Número Identificador: 

SEN2023___________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL IV

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ Y OTROS

DEMANDANTE(S)-RECURRIDA(S)

V.

JUAN ARCE COLLAZO Y

OTROS

DEMANDADA(S)-PETICIONARIA(S)

KLCE202300381

CERTIORARI

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

ARECIBO

Caso Núm.

AR2019CV01693

(401)

Sobre:

Cobro de Dinero

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Barresi Ramos y la Jueza Rivera Pérez.

Barresi Ramos, juez ponente. 

S E N T E N C I A

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de mayo de 2023.

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, los señores 

Juan Arce Collazo y Giovanni Ramos Betancourt (señores Arce 

Collazo y Ramos Betancourt) mediante Certiorari y Auxilio de 

Jurisdicción incoado el 10 de abril de 2023. En su escrito, nos 

solicitan que revisemos la Orden dictaminada el pasado 9 de marzo

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Arecibo.

1

Mediante dicha determinación judicial, el foro primario dispuso: 

“Nada que disponer. Véase Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil. 

Se extiende hasta el 7 de abril de 2023 el término para presentar o 

enmendar mociones dispositivas. Se da por concluido el 

descubrimie[n]to de prueba”.

1 Este dictamen fue notificado y archivado en autos el 9 de marzo de 2023. Véase 

Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, pág. 94.
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Exponemos el trasfondo fáctico y procesal que acompaña a la 

presente controversia.

I.

El 10 de mayo de 2016, los señores José Luis Rodríguez 

González (señor Rodríguez González), Arce Collazo y Ramos 

Betancourt otorgaron un contrato de arrendamiento sobre una 

propiedad sita en el Municipio de Arecibo.

2 Ante el alegado

incumplimiento de ese contrato, el 6 de septiembre de 2019, tuvo su 

génesis el caso de epígrafe. 

Así pues, el señor Rodríguez González, por sí y haciendo 

negocios como Truck Stop Bar & Grill Corp. (Truck Stop Bar) instó 

Demanda sobre incumplimiento de contrato; cobro de dinero; 

enriquecimiento injusto; y daños y perjuicios.

3 En su causa de 

acción, alegaron, entre otras cosas, que: es dueño en pleno dominio 

de una propiedad localizada en el Barrio Sabana Hoyos en Arecibo, 

Puerto Rico; y los señores Arce Collazo y Ramos Betancourt han 

incumplido con las cláusulas y condiciones del mencionado 

contrato.

El 27 de enero de 2020, los señores Arce Collazo y Ramos 

Betancourt presentaron su Contestación a Demanda y 

Reconvención conteniendo sus defensas afirmativas.

4 En síntesis, 

señalaron que: (1) el señor Rodríguez González interpretó las 

cláusulas del contrato incorrectamente con ánimo de defraudar a 

los señores Arce Collazo y Ramos Betancourt y exigirles el cobro 

reclamado en la demanda; (2) las alegaciones son fraudulentas; y (3) 

las pérdidas económicas reclamadas son exageradas y sin 

fundamento en los hechos ni con base legal.5

Posteriormente, el 14 de febrero de 2020, los señores Arce 

Collazo y Ramos Betancourt cursaron un Primer Pliego de 

2 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, págs. 42-45. 

3 Íd., págs. 1- 11.

4 Íd., págs. 12- 18.

5 Íd., pág. 13.
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Interrogatorio y Producción de Documentos como parte de su 

descubrimiento de prueba.6

El 10 de marzo de 2022, el señor Rodríguez González

juramentó su contestación al interrogatorio.7 En dicha 

contestación, el señor Rodríguez González expuso que el señor 

Ednardo Flores Torres es el presidente, tesorero y socio 

administrador del negocio. Además, se rehusó a responder ciertas 

preguntas por entender que constituía información privada de la 

operación del restaurante, por lo que, debía ser contestada por el

presidente.

Ante esta información, el 24 de agosto de 2022, los señores 

Arce Collazo y Ramos Betancourt le cursaron un Primer Pliego de 

Interrogatorio y Producción de Documentos al señor Ednardo Flores 

Torres por conducto de las licenciadas Rosario González y Paredes 

Albarrán.8

Ante ello, en audiencia celebrada el 28 de noviembre de 2022, 

entre otras cosas, el tribunal primario concedió un plazo de treinta 

(30) días para presentar la contestación al descubrimiento de 

prueba del señor Flores Torres.9

Ante el incumplimiento del señor Flores Torres, los señores 

Arce Collazo y Ramos Betancourt presentaron varios escritos. El 

12 de enero de 2023, presentaron Moción para que Ordene Entregar 

la Contestación a Interrogatorio de Ednardo Flores So Pena de 

Sanciones.

10 Más tarde, el 6 de febrero de 2023, presentaron Moción 

para Eliminar Alegaciones por Incumplimiento con Orden del Tribunal, 

argumentando que: “[l]a inacción del demandante perjudica a la 

parte demandada y retrasa aún más el estado procesal del caso”.

11

6 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, págs. 19- 26. 

7 Íd., págs. 27- 35.

8 Íd., págs. 36- 41.

9 Íd., págs. 46- 47.

10 Íd., págs. 48 – 49.

11 Íd., pág. 51. 
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En consecuencia, el 9 de febrero de 2023, el señor Rodríguez 

González presentó una Moción Informativa al Expediente del 

Tribunal en Oposición a Moción Radicada por la Parte Demandada 

Titulada Moción para Eliminar Alegaciones por Incumplimiento con 

Orden del Tribunal.

12 En resumen, manifestó que el señor Flores 

Torres no es parte del pleito incoado; no ha sido llamado como 

testigo; no ha sido parte de ninguna manera de la controversia; y no 

lo conoce personalmente, por lo que, debe ser citado conforme a las 

Reglas de Procedimiento Civil. Por su parte, ese mismo día, los 

señores Arce Collazo y Ramos Betancourt replicaron mediante 

Moción Informativa al Expediente del Tribunal en Oposición a Moción 

Radicada por la Parte Demandada Titulada Moción para Eliminar 

Alegaciones por Incumplimiento con Orden del Tribunal la Oposición

en la cual aducen que siendo la corporación parte en el pleito resulta 

inverosímil que el señor Rodríguez González asevere que el 

presidente del negocio no pueda ser objeto de un interrogatorio y 

producción de documentos. Añadió que, la representación del señor 

Rodríguez González no objetó – inicialmente- el interrogatorio.13

En virtud de ello, el 10 de febrero de 2023, el foro a quo

pronunció la siguiente Orden: 

“Surge clara y expresamente de la minuta de la vista del 

28 de noviembre de 2022 que se concedía 30 días a la 

demandante para contestar el interrogatorio dirigido al 

Sr. Flores, aparentemente nombrado por error en la 

minuta como “Arna[ldo] e identificado como presidente, 

tesorero y miembro administrador de la demandante.

Tenga la demandante 5 días perentorios para 

contestar el interrogatorio bajo apercibimiento que, 

habiendo sido sancionadas las abogadas del 

demandante previamente, la demandante se expone 

a una desestimación de la demanda presentada.14 Se 

hace constar igualmente que las sanciones impuestas 

no han sido satisfechas. Cumplan con las mismas en 

10 días”.15

12 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, págs. 52 – 55. 

13 Íd., pág. 57.

14 Véase, Entrada núm. 33 del expediente electrónico del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC) (énfasis nuestro). 

15 Íd., pág. 59.
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Luego de varios incidentes procesales, el 23 de febrero de 

2023, el señor Flores Torres juramentó su contestación al 

interrogatorio.16 Al día siguiente, el señor Rodríguez González 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden.17

El 26 de febrero de 2023, los señores Arce Collazo y Ramos 

Betancourt presentaron una Oposición a la Moción en Cumplimiento 

de Orden Informando la Entrega de la Contestación a Interrogatorio 

de Flores Torres.

18 En pocas palabras, indicaron qué de treinta y 

una (31) preguntas contenidas en el interrogatorio, el señor Flores 

Torres contestó en veintiuna (21) ocasiones que desconoce la 

información que le ha sido solicitada. Además, aseveró que nunca 

ha ocupado el puesto de presidente de Truck Stop Bar, por lo que, 

a los señores Arce Collazo y Ramos Betancourt aseveraron que las 

contestaciones eran contradictorias y solicitaron la desestimación 

del pleito.19

Así las cosas, el 9 de marzo de 2023, el foro primario intimó 

la Orden recurrida. Unos días después, el 15 de marzo de 2023, los 

señores Arce Collazo y Ramos Betancourt presentaron su 

Reconsideración a la Orden del 9 de marzo de 2023.

20 El pasado 3 

de abril, se decretó Orden expresando:

“Se mantiene la determinación del 9 de marzo de 2023. 

El descubrimiento de prueba culminó. Tengan hasta el 

7 de abril de 2023, para someter cualquier solicitud de 

sentencia sumaria. Transcurrido el término quedarán 

sometidas para la adjudicación”.

Insatisfechos, el 10 de abril de 2023, los señores Arce Collazo 

y Ramos Betancourt instaron ante este Tribunal de Apelaciones un 

Certiorari y Auxilio de Jurisdicción. En su escrito, señalan el(los) 

siguiente(s) error(es): 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

porque, luego de concluido el descubrimiento de 

16 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, págs. 64- 73.

17 Entrada núm. 132 del expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo 

y Administración de Casos (SUMAC).

18 Íd., págs. 74- 93

19 Íd., pág. 92. 

20 Íd., págs. 95- 97.
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prueba, permitió al demandante entregar la 

contestación a interrogatorio del testigo Flores Torres y, 

cuando el demandado objetó las contestaciones, el TPI 

no resolvió las objeciones a la contestación a 

interrogatorio, no permitió descubrimiento de prueba 

adicional y estableció una fecha límite para mociones 

dispositivas.

El 11 de abril de 2023, decretamos Resolución en la cual, entre 

otras cosas, concedimos un plazo perentorio de diez (10) días al 

señor Rodríguez González para mostrar causa por la cual no 

debemos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. El 18 de abril de 2023, el señor Rodríguez González

presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. En 

sinopsis, argumenta que los señores Arce Collazo y Ramos 

Betancourt no realizaron esfuerzos razonables, con prontitud y de 

buena fe, para tratar de llegar a un acuerdo con su representación 

legal y optó por remitirle un interrogatorio a una persona que no es 

parte de la controversia.

Evaluado concienzudamente el expediente del caso y 

contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, nos 

encontramos en posición de adjudicar. A continuación, exponemos 

las normas de derecho pertinentes a la(s) controversia(s) 

planteada(s) a los fines de adjudicar. 

II.

-AEl recurso de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia 

judicial.21 Por ello, la determinación de expedir o denegar este tipo 

de recursos se encuentra enmarcada dentro de la discreción 

judicial.22

21 Torres González v. Zaragoza Meléndez, 2023 TSPR 46; 211 DPR ___ (2023); 

McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391, 403 (2021). 

22 Íd. 
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De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”.23 Sin embargo, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una 

u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho”.

24

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto 

de certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones 

contenidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009.

25

La mencionada Regla prescribe que solo se expedirá un recurso de 

certiorari cuando “se recurra de una resolución u orden bajo 

remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.

26

En ese sentido, y a manera de excepción, se podrá expedir este 

auto discrecional cuando:

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, 

 

(3) en casos de anotaciones de rebeldía, 

 

(4) en casos de relaciones de familia, 

(5) en casos revestidos de interés público o 

 

(6) en cualquier situación en la que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.27

Lo anterior constituye tan solo la primera parte de nuestro 

análisis sobre la procedencia de un recurso de certiorari para revisar 

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. De modo que, aun 

cuando un asunto esté comprendido entre las materias que las

Reglas de Procedimiento Civil de 2009 nos autorizan a revisar, el 

ejercicio prudente de esta facultad nos requiere tomar en 

23 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 

24 Íd. 

25 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; McNeil 

Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra.

26 800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020). 

27 4 LPRA Ap. XXII – B; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 – 340 (2012). 
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consideración, además, los criterios dispuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.28 

-BEl examen de los [recursos] discrecionales no se da en el vacío 

o en ausencia de otros parámetros.29 Para ello, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento establece los indicadores a considerar al 

evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari. A saber:

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho;

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema; 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; 

 

(D) Si el asunto planteado exige una consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados; 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración; 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio;

y

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.30

Por lo tanto, la norma previamente transcrita pauta el 

ejercicio sabio y prudente de la facultad discrecional judicial.31 La 

delimitación que imponen estas disposiciones reglamentarias tiene 

“como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial 

de controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación”.

32

28 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).

29 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras I, supra, pág. 404; 800 Ponce de León v. 

AIG, supra.

30 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra; Rivera

Figueroa v. Joe ́s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

31 Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).

32 Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486 – 487 (2019); Mun. de Caguas 

v. JRO Construction, supra. 
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-CNuestro máximo foro reiteradamente ha expresado que el 

propósito del descubrimiento de prueba es: (1) delimitar las 

controversias; (2) facilitar la consecución de evidencia; (3) evitar las 

sorpresas en el juicio; (4) facilitar la búsqueda de la verdad; y (5) 

perpetuar la prueba.33 Así pues, el alcance del descubrimiento de 

prueba es amplio y liberal.34 Ese alcance amplio y liberal claramente 

propende a que, mediante el buen uso del descubrimiento de 

prueba, se aceleren “los procedimientos, se propicien las 

transacciones y se eviten las sorpresas indeseables durante el 

juicio.

35

Ahora bien, eso de ninguna manera significa o se traduce en 

que el descubrimiento de prueba sea una carta en blanco para 

utilizarse indiscriminadamente para hostigar y perturbar a una 

parte.36 Es ahí cuando el tribunal de instancia, en el ejercicio de su 

sana discreción, puede limitar el alcance y los mecanismos a 

utilizarse, ya que su obligación es garantizar una solución justa, 

rápida y económica del caso, sin que ello constituya alguna ventaja 

para cualquiera de las partes en el pleito.37

Asimismo, el Tribunal Supremo también ha manifestado que 

los foros apelativos “[n]o [ha] de interferir con los tribunales de 

instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 

en aquellas situaciones en que se demuestre que este último: (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso 

de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo”.38

33 Rivera Gómez v. Arcos Dorados, 2023 TSPR 65, 211 DPR ___ (2023); Torres 

González v. Zaragoza Meléndez, supra, 14 – 15. Véase Rafael Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, Sec. 2802, págs. 333-334; 

34 Rivera Gómez v. Arcos Dorados, supra.

35 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, 206 DPR 659, 672 (2021).

36 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, en la pág. 15; Cruz Flores et al., 

v. Hops. Ryder et al., 2022 TSPR 112; 210 DPR ___ (2022). 

37 Íd.

38 McNeil Healthcare v. Mun. Las Piedras II, supra, pág. 672. (Énfasis nuestro).
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De igual manera, dicho criterio de revisión aplica a la 

intervención de los tribunales apelativos en cuanto a las 

determinaciones interlocutorias de los foros de instancia.

39 Es por 

ello, que al momento de ejercer su discreción de extender o 

acortar el término para efectuar el descubrimiento de prueba, el 

tribunal deberá hacer un balance entre dos (2) intereses 

importantes para el adecuado desenvolvimiento de la labor de 

impartir justicia a través del sistema judicial.

40 Así, por una 

parte, el foro de instancia deberá garantizar la pronta solución de 

las controversias, y por otra, deberá velar que las partes tengan la 

oportunidad de realizar un amplio descubrimiento para que en la 

vista en su fondo no surjan sorpresas.41

Cual discutido, entre los mecanismos para descubrir prueba 

se encuentra el interrogatorio. La Regla 30.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009 dispone, en lo pertinente, que: [c]ada 

interrogatorio será contestado por escrito, en forma separada y 

completa, y bajo juramento, a menos que sea objetado. Si una parte 

objetara el interrogatorio deberá exponer mediante moción las 

razones para ello en sustitución de la contestación. Adicionalmente, 

deberá acompañar copia del interrogatorio objetado. Ahora bien, si 

sólo se objetare parte del interrogatorio, la parte que lo objeta deberá 

incluir literalmente las preguntas, así como los fundamentos en que 

se basa la objeción.42

Nuestro Máximo Foro ha expresado que los interrogatorios 

son la espina dorsal del descubrimiento de prueba, pues son el 

medio de descubrimiento de prueba más sencillo y económico que 

proveen las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.

43 Así pues, las 

39 Torres González v. Zaragoza Meléndez, supra, pág. 16; Meléndez v. Caribbean 

Int ́l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

40 González v. Zaragoza Meléndez, supra., en la pág. 16; Machado Maldonado v. 

Barranco Colón, 119 DPR 563, 565 – 566 (1987). (Énfasis nuestro).

41 Íd.

42 32 LPRA Ap. V, R. 30.1. 

43 Aponte v. Sears Roebuck de PR, Inc., 129 DPR 1042, 1050 (1992). 
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contestaciones a los interrogatorios deben ser claras y específicas.

Por lo tanto, cuando la parte contraria provea contestaciones 

evasivas o incompletas, la parte que propone el interrogatorio 

puede acudir ante el tribunal para que le ordene a la parte que 

ha incumplido contestar específicamente.44

De igual forma, la parte que recibe un interrogatorio tiene un 

término de treinta (30) días para contestar las preguntas bajo 

juramento.45 Por su parte, el tribunal posee la facultad para 

extender o reducir el término, por motivos justificados. Empero, 

antes de acudir en auxilio al tribunal, la parte debe realizar 

esfuerzos razonables, con prontitud y de buena fe con la parte que 

se niega a contestar debidamente el interrogatorio para llegar a 

acuerdos sobre las contestaciones.46 En caso de que las gestiones 

resulten infructuosas, la parte promovente del interrogatorio deberá 

presentar una moción al tribunal en la cual certifique cada trámite 

realizado para tratar de resolver la controversia extrajudicialmente.

De ser necesario, el tribunal puede imponer sanciones económicas 

por verse precisado a dictar una orden.47

-EPor otro lado, la Regla 34 de las de Procedimiento Civil de 

2009, activa el poder coactivo del tribunal, mediante la presentación 

de una moción que cumpla con sus exigencias y al amparo de la 

Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, para ordenar a 

quien se niega al descubrimiento de prueba cumplir con lo dispuesto 

en las reglas.48 A tenor con ello, los tribunales están facultados con 

el poder de sancionar a las partes mediante distintos mecanismos, 

44 Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta Ed., San Juan, Lexisnexis 

de Puerto Rico, 2017, secs. 3001 – 3004., págs. 362 – 364. (énfasis nuestro). 

45 32 LPRA Ap. V, R. 30.1. 

46 Íd. 

47 Véase Rafael Hernández Colon, supra, pág. 364. 

48 Rafael Hernández Colon, supra, pág. 373. 
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cuando permanecen en la negativa de obedecer sus órdenes 

atentando así contra la sana administración de la justicia.49

Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico se favorece la 

política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos.50 Tal 

principio ha de ir en armonía con el propósito de que los pleitos se 

tramiten de forma justa, rápida y económica.51 Es decir, que, 

aunque se favorece la ventilación de los casos en sus méritos, ello 

“no significa que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga 

vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un 

estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia 

e interés en la tramitación del mismo que una escueta referencia a 

circunstancias especiales”.52

En consonancia, los mecanismos reconocidos en la Regla 34.3 

de las de Procedimiento Civil de 2009 disponen lo pertinente a 

incumplimientos con el descubrimiento de prueba. En estas 

instancias, el tribunal podrá: (1) imponer desacato; (2) ordenar que 

se tengan por ciertas y probadas para efectos del pleito ciertas 

materias comprendidas en sus órdenes; (3) prohibir la presentación 

de cierta evidencia; (4) eliminar alegaciones; (5) suspender 

procedimientos ulteriores; (6) desestimar el pleito; (7) dictar 

sentencia en rebeldía; (8) imponer sanciones económicas a cualquier 

parte, incluyendo a testigos y/o abogados; y (9) condenar al pago de 

los gastos incurridos, incluyendo honorarios de abogado.53 Además, 

no será excusable la falta de cumplimiento a que se refiere esta 

regla, por el fundamento de que lo solicitado es objetable.54 

Por otro lado, la Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil

de 2009, prescribe como sigue: 55 

49 32 LPRA Ap. V, R.34.3.

50 Mercado Figueroa v. Mun. San Juan, 192 DPR 279, 288 (2017). 

51 Íd.

52 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001).

53 32 LPRA Ap. V, R.34.3.

54 Íd. 

55 32 LPRA Ap. V. R. 39.2. 
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(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 

iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada 

podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier 

reclamación contra esta o la eliminación de las 

alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un 

primer incumplimiento, la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, 

en primer término, haya apercibido al abogado o 

abogada de la parte de la situación y se le haya 

concedido la oportunidad para responder. Si el abogado 

o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, 

el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o 

abogada de la parte y se notificará directamente a la 

parte sobre la situación. Luego de que la parte haya 

sido debidamente informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que pueda tener el que 

la misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 

desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. El tribunal concederá a la parte un 

término de tiempo razonable para corregir la situación 

que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a 

menos que las circunstancias del caso justifiquen que 

se reduzca el término.56

En consecuencia, al interpretar conjuntamente las Reglas

34.3 y 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009 resulta 

inaceptable que nuestros tribunales de justicia desestimen casos 

por situaciones fuera del control de las partes, sin que se les permita 

actuar sobre las violaciones que se le han señalado.57 De hecho, en 

ocasiones, se ha impuesto tan severa sanción porque el abogado de 

una parte no ha cumplido con alguna disposición legal o con alguna 

orden del tribunal. En tales casos, no debe proceder la 

desestimación, pues constituye una sanción demasiado severa 

contra la parte, considerando que la falta la cometió su abogado y 

no la parte y/o la causa de la desestimación no está bajo el control 

de la parte ni del propio abogado.58 La desestimación de un caso 

como sanción, debe prevalecer únicamente en situaciones extremas 

en las cuales haya quedado demostrado de manera clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de la parte con interés 

y después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el 

56 32 LPRA Ap. V. R.39.2. Véase también Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra.

57 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012). 

58 HRS Erase Inc., v. Centro Médico del Turabo Inc., 205 DPR 689, 701 (2020). 
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orden de administrar justicia y, en todo caso, no debería procederse 

a ella sin un previo apercibimiento.59

Esencialmente, el requisito de realizar un previo 

apercibimiento a la parte antes de proceder con la desestimación es 

parte del debido proceso que la ley ha reconocido para estas 

circunstancias. Según las expresiones de nuestro más alto foro: 

La experiencia señala que en la gran mayoría de los 

casos [...] las partes no están [al tanto] de la actuación 

negligente de sus abogados y, al advenir en 

conocimiento de ello, la situación es corregida de 

inmediato. Una parte que haya sido informada y 

apercibida de esta clase de situación y no tome acción 

correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, 

de que se le despojó injustificadamente de su causa de 

acción y/o defensas.60 

Así pues, en ausencia de contumacia o dejadez extrema, la 

negativa de un tribunal a emplear sanciones menos drásticas que la 

desestimación, constituye privación al derecho constitucional de ser 

escuchado que es corolario del debido proceso de ley.61 Por 

consiguiente, antes de desestimar una demanda la citada regla 

requiere: (1) la imposición de sanciones a la representación legal de 

la parte por el incumplimiento; (2) notificar directamente a la parte 

sobre la situación; (3) informar a la parte sobre las consecuencias 

de no corregir la situación; y (4) conceder oportunidad a la parte 

para corregir la situación en un término razonable no menor de 

treinta (30) días.62

III.

En el caso de marras, los señores Arce Collazo y Ramos 

Betancourt señalan que erró el foro de instancia al permitir que el 

señor Rodríguez González notificará tardíamente la contestación al

interrogatorio que fuese cursado al señor Flores Torres (presidente 

59 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra.

60 Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra, pág. 498. 

61 Véase Javier Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2012, pág. 

252. 

62 32 LPRA Ap. V. R. 39.2(a). Véase, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho 

procesal civil, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, págs. 

1118-1119; Véase, además Rivera Gómez v. Arcos Dorados Puerto Rico, Inc., supra. 
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de Truck Stop Bar, parte co-demandante). Además, expresaron que 

el tribunal primario dejó sin resolver sus objeciones; y dispuso 

nueva fecha para presentar mociones dispositivas. Arguyeron que, 

ante su derecho a un adecuado descubrimiento de prueba y la 

notificación tardía de la contestación del interrogatorio, el tribunal 

primario debió resolver sus objeciones; extender el plazo del 

descubrimiento de prueba; y aplazar el término para presentar 

mociones dispositivas.

Por otro lado, el señor Rodríguez González planteó que 

cuando surgen controversias en torno al descubrimiento de prueba, 

se debe presentar oportunamente una moción certificándole al 

tribunal que la parte realizó esfuerzos razonables, con prontitud y 

buena fe. Ello, para tratar de llegar a un acuerdo razonable cuyo 

objetivo sea resolver las controversias. También, expuso que el 

requerirle información a una persona que no es parte del pleito, 

obstruye el proceso de la parte contraria colocándolo en una 

posición inadecuada al requerirle información que se encuentra 

fuera del ámbito del descubrimiento.63

En nuestro caso, surge del expediente, que, en marzo de 2022, 

el señor Rodríguez González contestó un pliego de interrogatorio 

en el cual expuso que el señor Ednardo Flores Torres es el presidente 

de Truck Stop Bar.

64 Ante ello, el 24 de agosto de 2022, los señores 

Arce Collazo y Ramos Betancourt procedieron a dirigir y notificar 

un pliego de interrogatorio al señor Flores Torres. El señor 

Rodríguez González no levantó objeción o planteamiento alguno 

con relación a dicho descubrimiento de prueba, hasta que presentó 

de forma tardía su contestación al Primer Pliego de Interrogatorio y 

Producción de Documentos. 

63 Véase Alegato en Oposición a Certiorari, págs. 1 – 16. 

64 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, pág. 28. 
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Luego de varios trámites procesales, el 28 de noviembre de 

2022, el foro de instancia celebró una audiencia en la cual se 

dispuso el 31 de enero de 2023, como la fecha límite para culminar 

el descubrimiento de prueba.65 Al vencerse el término para la 

contestación al pliego de interrogatorio, los señores Arce Collazo y 

Ramos Betancourt solicitaron una orden de cumplimiento con el 

descubrimiento de prueba al foro primario. Después de un tiempo, 

ante el reiterado incumplimiento del Flores Torres, los señores Arce 

Collazo y Ramos Betancourt solicitaron la desestimación del pleito.

Posteriormente, el señor Rodríguez González planteó que el 

señor Flores Torres no es parte del pleito y tampoco lo han llamado 

como testigo ni lo conocen.66 En consecuencia, el 13 de febrero de 

2023, habiendo culminado el descubrimiento de prueba, el tribunal 

de instancia le concedió cinco (5) días perentorios al señor Rodríguez 

González para notificar su contestación al pliego de interrogatorio. 

Así las cosas, no fue hasta el 24 de febrero de 2023, es decir, 

once (11) días después de vencido el plazo, que el señor Rodríguez 

González remitió por correo electrónico la contestación del pliego de 

interrogatorio del señor Flores Torres. Los señores Arce Collazo y 

Ramos Betancourt objetaron veintiuna (21) de las contestaciones. 

El foro primario mantuvo su determinación de 9 de marzo de 2023; 

dio por culminado el descubrimiento de prueba; y concedió hasta el 

7 de abril de 2023 como fecha límite para presentar mociones 

dispositivas.67

Ante ello, es forzoso colegir que el tribunal a quo había 

dispuesto un plazo para culminar el descubrimiento de prueba 

hasta el 31 de enero de 2023; sin embargo, el 10 de febrero de 2023,

concedió término al señor Flores Torres para notificar su 

contestación al pliego de interrogatorio que le fuese cursado desde 

65 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, pág. 47. 

66 Certiorari y Auxilio, pág. 4. 

67 Véase Apéndice de Certiorari y Auxilio de Jurisdicción, pág. 59. 
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el 24 de agosto de 2022. Concluimos que no es razonable culminar 

un descubrimiento de prueba el cual se extendió más allá del plazo 

dispuesto (31 de enero de 2023) al conceder más tiempo para 

notificar una contestación a un pliego de interrogatorio. Esto tuvo 

la consecuencia de que a escasamente dos (2) días de haberse 

notificado las contestaciones del pliego de interrogatorio (24 de 

febrero de 2023- fuera del plazo concedido el 10 de febrero de 2023), 

los señores Arce Collazo y Ramos Betancourt presentaran su 

objeción.

Ante ello, y en ánimo de un balance adecuado para impartir 

justicia, dejamos sin efecto la Orden dictaminada el 9 de marzo de 

2023; se le requiere al tribunal de instancia atender las objeciones

de señores Arce Collazo y Ramos Betancourt; se les conceda un 

plazo final para culminar el descubrimiento de prueba, si alguno,

concerniente a la contestación del pliego de interrogatorio cursado 

a señor Flores Torres; y se disponga nueva fecha para mociones 

dispositivas. 

IV. 

Por todo lo cual, expedimos el auto de certiorari; se revoca la 

Orden intimada el 9 de marzo de 2023; y se devuelve el caso al TPI 

para la continuación de los procedimientos, conforme lo aquí 

resuelto. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaría del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones