo general concluido en el marco de las negociaciones de la OMC, conviene renunciar al instrumento de las restituciones a la exportación, así como a las demás formas de subvenciones a la exportación, que distorsionan los intercambios:

24.   estima que la estabilidad de los precios agrícolas durante los plazos propios del ciclo de la agricultura es fundamental para sostener la voluntad de producir y mantener a largo plazo los factores de producción;

25.   exhorta, por ello, a la Comisión Europea a formular a la mayor brevedad propuestas operativas para instrumentos de gestión de la producción y estabilización de los precios;

26.   considera que las normas sobre competencia deben permitir en el sector agrario que los agricultores, las organizaciones de productores y las interprofesionales gestionen la obtención de los precios justos para remunerar su actividad;

D.   Una política agrícola común que debe beneficiar al conjunto de la producción, favorecer el cambio de las prácticas agrícolas y fomentar el empleo y la ocupación sostenible del territorio

27.   señala, pese a los avances registrados con las últimas reformas, que la política agrícola común sigue caracterizándose por una gran desigualdad en las ayudas a distintas producciones y, en último término, distintas explotaciones y territorios;

28.   considera que la nueva política agrícola debe dejar de lado todo trato no equitativo que no se justifique objetivamente en las modalidades de ayuda a las distintas producciones, así como a los diferentes tipos y tamaños de empresas y a las distintas regiones;

29.   observa, por otra parte, que la política agrícola común ha apoyado formas de producción que no respetan debidamente el medio ambiente ni los recursos naturales, a pesar de la escasez de energías fósiles y de recursos minerales, la acumulación de productos fitosanitarios, la contaminación de los recursos acuáticos, el riesgo de baja productividad de los suelos y el aumento de los riesgos sanitarios;

30.   considera que los sistemas de producción agrícola del futuro deben ser más eficientes en cuanto al uso de agua y energías fósiles, emplear menos abonos y productos fitosanitarios, ser más diversificados y saber valorar mejor las complementariedades entre cultivos y cría de ganado;

31.   estima que la política agrícola común después de 2013 debe priorizar el apoyo a los que viven de la agricultura principalmente;

32.   considera que la política agrícola común después de 2013 debe apoyar este cambio y acompañar a los agricultores en su evolución;

33.   observa igualmente que la política agrícola común se caracteriza desde hace años por dar más apoyo a la inversión que al empleo;

34.   considera que la agricultura puede ser igualmente en el futuro una importante fuente de empleo;

35.   señala asimismo que la reforma de la PAC ha tenido efectos territoriales contrarios al mantenimiento de las actividades económicas ligadas a la agricultura en las zonas más frágiles;

36.   considera que la política agrícola común después de 2013 tiene que reequilibrar sus ayudas en beneficio del empleo y del mantenimiento de la explotación agraria en los territorios frágiles, incluidas las zonas periurbanas;

37.   aboga, para la puesta en práctica de estas grandes orientaciones, por que se abandonen de forma progresiva las referencias históricas en todo el territorio europeo después de 2013 en favor de un pago único por hectárea teniendo en cuenta el contexto regional en materia de costes de producción y transporte, la tipología de las explotaciones agrarias y la producción de bienes públicos;

38.   propone, entre otras cosas, que los pagos únicos por hectárea y otras ayudas estén, por una parte, condicionados al ejercicio efectivo de una actividad agraria y que, por otra, estén en mayor medida y mejor condicionados por la utilización de sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y los recursos naturales;

39.   propone que las ayudas públicas europeas tengan en cuenta el empleo en cada explotación agraria y exhorta a la Comisión Europea a que reflexione sobre la pertinencia de un límite máximo de ayudas por explotación;

E.   Una política agrícola común que debe favorecer los sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente y los recursos naturales

40.   considera que el respeto del medio ambiente y de los recursos naturales debe constituir sin duda una de las grandes orientaciones para la renovación de la política agrícola común después de 2013;

41.   considera también que convendría animar y ayudar a los agricultores para que adquieran sistemas de producción que sean óptimos en tal sentido;

42.   propone, más allá de las exigencias mínimas para obtener el primer nivel de ayuda (pago único por hectárea), fomentar y valorizar las prácticas y sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente y los recursos naturales (agricultura biológica, limitación de insumos, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, protección de los recursos hídricos, preservación de la biodiversidad, mantenimiento del paisaje, etc.) a través de medidas de incitación específica complementarias (por ejemplo, mediante contratos territoriales de explotación);

43.   propone asimismo, para las zonas especialmente delicadas desde el punto de vista medioambiental, condicionar estrechamente y adaptar el nivel de ayudas de la política agrícola común a exigencias más estrictas en cuanto a ecocondicionalidad, evitando, no obstante, que las cargas burocráticas resulten desproporcionadas;

44.   reitera asimismo, en lo que respecta a los desafíos e impactos sobre los territorios, su petición de participar en la determinación, al nivel comunitario, de las modalidades de coexistencia entre los cultivos convencionales y los cultivos modificados genéticamente;

F.   Una política agrícola común que debe tener en cuenta las desventajas naturales y geográficas (montañas, islas, zonas de escasa densidad de población, regiones ultraperiféricas)

45.   observa que los territorios de montaña, insulares o de muy escasa densidad de población, aunque también las demás zonas que están reconocidas como desfavorecidas, tienen condiciones de producción específicas debido a limitaciones permanentes (pendientes, altitud, clima, aislamiento, suelos pobres, etc.) y a características socioeconómicas particulares;

46.   señala que tales limitaciones hacen que la actividad agrícola resulte difícil (baja rentabilidad económica) y, sin embargo, indispensable para el equilibrio medioambiental (lucha contra los riesgos naturales, protección de la biodiversidad, creación de paisajes abiertos y diversificados), así como para el desarrollo rural de dichas zonas;

47.   observa también que, aunque la producción agrícola de estos territorios con desventajas naturales, busca sobre todo la calidad, el escaso rendimiento y los costes permanentemente elevados precisan una atención y un trato particulares;

48.   propone concretar ambos en un pago específico suplementario para favorecer el mantenimiento de producciones agrarias y el suministro de bienes públicos, buscando la proximidad, una alta calidad medioambiental y cohesión territorial, social y cultural;

49.   observa que, pese al elevado número de instrumentos y políticas públicas, la diversidad de los agentes impide una acción verdaderamente coherente, indispensable para que los agricultores continúen en las zonas rurales de montaña, insulares o nórdicas;

50.   considera que se precisa una estrategia más integrada a la escala oportuna (ejemplo de los macizos montañosos y de las islas) para las regiones con desventajas naturales permanentes, a fin de valorizar plenamente el potencial de estos territorios y desarrollar el valor añadido de la intervención europea. En este sentido espera que, en la programación 2014-2020, se aplique plenamente el artículo 174 del TFUE;

G.   Una política agrícola común que debe concentrarse en la agricultura y la alimentación

51.   considera que la política agrícola común debe concentrarse, sobre todo y ante todo, en la agricultura y la alimentación, y que debe reforzar la agricultura en todas las regiones de la Unión Europea,

52.   observa que en el segundo pilar puede existir confusión e incluso competencia entre medidas de desarrollo agrícola y medidas de desarrollo rural no agrícola; estima, por tanto, necesario proceder a una mejor delimitación entre ambas categorías de medidas; pide de modo más general a la Comisión Europea que defina mejor la política de desarrollo rural; pide también a la Comisión Europea que defina mejor la articulación entre política de desarrollo rural y política regional y de cohesión, para garantizar la coherencia de las intervenciones de la misma índole dentro de cada territorio;

53.   subraya de manera general la importancia de apoyar los territorios rurales en aras del objetivo de cohesión territorial;

H.   Una política agrícola común que debe hacer evolucionar ciertas modalidades de ejecución

54.   considera que el apoyo eficaz a los sistemas de producción que más respeten el medio ambiente y los recursos naturales y la debida consideración de las desventajas naturales y geográficas, así como una mayor atención a la calidad de vida en las zonas rurales y a las iniciativas locales, exigen adaptar los dispositivos e instrumentos a nivel regional;

55.   estima indispensable tener en cuenta tanto las especificidades territoriales como las prioridades políticas regionales, que, en efecto, pueden variar considerablemente de un lugar a otro;

56.   opina que se impone un cambio de las modalidades de ejecución y gestión de la política agrícola común, pues no pueden seguir apoyándose exclusivamente en la participación de los ámbitos europeo y nacional, como ocurre aún en la mayoría de los Estados miembros;

57.   considera que la participación del nivel regional resulta fundamental, aunque siga siendo indispensable establecer un marco europeo y nacional;

58.   pide asimismo a la Comisión Europea que reflexione sobre la pertinencia y la conveniencia de mantener la delimitación actual entre el primer y el segundo pilar de la política agrícola común;

59.   considera que hay que mantener y reforzar las medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas, que se enmarcan en los programas POSEI, con el fin de tener en cuenta la especificidad de la agricultura de estas regiones, que se enfrenta a especiales dificultades originadas por los sobrecostes de producción y comercialización y las escasas posibilidades que existen de diversificar sus producciones agrarias;

60.   espera que se desarrollen, junto con las intervenciones regionales, acciones de alcance multirregional y suprarregional, además de las realizadas por las regiones;

61.   reafirma el principio de subsidiariedad en su aspecto concreto de nivel de administración más próximo al ciudadano;

62.   considera que la Política Agrícola Común después de 2013 debería garantizar una aplicación sencilla para los agricultores y seguir siendo transparente y comprensible para los ciudadanos europeos;

I.   Una política agrícola común que debe hacer evolucionar sus modalidades de gobernanza

63.   considera que las regiones y las comunidades rurales ya no pueden contentarse con el mero papel de cofinanciadoras, sino que deben ser parte interesada en la elección de un determinado número de orientaciones y modalidades de ejecución y gestión;

64.   opina que una renovación apropiada de la política agrícola común exige que se generalice la participación del nivel regional, e incluso local en determinados casos;

65.   estima que el nivel regional, e incluso local en determinados casos es, hoy por hoy, el único que permite:

| — | la creación de una gobernanza más eficaz y reactiva |
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la creación de una gobernanza más eficaz y reactiva

| — | la orientación de las ayudas en función de las especificidades agrícolas, medioambientales y territoriales de las regiones |
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la orientación de las ayudas en función de las especificidades agrícolas, medioambientales y territoriales de las regiones

| — | una reorientación eficaz de la política agrícola común en beneficio de los sistemas de producción que respeten el medio ambiente y los recursos naturales |
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una reorientación eficaz de la política agrícola común en beneficio de los sistemas de producción que respeten el medio ambiente y los recursos naturales

| — | un apoyo a las formas de producción agrícola (horticultura, arboricultura y viticultura) y a los sistemas de producción (agricultura ecológica) que hasta ahora se han beneficiado en muy escasa medida de la política agrícola común |
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un apoyo a las formas de producción agrícola (horticultura, arboricultura y viticultura) y a los sistemas de producción (agricultura ecológica) que hasta ahora se han beneficiado en muy escasa medida de la política agrícola común

| — | una adaptación al contexto regional, e incluso local en determinados casos de las políticas que fomenten la instalación de nuevos agricultores |
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una adaptación al contexto regional, e incluso local en determinados casos de las políticas que fomenten la instalación de nuevos agricultores

| — | el refuerzo de los lazos entre los sectores agrícolas y las empresas agroalimentarias |
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el refuerzo de los lazos entre los sectores agrícolas y las empresas agroalimentarias

| — | el apoyo a la creación de circuitos cortos para la comercialización de productos agrarios |
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el apoyo a la creación de circuitos cortos para la comercialización de productos agrarios

| — | una mayor coherencia entre la política agrícola común y la política regional y de cohesión |
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una mayor coherencia entre la política agrícola común y la política regional y de cohesión

| — | una ordenación más equilibrada y sostenible del territorio europeo; |
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una ordenación más equilibrada y sostenible del territorio europeo;

66.   considera que la aplicación de un marco de gobernanza multinivel –europea, nacional, regional– es una condición indispensable para renovar con éxito la política agrícola común después de 2013;

J.   Una política agrícola común que debe contar con un presupuesto a la altura de los retos y dificultades que ha de afrontar

67.   considera que la renovación de la política agrícola común después de 2013 es indispensable para que la Unión Europea pueda afrontar los numerosos retos y dificultades de este ámbito de actividad con consecuencias humanas, sociales, económicas, medioambientales y territoriales especialmente importantes, así como para contribuir de manera más eficiente a las prioridades establecidas en el documento estratégico «Europa 2020» (crecimiento inteligente, crecimiento sostenible, crecimiento integrador), en el que el sector agroalimentario europeo debería tener una presencia más relevante, dado su papel estratégico para la UE en el marco de dichas prioridades;

68.   opina que esta renovación, que sobre todo ha de significar un apoyo público prioritario a sistemas de producción que respeten el medio ambiente y los recursos naturales, exigirá considerables esfuerzos de adaptación, e incluso de reconversión, a los agricultores y sectores de producción de todas las regiones de Europa. En este contexto sigue siendo sumamente importante que el mundo universitario siga participando estrechamente en el desarrollo ulterior de la agricultura y que se incremente la incorporación de la contribución científica a la configuración y aplicación de la PAC y de las distintas acciones, medidas y controles que comporta. Los centros de investigación hacen posible convertir efectivamente en alternativas viables reales los muchos deseos existentes con respecto a la renovación del sector agrario. Se necesita al respecto una buena interconexión con fondos y programas de innovación;

69.   estima que la Unión Europea debe dotarse de los medios necesarios para que tal renovación tenga éxito;

70.   considera que, para lograrlo, la política agrícola común debe contar, en el período 2014-2020, con un presupuesto consolidado y reforzado a la altura de los retos y dificultades que deberá afrontar;

Conclusión

71.   desea recordar a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión que el valor añadido de la futura política agrícola común, al igual que su contribución a la hora de conseguir los objetivos prioritarios de la Estrategia «Europa 2020», se medirán por el rasero de su capacidad para:

| — | garantizar la independencia y la seguridad alimentarias de Europa gracias a una producción agrícola sana, diversificada y de calidad, |
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garantizar la independencia y la seguridad alimentarias de Europa gracias a una producción agrícola sana, diversificada y de calidad,

| — | asegurar ingresos estables y suficientes a los agricultores y a los distintos sectores de producción, a fin de fomentar el mantenimiento y la creación de empleos sostenibles, |
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asegurar ingresos estables y suficientes a los agricultores y a los distintos sectores de producción, a fin de fomentar el mantenimiento y la creación de empleos sostenibles,

| — | contribuir a la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad generalizando a tal fin la ecocondicionalidad y el apoyo a los modos de producción que más respeten el medio ambiente y los recursos naturales, |
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contribuir a la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad generalizando a tal fin la ecocondicionalidad y el apoyo a los modos de producción que más respeten el medio ambiente y los recursos naturales,

| — | favorecer la cohesión territorial en el seno de la Unión Europea garantizando la continuidad de la actividad agrícola y de las comunidades rurales prósperas en todas las regiones de Europa, |
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favorecer la cohesión territorial en el seno de la Unión Europea garantizando la continuidad de la actividad agrícola y de las comunidades rurales prósperas en todas las regiones de Europa,

72.   considera que solo una política agrícola común, renovada con orientaciones claras y con una perspectiva a largo plazo, y dotada de los recursos financieros necesarios, puede dar a la Unión Europea una oportunidad para responder a los grandes retos que le esperan.

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/12 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/12

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Dictamen del Comité de las Regiones — «Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010): Países candidatos potenciales»

(2010/C 267/04)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Progresos de carácter general y calendario

1.   acoge con satisfacción el documento de la Comisión Europea «Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010)» para los países candidatos potenciales así como la Comunicación relativa a la solicitud de adhesión de Islandia;

2.   acoge positivamente los progresos realizados por los países candidatos potenciales, que han desembocado en la solicitud de adhesión presentada por Albania y Serbia en 2009 y, gracias a la aplicación ininterrumpida de los Acuerdos interinos sobre comercio y asuntos comerciales y de los Acuerdos de Estabilización y Asociación en todos los países candidatos potenciales, así como al avance de las reformas en Kosovo;

3.   constata que la UE ha realizado esfuerzos significativos para acercar a ella a los países candidatos potenciales. Entre las más recientes iniciativas en este sentido pueden mencionarse las destinadas a atenuar los efectos de la crisis financiera y las facilidades propuestas en materia de visados. En ambos casos se trata de acciones que ilustran el valor de la UE para la población;

4.   acoge favorablemente la supresión del régimen de visados que se aplicaba a los ciudadanos de Montenegro y Serbia, lo que les permitirá viajar sin visado a la mayoría de los Estados miembros de la UE; confía en que Albania, así como Bosnia y Herzegovina cumplan próximamente los requisitos exigidos para la supresión de los visados;

5.   toma nota de las conclusiones del Consejo sobre las estrategias de la Unión Europea para la región del Mar Báltico, adoptadas el 26 de octubre de 2009, y de la Declaración del Consejo Adriático-Jónico en apoyo de la estrategia europea para la región Adriático-Jónica adoptada en Ancona el 5 de mayo de 2010 (1) por los ministros de Asuntos Exteriores de los ocho países que participan en la Iniciativa Adriático-Jónica (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia y Eslovenia) y señala con satisfacción que la estrategia europea para las macrorregiones constituye un importante instrumento para acelerar el proceso de integración, especialmente por medio de la valorización de los entes regionales y locales;

6.   destaca que el apoyo de una amplia mayoría a una futura adhesión constituye un factor esencial para el éxito del proceso de integración. Los entes locales y regionales pueden contribuir a ello, además de favorecer la denominada «capacidad de absorción» de la normativa y las ayudas financieras de la UE. Por este motivo, resulta esencial:

| — | que las entidades locales y regionales tengan posibilidades de participar activamente en el proceso de integración nacional, de conformidad con los principios fundamentales recogidos en las cartas europeas de autonomía local y regional del Consejo de Europa; |
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que las entidades locales y regionales tengan posibilidades de participar activamente en el proceso de integración nacional, de conformidad con los principios fundamentales recogidos en las cartas europeas de autonomía local y regional del Consejo de Europa;

| — | que la configuración del IAP (Instrumento de Ayuda Preadhesión) permita a los municipios y las regiones aprovechar, en mayor medida que hasta ahora, el programa para incrementar las inversiones y desarrollar capacidades; |
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que la configuración del IAP (Instrumento de Ayuda Preadhesión) permita a los municipios y las regiones aprovechar, en mayor medida que hasta ahora, el programa para incrementar las inversiones y desarrollar capacidades;

| — | que, dado que los criterios de Copenhague exigen la existencia de instituciones y sistemas de financiación sólidos, los niveles local y regional deben participar en el proceso de integración, lo que permitirá crear las condiciones necesarias para garantizar la transparencia de los procedimientos de preparación y decisión; |
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que, dado que los criterios de Copenhague exigen la existencia de instituciones y sistemas de financiación sólidos, los niveles local y regional deben participar en el proceso de integración, lo que permitirá crear las condiciones necesarias para garantizar la transparencia de los procedimientos de preparación y decisión;

| — | de acuerdo con el artículo 2.1 del Reglamento no 1085/2006 del Consejo, el IAP se destinará a los objetivos de «(a) fortalecimiento de las instituciones democráticas ...» y «(c) reforma de la administración pública, incluido el establecimiento de un sistema que haga posible la descentralización de la gestión de la ayuda al país beneficiario ...». A la vista de ello y de las prácticas actuales en los países candidatos potenciales, el Reglamento debería incluir un mecanismo obligatorio en la fase de programación del IAP para la consulta a los representantes del gobierno local y regional; |
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de acuerdo con el artículo 2.1 del Reglamento no 1085/2006 del Consejo, el IAP se destinará a los objetivos de «(a) fortalecimiento de las instituciones democráticas ...» y «(c) reforma de la administración pública, incluido el establecimiento de un sistema que haga posible la descentralización de la gestión de la ayuda al país beneficiario ...». A la vista de ello y de las prácticas actuales en los países candidatos potenciales, el Reglamento debería incluir un mecanismo obligatorio en la fase de programación del IAP para la consulta a los representantes del gobierno local y regional;

| — | la duración de la programación del IAP a escala nacional es excesiva para resultar aceptable. El Comité recomienda a la Comisión que, a fin de racionalizar los procedimientos, revise urgentemente las condiciones de la programación. |
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la duración de la programación del IAP a escala nacional es excesiva para resultar aceptable. El Comité recomienda a la Comisión que, a fin de racionalizar los procedimientos, revise urgentemente las condiciones de la programación.

Medidas en materia de información

7.   señala que los niveles locales y regionales se encuentran en una situación excepcional para contribuir al diálogo con los ciudadanos, así como para informarles sobre el proceso de integración, en particular, para explicar los retos que se derivan de la aproximación a la legislación de la UE;

8.   destaca la importancia de que la UE anime a la participación y fomente un buen acceso a la información en todos los niveles de la sociedad. El acceso a la información es esencial, especialmente en las jóvenes democracias. Estos países suelen ser particularmente vulnerables a los movimientos populistas, que no siempre se ven contrarrestados por un debate pluralista;

9.   subraya la importancia de que las campañas de información que lleve a cabo la UE sean concretas y claras, al igual que los análisis que elabore sobre la situación en los países candidatos potenciales, pues de lo contrario podrían malinterpretarse. Si esto fuera así, los gobiernos encargados de sacar adelante el proceso de integración podrían verse expuestos a dificultades para gestionar todas sus dimensiones. Por el contrario, un debate abierto y una ciudadanía bien informada pueden contribuir a reducir las posibilidades de que se apliquen enfoques estandarizados de resolución de conflictos, que con el tiempo no han hecho sino cimentar las confrontaciones étnicas;

Desarrollo de capacidades

10.   considera que el IAP debería aprovecharse mejor para brindar a los municipios y las regiones, así como a la sociedad civil, la posibilidad de contribuir al proceso de integración con experiencias que lo amplíen. Además, el IAP puede servir para mejorar el desarrollo de capacidades de las instituciones en todos los niveles de gobierno;

11.   comparte la opinión de la Comisión de que la interacción intrarregional en estos países es esencial para el proceso de integración. Así, la red NALAS (2) puede servir de ejemplo de intercambio entre países a nivel local;

12.   constata que el valor del informe de la Comisión aumentaría significativamente si su enfoque se ampliase para tener más en cuenta el nivel local y regional, donde se pone en práctica buena parte de las normativas asociadas a la integración;

13.   lamenta que la Comisión no elabore de manera regular evaluaciones de capacidades de los países candidatos que se centren en los niveles administrativos de la sociedad situados por el nivel nacional;

El nivel local y regional y la sociedad civil

14.   considera que la sociedad civil tiene enorme importancia en la construcción de democracias estables, por lo que este sector también debería estar representado en el proceso de integración;

15.   recomienda que, a través de la legislación, se muestre un mayor compromiso para dar apoyo a las personas más vulnerables. En varios de los países candidatos, las cuestiones sociales y de sanidad pública se han relegado a un segundo plano, así como las relativas a la situación de las mujeres y la igualdad;

16.   constata que la capacidad de los países candidatos potenciales para satisfacer los intereses de las minorías es un elemento fundamental del proceso de integración, y que con frecuencia, las soluciones prácticas de entendimiento se encuentran precisamente en el nivel local y regional;

17.   comparte la opinión de la Comisión de que los países candidatos potenciales deben reforzar su capacidad institucional. Cuando la Escuela Regional de Administración Pública inicie de lleno sus actividades, será esencial que los representantes regionales y locales puedan participar en los programas de educación.

Observaciones específicas para cada país

Albania

18.   acoge positivamente el hecho de que la oposición vuelva a participar, aunque con algunas limitaciones, en el trabajo parlamentario. Para llevar a buen puerto el proceso de integración, en este país sigue haciendo falta una función de coordinación entre los diferentes niveles de la sociedad;

19.   señala que se han hecho progresos en el trabajo de armonización de la legislación en varios ámbitos sujetos a la normativa europea, incluso más desde que el país presentó su solicitud oficial de adhesión a la UE. Cuando se inicien las negociaciones, se llevarán a cabo según el proceso recogido por el Tratado de Lisboa, que hace hincapié en la importancia de informar a los municipios y las regiones y permitir su participación;

20.   subraya la importancia de que los municipios tomen parte en el proceso que Albania se dispone a iniciar, es decir, el futuro proceso de negociación;

21.   hace hincapié en la importancia de que los instrumentos de la Comisión para el desarrollo de capacidades (Twinning, TAIEX y SIGMA) se aprovechen en la actual reforma de los diferentes niveles de la administración que se está llevando a cabo en Albania. Resulta esencial tanto para crear instituciones eficaces y transparentes como para impulsar iniciativas que puedan poner coto al preocupante nivel de corrupción;

22.   destaca la importancia de que Albania acelere el trabajo de desarrollo de un mercado inmobiliario eficaz. Este proceso brindaría también una posibilidad a los municipios de mejorar su base impositiva a medio plazo;

23.   señala que el proceso de descentralización en este país todavía está en pañales. La normativa ya adoptada que debería ponerse en práctica a nivel municipal no siempre se aplica. La importancia de la aplicación de las leyes afecta también a la protección de los intereses de las minorías;

24.   observa asimismo que la Comisión ha limitado la sección del informe que trata de los derechos económicos y sociales a una simple evaluación de la legislación, pero considera que también debería abordar su puesta en práctica y analizar cómo las deficiencias en la aplicación de las nuevas leyes afectan a los grupos más vulnerables;

25.   comparte la opinión de la Comisión de que se ha progresado en el ámbito fiscal, al mismo tiempo que señala los riesgos que conllevan los desequilibrios entre el reparto de competencias y el de recursos en el proceso de descentralización.

Bosnia y Herzegovina

26.   constata que la Constitución bosnia, que se basa en el Acuerdo de Dayton, ha contribuido a la complejidad de la estructura administrativa de este país. La estructura implantada por el Acuerdo de Dayton también ha hecho que Bosnia y Herzegovina carezca de la capacidad decisoria necesaria para adaptarse a la normativa europea. Bosnia, país fragmentado, necesita líderes que tengan la capacidad de superar las confrontaciones y encontrar soluciones de consenso. Los ciudadanos bosnios no salen beneficiados si sus líderes adoptan la cuestión étnica como criterio primordial en la toma de decisiones;

27.   lamenta el fracaso de las denominadas «conversaciones de Butmir» sobre las reformas constitucionales e insta a los líderes de todos los grupos étnicos de Bosnia y Herzegovina a que busquen soluciones aceptables para que el país acceda a la plena soberanía y pueda proseguir con las reformas y el proceso de integración en la Unión Europea;

28.   señala también que, cuando la ciudadanía comprende las consecuencias de este liderazgo fragmentado, los sistemas de toma de decisiones se ven sometidos a una presión que hace que a pesar de todo se avance en la vía de las reformas. Para que esta fuerza motriz pueda liberarse, se requiere que la UE diga claramente cuáles son las alternativas políticas en juego: bien seguir centrándose en cuestiones que refuerzan las confrontaciones, bien una política de apertura a las cuatro libertades del mercado interior;

29.   considera que la cuestión de los visados muestra que el debate debe adoptar nuevas formas y contenidos. La cuestión de los visados es un ejemplo de que cuando la opinión pública reacciona, los líderes nacionales saben actuar. En este sentido, la UE en general, y el Comité de las Regiones en particular, tienen una responsabilidad que asumir. Se trata de que los ciudadanos de Bosnia tengan la posibilidad, a través de sus líderes locales, de entender qué requiere la integración, y a qué puede contribuir. En este sentido, es necesario ayudar a crear un compromiso y un contexto, y a que la atención se centre en cuestiones de valores y principios que estén en consonancia con el principio del respeto al ser humano y a sus derechos;

30.   comparte el parecer de la Comisión de que la organización social actual genera una ineficacia que tiene repercusiones negativas para el clima empresarial;

31.   ve posibilidades para respaldar a las fuerzas reformadoras en Bosnia, que desean trabajar para impulsar un Estado más fuerte y un proceso de descentralización con municipios reforzados. Los ciudadanos que desean poder viajar y que entienden por qué las inversiones no llegan o por qué los Fondos Estructurales siguen siendo fondos para el futuro, pueden constituir el grupo que impulse el debate hacia otros temas distintos de los visados. El Comité de las Regiones debe contribuir a organizar campañas y reuniones de información en Bosnia con representantes locales de carácter electivo, que a su vez pueden ayudar a impulsar el cambio;

32.   observa que la compleja organización social ha contribuido a que los municipios y sus organizaciones solo dispongan de una información limitada sobre la UE y las ayudas del IAP;

33.   entiende por tanto que el nivel nacional debe reforzarse en varios ámbitos de acción. En particular, es necesario que este nivel asuma la responsabilidad de elaborar una ley conjunta sobre el régimen local;

34.   anima a que el IAP se abra a las iniciativas a nivel local.

Serbia

35.   acoge con satisfacción la aprobación por el Parlamento serbio del nuevo estatuto de la Provincia autónoma de Voivodina, que entró en vigor el 1 de enero de 2010, y que refuerza las competencias regionales de Voivodina, y toma nota de los importantes progresos realizados por Serbia en el proceso de integración. Sin embargo, por lo que se refiere al proceso de descentralización, este se halla algo fragmentado y sufre de solapamientos innecesarios entre los ámbitos de competencia de varios ministerios. Se está trabajando en la reforma para crear un nivel regional con competencias para cuestiones de desarrollo y crecimiento, pero su aplicación sigue siendo poco clara. Considera que el refuerzo de capacidades llevado a cabo por la asociación de municipios serbia (3) con ayudas internacionales constituye un paso importante para la modernización de los municipios;

36.   señala la importancia de que el proceso de integración vaya acompañado de reformas internas en todos los niveles de la sociedad;

37.   acoge con agrado que el Consejo Nacional para la Descentralización de la República de Serbia, constituido en marzo de 2009 con un grupo de expertos, haya sido encargado de elaborar una amplia estrategia de descentralización conforme con las normas europeas. Esto puede consolidar el trabajo de reformas en curso;

38.   acoge positivamente los progresos realizados para reforzar los municipios en el plano institucional. Poder contar con unas finanzas sólidas y por tanto previsibles es un aspecto clave, como lo son también las acciones para el desarrollo de capacidades, y es necesario adoptar medidas a este respecto para que los municipios puedan responder plenamente a los requisitos impuestos por los criterios de Copenhague, que exigen unas instituciones públicas estables. En esta perspectiva a corto plazo, la restitución de los terrenos comunales a los municipios será una cuestión importante, al igual que la institución de la posibilidad de que los municipios adquieran propiedades;

39.   constata que algunos municipios tienen dificultades para ofrecer un nivel básico de servicios, aun cuando Serbia cuente con un sistema de equiparación fiscal. Entre las reformas necesarias se cuentan las medidas para incrementar el grado de autofinanciación de los municipios. Esto puede hacerse en combinación con un principio de financiación según el cual los costes derivados de las nuevas competencias se compensen mediante una financiación estatal;

40.   acoge positivamente la iniciativa adoptada en Serbia para facilitar las medidas medioambientales de los municipios mediante un fondo para el medio ambiente basado en tasas medioambientales. Se trata de un buen ejemplo de una acción que puede facilitar la adaptación de los municipios a la UE. Los municipios reciben una cuota de estas tasas medioambientales como ingresos con un fin específico, que pueden utilizarse, por ejemplo, para crear la competencia requerida para las evaluaciones de impacto medioambiental;

41.   es de la opinión que en Serbia el IAP se considera, en buena medida, como un instrumento para reformar la administración central, así como para posibilitar reformas de las infraestructuras de mayor calado. Sin embargo, lamenta que según este enfoque solo una parte limitada se dedique a medidas urgentes, por ejemplo, al desarrollo de capacidades a nivel local;

42.   acoge con satisfacción la resolución del Parlamento serbio de 31 de marzo de 2010 sobre los sucesos de Srebrenica en julio de 1995 en la que se condena la masacre allí perpetrada. La aprobación de esta resolución es un paso importante para la revisión de la historia del país. Con ella el Gobierno serbio envía una señal positiva para la reconciliación y el desarrollo interno de Serbia y representa asimismo un nuevo acercamiento a la Unión Europea.

Kosovo (4)

43.   acoge positivamente la estabilización que se ha producido en Kosovo. Las acciones llevadas a cabo por algunas organizaciones internacionales, así como por un grupo numeroso de países de la UE, han abierto la vía para la consolidación del Estado de Derecho y una mayor seguridad para los ciudadanos. Sin embargo, algunos elementos del proceso hacia una mayor estabilidad recuerdan a la situación en Bosnia y Herzegovina, y hacen pensar en el riesgo de una separación étnica que puede dificultar una futura integración. Esto podría obstaculizar el proceso de integración en Kosovo, cuya sociedad tiene un nivel educativo bajo y cuyas instituciones públicas están poco desarrolladas;

44.   subraya la importancia de que en Kosovo se respeten los principios del Estado de Derecho y reconoce que la presencia internacional en este país desempeña un papel esencial en los progresos realizados para garantizar una coexistencia pacífica entre sus grupos étnicos;

45.   acoge favorablemente la iniciativa de reformas municipales y el trabajo de descentralización en curso;

46.   constata que la evolución actual de Kosovo tendrá como resultado un número aun mayor de municipios formados sobre una base étnica. Esto significa que será aun más necesario entablar un diálogo a nivel local, y que debido a esta evolución, el órgano de cooperación municipal tendrá un papel importante para fomentar la colaboración. En este contexto, los proyectos conjuntos del IAP podrían servir para armonizar esos esfuerzos. Es fundamental, para el desarrollo futuro de Kosovo y dados tanto los limitados recursos del país como el importante papel de las instituciones para fomentar la solidaridad social y la universalidad de los servicios básicos de interés general, que se evite la duplicidad de
  instituciones (como por ejemplo, escuelas y hospitales) por razones étnicas. Este tipo de decisiones se convertirán en símbolo de deficiencias políticas y de una mala gestión de los recursos públicos y no harán sino incrementar aun más la separación étnica;

47.   recomienda que se preste especial atención al desarrollo de las capacidades educativas de Kosovo, para que el país pueda sacar provecho de su estructura demográfica. Hay un riesgo importante de que buena parte de la numerosa población infantil y juvenil emigre una vez finalizada su escolaridad;

48.   subraya la importancia del desarrollo de capacidades en las instituciones para aprovechar de manera eficaz los limitados recursos sociales del país. De esta manera también podrán liberarse recursos para realizar mejoras, por ejemplo, en el sector de la asistencia sanitaria;

49.   respalda la opinión de la Comisión de que se requieren medidas educativas amplias para mejorar la aplicación de la nueva ley sobre contratación pública;

50.   recomienda que el programa del IAP se utilice como un recurso para llevar a cabo un amplio desarrollo de capacidades en el país. De esta manera, los kosovares entenderán mejor los requisitos de integración y las ventajas que se derivan de la adhesión a la UE.

Montenegro

51.   acoge positivamente la determinación que muestra Montenegro en el proceso de integración, y que se refleja en un diálogo institucionalizado entre el gobierno y los representantes municipales, que se reúnen varias veces al año;

52.   comparte la opinión de la Comisión de que la administración pública montenegrina tiene una gran necesidad de personal cualificado en todos los niveles. Por este motivo, el gobierno ha agrupado sus recursos en torno a una función de coordinación, que cuenta con una buena representación del nivel local. Esta medida ha dado fruto, tanto en lo que respecta al ritmo del proceso de reforma como a la capacidad del país para coordinar las ayudas financieras externas. Todo ha sido posible gracias a la importancia otorgada al nivel local en el programa del IAP;

53.   constata que, a pesar de que el proceso se ha retrasado, las reformas municipales en curso se vieron precedidas por un debate amplio tanto sobre el papel del alcalde como sobre las fusiones voluntarias de municipios a fin de prepararse mejor para recibir las ayudas de los Fondos Estructurales;

54.   acoge favorablemente el endurecimiento de la legislación para limitar la corrupción en relación con las elecciones municipales y la corrupción en general gracias a un mayor número de auditorías externas;

55.   observa que los municipios tienen una influencia limitada sobre el nivel impositivo, lo que afecta a su vez a la autonomía local;

56.   considera asimismo inaceptablemente largo el plazo de tres años para el periodo comprendido desde la planificación hasta el inicio del programa, requerido para que los primeros proyectos financiados con cargo al IAP en este país alcancen la fase de ejecución. Aun cuando el proceso de preparación se acorte para las ayudas del IAP del próximo año, es preciso simplificar las normas para limitar este periodo.

Islandia

57.   apoya la recomendación de la Comisión Europea de que se inicien las negociaciones de adhesión a la UE con Islandia y se incluya a este país como beneficiario de las ayudas financieras de preadhesión en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP).

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  www.aii-ps.org.

1

(2)  Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (Red de Asociaciones de Entes Locales del Sureste de Europa).

2

(3)  Standing Conference of Towns and Municipalities (Conferencia Permanente de Ciudades y Municipios).

3

(4)  Con arreglo a la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/17 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/17

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Dictamen del Comité de las Regiones — «Plan de acción de la UE en apoyo de los objetivos de desarrollo del milenio»

(2010/C 267/05)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

A.   Observaciones generales

1.   comparte la voluntad política de la Comisión de mantener el liderazgo de la Unión Europea (UE) en la lucha contra la pobreza en el mundo, iniciada en el año 2000 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM (1)) en el marco de las Naciones Unidas;

2.   celebra la elaboración de su «Plan de acción de la UE en doce puntos» basado en los numerosos documentos que forman el «Paquete de primavera», cuya descripción detallada se adjunta en anexo. El objetivo de la UE consiste en elaborar una posición común destinada a la Cumbre de Nueva York que se celebrará en el marco de las Naciones Unidas del 20 al 22 de septiembre de 2010. A pesar de un contexto de grave crisis económica, social y financiera, se trata, en última instancia, de reforzar nuestra lucha contra la miseria de cientos de millones de mujeres, hombres y niños y definir modalidades concretas para cumplir los compromisos de los ODM que expirarán en 2015;

3.   se congratula de que estos documentos, que contienen valiosos análisis y propuestas, permitan apreciar el estado de la situación en el mundo: presentan información clara y detallada sobre el estado –más bien desigual– de los progresos hacia cada uno de los ODM o sobre los esfuerzos financieros realizados por los Estados miembros a través de la ayuda pública al desarrollo (APD); ponen de manifiesto, sin ocultar los retrasos y puntos débiles, la complejidad de las iniciativas tomadas por la UE, tanto a nivel interno como en distintos foros internacionales, para poner en orden de batalla a todas las partes interesadas; asimismo, esbozan nuevas pistas para acelerar los progresos que deben realizarse;

4.   lamenta, en particular, que los entes regionales y locales (ERL), tanto de la UE como de los países beneficiarios, no se mencionen explícitamente (2) en la primera Comunicación de la Comisión entre los socios que participan en la realización de los ODM. Esta omisión contradice el Consenso para el desarrollo de 2005, que reúne los ejes fundamentales de la política europea sobre este tema, la Comunicación de la Comisión de 2008, que reconocía explícitamente a los ERL como agentes de desarrollo, las conclusiones del Consejo sobre esta Comunicación aprobadas el 10 de noviembre de 2008, así como el diálogo instaurado entre la Comisión y el Comité de las Regiones, representante institucional de los ERL, a partir del Dictamen 312/2008 fin aprobado por unanimidad por el CDR el 22 de abril de 2009;

5.   considera indispensable que se subsane esta laguna en la posición común que adopte la UE tras el examen por el Consejo y el Parlamento, y se reconozca el importante papel que desempeñan los ERL europeos y sus homólogos en la lucha contra la pobreza;

B.   Observaciones sobre diferentes ámbitos

6.   no desea volver a detallar aquí la contribución de los ERL europeos y de los gobiernos locales de los países destinatarios de la ayuda a la realización de los ODM en cumplimiento de la gobernanza democrática (3): ya tuvo la ocasión de destacarla y de presentar propuestas en los dictámenes que ha aprobado sobre la cooperación al desarrollo de los entes locales desde 2005 (4), y podía considerar que el asunto estaba zanjado;

7.   recuerda que el Plan de Acción de Accra de 2008 reconoce el papel de los gobiernos locales y regionales en la nueva arquitectura de la ayuda;

8.   estima, sin embargo, oportuno, en un momento en que la UE pretende defender su posición en la escena internacional, poner de relieve una serie de puntos que interesan directamente a los ERL;

Realización de los ODM y comunicaciones temáticas

9.   recuerda que, de los ocho ODM, siete se refieren a aspectos muy concretos de la pobreza. El balance de 2010, transcurridas las dos terceras partes del período, presenta aspectos desiguales. Los resultados son más bien positivos respecto de la extrema pobreza (ligera reducción), la mortalidad de los niños menores de cinco años, las epidemias y el acceso al agua potable. En cambio, siguen siendo negativos, e incluso muy negativos, en cuanto al hambre y la malnutrición, las desigualdades en la educación, la mortalidad materna, el SIDA y el saneamiento de aguas residuales. Este balance global, que también es el resultado de las crisis –alimentaria y, después, económica y financiera– debe examinarse a la luz de las disparidades existentes dentro de un mismo país y, sobre todo, entre las distintas regiones del mundo. Aunque, por ejemplo, el despegue de China hace progresar algunos indicadores, la situación en el África subsahariana presenta los mayores retrasos en cuanto al acceso de los niños a la enseñanza primaria, la lucha contra el SIDA y el acceso al saneamiento; recuerda asimismo que la realización de estos siete ODM depende del octavo «Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo», que, pese al contexto de crisis, constituye la base del compromiso solidario de todos los agentes para erradicar la miseria en el mundo;

10.   coincide con la Comisión en que los ODM son interdependientes. Para completar e ilustrar los ejemplos presentados en los documentos del Paquete de primavera, cabe mencionar asimismo el acceso al agua, una cuestión por la que vela la UE a través del programa «Fondo para el agua», pero que también está muy presente en las medidas de cooperación realizadas por los ERL europeos. El agua potable influye en la salud de todos, pero su disponibilidad permite, además, mejorar la agricultura –y, por tanto, en principio, la alimentación–. y cambiar también la vida de las mujeres aliviando su labor y, en particular, de las niñas pequeñas, que tienen así mayor libertad para acceder a la educación;

11.   destaca que los progresos en los ODM requieren la instauración de sistemas nacionales que, a la hora de establecer y repartir los recursos, no dejen de lado los servicios «básicos», es decir, los servicios capaces de responder eficazmente a las necesidades fundamentales de la población;

12.   no puede sino recordar, a este respecto, el papel fundamental que desempeñan los entes regionales y locales en la instauración y organización de estos servicios, en cumplimiento de una gobernanza democrática y eficaz guiada por el deseo de mejorar el bienestar de los administrados;

13.   estima, del mismo modo, que el enfoque local es indispensable para afrontar uno de los grandes desafíos que plantean los ODM, el del cambio demográfico: si no se tienen en cuenta las necesidades de desarrollo a escala local –en particular, mediante un apoyo a las pequeñas explotaciones rurales–, la emigración de las zonas rurales contribuirá a aumentar la miseria en unas megalópolis incontrolables o reforzará los circuitos de migración hacia otros países;

14.   exhorta, en consecuencia, a la Comisión a que integre este enfoque local del desarrollo en la elaboración, junto con los países socios, de los documentos de estrategia regional (es decir, que conciernan a varios países) y de las estrategias por país; recuerda a este respecto la necesidad de que los entes regionales y locales participen en la concepción y la aplicación de los programas de desarrollo. Para dar respuesta a los desafíos de la globalización es preciso tener en cuenta a las autoridades que son responsables in situ de la gobernanza democrática y del desarrollo local;

15.   observa, además, que, mediante medidas apropiadas, los ERL contribuyen a concienciar a la población acerca de la realidad de la pobreza en el mundo en un contexto de crisis y la urgencia de actuar en pro del desarrollo. Estas acciones de solidaridad y reparto pueden brindar a la población procedente de la inmigración la oportunidad de redescubrir sus raíces culturales y de contribuir, en sus países de origen, a fortalecer las instituciones y las libertades ciudadanas para el desarrollo;

Financiación del desarrollo

En lo que respecta a la ayuda pública al desarrollo (APD),

16.   celebra que la UE (Comisión y Estados miembros) sea el primer proveedor de APD en el mundo (5): aunque el importe de su APD en 2010 (estimado aproximadamente en el 0,45 % del PNB) siga siendo inferior a los objetivos intermedios que se había fijado, la UE se sitúa muy por encima de la media de los países ricos (0,31 % del PNB en 2010);

17.   observa que algunos Estados miembros ya incluyen en su APD nacional los importes que sus entes regionales y locales dedican a sus acciones de cooperación descentralizada, mientras que otros, por distintas razones, no lo hacen;

18.   considera, por tanto, necesario determinar con claridad la contribución de los entes regionales y locales en el esfuerzo de APD, tanto al nivel nacional como a escala mundial;

19.   considera que la claridad de estos datos también contribuirá a reforzar la participación financiera de los ERL en la lucha contra la pobreza en el mundo. En efecto, aunque la aportación de los ERL supere con creces su contribución financiera, algunos se han fijado ya como objetivo dedicar un 0,7 % de sus recursos a medidas de cooperación en favor de los países en desarrollo. Algunos han establecido asimismo mecanismos financieros que permiten responder a determinadas necesidades específicas (es el caso, por ejemplo, de Francia con el acceso al agua);

20.   estima, además, que podría sopesarse la posibilidad de que cada uno de los 100 000 ERL, en el respeto de las respectivas legislaciones nacionales, decida dedicar de forma voluntaria al menos un euro por habitante a la ayuda al desarrollo. Los ERL que no realicen acciones directas de cooperación descentralizada podrían abonar su contribución a un fondo dedicado a la ayuda al desarrollo de los entes locales, siguiendo el ejemplo de lo que se hace hoy en España. En esta contribución se podrían contabilizar también las acciones que contribuyen indirectamente al desarrollo (como, por ejemplo, las relativas a la sensibilización de los ciudadanos sobre la pobreza en el mundo);

En lo que respecta a la fiscalidad de los países en desarrollo,

21.   coincide con las autoridades europeas en su voluntad de trabajar con los países en desarrollo para sentar sus ingresos fiscales sobre unas bases y prácticas conformes a la gobernanza democrática, luchando contra los paraísos fiscales y la corrupción, y apoya las actuaciones que se proponen realizar en este sentido;

22.   destaca, a este respecto, cuatro elementos:

| — | los entes regionales y locales de los países beneficiarios de la ayuda necesitan recursos para asumir las responsabilidades que les incumben, sin tener que depender exclusivamente de las repercusiones aleatorias que puede aportar la APD, mediante, en particular, la ayuda presupuestaria; |
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—

los entes regionales y locales de los países beneficiarios de la ayuda necesitan recursos para asumir las responsabilidades que les incumben, sin tener que depender exclusivamente de las repercusiones aleatorias que puede aportar la APD, mediante, en particular, la ayuda presupuestaria;

| — | sus responsables también necesitan la ayuda técnica que la UE se declara dispuesta a proponer a los responsables del nivel nacional; |
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—

sus responsables también necesitan la ayuda técnica que la UE se declara dispuesta a proponer a los responsables del nivel nacional;

| — | mientras tanto, los ERL europeos ya se han preocupado por esta cuestión central incluyendo en el aspecto institucional de su cooperación descentralizada la ayuda a la organización y a la gestión de una fiscalidad local; |
| --- | --- |

—

mientras tanto, los ERL europeos ya se han preocupado por esta cuestión central incluyendo en el aspecto institucional de su cooperación descentralizada la ayuda a la organización y a la gestión de una fiscalidad local;

| — | sin embargo, es necesario que el apoyo presupuestario europeo, cuando exista, pueda orientarse más directamente hacia el apoyo a las autoridades locales y regionales; |
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—

sin embargo, es necesario que el apoyo presupuestario europeo, cuando exista, pueda orientarse más directamente hacia el apoyo a las autoridades locales y regionales;

23.   destaca el papel que desempeñan los ERL, en colaboración con la sociedad civil, en la educación para el desarrollo y en la sensibilización de la opinión pública al problema de la pobreza en el mundo: sin iniciativas próximas a los ciudadanos y sin la confianza en la utilización de los fondos, sería aún más difícil hacer comprender a los ciudadanos europeos, en un momento de crisis, la necesidad de solidaridad financiera con otros continentes del planeta;

Mecanismos institucionales

En lo que atañe a la coherencia de las políticas europeas,

24.   acoge favorablemente las iniciativas de la UE dirigidas a aplicar este principio del Consenso europeo sobre el desarrollo, según el cual las políticas europeas que no se refieren al desarrollo no deben obstaculizar los esfuerzos necesarios para alcanzar los ODM, y recuerda que, entre las doce políticas en cuestión, el Consejo de noviembre de 2009 decidió que los esfuerzos se concentrarían en primer lugar en cinco ámbitos prioritarios: comercio y finanzas, cambio climático, seguridad alimentaria mundial, migración y seguridad;

25.   señala, en consecuencia, que –por sólo mencionar algunos puntos– la reforma de la política agrícola común después de 2013 deberá tener en cuenta la seguridad alimentaria en el mundo y que se fomentará la migración circular de profesionales altamente cualificados originarios de países en desarrollo, para no privar a estos países de competencias esenciales para su desarrollo y para la realización de los ODM, particularmente en el ámbito de la salud. Del mismo modo, la manera en que se gestiona el desarrollo local de un territorio debe tener en cuenta la dimensión medioambiental;

En lo que respecta a la eficacia de la ayuda,

26.   en su Dictamen 312/2008 fin, aprobado en abril de 2009, celebraba abiertamente el «progreso decisivo» que constituye la Declaración de París sobre la armonización de la ayuda aprobada en 2005 y expresaba el deseo de que la articulación entre los diferentes niveles de cooperación se realizara de manera concertada y transparente. Como la armonización de las respectivas intervenciones supone que se tenga conocimiento de ellas, ha emprendido, en estrecha cooperación con la Comisión Europea, la elaboración de un «Atlas Internet de la cooperación descentralizada», con el objetivo de determinar de manera más completa que hasta la fecha «quién hace qué, dónde y cómo» entre los entes locales europeos;

27.   subraya que las relaciones establecidas entre los entes regionales y locales de Europa y sus homólogos de los países socios permiten hacer progresar de manera concreta la aplicación de los principios de apropiación democrática y de alineación respecto de las prioridades y características de los países socios, que están en el centro de la Declaración de París y en el Plan de Acción de Accra; esta aplicación no debe seguir siendo un asunto entre Estados;

28.   señala que las acciones realizadas por las entidades territoriales no se han ignorado en el informe elaborado en febrero de 2010 para la reunión del próximo mes de septiembre sobre la realización de los ODM de ahora a 2015 (6), convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas. El documento destaca el interés que presentan, en la medida en que se basan en la sinergia de las intervenciones y la participación de la población interesada;

29.   pide encarecidamente que, en la posición común de la UE que adopte finalmente el Consejo Europeo del mes de junio, los dirigentes políticos no pierdan de vista que la realización de los ODM tiene por objetivo mejorar la vida diaria de cientos de millones de personas y que la eficacia de los grandes mecanismos de la ayuda internacional se mide al nivel local;

30.   pide, por tanto, que el nivel subestatal sea explícitamente tenido en cuenta en los análisis y las propuestas que adopte en junio la UE y, en septiembre, la comunidad internacional. Los 100 000 entes locales de Europa pueden alimentar pequeños arroyos que, a su vez, pasarán a engrosar grandes ríos nutricios. Esta alianza de Estados y entes locales es una oportunidad para fortalecer las instituciones democráticas y favorecer un reparto justo de la riqueza, a fin de neutralizar el polvorín de la extrema pobreza y alcanzar los Objetivos del Milenio, de acuerdo con los compromisos políticos y humanistas contraídos en 2010.

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  Obj. 1: reducir a la mitad la pobreza y el hambre en el mundo; Obj. 2: lograr la enseñanza primaria universal; Obj. 3: promover la igualdad de sexos; Obj. 4: reducir la mortalidad infantil; Obj. 5: mejorar la salud materna; Obj. 6: combatir el VIH/sida y otras enfermedades; Obj. 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y Obj. 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

1

(2)  Salvo en el documento sobre la fiscalidad, que, paradójicamente, no se transmite al CDR.

2

(3)  El documento «Ciudades y Gobiernos Locales Unidos» (CGLU) «UCLG Position Paper on Aid Effectiveness and Local Gouvernement», de diciembre de 2009, también presenta numerosos ejemplos de esta contribución.

3

UCLG Position Paper on Aid Effectiveness and Local Gouvernement

(4)  Dictámenes CDR 224/2005 fin, CDR 383/2006 fin, CDR 144/2008 fin, y CDR 312/2008 aprobado en abril de 2009.

4

(5)  En el anexo del documento SEC(2010) 420 final se presenta la APD de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE y sus perspectivas para 2015.

5

(6)  Documento NU A/64/665.

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/22 |
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1.10.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/22

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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la interconexión de los registros mercantiles

(2010/C 267/06)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Antecedentes

1.   acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea sobre el Libro Verde – «Interconexión de los registros mercantiles»;

2.   muestra su satisfacción por que la Comisión Europea invite a todas las partes interesadas en el Libro Verde – «Interconexión de los registros mercantiles» a expresar su punto de vista sobre este asunto;

3.   recuerda el papel decisivo del Comité de las Regiones, que, como representante de los intereses de los entes locales y regionales, ha presentado en sus anteriores dictámenes opciones y alternativas para fomentar el funcionamiento adecuado del mercado interior, aumentar la transparencia y el intercambio de información, y aliviar el gasto administrativo tanto a nivel local como regional;

4.   comparte la opinión de la Comisión Europea de que los registros mercantiles (1) desempeñan un papel fundamental: en ellos se registra, examina y almacena información relativa a las empresas, como por ejemplo, su personalidad jurídica, su domicilio social, su capital, y sus representantes legales, para ponerla a continuación a disposición del público;

5.   coincide con la Comisión Europea en que la Directiva sobre fusiones transfronterizas (2) así como el Estatuto de la sociedad anónima europea (SE) (3) y el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) (4) exigen explícitamente la cooperación transfronteriza entre registros mercantiles;

6.   sostiene la opinión de que, aunque la legislación de la UE establece las normas mínimas que regulan sus servicios esenciales, los registros mercantiles pueden ofrecer servicios adicionales que varían dependiendo de los países. Al mismo tiempo, se fortalece a las empresas que ejercen sus actividades más allá de las fronteras nacionales y que, de esta manera, tienen la posibilidad de registrarse en un Estado miembro y desempeñar su actividad empresarial plena o parcialmente en otro país. Todo esto ha conducido a aumentar la demanda de acceso público y transfronterizo a la información sobre las empresas;

7.   señala que, aunque puede accederse a la información sobre una empresa en el país donde está registrada, el acceso a esta información desde otro Estado miembro puede verse, sin embargo, obstaculizado sobre todo por barreras técnicas, jurídicas, lingüísticas y de otro tipo;

8.   considera, no obstante, que la colaboración voluntaria actual entre los registros mercantiles no es suficiente y que, por lo tanto, es necesario garantizar una colaboración transfronteriza entre estos registros más eficaz que hasta ahora. Es especialmente importante velar por el acceso transnacional a la información contenida en los registros mercantiles, así como por la transparencia, seguridad jurídica y fiabilidad de dicha información;

9.   señala que la actual crisis financiera evidencia una vez más la importancia de unos mercados financieros transparentes. En el contexto de las medidas de recuperación financiera, la mejora del acceso a información oficial y fidedigna actualizada en relación con las empresas podría considerarse una forma de restaurar la confianza de los mercados en toda Europa;

Observaciones principales

10.   valora la importancia decisiva de los registros mercantiles para garantizar el funcionamiento transfronterizo y eficaz del mercado interior a la hora de facilitar informaciones más fiables y actualizadas con fines comerciales o para lograr una mayor protección jurídica de todas las partes en todos los Estados miembros;

11.   reconoce la vital importancia de la movilidad de las empresas para el crecimiento económico y recomienda por lo tanto la creación de un amplio sistema integrado que garantice la igualdad de acceso a la información en toda la Unión Europea;

12.   señala que el acceso a la información sobre fusiones transfronterizas, transferencias de sedes o constitución de sucursales en otros Estados miembros es una necesidad cotidiana para el funcionamiento sin obstáculos del mercado interior;

13.   elogia los esfuerzos realizados por los Estados miembros participantes en el proyecto voluntario para la creación de una plataforma de intercambio eficaz, al tiempo que insta a la Comisión Europea a difundir una propuesta relativa a un marco jurídico para la cooperación a nivel europeo entre los registros mercantiles, a fin de sustituir el actual sistema voluntario por un amplio registro integrado basado en las TIC;

14.   recuerda el importante papel de las pymes en la economía europea e insta a los Estados miembros a adoptar el Estatuto de Sociedad Privada Europea, lo que combinado con un sistema eficaz de interconexión de los registros mercantiles fomentaría la expansión de las pequeñas y medianas empresas en el mercado interior;

15.   pide que se cree una red digital de registros mercantiles europeos con soluciones ambiciosas en materia de TI sobre la base de asociaciones recíprocas.

16.   se pronuncia a favor de realizar un control de las correspondientes directivas en materia de sociedades para adecuar sus disposiciones a las posibilidades técnicas actuales, en particular al uso de sistemas de TI;

17.   comparte la opinión de que, de todos modos, en la interconexión de los registros mercantiles sería útil recurrir ampliamente al trabajo ya desarrollado hasta ahora, sobre todo en relación con el Registro Europeo de Empresas (REE) y el Proyecto BRITE. En cuanto al apartado donde se regula la colaboración de los registros mercantiles de la red en materia de procedimientos técnicos (fusiones, traslado de la sede social, sucursales, etc.), hay que coincidir con la Comisión Europea en que el sistema puede construirse más fácilmente sobre la base del actual Proyecto BRITE;

Propuestas

18.   recuerda que, mediante la jurisprudencia del TJUE de los diez últimos años (y, sobre todo, con los asuntos Centros (C-212/97), Überseering (C-208/00) e Inspire Art (C-167/01)) se hizo posible la actividad transfronteriza y el traslado de sede social;

19.   destaca que, en la práctica, con frecuencia no puede hacerse uso de este derecho. Ello no se debe tanto a la mala interconexión de los registros mercantiles como al hecho de que las disposiciones de los Estados miembros en materia de Derecho Mercantil y Derecho Registral no fomentan el traslado de la sede social al extranjero ni otras actividades transfronterizas, y de que tampoco en la legislación europea se fomenta expresamente este tipo de disposiciones;

20.   considera que este problema no puede resolverse exclusivamente con la interconexión de los registros mercantiles. Para resolverlo deberían crearse básicamente disposiciones de Derecho sustantivo y procesal sobre los traslados de la sede social de las empresas, mediante las cuales también se regularía, entre otros aspectos, la colaboración entre los registros mercantiles;

21.   tiene el convencimiento de que uno de los mayores obstáculos para que surja una auténtica competencia entre los Estados y las regiones reside en que el traslado de la sede de una empresa en la UE es prácticamente imposible. La competencia tendría como resultado que los empresarios se viesen atraídos por el mejor entorno – pero el traslado de la sede de una empresa resulta actualmente muy complicado –;

22.   reconoce que la interconexión de los registros mercantiles facilitaría a los empresarios la obtención de información sobre sus socios en el marco de su actividad empresarial, circunstancia que, en todo caso, hay que acoger con satisfacción. Un sistema de registros mercantiles interconectados tendría así como resultado una base de datos común con inscripciones normalizadas, con cuya ayuda objetivo si se garantiza la veracidad de la información registral. Convendría, además, intentar una simplificación de los contenidos registrales; podría lograrse este

23.   considera que el «acuerdo de gobierno» propuesto en el Libro Verde no parece ser un instrumento adecuado para la interconexión. Si se quiere obtener datos normalizados de forma normalizada de los registros mercantiles de los distintos países, el futuro sistema deberá regularse, por ejemplo, mediante la revisión de la directiva sobre publicidad del Derecho de Sociedades o de otra manera;

24.   añade que los esfuerzos deberán más bien dirigirse a poner a disposición de todos, si es posible de forma gratuita o pagando una pequeña tarifa, a través de Internet tanto de la información transfronteriza a la que se pueda acceder a través del nuevo sistema como de la información sobre los registros mercantiles nacionales. Con las tasas abonadas al Estado que se recauden por la recogida de la información correspondiente se compensarán los costes soportados – el sector público no debería comerciar con datos públicos-. Además, con la futura Directiva se crearía una competencia para las empresas ya existentes que ofrecen servicios de consulta;

25.   comparte la opinión de que parece conveniente la interconexión de los datos comunicados mediante la aplicación de la Directiva sobre la transparencia con la red de registros mercantiles que habrá de crearse. Por este motivo debería estudiarse la elaboración de la normativa correspondiente más bien en forma de directiva, o quizás incluso de reglamento;

26.   señala que la ausencia de interconexión de los registros mercantiles no ha sido hasta ahora un obstáculo importante para los procedimientos transfronterizos en materia de Derecho de Sociedades. Soluciones electrónicas inteligentes (como, por ejemplo, las establecidas entre Estonia, Portugal y Finlandia) ya permiten actualmente una colaboración bastante amplia, que hace posible acceder por vía electrónica a los registros mercantiles en el extranjero sin tener que viajar para ello a otro país;

27.   destaca que los obstáculos que se presentan a los procedimientos transfronterizos en materia de Derecho de Sociedades son atribuibles más bien a la ausencia de una documentación de identidad electrónica válida en toda Europa (como, por ejemplo, un documento personal de identidad europeo) que haría posible autorizar legalmente el uso de una firma digital y el reconocimiento recíproco de la misma. En el proceso de interconexión de los registros mercantiles éste sería uno de los aspectos principales que también deberían abordarse con rapidez;

28.   señala, por último, que todas las iniciativas deberán ser compatibles con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y «legislar mejor».

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  El término «registro mercantil» utilizado en el Libro Verde abarca todos los registros centrales, mercantiles y de sociedades en el sentido del artículo 3 de la Primera Directiva sobre Derecho de Empresas (68/151/CEE).

1

(2)  Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital (DO L 310 de 25.11.2005, p. 1).

2

(3)  Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

3

o

(4)  Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE), (DO L 207 de 18.8.2003, p. 1).

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/25 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/25

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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa

(2010/C 267/07)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

La contribución de las ciudades al desarrollo y el paso de la renovación a la regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   considera que las ciudades y las regiones urbanas (como las conurbaciones de ciudades y sus municipios colindantes) son fuentes de imaginación y creatividad y traen consigo tanto oportunidades para abordar los problemas económicos y financieros que afronta la Unión Europea como los medios necesarios para luchar contra la exclusión social, la delincuencia y la pobreza. No obstante, cree que deben enmarcarse en programas estructurales si se quiere facilitar el cambio y la regeneración;

2.   reconoce que la contribución de las ciudades y los centros urbanos (1) al desarrollo sostenible de y entre el conjunto de los niveles de gobernanza es cada vez más importante. Las ciudades son centros de cultura, economía, educación, investigación y desarrollo en una sociedad de servicios basada en la información y para el sector financiero, son nudos de enlace del transporte internacional de mercancías y personas y contribuyen significativamente a la integración de personas de diferentes orígenes;

3.   señala que algunas zonas urbanas se han visto afectadas por aspectos medioambientales, económicos y sociales, aunque observa, asimismo, que en Europa existen numerosos ejemplos de zonas urbanas que se han regenerado con ayuda financiera de la UE;

4.   subraya que, en muchos casos, la concentración de la población en las ciudades, que cabe atribuir a la construcción ilegal y la inmigración interna, se ha efectuado a un ritmo que excedía las capacidades y la planificación de las autoridades locales, con la consiguiente intensificación de los problemas sociales y la marginación de grupos de población, menospreciando su gran potencial profesional y social. Los barrios desfavorecidos de las ciudades de los países desarrollados, que constituyen un factor de exclusión social y potencian la inseguridad, forman parte integrante del tejido urbano;

5.   constata que, en el ámbito económico, las transformaciones estructurales, la deslocalización de la producción y la introducción de nuevas tecnologías, en particular en el sector de los transportes de mercancías (por ejemplo, con la concentración de la carga), han devaluado con gran rapidez las infraestructuras y los terrenos (puertos, estaciones ferroviarias), tienen efectos de gran alcance en la capacidad de funcionamiento económico y social, de vecindarios y ciudades enteras y las sitúan frente a retos completamente nuevos;

6.   subraya que las políticas de revitalización urbana deberían constituir la base de un modelo adecuado, con una amplia gama de actividades que incluyan intervenciones escalonadas, desde la regeneración de los espacios urbanos hasta la rehabilitación del parque inmobiliario existente. El nuevo modelo de ciudad sostenible debería basarse en un enfoque integrado e innovador de la revitalización urbana que, en consonancia con la Carta de Leipzig, tenga en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales. Un modelo que no preconice un crecimiento ilimitado o la edificación en zonas verdes, sino que, al contrario, se centre en el control del crecimiento, la prevención de la expansión urbanística, la revitalización del parque inmobiliario existente y del tejido social, la mejora de la eficiencia ecológica de las ciudades, la revalorización de polígonos industriales y la promoción de formas de transporte más sostenibles, la planificación territorial a diferentes escalas (regional, comarcal o local) y la mezcla de usos como referentes fundamentales;

7.   recuerda que al final del siglo XX se vio claramente la necesidad de modernizar las ciudades con medidas de carácter más específico y multisectorial. La complejidad de los problemas llevó a adoptar un enfoque multifacético, creando a la vez la necesidad de elaborar planes de regeneración urbana que adoptaran en gran medida un enfoque integrado en la definición de sus objetivos, en sus métodos y en sus instrumentos de aplicación, en un contexto de realidades geográficas y economías de escala más amplias. El Comité considera que las zonas urbanas en dificultad no deben ni pueden abandonarse, porque constituyen una fuente de talentos sin explotar y representan un gasto de recursos en términos de capital humano y físico que se desaprovechan cuando podrían utilizarse de manera productiva y contribuir al crecimiento económico global.

El papel de los entes locales y regionales en la regeneración urbana y la relevancia para el CDR

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

8.   subraya que los entes regionales y, en particular, los locales deberían desempeñar un papel decisivo y primordial en la concepción, la aplicación, el control, el apoyo y la evaluación de las estrategias integradas de regeneración urbana y, en general, en la mejora del entorno urbano. La diversidad de las ciudades europeas requiere soluciones definidas localmente y, sobre todo, medidas de acción a nivel local. Los numerosos programas e iniciativas de la UE han generado una gran riqueza de conocimientos sobre el desarrollo urbano, a nivel europeo y en las distintas ciudades. El Comité considera que debería animarse a los entes locales a utilizar todo el conocimiento acumulado a nivel europeo, en particular el «acervo urbano»;

9.   considera que las ocasiones de efectuar intervenciones en materia de regeneración urbana son abundantes y que las estrategias en este ámbito deben tener en cuenta la multiplicidad de factores que son la causa de los problemas a los que se enfrentan algunas zonas urbanas. La recesión económica de estos últimos años puede afectar proporcionalmente más a determinadas zonas urbanas, que, debido a su estructura socioeconómica, tardan más tiempo que otras en adaptarse. Los programas de regeneración urbana deberían buscar modalidades innovadoras para convertir los efectos inherentes a la aglomeración propia de los centros urbanos en ventajas para las poblaciones locales;

10.   opina que las ciudades, en estrecha sinergia con sus zonas periféricas, presentan grandes ventajas para los ciudadanos y las empresas, no sólo como motores económicos y centros de intercambio y comercio, sino también como vectores de fomento de las libertades individuales y como polos de creatividad, investigación y excelencia. Por otra parte, las ciudades se enfrentan a los problemas causados, en particular, por los cambios en el modo de vida y la demografía y, más frecuentemente, por modelos de desarrollo urbano inadecuados. La regeneración urbana y la sostenibilidad son actualmente prioritarias en el orden del día de muchos entes locales y regionales de la UE, que buscan lograr un crecimiento sostenible junto con unas infraestructuras modernas (haciendo hincapié en las infraestructuras tecnológicas), un entorno atractivo para las empresas y un medio ambiente limpio y sano;

11.   considera que ya existen muchas buenas prácticas pero que no se difunden o aplican suficientemente. El CDR reitera, por lo tanto, su llamamiento a favor de una red virtual para la divulgación de buenas prácticas en las ciudades y regiones de Europa. El Comité se ha asociado estrechamente a iniciativas como el Pacto de los Alcaldes o el Premio a la Capital Verde Europea y ha participado en las actividades de seguimiento de la Carta de Leipzig sobre las ciudades europeas sostenibles, en el marco del Grupo de Desarrollo Urbano (GDU) de los Estados miembros de la UE. Por otra parte, ha aprobado recientemente dictámenes sobre cuestiones relacionadas con este tema, por ejemplo, sobre cómo contribuyen las ciudades y las regiones a la consecución de los objetivos europeos en materia de cambio climático y energía, sobre las acciones necesarias para promover la eficiencia energética y sobre el plan de acción de la UE en favor de la movilidad urbana.

La acción de la UE en el desarrollo de las ciudades europeas

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

12.   opina que, aunque los Tratados de la UE no incluyen explícitamente la política urbana, desde 1990 hasta hoy se han registrado grandes progresos en materia de desarrollo urbano en lo que respecta a las intervenciones efectuadas en las ciudades, tanto en términos de programación como de conocimientos técnicos. Durante este tiempo, las ciudades han funcionado como laboratorios experimentales abiertos y han obtenido resultados notables pese a lo limitado de los recursos de que disponían;

13.   subraya que la UE puede desempeñar un papel esencial para apoyar las estrategias de regeneración urbana. Debe animarse a la Comisión a que, a partir del «acervo urbano», haga todo lo posible por poner a disposición del nivel local, de manera coherente y estructurada, el conjunto de conocimientos y medidas existentes en materia de desarrollo urbano. Esto debería incluir todas las políticas de la UE que tienen un impacto directo en el desarrollo urbano, prestando una atención muy especial a las políticas de cohesión, empleo, asuntos sociales, medio ambiente, conexiones de banda ancha y transportes;

14.   acoge favorablemente la guía, recientemente actualizada, sobre la dimensión urbana de las políticas comunitarias para el periodo 2007-2013, publicada por el Grupo interservicios sobre desarrollo urbano de la Comisión Europea, e invita a la Comisión a examinar la idea de actualizar y formalizar una «Agenda urbana europea» que se adjuntaría a un nuevo marco o plan de acción en favor del desarrollo urbano y que incluiría entre sus prioridades principales la regeneración urbana integrada, respetando al mismo tiempo los diversos contextos en los que deberían aplicarse;

15.   apoya todas las iniciativas existentes que contribuyen al desarrollo urbano sostenible y, en particular, a la regeneración urbana integrada, en el contexto de la política de cohesión, como por ejemplo, el apartado de desarrollo urbano de los Fondos Estructurales, la Auditoría urbana, el Atlas urbano, el programa Urbact y la iniciativa Jessica. No obstante, el Comité pide a la Comisión que analice de cerca los resultados de la integración de la iniciativa Urban de la UE en los programas operativos del FEDER y presente una evaluación intermedia específica de sus resultados. A la luz de esta evaluación, en el próximo periodo de programación podría considerarse necesario reforzar el carácter específico de las iniciativas de regeneración urbana dentro de los Fondos Estructurales y mejorar la coordinación con otras políticas, en el marco de una «Agenda urbana europea»;

16.   valora positivamente el nuevo enfoque que representa Jessica con respecto a la financiación de las iniciativas de regeneración urbana, en especial porque establece un vínculo claro entre la financiación y la necesidad de elaborar planes de desarrollo urbano integrados, si bien quiere poner de relieve que las subvenciones son también un instrumento útil y necesario para responder a las deficiencias del mercado en el contexto del desarrollo urbano. Manifiesta también su preocupación por la visibilidad de Jessica, por el nivel de sensibilización de los entes locales y regionales y por los problemas de aplicación observados en los Estados miembros;

17.   considera que hay que valorar muy positivamente los cambios introducidos en el Reglamento de los Fondos Estructurales sobre la subvencionabilidad de las inversiones en favor de la eficiencia energética y las energías renovables en las viviendas. No obstante, las ayudas a la vivienda, tal como se señala en la última modificación del Reglamento del FEDER con respecto a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda a favor de las comunidades marginadas, deberán darse más a conocer y asimismo deberán incluirse en condiciones estrictas dentro de un programa de desarrollo urbano integrado. Por lo tanto, el Comité propone que los Fondos Estructurales apoyen también los gastos de vivienda en zonas muy desfavorecidas. Una vivienda de calidad es una condición sine qua non para el éxito de los programas de regeneración urbana. El apoyo financiero sólo debería proporcionarse en el marco de programas integrados y en condiciones estrictas, a fin de garantizar que vaya en beneficio de la población local que lo necesita y que no contribuya a una «elitización» (gentrification).

La regeneración urbana sostenible

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

18.   constata la invitación a las ciudades de la UE a contribuir a los esfuerzos de la Unión para superar la crisis económica y financiera y a trabajar en favor de profundizar la integración europea. Las tres dimensiones que la Presidencia española ha tomado como base para examinar el papel de la regeneración urbana en el desarrollo de las ciudades constituyen los pilares del desarrollo sostenible. Al aplicar los programas de regeneración urbana convendrá enriquecerlos añadiendo en cada caso las prioridades temáticas adecuadas, que se incorporarán en el entorno socioeconómico del momento. El Comité considera en particular que convendrá dar prioridad a cuestiones como la gobernanza urbana, el papel de los entes locales y regionales, la financiación de la regeneración urbana, la contribución de las tecnologías de la telemática a la regeneración urbana, la importancia de la organización y el funcionamiento del autogobierno local para la elaboración y la aplicación de programas de regeneración urbana, el papel de la innovación en la regeneración urbana y, por último, su contribución al desarrollo de las relaciones exteriores y a la internacionalización de las ciudades. Así pues, se constata que los poderes regionales y locales tienen un papel fundamental a la hora de trabajar en tareas de regeneración urbana, desde la planificación territorial hasta el planeamiento urbanístico y su ejecución, incidiendo en tales tareas en la prevalencia de la regeneración sobre los nuevos desarrollos urbanísticos, y en la mejora de la ciudad existente en relación con la expansión urbana.

La dimensión económica de la regeneración urbana - Contribución a un crecimiento inteligente

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

19.   subraya que, debido sobre todo a la internacionalización de la economía, los cambios económicos de estos últimos años pueden afectar proporcionalmente más a las zonas más antiguas o más céntricas de las ciudades que, debido a su estructura socioeconómica, tardan más en adaptarse que otras. A este respecto, las intervenciones en virtud de la política de cohesión parten de la base de que un crecimiento geográficamente desequilibrado no solo tiene como efecto perjudicar la cohesión social sino que también pone límites al crecimiento económico potencial. Esto sucede aún más a nivel local, tal como destacó recientemente, por ejemplo, el informe Barca;

20.   destaca la necesidad de estimular las actividades económicas innovadoras proporcionando un entorno e incentivos adecuados, infraestructuras de vanguardia y capital humano bien formado y orientado al aprendizaje a lo largo de la vida;

21.   considera que la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, por medio de la regeneración de los centros de las ciudades, respetando al máximo el patrimonio histórico y arquitectónico, proporciona un valor añadido a la imagen, el prestigio y la capacidad de atracción de las ciudades, fomenta la diversidad cultural, que desempeña un papel económico fundamental en el desarrollo de la economía del conocimiento y las industrias innovadoras, al tiempo que promueve el desarrollo local gracias al fomento de puestos de trabajo locales cualificados, en muchos casos con un alto grado de especialización;

22.   señala que los proyectos de regeneración urbana deberían producir, integrar y difundir conocimientos e innovación tanto en lo que se refiere a los procedimientos en sí como a los resultados;

23.   destaca que las estrategias de regeneración urbana deben tener en cuenta la multiplicidad de factores que son la causa del declive económico de algunas zonas urbanas. Algunos de los más relevantes son la obsolescencia funcional de los edificios, las infraestructuras anticuadas y los problemas de accesibilidad. Son muchas las empresas que dejan la ciudad en busca de unos costes de explotación menos elevados y más espacio, y son muchos los empleados que han seguido a sus empresas esperando encontrar una mejor calidad de vida (servicios sociales, medios de transporte) y unos medios de vida más económicos (alquileres menos elevados y mejores precios de vivienda). Para satisfacer la demanda de empresas deseosas de instalarse en zonas regeneradas, los programas de regeneración urbana deberían buscar maneras innovadoras de utilizar el espacio disponible y de mejorar la prestación de servicios en la ciudad, transformando en ventajas los efectos inherentes a las aglomeraciones de los centros urbanos;

24.   recuerda que los problemas de movilidad urbana, que esencialmente son problemas de congestión, afectan a numerosas zonas urbanas en Europa y no es posible solucionarlos meramente construyendo mejores infraestructuras o inyectando aún más dinero en las empresas de transporte público. La movilidad urbana aumenta las posibilidades que se ofrecen a los habitantes y a las empresas, y como tal constituye tanto un factor de competitividad económica como un motor de la cohesión social. El Comité destaca que todos los ciudadanos deberían poder disfrutar de un sistema de transporte público eficiente y asequible, ya que desempeña un papel clave para romper el aislamiento de las zonas desfavorecidas. Señala que, teniendo en cuenta los daños que se causan al medio ambiente en las ciudades, debe concederse más importancia a las medidas destinadas a promover transportes urbanos que respeten el medio ambiente (proyectos de investigación y demostración referidos a vehículos poco o nada contaminantes, actividades destinadas a promover otros modos y modalidades de transporte, tales como el coche compartido o la promoción de la circulación en bicicleta en las ciudades). El Comité reitera asimismo su apoyo a la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible, al menos para las grandes ciudades, y propone la introducción de incentivos en la UE, como el de que la financiación de los proyectos de transporte urbano esté supeditada a la existencia de planes de movilidad urbana sostenible y a la celebración de acuerdos de asociación para la movilidad entre los sectores público y privado;

25.   destaca la necesidad de tomar medidas para reforzar el espíritu empresarial a nivel local, mediante la concesión de incentivos a grupos de población específicos, la creación de foros de apoyo al espíritu empresarial y la organización de actos orientados a tal fin, y reconoce a este respecto el importante papel que se puede desempeñar ayudando a la economía mediante el crecimiento inteligente que generaría el apoyo a mujeres empresarias.

La dimensión medioambiental de la regeneración urbana - Contribución a un crecimiento sostenible

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

26.   señala que la dimensión medioambiental de la regeneración urbana deberá desarrollarse dando máxima prioridad a tres grandes cuestiones: el cambio climático, la lucha contra la contaminación de los recursos naturales derivada de la actividad humana -así como, de manera más general, la utilización rentable de los recursos- y, por último, la protección de los hábitats;

27.   está convencido de que, aunque Europa está ya muy urbanizada, parece que continúa la tendencia a la expansión del territorio urbanizado de algunas zonas, en especial en las aglomeraciones de mediano y gran tamaño de mayor dinamismo. A medida que las ciudades se expanden, potencialmente pueden destruir algunos de los recursos y deteriorar la calidad de los suelos y del agua. En este sentido, el Comité destaca que los programas de regeneración urbana integrados tienen la capacidad de detener, o incluso de invertir esta tendencia, conteniendo el crecimiento urbano ilimitado y regenerando el entorno urbano;

28.   señala que, por otra parte, durante este siglo es de esperar una aceleración del cambio climático y de la subida del nivel del mar por efecto de las emisiones de gas de efecto invernadero producidas por la actividad humana. Esta perspectiva plantea un reto creciente a las zonas urbanas costeras, que tendrán que hacer frente a considerables gastos financieros, ya que se necesita una gran cantidad de recursos para adoptar, entre otras, medidas de protección de las costas y contra las inundaciones; destaca igualmente la importancia de la labor que realiza el GDU de los Estados miembros para crear un marco de referencia de ciudades europeas sostenibles que, además de las preocupaciones medioambientales más clásicas relacionadas con las zonas urbanas, se propone también integrar la dimensión del cambio climático y los problemas planteados por su atenuación y la adaptación a sus efectos;

29.   concede máxima prioridad a la lucha contra la contaminación de los recursos naturales derivada de la actividad humana, como preocupación fundamental de la regeneración urbana, haciendo especial hincapié en las medidas que refuercen la prevención de la contaminación. En la misma medida subraya la importancia que debe concederse a evaluar y limitar el uso de materiales que repercutan negativamente en el medio ambiente, examinando su ciclo de vida completo (producción – utilización – eliminación);

30.   destaca que la rehabilitación de edificios existentes para mejorar su eficiencia energética es una de las formas más rentables de cumplir con los compromisos asumidos en Kioto en materia de cambio climático, estimándose en el 42 % la reducción que puede lograrse en las emisiones de CO2 de los edificios y en los costes energéticos;

31.   señala que las ciudades son responsables del 70 % de las emisiones de gas de efecto invernadero y que a este respecto, la Carta de Leipzig insta a las ciudades a que reduzcan su huella de carbono, conserven sus recursos y su biodiversidad, ahorren energía y promuevan el acceso a los servicios públicos clave. Por esta razón, el Comité señala la necesidad de adoptar medidas inmediatas para limitar el consumo de energía en las ciudades, en primer lugar gracias a una buena gestión energética y, en segundo lugar, mediante la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables. Deberán tomarse medidas similares en el sector de la construcción, con vistas a mejorar la eficiencia energética;

32.   acoge favorablemente el Pacto de los Alcaldes, que engloba cerca de 3 000 ciudades europeas comprometidas a superar los tres «objetivos del 20 %», un requisito legal mínimo de la UE que deberá alcanzarse en 2020. Esta iniciativa, así como el Premio a la Capital Verde Europea, fue lanzada por la Comisión Europea y ha recibido el respaldo y el apoyo del Comité de las Regiones, que pretende también extender el Pacto a nivel regional;

33.   reconoce la importancia del papel que desempeñan las zonas verdes y las masas de agua en los programas de regeneración urbana. Su contribución es primordial para mejorar el clima de las ciudades, dado que ejercen sobre ellas una acción «refrescante», proporcionan aire puro, filtran la contaminación y reducen el ruido. Por otra parte, las zonas verdes recreativas contribuyen también a hacer más habitables las ciudades y favorecen así la cohesión social. Hacer ciudades más verdes constituye un objetivo en el que todos deberían centrarse;

34.   llama la atención sobre la escasez cada vez mayor de los recursos hídricos disponibles a escala mundial y pide que los programas de regeneración urbana se movilicen para la protección de las reservas de agua, en particular las reservas de agua potable, así como para su gestión adecuada y el empleo de métodos de explotación alternativos. Asimismo, debe reducirse la huella hídrica (water footprint) de las ciudades;

35.   estima que la calidad estética del entorno construido constituye un factor decisivo para que las ciudades se enfrenten con éxito a la competencia internacional y refuercen su poder de atracción y la calidad de vida de sus habitantes, y propone que se tomen medidas que integren la creación arquitectónica y artística;

36.   reconoce el valor de los hábitats y concede máxima prioridad a la protección y gestión de los que rodean a las ciudades o están cerca de ellas, como factor importante de regeneración urbana, en conexión con medidas de sensibilización e información de los ciudadanos sobre el medio ambiente;

37.   señala los fuertes vínculos entre las ciudades y las zonas circundantes, en particular la periferia urbana, muy dinámica, y subraya la necesidad de gestionar estas relaciones.

Aspectos sociales de la regeneración urbana - Contribución a un crecimiento integrador

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

38.   considera que, en muchas ciudades, los cambios sociodemográficos han provocado el desplazamiento de la población de sus hogares en las zonas urbanas más antiguas a otras zonas residenciales nuevas, más periféricas, a zonas urbanizadas situadas en los límites de la ciudad o, simplemente, a nuevas ciudades próximas a las grandes aglomeraciones. Entre las razones cabe citar la disponibilidad de viviendas menos costosas y más atractivas, la mejor calidad de vida o la existencia de una gama más amplia de servicios. En las últimas décadas, las personas con ingresos por encima de la media han abandonado las ciudades y solo ahora van regresando lentamente, gracias al éxito de algunos programas de regeneración urbana. Por tanto, el Comité destaca que en las zonas afectadas por el declive urbano convendría procurar que las ciudades vuelvan a ser lugares atractivos, capaces de colmar las aspiraciones de cada cual independientemente de su nivel de ingresos;

39.   subraya que la vivienda ha sido tradicionalmente, y sigue siendo hoy en día, una de las principales preocupaciones de la regeneración urbana, que tiene como uno de sus propósitos fundamentales garantizar la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos;

40.   considera que la agudización de las desigualdades sociales constituye un reto importante en la mayoría de las zonas urbanas. Las disparidades entre barrios son resultado de la formación de guetos sociogeográficos, cuya causa reside a veces en políticas de vivienda inadecuadas, con una prestación de servicios limitada a las zonas prósperas, sin llegar a los suburbios desfavorecidos. A este respecto, el nuevo objetivo de cohesión territorial añadido al Tratado de Lisboa debería animar a todos los niveles de gobernanza a tener en cuenta estos desequilibrios en todas las políticas sectoriales urbanas, en el marco de las estrategias integradas de regeneración urbana. Por tanto, el Comité destaca que una ciudad sostenible debe tener como base la solidaridad urbana, combatiendo activamente la exclusión y la discriminación mediante el refuerzo de la cohesión social entre los barrios, los sectores sociolaborales, los géneros y los ciudadanos de distintos orígenes. La solidaridad urbana debe ser reflejo de nuestra ambición de construir una sociedad europea más integradora y cohesiva;

41.   cree que es necesario realizar un esfuerzo especial para la buena integración de los inmigrantes en la vida de la ciudad, ya que constituye la única vía de resolver los problemas derivados.

La asociación en la regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

42.   destaca que los programas de regeneración urbana siempre deben asociar a los sectores público, privado y sin ánimo de lucro y deben situar a las comunidades locales en el centro de estas asociaciones. Aunque la regeneración urbana es siempre un proceso evolutivo y continuo, es imposible aplicarle soluciones «únicas»; una amplia participación de las partes interesadas ayudará a aprender de los éxitos de otros y a evitar repetir los errores. Los entes locales y regionales desempeñan un papel primordial a este respecto, reuniendo a distintos interlocutores económicos y sociales y desarrollando acciones específicas. Los documentos de planificación territorial y urbanística constituyen foros de encuentro y concertación de políticas para todas las administraciones.

Prioridades temáticas

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

43.   considera que la transición de la renovación urbana (urban renovation) -cuyo interés se concentraba en el medio ambiente natural y humano- a los programas de regeneración urbana (urban regeneration) deberá realizarse en el próximo periodo de programación, ampliando el espectro de los ámbitos de intervención mediante una serie de prioridades temáticas, con el fin de que las ciudades europeas del mañana respondan a las expectativas de sus ciudadanos, ofrezcan infraestructuras y estructuras que incentiven los conocimientos y las competencias profesionales de los trabajadores, constituyan entornos de vida, trabajo y ocio sostenibles y atractivos, proporcionen el máximo posible de oportunidades para todos sin exclusión y utilicen los recursos naturales con la mayor moderación posible, de manera que su funcionamiento se integre en una economía competitiva con bajo consumo de carbono.

La gobernanza de las estrategias de regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

44.   hace hincapié en que la regeneración urbana debe ser considerada como un proceso continuo e integrado, basado en una visión a largo plazo del desarrollo urbano sostenible. La buena gobernanza de los programas de regeneración urbana debe comenzar a partir de la fase de análisis. Hay que recabar datos sólidos sobre la economía, las características sociales y el medio ambiente de las zonas afectadas que procedan de fuentes fiables, utilizando indicadores bien diseñados y comparables. En este contexto, el trabajo de la Auditoría urbana de la Comisión Europea y las actividades actualmente en marcha sobre el marco de referencia de ciudades europeas sostenibles revisten una especial relevancia;

45.   destaca que es necesario adoptar nuevos métodos de organización de la política urbana, de modo que las políticas de regeneración urbana se conciban a nivel local y regional con el apoyo del nivel nacional y europeo, y opina que los entes locales deben asumir un papel de liderazgo para desarrollar políticas de cohesión, integración y cooperación y garantizar así la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de la eficiencia ecológica en su territorio, promoviendo y mejorando al mismo tiempo el diálogo entre las múltiples formas que adquiere la diversidad cultural. Para aprovechar al máximo la eficacia de la acción pública, muchos entes locales y regionales ya han desarrollado nuevas formas de gobernanza urbana que acercan los programas de regeneración urbana a la realidad sobre el terreno. Gracias a distintos mecanismos de participación, las políticas urbanas integradas incluyen otros socios además de las autoridades públicas, y a menudo incluyen a la población de las zonas afectadas; en algunos países esto se ha hecho mediante contratos o acuerdos. El Comité cree que la mayor participación pública y el papel otorgado a las comunidades urbanas constituyen intentos de generar el capital social necesario para el éxito de las políticas de desarrollo urbano;

46.   opina que los programas de regeneración urbana deberán garantizar el máximo aprovechamiento posible de todos los medios disponibles (impresos y electrónicos) que contribuyen a la información, la comunicación y la divulgación de los programas y a las correspondientes vías de participación (referendos locales, asambleas, democracia en línea, etc.). Los programas de regeneración urbana deberán formar parte integrante del proceso de aprendizaje relacionado con el desarrollo de las ciudades de la UE y contribuir a sensibilizar a los ciudadanos acerca de los problemas de la ciudad y de las oportunidades que se vislumbran;

47.   reconoce que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las cuestiones relacionadas con la regeneración y el desarrollo de las ciudades se tratan de manera más eficiente a nivel local, si bien opina que el apoyo de la UE puede aportar beneficios claros al desarrollo urbano, donde está demostrado que se requiere su intervención para facilitar la resolución de problemas que afectan a la cohesión económica, social y territorial en la UE; considera por tanto que las políticas de regeneración urbana y de desarrollo urbano deberían aplicarse sobre la base del «acervo urbano europeo», integrado por una serie de instrumentos jurídicos, iniciativas políticas y mecanismos de intercambio de experiencias y de las mejores prácticas entre ciudades; recuerda que las políticas desarrolladas en este ámbito deberían respetar asimismo el principio de proporcionalidad y tener plenamente en cuenta el contexto territorial más amplio;

48.   señala que las ayudas de la UE pueden ser especialmente útiles si se anima a las autoridades locales a cooperar en el conjunto del área metropolitana funcional. De este modo es posible asumir en toda el área urbana una responsabilidad económica común en relación con los grupos de población y las zonas urbanas que viven bajo la amenaza de la marginación. Se debería poder ofrecer instrumentos de apoyo de la UE a las áreas metropolitanas funcionales siempre y cuando se garantice la cooperación eficaz de las autoridades locales para el mejor aprovechamiento de sus propios recursos.

La financiación de la regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

49.   destaca que la programación del desarrollo tiene que satisfacer necesidades más que preparar el futuro. Los recursos financieros destinados a sufragar los programas de regeneración urbana han de constituir un factor específico de esta cuestión, y favorecer la sostenibilidad y la eficacia de los programas. Entre los aspectos de esta cuestión que habrá que abordar figuran la combinación de recursos nacionales y locales, la financiación de los programas (sistemática o «caso por caso»), la mezcla de ayudas públicas y capital privado, la fiscalidad local, la concesión de préstamos, la evaluación de los beneficios de la regeneración y la distribución de los gastos correspondientes entre los distintos usuarios y beneficiarios, la procedencia de los fondos, el valor estratégico y la cuantía de las subvenciones públicas. En particular, será preciso ocuparse de los mecanismos de financiación y la ejecución de los programas de regeneración urbana. Cabe esperar que mecanismos como los Fondos de Desarrollo Urbano (FDU o UDF’S - Urban Development Funds) o las «tres J» (Jessica, Jeremie, Jaspers), aportarán su contribución en este sentido, pero su cualificación y la eficacia de su aplicación siguen siendo cuestiones abiertas;

50.   cree que la contribución del voluntariado a los programas de regeneración urbana aún no se ha valorado como es debido y, por último, señala que desarrollar y consolidar el concepto de espíritu empresarial tanto en el nivel del autogobierno local como en el de los programas de regeneración urbana constituirá un elemento de investigación específico, con vistas a las intervenciones futuras.

La contribución de las tecnologías de la telemática a la regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

51.   considera que es comúnmente sabido que la revolución de las comunicaciones y de la informática tiene una gran repercusión en la organización, el funcionamiento y la morfología de las ciudades europeas. Convendrá hacer especial hincapié en que los programas de regeneración urbana incluyan intervenciones destinadas a desarrollar infraestructuras técnicas de informática y comunicación de perfil elevado y a elaborar aplicaciones y contenidos que mejoren la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de los servicios públicos, eleven el nivel de los servicios prestados en el sector privado y hagan atractivo el empleo de estos instrumentos;

52.   considera que a medida que se aprovechan las oportunidades es inevitable que surjan amenazas. La protección y la seguridad de las aplicaciones y los intercambios, la protección de los datos personales y el respeto de la vida privada y la identidad de los ciudadanos son una cuestión crucial que requerirá aún más trabajo. Al mismo tiempo, en el ámbito de la seguridad urbana, el recurso a las tecnologías informáticas suscita grandes interrogantes sobre el funcionamiento democrático de la sociedad. Será preciso incluir en el orden del día el debate en curso sobre la regeneración urbana para hallar soluciones a los problemas que se plantean;

53.   constata que con la explotación de las infraestructuras con y sin cable, las aplicaciones telemáticas con más proyección consiguen crear un entorno virtual («ciudad ambiente», «ciudad digital», «ciudad ubicua»): espacios donde los ciudadanos pueden interactuar e intercambiar. La ciudad digital constituye un mundo paralelo que deberá incluirse en el orden del día de la regeneración urbana.

La innovación y el aprendizaje en la regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

54.   opina que el apoyo a la innovación reportará mejores resultados y contribuirá a la sostenibilidad económica de las ciudades. Por ello, los programas de regeneración urbana deben ofrecer entornos, infraestructuras e incentivos que fomenten la innovación;

55.   considera, por tanto, que la creación de centros de aprendizaje, entre las instancias que intervienen en la vida económica de la ciudad, debe constituir una prioridad estratégica de la regeneración urbana;

56.   cree asimismo que la regeneración urbana debe reforzar los vínculos entre la enseñanza, las empresas, la investigación y la innovación, así como promover nuevas empresas innovadoras.

El alcance de la organización y el funcionamiento de los entes locales en la concepción y la ejecución de los programas de regeneración urbana

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

57.   considera que determinar la necesidad de poner en práctica un programa de regeneración urbana, así como su planificación, el seguimiento de su ejecución, su posible revisión y la evaluación final, son acciones cuya gestión requiere un mínimo de competencias específicas de administración y gestión. Estas competencias no están garantizadas en todos los entes locales y regionales. Estos aspectos constituyen una condición sine qua non para incorporar en los programas de regeneración urbana medidas de refuerzo de las capacidades de los entes locales. A modo de ejemplo cabe citar el desarrollo de la gestión de sistemas de información (GSI), de sistemas de información geográfica (SIG), que facilitan las operaciones y mejoran los procesos de toma de decisiones, así como la introducción de procedimientos certificados (ISO, EMAS, etc.), que elevan el nivel de los servicios prestados a los ciudadanos. Las acciones que garantizan la adopción de un enfoque centrado en el ciudadano en el diseño del funcionamiento de los entes locales deberán ocupar un lugar central en el diseño de la regeneración urbana. La modernización de la organización de los entes locales y regionales constituye un reto y a la vez una oportunidad para poner en marcha programas de regeneración urbana, y por esta razón debe incluirse entre las medidas previstas en este ámbito.

La contribución de la regeneración urbana al desarrollo de las relaciones exteriores

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

58.   constata que las acciones destinadas a promover y revalorizar la ciudad (city marketing) y afirmar su identidad (city branding) forman parte integrante de la actividad de los entes locales y regionales. En un mundo cada vez más internacionalizado, se acentúa la competencia entre las ciudades para atraer capitales, inversiones y mano de obra cualificada. Las ciudades amplían sus planes de desarrollo con el fin de estar en condiciones de reivindicar recursos y medios que garanticen la prosperidad de sus ciudadanos. La competencia para la organización de espectáculos deportivos, comerciales y culturales importantes (big events) constituye uno de los muchos ejemplos –el más visible- de la competencia entre las ciudades;

59.   destaca por otra parte que, paralelamente a esta competencia, las ciudades intensifican también su cooperación. El trabajo en red, ya sea temático o geográfico, adquiere un gran alcance, especialmente en la UE gracias a las medidas específicas de ámbito comunitario (Urbact, Interact, hermanamientos, etc.). El intercambio de las mejores prácticas ha resultado ser un instrumento especialmente útil. Las acciones que contribuyen a internacionalizar las ciudades europeas deberán constituir también un ámbito de acción distintivo de los programas de regeneración urbana.

II.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

60.   considera que en el proceso de adopción de las decisiones estratégicas para el próximo periodo de programación (2014-2020), la UE debería reconocer la importancia estratégica de la regeneración urbana y debería velar por reforzar la dimensión urbana de todas sus políticas, para que las ciudades vuelvan a ser un laboratorio de investigación, esta vez con una agenda más integral para ayudar a que Europa salga de la crisis económica y financiera;

61.   propone lanzar una iniciativa titulada «Regeneración urbana para ciudades europeas inteligentes, sostenibles e integradoras» (Urban regeneration for smart, sustainable and inclusive EU cities). Las ciudades de la UE pueden convertirse en el lugar privilegiado de aplicación de las siete iniciativas emblemáticas que se exponen en la Comunicación de la Comisión «Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (2);

62.   considera que ha llegado el momento de tomar una decisión en este sentido. El debate sobre el presupuesto del próximo periodo de programación y la revisión del presupuesto del actual periodo de programación deberán incluir expresamente la financiación de la regeneración urbana.

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  Las regiones urbanas (como las conurbaciones de ciudades y sus municipios colindantes) deben tenerse en cuenta en todo el dictamen.

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(2)  COM(2010) 2020 final.

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/33 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/33

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Dictamen del Comité de las Regiones — «La UE y la política de biodiversidad internacional más allá de 2010»

(2010/C 267/08)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

A.   Observaciones generales

1.   cree que la protección de la biodiversidad es fundamental para la salud y el bienestar de los seres humanos, tanto de forma directa como indirecta, a través de los servicios que nos presenta el ecosistema. Cada persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y sostenible, lo que requiere la conservación y un uso sostenible de la biodiversidad, respetando el papel central que desempeña la biodiversidad en la lucha a nivel mundial contra el hambre y en pro de la seguridad alimentaria. El Comité manifiesta su preocupación por las graves consecuencias que la pérdida creciente de biodiversidad en los distintos ecosistemas tendrá para las generaciones actuales y futuras, tanto por razones éticas como por reconocer el valor intrínseco de la biodiversidad, asegurar la estabilidad económica y social, mitigar el cambio climático y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

2.   además de destacar el valor intrínseco de la naturaleza como patrimonio de la humanidad, apoya que se impulsen los trabajos dirigidos a evaluar económicamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y que se incorporen a la elaboración de las políticas. Celebra que, gracias al estudio internacional TEEB («The Economics of Ecosystems and Biodiversity»), cada vez se comprenda mejor el valor económico de la biodiversidad y el hecho de que la inacción supone un coste económico inasumible. El CDR celebra que el TEEB trate específicamente de la dimensión local y regional en su Informe para los administradores («D2 Report for Administrators»);

3.   señala que los objetivos de la UE y los objetivos internacionales para 2010 han sido esenciales para propulsar a nivel regional y local la adopción de medidas útiles a favor de la biodiversidad en todo el mundo. Se cuenta con muchos ejemplos de buenas prácticas en toda la Unión Europea. No obstante, el Comité expresa su profunda preocupación por el hecho de que ni los objetivos de la UE ni los objetivos internacionales para 2010 se hayan cumplido debido al desfase evidente entre las promesas formuladas y las medidas realmente adoptadas;

4.   considera que, para cumplir los objetivos de protección de la biodiversidad, es esencial que las autoridades públicas, incluidos los entes locales y regionales, encuentren un equilibrio adecuado entre las políticas de desarrollo y los objetivos de biodiversidad, y fomenten el uso de incentivos para promover la conservación de la biodiversidad;

Una mayor participación de los entes regionales y locales en el marco de una gobernanza y una comunicación mejoradas

5.   destaca el papel de los entes regionales y locales para detener la pérdida de biodiversidad y poner en marcha estrategias encaminadas a salvaguardar la biodiversidad en sus respectivos territorios. Esto tiene que ser considerado en el contexto de las conclusiones de una reciente encuesta del Eurobarómetro, publicada en marzo de 2010, sobre la actitud de los europeos ante la biodiversidad, según la cual sólo el 38 % de los europeos es consciente de la importancia del asunto y apenas el 17 % se siente directamente afectado por la pérdida de biodiversidad. Para ello, el CDR reitera su voluntad de impulsar proyectos de conservación de la biodiversidad y de contribuir a generar un mayor interés de los ciudadanos a nivel local y regional y a crear sinergias entre las partes interesadas y las autoridades públicas y, a este fin, podría organizar actos durante los OPEN DAYS 2010;

6.   hace hincapié en que, para preservar la biodiversidad en todo el mundo, deberían facilitarse a los entes regionales y locales recursos humanos, financieros y técnicos a la altura de sus responsabilidades y de la tarea que implica contribuir a detener la pérdida de biodiversidad. Los entes regionales y locales son los mejor situados para ayudar a las comunidades locales a conservar el medio ambiente en sus territorios y apoyar a los organismos de voluntariado cuyas actividades se centran en animar a los ciudadanos a que se comprometan con la conservación del medio natural. Otras competencias importantes son la educación, la salud y el bienestar, la planificación del uso del suelo y la propiedad de la tierra. El CDR insta a los entes regionales y locales a que prediquen con el ejemplo;

7.   considera que el Año Internacional de la Diversidad Biológica 2010 de las Naciones Unidas consolidará el compromiso político en la UE y a escala internacional para afrontar la crisis mundial de la biodiversidad al mismo tiempo que fomenta la participación activa de los entes regionales y locales;

8.   acoge con agrado los proyectos emprendidos por numerosos entes regionales y locales para contribuir a proteger la biodiversidad –por ejemplo, los proyectos encaminados a la creación de espacios naturales protegidos y la restauración de hábitats degradados, la conservación de humedales y otros ecosistemas y el establecimiento de cinturones verdes o una planificación urbanística con criterios de conservación de la biodiversidad– y a concienciar a sus ciudadanos sobre la biodiversidad, por ejemplo, mediante concursos que premian los mejores jardines y espacios verdes en las zonas urbanas. Los jardines residenciales constituyen un refugio vital para las aves y otros animales y son importantes para enfriar y filtrar el aire y almacenar carbono;

B.   Hacia una estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2020

9.   acoge con satisfacción el establecimiento de una visión para 2050 y de un nuevo y ambicioso objetivo para 2020: «detener la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en la UE de aquí a 2020 y restaurarlos en la medida de lo posible, así como intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el mundo», que ha sido acordado por el Consejo de Medio Ambiente del 15 de marzo de 2010 y aprobado en el Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2010. Esto demuestra fehacientemente el compromiso renovado de la UE de producir resultados tangibles;

10.   expresa, sin embargo, su preocupación por el hecho de que, en el objetivo de crecimiento sostenible de la Estrategia UE 2020, la biodiversidad sigue estando subordinada a modelos de crecimiento económico y a la búsqueda de una economía baja en carbono en lugar de ser considerada por su valor intrínseco;

11.   acoge con satisfacción que se tengan en cuenta los servicios ecosistémicos en el objetivo para 2020, tal como había recomendado anteriormente el CDR, con el fin de lograr, mediante su restauración, una inversión de la tendencia; en este contexto, no obstante, pide a la Comisión y a los Estados miembros que especifiquen cómo debe interpretarse que el objetivo se limite a «restaurar [los servicios ecosistémicos] en la medida de lo posible» en los niveles regional y local;

12.   coincide con el Consejo en que es necesario adoptar medidas efectivas y urgentes para evitar graves consecuencias ecológicas, económicas y sociales;

13.   reconoce que se trata de un paso importante para demostrar el compromiso de la UE de actuar y «liderar con el ejemplo» en la reunión de la 10a Conferencia de las Partes (COP 10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se celebrará en Nagoya en octubre de 2010;

14.   apoya la petición formulada por el Consejo a la Comisión Europea para que presente una estrategia de la UE sobre protección de la biodiversidad para 2020, en la que se tengan en cuenta los resultados de la reunión de la COP 10 del Convenio sobre la Diversidad Biológica;

15.   insiste en que esta estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2020 sólo podrá alcanzar localmente los objetivos que se han fijado en este ámbito a nivel de la UE y a nivel internacional para después de 2010 si apoya decididamente a los entes regionales y locales y a otros usuarios o propietarios de tierras. La estrategia tiene que solucionar el problema que supone en la actualidad el bajo nivel de gasto de los Fondos Estructurales en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la biodiversidad y promover el intercambio de buenas prácticas con objeto de reforzar la posición de los entes regionales y locales a la hora de actuar sobre el terreno. Impulsar las buenas prácticas entre las autoridades y ofrecer un foro para identificar problemas comunes y compartir soluciones en temas de biodiversidad ayudará a reforzar las capacidades de los entes regionales y locales;

16.   se congratula de que su invitación a realizar una «infraestructura ecológica» (1) haya sido tenida en cuenta por el Consejo (2) y haya abierto el camino a la preparación por parte de la Comisión Europea de una estrategia de la Unión sobre la infraestructura ecológica para después de 2010. Esta estrategia, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, debe incluir una dimensión territorial y debe permitir integrar en un marco coherente las iniciativas ya existentes, especialmente las de nivel local y regional;

El papel de los entes regionales y locales para impulsar una estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2020

17.   destaca que la nueva estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2020 daría frutos si todos los agentes y partes interesadas locales participaran en la concepción y la aplicación de las políticas, siguiendo un verdadero modelo de gobernanza multinivel. Es importante aunar las voluntades de todas las partes interesadas activas en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, incluidos los expertos del mundo científico, los impulsores de planes de acción sobre biodiversidad, las ONG y las autoridades educativas;

18.   insiste en la necesidad de aplicar plenamente las Directivas sobre aves y hábitats, también en el ámbito regional y local, acelerar la implantación y el desarrollo pleno de la red Natura 2000 y poner en práctica una financiación adecuada, teniendo también en cuenta que la biodiversidad se distribuye de forma irregular en la UE, y unas medidas eficaces de gestión y restauración;

19.   acoge con satisfacción, en este contexto, el llamamiento efectuado por el Consejo de Medio Ambiente de 15 de marzo a favor de un planteamiento participativo que «generará a su vez las iniciativas necesarias partiendo de la base por parte de los que participan directamente en la ordenación del espacio terrestre y marítimo, y en particular de las comunidades locales»;

20.   subraya el papel fundamental de los entes regionales y locales para mejorar la concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de la biodiversidad y pide un mayor apoyo por parte de los Estados miembros al aplicar la legislación europea y nacional;

21.   insta a los entes regionales y locales a que elaboren programas sobre la biodiversidad e incluyan objetivos de biodiversidad en su planes de ordenación del uso del suelo y en su normativa sobre permisos con objeto de promover la extensión de las zonas verdes y evitar la degradación del suelo, el daño a los ecosistemas y la fragmentación del paisaje y de los hábitats, así como para minimizar el impacto negativo del cambio climático y buscar oportunidades para combinar la restauración o creación de hábitats naturales con iniciativas de ordenación territorial y de uso del suelo. Por otro lado, señala que, en las regiones poco pobladas y con buen acceso a zonas verdes, con extensas superficies ya protegidas, es importante precisar y elevar la calidad de la conservación de la naturaleza y mejorar la interacción con otros usos del suelo;

22.   considera que el reconocimiento por parte del Consejo de la necesidad de desarrollar el intercambio de buenas prácticas para garantizar la optimización de los recursos en la lucha contra la pérdida de biodiversidad implica que la Unión Europea debe reforzar su apoyo a este intercambio entre entes territoriales;

23.   apoya las iniciativas y las redes que promueven los compromisos contraídos por los entes territoriales de manera voluntaria y que aseguran la difusión de las mejores prácticas a nivel europeo como, por ejemplo, el proyecto «Capitales Europeas de la Biodiversidad» de LIFE +;

Integrar la protección de la biodiversidad en sectores clave

24.   señala que la protección de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas es una cuestión de carácter transversal que requiere un planteamiento sistémico en el que las diferentes partes interesadas deberán trabajar de común acuerdo;

25.   reitera las recomendaciones sectoriales formuladas en su Dictamen «Un nuevo impulso para detener la perdida de biodiversidad» (1) y destaca que una protección de la biodiversidad eficaz y sólida sólo es posible si se integra en políticas y estrategias más amplias centradas en sectores clave responsables de la destrucción, la fragmentación y la degradación del hábitat debido a la modificación del uso de los suelos, la contaminación, etc. Entre ellos cabe citar la agricultura y la silvicultura, la energía, el transporte, el cambio climático, el desarrollo regional y la ordenación territorial; asimismo, cualquier acuerdo de comercio internacional en el que participe la UE debe tener en cuenta la biodiversidad e intentar frenar su pérdida;

26.   reitera su invitación a los Estados miembros de revisar sus sistemas fiscales en un sentido más favorable a la biodiversidad, por ejemplo reduciendo el IVA de los productos de la agricultura biológica o los procedentes de espacios incluidos en Natura 2000 y suprimiendo las tasas e impuestos y las subvenciones que dan lugar a conductas negativas para la biodiversidad;

27.   insiste en que la protección y la restauración de la biodiversidad brindan una serie de oportunidades rentables para la mitigación del cambio climático y la adaptación a este fenómeno, por ejemplo, la creación de pasillos verdes que permitan el desarrollo y restauración de humedales, la regeneración de los ríos, la promoción de los tejados verdes o la interconexión de biotopos importantes;

Establecer metas secundarias razonables, indicadores y medidas rentables para cumplir estos objetivos

28.   anima a la Comisión Europea a que centre su atención en un conjunto limitado de metas secundarias que presenten la estrategia en un lenguaje claro y simple y permitan a los entes regionales y locales medir su propia contribución y aplicar oportunamente las medidas correctoras pertinentes. Es preciso pasar de los objetivos relacionados con el estado –que son difíciles de medir– a objetivos relacionados con el tipo de presión. El número de metas secundarias debería limitarse a cinco o seis e incluir la agricultura, la pesca y el medio marino, el uso del suelo y la destrucción y fragmentación de los hábitats;

29.   recomienda que se defina con mucha precaución una meta secundaria relativa al uso del suelo y la ordenación territorial, teniendo en cuenta los aspectos de la subsidiariedad, a fin de abordar las presiones que conducen a la destrucción y la fragmentación de los hábitats. Los entes regionales y locales desempeñan un papel central a la hora de aplicar el concepto de «redes ecológicas» y son los mejor situados para tomar en consideración las diferentes necesidades de las zonas de aglomeración con una densidad de población elevada o de las zonas más extensas escasamente pobladas. Los entes regionales y locales podrían contribuir de manera destacada a la consecución de dicha meta;

30.   subraya la importancia de contar con una base de referencia clara –que la Agencia Europea de Medio Ambiente establecerá en junio de este año– que garantice un seguimiento constante e información sobre las metas secundarias y los indicadores para detener la pérdida de la biodiversidad y sobre la restauración de los ecosistemas. La realización de intervenciones positivas requiere datos de referencia de buena calidad y un seguimiento permanente, y para ello será necesario incrementar de forma considerable la financiación. Ello puede lograrse en parte mediante la imposición de obligaciones a los promotores, pero, a no ser que la UE y los Estados miembros lleguen a un acuerdo para aumentar de forma considerable la financiación para este fin, los fondos de que disponen los entes regionales y locales serán insuficientes para aplicar estas medidas;

31.   insta a la UE y a los Estados miembros a que introduzcan el concepto de ecosistemas en sus bases de referencia y sus indicadores. Un ejemplo es una primera serie de mapas biofísicos de servicios ecosistémicos que confeccionará la Agencia Europea de Medio Ambiente;

Financiación para cumplir el nuevo objetivo

32.   señala que la dotación presupuestaria actual asignada a la protección de la biodiversidad no es suficiente para alcanzar estas metas, incluidos los objetivos de Natura 2000, y pide que se incrementen significativamente los recursos financieros en los presupuestos de la UE para el período posterior a 2013. Cuando se elaboren nuevos programas y directrices sobre las ayudas deberá velarse por que las medidas que pudieran poner en peligro la biodiversidad queden excluidas de la financiación;

33.   insta a la Comisión Europea a que aproveche al máximo las ventajas de la financiación de la UE, en particular afrontando el problema que supone en la actualidad el bajo nivel de gasto de los Fondos Estructurales en el ámbito de la biodiversidad y el medio ambiente y buscando manera de mejorar la eficacia del modelo integrado de financiación de la biodiversidad y Natura 2000;

34.   reitera su llamamiento (3) para que se cree un sistema de ecocondicionalidad que regule el acceso a las ayudas públicas, en particular para la política agrícola común y la política pesquera común; pide también a los Estados miembros que fomenten una contribución equitativa de los diferentes sectores económicos a los costes que entraña restaurar los servicios ecosistémicos;

35.   recomienda, a la luz de las recientes conclusiones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (4), que se reforme la política agrícola común para permitir un mejor apoyo a la agricultura de alto valor natural (AVN);

36.   insta a la Comisión Europea a que establezca mecanismos de financiación apropiados para permitir a los entes regionales y locales adquirir capacitación para detener la pérdida de biodiversidad y salvaguardar ésta en sus territorios y promover el intercambio de buenas prácticas entre las regiones;

Especies invasoras

37.   hace notar que las especies alóctonas invasoras están reconocidas como amenazas para la biodiversidad a escala internacional y existen decisiones sobre este tema adoptadas en las cinco últimas conferencias de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);

38.   señala que en 2003 se adoptó la Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras en el marco del Convenio de Berna. El objetivo 5 del «Plan de acción comunitario para 2010 y más adelante» (5) insta a los Estados miembros a que desarrollen estrategias nacionales sobre las especies exóticas invasoras. A este respecto, el CDR reitera su petición (1) a la Comisión Europea para que elabore una estrategia de la UE sobre especies invasoras;

39.   subraya que la respuesta de las especies al cambio climático es un factor que favorece su diseminación y que ello continuará siendo así en las próximas décadas, dejando la puerta abierta a que otras especies se conviertan en invasoras;

40.   lamenta la comprensión limitada por parte del público de la amenaza que representan las especies alóctonas invasoras. Mejorar la sensibilización y la comprensión de este asunto es fundamental para impulsar la participación, y los ciudadanos podrían modificar sus comportamientos para ayudar a reducir la probabilidad de introducir especies invasoras y el riesgo de facilitar su diseminación, y contribuir a detectarlas y controlarlas. Los entes regionales y locales son los que están en mejor posición para aproximarse al público en el nivel local y, en consecuencia, para profundizar la comprensión y alentar la participación de los ciudadanos;

41.   señala que los entes regionales y locales también tienen un papel que desempeñar a través de la educación y en su calidad de propietarios de terrenos. Además, su personal especializado puede ayudar a las organizaciones gubernamentales nacionales a luchar contra las especies invasoras, en colaboración con los principales grupos de interés no gubernamentales, utilizando de forma óptima la capacitación y los recursos disponibles para mejorar la capacidad de detección y control;

C.   Contribución del CDR al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas y a su 10a Conferencia de las Partes (COP 10)

42.   reconoce que las cuestiones de biodiversidad no se detienen ante fronteras nacionales y, por lo tanto, insta a que se adopten medidas coherentes no solo en el nivel de la UE, sino a escala internacional;

43.   subraya la importancia de mantener y restaurar la biodiversidad a escala mundial, incluidos los servicios ecosistémicos, para contribuir a la erradicación de la pobreza, a la seguridad alimentaria y al desarrollo local a escala mundial. Considera que la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) constituye una contribución esencial a la realización de los Objetivos del Milenio y, en particular, al objetivo 7 relativo a la sostenibilidad medioambiental;

44.   pide a la UE y a la Comisión Europea que estudien la posibilidad de que el CDR asista como observador con la delegación de la UE a la COP 10 a fin de garantizar que la opinión de los entes regionales y locales esté representada de forma adecuada no sólo en las delegaciones nacionales, sino también en la delegación de la UE (6);

45.   se ofrece a contribuir al proceso del CDB y a su COP 10 promoviendo una cooperación al desarrollo descentralizada entre los entes locales y regionales europeos y los de los países en desarrollo respecto de la gestión sostenible de la biodiversidad y de los ecosistemas;

46.   insta a la COP 10 a que adopte el Plan estratégico revisado y actualizado para el Convenio para 2011-2020, con objeto de garantizar la continuidad de la planificación estratégica del Convenio después de 2010;

47.   acoge con agrado la referencia que se hace en el proyecto de Plan estratégico a que la conservación y la restauración de los ecosistemas brindan una serie de oportunidades rentables para abordar el cambio climático y que, en consecuencia, el sólo hecho de enfrentar esa amenaza abre una serie de oportunidades de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;

48.   está de acuerdo en que las medidas para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requieren una mayor convergencia a escala nacional e internacional a fin de reforzarse mutuamente, aprovechando al máximo las oportunidades en un proceso global continuado en el marco de las convenciones de Río;

49.   reconoce que las medidas adoptadas hasta la fecha por la CDB no han sido suficientes para alcanzar el objetivo internacional de 2010;

50.   apoya metas estratégicas y objetivos generales y secundarios para 2020 que sean realizables y más fácilmente cuantificables y ofrezcan un marco más eficaz con metas nacionales y, sobre todo, metas subnacionales. Propone que se reduzca el número de metas para que la estrategia resulte más comprensible y centrada;

51.   aboga por un nuevo objetivo general que estipule explícitamente que para 2020 todas las Partes en el CDB habrán asociado a los entes regionales y locales en la aplicación del Convenio; esta asociación debe incluir en particular la revisión y aplicación de las Estrategias Nacionales para la Diversidad Biológica y los Planes de Acción, así como el apoyo al desarrollo de capacidades en los entes territoriales;

52.   insta a la COP 10 a adoptar una decisión específica destinada a las autoridades subnacionales y toma nota del «Proyecto de decisión del CDB relativo a la COP 10 sobre ciudades, entes locales y biodiversidad», con su «Proyecto de plan de acción sobre ciudades, entes locales y biodiversidad 2011-2020» (7) en este sentido. Es necesario un plan de acción coherente de este tipo para reforzar y asegurar más la importante contribución que deben prestar los entes subnacionales al Plan Estratégico del CDB 2011-2020. El CDR se felicita en este sentido por la Asociación Mundial sobre Ciudades y Biodiversidad y por el programa del ICLEI «Acción Local por la Biodiversidad (LAB)».

53.   toma nota del Índice de diversidad biológica urbana (CBI) de Singapur, que será presentado a la COP 10. Este índice debería seguir ampliándose para que pueda aplicarse con carácter voluntario a otras autoridades.

Bruselas, 10 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  CDR 22/2009 fin.

1

(2)  Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 15 de marzo de 2010.

2

(3)  CDR 22/2009 fin; CDR 218/2009 fin.

3

(4)  Informe técnico de la AEM no 12/2009 «Distribution and targeting of the CAP budget from a biodiversity perspective» (Distribución y asignación del presupuesto de la PAC desde la perspectiva de la biodiversidad).

4

o

(5)  Documento SEC (2006) 621, anexo a la Comunicación de la Comisión «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y más adelante – Respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano» (COM(2006) 216 final).

5

(6)  El 4 de febrero de 2010 el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la CDB envió una notificación a todas las Partes en el Convenio pidiéndoles que designaran alcaldes y autoridades locales para formar parte de sus delegaciones a la COP 10.

6

(7)  Documento de 27 de enero de 2010, http://www.cbd.int/authorities/doc/CBD%20Plan%20of%20Action_2010_01_draft.doc

7

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/39 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/39

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Dictamen del Comité de las Regiones — «Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo»

(2010/C 267/09)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción

1.   comparte la opinión de que la región del Mediterráneo presenta tanto oportunidades como retos únicos, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la gobernanza;

2.   lamenta señalar que la región del Mediterráneo es todavía una zona en la que existen condiciones socioeconómicas muy dispares;

3.   señala además que el Mar Mediterráneo es un entorno cerrado y frágil sometido a una actividad marítima intensa y a menudo peligrosa;

4.   hace hincapié en la importancia de fomentar un enfoque sostenible de la utilización de los recursos marinos disponibles en interés de las generaciones presentes y futuras;

5.   advierte con pesar que la intervención humana prolongada y la sobreexplotación de los recursos naturales en el Mar Mediterráneo están afectando gravemente la situación del medio ambiente marino;

6.   respalda la opinión de que el incremento de la actividad económica marítima y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano a condición de que exista un adecuado mecanismo de gobernanza que aspire a conseguir un equilibrio idóneo entre los aspectos económicos, por una parte, y la dimensión social y medioambiental, por otra;

7.   señala que el objetivo general de la Comisión es generar mayores ingresos económicos a partir del mar, reduciendo al mismo tiempo las repercusiones en el ecosistema del Mediterráneo;

8.   respalda la idea de que, aunque la política marítima integrada vaya en principio destinada a los Estados miembros, para que sea eficaz (especialmente en una región como el Mediterráneo, en la que sólo un tercio de los Estados ribereños son miembros de la UE) es esencial conseguir un nivel más elevado de entendimiento mutuo y cooperación con los terceros países del Mediterráneo;

9.   señala con satisfacción la adopción el 5 de mayo de 2010 en Ancona por los ocho ministros de Asuntos Exteriores de los países que participan en la Iniciativa Adriático-Jónica (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia y Eslovenia) de la Declaración del Consejo Adriático-Jónico en apoyo a la estrategia europea para la región Adriático-Jónica que, entre otras cosas, aspira a promover de manera sustancial políticas de desarrollo conjuntas, como la política marítima, entre los Estados miembros y los demás Estados participantes en la Iniciativa Adriático-Jónica, especialmente fomentando la implantación de estrategias conjuntas de desarrollo que comprometan a los agentes locales y, especialmente, a los entes regionales, facilitando de este modo la vía de la adhesión a la UE y de la integración en la UE;

10.   subraya el hecho de que el entorno marino y la gobernanza del mismo tiene importantes repercusiones en la dimensión local y regional, que a su vez repercute directamente en dicho entorno;

Principales retos

11.   reconoce la complejidad de las cuestiones y de las presiones que afectan a los responsables políticos en relación con un factor tan importante del tejido económico europeo y mundial como es el Mediterráneo;

12.   señala que los niveles actuales de actividad económica – especialmente en ámbitos como el tráfico marítimo y el transbordo de mercancías, la pesca y el turismo – están dejando una marcada impronta en el ecosistema mediterráneo, que provoca un elevado nivel de degradación medioambiental;

13.   comparte la preocupación por la necesidad de afrontar urgentemente la combinación de contaminación procedente de fuentes terrestres y de buques, vertidos de basura, agresiones a la biodiversidad, sobrepesca y degradación de las costas en el Mediterráneo;

14.   es consciente del hecho de que el patrimonio cultural y natural singular existente en la región del Mediterráneo está cada vez más amenazado;

15.   es asimismo consciente de que la región del Mediterráneo es una zona de alto riesgo en lo que se refiere a los efectos potenciales del cambio climático;

16.   acoge favorablemente que se reconozca que la inmigración irregular por vía marítima es una fuente de grave preocupación en la región, y apoya el llamamiento a cooperar con los interlocutores mediterráneos para contrarrestar el fenómeno e impedir la pérdida de vidas humanas;

Mejora de la gobernanza marítima

17.   comparte la preocupación por el hecho de que la mayoría de los países mediterráneos aplica cada política sectorial a través de su propia administración, lo que entorpece la obtención de una visión global del impacto acumulativo de las actividades marítimas;

18.   muestra asimismo su preocupación por el hecho de que la amplia proporción de espacio marino de alta mar dificulta a los Estados costeros la planificación, organización y regulación de las actividades que afectan directamente a sus mares territoriales y sus costas;

19.   señala que la aspiración de mejorar la gobernanza en el Mediterráneo se ve dificultada porque las políticas y actividades tienden a desarrollarse de forma autónoma las unas de las otras y sin una coordinación adecuada entre todos los sectores de actividad que repercuten en el mar ni entre los distintos interlocutores locales, nacionales, regionales e internacionales;

20.   al mismo tiempo conviene en que para conseguir una correcta gobernanza es esencial garantizar la participación de los interesados, la transparencia del proceso decisorio y la aplicación de las normas acordadas;

21.   conviene en la necesidad de generar una cultura medioambiental en el Mar Mediterráneo, como elemento básico de sensibilización y participación en los procesos de sostenibilidad marina a todos los niveles;

22.   reitera su opinión de que los entes locales y regionales son los que están mejor situados para determinar las medidas necesarias para aplicar las políticas localmente y a nivel de cada cuenca marítima regional, y pueden por tanto desempeñar un importante papel en la realización de una política marítima integrada en la región del Mediterráneo;

23.   en este sentido señala que los entes locales y regionales participan ya activamente en el desarrollo y la aplicación eficaz de iniciativas regionales encaminadas hacia este objetivo (1);

Papel de los Estados ribereños mediterráneos

24.   apoya el llamamiento a los Estados miembros mediterráneos a proseguir sus esfuerzos para elaborar sus propias políticas marítimas integradas;

25.   acoge favorablemente la creación de un sistema que permite intercambiar la información y las mejores prácticas;

26.   acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que los centros de contacto de alto nivel de los Estados miembros observen regularmente la situación del Mar Mediterráneo para discutir los progresos alcanzados en la elaboración de una política marítima integrada;

27.   respalda los esfuerzos de la Comisión para fomentar el intercambio de las mejores prácticas de gobernanza marítima integrada entre los Estados miembros, especialmente a través de los programas enmarcados en el objetivo de cooperación territorial europea para el Mediterráneo;

28.   comparte la idea de que la peculiar naturaleza continental del Mar Mediterráneo y las repercusiones transfronterizas de las actividades marítimas exigen un incremento de la cooperación con los países mediterráneos no pertenecientes a la UE;

29.   acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de fomentar un intercambio de mejores prácticas entre los países de la UE y los terceros países mediterráneos interesados en un enfoque integrado de los asuntos marítimos mediante la creación de un grupo de trabajo dedicado a la política marítima integrada;

30.   aprueba que el proceso de compartir la información y desarrollar programas de apoyo se amplíe a terceros países de la región del Mediterráneo con el fin de alentarles a abandonar una perspectiva compartimentada y sectorial y a adoptar un enfoque global e integrado de los asuntos marítimos;

31.   subraya que la prestación de asistencia técnica y el desarrollo de programas específicos de cooperación conjunta al amparo de las iniciativas políticas existentes (como la política europea de vecindad y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación) constituyen un paso en la buena dirección;

32.   considera que la participación de organismos académicos, profesionales y no gubernamentales contribuirá a reforzar este proceso;

33.   pide a la Comisión que reconozca que los entes locales y regionales tienen capacidad para aportar una importante contribución a este respecto, por lo que se les debe dar todas las oportunidades y todas las herramientas necesarias para participar activamente en todos los programas e iniciativas que se adopten;

Gobernanza del espacio marítimo

34.   advierte con preocupación que amplias zonas del Mar Mediterráneo quedan fuera de la jurisdicción o soberanía de los Estados ribereños, por lo que la capacidad de estos Estados para establecer y aplicar leyes en dichas zonas resulta en el mejor de los casos limitada;

35.   es consciente del hecho de que existen cuestiones complejas y políticamente delicadas sobre la delimitación de fronteras entre Estados adyacentes y situados en la orilla opuesta en el Mediterráneo que pueden obstaculizar la creación de una verdadera política marítima integrada en la región del Mediterráneo;

36.   considera que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Unclos) puede servir de base para afrontar estas cuestiones de delimitación, y expresa su convencimiento de que la UE debería sensibilizar a los Estados mediterráneos no pertenecientes a la UE que no han ratificado dicha Convención y animarles para que lo hagan;

37.   apoya los esfuerzos de la Comisión para determinar los principales obstáculos que impiden la ratificación, la aplicación y el cumplimiento de las decisiones adoptadas con arreglo a los acuerdos existentes, así como las posibilidades de mejora de la cooperación y la asistencia multilateral a este respecto;

38.   comparte la idea de que es preciso adquirir una visión global más transparente de las actividades llevadas a cabo por las organizaciones que se ocupan de los asuntos marítimos, que determine asimismo si las disposiciones adoptadas o promovidas por estos organismos son objeto de un seguimiento sistemático y de una plena aplicación;

39.   respalda el llamamiento de la Comisión en pro de una mayor claridad en lo que respecta a los roles y las responsabilidades de los Estados ribereños, especialmente en lo que se refiere a la gestión de las zonas marítimas desde una perspectiva de desarrollo sostenible;

40.   apoya la propuesta de emprender un estudio específico sobre los costes y los beneficios del establecimiento de zonas marítimas;

41.   insta a la Comisión a mostrar mayor firmeza a la hora de reconocer que la mejora de la gobernanza del espacio marítimo a niveles subregionales se debe impulsar y reforzar en mayor medida;

Mayor participación de los interesados

42.   comparte la opinión de que la participación de los interesados debe ser una de las grandes prioridades de la aplicación de la política marítima integrada en el Mediterráneo;

43.   toma nota del compromiso de la Comisión de fomentar la creación de plataformas de interesados que aborden regularmente los problemas que afectan al Mar Mediterráneo;

44.   apoya la recomendación de la Comisión de explorar distintas opciones que permitan asociar mejor a los interesados de todos los Estados ribereños;

Instrumentos horizontales del gobierno marítimo integrado

45.   conviene en que la mejora de la gobernanza marítima integrada requiere una serie de herramientas horizontales que permitan generar un potencial adicional de crecimiento económico marítimo y asegurar la protección del medio ambiente y un mejor futuro a las poblaciones costeras;

Ordenación del espacio marítimo y estrategias marinas

46.   acoge favorablemente las previsiones positivas de la Comisión según las cuales la actividad marítima en el Mediterráneo experimentará un crecimiento a pesar de la actual crisis económica global;

47.   al mismo tiempo, sin embargo, muestra su preocupación por la posibilidad de que este aumento de la actividad marítima, si no se regula y controla adecuadamente, pueda provocar un empeoramiento del frágil tejido social y medioambiental existente en la región del Mediterráneo;

48.   comparte la opinión de que, en el respeto de los sistemas de ordenación nacionales que ya estén vigentes, la ordenación del espacio marítimo en la región del Mediterráneo puede servir de instrumento eficaz de gobernanza que permita aplicar una gestión basada en el respeto a los ecosistemas capaz de amortiguar las repercusiones interrelacionadas de las actividades marítimas, los conflictos entre las distintas utilizaciones del espacio y la preservación de los hábitats marinos;

49.   respalda la aplicación de los principios comunes establecidos en la Comunicación sobre la ordenación del espacio marítimo al contexto específico del Mediterráneo;

50.   considera que debe seguir siendo prioritario el cumplimiento de los objetivos fijados para devolver un buen estado medioambiental a las aguas marinas de aquí a 2020 mediante el desarrollo de estrategias marinas integradoras que apliquen a las actividades humanas que afectan al mar un enfoque que tenga en cuenta el ecosistema. Desde esta perspectiva, es importante centrar la atención no sólo en cuestiones como la contaminación marina causada por los puertos de mar y las comunidades costeras, sino también en la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el Mediterráneo, así como en la necesidad de garantizar un sistema de alta calidad de depuración de las aguas residuales de las ciudades y de las comunidades contiguas a los ríos;

51.   opina que los entes locales y regionales deben aportar una importante contribución a este respecto, por lo que acoge favorablemente la sugerencia de la Comisión de poner en marcha un proyecto que permita comprobar la aplicación de la ordenación del espacio marítimo a escala subregional con el fin de fomentar prácticas transfronterizas concretas. El desarrollo de este tipo de métodos debe respetar los actuales sistemas de ordenación nacionales y estar orientado a su interconexión más que a su reorganización forzada;

52.   acoge favorablemente el desarrollo de una estrategia de aplicación común a fin de ayudar a los Estados miembros a cumplir las obligaciones que les impone la Directiva marco sobre estrategia marítima en relación con sus estrategias marinas, aunque expresa sus reservas sobre las posibilidades de cumplir antes del final del presente año el objetivo de realizar una evaluación completa de las aguas marinas y sus utilizaciones;

Gestión integrada de las zonas costeras y las islas

53.   apoya que se dé un impulso a la cuestión del cambio climático como ámbito de interés prioritario;

54.   acoge favorablemente la atención que se presta al desarrollo portuario, el turismo costero y la protección del patrimonio marítimo y el medio ambiente marino, incluidos los sitios Natura 2000;

55.   conviene en que se debe considerar la acuicultura como un elemento a tener en cuenta en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, y que forma parte de la cultura y del sistema productivo costero del Mar Mediterráneo;

56.   conviene en que existe un amplísimo potencial de desarrollo en toda la cuenca del Mediterráneo, inherentemente rica en cultura;

57.   advierte con satisfacción la relevancia que se da a la cuestión específica de los Estados y las regiones insulares, y en particular a las dificultades relacionadas con la conectividad física;

58.   apoya la propuesta de aplicar un enfoque integrado a la gestión de las zonas costeras mediterráneas;

59.   conviene en que los instrumentos de gobernanza horizontales pueden ayudar a las regiones costeras del Mediterráneo en su búsqueda de la sostenibilidad social, medioambiental y económica con métodos integrados;

60.   reitera su apoyo a la iniciativa de la Comisión de adoptar instrumentos jurídicos a nivel de cuenca marítima en cumplimiento del objetivo de conseguir una gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo (2);

61.   conviene en que el intercambio de las mejores prácticas es un importante instrumento para garantizar la mejora de las prácticas, y apoya por tanto la iniciativa de la Comisión de compilar un inventario en red de los instrumentos, las mejores prácticas y los estudios de casos concretos de gestión integrada de las zonas costeras;

62.   apoya la intención de adoptar iniciativas para desarrollar la base de conocimientos sobre la gestión integrada de las zonas costeras en el Mediterráneo y la especial importancia que se da a la cooperación internacional;

63.   considera positivo adoptar medidas para reforzar la interfaz tierra-mar, especialmente mediante la conexión de la ordenación del espacio terrestre y la ordenación marítima.;

64.   al mismo tiempo, sin embargo, insta a la Comisión Europea a mostrarse más audaz en su planteamiento y a proponer nuevos instrumentos más eficientes para conseguir un cumplimiento efectivo de los objetivos fijados, teniendo en cuenta el valor añadido potencial de la participación de los entes locales y regionales en este proceso;

65.   declara que apoyaría la creación de Grupos de Acción Marítima, que integrasen distintos aspectos sectoriales que hoy se gestionan de forma independiente, en un intento de mejorar la complementariedad y sinergia entre fondos estructurales (FEDER, FSE) y no estructurales (FEP), que pueden tener actuaciones en el ámbito marítimo;

Promover una actuación basada en el conocimiento

66.   conviene en que el desarrollo de economías marítimas sostenibles y de una gestión costera eficaz exige unas políticas apoyadas en los cimientos de los mejores conocimientos científicos disponibles;

67.   pide a la Comisión Europea que promueva iniciativas para la gestión sostenible de las zonas portuarias;

68.   comparte la afirmación de que es preciso actuar en mayor medida para recoger y difundir los datos básicos para evaluar el estado medioambiental del Mar Mediterráneo y su posible rendimiento de recursos naturales;

69.   apoya la intención de la Comisión de seguir promoviendo la importancia de los dictámenes científicos y la compilación de datos para la aplicación de la Política Pesquera Común y la legislación medioambiental en el Mediterráneo;

70.   conviene en que es preciso reforzar la infraestructura de investigación marina, desplegar nuevos esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico integrados a través de agrupaciones marítimas y plataformas tecnológicas, y obtener sinergias entre los Estados miembros y las regiones para encontrar soluciones coherentes que permitan explotar la totalidad del potencial económico del Mar Mediterráneo mediante un enfoque que respete los ecosistemas, y considera por tanto que el desarrollo de un sistema pluridisciplinar de observación de los ecosistemas marinos, incluido el lecho marino, es un paso en la dirección adecuada;

71.   reconoce el importante trabajo que se está realizando con vistas a la creación de una red europea de observación y compilación de datos marinos (Emodnet) para mejorar la infraestructura de conocimientos y superar los obstáculos que dificultan el descubrimiento de los datos, el acceso a los mismos y su utilización;

72.   acoge favorablemente la intención de la Comisión de dedicar una atención especial al Mar Mediterráneo cuando establezca la red marina integrada ERA-NET (Red del espacio europeo de investigación) destinada a reforzar la coordinación de la investigación marina entre Estados miembros;

73.   conviene en que sería útil realizar un amplio esfuerzo de investigación multidisciplinar con vistas a la integración de los conocimientos sobre el Mar Mediterráneo de todas las disciplinas pertinentes;

74.   acoge favorablemente la elaboración de un atlas europeo de los mares para facilitar la toma de conciencia al respecto y crear una identidad marítima compartida dentro de cada cuenca marítima, incluida la del Mediterráneo;

75.   señala que, con respecto a las realidades geopolíticas específicas de la región del Mediterráneo, el éxito final de cualquier iniciativa o medida depende en buena medida de la plena participación de todos los Estados mediterráneos y de la existencia de programas conjuntos adecuados e iniciativas para el desarrollo de capacidades;

76.   en este contexto, apoya la iniciativa de definir un marco estratégico a largo plazo para la cooperación científica en toda la cuenca del Mediterráneo que permita desarrollar la cooperación sobre investigación marina en el marco de una programación estructurada y como respuesta a una serie de retos comunes preacordados;

Vigilancia integrada para un espacio marítimo más seguro y protegido

77.   conviene en que la supervisión de las actividades y las operaciones marítimas, especialmente con vistas a contrarrestar los problemas de seguridad y protección de la vida humana y preservar el ecosistema marino, es un requisito necesario para el éxito de la gestión de las actividades en el mar;

78.   considera necesaria la integración en la Vigilancia Marítima de las actividades de pesca y transbordos que se realizan tanto en las riberas de los Estados como en las aguas internacionales del Mediterráneo;

79.   respalda la opinión de que es esencial la estricta aplicación de la legislación de la UE en materia de seguridad marítima;

80.   considera que hace falta adoptar más medidas para el desarrollo de capacidades en las administraciones marítimas y en las autoridades portuarias de los países socios mediterráneos no pertenecientes a la UE para permitirles afrontar el reto de garantizar un espacio marítimo seguro y protegido en el Mediterráneo;

81.   comparte la opinión de que ha llegado el momento de aprovechar los logros del proyecto Safemed para colmar las lagunas reguladoras y estructurales entre los Estados miembros de la UE y los países socios mediterráneos, y apoya la propuesta de la Comisión de que la Agencia Europea de Seguridad Marítima inicie una cooperación técnica con esos interlocutores mediterráneos;

82.   en relación con la vigilancia de los movimientos de los buques, anima a la Comisión a que amplíe el alcance del servidor regional mediterráneo denominado Sistema de Identificación Automático instando a los Estados miembros no pertenecientes a la UE a que se integren en su ámbito;

83.   reconoce la contribución de Frontex a una mejor vigilancia de la región del Mediterráneo, especialmente en lo que se refiere al apoyo que brinda a los Estados miembros europeos sujetos a una abrumadora presión migratoria ilegal;

84.   reconoce que mediante un proceso eficaz de diálogo y asistencia financiera a los países socios mediterráneos se les podrá también animar a que participen directamente en las actividades coordinadas por Frontex en el Mediterráneo;

85.   no obstante, muestra su preocupación por el hecho de que Frontex sigue estando muy mal equipado para desempeñar cabalmente las tareas que se le han asignado, y apoya a la Comisión en sus esfuerzos por garantizar que esta agencia reciba los instrumentos y recursos necesarios para cumplir su mandato;

86.   al mismo tiempo manifiesta su preocupación por el hecho de que las nuevas directrices recientemente aprobadas para las patrullas fronterizas de la UE han creado una situación en la que los Estados que no son capaces de soportar el peso añadido de la inmigración ilegal podrían evitar participar activamente como países anfitriones de las misiones de Frontex, con lo que se reducirá notablemente el éxito potencial de dichas misiones;

87.   propugna que se adopten medidas más directas, tanto en el territorio de la UE como en el exterior, para llevar ante la justicia a quienes facilitan la inmigración ilegal mediante sus actividades delictivas;

88.   al mismo tiempo pide a la Comisión que no escatime esfuerzos para garantizar en todos los casos, tanto en el territorio de la UE como en el exterior, el máximo respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los inmigrantes concernidos;

89.   apoya toda iniciativa encaminada a impulsar el trabajo positivo realizado en el ámbito de la aplicación de la legislación sobre estupefacientes en el mar;

90.   lamenta señalar que en la Comunicación no se hace ninguna referencia al riesgo cada vez mayor del terrorismo, incluida la piratería marítima, que desgraciadamente asoma su fea catadura en zonas no muy lejanas de la región;

91.   respalda todo esfuerzo encaminado a integrar la vigilancia marítima en el Mediterráneo mediante el fomento de los intercambios de información y el refuerzo de la cooperación entre las autoridades nacionales responsables del control y la vigilancia en el mar;

92.   considera sin embargo que la inclusión de los países socios mediterráneos en la integración de la vigilancia marítima no es algo que deba estudiarse más adelante, sino que debe constituir más bien una cuestión prioritaria para la Comisión;

93.   al mismo tiempo subraya el hecho de que la vigilancia eficaz de las actividades y operaciones marítimas y la mitigación de las inquietudes relativas la seguridad no se podrán lograr sin la participación activa de los entes locales y regionales;

Conclusión

94.   conviene en que las dificultades que aquejan al Mar Mediterráneo reclaman respuestas comunes y sobre todo integradas, ancladas en la mejora de la gobernanza marítima, y apoya la iniciativa de la Comisión de asumir un papel de coordinación y fomento de las acciones nacionales en el ámbito de la política marítima mediterránea;

95.   en este sentido señala que la Comunicación es por regla general respetuosa con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pero manifiesta su decepción porque en ella no se reconoce siempre debidamente la dimensión local y regional, especialmente en el contexto de los programas e iniciativas propuestos, por lo que pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar que los entes locales y regionales tengan la oportunidad de participar directamente en estos programas e iniciativas y de dar respuestas conjuntas a los retos cruciales que afronta el Mediterráneo. La Comisión debe ser consciente de las diferencias entre las estructuras del nivel local en los distintos Estados miembros, y de que las competencias de que disfrutan en cada caso brindan posibilidades diferentes en cuanto al grado de compromiso deseable;

96.   comparte la opinión de que el enfoque integrado de los asuntos marítimos no debe socavar las herramientas ni los objetivos que se han fijado para avanzar en sectores marítimos específicos;

97.   conviene en que una política marítima integrada eficaz en el Mediterráneo tiene el potencial para impulsar la optimización de la eficiencia y los resultados en los diversos ámbitos de actividad que afectan a la región;

98.   al mismo tiempo, sin embargo, no puede sino señalar con pesar que en la Comunicación no se dan detalles sobre la financiación de las acciones previstas;

99.   por consiguiente, aun respaldando los objetivos y las acciones expuestos en la Comunicación, insta a la Comisión a tomar nota del presente Dictamen y a adoptar las medidas necesarias para reforzar la Comunicación;

Recomendaciones

El Comité de las Regiones recomienda en particular:

100.   impulsar un diálogo más profundo y constructivo entre todos los actores relevantes de la región, también a nivel local y regional, con el fin de cimentar la confianza y el entendimiento mutuos;

101.   establecer mecanismos efectivos mediante los cuales se aliente y capacite a todos los Estados mediterráneos para contribuir de modo equitativo a la gobernanza eficaz de esta región única prestando especial atención a la protección del medio ambiente marino y de la biodiversidad;

102.   que la Comisión considere la recomendación y aprobación de medidas para coordinar acciones directas específicas entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países socios mediterráneos no pertenecientes a la UE con el fin de combatir la creciente actividad delictiva organizada internacional en la región del Mediterráneo, con especial atención al fenómeno de la trata de seres humanos y al tráfico de estupefacientes y de armas;

103.   prestar más atención y reconocer en mayor medida el papel potencial de la dimensión local y regional, tanto en la UE como en los países terceros mediterráneos, y en este sentido dedicar más atención, coordinación y apoyo a los trabajos de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM);

104.   brindar imperativamente al Comité de las Regiones, y a los niveles de gobierno local y regional que representa, la plena oportunidad de participar directamente en los trabajos del grupo de centros de contacto de alto nivel de los Estados miembros que se propone para debatir regularmente sobre la política marítima integrada;

105.   asimismo, dar al Comité de las Regiones, y a los niveles de gobierno local y regional que representa, la plena oportunidad de participar directamente en las deliberaciones del grupo de trabajo sobre la política marítima integrada en el Mediterráneo;

106.   realizar un estudio a fondo sobre los productos y materiales que actualmente se transportan por vía marítima en el Mediterráneo con el fin de determinar los verdaderos niveles de riesgo relacionados con este transporte;

107.   fomentar y concebir nuevas iniciativas público-privadas, activamente respaldadas por los instrumentos financieros europeos, con el fin de limpiar y detener la pérdida de biodiversidad del Mediterráneo e impulsar la investigación para descubrir formas más eficaces y menos peligrosas de conectar las materias primas con la industria;

108.   que la Comisión apoye el estudio en profundidad de los fenómenos relacionados con el cambio climático y la contaminación costera, que tienen graves repercusiones económicas en la pesca costera; el Comité subraya al mismo tiempo la necesidad de que la Comisión apoye los esfuerzos de los Estados miembros para tomar medidas inmediatas a fin de aliviar la carga de los profesionales y trabajadores del sector de la pesca;

109.   desarrollar y mantener de corto a medio plazo instrumentos y mecanismos concebidos para impulsar efectivamente una mayor integración de la política marítima y tendentes a un aumento del nivel de armonización y simplificación de las políticas marítimas;

110.   establecer medidas para animar a todos los Estados del Mediterráneo a que ratifiquen y apliquen plenamente los convenios y protocolos sobre protección del medio ambiente marino, la biodiversidad, el transporte marítimo y la pesca en el Mediterráneo, incluso mediante una gestión común y compartida de las poblaciones de peces y una armonización de las obligaciones correspondientes a los diferentes sistemas de pesca en todos los Estados del Mediterráneo;

111.   dar la debida consideración en particular a sus reiterados llamamientos a establecer un único mecanismo financiero simplificado con el fin de agrupar todos los asuntos marítimos en el marco de un Fondo europeo de zonas costeras e islas;

112.   que la Comisión amplíe su sugerencia de poner en marcha un proyecto que permita comprobar la aplicación de la ordenación del espacio marítimo a escala subregional con el fin de fomentar prácticas transfronterizas concretas presentando una propuesta detallada en un plazo razonablemente corto y en este contexto recuerda su posición a favor de una gobernanza multinivel innovadora en la que se deberían tener en cuenta los aspectos sociales y medioambientales y los convenios regionales existentes.

Bruselas, 10 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  COM(2009) 540 final.

1

(2)  En la línea del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo de 21 de enero de 2008.

2

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/46 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/46

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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la cooperación local y regional para la protección de los derechos de la infancia en la Unión Europea

(2010/C 267/10)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1.   señala que los niños representan una quinta parte de la población de la Unión Europea, por lo que la creación de unas condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo, incluyendo la protección y el fomento de sus derechos, debería ser una de las principales prioridades de la Unión, sus instituciones y los Estados miembros;

2.   subraya que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce de forma expresa, en su artículo 24, los derechos del niño; que los derechos fundamentales de la infancia representan además una cuestión horizontal y transversal, relacionada con múltiples dimensiones y que, por lo tanto, se debe incorporar como una prioridad transversal y horizontal en todas las políticas nacionales y europeas aplicables; considera que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas podría activarse no sólo en caso de violación de los derechos, sino también de manera más amplia, para favorecer el desarrollo y las oportunidades brindadas a todos los niños y jóvenes;

3.   observa que el marco institucional y jurídico para el respeto de los derechos de la infancia, incluidos la ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de otros acuerdos internacionales fundamentales en este ámbito, se encuentra suficientemente desarrollado dentro de la Unión Europea. No obstante, esto no impide que surjan nuevos desafíos y amenazas en este mismo ámbito, que por ello exige nuevas medidas políticas, acciones bien coordinadas y un constante control de las mismas;

4.   considera que el objetivo del respeto efectivo de los derechos de la infancia no se puede conseguir sin una colaboración global de todos los agentes implicados, en particular las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros, las ONG y otros agentes activos en este ámbito, entre los que se incluyen los propios niños, pero también ante todo los entes locales y regionales (ELR). Los ELR son los principales responsables de garantizar diariamente los derechos de la infancia y tienen competencias fundamentales en este ámbito;

5.   señala que la aplicación de los derechos de la infancia forma parte predominantemente de ámbitos de acción en los que tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen competencias (p.ej. política social, educación y juventud, salud, espacio de libertad, seguridad y justicia, etc.); así pues, subraya la importancia de que las acciones emprendidas por la Unión Europea respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y se apliquen en el espíritu de la gobernanza multinivel; la acción de la Unión Europea debe adoptar una forma tal que fomente el debate y los intercambios de buenas prácticas, así como una investigación, un control y una evaluación comparativos;

6.   respalda la intención de la Comisión Europea de concentrarse, de manera prioritaria, en la lucha contra la violencia y la protección de los grupos infantiles vulnerables, como los menores no acompañados y las víctimas de la trata de personas, así como aquellos que están expuestos a la pobreza y la exclusión social. No obstante, el CDR señala que, en todos estos ámbitos, resultará imposible alcanzar los objetivos fijados si no se colabora con todos los agentes pertinentes, en particular los ELR;

7.   señala que se necesitan también medidas para el fomento de la salud desde una fase temprana para hacer frente a parte de los problemas que pueden producirse cuando los menores y jóvenes viven en un entorno de riesgo;

8.   acoge con satisfacción la intención de la Comisión de elaborar una Comunicación sobre los Derechos de la Infancia, así como la metodología seleccionada para este objetivo —la organización de una consulta pública sobre el tema—. Por otra parte, el CDR espera poder cooperar con la Comisión tanto en el Grupo Director del Foro Europeo para los Derechos de la Infancia como en el propio Foro;

9.   acoge con satisfacción las disposiciones del Programa de Estocolmo (Programa plurianual para un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio del ciudadano), adoptado por el Consejo Europeo en 2010, que han incluido la protección y el fomento de los derechos fundamentales de la infancia como asunto prioritario;

10.   a pesar de que lamenta que los ELR y su función no se mencionen de forma explícita en el Programa de Estocolmo, subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades y los conocimientos de los ELR a la hora de formular el Plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo;

11.   apoya de forma activa el Diálogo Anual sobre el fomento y la protección de los derechos fundamentales en varios niveles, organizado conjuntamente por la Comisión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Comité de las Regiones, como una herramienta para superar las deficiencias en la aplicación de una estrategia europea sobre los derechos de la infancia y para garantizar la implicación efectiva de los ELR en la cooperación europea por lo que se refiere a los derechos de los menores;

12.   acoge con satisfacción los indicadores de los derechos de la infancia desarrollados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como un paso importante hacia la aplicación de políticas más fundamentadas y basadas en la realidad. No obstante, llama la atención sobre las deficiencias que presentan todavía estos indicadores, ya que solamente abordan brevemente el ámbito de competencia de los ELR y, por lo tanto, tienen un uso limitado para los mismos;

13.   lamenta que, a pesar de que todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan suscrito el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no está claro cuántos menores son víctimas de la trata de personas y la explotación laboral. Por lo tanto, como parte del Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 2010, el CDR insiste en la necesidad de garantizar una mejor coordinación entre las organizaciones competentes y los organismos especializados a todos los niveles para que puedan afrontar de modo más eficaz la explotación infantil;

14.   señala la necesidad de subrayar también el papel fundamental que desempeñan los ELR en el ámbito de la protección de los derechos de la infancia, en particular con respecto al acceso a la educación, la sanidad, la protección social y el acceso de los jóvenes al mercado laboral;

15.   observa que los ELR deben considerarse socios esenciales en virtud de los procedimientos de consulta de la Unión Europea, especialmente por hallarse bien situados para informar a la opinión pública y fomentar el diálogo con las comunidades locales, a fin de reforzar el nivel de protección de los derechos de la infancia y de organizar campañas informativas sobre estos derechos a nivel local y regional con la ayuda financiera de la Unión para que los menores conozcan mejor sus derechos;

16.   señala el importante papel desempeñado por las ONG que operan en el plano nacional y europeo en el ámbito de los derechos de la infancia;

17.   acoge con satisfacción las iniciativas de designación de políticas, tales como el concepto de UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia, que prevé la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en las acciones en el plano local e incluye medidas tanto para garantizar los derechos del niño como su integración en los procesos de toma de decisiones correspondientes;

18.   recomienda que, para facilitar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas, los ELR exploten plenamente las estructuras existentes, como la sociedad civil organizada, el ámbito académico y los políticos activos en el ámbito de los derechos de la infancia. A este respecto, se deberán respaldar, a nivel europeo, medidas innovadoras que fomenten la cooperación y formas de colaboración más eficaces entre los ELR de los diferentes Estados miembros, así como el intercambio de buenas prácticas correspondiente;

19.   solicita a la Comisión que incluya ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembros en los documentos de la Unión Europea en materia de protección de los derechos de la infancia. Por consiguiente, las disposiciones de la Carta Europea de Ciudades Amigas de la Infancia y de las orientaciones políticas del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales integrales para la protección de los menores contra la violencia se deberán reflejar en la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia, subrayando, al mismo tiempo, la necesidad de hacer mayor hincapié en el mejor método para poner en práctica los compromisos políticos;

20.   señala el importante papel desempeñado por el Consejo de Europa en el ámbito de los derechos de la infancia e insta a las instituciones de la Unión Europea a que refuercen su cooperación con esta institución.

Marco jurídico y administrativo

21.   teniendo en cuenta la complejidad y el carácter multidimensional del concepto de derechos de la infancia, subraya la necesidad de abordar este asunto, sobre todo, como una herramienta para garantizar un entorno seguro, completo y beneficioso para el desarrollo de los menores, para ayudarles a convertirse en miembros hechos y derechos, conscientes y socialmente responsables de sus comunidades locales y Estados miembros respectivos, así como de toda la sociedad europea multicultural;

22.   solicita a los Estados miembros que se concentren más en garantizar los derechos de la infancia, incluyendo el respeto de las condiciones básicas necesarias para su desarrollo. En este sentido, los ELR disponen de una oportunidad única para desarrollar sus propias políticas y servir de ejemplo tanto para sus propios países como para la Unión Europea;

23.   señala que algunos de los grupos infantiles más vulnerables no están cubiertos por las medidas utilizadas para garantizar los derechos de la infancia. Esto es particularmente importante en el caso de los denominados «menores invisibles» –los hijos de familias sin permiso legal de residencia y los niños de la calle–;

24.   señala que resulta de vital importancia garantizar que las autoridades policiales de los Estados miembros trabajen juntas de forma eficaz y explotar todo el potencial de unas medidas menos rígidas y más basadas en la sociedad, como la línea directa para informar de niños desaparecidos 116000. El CDR solicita a los Estados miembros que pongan los «números tipo 116» a disposición del público gratuitamente y fomenten su uso entre los ciudadanos;

25.   solicita a todas las partes interesadas pertinentes que reúnan fuentes de información más completas, así como que continúen mejorando la recopilación de datos y las técnicas de análisis de los indicadores de los derechos de la infancia. Se deberá consultar a los ELR en todas las fases de este proceso, tanto como proveedores de datos cuantitativos y cualitativos como en su calidad de usuarios finales fundamentales de esta herramienta;

26.   teniendo en cuenta que falta una información completa sobre la protección de los derechos de la infancia en los Estados miembros, solicita a la Comisión que desarrolle, publique y actualice regularmente un cuadro de indicadores de los derechos de la infancia, como herramienta para cubrir la mejora de los indicadores de estos derechos y para ofrecer información fiable, comparable y actualizada sobre su respeto en los Estados miembros. El cuadro de indicadores se podría basar en la metodología del cuadro de indicadores del mercado único, ya existente, que indica la transposición de las directivas en materia de mercado interior. Esta herramienta no solamente serviría de punto de referencia para la investigación, sino que también —al poner de manifiesto las buenas prácticas— podría impulsar de forma significativa un cambio político en los Estados miembros, superando la inexistencia de un acervo obligatorio, a través del método abierto de coordinación, como se promueve en el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea;

27.   solicita a la Comisión que promueva el concepto de derechos de la infancia, así como la cooperación en este ámbito de los entes locales de dentro y fuera de la UE, en el marco de la política exterior de la Unión Europea. A tal efecto, se debería fomentar la cooperación con el Consejo de Europa, así como con otros marcos de cooperación exterior de la Unión Europea, entre los que cabe citar, de manera no exhaustiva, la Política Europea de Vecindad, la Unión por el Mediterráneo, el diálogo UE-África y la cooperación con los países de África, Caribe y Pacífico, contribuyendo así a una mejora de la calidad de vida de los países socios de la Unión y concentrándose sobre todo en sus países limítrofes.

Garantizar los derechos fundamentales y afrontar los principales desafíos

28.   señala el papel positivo desempeñado por los defensores del menor a nivel nacional y otras organizaciones similares en materia de protección de los derechos de la infancia, así como las posibles ventajas que los ELR y otras partes interesadas pertinentes pueden obtener de la comunicación bidireccional y de una estrecha cooperación con estos funcionarios. Al mismo tiempo, pide a los Estados miembros que refuercen la institución del Defensor del Menor, en consonancia con las recomendaciones del Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales;

29.   señala que la pobreza puede representar un obstáculo determinante para que todos disfruten de la igualdad de oportunidades, por lo que debe afrontarse si se quiere garantizar la protección efectiva de los derechos del niño. La pobreza infantil puede privar a los menores y a sus familias de sus derechos y limitar oportunidades futuras. Así pues, la acción se debe concentrar, sobre todo, en los menores de los grupos sociales más vulnerables y en garantizar una educación de calidad para todos, con el fin de que cada niño goce de la posibilidad de un buen desarrollo;

30.   señala que los ELR podrían ayudar a abordar esta cuestión de forma eficaz mediante el fomento de sistemas de protección social multidimensionales y orientados a la infancia, dado que se puede proteger a los menores mejor si estos y sus padres también tienen acceso a una sanidad y unas condiciones de vida decentes. El planteamiento más rentable implica tanto prevención como protección social. En particular, las medidas como la exención de tasas para los huérfanos y menores vulnerables han permitido un mayor acceso a los servicios sanitarios y educativos. Por lo tanto, el CDR recomienda que se anime insistentemente a las instituciones europeas, organizaciones internacionales, asociaciones especializadas y autoridades públicas nacionales a respaldar la capacidad de los ELR para llevar a cabo estas cruciales actividades;

31.   solicita a la Comisión que elabore y adopte recomendaciones para hacer frente a la pobreza infantil. Esto se podría desarrollar sobre la base de amplias consultas públicas, con el objeto de garantizar la máxima cobertura posible y la máxima implicación de las partes interesadas pertinentes y de reflejar los diversos planteamientos posibles;

32.   en el contexto de la creciente movilidad de los trabajadores de la Unión Europea y de la migración laboral en su interior, señala la necesidad de garantizar los derechos de los menores migrantes, especialmente con respecto a las competencias de los ELR. Esto incluye, de manera no exhaustiva, la ayuda en el proceso de reunificación de la familia migrante, asesoramiento familiar y servicios sociales, educativos y sanitarios para los niños migrantes que les respalden en el proceso de adaptación a la vida de su país de destino y de integración en las comunidades locales y escolares;

33.   señala las potenciales ventajas derivadas de una integración con éxito de los menores migrantes intra-Unión Europea en los estratos sociales correspondientes de los países de destino. Una acción próspera en este ámbito puede mejorar los conocimientos sobre otros Estados miembros de la UE tanto de los niños nativos como de los migrantes, así como el capital social y la tolerancia tanto en los países de origen como en los de destino de la migración. Por tanto, el CDR solicita a los ELR y a los Estados miembros que presten más atención a este asunto y que conviertan en oportunidades los desafíos derivados de la migración dentro de la Unión Europea;

34.   señala las amenazas que supone el fenómeno, que lamentablemente todavía existe, de la trata de personas, particularmente por lo que se refiere a los menores. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen todos los esfuerzos posibles —incluyendo la adopción de la legislación europea pertinente— a combatir este tipo de delitos y garantizar la máxima protección posible para sus víctimas, en estrecha colaboración con los ELR, dado que son los principales responsables de ofrecer una importante ayuda, como es la educación, la atención social y el tratamiento psicológico, así como el refuerzo de la cooperación con las fuerzas del orden y los órganos judiciales;

35.   señala la necesidad de ofrecer una protección adecuada a los menores no acompañados;

36.   señala la necesidad de mejorar la justicia de menores y desarrollar métodos adecuados a la edad para la prevención de la delincuencia juvenil, así como la intervención y reintegración, y para separar a los delincuentes menores de edad con un régimen de separación física y organizativa de los internos adultos.

Medidas informativas y educativas

37.   subraya la importancia de ofrecer una educación completa para todos, tanto adultos como niños, en materia de derechos de la infancia, contribuyendo así a un mejor conocimiento de la verdadera naturaleza de estos derechos y del proceso de información y concienciación de los jóvenes ciudadanos;

38.   teniendo en cuenta la indivisibilidad de los derechos y responsabilidades sociales, el CDR recomienda que se preste más atención al contexto más amplio en el que se encuadran los derechos del niño –concretamente el concepto de los derechos humanos y las responsabilidades sociales–. Por otra parte, recomienda que se fomente el concepto de las responsabilidades de los menores frente a sus familias, comunidades, países, padres, mayores, niños más pequeños, personas menos favorecidas, el medio ambiente y otras estructuras fundamentales de la sociedad contemporánea;

39.   llama la atención sobre el hecho de que cuando se trata de políticas relativas a los derechos de la infancia, debe considerarse a los menores como socios, capaces de ofrecer una información valiosa. Esta información se deberá emplear para actualizar la política nacional y europea. Los ELR pueden desempeñar un papel fundamental en este sentido, como intermediarios y facilitadores, recurriendo a las buenas prácticas existentes, como por ejemplo un consejo municipal para menores, lo que les permite disponer de una institución adecuada para formular sus reivindicaciones;

40.   acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de desarrollar seis plataformas para la comunicación, que permitan a los niños y jóvenes expresar sus opiniones, y subraya la necesidad de desarrollar esta iniciativa e incluir a los ELR como los agentes que disponen de los mejores conocimientos locales y de la capacidad de mantener una comunicación estructurada;

41.   señala la necesidad de garantizar el derecho de los menores de acceder a una educación de calidad, vivir en un entorno seguro y cómodo, y disfrutar de protección frente a todas las formas de violencia física y psicológica, y subraya asimismo el papel fundamental de los ELR para garantizar estos derechos;

42.   destaca la necesidad de garantizar el derecho a una educación de calidad, también para los menores con una discapacidad física y mental, y recuerda la importancia de las iniciativas destinadas a promover la autonomía y garantizar su plena integración en el entorno social, tal como se establece en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el marco educativo existen dos conceptos divergentes: uno que propone el desarrollo de programas de formación y enseñanza especiales y otro que propone la máxima integración posible de los menores discapacitados con los demás alumnos. El CDR solicita a los ELR, las autoridades nacionales, el sector pedagógico-docente, las ONG y otras partes interesadas pertinentes que inicien un debate a escala europea sobre las posibles soluciones y las mejores prácticas en este ámbito, y que pongan sus resultados a disposición de todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos en este campo. A este respecto, se recuerdan, y se considera que deben incentivarse, las experiencias de integración de niños con discapacidad que ofrecen a todos oportunidades reales de integración y no generan ningún tipo de marginación o discriminación;

43.   señala la importancia de la educación y formación permanentes y de calidad para los especialistas sociales y de otros ámbitos que trabajan con menores;

44.   hace hincapié en los problemas relativos a la violación de los derechos de la infancia que adopta diversas formas: desde el acoso, que tiende a generar formas de emulación mediante la imitación de comportamientos negativos, hasta otras formas de violencia psicológica y física ejercida por menores hacia otros menores y todo tipo de abusos, en particular el acoso escolar;

45.   considera que el adecuado desarrollo de los niños corre peligro si pasan demasiado tiempo en redes sociales virtuales e inmersos en juegos de ordenador y mundos virtuales. Las oportunidades de que estos niños puedan desarrollar habilidades sociales y adquirir los conocimientos necesarios a menudo se ven reducidas por estas actividades virtuales. Por ello, todas las instituciones interesadas deberían velar por que los niños desarrollen la idea de que las tecnologías de la información y los mundos virtuales son principalmente instrumentos para conseguir objetivos en el mundo real;

46.   llama la atención sobre los beneficios que puede tener la «vida de la calle» para el desarrollo completo de los menores al enseñarles, por ejemplo, a descubrir y utilizar los espacios públicos, crecer, crear lazos sociales y relacionarse con otros niños y con su propia comunidad, pero señala asimismo los peligros de esta vida, que en algunas zonas y ciudades de Europa puede degenerar en la creación de bandas de jóvenes;

47.   en el contexto de los dos puntos anteriores, el CDR solicita a los ELR de los Estados miembros que se impliquen de forma más activa en el intercambio de buenas prácticas sobre la organización de actividades extracurriculares para niños, como un medio desarrollar sus aptitudes sociales y profesionales. Los ejemplos de buenas prácticas se deberán fomentar también a nivel nacional y europeo, impulsando una orientación respectiva de los instrumentos nacionales y europeos;

48.   solicita a la Comisión que implique al mayor número de partes interesadas posible en el proceso de desarrollo del cuadro de indicadores de los derechos de la infancia, incluyendo las organizaciones pertinentes de la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales, ELR y el Comité de las Regiones;

49.   considera que, en vista del rápido desarrollo de las tecnologías de la información (TI) y de las posibilidades tecnológicas para utilizarla para llevar a cabo diversas formas de acoso infantil, el fomento de una Internet más segura se considerará una tarea fundamental para la Unión Europea;

50.   subraya el hecho de que el concepto de una Internet más segura debe incluir la lucha contra el abuso y la pornografía infantil en la red, así como contra otras formas extendidas de violencia que se producen en el mundo virtual, como el «ciberacoso»;

51.   considera que la educación de los menores y de los adultos que interactúan con ellos y les influencian puede ayudar a prevenir y atajar de forma notable el acoso infantil relacionado con Internet. Se debe prestar especial atención a la formación de niños y adultos, especialmente de aquellos que trabajan con niños –como los profesionales del sector de la sanidad, la educación y el trabajo social–, por lo que respecta al uso seguro de Internet, al reconocimiento de los delitos en línea y otras actividades malintencionadas a través de la red y a cómo informar a las autoridades pertinentes;

52.   llama la atención sobre la necesidad de proteger a los niños de entornos sociales negativos, en particular de entornos que promueven el consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol, tabaco, drogas y otras sustancias dañinas para la salud física y mental). Los entes regionales y locales tienen un papel clave que desempeñar a este respecto: son el primer eslabón de la cadena de la protección social, cuyo fin es asegurar el desarrollo seguro y armonioso de la infancia. Los entes regionales y locales tienen la misión de observar, identificar y evaluar los riesgos potenciales y utilizar todos los recursos disponibles para combatirlos. Las instituciones nacionales y europeas, por su parte, incluido el Defensor del Menor, las organizaciones no gubernamentales y otros interlocutores económicos y sociales deben apoyar de múltiples formas a los entes regionales y locales en este terreno y fomentar una actitud de rechazo al consumo de sustancias psicotrópicas por parte de la sociedad.

Medidas financieras y de apoyo

53.   subraya que los ELR se deberán considerar como socios esenciales en el desarrollo y la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia, así como en las demás iniciativas europeas en este ámbito;

54.   considera que todos los programas y herramientas desarrollados en el marco de esta Estrategia deben estar a disposición de las administraciones locales y regionales;

55.   acoge con satisfacción el efecto positivo de la financiación y los instrumentos de apoyo europeos, tales como el programa Daphne para la protección de los derechos de la infancia, aunque lamenta la escasez de recursos y la insuficiente información facilitada sobre las posibilidades de financiación y de apoyo. Los resultados de este programa se vincularán estratégicamente a la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia y se emplearán para conformar las futuras políticas;

56.   llama la atención sobre el hecho de que los entes locales y regionales de toda Europa ya han acumulado una importante experiencia en el uso de la ayuda de la Unión Europea para la protección de los derechos de la infancia, en asociación con otros agentes. Los resultados de estas actividades se vincularán estratégicamente a la aplicación de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia, se publicarán periódicamente y se debatirán y emplearán como una contribución importante para la actualización de las políticas pertinentes;

57.   solicita a la Comisión que mejore la comunicación e información sobre los planes de financiación y ayuda existentes a disposición de los ELR, previendo las posibilidades de ayuda para iniciativas relacionadas con los derechos de la infancia, tanto con una orientación explícita, como el Programa Daphne III, como aquellas en las que se pueda identificar entre otras prioridades, como los programas de cooperación transfronteriza, los programas de desarrollo urbano (como URBACT II), etc. Todos los recursos financieros disponibles en virtud de diferentes partidas del presupuesto de la Unión Europea y en diferentes campos se deberán exponer de forma más clara y eficaz, evitando la duplicación y aumentando así la eficiencia de las actividades realizadas.

Bruselas, 10 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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III Actos preparatorios

Comité de las Regiones

85o Pleno de los días 9 y 10 de junio de 2010

| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/52 |
| --- | --- | --- | --- |

1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/52

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85oPLENO DE LOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2010

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el sello de patrimonio europeo

(2010/C 267/11)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Principios y observaciones generales

1.   acoge favorablemente la propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo relativa a la creación de un Sello de Patrimonio Europeo en la Unión Europea, distinto del sello del Patrimonio Mundial de la Unesco y del sello de los itinerarios del Consejo de Europa;

2.   considera que la propuesta de la Comisión Europea es compatible con el principio de subsidiariedad. Insiste, no obstante, en la importancia de respetar las competencias de los entes regionales y locales en la selección de las candidaturas nacionales y también en la selección final a escala europea. El éxito de esta iniciativa depende de una voluntad europea que cuente con los entes locales y regionales, tanto en la elección de los parajes como en la aplicación, el control y la evaluación de las acciones;

3.   destaca que el objetivo de este Sello es dar relevancia al patrimonio cultural común de los Estados miembros respetando la diversidad nacional y regional, reconocer la multiplicidad cultural de los territorios para acercar Europa a los ciudadanos y valorizar parajes y tradiciones regionales y locales con la idea de acrecentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea;

4.   insiste en la importancia de esta iniciativa, tanto para reforzar la identidad local y regional como para favorecer la integración europea;

5.   lamenta que la iniciativa se abra solo a los Estados miembros de la Unión, mientras que la iniciativa gubernamental en la que originalmente se propuso el Sello incluía a Suiza y contemplaba la participación de los Estados candidatos a la adhesión en el programa Capitales Europeas de la Cultura; por otra parte, la construcción de la integración europea va más allá de las fronteras de la Unión Europea y afecta a terceros países europeos;

6.   recuerda que el Sello debe ligar los parajes con la historia de la construcción europea respetando los valores que se definen en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales;

7.   se felicita de que este Sello pueda reforzar el atractivo de ciudades y regiones europeas, favoreciendo así el crecimiento y el empleo a escala local y regional;

8.   insiste en la necesidad de comunicar las mejores prácticas creando una red de los parajes que tengan el Sello y pide a la Unión Europea un compromiso humano y financiero que despierte el interés local y regional;

9.   observa que el Sello resulta especialmente apropiado para los parajes transfronterizos, que simbolizan la memoria europea. La gestión de este tipo de parajes podría integrarse en los programas de trabajo de organismos ya existentes, como las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).

Pertinencia a escala local y regional

10.   observa que en la mayoría de los Estados miembros los entes locales y regionales son responsables de los parajes que podrían ser receptores de este Sello;

11.   lamenta que, en la gobernanza multinivel, los entes locales y regionales no participen en mayor medida en el proceso de selección;

12.   considera pertinente la presencia de los entes territoriales en la designación de los parajes transnacionales;

13.   observa que los entes territoriales serán con frecuencia los que principalmente gestionen y financien los parajes a los que se otorgue el Sello y, por tanto, deberán cubrir los costes complementarios derivados de su obtención y del funcionamiento de los parajes;

14.   recuerda que la identidad europea, basada en los valores universales de los derechos inalienables del ser humano, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, debe construirse sobre la diversidad de todos los elementos que constituyen la Unión Europea, y que el Sello europeo deberá hacer esa diversidad más clara y tangible para todos los ciudadanos.

Mejora del texto

15.   estima que, tras una primera evaluación del dispositivo, debe valorarse la posibilidad de abrirlo a terceros países europeos, especialmente en el marco de la política de ampliación y vecindad, con vistas a establecer la base de los valores necesarios para la construcción europea, más allá de los intereses económicos o geoestratégicos;

16.   pide, teniendo en cuenta la importante presencia de los entes locales y regionales en la gestión y valorización del patrimonio, que el Comité de las Regiones participe en el proceso de selección final a escala de la Unión nombrando a un miembro del Comité europeo, de forma similar a lo que ocurre en la iniciativa de las Capitales Europeas de la Cultura;

17.   aboga por el establecimiento a medio plazo de una clasificación de lugares monumentales, arqueológicos, transnacionales e inmateriales que tengan el nuevo Sello, puesto que son muy diversos los lugares que podrían recibirlo;

18.   desea que la Comisión Europea informe desde este momento al Comité de las Regiones sobre los progresos en la realización del proceso de atribución del Sello y supervisión de los parajes, en particular las líneas directrices para establecer los procedimientos de selección. También desea ser informado de la evaluación externa e independiente de la acción relativa al Sello de Patrimonio Europeo que organizará la Comisión Europea;

19.   sugiere, a fin de someter un número apropiado a la decisión del Comité europeo, que se presenten un máximo de tres parajes por país, para fomentar la competencia entre los Estados miembros;

20.   acoge favorablemente que el Comité europeo esté compuesto por expertos independientes nombrados y renovados periódicamente por las instituciones europeas para que colaboren en el pliego de condiciones y en la selección final de los parajes y la concesión del Sello;

21.   subraya la importancia de una visión generalizada del desarrollo sostenible a través de la conservación y gestión de los bienes culturales y la popularización de unos parajes a los que todos los ciudadanos han de tener acceso.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 4

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| La acción estará abierta a la participación de los Estados miembros de la Unión Europea. Dicha participación será voluntaria. | La acción estará abierta a la participación de los Estados miembros de la Unión Europea. Dicha participación será voluntaria. . |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La acción estará abierta a la participación de los Estados miembros de la Unión Europea. Dicha participación será voluntaria.

La acción estará abierta a la participación de los Estados miembros de la Unión Europea. Dicha participación será voluntaria. .

Exposición de motivos

Ampliar la participación a terceros países europeos –así como a los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión y a los países vecinos de la UE– reforzaría los objetivos generales de la acción cultural en sí y la conservación del patrimonio en el ámbito europeo.

Enmienda 2

Artículo 5

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| La Comisión y los Estados miembros garantizarán la complementariedad del Sello de Patrimonio Europeo con otras iniciativas en el ámbito del patrimonio cultural, como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa. | La Comisión y los Estados miembros garantizarán la complementariedad del Sello de Patrimonio Europeo con otras iniciativas en el ámbito del patrimonio cultural, como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa. . |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La Comisión y los Estados miembros garantizarán la complementariedad del Sello de Patrimonio Europeo con otras iniciativas en el ámbito del patrimonio cultural, como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa.

La Comisión y los Estados miembros garantizarán la complementariedad del Sello de Patrimonio Europeo con otras iniciativas en el ámbito del patrimonio cultural, como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa. .

Exposición de motivos

La Comisión y los Estados miembros deberían desalentar los «dobletes», que reducen el valor añadido de la iniciativa.

Enmienda 3

Artículo 7, apartado 1, primera frase

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Los candidatos al Sello deberán tener un valor simbólico europeo y haber desempeñado un papel fundamental en la historia y la construcción de la Unión Europea. | Los candidatos al Sello deberán tener un valor simbólico europeo y haber desempeñado un papel fundamental en la historia la construcción uropea. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los candidatos al Sello deberán tener un valor simbólico europeo y haber desempeñado un papel fundamental en la historia y la construcción de la Unión Europea.

Los candidatos al Sello deberán tener un valor simbólico europeo y haber desempeñado un papel fundamental en la historia la construcción uropea.

Exposición de motivos

Esta enmienda sigue la línea de la anterior y hace que el texto se centre menos en la Unión Europea y más en los valores de la construcción europea.

Enmienda 4

Artículo 8, apartado 2

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| El Comité europeo constará de doce miembros. Cuatro de ellos serán nombrados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo y cuatro por la Comisión. El Comité designará a su Presidente. | El Comité europeo constará de miembros. Cuatro de ellos serán nombrados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo, cuatro por la Comisión . El Comité designará a su Presidente. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

El Comité europeo constará de doce miembros. Cuatro de ellos serán nombrados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo y cuatro por la Comisión. El Comité designará a su Presidente.

El Comité europeo constará de miembros. Cuatro de ellos serán nombrados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo, cuatro por la Comisión . El Comité designará a su Presidente.

Exposición de motivos

La composición del Comité debería reflejar, igual que el de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura, que los Tratados reconocen la dimensión local y regional de la política cultural en general y de la conservación del patrimonio. Otra ventaja de incluir al CDR en este Comité es que se obtendría un número impar de miembros.

Enmienda 5

Artículo 8, apartado 4

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Los miembros del Comité europeo de expertos serán nombrados por tres años. Excepcionalmente, en el primer año de vigencia de la presente Decisión, la Comisión nombrará a cuatro expertos por un año, el Parlamento Europeo a cuatro por dos años y el Consejo a otros cuatro por tres años. | Los miembros del Comité europeo de expertos serán nombrados por tres años. Excepcionalmente, en el primer año de vigencia de la presente Decisión, la Comisión nombrará a cuatro expertos por un año, el Parlamento Europeo a cuatro por dos años, y el Consejo a otros cuatro por tres años. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los miembros del Comité europeo de expertos serán nombrados por tres años. Excepcionalmente, en el primer año de vigencia de la presente Decisión, la Comisión nombrará a cuatro expertos por un año, el Parlamento Europeo a cuatro por dos años y el Consejo a otros cuatro por tres años.

Los miembros del Comité europeo de expertos serán nombrados por tres años. Excepcionalmente, en el primer año de vigencia de la presente Decisión, la Comisión nombrará a cuatro expertos por un año, el Parlamento Europeo a cuatro por dos años, y el Consejo a otros cuatro por tres años.

Exposición de motivos

En línea con la enmienda 4.

Enmienda 6

Artículo 10, apartado 2

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Cada Estado miembro tendrá la posibilidad de preseleccionar hasta un máximo de dos parajes por año de conformidad con el calendario que figura en el anexo. No tendrá lugar ningún procedimiento de selección en los años reservados para el procedimiento de supervisión. | Cada Estado miembro tendrá la posibilidad de preseleccionar hasta un máximo de parajes por año de conformidad con el calendario que figura en el anexo. No tendrá lugar ningún procedimiento de selección en los años reservados para el procedimiento de supervisión. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Cada Estado miembro tendrá la posibilidad de preseleccionar hasta un máximo de dos parajes por año de conformidad con el calendario que figura en el anexo. No tendrá lugar ningún procedimiento de selección en los años reservados para el procedimiento de supervisión.

Cada Estado miembro tendrá la posibilidad de preseleccionar hasta un máximo de parajes por año de conformidad con el calendario que figura en el anexo. No tendrá lugar ningún procedimiento de selección en los años reservados para el procedimiento de supervisión.

Exposición de motivos

El aumento del número de parajes que un Estados miembros puede seleccionar responde al espíritu de «competencia» entre parajes que la Comisión Europea busca crear en la Unión, pero que se ve estorbado por el mecanismo de selección previsto.

Enmienda 7

Artículo 11, apartado 2

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| El Comité europeo evaluará las solicitudes de los parajes preseleccionados y seleccionará como máximo un paraje por Estado miembro. Si fuera necesario, podrá solicitarse más información y organizar visitas a los parajes. | El Comité europeo evaluará las solicitudes de los parajes preseleccionados y seleccionará como máximo paraje por Estado miembro. Si fuera necesario, podrá solicitarse más información y organizar visitas a los parajes. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

El Comité europeo evaluará las solicitudes de los parajes preseleccionados y seleccionará como máximo un paraje por Estado miembro. Si fuera necesario, podrá solicitarse más información y organizar visitas a los parajes.

El Comité europeo evaluará las solicitudes de los parajes preseleccionados y seleccionará como máximo paraje por Estado miembro. Si fuera necesario, podrá solicitarse más información y organizar visitas a los parajes.

Exposición de motivos

En línea con la enmienda 6.

Enmienda 8

Artículo 13, apartado 1

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| La Comisión designará oficialmente los parajes a los que deba concederse el Sello de Patrimonio Europeo durante el año siguiente al procedimiento de selección, habida cuenta de la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo. | La Comisión designará oficialmente los parajes a los que deba concederse el Sello de Patrimonio Europeo durante el año siguiente al procedimiento de selección, habida cuenta de la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo . |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La Comisión designará oficialmente los parajes a los que deba concederse el Sello de Patrimonio Europeo durante el año siguiente al procedimiento de selección, habida cuenta de la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo.

La Comisión designará oficialmente los parajes a los que deba concederse el Sello de Patrimonio Europeo durante el año siguiente al procedimiento de selección, habida cuenta de la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo .

Exposición de motivos

El deber de informar al CDR reviste un claro valor añadido para la promoción del Sello y para los entes territoriales de la Unión.

Enmienda 9

Artículo 17, apartado 2

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| La Comisión presentará un informe sobre estas evaluaciones al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de seis meses desde la finalización de las evaluaciones. | La Comisión presentará un informe sobre estas evaluaciones al Parlamento Europeo, al Consejo en el plazo de seis meses desde la finalización de las evaluaciones. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La Comisión presentará un informe sobre estas evaluaciones al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de seis meses desde la finalización de las evaluaciones.

La Comisión presentará un informe sobre estas evaluaciones al Parlamento Europeo, al Consejo en el plazo de seis meses desde la finalización de las evaluaciones.

Exposición de motivos

Idéntica a la de la enmienda anterior.

Bruselas, 9 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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| 1.10.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 267/57 |
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1.10.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 267/57

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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la iniciativa ciudadana europea

(2010/C 267/12)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   recuerda que el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, establece que «Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados»;

2.   recuerda asimismo que el artículo 24, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, modificado por el Tratado de Lisboa, especifica que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones relativas a los procedimientos y funcionamiento concreto de la «iniciativa ciudadana europea»;

3.   reconoce que la Comisión, con su Libro Verde «sobre una Iniciativa Ciudadana Europea», de 11 de noviembre de 2009 (1), llevó a cabo una amplia consulta pública con el fin de recabar la opinión de todas las partes interesadas sobre los principales temas que debían tratarse en el reglamento sobre la iniciativa ciudadana y destaca la importante contribución de los entes regionales y locales a este debate;

4.   acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión de la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana» (2);

5.   destaca que la adopción de este Reglamento, que hace posible la aplicación de un derecho de participación directa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión, constituye un hito en la consolidación de los principios de la democracia dentro de la Unión;

6.   desea que el Parlamento y el Consejo adopten rápidamente el Reglamento regulador de la iniciativa ciudadana, de forma que el mecanismo sea operativo a principios de 2011, tal como se prevé en el Libro Verde de 2009;

7.   recuerda que ya hizo hincapié en la importancia que de que el Tratado de Lisboa hubiera previsto un derecho de iniciativa legislativa para reforzar los derechos de ciudadanía (3);

8.   reitera que la consolidación de su papel institucional implica que se apliquen de forma prioritaria las disposiciones del Tratado de Lisboa que sean relevantes para los entes regionales y locales, como la iniciativa ciudadana (4);

9.   pone de relieve el interés que genera la institución de la iniciativa popular en los entes regionales y locales, que podrían convertirse por propia decisión en organizadores o promotores de iniciativas, dada su proximidad a los ciudadanos de la Unión;

10.   coincide con la Comisión en que es necesario ofrecer a los ciudadanos un instrumento fácil de utilizar, con procedimientos sencillos y de aplicación inmediata, así como facilitarles indicaciones claras e inequívocas para su aplicación, velando al mismo tiempo por evitar posibles abusos del sistema;

11.   considera que deben fomentarse, en el ámbito de la comunicación institucional, medidas de gran alcance que permitan la mayor difusión posible entre los ciudadanos de la Unión de este nuevo derecho y, de forma más general, su participación directa en el debate político sobre las cuestiones de interés general respecto de las que haya iniciativas en curso;

12.   destaca a este respecto el papel central que pueden desempeñar el Comité de las Regiones, especialmente mediante los instrumentos desarrollados en el marco de la comunicación descentralizada, y los entes regionales y locales, que pueden transmitir la comunicación a los ciudadanos de manera directa y generalizada;

13.   ofrece su colaboración para crear una ventanilla interinstitucional, de la que el Comité debería ser parte integrante;

14.   destaca que como socio de las demás instituciones de la Unión Europea, así como de las autoridades locales y regionales, debería recibir información completa y, en su caso, se le debería consultar a la vez que al Parlamento Europeo sobre las decisiones de la Comisión Europea relativas a la admisibilidad o el seguimiento de iniciativas ciudadanas europeas, así como sobre los cambios que se propongan de las condiciones y normas que rigen este instrumento;

15.   Reitera su voluntad de explorar la posibilidad de apoyar las iniciativas ciudadanas europeas que sean más relevantes para el CDR y las autoridades locales y regionales en él representadas como, por ejemplo,

| — | la organización de audiencias en torno a iniciativas ciudadanas en curso o que hayan dado buenos resultados, con la participación de instituciones de la UE, autoridades locales y regionales y sus asociaciones, así como representantes de la sociedad civil, |
| --- | --- |

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la organización de audiencias en torno a iniciativas ciudadanas en curso o que hayan dado buenos resultados, con la participación de instituciones de la UE, autoridades locales y regionales y sus asociaciones, así como representantes de la sociedad civil,

| — | la emisión de dictámenes sobre iniciativas ciudadanas fructuosas que sean particularmente importantes para el CDR y los entes locales y regionales en relación con sus prioridades políticas, o sobre decisiones de la Comisión relativas a los resultados de tales iniciativas ciudadanas europeas; |
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la emisión de dictámenes sobre iniciativas ciudadanas fructuosas que sean particularmente importantes para el CDR y los entes locales y regionales en relación con sus prioridades políticas, o sobre decisiones de la Comisión relativas a los resultados de tales iniciativas ciudadanas europeas;

16.   recuerda que, en el marco del Reglamento y de su aplicación, debe garantizarse especialmente el respeto de los principios de igualdad, transparencia, buena administración y acceso a la justicia;

17.   apoya ampliamente la propuesta que presenta la Comisión, aunque considera que son posibles mejoras en determinados puntos;

18.   sin perjuicio de la iniciativa ciudadana europea, el CDR pone de relieve la importancia de fomentar a nivel regional y local todas aquellas iniciativas que posibiliten la transparencia, colaboración y participación de los ciudadanos en las políticas públicas, en el marco del principio de democracia participativa;

Respecto del número mínimo de Estados miembros

19.   recuerda que, en virtud de los Tratados, la iniciativa debe proceder «de un número significativo de Estados miembros» (artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea) y que esta disposición se basa en la necesidad de garantizar que la iniciativa represente un interés común europeo;

20.   estima que el establecimiento de un umbral mínimo de un tercio de los Estados miembros es demasiado elevado, habida cuenta de la necesidad de favorecer el ejercicio de un derecho de participación directa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión;

21.   considera más adecuada la fijación de un umbral mínimo de una cuarta parte de los Estados miembros, que se sitúa por lo demás en línea con otras disposiciones de los Tratados como el artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

Respecto de la edad mínima de los firmantes

22.   se muestra de acuerdo en el establecimiento de una edad mínima para los firmantes de una iniciativa, correspondiente a la edad mínima necesaria para tener derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo;

Respecto del registro de las propuestas y de la recogida de declaraciones de apoyo

23.   se muestra de acuerdo con la creación de un sistema de registro de las propuestas de iniciativa en un registro electrónico específico;

24.   coincide además con el Parlamento Europeo en que ninguna decisión sobre la admisibilidad de una iniciativa ciudadana debería incluir consideraciones de oportunidad política (5);

25.   por lo tanto, considera que la Comisión solo deberá rechazar el registro cuando la propuesta resulte «manifiestamente abusiva» o «manifiestamente contraria a los valores de la Unión», pudiendo parecer inadecuada la referencia en la propuesta de Reglamento al concepto de «incorrecto»;

26.   acoge con satisfacción la disposición de establecer una serie común de requisitos procedimentales para la recogida y verificación de las declaraciones de apoyo;

27.   se felicita del establecimiento de un sistema de recogida a través de páginas web de las declaraciones de apoyo a una iniciativa;

Respecto del principio de transparencia y de la colaboración administrativa

28.   coincide con la Comisión en la necesidad de garantizar la transparencia de las fuentes de financiación y del apoyo de una iniciativa con que cuentan los organizadores;

29.   destaca que la presentación de iniciativas debe estar abierta a todos los ciudadanos y organizaciones y no reservada en la práctica a las organizaciones más grandes;

30.   por lo tanto, defiende que se establezcan mecanismos de asistencia práctica y técnica para todos los interesados en la organización de iniciativas;

31.   estima que sería especialmente adecuado crear una «ventanilla de información» dedicada a la iniciativa legislativa ciudadana, de la que el Comité debería ser parte integrante;

32.   por lo demás, pide a las instituciones que consideren la posibilidad de prever fórmulas de ayuda para traducir a todas las lenguas de la Unión Europea las partes esenciales de una iniciativa que haya sido declarada admisible, con el fin de que todos los ciudadanos de la Unión puedan llegar a conocerla;

Respecto de la admisibilidad de la propuesta

33.   propone que el control de la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana, que debe efectuar la Comisión, se efectúe ya en la fase de registro; de este modo podría evitarse que los organizadores inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero en una iniciativa que luego no se admite;

34.   destaca la necesidad de que las condiciones de admisibilidad se establezcan de forma general y de manera clara y transparente y de que sean objeto de una difusión adecuada, con el fin de limitar la presentación de propuestas que sean declaradas inadmisibles;

35.   apoya la indicación de las condiciones que debe satisfacer la propuesta: a) debe referirse a una cuestión sobre la que puede adoptarse un acto legislativo de la Unión a efectos de aplicación de los Tratados, y b) debe figurar en el ámbito de competencias que tiene la Comisión para presentar una propuesta;

36.   asimismo, señala que la adopción por parte de la Unión de un acto legislativo, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, debe respetar el principio de subsidiariedad, tal como se establece en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea;

37.   pone de relieve que todo acto de la Unión Europea debe respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los principios generales de la Unión;

38.   por consiguiente, considera que sería conveniente mencionar de forma explícita dos condiciones adicionales de admisibilidad, a saber, que la propuesta: c) respete los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, y d) sea conforme con el principio de subsidiariedad;

39.   recuerda a este respecto la experiencia acumulada por el Comité respecto de la evaluación de la subsidiariedad y ofrece su colaboración a la Comisión para examinar la adecuación de las propuestas a este principio;

40.   subraya la necesidad de que la decisión sobre la admisibilidad se notifique al organizador de la iniciativa y se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea;

41.   destaca que la decisión sobre la admisibilidad de una propuesta de iniciativa puede someterse a control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia, en virtud de los artículos 263 y 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y desea que el derecho a este control se especifique en el Reglamento;

42.   comparte con la Comisión la preocupación por reducir al mínimo las cargas administrativas y financieras referidas a la verificación y certificación de las declaraciones de apoyo de iniciativas que se declaren admisibles y destaca, a este respecto, que en muchos Estados miembros este procedimiento requerirá la participación de los entes regionales y locales;

Respecto del examen de las iniciativas por la Comisión

43.   apoya la propuesta de que la Comisión debe examinar toda iniciativa que se le presenta oficialmente con arreglo a las condiciones fijadas en el Reglamento y adoptar, en el plazo de cuatro meses, una comunicación con sus conclusiones sobre la misma, las medidas que en su caso se proponga adoptar y las razones para actuar así;

44.   a este respecto, señala que si la Comisión se abstiene de pronunciarse dentro del plazo fijado, es posible recurrir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desea que este derecho a un control jurisdiccional se especifique en el Reglamento;

45.   destaca la exigencia de que toda iniciativa firmada por al menos un millón de ciudadanos sea objeto de una respuesta meditada por la Comisión;

46.   defiende que la Comunicación que debe adoptar la Comisión sobre cada iniciativa, además de ser notificada a los organizadores, al Parlamento Europeo y al Consejo, debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y transmitirse al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social y a los parlamentos nacionales.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 4.3

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Registro de una propuesta de iniciativa ciudadana






  1. | Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una propuesta de iniciativa ciudadana, el organizador debe registrarla ante la Comisión, proporcionando la información contemplada en el anexo II, en particular sobre el objeto, objetivos, fuentes de financiación y apoyo a la propuesta de iniciativa ciudadana.
  La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en una página web que la Comisión pondrá a disposición para este fin (denominada en lo sucesivo «el registro»). |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Registro de una propuesta de iniciativa ciudadana

1.

Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una propuesta de iniciativa ciudadana, el organizador debe registrarla ante la Comisión, proporcionando la información contemplada en el anexo II, en particular sobre el objeto, objetivos, fuentes de financiación y apoyo a la propuesta de iniciativa ciudadana.

La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en una página web que la Comisión pondrá a disposición para este fin (denominada en lo sucesivo «el registro»).

| 2. | Excepto en los casos previstos en los apartados 3 y 4, la Comisión registrará sin demora la iniciativa propuesta con un número de registro único y remitirá confirmación al organizador. |
| --- | --- |

2.

Excepto en los casos previstos en los apartados 3 y 4, la Comisión registrará sin demora la iniciativa propuesta con un número de registro único y remitirá confirmación al organizador.

| 3. | No se registrarán aquellas propuestas de iniciativas ciudadanas que pudieren razonablemente considerarse incorrectas, bien por ser abusivas, bien por falta de seriedad. |
| --- | --- |

3.

No se registrarán aquellas propuestas de iniciativas ciudadanas que pudieren razonablemente considerarse incorrectas, bien por ser abusivas, bien por falta de seriedad.

| 4. | La Comisión denegará el registro de las propuestas de iniciativas ciudadanas que fueren manifiestamente contrarias a los valores de la Unión. |
| --- | --- |

4.

La Comisión denegará el registro de las propuestas de iniciativas ciudadanas que fueren manifiestamente contrarias a los valores de la Unión.

| 5. | Las propuestas de iniciativas ciudadanas que se hubieren registrado se publicarán en el registro. |
| --- | --- |

5.

Las propuestas de iniciativas ciudadanas que se hubieren registrado se publicarán en el registro.

Registro de una propuesta de iniciativa ciudadana

| 1. | Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una propuesta de iniciativa ciudadana, el organizador debe registrarla ante la Comisión, proporcionando la información contemplada en el anexo II, en particular sobre el objeto, objetivos, fuentes de financiación y apoyo a la propuesta de iniciativa ciudadana.
  La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en una página web que la Comisión pondrá a disposición para este fin (denominada en lo sucesivo «el registro»). |
| --- | --- |

1.

Antes de iniciar la recogida de declaraciones de apoyo a una propuesta de iniciativa ciudadana, el organizador debe registrarla ante la Comisión, proporcionando la información contemplada en el anexo II, en particular sobre el objeto, objetivos, fuentes de financiación y apoyo a la propuesta de iniciativa ciudadana.

La citada información se efectuará en una lengua oficial de la Unión mediante un registro en una página web que la Comisión pondrá a disposición para este fin (denominada en lo sucesivo «el registro»).

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| --- | --- |

3.

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| 3. | No se registrarán aquellas propuestas de iniciativas ciudadanas abusivas, seriedad . |
| --- | --- |

No se registrarán aquellas propuestas de iniciativas ciudadanas abusivas, seriedad .

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5.

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| --- | --- |

| 5. | Las propuestas de iniciativas ciudadanas que se hubieren se publicarán en el registro. |
| --- | --- |

Las propuestas de iniciativas ciudadanas que se hubieren se publicarán en el registro.

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| --- | --- |

Exposición de motivos

El control de la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana puede efectuarse ya en la fase de su registro, que se realizará de conformidad con el artículo 4. No parece razonable registrar una iniciativa y, posteriormente, tras haber recogido 300 000 firmas de apoyo, procedentes de un mínimo de tres Estados miembros, decidir que no es admisible porque se establece, por ejemplo, que la UE no dispone absolutamente de ninguna competencia en el ámbito político de que se trate. Por ello, en esta enmienda se funden los artículos 4 y 8 de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 2

Artículo 7.1

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Número mínimo de firmas por Estado miembro






  1. | Los firmantes de una iniciativa ciudadana habrán de proceder de, al menos, un tercio de Estados miembros. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Número mínimo de firmas por Estado miembro

1.

Los firmantes de una iniciativa ciudadana habrán de proceder de, al menos, un tercio de Estados miembros.

Número mínimo de firmas por Estado miembro

| 1. | Los firmantes de una iniciativa ciudadana habrán de proceder de, al menos, de Estados miembros. |
| --- | --- |

1.

Los firmantes de una iniciativa ciudadana habrán de proceder de, al menos, de Estados miembros.

Exposición de motivos

La iniciativa ciudadana europea debería ser un instrumento accesible a los ciudadanos y, por lo tanto, el umbral mínimo no debería ser tan alto. El requisito de que las firmas procedan de un cuarto de Estados miembros (esto es, siete de los actuales 27 Estados miembros de la UE) está en línea con la propuesta del Parlamento Europeo.

Enmienda 3

Artículo 7.2

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| En un tercio de Estados miembros, los firmantes deberán representar, al menos, el número mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I. | En un de Estados miembros, los firmantes deberán representar, al menos, el número mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

En un tercio de Estados miembros, los firmantes deberán representar, al menos, el número mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I.

En un de Estados miembros, los firmantes deberán representar, al menos, el número mínimo de ciudadanos fijado en el anexo I.

Exposición de motivos

La iniciativa ciudadana europea debería ser un instrumento accesible a los ciudadanos y, por lo tanto, el umbral mínimo no debería ser tan alto. El requisito de que las firmas procedan de un cuarto de Estados miembros (esto es, siete de los actuales 27 Estados miembros de la UE) está en línea con la propuesta del Parlamento Europeo. Por congruencia, lo mismo es aplicable respecto del apartado 2 del artículo 7.

Enmienda 4

Artículo 8

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Decisión sobre la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana






  1. | Tras haber recogido 300 000 firmas de apoyo, de conformidad con el artículo 5, procedentes de un mínimo de tres Estados miembros, el organizador solicitará a la Comisión una decisión sobre la admisibilidad de la propuesta de iniciativa ciudadana. Con este fin, el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo V. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Decisión sobre la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana

1.

Tras haber recogido 300 000 firmas de apoyo, de conformidad con el artículo 5, procedentes de un mínimo de tres Estados miembros, el organizador solicitará a la Comisión una decisión sobre la admisibilidad de la propuesta de iniciativa ciudadana. Con este fin, el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo V.

| 2. | La Comisión adoptará una decisión sobre la admisibilidad en un plazo de dos meses a contar de la recepción de la solicitud mencionada en el apartado 1. La propuesta de iniciativa ciudadana se considerará admisible si satisface las siguientes condiciones:






  a. | que se refiera a una cuestión sobre la que puede adoptarse un acto legislativo de la Unión a los efectos de aplicación de los Tratados, y |
| --- | --- | --- |

2.

La Comisión adoptará una decisión sobre la admisibilidad en un plazo de dos meses a contar de la recepción de la solicitud mencionada en el apartado 1. La propuesta de iniciativa ciudadana se considerará admisible si satisface las siguientes condiciones:

a.

que se refiera a una cuestión sobre la que puede adoptarse un acto legislativo de la Unión a los efectos de aplicación de los Tratados, y

| b. | que la Comisión esté facultada, en el ámbito de sus competencias, a presentar una propuesta. |
| --- | --- |

b.

que la Comisión esté facultada, en el ámbito de sus competencias, a presentar una propuesta.

| 3. | La decisión mencionada en el apartado 2 se notificará al organizador de la iniciativa ciudadana propuesta y será objeto de publicación. |
| --- | --- |

3.

La decisión mencionada en el apartado 2 se notificará al organizador de la iniciativa ciudadana propuesta y será objeto de publicación.

Exposición de motivos

| | |
| --- | --- |

| | | |
| --- | --- | --- |

| | |
| --- | --- |

| | |
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Como consecuencia de la enmienda a la Recomendación 1.

Enmienda 5

Artículo 9

| Texto propuesto por la Comisión | Enmienda del CDR |
| --- | --- |
| Disposiciones para la verificación y certificación de las declaraciones de apoyo por parte de los Estados miembros






  1. | Recogidas las firmas de apoyo necesarias conforme a los artículos 5 y 7, y siempre y cuando la Comisión hubiere decidido la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana con arreglo al artículo 8, el organizador presentará las declaraciones de apoyo, en papel o en formato electrónico, a las correspondientes autoridades competentes previstas en el artículo 14 a efectos de verificación y certificación. Con este fin el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo VI.
  El organizador presentará las declaraciones de apoyo al Estado miembro que hubiere expedido el documento identificativo especificado en las mismas. |

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Disposiciones para la verificación y certificación de las declaraciones de apoyo por parte de los Estados miembros

1.

Recogidas las firmas de apoyo necesarias conforme a los artículos 5 y 7, y siempre y cuando la Comisión hubiere decidido la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana con arreglo al artículo 8, el organizador presentará las declaraciones de apoyo, en papel o en formato electrónico, a las correspondientes autoridades competentes previstas en el artículo 14 a efectos de verificación y certificación. Con este fin el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo VI.

El organizador presentará las declaraciones de apoyo al Estado miembro que hubiere expedido el documento identificativo especificado en las mismas.

| 2. | Las autoridades competentes, en un plazo no superior a tres meses, verificarán mediante controles apropiados las declaraciones de apoyo presentadas y entregarán al organizador un certificado, según el modelo recogido en el anexo VII, en el que se acredite el número de declaraciones de apoyo válidas en el Estado miembro de que se trate. |
| --- | --- |

2.

Las autoridades competentes, en un plazo no superior a tres meses, verificarán mediante controles apropiados las declaraciones de apoyo presentadas y entregarán al organizador un certificado, según el modelo recogido en el anexo VII, en el que se acredite el número de declaraciones de apoyo válidas en el Estado miembro de que se trate.

| 3. | La expedición del certificado previsto en el apartado 2 será gratuita. |
| --- | --- |

3.

La expedición del certificado previsto en el apartado 2 será gratuita.

Disposiciones para la verificación y certificación de las declaraciones de apoyo por parte de los Estados miembros

| 1. | Recogidas las firmas de apoyo necesarias conforme a los artículos 5 y 7, y siempre y cuando la Comisión hubiere decidido la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana con arreglo al artículo 8, el organizador presentará las declaraciones de apoyo, en papel o en formato electrónico, a las correspondientes autoridades competentes previstas en el artículo 14 a efectos de verificación y certificación. Con este fin el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo VI .
  El organizador presentará las declaraciones de apoyo al Estado miembro que hubiere expedido el documento identificativo especificado en las mismas. |
| --- | --- |

1.

Recogidas las firmas de apoyo necesarias conforme a los artículos 5 y 7, y siempre y cuando la Comisión hubiere decidido la admisibilidad de una propuesta de iniciativa ciudadana con arreglo al artículo 8, el organizador presentará las declaraciones de apoyo, en papel o en formato electrónico, a las correspondientes autoridades competentes previstas en el artículo 14 a efectos de verificación y certificación. Con este fin el organizador utilizará el formulario que se recoge en el anexo VI .

El organizador presentará las declaraciones de apoyo al Estado miembro que hubiere expedido el documento identificativo especificado en las mismas.

| 2. | Las autoridades competentes, en un plazo no superior a tres meses, verificarán mediante controles apropiados las declaraciones de apoyo presentadas y entregarán al organizador un certificado, según el modelo recogido en el anexo VII, en el que se acredite el número de declaraciones de apoyo válidas en el Estado miembro de que se trate. |
| --- | --- |

2.

Las autoridades competentes, en un plazo no superior a tres meses, verificarán mediante controles apropiados las declaraciones de apoyo presentadas y entregarán al organizador un certificado, según el modelo recogido en el anexo VII, en el que se acredite el número de declaraciones de apoyo válidas en el Estado miembro de que se trate.

| 3. | La expedición del certificado previsto en el apartado 2 será gratuita. |
| --- | --- |

3.

La expedición del certificado previsto en el apartado 2 será gratuita.

Exposición de motivos

El artículo 4 obliga al organizador a indicar las fuentes de financiación de las que se alimentará el gasto realizado con motivo de la iniciativa. En esos momentos de la tramitación, como se ha dicho en la enmienda presentada, es posible que no se conozcan todas las aportaciones económicas que se obtendrán, por eso, es necesario al final del proceso, pedir un informe justificando los gastos efectivamente realizados y la procedencia de los recursos utilizados, cumpliendo así con el principio de información y transparencia. Sería conveniente para mayor facilidad de cumplimiento de esta exigencia elaborar un formulario sencillo como anexo al Reglamento.

Bruselas, 10 de junio de 2010.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO

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(1)  COM(2009) 622 final.

1

(2)  COM(2010) 119 final.

2

(3)  Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre el tema «Derechos de los ciudadanos: promoción de los derechos fundamentales y de los derechos que emanan de la ciudadanía europea», de 9 de octubre de 2008, punto 58.

3

(4)  R/CDR 79/2010, anexo I.

4

(5)  Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, por la que se solicita a la Comisión que presente una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de la iniciativa ciudadana (A6-0043/2009), considerando Y.

5

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