Número Identificador

SEN2024 _______________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

MARÍA TRINIDAD 

MENÉNDEZ ANTUNEZ

Apelada

v.

YAMILLE CASTRO 

MONTES DE OCA

Apelante

KLAN202400413

Apelación

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Bayamón

Sobre: Cobro de 

dinero / Regla 60

Caso Núm.: 

GB2023CV00974

(701)

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro.

Rodríguez Casillas, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2024.

Comparece ante nos, la Sra. Yamille Castro Montes De Oca 

(en adelante, “señora Montes o apelante–demandada”). Mediante el 

presente recurso de apelación solicita que revoquemos la Sentencia

emitida el 25 de marzo de 2024,1 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante, “TPI”). Allí, se 

declaró Con Lugar la acción en cobro de dinero instada por la Sra. 

María Trinidad Menéndez Atunez (en adelante, “señora Trinidad o 

apelada–demandante”).

Evaluada la totalidad del expediente, confirmamos la 

Sentencia apelada. Veamos.

-IEl 24 de octubre de 2023, la señora Trinidad instó una 

acción en cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil 

1 Notificada el 26 de marzo de 2024.
KLAN202400413 2

contra la señora Montes.

2 Entre las sumas reclamadas, solicitó 

$4,500.00 en concepto de comisión como corredora de bienes raíces. 

Luego de varios trámites procesales, el 18 de enero de 2024 

la señora Montes sometió una Moción Solicitando Desestimación Por 

Falta de Parte Indispensable.

3 En resumen, alegó que el contrato fue 

firmado por ella, quien estaba casada bajo el régimen de Sociedad 

Legal de Gananciales (SLG), por lo cual se debió incluir a su cónyuge

y a la SLG en el pleito.

El 23 de enero de 2024, la señora Trinidad sometió una 

Oposición A Moción Solicitando Desestimación De Demanda Por Falta 

de Parte Indispensable.

4 En suma, adujo que conforme al estado de

derecho vigente los derechos o intereses de la SLG o el cónyuge no 

se afectarían por la sentencia dictada. 

Atendida la solicitud, el TPI emitió una Resolución el 25 de 

enero de 2024, en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de

desestimación y señaló el juicio para el 7 de febrero de 2024.

5

Celebrado el juicio en su fondo, el 25 de marzo de 2024 el 

TPI dictó una Sentencia,

6 en la que realizó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La Parte Demandante, Sra. María Trinidad Menéndez, es 

corredora de bienes raíces con licencia número C-19788.

2. La Parte Demandada, Sra. Yamille Castro de Montes de 

Oca, es propietaria del Apartamento Número 211, 

localizado en el 3307 de la Avenida Isla Verde,

Condominio Surfside Mansions, Apartamento 211,

Carolina, PR 00979.

3. La Parte Demandada contrató los servicios de corretaje de 

la Parte Demandante para el arrendamiento de su 

propiedad ubicada en el Condominio Surfside Mansions.

4. La Parte Demandante obtuvo el arrendamiento del 

inmueble al Sr. Adrian V. Day.

5. El 28 de junio de 2021, la Demandada firmó un 

“Residential Lease Agreement” (El Contrato de 

Arrendamiento) con el Sr. Adrian V. Day para el 

apartamento 211 del Condominio Surfside Mansions para 

el término de un año.

2 Apéndices III – VII de la Apelación, págs. 16 – 33. 

3 Apéndice XV de la Apelación, págs. 50 – 53. 

4 Apéndice XVIII de la Apelación, págs. 56 – 64. 

5 Apéndice XIX de la Apelación, pág. 65.

6 Apéndice II de la Apelación, págs. 2 – 15. 
KLAN202400413 3

6. Conforme a los términos del Contrato de Arrendamiento, 

suscrito entre la Demandada y el inquilino, el canon de 

renta para el periodo inicial de un (1) año sería a razón de 

$4,500.00 al mes.

7. Tanto el Sr. Day como la Sra. Castro firmaron el 

“Residential Lease Agreement” de forma electrónica, el 28 

de junio de 2021. Ese mismo día, la Parte Demandada 

firmó también de forma electrónica un “Lease Addendum”.

8. Mediante el “Lease Addendum” firmado por la 

Demandada el 28 de junio de 2021, ésta formalizó los

servicios de corretaje contratados con de la Demandante 

para el alquiler del apartamento 211 del Condominio

Surfside Mansions, que es propiedad de la Demandada.

9. Mediante la firma del “Lease Addendum” la Demandada 

se obligó a pagar a la Demandante – por concepto de 

comisión (“Brokerage Commission”) – una suma 

equivalente a un mes de renta por el contrato original de

arrendamiento cuya vigencia era desde el 1ro de julio de 

2021 (7/01/2021) al 30 de junio de 2022 (06/30/2022).

10. Mediante la firma del “Lease Addendum” la Demandada 

se obligó a pagar a la Demandante – por concepto de 

comisión (“Brokerage Commission”) – la mitad de un mes 

de renta por cada renovación anual del Contrato de

Arrendamiento con el inquilino provisto por la 

Demandante.

11. En resumen, conforme al “Lease Addendum” la 

Demandada se obligó a satisfacer a la Parte Demandante 

una comisión equivalente a un mes de renta por el contrato 

inicial de un (1) año y una comisión equivalente a medio 

mes de renta por cada periodo de 12 meses adicional del 

Contrato de Arrendamiento.

12. Al firmar, con su inquilino, el Contrato de Arrendamiento 

por el término original que comenzó el 1ro de julio de 2021 

y concluyó el 30 de junio de 2022, la Demandada pagó a 

la Demandante una comisión ascendente a $4,500.00, ello 

de conformidad a lo acordado en el “Lease Addendum”.

13. El 20 de junio de 2022, la Parte Demandante le escribió a 

la Parte Demandada incluyéndole el acuerdo de 

renovación del Contrato de Arrendamiento para un año 

adicional para su firma. Esto, en virtud de que en la 

cláusula 50 del Contrato de Arrendamiento, indica que la

corredora prepararía el “draft” de la extensión del 

arrendamiento.

14. El 21 de junio de 2022 (06/21/2022), el inquilino, (Sr. 

Day) firmó la extensión del contrato de arrendamiento por 

un término de 12 meses adicionales por la misma renta 

pactada de $4,500.00 mensuales, término que comenzaría 

el 1ro de julio de 2022.

15. El 22 de julio de 2022, la Parte Demandante le envió a la 

Parte Demandada el contrato de renovación por un año 

adicional firmado por el inquilino.

16. El 27 de junio de 2022, la Parte Demandante volvió a 

escribirle a la Parte Demandada indicándole, entre otras 

cosas, que el Sr. Day ya había firmado el acuerdo de 

renovación por un año adicional y que estaba esperando 

de su firma para hacerle llegar copia. A este último correo

electrónico la Parte Demandada le contestó que había 

decidido poner el apartamento de nuevo en el mercado 

para el mes de julio y que estarían atendiendo ofertas con 

relación al mismo, indicando que “Cesar” (su esposo) 

produciría un nuevo contrato revisado por éste para el 

nuevo prospecto inquilino. Indicaron que le habían 
KLAN202400413 4

notificado de ello al Sr. Day, y que por lo tanto de ahí en 

adelante le informaban que el Contrato de Arrendamiento 

del apartamento 211 de Surfside Mansions no sería

renovado.

17. Contrario a lo indicado en el correo electrónico, la Parte 

Demandada mantuvo como inquilino al Sr. Day por un 

término de un año adicional y luego de eso por otro término 

de otro año adicional, que al momento de celebrarse la 

vista del presente caso ya habían transcurrido más de 7

meses del mismo.

19. A pesar de que la Parte Demandada renovó el Contrato 

de Arrendamiento con el Sr. Day, que fue el inquilino 

producido por la Parte Demandante en cumplimiento con 

su Contrato de Corretaje, la Parte Demandada calló el que 

había renovado el referido acuerdo y no le satisfizo la 

comisión acordada a la Parte Demandante.

20. Una vez la Parte Demandante se enteró que la Parte 

Demandada había mantenido al Sr. Day como inquilino en 

el apartamento 211 del Condominio Surfside Mansions por 

un periodo de un año adicional, ésta le reclamó la comisión 

correspondiente al periodo del 1ro de julio de 2021 al 20 

de junio de 2022 por la cantidad de $2,250.00 según

acordado en el “Lease Addendum” mediante carta de 

abogado del 30 de mayo de 2023.

21. La Parte Demandada ha mantenido como inquilino al Sr. 

Day y se encuentra en su segundo término de extensión de 

12 meses, sin haberle pagado la comisión a la cual se 

obligó mediante el “Lease Addendum” a la Parte 

Demandante.

22. La Parte Demandada se negó a satisfacerle a la Parte 

Demandante la cantidad reclamada por concepto de 

comisión por la renovación del Apartamento 211 del 

Condominio Surfside Mansions por el cliente producido por 

ésta para el periodo de 1ro de julio de 2022 a 1ro julio de

2023.

23. La Parte Demandada se benefició por un término adicional 

de un año y al momento de la vista del presente caso iban 

más de 7 meses del segundo término de renovación de un 

año del contrato con el inquilino procurado por la 

corredora, sin haberle pagado a ésta el “brokerage

commission” acordado por la renovación de cada término 

adicional de 12 meses, equivalente a una comisión de 

medio mes por cada periodo de renovación adicional.

24. Luego, de la Parte Demandante verificar que la Parte 

Demandada continuaba por un año adicional con el 

inquilino Sr. Day en el apartamento 211 del Condominio 

Surfside Mansions, ésta mediante carta legal del 21 de 

septiembre de 2023, le reclamó a la Demandada, tanto la 

comisión por la renovación del Contrato de Arrendamiento 

con el Sr. Day correspondiente al periodo del 1ro de julio 

de 2022 al 30 de junio de 2023, como por la 

correspondiente al 1ro de julio de 2023 al 30 de junio de 

2024, para una suma total de $4,500.00.

25. La Parte Demandada se dedica a Property Management. 

Tiene una compañía sobre el manejo de propiedades a 

corto y a largo plazo. Cuenta vasta experiencia en la 

industria hotelera en varios hoteles en Miami, Florida, así 

como en el Condado Plaza en Puerto Rico. La Demandada

posee un bachillerato en administración de empresas en 

Miami, y también realizó cursos post graduados de leyes 

turísticas en la Universidad del Sagrado Corazón.
KLAN202400413 5

26. La Parte Demandada reconoció la importancia de leer los 

contratos antes de suscribirlos, e indicó que ella los lee 

antes de firmarlos. No obstante, indicó que no había leído 

el “Lease Addendum”.

27. La Demandada firmó tanto el Contrato de Arrendamiento 

como el “Lease Addendum” en forma digital.

28. Mediante demanda presentada el 24 de octubre de 2023, 

la Demandante le reclamó a la Demandada el cobro de 

$4,500.00 por concepto de comisión por las renovaciones 

del contrato de arrendamiento de ésta con el Sr. Day 

(“Brokerage Comission:”).7

Ante las determinaciones de hechos antes dicha, el TPI

razonó:

[E]n el presente caso no existe controversia, en que 

el inquilino producido por la Parte Demandante se ha 

mantenido ocupando la propiedad ininterrumpidamente 

desde el 1ro de julio de 2021 hasta el presente y que la 

Demandada ha cobrado todos los cánones de arrendamiento 

correspondientes. 

[...]

La controversia en el presente caso se suscita al 

momento de renovarse el Contrato de Arrendamiento, 

pues la Parte Demandada retuvo el pago acordado para la 

comisión por renovación aduciendo que iba a alquilar el 

apartamento a un tercero, por su cuenta, y que no necesitaba 

más de sus servicios de corretaje, ello como subterfugio para 

no pagarle la comisión pactada por concepto de las 

renovaciones del contrato con el inquilino producido por la 

Parte Demandante.

[...]

De un examen del contrato de corretaje entre la 

Parte Demandante y la Parte Demandada no surge que 

era uno exclusivo, sin término fijo. El acuerdo fue para 

conseguir un inquilino para el apartamento de la Demandada, 

quien resultó ser el Sr. Day y se dispuso la comisión a pagar 

por dicho arrendamiento y sus renovaciones, de esto último 

ser el caso. El acuerdo no le daba derecho a la corredora a 

continuar mercadeando el apartamento a terceras personas 

luego de que culminara el contrato con el Sr. Day.

A pesar de los reclamos por correo electrónico y por 

medio de abogado, la Parte Demandada hizo caso omiso a los 

mismos, negándose a satisfacer la comisión adeudada a 

la Parte Demandante por las dos renovaciones de 12 meses 

adicionales cada una, en torno al contrato de arrendamiento 

con el Sr. Day, el inquilino que produjo la corredora en 

funciones de lo que pactó con la Parte Demandada. 

Cónsono con la prueba presentada y el contrato 

firmado entre las partes, la reclamación por ambas 

renovaciones asciende a la suma de $4,500.00. Esto es, 

la mitad de un mes de renta por cada periodo de 12 

meses de renovación del contrato, o sea, a razón de 

$2,500.00 por renovación.8

Por lo cual, el TPI declaró Ha Lugar la demanda instada y 

resolvió que:

[s]e condena a la Parte Demandada Yamille Castro Martínez 

de Oca a pagar a la Demandante la suma total de $4,500.00 

7 Íd., págs. 4 – 8. 

8 Íd., págs. 12 – 14. Énfasis nuestro.
KLAN202400413 6

por concepto de comisión por dos renovaciones del 

arrendamiento para el apartamento localizado en el 3307 Ave. 

Isla Verde, Condominio Surfside Mansions, Apartamento 211, 

en Carolina, Puerto Rico.

 Se encuentra a la Demandada incursa en Temeridad y se 

le impone la suma de $1,000.00, en concepto de honorarios 

de abogado. Se apercibe que la presente Sentencia acumula 

intereses, a razón del 9.5% anual aplicable determinado por 

la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.9

Inconforme, la Sra. Yamille Castro Montes De Oca presentó el 

25 de abril de 2024 el recurso de apelación epígrafe, y señaló los 

siguientes errores:

PRIMER ERROR – ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR COMO HECHO NUMERO 2: LA 

PARTE DEMANDADA, SRA YAMILLE CASTRO DE MONTES DE 

OCA, ES PROPIETARIA DEL APARTAMENTO 211, 

LOCALIZADO EN EL 3307 DE LA AVENIDA ISLA VERDE, 

CONDOMINIO SURFSIDE MANSIONS, APARTAMENTO 211, 

CAROLINA, PR 00979” CUANDO LA PRUEBA DEMOSTRO 

QUE LA PARTE DEMANDADA ES COPROPIETARIA DE DICHO 

APARTAMENTO JUNTO A SU ESPOSO. [SIC].

SEGUNDO ERROR – ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR COMO HECHO NUMERO QUE 

EL 21 DE JUNIO DE 2022 (6/21/2022), EL INQUILINO, (SR 

DAY) FIRMO LA EXTENSIÓN DEL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO POR UN TERMINO DE 12 MESES 

ADICIONALES POR LA MISMA RENTA PACTADA DE 

$4,500.00 MENSUALES, TERMINO QUE COMENZARÍA EL 

1RO DE JULIO DE 2022, SIN EXPRESAR NI MENCIONAR QUE 

DICHA FIRMA SE REALIZO SIN EL CONOCIMIENTO Y/O 

CONSENTIMIENTO DE LA PARTE AQUÍ APELANTE SEGÚN 

SURGE DE LA PRUEBA. [SIC].

TERCER ERROR – ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR COMO HECHO NUMERO 19 –

“A PESAR DE QUE LA PARTE DEMANDADA RENOVÓ EL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL SR. DAY, QUE FUE 

EL INQUILINO PRODUCIDO POR LA PARTE DEMANDADA 

CALLO EL QUE HABIA RENOVADO EL REFERIDO ACUERDO 

Y NO LE SATISFIZO LA COMISIÓN ACORDADA A LA PARTE 

DEMANDANTE” CUANDO NO EXISTE NI SE PASO EVIDENCIA 

QUE PARA ESTABLECER QUE LA DEMANDADA CALLO EL 

QUE HABIA RENOVADO EL ACUERDO. [SIC].

CUARTO ERROR – ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DETERMINAR COMO HECHO QUE LA 

PARTE DEMANDANTE RECONOCIO QUE EL CONTRATO DE 

CORRETAJE TIENE RENOVACION AUTOMÁTICAS, NO TIENE 

FECHA DE VENCIMIENTO Y NO FUE EXPLICADO A LA PARTE 

DEMANDADA NADA SEGN DISPONE LA LEY 10–1994. [SIC].

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA 

DONDE SE RECLAMAN COMISION DE UN CONTRATO CON 

RENOVACIONES AUTOMÁTICAS – PROSCRITO POR LA LEY 

10–1994. [SIC].

SEXTO ERROR: ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL IMPONER HONORARIOS POR TEMERIDAD A LA PARTE 

DEMANDADA POR LA SUMA DE $1,000.00 CUANDO LA 

9 Íd., pág. 15.
KLAN202400413 7

PARTE APELANTE SE DEFENDIO DE UNA CAUSA DE ACCION 

AMPARADA EN LA LEY 10–1994. [SIC].

SEPTIMO ERROR: ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA SENTENCIA ACUMULA 

INTERESES A RAZÓN DE 9.5% ANUAL CUANDO DEBE SER 

EL INTERES LEGAL ESTABLECIDO POR LA OFICINA DEL 

COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. [SIC].

Por su parte, el 30 de mayo de 2024 compareció la parte 

apelada mediante el escrito intitulado “Alegato de la Parte Apelada”. 

Con la comparecencia de ambas partes, el recurso quedó 

perfeccionado y procedemos a resolver el asunto.

-II-

-AEl Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.10 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente:

[N]o hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.11

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.12 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente nuestro Tribunal Supremo indica expresamente 

que el adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.13

10 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).

11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

12 Íd.

13 Íd.
KLAN202400413 8

-BSegún la normativa antes expuesta, los tribunales apelativos, 

de ordinario, aceptan “como correctas las determinaciones de hechos 

de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación sobre la 

credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala”.

14 A pesar de ello, en ocasiones, la deferencia 

al arbitrio del juzgador de los hechos no es absoluta.15 De manera, 

que:

[a]unque alguna prueba sostenga las determinaciones de 

hechos del tribunal, si de un análisis de la totalidad de la 

evidencia este Tribunal queda convencido de que se cometió 

un error, como cuando las conclusiones están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la evidencia recibida, las consideraremos claramente 

erróneas.16

En cuanto a las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil apunta que:

[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, 

y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de las 

personas testigos.17

Dicho de otro modo, las determinaciones de hechos basadas 

en la credibilidad conferida por el juzgador a los testigos que 

declaren ante sí merecen gran deferencia.18 Por tanto, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procede 

únicamente cuando un análisis integral de la misma “nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”.

19 De ahí, que nuestro reglamento 

establece que cuando una parte señale algún error relacionado con 

la suficiencia de la prueba testifical o la apreciación errónea de la 

misma, deberá someter una transcripción, exposición estipulada o 

14 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).

15 Íd.

16 Íd., a la pág. 772.

17 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

18 SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 356 (2009).

19 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012).
KLAN202400413 9

narrativa de la prueba.20

-CEn nuestra jurisdicción se reconoce el principio de la 

autonomía contractual entre las partes contratantes. Al amparo de 

la misma, las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral y el orden público.21

Referente los contratos de corretaje, el Código Civil de Puerto 

Rico 2020 contiene varias disposiciones que se aplican a estos 

contratos.22 Sin embargo, el Artículo 1418 del Código Civil 2020 

excluye la aplicabilidad de dichas disposiciones en aquellos casos 

de agentes cuya actividad está regulada por una ley especial.23

Es por ello que, debemos examinar la Ley Núm. 10 del 26 de 

abril de 1994 conocida como Ley para Reglamentar el Negocio de 

Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de 

Bienes Raíces en Puerto Rico.

24 Dicha ley especial regula el negocio 

de bienes raíces y la profesión del corredor. Especifica que la función 

de un corredor de bienes raíces consiste en ser un intermediario en 

transacciones de compraventa, promesa de venta, opción de compra 

o venta, permuta, arrendamiento, subasta, administración de 

propiedades, o en el ofrecimiento, promoción o negociación de los 

términos de alguna de dichas transacciones.25

El artículo 2 inciso (e) de la Ley Núm. 10-1994 define el 

contrato de corretaje como; “[a]quél mediante el cual una persona, a 

cambio de una retribución, se obliga a prestarle servicios a otra como 

intermediario con un tercero para llevar a cabo una transacción de 

20 Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19 (A). Véase; además, Reglas 19 (B), 20, 76 (A) y (E).

21 Artículo 54 del Código Civil de Puerto Rico 2020, 31 LPRA sec. 5421.; 

SLG Irizarry v. SLG García, 155 DPR 713 (2001). 

22 31 LPRA sec. 10411 – 31 LPRA sec. 10415.

23 Artículo 1418 del Código Civil de Puerto Rico 2020, 31 LPRA sec. 10413.

24 Ley Núm. 10 del 26 de abril de 1994 conocida como Ley para Reglamentar el 

Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes 

Raíces en Puerto Rico, 20 LPRA sec. 3025 et seq.

25 Artículo 2 (g) de la Ley Núm. 10-1994, 32 LPRA sec. 3025.
KLAN202400413 10

bienes raíces, según definida en esta Ley”.

26 Por su parte, el inciso 

(t) dispone que una transacción de bienes raíces es “[c]ualquier 

contrato, de compraventa, promesa de venta, opción de compra o 

venta, permuta, arrendamiento, subasta, administración de 

propiedades, o el ofrecimiento, promoción o negociación de los 

términos de una venta, opción de compraventa, promesa de 

compraventa, alquiler, subasta, administración, permuta de bienes 

inmuebles localizados en o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, donde sirva de intermediario un Corredor, Vendedor o Empresa 

de Bienes Raíces”.

27

Los tres (3) tipos de contratos de corretaje principales 

reconocidos son: los exclusivos, los semiexclusivos y los abiertos.28

Por otro lado, el Artículo 31 el inciso (9) de la Ley Núm. 10-1994

prohíbe “[r]ealizar con cualquier parte un contrato de corretaje 

exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los términos y condiciones 

del mismo, y su fecha de vencimiento; disponiéndose que no serán 

permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los contratos 

de corretaje”.

29 Nuestro Alto Foro Judicial resolvió que la intención 

legislativa de la Ley 10-1994 era que el requisito de explicar e incluir 

la fecha de vencimiento aplicara a todos los contratos de corretaje, 

entiéndase a los exclusivos, semi exclusivos y abiertos.30 Además, la 

Ley 10-1994 prohíbe incluir cláusulas de renovación automáticas 

en los contratos de corretaje.31

-EEl inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, provee 

para la concesión de honorarios de abogado.32 En lo pertinente, 

dicha disposición estatuye que:

26 20 LPRA sec. 3025 (e).

27 20 LPRA sec. 3025.

28 SLG Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 356-357 (2010).

29 20 LPRA sec. 3054.

30 SLG Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, supra, a las págs. 357 – 358.

31 Íd., a la pág. 358.

32 Regla 44.1 de Procedimiento Civil 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
KLAN202400413 11

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 

de una suma por concepto de honorarios de abogado que 

el tribunal entienda correspondan a tal conducta. [...].33

Los honorarios por temeridad se imponen como “[p]enalidad 

a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, 

gastos, trabajos e inconveniencias de un pleito”.

34 Por ello, los 

honorarios por temeridad buscan “[d]isuadir la litigación innecesaria 

y alentar las transacciones, mediante la imposición de sanciones a la 

parte temeraria, que compensen los perjuicios económicos y las 

molestias sufridas por la otra parte”.35

El Tribunal Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una 

actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia”.

36 Al determinar si 

se ha obrado o no temerariamente, se considera “la claridad del 

derecho aplicable y de los hechos demostrablemente ciertos”.37

Adviértase que la imposición de honorarios por temeridad descansa 

en la sana discreción de los tribunales.38 Por tanto, una vez un 

tribunal de primera instancia determina que hubo temeridad, la 

imposición de honorarios es mandatoria.39

Así pues, el Máximo Foro Judicial ha resuelto que la 

imposición de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son 

asuntos discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, que 

deberá guiarse por los siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; 

(2) el trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la 

33 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d). 

34 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).

35 Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556, 565 (1994).

36 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

37 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico – Derecho Procesal Civil, 5a 

ed., LexisNexis, 2010, pág. 391.

38 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 – 212 (2013); Torres 

Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 778 – 779 (2016).

39 Íd.
KLAN202400413 12

cuantía involucrada; (5) y el nivel profesional de los abogados”.40 Al 

hacer tal determinación, el foro sentenciador puede declarar 

expresamente que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la 

cuantía de honorarios de abogado que entienda procedente o 

simplemente puede imponérselos en la parte dispositiva del 

dictamen, lo que implica que entendió que fue temeraria en la 

litigación.41

En fin, la imposición de honorarios de abogado por temeridad 

es una facultad discrecional del tribunal que no será variada a 

menos que la misma constituya un abuso de discreción, o cuando 

la cuantía sea excesiva o exigua.42

-IIIEn síntesis, la parte apelante nos señala la comisión de siete 

(7) errores por parte del foro apelado, sin embargo, estos se pueden 

dividir en dos (2) asuntos principales: (1) las determinaciones de 

hechos y (2) la decisión emitida por el TPI. 

Pese a que la señora Montes señala que las determinaciones 

de hechos no fueron conforme a la prueba desfilada, ésta no sometió 

la transcripción de la prueba oral ni presentó prueba tendente a 

demostrar que el juez erró al emitir dichas determinaciones. Al no 

contar con ello, estamos impedidos de pasar juicio sobre ese 

particular. Ante tal hecho, debemos brindarles deferencia a las 

determinaciones de hechos emitidas por el juzgador, ya que fue él 

quien tuvo ante sí la prueba y estimó el valor probatorio de la misma.

De igual forma, el TPI no incidió al declarar Con Lugar la 

acción e imponer el pago correspondiente. Como bien expresó el 

juzgador, la parte apelante utilizó como subterfugio la renta del 

40 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342-343 (2011), citando a Hernández Colón, op. 

cit., pág. 391.

41 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999), citando a Montañez 

Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962).

42 Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31 (2007).
KLAN202400413 13

apartamento a un tercero por su cuenta, para no pagarle a la parte 

apelada la comisión pactada. 

Añadimos, que los honorarios y el interés legal establecido por 

el TPI son conforme a derecho. 

En virtud de lo antes expuesto y cónsono con los principios 

de derecho antes esbozados, resolvemos que el TPI no cometió los 

errores señalados por la parte apelante, ni incidió al dictar sentencia 

a favor de la parte apelada. Por ende, resolvemos confirmar la

Sentencia apelada.

-IVPor los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones