# Diario Oficial C 161/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.161.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 161 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53.° año19 de junio de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.161.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 161

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53.° año19 de junio de 2010

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2010/C 161/01 | Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea DO C 148 de 5.6.2010 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2010/C 161/01

Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea DO C 148 de 5.6.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

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| | V   Anuncios |
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| | PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES |
| | Tribunal de Justicia |
| 2010/C 161/02 | Asunto C-92/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Normas de standstill y de no discriminación — Obligación de abonar derechos con objeto de obtener la prórroga de un permiso de residencia — Proporcionalidad de los derechos que deben abonarse — Comparación con los derechos abonados por los ciudadanos de la Unión — Artículo 9 del Acuerdo de Asociación — Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional — Artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación) | 2 |
| 2010/C 161/03 | Asunto C-246/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 10 CE y 300 CE, apartado 1 — Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes — Propuesta unilateral de un Estado miembro de que se incluya una sustancia en el anexo A de dicho convenio) | 3 |
| 2010/C 161/04 | Asunto C-423/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 93/37/CEE — Artículos 3 y 11 — Concesiones de obras públicas — Obligaciones de publicidad — Alcance de las obligaciones — Anuncio de licitación — Descripción del objeto de la concesión y de la localización de las obras — Obras complementarias no previstas explícitamente en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones — Principio de igualdad de trato) | 3 |
| 2010/C 161/05 | Asunto C-160/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de servicios — Artículos 43 CE y 49 CE — Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE — Servicios públicos de socorro — Transporte sanitario de urgencia y transporte especial de enfermos — Obligación de transparencia — Artículo 45 CE — Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público — Artículo 86 CE, apartado 2 — Servicios de interés económico general) | 4 |
| 2010/C 161/06 | Asunto C-230/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet (Código aduanero comunitario — Artículos 202, 215, apartados 1 y 3, 217, apartado 1, y 233, párrafo primero, letra d) — Concepto de mercancías intervenidas y simultánea o posteriormente decomisadas — Reglamento de aplicación del Código aduanero — Artículo 867 bis — Directiva 92/12/CEE — Artículos 5, apartados 1 y 2, 6, 7, apartado 1, 8 y 9 — Sexta Directiva IVA — Artículos 7, 10, apartado 3, y 16, apartado 1 — Introducción irregular de mercancías — Transporte de mercancías realizado al amparo del cuaderno TIR — Intervención y destrucción — Determinación del Estado miembro en el que se ha originado la deuda aduanera, así como la exigibilidad del IVA y del impuesto especial — Extinción de la deuda aduanera y tributaria) | 4 |
| 2010/C 161/07 | Asunto C-265/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas (Directiva 2003/55/CE — Mercado interior del gas natural — Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007 — Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas) | 6 |
| 2010/C 161/08 | Asunto C-340/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — The Queen, M y otras/Her Majesty’s Treasury [Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra las personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Congelación de fondos y de recursos económicos — Reglamento (CE) no 881/2002 — Artículo 2, apartado 2 — Prohibición de utilizar fondos en beneficio de personas y entidades incluidas en el anexo I de ese Reglamento — Alcance — Prestaciones de seguridad social y asistenciales abonadas al cónyuge de una persona incluida en dicho anexo I] | 6 |
| 2010/C 161/09 | Asunto C-346/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/80/CE — Contaminación y molestias — Instalaciones de combustión — Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes — No aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido)] | 7 |
| 2010/C 161/10 | Asunto C-446/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche (Directiva 2002/46/CE — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre complementos alimenticios — Vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios — Cantidades máximas — Armonización a nivel de la Unión — Inexistencia — Competencias de los Estados miembros — Modalidades que deben respetarse y criterios que se han de tomar en consideración en la fijación de dichas cantidades — Normativa nacional que fija dichas cantidades — Fijación de una índice cero) | 8 |
| 2010/C 161/11 | Asunto C-486/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol (Política social — Acuerdos marcos sobre el trabajo a tiempo parcial y sobre el trabajo de duración determinada — Disposiciones desventajosas previstas por la normativa nacional para los agentes contractuales que trabajan a tiempo parcial, ocasionalmente o en virtud de un contrato de duración determinada — Principio de igualdad de trato) | 9 |
| 2010/C 161/12 | Asunto C-510/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Dusseldorf — Alemania) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert (Libre circulación de capitales — Artículos 56 CE y 58 CE — Impuesto sobre donaciones — Terreno en el que está edificado un inmueble — Derecho a una reducción de la base imponible — Trato diferente de residentes y no residentes) | 10 |
| 2010/C 161/13 | Asuntos acumulados C-536/08 y C-539/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Sexta Directiva IVA — Artículo 17, apartados 2 y 3 — Artículo 28 ter, parte A, apartado 2 — Derecho a deducción — Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los Estados miembros — Lugar de adquisiciones intracomunitarias de bienes) | 10 |
| 2010/C 161/14 | Asunto C-62/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Directiva 2001/83/CE — Artículo 94 — Incentivos económicos a favor de las consultas médicas que prescriben determinados medicamentos a sus pacientes — Autoridades públicas responsables en materia de salud — Médicos — Libertad de prescripción) | 11 |
| 2010/C 161/15 | Asunto C-82/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agiou Nikolaou Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Reglamento (CE) no 2152/2003 — Seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Unión — Definiciones — Conceptos de bosque y de otras tierras arboladas — Ámbito de aplicación] | 11 |
| 2010/C 161/16 | Asunto C-102/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Firenze — Italia) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri (Acuerdos internacionales — Convenio de Yaundé — Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé — Cláusula de statu quo — Tributo interno — Plátanos) | 12 |
| 2010/C 161/17 | Asunto C-122/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas y otras/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou [Transporte marítimo — Cabotaje marítimo — Reglamento (CEE) no 3577/92 — Exclusión temporal de la aplicación de dicho Reglamento — Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que puedan comprometer gravemente la aplicación del citado Reglamento] | 12 |
| 2010/C 161/18 | Asunto C-123/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Manchen — Alemania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München (Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Clasificación de los guantes de equitación en la Nomenclatura Combinada — Partida 3926 — Partida 6116) | 13 |
| 2010/C 161/19 | Asunto C-124/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat [Remisión prejudicial — Reglamentos (CEE) nos 3820/85 y 3821/85 — Transportes por carretera — Obligación de registro — Tiempo de descanso y demás tiempos de trabajo — Tiempo empleado para acudir al lugar en el que debe hacerse cargo de un vehículo equipado con un aparato de control — Concepto de centro de operaciones] | 13 |
| 2010/C 161/20 | Asunto C-374/09 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2009 por Constantin Hârsulescu contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictado el 22 de julio de 2009 en el asunto T-234/09, Hârsulescu/Rumanía | 14 |
| 2010/C 161/21 | Asunto C-109/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-57/01, Solvay/Comisión | 14 |
| 2010/C 161/22 | Asunto C-110/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-58/01, Solvay/Comisión | 16 |
| 2010/C 161/23 | Asunto C-124/10 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de marzo de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-156/04, Électricité de France (EDF)/Comisión | 16 |
| 2010/C 161/24 | Asunto C-125/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Alemania) el 9 de marzo de 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt | 17 |
| 2010/C 161/25 | Asunto C-134/10: Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica | 18 |
| 2010/C 161/26 | Asunto C-136/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș (Rumanía) el 15 de marzo de 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mures, Administrația Fondului pentru Mediu | 18 |
| 2010/C 161/27 | Asunto C-140/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 17 de marzo de 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin y 2. Jo Goossens | 19 |
| 2010/C 161/28 | Asunto C-141/10: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos | 19 |
| 2010/C 161/29 | Asunto C-148/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie | 20 |
| 2010/C 161/30 | Asunto C-150/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA | 21 |
| 2010/C 161/31 | Asunto C-151/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Bélgica) el 31 de marzo de 2010 — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 22 |
| 2010/C 161/32 | Asunto C-155/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 2 de abril de 2010 — Williams y otros/British Airways plc | 23 |
| 2010/C 161/33 | Asunto C-158/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 6 de abril de 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 24 |
| 2010/C 161/34 | Asunto C-159/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen | 24 |
| 2010/C 161/35 | Asunto C-160/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Peter Köhler/Land Hessen | 26 |
| 2010/C 161/36 | Asunto C-162/10: Petición de decisión prejudicial planteada por The High Court (Irlanda) el 7 de abril de 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Limited/Irlanda y el Attorney general | 28 |
| 2010/C 161/37 | Asunto C-163/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Isernia (Italia) el 2 de abril de 2010 — Procedimiento penal contra Aldo Patriciello | 28 |
| 2010/C 161/38 | Asunto C-164/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell’Interno | 29 |
| 2010/C 161/39 | Asunto C-165/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell’Interno | 29 |
| 2010/C 161/40 | Asunto C-166/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell’Interno | 30 |
| 2010/C 161/41 | Asunto C-167/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell’Interno | 30 |
| 2010/C 161/42 | Asunto C-168/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell’Interno | 30 |
| 2010/C 161/43 | Asunto C-169/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell’Interno | 31 |
| 2010/C 161/44 | Asunto C-170/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell’Interno | 31 |
| 2010/C 161/45 | Asunto C-171/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell’Interno | 32 |
| 2010/C 161/46 | Asunto C-172/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emiliano Orru’/Ministero dell’Interno | 32 |
| 2010/C 161/47 | Asunto C-173/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell’Interno | 32 |
| 2010/C 161/48 | Asunto C-174/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell’Interno | 33 |
| 2010/C 161/49 | Asunto C-175/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell’Interno | 33 |
| 2010/C 161/50 | Asunto C-176/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Danilo Spina/Ministero dell’Interno | 34 |
| 2010/C 161/51 | Asunto C-178/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș el 17 de marzo de 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL | 34 |
| 2010/C 161/52 | Asunto C-179/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Francesa | 35 |
| 2010/C 161/53 | Asunto C-188/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Aziz Melki | 35 |
| 2010/C 161/54 | Asunto C-189/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Sélim Abdeli | 36 |
| 2010/C 161/55 | Asunto C-191/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 19 de abril de 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en calidad de liquidador judicial de Médiasucre international | 36 |
| 2010/C 161/56 | Asunto C-196/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de abril de 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld | 37 |
| | Tribunal General |
| 2010/C 161/57 | Asuntos T-303/06 y T-337/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitudes de marcas comunitarias denominativas UNIWEB y UniCredit Walth Managements — Marcas nacionales denominativas anteriores UNIFONDS y UNIRAK y marca nacional figurativa anterior UNIZINS — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]] | 38 |
| 2010/C 161/58 | Asunto T-392/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Union Investment Privatfonds/OAMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa unibanco — Marcas nacionales figurativas anteriores UniFLEXIO, UniVARIO y UniZERO — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009]] | 38 |
| 2010/C 161/59 | Asunto T-388/07: Sentencia del Tribunal General de 6 de mayo de 2010 — Comune di Napoli/Comisión (FEDER — Reducción de una ayuda financiera — Proyecto piloto urbano relativo a la realización de una red de plazas telemáticas para la ciudad de Nápoles — Concepto de irregularidad — Gastos admisibles) | 39 |
| 2010/C 161/60 | Asunto T-109/08: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada blanca — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009)] | 39 |
| 2010/C 161/61 | Asunto T-110/08: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada negra mate) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada negra mate — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009)] | 40 |
| 2010/C 161/62 | Asunto T-586/08: Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2010 — Kerma/OAMI (BIOPIETRA) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa BIOPIETRA — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]] | 40 |
| 2010/C 161/63 | Asunto T-22/09: Auto del Tribunal General de 15 de abril de 2010 — Katjes Fassin/OAMI (Representación de una cabeza de panda) (Marca comunitaria — Denegación del registro por el examinador — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento) | 40 |
| 2010/C 161/64 | Asunto T-18/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de abril de 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo [Procedimiento sobre medidas provisionales — Reglamento (CE) no 1007/2009 — Comercio de productos derivados de la foca — Excepción en beneficio de las comunidades inuit — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Fumus boni iuris — Falta de urgencia] | 41 |
| 2010/C 161/65 | Asunto T-103/10 P(R): Auto del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Parlamento/U (Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Decisión de despido — Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales — Falta de urgencia) | 41 |
| 2010/C 161/66 | Asunto T-429/09: Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2009 — Campailla/Comisión | 42 |
| 2010/C 161/67 | Asunto T-510/09 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de abril de 2010 por V contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-33/08, V/Comisión | 42 |
| 2010/C 161/68 | Asunto T-15/10: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2010 — Noko Ngele/Comisión | 43 |
| 2010/C 161/69 | Asunto T-154/10: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2010 — Francia/Comisión | 43 |
| 2010/C 161/70 | Asunto T-158/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Dow Chemical/Consejo | 44 |
| 2010/C 161/71 | Asunto T-159/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Air France/OAMI (Representación de un paralelogramo) | 45 |
| 2010/C 161/72 | Asunto T-162/10: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Niki Luftfahrt GmbH/Comisión | 45 |
| 2010/C 161/73 | Asunto T-163/10: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Entegris/OAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES) | 46 |
| 2010/C 161/74 | Asunto T-164/10: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Comisión | 46 |
| 2010/C 161/75 | Asunto T-167/10: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisión | 47 |
| 2010/C 161/76 | Asunto T-168/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Comisión/SEMEA | 48 |
| 2010/C 161/77 | Asunto T-170/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia | 48 |
| 2010/C 161/78 | Asunto T-172/10: Recurso interpuesto el 8 de abril de 2010 — Colas/OAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL) | 49 |
| 2010/C 161/79 | Asunto T-175/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Milux/OAMI (FERTILITYINVIVO) | 50 |
| 2010/C 161/80 | Asunto T-176/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Seven/OAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) | 50 |
| 2010/C 161/81 | Asunto T-177/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — Alcoa Trasformazioni/Comisión | 51 |
| 2010/C 161/82 | Asunto T-178/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — España/Comisión | 52 |
| 2010/C 161/83 | Asunto T-179/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL) | 53 |
| 2010/C 161/84 | Asunto T-180/10: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Nickel Institute/Comisión | 53 |
| 2010/C 161/85 | Asunto T-182/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — AISCAT/Comisión | 54 |
| 2010/C 161/86 | Asunto T-188/10: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria) | 55 |
| 2010/C 161/87 | Asunto T-190/10: Recurso interpuesto el 22 de abril de 2010 — Egan y Hackett/Parlamento | 55 |
| 2010/C 161/88 | Asunto T-200/10: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2010 — Avery Dennison/OHMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON) | 56 |
| 2010/C 161/89 | Asunto T-109/04: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Comisión | 56 |
| 2010/C 161/90 | Asunto T-511/08: Auto del Tribunal General de 13 de abril de 2010 — Unity OSG FZE/Consejo | 56 |
| | Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea |
| 2010/C 161/91 | Asunto F-19/10: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Marsili/Comisión | 57 |
| 2010/C 161/92 | Asunto F-21/10: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2010 — Marcuccio/Comisión | 57 |
| 2010/C 161/93 | Asunto F-23/10: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Allen/Comisión | 58 |
| 2010/C 161/94 | Asunto F-24/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Kaskarelis/Comisión | 58 |
| 2010/C 161/95 | Asunto F-25/10: Recurso interpuesto el 28 de abril de 2010 — AG(*)/Parlamento | 58 |

V   Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

2010/C 161/02

Asunto C-92/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos (Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Normas de standstill y de no discriminación — Obligación de abonar derechos con objeto de obtener la prórroga de un permiso de residencia — Proporcionalidad de los derechos que deben abonarse — Comparación con los derechos abonados por los ciudadanos de la Unión — Artículo 9 del Acuerdo de Asociación — Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional — Artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación)

o

2

2010/C 161/03

Asunto C-246/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia (Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 10 CE y 300 CE, apartado 1 — Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes — Propuesta unilateral de un Estado miembro de que se incluya una sustancia en el anexo A de dicho convenio)

3

2010/C 161/04

Asunto C-423/07: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 93/37/CEE — Artículos 3 y 11 — Concesiones de obras públicas — Obligaciones de publicidad — Alcance de las obligaciones — Anuncio de licitación — Descripción del objeto de la concesión y de la localización de las obras — Obras complementarias no previstas explícitamente en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones — Principio de igualdad de trato)

3

2010/C 161/05

Asunto C-160/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania (Incumplimiento de Estado — Contratos públicos de servicios — Artículos 43 CE y 49 CE — Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE — Servicios públicos de socorro — Transporte sanitario de urgencia y transporte especial de enfermos — Obligación de transparencia — Artículo 45 CE — Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público — Artículo 86 CE, apartado 2 — Servicios de interés económico general)

4

2010/C 161/06

Asunto C-230/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet (Código aduanero comunitario — Artículos 202, 215, apartados 1 y 3, 217, apartado 1, y 233, párrafo primero, letra d) — Concepto de mercancías intervenidas y simultánea o posteriormente decomisadas — Reglamento de aplicación del Código aduanero — Artículo 867 bis — Directiva 92/12/CEE — Artículos 5, apartados 1 y 2, 6, 7, apartado 1, 8 y 9 — Sexta Directiva IVA — Artículos 7, 10, apartado 3, y 16, apartado 1 — Introducción irregular de mercancías — Transporte de mercancías realizado al amparo del cuaderno TIR — Intervención y destrucción — Determinación del Estado miembro en el que se ha originado la deuda aduanera, así como la exigibilidad del IVA y del impuesto especial — Extinción de la deuda aduanera y tributaria)

4

2010/C 161/07

Asunto C-265/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas (Directiva 2003/55/CE — Mercado interior del gas natural — Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007 — Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas)

6

2010/C 161/08

Asunto C-340/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — The Queen, M y otras/Her Majesty’s Treasury [Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra las personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes — Congelación de fondos y de recursos económicos — Reglamento (CE) no 881/2002 — Artículo 2, apartado 2 — Prohibición de utilizar fondos en beneficio de personas y entidades incluidas en el anexo I de ese Reglamento — Alcance — Prestaciones de seguridad social y asistenciales abonadas al cónyuge de una persona incluida en dicho anexo I]

o

6

2010/C 161/09

Asunto C-346/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [Incumplimiento de Estado — Directiva 2001/80/CE — Contaminación y molestias — Instalaciones de combustión — Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes — No aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido)]

7

2010/C 161/10

Asunto C-446/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche (Directiva 2002/46/CE — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre complementos alimenticios — Vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios — Cantidades máximas — Armonización a nivel de la Unión — Inexistencia — Competencias de los Estados miembros — Modalidades que deben respetarse y criterios que se han de tomar en consideración en la fijación de dichas cantidades — Normativa nacional que fija dichas cantidades — Fijación de una índice cero)

8

2010/C 161/11

Asunto C-486/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol (Política social — Acuerdos marcos sobre el trabajo a tiempo parcial y sobre el trabajo de duración determinada — Disposiciones desventajosas previstas por la normativa nacional para los agentes contractuales que trabajan a tiempo parcial, ocasionalmente o en virtud de un contrato de duración determinada — Principio de igualdad de trato)

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2010/C 161/12

Asunto C-510/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Dusseldorf — Alemania) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert (Libre circulación de capitales — Artículos 56 CE y 58 CE — Impuesto sobre donaciones — Terreno en el que está edificado un inmueble — Derecho a una reducción de la base imponible — Trato diferente de residentes y no residentes)

10

2010/C 161/13

Asuntos acumulados C-536/08 y C-539/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08) (Sexta Directiva IVA — Artículo 17, apartados 2 y 3 — Artículo 28 ter, parte A, apartado 2 — Derecho a deducción — Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los Estados miembros — Lugar de adquisiciones intracomunitarias de bienes)

10

2010/C 161/14

Asunto C-62/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Directiva 2001/83/CE — Artículo 94 — Incentivos económicos a favor de las consultas médicas que prescriben determinados medicamentos a sus pacientes — Autoridades públicas responsables en materia de salud — Médicos — Libertad de prescripción)

11

2010/C 161/15

Asunto C-82/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agiou Nikolaou Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon [Reglamento (CE) no 2152/2003 — Seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Unión — Definiciones — Conceptos de bosque y de otras tierras arboladas — Ámbito de aplicación]

o

11

2010/C 161/16

Asunto C-102/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Firenze — Italia) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri (Acuerdos internacionales — Convenio de Yaundé — Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé — Cláusula de statu quo — Tributo interno — Plátanos)

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2010/C 161/17

Asunto C-122/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas y otras/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou [Transporte marítimo — Cabotaje marítimo — Reglamento (CEE) no 3577/92 — Exclusión temporal de la aplicación de dicho Reglamento — Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que puedan comprometer gravemente la aplicación del citado Reglamento]

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12

2010/C 161/18

Asunto C-123/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Manchen — Alemania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München (Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Clasificación de los guantes de equitación en la Nomenclatura Combinada — Partida 3926 — Partida 6116)

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2010/C 161/19

Asunto C-124/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat [Remisión prejudicial — Reglamentos (CEE) nos 3820/85 y 3821/85 — Transportes por carretera — Obligación de registro — Tiempo de descanso y demás tiempos de trabajo — Tiempo empleado para acudir al lugar en el que debe hacerse cargo de un vehículo equipado con un aparato de control — Concepto de centro de operaciones]

os

13

2010/C 161/20

Asunto C-374/09 P: Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2009 por Constantin Hârsulescu contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictado el 22 de julio de 2009 en el asunto T-234/09, Hârsulescu/Rumanía

14

2010/C 161/21

Asunto C-109/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-57/01, Solvay/Comisión

14

2010/C 161/22

Asunto C-110/10 P: Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-58/01, Solvay/Comisión

16

2010/C 161/23

Asunto C-124/10 P: Recurso de casación interpuesto el 8 de marzo de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-156/04, Électricité de France (EDF)/Comisión

16

2010/C 161/24

Asunto C-125/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Alemania) el 9 de marzo de 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt

17

2010/C 161/25

Asunto C-134/10: Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

18

2010/C 161/26

Asunto C-136/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș (Rumanía) el 15 de marzo de 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mures, Administrația Fondului pentru Mediu

18

2010/C 161/27

Asunto C-140/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 17 de marzo de 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin y 2. Jo Goossens

19

2010/C 161/28

Asunto C-141/10: Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

19

2010/C 161/29

Asunto C-148/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

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2010/C 161/30

Asunto C-150/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

21

2010/C 161/31

Asunto C-151/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Bélgica) el 31 de marzo de 2010 — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

22

2010/C 161/32

Asunto C-155/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 2 de abril de 2010 — Williams y otros/British Airways plc

23

2010/C 161/33

Asunto C-158/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 6 de abril de 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

24

2010/C 161/34

Asunto C-159/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen

24

2010/C 161/35

Asunto C-160/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Peter Köhler/Land Hessen

26

2010/C 161/36

Asunto C-162/10: Petición de decisión prejudicial planteada por The High Court (Irlanda) el 7 de abril de 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Limited/Irlanda y el Attorney general

28

2010/C 161/37

Asunto C-163/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Isernia (Italia) el 2 de abril de 2010 — Procedimiento penal contra Aldo Patriciello

28

2010/C 161/38

Asunto C-164/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell’Interno

29

2010/C 161/39

Asunto C-165/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell’Interno

29

2010/C 161/40

Asunto C-166/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/41

Asunto C-167/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/42

Asunto C-168/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell’Interno

30

2010/C 161/43

Asunto C-169/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell’Interno

31

2010/C 161/44

Asunto C-170/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell’Interno

31

2010/C 161/45

Asunto C-171/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/46

Asunto C-172/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emiliano Orru’/Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/47

Asunto C-173/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell’Interno

32

2010/C 161/48

Asunto C-174/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell’Interno

33

2010/C 161/49

Asunto C-175/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell’Interno

33

2010/C 161/50

Asunto C-176/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Danilo Spina/Ministero dell’Interno

34

2010/C 161/51

Asunto C-178/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș el 17 de marzo de 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL

34

2010/C 161/52

Asunto C-179/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

35

2010/C 161/53

Asunto C-188/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Aziz Melki

35

2010/C 161/54

Asunto C-189/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Sélim Abdeli

36

2010/C 161/55

Asunto C-191/10: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 19 de abril de 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en calidad de liquidador judicial de Médiasucre international

36

2010/C 161/56

Asunto C-196/10: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de abril de 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

37

Tribunal General

2010/C 161/57

Asuntos T-303/06 y T-337/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitudes de marcas comunitarias denominativas UNIWEB y UniCredit Walth Managements — Marcas nacionales denominativas anteriores UNIFONDS y UNIRAK y marca nacional figurativa anterior UNIZINS — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]]

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38

2010/C 161/58

Asunto T-392/06: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Union Investment Privatfonds/OAMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa unibanco — Marcas nacionales figurativas anteriores UniFLEXIO, UniVARIO y UniZERO — Presentación extemporánea de documentos — Facultad de apreciación conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009]]

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38

2010/C 161/59

Asunto T-388/07: Sentencia del Tribunal General de 6 de mayo de 2010 — Comune di Napoli/Comisión (FEDER — Reducción de una ayuda financiera — Proyecto piloto urbano relativo a la realización de una red de plazas telemáticas para la ciudad de Nápoles — Concepto de irregularidad — Gastos admisibles)

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2010/C 161/60

Asunto T-109/08: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada blanca — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009)]

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2010/C 161/61

Asunto T-110/08: Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada negra mate) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada negra mate — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Falta de carácter distintivo adquirido por el uso — Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009)]

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2010/C 161/62

Asunto T-586/08: Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2010 — Kerma/OAMI (BIOPIETRA) [Marca comunitaria — Solicitud de marca comunitaria denominativa BIOPIETRA — Motivo de denegación absoluto — Falta de carácter distintivo — Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]]

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40

2010/C 161/63

Asunto T-22/09: Auto del Tribunal General de 15 de abril de 2010 — Katjes Fassin/OAMI (Representación de una cabeza de panda) (Marca comunitaria — Denegación del registro por el examinador — Retirada de la solicitud de registro — Sobreseimiento)

40

2010/C 161/64

Asunto T-18/10 R: Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de abril de 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo [Procedimiento sobre medidas provisionales — Reglamento (CE) no 1007/2009 — Comercio de productos derivados de la foca — Excepción en beneficio de las comunidades inuit — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Fumus boni iuris — Falta de urgencia]

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2010/C 161/65

Asunto T-103/10 P(R): Auto del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Parlamento/U (Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Decisión de despido — Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales — Falta de urgencia)

41

2010/C 161/66

Asunto T-429/09: Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2009 — Campailla/Comisión

42

2010/C 161/67

Asunto T-510/09 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de abril de 2010 por V contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-33/08, V/Comisión

42

2010/C 161/68

Asunto T-15/10: Recurso interpuesto el 25 de enero de 2010 — Noko Ngele/Comisión

43

2010/C 161/69

Asunto T-154/10: Recurso interpuesto el 2 de abril de 2010 — Francia/Comisión

43

2010/C 161/70

Asunto T-158/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Dow Chemical/Consejo

44

2010/C 161/71

Asunto T-159/10: Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Air France/OAMI (Representación de un paralelogramo)

45

2010/C 161/72

Asunto T-162/10: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Niki Luftfahrt GmbH/Comisión

45

2010/C 161/73

Asunto T-163/10: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Entegris/OAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

46

2010/C 161/74

Asunto T-164/10: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Comisión

46

2010/C 161/75

Asunto T-167/10: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisión

47

2010/C 161/76

Asunto T-168/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Comisión/SEMEA

48

2010/C 161/77

Asunto T-170/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia

48

2010/C 161/78

Asunto T-172/10: Recurso interpuesto el 8 de abril de 2010 — Colas/OAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

49

2010/C 161/79

Asunto T-175/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Milux/OAMI (FERTILITYINVIVO)

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2010/C 161/80

Asunto T-176/10: Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Seven/OAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

50

2010/C 161/81

Asunto T-177/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — Alcoa Trasformazioni/Comisión

51

2010/C 161/82

Asunto T-178/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — España/Comisión

52

2010/C 161/83

Asunto T-179/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

53

2010/C 161/84

Asunto T-180/10: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Nickel Institute/Comisión

53

2010/C 161/85

Asunto T-182/10: Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — AISCAT/Comisión

54

2010/C 161/86

Asunto T-188/10: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

55

2010/C 161/87

Asunto T-190/10: Recurso interpuesto el 22 de abril de 2010 — Egan y Hackett/Parlamento

55

2010/C 161/88

Asunto T-200/10: Recurso interpuesto el 29 de abril de 2010 — Avery Dennison/OHMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

56

2010/C 161/89

Asunto T-109/04: Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Comisión

56

2010/C 161/90

Asunto T-511/08: Auto del Tribunal General de 13 de abril de 2010 — Unity OSG FZE/Consejo

56

Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

2010/C 161/91

Asunto F-19/10: Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Marsili/Comisión

57

2010/C 161/92

Asunto F-21/10: Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2010 — Marcuccio/Comisión

57

2010/C 161/93

Asunto F-23/10: Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Allen/Comisión

58

2010/C 161/94

Asunto F-24/10: Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Kaskarelis/Comisión

58

2010/C 161/95

Asunto F-25/10: Recurso interpuesto el 28 de abril de 2010 — AG(*)/Parlamento

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/1 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/1

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(2010/C 161/01)

Última publicación del Tribunal de Justicia en el Diario Oficial de la Unión Europea

DO C 148 de 5.6.2010

Recopilación de las publicaciones anteriores

DO C 134 de 22.5.2010

DO C 113 de 1.5.2010

DO C 100 de 17.4.2010

DO C 80 de 27.3.2010

DO C 63 de 13.3.2010

DO C 51 de 27.2.2010

Estos textos se encuentran disponibles en:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

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V Anuncios

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Tribunal de Justicia

| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/2 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/2

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-92/07) (1)

(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Normas de «standstill» y de no discriminación - Obligación de abonar derechos con objeto de obtener la prórroga de un permiso de residencia - Proporcionalidad de los derechos que deben abonarse - Comparación con los derechos abonados por los ciudadanos de la Unión - Artículo 9 del Acuerdo de Asociación - Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional - Artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación)

(2010/C 161/02)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P.J. Kuijper y S. Boelaert, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: H.G. Sevenster, C. Wissels y M. de Grave, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: República Federal de Alemania, (representantes: M. Lumma y J. Möller, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963, y concluido en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18), 41 del Protocolo Adicional, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213) y 10, apartados 1 y 13, de la Decisión no 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación — Impuesto de timbre discriminatorio en lo que se refiere a los permisos de residencia.

Fallo

| 1) | Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud






  — | del artículo 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y aprobado y confirmado en nombre de ésta última en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, |
| --- | --- | --- |

1)

Declarar que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud

—

del artículo 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y aprobado y confirmado en nombre de ésta última en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963,

| — | del artículo 41 del Protocolo Adicional, firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, y |
| --- | --- |

—

del artículo 41 del Protocolo Adicional, firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, y

| — | de los artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión no 1/1980, adoptada el 19 de septiembre de 1980 por el Consejo de Asociación, establecido por el Acuerdo de Asociación y compuesto, de una parte, por miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión de las Comunidades Europeas y, de otra, por miembros del Gobierno turco, |
| --- | --- |

—

de los artículos 10, apartado 1, y 13 de la Decisión no 1/1980, adoptada el 19 de septiembre de 1980 por el Consejo de Asociación, establecido por el Acuerdo de Asociación y compuesto, de una parte, por miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión de las Comunidades Europeas y, de otra, por miembros del Gobierno turco,

al establecer y mantener, para la expedición de permisos de residencia, un régimen que prevé derechos desproporcionados con respecto a los que se exigen a los nacionales de los Estados miembros para la expedición de documentos similares, y al aplicar este régimen a los nacionales turcos con derecho a residir en los Países Bajos en virtud del Acuerdo de Asociación, del Protocolo Adicional y de la Decisión no 1/80, antes citados.

| 2) | Condenar en costas al Reino de los Países Bajos. La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas. |
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2)

Condenar en costas al Reino de los Países Bajos. La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 95, de 28.4.2007.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/3 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de Suecia

(Asunto C-246/07) (1)

(«Incumplimiento de Estado - Infracción de los artículos 10 CE y 300 CE, apartado 1 - Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes - Propuesta unilateral de un Estado miembro de que se incluya una sustancia en el anexo A de dicho convenio»)

(2010/C 161/03)

Lengua de procedimiento: sueco

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: G. Valero Jordana y C. Tufvesson, agentes)

Demandada: Reino de Suecia (representantes: A. Kruse y A. Falk, agentes)

Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Dinamarca (representantes: C. Pilgaard Zinglersen y R. Holdgaard, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: C.M. Wissels y D.J.M. de Grave, agentes), República de Finlandia (representante: J. Heliskoski, agente), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: V. Jackson, agente y D. Anderson, QC)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 10 CE y 300 CE, apartado 1 — Propuesta unilateral de incluir una sustancia, el sulfonato de perfluorooctano, en el anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

Fallo

| 1) | Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE, al haber propuesto unilateralmente que se añadiera una sustancia, el sulfonato de perfluorooctano, al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. |
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1)

Declarar que el Reino de Suecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE, al haber propuesto unilateralmente que se añadiera una sustancia, el sulfonato de perfluorooctano, al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

| 2) | Desestimar el recurso en todo lo demás. |
| --- | --- |

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

| 3) | Condenar al Reino de Suecia a cargar con las costas de la Comisión Europea. |
| --- | --- |

3)

Condenar al Reino de Suecia a cargar con las costas de la Comisión Europea.

| 4) | El Reino de Dinamarca, el Reino de los Países Bajos, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas. |
| --- | --- |

4)

El Reino de Dinamarca, el Reino de los Países Bajos, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 183, de 4.8.2007.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/3 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/3

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino de España

(Asunto C-423/07) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 93/37/CEE - Artículos 3 y 11 - Concesiones de obras públicas - Obligaciones de publicidad - Alcance de las obligaciones - Anuncio de licitación - Descripción del objeto de la concesión y de la localización de las obras - Obras complementarias no previstas explícitamente en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones - Principio de igualdad de trato)

(2010/C 161/04)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: D. Kukovec, M. Konstantinidis, S. Pardo Quintillán, agentes, y M. Canal Fontcuberta, abogada)

Demandada: Reino de España (representante: F. Díez Moreno, agente)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 3 y 11, apartados 3, 6, 7 y 12, de la Directiva 93/97/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199. p. 54) — Infracción de los principios de igualdad de trato y no discriminación — Obras que no fueron objeto de concesión — Adjudicación posterior al momento de la adjudicación de la concesión.

Fallo

| 1) | Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, y 11, apartados 3 y 6, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en relación con el anexo V de ésta, debido a la adjudicación a Ibérica de Autopistas, S.A., el 5 de noviembre de 1999, de






  — | la construcción de un tercer carril de circulación por sentido en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre la localidad de Villalba y la conexión del Valle de los Caídos, |
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1)

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, y 11, apartados 3 y 6, de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, en relación con el anexo V de ésta, debido a la adjudicación a Ibérica de Autopistas, S.A., el 5 de noviembre de 1999, de

—

la construcción de un tercer carril de circulación por sentido en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre la localidad de Villalba y la conexión del Valle de los Caídos,

| — | la construcción de un tercer carril reversible en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre el enlace del Valle de los Caídos y la ciudad de San Rafael, incluida la construcción de un nuevo túnel, y |
| --- | --- |

—

la construcción de un tercer carril reversible en el tramo de peaje de la autopista A-6 situado entre el enlace del Valle de los Caídos y la ciudad de San Rafael, incluida la construcción de un nuevo túnel, y

| — | la construcción de un cuarto carril de circulación por sentido en el tramo gratuito de la autopista A-6 situado entre las ciudades de Madrid y Villalba,
  sin que estas obras se mencionaran en el objeto del contrato de concesión de obras públicas, tal como se describía en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el pliego de condiciones. |
| --- | --- |

—

la construcción de un cuarto carril de circulación por sentido en el tramo gratuito de la autopista A-6 situado entre las ciudades de Madrid y Villalba,

sin que estas obras se mencionaran en el objeto del contrato de concesión de obras públicas, tal como se describía en el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el pliego de condiciones.

| 2) | Desestimar el recurso en todo lo demás. |
| --- | --- |

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

| 3) | Condenar en costas al Reino de España. |
| --- | --- |

3)

Condenar en costas al Reino de España.

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(1)  DO C 297, de 8.12.2007.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/4 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Federal de Alemania

(Asunto C-160/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Contratos públicos de servicios - Artículos 43 CE y 49 CE - Directivas 92/50/CEE y 2004/18/CE - Servicios públicos de socorro - Transporte sanitario de urgencia y transporte especial de enfermos - Obligación de transparencia - Artículo 45 CE - Actividades relacionadas con el ejercicio del poder público - Artículo 86 CE, apartado 2 - Servicios de interés económico general)

(2010/C 161/05)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: M. Kellerbauer y D. Kukovec, agentes)

Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M. Lumma y J. Möller, agentes)

Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Reino de los Países Bajos (representantes: C.M. Wissels y Y. de Vries, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 43 CE y 49 CE y de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1) y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Práctica de las autoridades locales consistente en adjudicar directamente, sin licitación pública y con vulneración de los principios de transparencia y no discriminación, contratos y concesiones para la prestación de servicios de transportes de urgencia.

Fallo

| 1) | La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en relación con el artículo 16 de esta Directiva, o, a partir del 1 de febrero de 2006, en virtud del artículo 22 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en relación con el artículo 35, apartado 4, de esta Directiva, al no publicar ningún anuncio con los resultados del procedimiento de licitación en el marco de la adjudicación de contratos de servicios públicos de transporte sanitario de urgencia y de transporte especial de enfermos, según el modelo de oferta de licitación, en los Länder de Sajonia-Anhalt, Renania del Norte-Westfalia, Baja-Sajonia y Sajonia. |
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1)

La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en relación con el artículo 16 de esta Directiva, o, a partir del 1 de febrero de 2006, en virtud del artículo 22 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en relación con el artículo 35, apartado 4, de esta Directiva, al no publicar ningún anuncio con los resultados del procedimiento de licitación en el marco de la adjudicación de contratos de servicios públicos de transporte sanitario de urgencia y de transporte especial de enfermos, según el modelo de oferta de licitación, en los Länder de Sajonia-Anhalt, Renania del Norte-Westfalia, Baja-Sajonia y Sajonia.

| 2) | Desestimar el recurso en todo lo demás. |
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2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

| 3) | La Comisión Europea, la República Federal de Alemania y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas. |
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3)

La Comisión Europea, la República Federal de Alemania y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.

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(1)  DO C 209, de 15.8.2008.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/4 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/4

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet

(Asunto C-230/08) (1)

(Código aduanero comunitario - Artículos 202, 215, apartados 1 y 3, 217, apartado 1, y 233, párrafo primero, letra d) - Concepto de mercancías «intervenidas y simultánea o posteriormente decomisadas» - Reglamento de aplicación del Código aduanero - Artículo 867 bis - Directiva 92/12/CEE - Artículos 5, apartados 1 y 2, 6, 7, apartado 1, 8 y 9 - Sexta Directiva IVA - Artículos 7, 10, apartado 3, y 16, apartado 1 - Introducción irregular de mercancías - Transporte de mercancías realizado al amparo del cuaderno TIR - Intervención y destrucción - Determinación del Estado miembro en el que se ha originado la deuda aduanera, así como la exigibilidad del IVA y del impuesto especial - Extinción de la deuda aduanera y tributaria)

(2010/C 161/06)

Lengua de procedimiento: danés

Órgano jurisdiccional remitente

Østre Landsret

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dansk Transport og Logistik

Demandada: Skatteministeriet

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Østre Landsret — Interpretación de los artículos 215 y 233 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1), del artículo 454 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1), de los artículos 5 y 6 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1), y de los artículos 7 y 10 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 13 de junio de 1977, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Extinción de las deudas aduaneras y tributarias vinculada a la confiscación y destrucción de las mercancías por las autoridades aduaneras de un Estado miembro con motivo de su importación irregular en el territorio aduanero de la Comunidad.

Fallo

| 1) | La situación en la que las mercancías son retenidas, en el momento de su introducción en el territorio comunitario, por las autoridades aduaneras y tributarias locales en la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en la frontera exterior de la Comunidad y son destruidas simultánea o posteriormente por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder, está comprendida en el concepto de mercancías que «se aprehendan [...] y se decomisen simultánea o posteriormente» que figura en el artículo 233, párrafo primero, letra d), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 955/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de abril de 1999, de manera que la deuda aduanera se extingue en virtud de dicha disposición. |
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1)

La situación en la que las mercancías son retenidas, en el momento de su introducción en el territorio comunitario, por las autoridades aduaneras y tributarias locales en la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en la frontera exterior de la Comunidad y son destruidas simultánea o posteriormente por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder, está comprendida en el concepto de mercancías que «se aprehendan [...] y se decomisen simultánea o posteriormente» que figura en el artículo 233, párrafo primero, letra d), del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 955/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de abril de 1999, de manera que la deuda aduanera se extingue en virtud de dicha disposición.

| 2) | Los artículos 5, apartado 1, párrafo tercero, y 6, apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 96/99/CE del Consejo, de 30 de diciembre de 1996, deben interpretarse en el sentido de que debe considerarse que las mercancías intervenidas por las autoridades aduaneras y tributarias locales en el momento de su introducción en el territorio aduanero de la Comunidad y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, no han sido importadas en la Comunidad, de manera que no se ha producido el hecho imponible de los impuestos especiales sobre las mismas. No puede considerarse que las mercancías intervenidas después de su introducción irregular en dicho territorio, a saber, a partir del momento en que dejaron la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en el interior de dicho territorio, y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, estén en «régimen suspensivo de [...] derechos especiales» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, párrafo primero, y 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, en relación con los artículos 84, apartado 1, letra a), y 98 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 955/99, y del artículo 867 bis del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1662/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, de manera que se ha producido el hecho imponible de los impuestos especiales sobre dichas mercancías y, en consecuencia, se han devengado los impuesto especiales sobre las mismas. |
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2)

Los artículos 5, apartado 1, párrafo tercero, y 6, apartado 1, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, en su versión modificada por la Directiva 96/99/CE del Consejo, de 30 de diciembre de 1996, deben interpretarse en el sentido de que debe considerarse que las mercancías intervenidas por las autoridades aduaneras y tributarias locales en el momento de su introducción en el territorio aduanero de la Comunidad y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, no han sido importadas en la Comunidad, de manera que no se ha producido el hecho imponible de los impuestos especiales sobre las mismas. No puede considerarse que las mercancías intervenidas después de su introducción irregular en dicho territorio, a saber, a partir del momento en que dejaron la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en el interior de dicho territorio, y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades, sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, estén en «régimen suspensivo de [...] derechos especiales» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, párrafo primero, y 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, en relación con los artículos 84, apartado 1, letra a), y 98 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 955/99, y del artículo 867 bis del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1662/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, de manera que se ha producido el hecho imponible de los impuestos especiales sobre dichas mercancías y, en consecuencia, se han devengado los impuesto especiales sobre las mismas.

| 3) | Los artículos 2, número 2, 7 y 10, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 1999/85/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que las mercancías intervenidas por las autoridades aduaneras y tributarias locales en el momento de su introducción irregular en el territorio aduanero comunitario, y simultánea o posteriormente destruidas por las mismas sin haber dejado de obrar en su poder, no han sido importadas en la Comunidad, de manera que no se ha producido el devengo del impuesto sobre el valor añadido respecto de las mismas y, en consecuencia, dicho impuesto no es exigible. Sin embargo, los artículos 10, apartado 3, párrafo segundo, y 16, apartado 1, parte B, letra c), de dicha Directiva, en relación con el artículo 867 bis del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 1662/1999, deben interpretarse en el sentido de que, para las mercancías intervenidas por dichas autoridades tras su introducción irregular en ese territorio, a saber, a partir del momento en que han dejado la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en el interior de dicho territorio, y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, se ha producido el devengo del impuesto sobre el valor añadido y éste es exigible, incluso si dichas mercancías se colocan posteriormente en un régimen aduanero. |
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3)

Los artículos 2, número 2, 7 y 10, apartado 3, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 1999/85/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que las mercancías intervenidas por las autoridades aduaneras y tributarias locales en el momento de su introducción irregular en el territorio aduanero comunitario, y simultánea o posteriormente destruidas por las mismas sin haber dejado de obrar en su poder, no han sido importadas en la Comunidad, de manera que no se ha producido el devengo del impuesto sobre el valor añadido respecto de las mismas y, en consecuencia, dicho impuesto no es exigible. Sin embargo, los artículos 10, apartado 3, párrafo segundo, y 16, apartado 1, parte B, letra c), de dicha Directiva, en relación con el artículo 867 bis del Reglamento no 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento no 1662/1999, deben interpretarse en el sentido de que, para las mercancías intervenidas por dichas autoridades tras su introducción irregular en ese territorio, a saber, a partir del momento en que han dejado la zona en la que se encuentra la primera oficina aduanera situada en el interior de dicho territorio, y simultánea o posteriormente destruidas por dichas autoridades sin haber dejado de obrar en su poder en ningún momento, se ha producido el devengo del impuesto sobre el valor añadido y éste es exigible, incluso si dichas mercancías se colocan posteriormente en un régimen aduanero.

| 4) | Los artículos 202, 215, apartados 1 y 3, y 217 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 955/1999, así como los artículos 7, apartado 2, y 10, apartado 3, de la Sexta Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 1999/95, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades del Estado miembro situado en la frontera exterior de la Comunidad, por la que las mercancías se introdujeron irregularmente en el territorio aduanero de la Comunidad, son las competentes para recaudar la deuda aduanera y el impuesto sobre el valor añadido, y ello incluso si dichas mercancías se transportaron a continuación a otro Estado miembro en el que fueron descubiertas y posteriormente intervenidas. Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 92/12, en su versión modificada por la Directiva 96/99, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de este último Estado miembro son competentes para recaudar los impuestos especiales, siempre que las mercancías se detenten con fines comerciales. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurre este requisito en el litigio de que está conociendo. |
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4)

Los artículos 202, 215, apartados 1 y 3, y 217 del Reglamento no 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento no 955/1999, así como los artículos 7, apartado 2, y 10, apartado 3, de la Sexta Directiva 77/388, en su versión modificada por la Directiva 1999/95, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades del Estado miembro situado en la frontera exterior de la Comunidad, por la que las mercancías se introdujeron irregularmente en el territorio aduanero de la Comunidad, son las competentes para recaudar la deuda aduanera y el impuesto sobre el valor añadido, y ello incluso si dichas mercancías se transportaron a continuación a otro Estado miembro en el que fueron descubiertas y posteriormente intervenidas. Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 92/12, en su versión modificada por la Directiva 96/99, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de este último Estado miembro son competentes para recaudar los impuestos especiales, siempre que las mercancías se detenten con fines comerciales. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurre este requisito en el litigio de que está conociendo.

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(1)  DO C 197, de 2.8.2008.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA/Autorità per l’energia elettrica e il gas

(Asunto C-265/08) (1)

(Directiva 2003/55/CE - Mercado interior del gas natural - Intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural tras el 1 de julio de 2007 - Obligaciones de servicio público de las compañías que operan en el sector del gas)

(2010/C 161/07)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Federutility, Assogas, Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl, Sorgenia SpA

Demandada: Autorità per l’energia elettrica e il gas

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretación de los artículos 3, apartado 2, y 23 de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57) — Normativa nacional que prevé la fijación de precios de suministro de gas natural a los clientes domésticos.

Fallo

Los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite determinar el importe del precio de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio principal, después del 1 de julio de 2007, a condición de que esa intervención:

| — | persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55; |
| --- | --- |

—

persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55;

| — | sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente limitado; |
| --- | --- |

—

sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente limitado;

| — | esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores. |
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—

esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores.

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(1)  DO C 236, de 13.9.2008.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords — Reino Unido) — The Queen, M y otras/Her Majesty’s Treasury

(Asunto C-340/08) (1)

(Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas contra las personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Congelación de fondos y de recursos económicos - Reglamento (CE) no 881/2002 - Artículo 2, apartado 2 - Prohibición de utilizar fondos en beneficio de personas y entidades incluidas en el anexo I de ese Reglamento - Alcance - Prestaciones de seguridad social y asistenciales abonadas al cónyuge de una persona incluida en dicho anexo I)

(2010/C 161/08)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

House of Lords

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, M y otras

Demandada: Her Majesty’s Treasury

Objeto

Petición de decisión prejudicial — House of Lords — Interpretación del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9) — Alcance de la prohibición de poner fondos a disposición de las personas enumeradas en el anexo I — Prestaciones de seguridad social o de asistencia social concedidas por el estado a la esposa de una persona que se encuentre en esa situación.

Fallo

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 561/2003 del Consejo, de 27 de marzo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a las prestaciones de seguridad social o asistenciales abonadas por el Estado a la esposa de una persona designada por el comité creado en aplicación del apartado 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que se enumera en el anexo I del mencionado Reglamento, en su versión modificada, únicamente por el hecho de de que esa esposa vive con la mencionada persona designada y destinará o podrá destinar una parte de esas prestaciones a la adquisición de bienes o de servicios que la persona designada consumirá o de las que se beneficiará igualmente.

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(1)  DO C 260, de 11.10.2008.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 — Comisión Europea/Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

(Asunto C-346/08) (1)

(Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/80/CE - Contaminación y molestias - Instalaciones de combustión - Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes - No aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido))

(2010/C 161/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: P. Oliver y A. Alcover San Pedro, agentes)

Demandada: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: L. Seeboruth, agente, y D. Wyatt, QC)

Objeto

Incumplimiento de Estado — Incumplimiento, en lo que respecta a la central térmica situada en Lynemouth, Nothumberland, de la Directiva 2001/80/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (DO L 309, p. 1) — No haber reducido significativamente las emisiones de la mencionada central en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva.

Fallo

| 1) | El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no garantizar la aplicación de dicha Directiva a la central eléctrica explotada por Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd en Lynemouth, en el noreste de Inglaterra. |
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1)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no garantizar la aplicación de dicha Directiva a la central eléctrica explotada por Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd en Lynemouth, en el noreste de Inglaterra.

| 2) | Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. |
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2)

Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

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(1)  DO C 260, de 11.10.2008.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/8 |
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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/8

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

(Asunto C-446/08) (1)

(Directiva 2002/46/CE - Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre complementos alimenticios - Vitaminas y minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios - Cantidades máximas - Armonización a nivel de la Unión - Inexistencia - Competencias de los Estados miembros - Modalidades que deben respetarse y criterios que se han de tomar en consideración en la fijación de dichas cantidades - Normativa nacional que fija dichas cantidades - Fijación de una índice cero)

(2010/C 161/10)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Conseil d’État

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Solgar Vitamin’s France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L’Arbre de Vie SARL, Source Claire, Nord Plantes EURL, RCS Distribution, Ponroy Santé, Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Demandadas: Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Con la intervención de: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación de la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios y, en particular, de sus artículos 5, apartado 4 y 11, apartado 2 — Competencia de los Estados miembros para definir las cantidades máximas de vitaminas y de minerales autorizadas en los complementos alimenticios a falta de regulación comunitaria en la materia — Criterios que han de tenerse en cuenta para la fijación de los niveles máximos — Prohibición completa del flúor impuesta por las autoridades de un Estado miembro, fuera de las reglas previstas en el artículo 12 de la mencionada Directiva — Restricción cuantitativa a los intercambios contraria a los artículos 28 CE y 30 CE.

Fallo

| 1) | La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del Tratado, los Estados miembros son competentes para adoptar una normativa relativa a las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión establezca esas cantidades, con arreglo al artículo 5, apartado 4, de dicha Directiva. |
| --- | --- |

1)

La Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio del Tratado, los Estados miembros son competentes para adoptar una normativa relativa a las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión establezca esas cantidades, con arreglo al artículo 5, apartado 4, de dicha Directiva.

| 2) | Además de la obligación de respetar los artículos 28 CE y 30 CE, los Estados miembros están obligados también a basarse en los elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46, incluida la exigencia de una evaluación de los riesgos que se apoya en datos científicos reconocidos, para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión establezca esas cantidades, con arreglo al apartado 4 del citado artículo 5. |
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2)

Además de la obligación de respetar los artículos 28 CE y 30 CE, los Estados miembros están obligados también a basarse en los elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46, incluida la exigencia de una evaluación de los riesgos que se apoya en datos científicos reconocidos, para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios hasta que la Comisión establezca esas cantidades, con arreglo al apartado 4 del citado artículo 5.

| 3) | La Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación, como la del litigio principal, en la que, al fijar la cantidad máxima de un mineral que puede utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, resulta imposible determinar con precisión las aportaciones de ese mineral procedentes de otras fuentes alimenticias, y hasta que la Comisión establezca las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios con arreglo al artículo 5, apartado 4, de esa Directiva, un Estado miembro puede, si existe un riesgo comprobado de que esas aportaciones alcancen el nivel máximo de seguridad establecido para el mineral en cuestión y siempre que se respeten los artículos 28 CE y 30 CE, fijar dicha cantidad máxima en un valor cero sin recurrir al procedimiento previsto en el artículo 12 de esa misma Directiva. |
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3)

La Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación, como la del litigio principal, en la que, al fijar la cantidad máxima de un mineral que puede utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios, resulta imposible determinar con precisión las aportaciones de ese mineral procedentes de otras fuentes alimenticias, y hasta que la Comisión establezca las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios con arreglo al artículo 5, apartado 4, de esa Directiva, un Estado miembro puede, si existe un riesgo comprobado de que esas aportaciones alcancen el nivel máximo de seguridad establecido para el mineral en cuestión y siempre que se respeten los artículos 28 CE y 30 CE, fijar dicha cantidad máxima en un valor cero sin recurrir al procedimiento previsto en el artículo 12 de esa misma Directiva.

| 4) | El artículo 5 de la Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un etiquetado adaptado podría disuadir al grupo de consumidores al que se dirige de recurrir a un nutriente beneficioso para él en dosis reducidas no constituye un elemento pertinente para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios. La consideración de la diferencia de los niveles de sensibilidad de distintas categorías de consumidores sólo puede permitir a un Estado miembro aplicar a toda la población una cantidad máxima adaptada a un grupo de consumidores específico, como el de los niños, si esa medida se limita a lo necesario para garantizar la protección de la salud de las personas pertenecientes a ese grupo y siempre que dicha medida sea proporcionada al objetivo que persigue, el cual no puede ser alcanzado por medidas menos restrictivas de los intercambios en el interior de la Unión Europea, extremo que deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente. |
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4)

El artículo 5 de la Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un etiquetado adaptado podría disuadir al grupo de consumidores al que se dirige de recurrir a un nutriente beneficioso para él en dosis reducidas no constituye un elemento pertinente para fijar las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios. La consideración de la diferencia de los niveles de sensibilidad de distintas categorías de consumidores sólo puede permitir a un Estado miembro aplicar a toda la población una cantidad máxima adaptada a un grupo de consumidores específico, como el de los niños, si esa medida se limita a lo necesario para garantizar la protección de la salud de las personas pertenecientes a ese grupo y siempre que dicha medida sea proporcionada al objetivo que persigue, el cual no puede ser alcanzado por medidas menos restrictivas de los intercambios en el interior de la Unión Europea, extremo que deberá comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

| 5) | La Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la fijación de las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios cuando, en ausencia de riesgo demostrado para la salud de las personas, no se hayan establecido niveles máximos de seguridad para esas vitaminas y esos minerales, salvo que dicha medida esté justificada por el principio de cautela, si un análisis científico del riesgo revela que persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia o el alcance de riesgos reales para la salud pública. Una vez que se hayan establecido niveles máximos de seguridad, no cabe excluir la posibilidad de fijar cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios a un nivel sensiblemente inferior al de tales límites, dado que la fijación de esas cantidades máximas puede justificarse por la consideración de los elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46 y que es conforme al principio de proporcionalidad. Esta apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente y debe realizarse caso por caso. |
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5)

La Directiva 2002/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la fijación de las cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios cuando, en ausencia de riesgo demostrado para la salud de las personas, no se hayan establecido niveles máximos de seguridad para esas vitaminas y esos minerales, salvo que dicha medida esté justificada por el principio de cautela, si un análisis científico del riesgo revela que persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia o el alcance de riesgos reales para la salud pública. Una vez que se hayan establecido niveles máximos de seguridad, no cabe excluir la posibilidad de fijar cantidades máximas de vitaminas y de minerales que pueden utilizarse en la fabricación de complementos alimenticios a un nivel sensiblemente inferior al de tales límites, dado que la fijación de esas cantidades máximas puede justificarse por la consideración de los elementos que figuran en el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/46 y que es conforme al principio de proporcionalidad. Esta apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente y debe realizarse caso por caso.

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(1)  DO C 327, de 20.12.2008.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/9 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/9

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por Landesgericht Innsbruck — Austria) — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol

(Asunto C-486/08) (1)

(Política social - Acuerdos marcos sobre el trabajo a tiempo parcial y sobre el trabajo de duración determinada - Disposiciones desventajosas previstas por la normativa nacional para los agentes contractuales que trabajan a tiempo parcial, ocasionalmente o en virtud de un contrato de duración determinada - Principio de igualdad de trato)

(2010/C 161/11)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Landesgericht Innsbruck

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Demandada: Land Tirol

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Landesgericht Innsbruck — Interpretación de la cláusula 4, apartados 1 y 2, del anexo de la Directiva 97/817/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO L 14, p. 9), de la cláusula 4 del anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43), así como del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204, p. 23) — Normativa nacional relativa a los agentes contractuales que excluye de su ámbito de aplicación algunas categorías de asalariados que trabajan a tiempo parcial, ocasionalmente o en virtud de un contrato de duración determinada — Disposiciones desventajosas previstas, por lo que se refiere al derecho a vacaciones anuales, para los agentes que pasan de un régimen de trabajo de jornada completa a un régimen de trabajo a tiempo parcial y para los agentes que tomen un permiso parental de dos años — Principios de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores con jornada completa así como entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contrato por tiempo indefinido.

Fallo

| 1) | El Derecho de la Unión pertinente, y particularmente la cláusula 4, punto 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, ha de interpretarse en el sentido de que es contrario a una disposición nacional como el artículo 55, apartado 5, de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, según la cual, en caso de modificación de la jornada de trabajo de un trabajador, la parte de las vacaciones aún no disfrutadas ha de adaptarse proporcionalmente a la nueva jornada de trabajo, con la consecuencia de que un trabajador cuya jornada de trabajo se reduzca de jornada completa a jornada a tiempo parcial ve disminuido su derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido, sin haber tenido la posibilidad de disfrutarlo, durante el tiempo en que trabajó a jornada completa, o bien en adelante sólo podrá disfrutar como empleado a tiempo parcial de esas vacaciones con una retribución reducida. |
| --- | --- |

1)

El Derecho de la Unión pertinente, y particularmente la cláusula 4, punto 2, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997, que figura en anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, ha de interpretarse en el sentido de que es contrario a una disposición nacional como el artículo 55, apartado 5, de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, según la cual, en caso de modificación de la jornada de trabajo de un trabajador, la parte de las vacaciones aún no disfrutadas ha de adaptarse proporcionalmente a la nueva jornada de trabajo, con la consecuencia de que un trabajador cuya jornada de trabajo se reduzca de jornada completa a jornada a tiempo parcial ve disminuido su derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido, sin haber tenido la posibilidad de disfrutarlo, durante el tiempo en que trabajó a jornada completa, o bien en adelante sólo podrá disfrutar como empleado a tiempo parcial de esas vacaciones con una retribución reducida.

| 2) | La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que es contraria a una disposición nacional como el artículo 1, apartado 2, letra m), de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales, de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, que excluye del ámbito de aplicación de esta Ley a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo de duración determinada de seis meses como máximo, o que sólo están empleados ocasionalmente. |
| --- | --- |

2)

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que es contraria a una disposición nacional como el artículo 1, apartado 2, letra m), de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales, de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, que excluye del ámbito de aplicación de esta Ley a los trabajadores que tienen un contrato de trabajo de duración determinada de seis meses como máximo, o que sólo están empleados ocasionalmente.

| 3) | La cláusula 2, punto 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado el 14 de diciembre de 1995, que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, ha de interpretarse en el sentido de que es contraria a una disposición nacional como el artículo 60, última frase, de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales, de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, según la cual los trabajadores, que disfruten de su derecho al permiso parental de dos años, pierden, a la finalización de dicho permiso, los derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos durante el año anterior al nacimiento de su hijo. |
| --- | --- |

3)

La cláusula 2, punto 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado el 14 de diciembre de 1995, que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, ha de interpretarse en el sentido de que es contraria a una disposición nacional como el artículo 60, última frase, de la Ley del Land de Tirol relativa a los agentes contractuales, de 8 de noviembre de 2000, en su versión en vigor hasta el 1 de febrero de 2009, según la cual los trabajadores, que disfruten de su derecho al permiso parental de dos años, pierden, a la finalización de dicho permiso, los derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos durante el año anterior al nacimiento de su hijo.

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(1)  DO C 44, de 21.2.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Dusseldorf — Alemania) — Vera Mattner/Finanzamt Velbert

(Asunto C-510/08) (1)

(Libre circulación de capitales - Artículos 56 CE y 58 CE - Impuesto sobre donaciones - Terreno en el que está edificado un inmueble - Derecho a una reducción de la base imponible - Trato diferente de residentes y no residentes)

(2010/C 161/12)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Vera Mattner

Demandada: Finanzamt Velbert

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretación de los artículos 39 CE y 43 CE y del artículo 56 CE en relación con el artículo 58 CE — Normativa nacional en materia de impuesto de donaciones de inmuebles que fija en 1 100 euros la parte exenta del valor del inmueble en caso de que el donante y el donatario residan en otro Estado miembro, mientras que esta parte exenta se eleva a 205 000 euros si el donante o el donatario residen en territorio nacional.

Fallo

Los artículos 56 CE y 58 CE deben interpretarse conjuntamente en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece, para calcular la liquidación del impuesto sobre donaciones, que la reducción sobre la base imponible en caso de donación de un inmueble situado en el territorio de dicho Estado es inferior, si el donante y el donatario residían en otro Estado miembro en la fecha en que se realizó la donación, a la reducción que se habría aplicado si al menos uno de ellos hubiera residido, en esa misma fecha, en el primer Estado miembro.

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(1)  DO C 44, 21.2.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

(Asuntos acumulados C-536/08 y C-539/08) (1)

(Sexta Directiva IVA - Artículo 17, apartados 2 y 3 - Artículo 28 ter, parte A, apartado 2 - Derecho a deducción - Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre los Estados miembros - Lugar de adquisiciones intracomunitarias de bienes)

(2010/C 161/13)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Staatssecretaris van Financiën

Demandadas: X (C-536/08), fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV (C-539/08)

Objeto

Peticiones de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) — Interpretación de los artículos 17, apartados 2 y 3, y 28 ter, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54) — Régimen transitorio de tributación de los intercambios entre Estados miembros — Lugar de las adquisiciones intracomunitarias de bienes

Fallo

El artículo 17, apartados 2 y 3, y el artículo 28 ter, parte A, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en la versión resultante de la Directiva 92/111/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, deben interpretarse en el sentido de que el sujeto pasivo que se encuentra en la situación prevista en el párrafo primero de esta última disposición, no tiene derecho a deducir inmediatamente el impuesto sobre el valor añadido soportado en una adquisición intracomunitaria.

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(1)  DO C 44, de 21.2.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — The Queen, a instancia de: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Asunto C-62/09) (1)

(«Directiva 2001/83/CE - Artículo 94 - Incentivos económicos a favor de las consultas médicas que prescriben determinados medicamentos a sus pacientes - Autoridades públicas responsables en materia de salud - Médicos - Libertad de prescripción»)

(2010/C 161/14)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: The Queen, a instancia de: Association of the British Pharmaceutical Industry

Demandada: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

en el que participa: The NHS Confederation (Employers) Company Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido) — Interpretación del artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67) — Establecimiento por un organismo público que forma parte del sistema nacional de salud pública de un sistema de incentivos económicos a los médicos que prescriben un determinado medicamento a los pacientes.

Fallo

El artículo 94, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a sistemas de incentivos económicos, como el controvertido en el litigio principal, aplicados por las autoridades nacionales responsables de la salud pública a fin de reducir sus gastos en la materia y tendentes a favorecer, a efectos del tratamiento de ciertas patologías, la prescripción por los médicos de medicamentos específicamente designados y que contienen una sustancia activa diferente de la del medicamento que se había prescrito anteriormente o que se habría podido prescribir de no existir tal sistema de incentivos.

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(1)  DO C 90, de 18.4.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Dimos Agiou Nikolaou Kritis/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Asunto C-82/09) (1)

(Reglamento (CE) no 2152/2003 - Seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Unión - Definiciones - Conceptos de «bosque» y de «otras tierras arboladas» - Ámbito de aplicación)

(2010/C 161/15)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dimos Agiou Nikolaou Kritis

Demandada: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) (DO L 324, p. 1) — Conceptos de «bosque» y de «otras tierras arboladas» — Definiciones divergentes en el Reglamento.

Fallo

Las disposiciones del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus), que definen, a los efectos de ese Reglamento, los conceptos de «bosque» y de «tierras arboladas» deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas disposiciones nacionales que definen de modo distinto esos conceptos respecto a acciones no reguladas por ese Reglamento.

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(1)  DO C 102, de 1.5.2009.

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Firenze — Italia) — Camar Srl/Presidente del Consiglio dei Ministri

(Asunto C-102/09) (1)

(«Acuerdos internacionales - Convenio de Yaundé - Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé - Cláusula de “statu quo” - Tributo interno - Plátanos»)

(2010/C 161/16)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Firenze

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Camar Srl

Demandada: Presidente del Consiglio dei Ministri

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Firenze (Italia) — Organización común de mercados — Plátanos — Compatibilidad con el artículo 14 del Primer Convenio de Yaoundé y con el sistema de importación regulado por el Convenio ACP-EEC de Lomé de una norma nacional que impone un impuesto sobre el consume de los plátanos procedentes de Somalia.

Fallo

| 1) | El artículo 14 del Convenio de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache asociados a dicha Comunidad, firmado en Yaundé el 20 de julio de 1963, no se opone a que un tributo como el introducido por la Ley no 986/1964, de 9 de octubre de 1964 grave los plátanos procedentes de Somalia. |
| --- | --- |

1)

El artículo 14 del Convenio de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache asociados a dicha Comunidad, firmado en Yaundé el 20 de julio de 1963, no se opone a que un tributo como el introducido por la Ley no 986/1964, de 9 de octubre de 1964 grave los plátanos procedentes de Somalia.

| 2) | El órgano jurisdiccional nacional no está obligado a examinar los efectos concretos de los aumentos de un tributo sobre las importaciones de plátanos procedentes de Somalia como el establecido por la normativa controvertida en el litigio principal en relación con la situación anterior al 1 de abril de 1976 para apreciar la compatibilidad de dichos aumentos con la cláusula de mantenimiento del «statu quo» que figura en el artículo 1 del Protocolo no 5, relativo a los plátanos, anexo al Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989. No obstante, los aumentos de dicho tributo que se limiten a adaptar éste de modo acorde con la inflación no son contrarios a la citada cláusula. |
| --- | --- |

2)

El órgano jurisdiccional nacional no está obligado a examinar los efectos concretos de los aumentos de un tributo sobre las importaciones de plátanos procedentes de Somalia como el establecido por la normativa controvertida en el litigio principal en relación con la situación anterior al 1 de abril de 1976 para apreciar la compatibilidad de dichos aumentos con la cláusula de mantenimiento del «statu quo» que figura en el artículo 1 del Protocolo no 5, relativo a los plátanos, anexo al Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989. No obstante, los aumentos de dicho tributo que se limiten a adaptar éste de modo acorde con la inflación no son contrarios a la citada cláusula.

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(1)  DO C 129, de 6.6.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/12 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas y otras/Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

(Asunto C-122/09) (1)

(Transporte marítimo - Cabotaje marítimo - Reglamento (CEE) no 3577/92 - Exclusión temporal de la aplicación de dicho Reglamento - Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que puedan comprometer gravemente la aplicación del citado Reglamento)

(2010/C 161/17)

Lengua de procedimiento: griego

Órgano jurisdiccional remitente

Symvoulio tis Epikrateias

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoïkes Grammes, N.E. Lésvou y Blue Star Ferries

Demandadas: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretación de los artículos 1, 2, 4, y 6, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7) — Exclusión temporal de la aplicación del Reglamento — Obligación de los Estados miembros de no adoptar, antes de que expire el período de exclusión, disposiciones que pudieran comprometer la aplicación plena y efectiva del Reglamento — Derecho de los particulares a invocar las disposiciones del Reglamento con objeto de impugnar la validez de las disposiciones nacionales que produzcan dicho efecto.

Fallo

Suponiendo que durante el período de exclusión de la aplicación en Grecia del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), el legislador griego hubiera estado obligado a abstenerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente la aplicación plena y efectiva de dicho Reglamento a partir del 1 de enero de 2004, fecha en que expiró el referido período de exclusión, tal aplicación plena y efectiva no quedó comprometida gravemente por el mero hecho de que el legislador griego adoptara en 2001 disposiciones de carácter exhaustivo y permanente contrarias a dicho Reglamento, sin prever el cese de su aplicación a partir del 1 de enero de 2004.

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(1)  DO C 141, de 20.6.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/13 |
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Manchen — Alemania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München

(Asunto C-123/09) (1)

(Arancel Aduanero Común - Partidas arancelarias - Clasificación de los guantes de equitación en la Nomenclatura Combinada - Partida 3926 - Partida 6116)

(2010/C 161/18)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht München

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

Demandada: Hauptzollamt München

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht München — Interpretación del anexo I del Reglamento (CEE) no 2568/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003 (DO L 281, p. 1) — Producto textil que está cardado por una cara con el único objeto de reforzar la adhesión de una capa de materia plástica — Clasificación en la subpartida 3926 20 00 de la Nomenclatura Combinada.

Fallo

La Nomenclatura Combinada que constituye el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1789/2003 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que unos guantes de equitación, como los que son objeto del litigio principal, compuestos de una materia textil cardada por una de las caras y recubiertos con una capa de plástico, en los que el soporte textil se carda por una de las caras y, a continuación, la cara cardada se reviste completamente con espuma de poliuretano, la cual desempeña una función esencial para la utilización de los guantes como guantes de equitación, deben clasificarse en la subpartida 3926 20 00 de la Nomenclatura Combinada.

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(1)  DO C 129, de 6.6.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/13 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/13

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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat

(Asunto C-124/09) (1)

(Remisión prejudicial - Reglamentos (CEE) nos 3820/85 y 3821/85 - Transportes por carretera - Obligación de registro - Tiempo de descanso y demás tiempos de trabajo - Tiempo empleado para acudir al lugar en el que debe hacerse cargo de un vehículo equipado con un aparato de control - Concepto de «centro de operaciones»)

(2010/C 161/19)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Smit Reizen BV

Recurrida: Minister van Verkeer en Waterstaat

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Raad van State — Interpretación del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 370, p. 1; EE 07/04, p. 21), y del artículo 15 del Reglamento (CEE) no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO L 370, p. 8; EE 07/04, p. 28) — Interrupciones de la conducción, períodos de descanso diario y tiempos de trabajo — Concepto — Obligación de registro — Tiempo empleado para acudir al lugar en el que debe hacerse cargo del vehículo fuera del centro de operaciones de la empresa — Centro de operaciones — Concepto — Traslado del conductor por un tercero.

Fallo

| 1) | El concepto de «centro de operaciones» que figura en los apartados 21 y siguientes de la sentencia de 18 de enero de 2001, Skills Motor Coaches y otros, C-297/99, se debe definir como el lugar concreto en que se encuentre el conductor, a saber, la instalación de la empresa de transporte desde la que realiza regularmente su servicio y a la que regresa al finalizar éste, en el ejercicio normal de sus funciones y sin plegarse a las instrucciones particulares de su empresario. |
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1)

El concepto de «centro de operaciones» que figura en los apartados 21 y siguientes de la sentencia de 18 de enero de 2001, Skills Motor Coaches y otros, C-297/99, se debe definir como el lugar concreto en que se encuentre el conductor, a saber, la instalación de la empresa de transporte desde la que realiza regularmente su servicio y a la que regresa al finalizar éste, en el ejercicio normal de sus funciones y sin plegarse a las instrucciones particulares de su empresario.

| 2) | El hecho de que el conductor en cuestión acuda por sí mismo al lugar en el que debe hacerse cargo de un vehículo equipado con un aparato de control o de que le lleve otra persona carece de relevancia para la calificación del tiempo de trayecto en relación con el concepto de «descanso» en el sentido del artículo 1, número 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. |
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2)

El hecho de que el conductor en cuestión acuda por sí mismo al lugar en el que debe hacerse cargo de un vehículo equipado con un aparato de control o de que le lleve otra persona carece de relevancia para la calificación del tiempo de trayecto en relación con el concepto de «descanso» en el sentido del artículo 1, número 5, del Reglamento (CEE) no 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.

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(1)  DO C 129, de 6.6.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/14 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/14

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Recurso de casación interpuesto el 23 de septiembre de 2009 por Constantin Hârsulescu contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Sexta) dictado el 22 de julio de 2009 en el asunto T-234/09, Hârsulescu/Rumanía

(Asunto C-374/09 P)

(2010/C 161/20)

Lengua de procedimiento: rumano

Partes

Recurrente: Constantin Hârsulescu (representante: C. Stanciu)

Otra parte en el procedimiento: Rumanía

Mediante auto de 4 de marzo de 2010, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) desestimó el recurso de casación.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/14 |
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19.6.2010

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C 161/14

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Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-57/01, Solvay/Comisión

(Asunto C-109/10 P)

(2010/C 161/21)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Solvay SA (representantes: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009. |
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—

Que se anule la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009.

| — | Consiguientemente, que vuelva a examinarse el recurso en sus partes anuladas y se anule la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2000, en todo o en parte, según el alcance de los motivos contemplados. |
| --- | --- |

—

Consiguientemente, que vuelva a examinarse el recurso en sus partes anuladas y se anule la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2000, en todo o en parte, según el alcance de los motivos contemplados.

| — | Que se anule la multa de 19 millones de euros o, en su defecto, que se reduzca muy sustancialmente su importe como indemnización del grave perjuicio sufrido por la recurrente por la duración extraordinaria del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Que se anule la multa de 19 millones de euros o, en su defecto, que se reduzca muy sustancialmente su importe como indemnización del grave perjuicio sufrido por la recurrente por la duración extraordinaria del procedimiento.

| — | Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento ante el Tribunal General. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente invoca nueve motivos en apoyo de su recurso.

Mediante su primer motivo, compuesto por cinco partes, la recurrente denuncia una violación de su derecho a ser juzgada en un plazo razonable por haberse adoptado la Decisión 2003/6/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2000, (1) más de diez años después del inicio de las investigaciones o, cuando menos, de la incoación del procedimiento mediante la notificación de los cargos por parte de la Comisión a la recurrente. Solvay reprocha al Tribunal General, en particular, no haber apreciado el plazo completo incluyendo tanto la fase administrativa previa como la fase jurisdiccional (primera parte), no haber tenido en cuenta la duración del procedimiento ante el Tribunal General (segunda parte), haber supeditado la sanción por excederse del plazo razonable a la demostración de una lesión concreta de su derecho de defensa cuando los dos principios son independientes y distintos (tercera parte), haber declarado que en el caso de autos no existía tal lesión (cuarta parte), y haber desnaturalizado los hechos del litigio en la medida en que el Tribunal General consideró que la recurrente había renunciado a solicitar, con carácter subsidiario, una reducción de la multa por haberse rebasado el plazo razonable (quinta parte), cuando ella solicitó expresamente la anulación o, al menos, la reducción de la multa por tal motivo.

Mediante su segundo motivo, compuesto por tres partes, Solvay invoca una infracción de los artículos 14 y 20 del Reglamento no 17/62 del Consejo (2) basada en que el Tribunal General admitió el uso hecho por la Comisión, en un procedimiento incoado sobre la base del artículo 102 TFUE, de documentos incautados en verificaciones sobre una posible participación en prácticas colusorias y/o concertadas con arreglo al artículo 101 TFUE (primera parte). La recurrente también reprocha al Tribunal General haber admitido que la Comisión utilizase para inculparla documentos encontrados por casualidad, cuando en aquel momento no podía, por falta de sospechas, llevar a cabo una verificación orientada a obtener tales documentos (segunda parte). Por último, la recurrente le reprocha haber desnaturalizado los hechos del litigio al admitir la existencia de una semejanza material entre los hechos que la decisión de verificación pretendía investigar y los que sirvieron de base para condenarla (tercera parte).

Mediante su tercer motivo, compuesto por seis partes, la recurrente invoca la violación, por el Tribunal General, del derecho de defensa, al imponerle la obligación de demostrar que algunas partes del expediente, extraviadas por la Comisión, podían haber sido de utilidad para su defensa (primera parte). En efecto, no puede excluirse de oficio, a falta de todo examen provisional del expediente, que los documentos en cuestión pudieron influir en la Decisión adoptada por la Comisión (partes segunda y tercera). Por último, se opone a la apreciación del Tribunal General de que no demostró que los documentos desaparecidos pudieran servir para su defensa en lo relativo a la existencia de una posición dominante (cuarta parte), al descuento concedido al grupo Saint-Gobain (quinta parte) y a la definición del mercado geográfico pertinente (sexta parte).

Mediante su cuarto motivo, Solvay alega una violación de su derecho de defensa, de las reglas sobre la carga de la prueba y de la presunción de inocencia al haber decidido el Tribunal General que los documentos desaparecidos del expediente no eran útiles para su defensa, cuando bastaría con que dichos documentos le hubieran permitido, más que la formulación de motivos nuevos, respaldar motivos invocados con anterioridad (primera parte), y con que hubieran presentado una posibilidad, por mínima que fuese, de influir en el sentido de la Decisión controvertida (segunda parte).

Mediante su quinto motivo, la recurrente lamenta la violación de su derecho a ser oída después de que el Tribunal General anulara una primera decisión por la que le imponía una multa y antes de que la Comisión adoptara la Decisión controvertida. En efecto, la sentencia recurrida no responde a su recurso de anulación y se niega a reconocer la obligación de la Comisión de oír a la empresa de que se trata, cuando una sentencia anterior del Tribunal General ha declarado la existencia de una irregularidad de procedimiento que afecta a las diligencias preparatorias.

Mediante su sexto motivo, la sociedad recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 102 TFUE y haber incumplido su obligación de motivación al considerar válida una definición alternativa del mercado geográfico pertinente, ya se trate de un mercado de dimensión comunitaria o de mercados nacionales.

Mediante su séptimo motivo, Solvay critica, a la vista de la obligación de motivación y del artículo 102 TFUE, la apreciación de la posición dominante hecha por el Tribunal General en la sentencia recurrida, ya sea el mercado de referencia de dimensión comunitaria (primera parte) o nacional (segunda parte). Además, reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta las circunstancias excepcionales que demuestran que no existió posición dominante (tercera parte).

Mediante su octavo motivo, la recurrente invoca la infracción del artículo 102 TFUE y una falta de motivación al haber considerado el Tribunal General que la rebaja del 1,5 % concedida al grupo Saint-Gobain era un descuento por fidelidad que influía en las condiciones de la competencia.

Mediante su noveno motivo, la recurrente denuncia una falta de motivación y una infracción del artículo 102 TFUE basadas en que el Tribunal General declaró que el sistema de descuentos concedido a los socios comerciales constituía una práctica discriminatoria, aun cuando no existió un control para verificar si dicha práctica dio o no lugar a una desventaja competitiva entre los clientes del proveedor dominante (primera parte). Por último, Solvay reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta que el carbonato sódico representaba una parte mínima de los costes de producción de sus clientes (segunda parte).

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(1)  Decisión 2003/6/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2000, referente al procedimiento de aplicación del artículo 82 [CE] (Asunto COMP/33.133 — C: Carbonato sódico — Solvay) (DO 2003, L 10, p. 10).

(2)  Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/16 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/16

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Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2010 por Solvay SA contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-58/01, Solvay/Comisión

(Asunto C-110/10 P)

(2010/C 161/22)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Solvay SA (representantes: P.-A. Foriers, R. Jafferali, F. Louis, A. Vallery, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se acumule el presente asunto al recurso de casación interpuesto por la recurrente contra la sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-57/01. |
| --- | --- |

—

Que se acumule el presente asunto al recurso de casación interpuesto por la recurrente contra la sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2009 en el asunto T-57/01.

| — | Que se anule la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009.

| — | Consiguientemente, que vuelva a examinarse el recurso en sus partes anuladas y se anule en su totalidad la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2000. |
| --- | --- |

—

Consiguientemente, que vuelva a examinarse el recurso en sus partes anuladas y se anule en su totalidad la Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2000.

| — | Que se anule la multa de 2,25 millones de euros o, en su defecto, que se reduzca muy sustancialmente su importe como indemnización del grave perjuicio sufrido por la recurrente por la duración extraordinaria del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Que se anule la multa de 2,25 millones de euros o, en su defecto, que se reduzca muy sustancialmente su importe como indemnización del grave perjuicio sufrido por la recurrente por la duración extraordinaria del procedimiento.

| — | Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento ante el Tribunal General. |
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—

Que se condene a la Comisión a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento ante el Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La parte recurrente invoca tres motivos en apoyo de su recurso.

Mediante su primer motivo, compuesto por cinco partes, la recurrente denuncia una violación del derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Solvay reprocha al Tribunal General, en particular, no haber apreciado la duración completa incluyendo tanto el procedimiento administrativo previo como el procedimiento jurisdiccional (primera parte), no haber tenido en cuenta la duración del procedimiento ante el Tribunal General (segunda parte), haber supeditado la sanción por duración que excede de lo razonable a la demostración de una lesión concreta de sus derechos de defensa, cuando los dos principios son independientes y distintos (tercera parte), haber considerado que en el caso de autos no se había producido tal lesión (cuarta parte) y haber desnaturalizado los hechos del litigio al considerar el Tribunal General que la recurrente había renunciado a solicitar, con carácter subsidiario, una reducción de la multa por haberse rebasado el plazo razonable (quinta parte), cuando ella solicitó expresamente la anulación o, al menos, la reducción de la multa por tal motivo.

Mediante su segundo motivo, compuesto por cinco partes, la recurrente invoca la violación de su derecho de defensa por el Tribunal General, al imponerle la obligación de demostrar que algunas partes del expediente, extraviadas por la Comisión, podían haber sido de utilidad para su defensa (primera parte). En efecto, no puede excluirse de oficio, a falta de todo examen provisional del expediente, que los documentos en cuestión pudieron influir en la Decisión adoptada por la Comisión (partes segunda y tercera). También reprocha al Tribunal General que declarara, en la sentencia recurrida, que la recurrente no demostraba que los documentos extraviados pudieran haber servido para su defensa por no haber invocado ante el Tribunal General ningún motivo en el que negara la existencia del acuerdo, lo que habría podido hacer aun sin acceder al expediente, cuando la recurrente había invocado tal motivo ante la Comisión y cuando ya nadie puede determinar el contenido de los documentos perdidos (cuarta parte). Por último, reprocha al Tribunal General haber negado todo interés a los documentos perdidos al haber desestimado ya el motivo de fondo invocado por la recurrente sobre la falta de efectos en el comercio entre Estados miembros, aun sin conocer el contenido de los documentos perdidos y, por tanto, sin poder excluir que habrían permitido a la recurrente formular alegaciones complementarias, o incluso invocar motivos totalmente nuevos, tanto sobre el fondo como sobre el importe de la multa o sobre la legalidad del procedimiento (quinta parte).

Mediante su tercer y último motivo, la recurrente lamenta la violación de su derecho a ser oída después de que el Tribunal General anulara una primera decisión por la que le imponía una multa y antes de que la Comisión adoptara la Decisión controvertida. En efecto, la sentencia recurrida no responde a su recurso de anulación y se niega a reconocer la obligación de la Comisión de oír a la empresa de que se trata cuando una sentencia anterior del Tribunal General ha declarado la existencia de una irregularidad de procedimiento que afecta a las diligencias preparatorias.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/16 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/16

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Recurso de casación interpuesto el 8 de marzo de 2010 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) dictada el 15 de diciembre de 2009 en el asunto T-156/04, Électricité de France (EDF)/Comisión

(Asunto C-124/10 P)

(2010/C 161/23)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier, B. Stromsky y D. Grespan, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Électricité de France (EDF), República Francesa, Iberdrola, S.A.

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2009, notificada a la Comisión el 16 de diciembre de 2009, en el asunto T-156/04, EDF/Comisión, en cuanto dicha sentencia:






  — | Anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión (C 2003/4637) de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (C 68/2002, N 504/2003 y C 25/2003). |
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—

Que se anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Tercera) de 15 de diciembre de 2009, notificada a la Comisión el 16 de diciembre de 2009, en el asunto T-156/04, EDF/Comisión, en cuanto dicha sentencia:

—

Anuló los artículos 3 y 4 de la Decisión (C 2003/4637) de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas (C 68/2002, N 504/2003 y C 25/2003).

| — | Condenó a la Comisión Europea a cargar con sus costas así como con las de Électricité de France (EDF). |
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—

Condenó a la Comisión Europea a cargar con sus costas así como con las de Électricité de France (EDF).

| — | Devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen; |
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—

Devuelva el asunto al Tribunal General para su nuevo examen;

| — | Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento. |
| --- | --- |

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión Europea invoca dos motivos en apoyo de su recurso.

Mediante su primer motivo la Comisión alega que el Tribunal General apreció de forma manifiestamente errónea los hechos que han dado lugar al litigio. En contra de lo que señala la sentencia recurrida, la República Francesa no procedió efectivamente a la conversión de un crédito fiscal en capital sino que concedió a EDF una ayuda en forma de exención del impuesto de sociedades. La recapitalización de EDF, en sí misma, no fue considerada por la Decisión anulada como una ayuda de Estado; la Comisión sólo calificó como tal su incidencia fiscal.

Mediante su segundo motivo, que comprende cuatro partes, la demandante sostiene que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar las actuaciones del Gobierno francés en el caso del que se trata como el comportamiento de un inversor privado diligente en una economía de mercado.

En primer lugar, la demandante refuta la apreciación del Tribunal General de que la distinción entre el Estado accionista y el Estado que ejerce el poder público depende principalmente del objetivo perseguido por el Estado — en el caso del que se trata, la recapitalización de EDF —, y no de elementos objetivos y verificables. En efecto, el Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que el artículo 87 CE, apartado 1, no distingue según las causas y los objetivos de las intervenciones estatales, por una parte. Por otra, un criterio apoyado en la intención del Estado es particularmente inapropiado para apreciar la existencia de una ayuda de Estado ya que ese criterio es por su propia naturaleza subjetivo y sujeto a interpretación.

En segundo lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General no haber basado su análisis en el estudio comparativo del comportamiento que habría adoptado en parecidas circunstancias un operador privado diligente, carente de privilegios, por una parte, y por otra el comportamiento seguido en el caso del que se trata por el Estado francés, investido de sus prerrogativas de poder público.

En tercer lugar, la demandante sostiene que la sentencia recurrida ha vulnerado el principio de igualdad de trato entre empresas públicas y empresas privadas, y permite así un trato fiscal más favorable del Estado, incluso en sociedades en las que el Estado no es el único accionista.

Por último, según la Comisión el Tribunal General vulneró las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba en lo que atañe a la aplicabilidad del principio del inversor privado diligente en una economía de mercado, y al mismo tiempo tuvo en cuenta elementos posteriores a la fecha de adopción de la Decisión anulada.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/17 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/17

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundespatentgericht (Alemania) el 9 de marzo de 2010 — Merck & Co Inc/Deutsches Patent- und Markenamt

(Asunto C-125/10)

(2010/C 161/24)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Bundespatentgericht

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Merck & Co Inc

Recurrida: Deutsches Patent- und Markenamt

Cuestión prejudicial

¿Puede concederse un certificado complementario de protección para medicamentos (1) cuando el período de tiempo entre la presentación de la solicitud de la patente de base y la primera autorización de comercialización en la Comunidad es inferior a cinco años?

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(1)  Reglamento (CE) no 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (Versión codificada) (DO L 152, p. 1)

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/18 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/18

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Recurso interpuesto el 15 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de Bélgica

(Asunto C-134/10)

(2010/C 161/25)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Nijenhuis y C. Vrignon, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), (1) y del artículo 56 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, al no adaptar correctamente el Derecho interno al artículo 31 de dicha Directiva. |
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—

Que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «servicio universal»), (1) y del artículo 56 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, al no adaptar correctamente el Derecho interno al artículo 31 de dicha Directiva.

| — | Que se condene en costas al Reino de Bélgica. |
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—

Que se condene en costas al Reino de Bélgica.

Motivos y principales alegaciones

La Comisión Europea formula tres motivos en apoyo de su recurso, en el que denuncia la falta de proporcionalidad de la normativa nacional impugnada, en particular en lo que respecta al procedimiento y a los criterios de designación de canales de radio y televisión que se benefician del régimen de transmisión.

En primer lugar, reprocha a la demandada no haber establecido de manera clara y previsible los objetivos de interés general que permiten la concesión de este régimen. De este modo, en su opinión los organismos de radiodifusión no pueden conocer con carácter previo la naturaleza y el alcance de los requisitos que han de cumplirse y de las obligaciones de servicio público a las que están sometidos.

En segundo lugar, la Comisión denuncia a la vez la falta de transparencia relativa al desarrollo del procedimiento de autorización, la amplia facultad discrecional de las autoridades, en la medida en que la normativa nacional parece imponer a los organismos afectados la retransmisión del conjunto de canales que retransmiten y no únicamente de los canales que persiguen los objetivos de interés general que se persiguen, y el alcance discriminatorio del requisito de establecimiento de estos organismos en territorio nacional.

En tercer lugar, la demandante denuncia por último que no se respeta el ámbito de aplicación del artículo 31 de la Directiva «servicio universal» por lo que se refiere a la subordinación de la transmisión a la existencia de un número significativo de usuarios finales de las redes de comunicación.

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(1)  DO L 108, p. 51.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/18 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș (Rumanía) el 15 de marzo de 2010 — Daniel Ionel Obreja/Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mures, Administrația Fondului pentru Mediu

(Asunto C-136/10)

(2010/C 161/26)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Târgu-Mureș

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Daniel Ionel Obreja

Recurrida: Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mures, Administrația Fondului pentru Mediu

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Puede considerarse que el establecimiento de una tasa de contaminación entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2008 por la norma nacional rumana de que se trata (Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008) respeta los principios de la unión aduanera y de evitar la doble imposición tal como están previstos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE, en el sentido de que esos artículos del Tratado CE permiten establecer una tasa de contaminación con el fin previsto por el legislador rumano en la exposición de motivos de la Ordonanță de Urgență a Guvernului, fin previsto también en los artículos 174 CE y siguientes: la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente mediante la ejecución de programas y proyectos para mejorar la calidad del aire y alcanzar los valores límite previstos por la legislación comunitaria en la materia? En otros términos, más concretamente: en caso de que se establezca en un Estado miembro de la Unión Europea una tasa de contaminación por la primera matriculación en dicho Estado de automóviles nuevos o de segunda mano procedentes de otro Estado miembro ¿Puede considerarse que el artículo 174 CE y siguientes permiten excluir la aplicación de los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE? |
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1)

¿Puede considerarse que el establecimiento de una tasa de contaminación entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2008 por la norma nacional rumana de que se trata (Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008) respeta los principios de la unión aduanera y de evitar la doble imposición tal como están previstos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE, en el sentido de que esos artículos del Tratado CE permiten establecer una tasa de contaminación con el fin previsto por el legislador rumano en la exposición de motivos de la Ordonanță de Urgență a Guvernului, fin previsto también en los artículos 174 CE y siguientes: la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente mediante la ejecución de programas y proyectos para mejorar la calidad del aire y alcanzar los valores límite previstos por la legislación comunitaria en la materia? En otros términos, más concretamente: en caso de que se establezca en un Estado miembro de la Unión Europea una tasa de contaminación por la primera matriculación en dicho Estado de automóviles nuevos o de segunda mano procedentes de otro Estado miembro ¿Puede considerarse que el artículo 174 CE y siguientes permiten excluir la aplicación de los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE?

| 2) | Si tal automóvil estuvo sujeto, en un Estado miembro, a una tasa similar, es decir, a una tasa de contaminación (de igual contenido conceptual y finalidad, es decir, que persiga el respeto del medio ambiente de acuerdo con los principios y objetivos definidos en los artículos 174 CE y siguientes) ¿puede establecerse una tasa de contaminación por la primera matriculación en otro Estado miembro con los objetivos previstos en los artículos 174 CE y siguientes del Tratado, aun cuando el automóvil ya hubiera estado sujeto anteriormente a una tasa de contaminación en otro Estado miembro? |
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2)

Si tal automóvil estuvo sujeto, en un Estado miembro, a una tasa similar, es decir, a una tasa de contaminación (de igual contenido conceptual y finalidad, es decir, que persiga el respeto del medio ambiente de acuerdo con los principios y objetivos definidos en los artículos 174 CE y siguientes) ¿puede establecerse una tasa de contaminación por la primera matriculación en otro Estado miembro con los objetivos previstos en los artículos 174 CE y siguientes del Tratado, aun cuando el automóvil ya hubiera estado sujeto anteriormente a una tasa de contaminación en otro Estado miembro?

| 3) | Finalmente, cuando, por el contrario, dicho automóvil no estuvo sujeto a la tasa de contaminación en ningún Estado miembro (bien porque esa tasa no existe o por otro motivo), y se matricula posteriormente en otro Estado miembro, por ejemplo en Rumanía, donde se percibe tal tasa de contaminación en la primera matriculación en ese Estado miembro ¿puede considerarse que, en tal caso, se violan los principios de la unión aduanera o la prohibición de la protección interna indirecta establecidos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE? |
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3)

Finalmente, cuando, por el contrario, dicho automóvil no estuvo sujeto a la tasa de contaminación en ningún Estado miembro (bien porque esa tasa no existe o por otro motivo), y se matricula posteriormente en otro Estado miembro, por ejemplo en Rumanía, donde se percibe tal tasa de contaminación en la primera matriculación en ese Estado miembro ¿puede considerarse que, en tal caso, se violan los principios de la unión aduanera o la prohibición de la protección interna indirecta establecidos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/19 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/19

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie van België (Bélgica) el 17 de marzo de 2010 — Greenstar-Kanzi Europe NV/1. Jean Hustin y 2. Jo Goossens

(Asunto C-140/10)

(2010/C 161/27)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Cassatie van België

Partes en el procedimiento principal

| Demandante | : | Greenstar-Kanzi Europe NV |
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| Demandadas | : | | Jean Hustin |

Demandante

:

Greenstar-Kanzi Europe NV

Demandadas

:

Jean Hustin

| | Jo Goossens |
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Jo Goossens

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Debe interpretarse el artículo 94 del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, (1) de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 873/2004 del Consejo, (2) de 29 de abril de 2004, en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del citado Reglamento no 2100/94, en el sentido de que el titular o la persona que goce de los derechos de explotación puede interponer una demanda por infracción frente a quien realiza actos en relación con material que ha sido vendido o cedido a este último por un licenciatario, cuando no se respetan las restricciones estipuladas en el contrato de licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal, en caso de venta de dicho material? |
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1)

¿Debe interpretarse el artículo 94 del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, (1) de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 873/2004 del Consejo, (2) de 29 de abril de 2004, en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del citado Reglamento no 2100/94, en el sentido de que el titular o la persona que goce de los derechos de explotación puede interponer una demanda por infracción frente a quien realiza actos en relación con material que ha sido vendido o cedido a este último por un licenciatario, cuando no se respetan las restricciones estipuladas en el contrato de licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal, en caso de venta de dicho material?

| 2) | En caso de respuesta afirmativa, ¿es relevante en la apreciación de la infracción el hecho de que quien ha realizado tal acto esté al corriente o se considere que está al corriente de las restricciones así establecidas en el citado contrato de licencia? |
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2)

En caso de respuesta afirmativa, ¿es relevante en la apreciación de la infracción el hecho de que quien ha realizado tal acto esté al corriente o se considere que está al corriente de las restricciones así establecidas en el citado contrato de licencia?

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(1)  DO L 227, p. 1.

(2)  DO L 162, p. 38.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/19 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/19

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Recurso interpuesto el 16 de marzo de 2010 — Comisión Europea/Reino de los Países Bajos

(Asunto C-141/10)

(2010/C 161/28)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representante: V. Kreuschitz y M. van Beek, agentes)

Demandada: Reino de los Países Bajos

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) y de los artículos 45 a 48 TFUE, al no adoptar todas las medidas necesarias para suprimir la normativa conforme a la cual no se pagan determinadas prestaciones sociales a nacionales de otros Estados de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos. |
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—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) y de los artículos 45 a 48 TFUE, al no adoptar todas las medidas necesarias para suprimir la normativa conforme a la cual no se pagan determinadas prestaciones sociales a nacionales de otros Estados de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos.

| — | Que se condene en costas Reino de los Países Bajos. |
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—

Que se condene en costas Reino de los Países Bajos.

Motivos y principales alegaciones

| 1) | El Parlamento Europeo solicitó recientemente a la Comisión Europea, en repetidas ocasiones, información sobre nacionales portugueses que trabajan en una plataforma petrolífera en la plataforma continental neerlandesa y residen en Portugal, pero que no disfrutan de las mismas ventajas laborales y sociales que los trabajadores residentes en los Países Bajos. |
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1)

El Parlamento Europeo solicitó recientemente a la Comisión Europea, en repetidas ocasiones, información sobre nacionales portugueses que trabajan en una plataforma petrolífera en la plataforma continental neerlandesa y residen en Portugal, pero que no disfrutan de las mismas ventajas laborales y sociales que los trabajadores residentes en los Países Bajos.

| 2) | Por consiguiente, la Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 226 CE, actualmente artículo 258 TFUE, dirigió a los Países Bajos un escrito de requerimiento y un dictamen motivado. En ellos, la Comisión señala que, a su juicio, también debe aplicarse la legislación social neerlandesa a nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea que trabajan en plataformas petrolíferas en los Países Bajos, y que la negativa de las autoridades neerlandesas a conceder a estas personas sus prestaciones sociales es incompatible con el título II del Reglamento (CEE) no 1408/7 y, en particular, los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, así como con los artículos 39 a 42 del Tratado CE, que entre tanto se han convertido en los artículos 45 a 48 TFUE. |
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2)

Por consiguiente, la Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 226 CE, actualmente artículo 258 TFUE, dirigió a los Países Bajos un escrito de requerimiento y un dictamen motivado. En ellos, la Comisión señala que, a su juicio, también debe aplicarse la legislación social neerlandesa a nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea que trabajan en plataformas petrolíferas en los Países Bajos, y que la negativa de las autoridades neerlandesas a conceder a estas personas sus prestaciones sociales es incompatible con el título II del Reglamento (CEE) no 1408/7 y, en particular, los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, así como con los artículos 39 a 42 del Tratado CE, que entre tanto se han convertido en los artículos 45 a 48 TFUE.

| 3) | Hasta la fecha, los Países Bajos todavía no han adoptado todas las medidas necesarias para suprimir la normativa nacional conforme a la cual no se pagan determinadas prestaciones sociales a nacionales de otros Estados de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos. |
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3)

Hasta la fecha, los Países Bajos todavía no han adoptado todas las medidas necesarias para suprimir la normativa nacional conforme a la cual no se pagan determinadas prestaciones sociales a nacionales de otros Estados de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos.

| 4) | Habida cuenta de lo anterior, la Comisión debe concluir que los Países Bajos han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 y de los artículos 45 a 48 TFUE, al negarse a pagar determinadas prestaciones sociales a los nacionales de otros países de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos. |
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4)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión debe concluir que los Países Bajos han incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra a), y 3, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 1408/71 y de los artículos 45 a 48 TFUE, al negarse a pagar determinadas prestaciones sociales a los nacionales de otros países de la Unión Europea contratados en plataformas petrolíferas en los Países Bajos.

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(1)  Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/20 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/20

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Express Line NV/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(Asunto C-148/10)

(2010/C 161/29)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Hof van Beroep te Brussel

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Express Line NV

Demandada: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Deben entenderse e interpretarse las disposiciones de la Directiva 97/67/CE, (1) de [15] de diciembre de 1997, en su versión modificada por la Directiva 2002/39/CE (2) relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio y, en especial, a título ejemplificativo y no limitativo, su artículo 19, a la luz de las disposiciones introducidas por la Directiva 2008/6/CE (3) a las que el Derecho interno debe adaptarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2010, en el sentido de que no se permite a los Estados miembros imponer con carácter obligatorio un mecanismo externo de reclamación a los proveedores de servicios no universales dado que:






  i) | por lo que se refiere a los procedimientos de reclamación aplicables destinados a la protección de los usuarios de los servicios postales, la Directiva constituye una armonización completa, o |
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1)

¿Deben entenderse e interpretarse las disposiciones de la Directiva 97/67/CE, (1) de [15] de diciembre de 1997, en su versión modificada por la Directiva 2002/39/CE (2) relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio y, en especial, a título ejemplificativo y no limitativo, su artículo 19, a la luz de las disposiciones introducidas por la Directiva 2008/6/CE (3) a las que el Derecho interno debe adaptarse como muy tarde el 31 de diciembre de 2010, en el sentido de que no se permite a los Estados miembros imponer con carácter obligatorio un mecanismo externo de reclamación a los proveedores de servicios no universales dado que:

i)

por lo que se refiere a los procedimientos de reclamación aplicables destinados a la protección de los usuarios de los servicios postales, la Directiva constituye una armonización completa, o

| ii) | la Directiva 2002/39/CE únicamente impone esta obligación al proveedor del servicio universal y, a partir de la Directiva 2008/6/CE, a todos los proveedores de servicios universales, mientras que a tenor del artículo 19, apartado 1, párrafo [tercero], de la Directiva 2008/6/CE, los Estados miembros promoverán, pero no impondrán, el desarrollo de sistemas extrajudiciales para la resolución de litigios entre los proveedores de servicios postales distintos de los servicios universales y los usuarios? |
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ii)

la Directiva 2002/39/CE únicamente impone esta obligación al proveedor del servicio universal y, a partir de la Directiva 2008/6/CE, a todos los proveedores de servicios universales, mientras que a tenor del artículo 19, apartado 1, párrafo [tercero], de la Directiva 2008/6/CE, los Estados miembros promoverán, pero no impondrán, el desarrollo de sistemas extrajudiciales para la resolución de litigios entre los proveedores de servicios postales distintos de los servicios universales y los usuarios?

| 2) | En caso de responderse a la primera cuestión que la Directiva postal no se opone en cuanto tal a que los Estados miembros sometan obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, ¿deben interpretarse los principios de libre prestación de servicios (artículos 49 CE y ss.; actualmente artículos 56 TFUE y ss.) en el sentido de que las restricciones a la libre prestación de servicios introducidas por un Estado miembro por razones imperiosas de interés general en materia de protección de los consumidores, en virtud de las cuales se somete obligatoriamente a los proveedores de los servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, son compatibles con el TFUE aun cuando en la aplicación del correspondiente mecanismo de reclamación no se establezca ninguna diferencia en función de si la reclamación afecta a consumidores o a otros usuarios finales, a pesar de que los usuarios de estos servicios (en el caso de autos, servicios urgentes y de mensajería) son en su gran mayoría usuarios profesionales? |
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2)

En caso de responderse a la primera cuestión que la Directiva postal no se opone en cuanto tal a que los Estados miembros sometan obligatoriamente a los proveedores de servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, ¿deben interpretarse los principios de libre prestación de servicios (artículos 49 CE y ss.; actualmente artículos 56 TFUE y ss.) en el sentido de que las restricciones a la libre prestación de servicios introducidas por un Estado miembro por razones imperiosas de interés general en materia de protección de los consumidores, en virtud de las cuales se somete obligatoriamente a los proveedores de los servicios postales no universales a un mecanismo externo de reclamación como el previsto en el artículo 19, apartado 2, párrafo primero, para los proveedores de servicios postales universales, son compatibles con el TFUE aun cuando en la aplicación del correspondiente mecanismo de reclamación no se establezca ninguna diferencia en función de si la reclamación afecta a consumidores o a otros usuarios finales, a pesar de que los usuarios de estos servicios (en el caso de autos, servicios urgentes y de mensajería) son en su gran mayoría usuarios profesionales?

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(1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14).

(2)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (DO L 176, p. 21).

(3)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios (DO L 52, p. 3).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/21 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/21

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de première instance de Bruxelles (Bélgica) el 29 de marzo de 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Asunto C-150/10)

(2010/C 161/30)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunal de première instance de Bruxelles

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Demandada: Beneo Orafti SA

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Están exentas del régimen temporal de reestructuración establecido por los Reglamentos no 320/2006 (1) del Consejo y no 968/2006 (2) de la Comisión que establece disposiciones de aplicación, las cuotas transitorias atribuidas a una empresa azucarera en virtud del artículo 9 del Reglamento no 493/2006 (3) de la Comisión, dado que:






  a) | dichas cuotas no están sometidas al pago del importe temporal para la reestructuración, |
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1)

¿Están exentas del régimen temporal de reestructuración establecido por los Reglamentos no 320/2006 (1) del Consejo y no 968/2006 (2) de la Comisión que establece disposiciones de aplicación, las cuotas transitorias atribuidas a una empresa azucarera en virtud del artículo 9 del Reglamento no 493/2006 (3) de la Comisión, dado que:

a)

dichas cuotas no están sometidas al pago del importe temporal para la reestructuración,

| b) | no se benefician de la ayuda a la reestructuración y |
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b)

no se benefician de la ayuda a la reestructuración y

| c) | no son cuotas en el sentido del Reglamento no 320/2006, del Consejo, como las definidas en el artículo 2, apartado 6, de éste? |
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c)

no son cuotas en el sentido del Reglamento no 320/2006, del Consejo, como las definidas en el artículo 2, apartado 6, de éste?

| 2) | Aun en caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿son las cuotas transitorias cuotas completas, independientes de las cuotas de base regulares, teniendo en cuenta que:






  a) | las cuotas transitorias se atribuyen en virtud del artículo 9 del Reglamento no 493/2006 de la Comisión, y no sobre la base del artículo 7 del Reglamento no 318/2006 (4) del Consejo, |
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2)

Aun en caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿son las cuotas transitorias cuotas completas, independientes de las cuotas de base regulares, teniendo en cuenta que:

a)

las cuotas transitorias se atribuyen en virtud del artículo 9 del Reglamento no 493/2006 de la Comisión, y no sobre la base del artículo 7 del Reglamento no 318/2006 (4) del Consejo,

| b) | los criterios de atribución de las cuotas transitorias son diferentes de los criterios de atribución de las cuotas de base regulares y |
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b)

los criterios de atribución de las cuotas transitorias son diferentes de los criterios de atribución de las cuotas de base regulares y

| c) | las cuotas transitorias son medidas transitorias destinadas a facilitar la transición del anterior régimen del mercado del azúcar al nuevo régimen del mercado del azúcar en la [Unión] y, por lo tanto, sólo se aplicaban durante la campaña de comercialización 2006/2007? |
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c)

las cuotas transitorias son medidas transitorias destinadas a facilitar la transición del anterior régimen del mercado del azúcar al nuevo régimen del mercado del azúcar en la [Unión] y, por lo tanto, sólo se aplicaban durante la campaña de comercialización 2006/2007?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a una de las dos cuestiones anteriores (o a ambas), ¿tiene derecho a beneficiarse de una cuota transitoria atribuida para la campaña de comercialización 2006-2007 con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 493/2006 una empresa azucarera que solicitó la ayuda a la reestructuración para la campaña de comercialización 2006/2007 conforme al artículo 3 del Reglamento no 320/2006 del Consejo? |
| --- | --- |

3)

En caso de respuesta afirmativa a una de las dos cuestiones anteriores (o a ambas), ¿tiene derecho a beneficiarse de una cuota transitoria atribuida para la campaña de comercialización 2006-2007 con arreglo al artículo 9 del Reglamento no 493/2006 una empresa azucarera que solicitó la ayuda a la reestructuración para la campaña de comercialización 2006/2007 conforme al artículo 3 del Reglamento no 320/2006 del Consejo?

| 4) | En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿puede consistir la sanción impuesta [en] la recuperación de una parte de la ayuda a la recuperación concedida y en la recuperación de la cuota transitoria? ¿Cómo han de calcularse el importe de la recuperación y la sanción previstos, respectivamente, en los artículos 26, apartado 1, y 27, del Reglamento no 968 de la Comisión, en caso de que una empresa azucarera haya recibido una ayuda a la reestructuración (para la campaña de comercialización 2006/2007) y haya hecho uso de su cuota transitoria (para la que no se concedió ninguna ayuda a la reestructuración)? ¿Debe tener en cuenta el cálculo de dicho importe y de la sanción los elementos siguientes?:






  a) | Los costes soportados por la empresa azucarera de que se trate para el desmantelamiento de sus instalaciones de producción. |
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4)

En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿puede consistir la sanción impuesta [en] la recuperación de una parte de la ayuda a la recuperación concedida y en la recuperación de la cuota transitoria? ¿Cómo han de calcularse el importe de la recuperación y la sanción previstos, respectivamente, en los artículos 26, apartado 1, y 27, del Reglamento no 968 de la Comisión, en caso de que una empresa azucarera haya recibido una ayuda a la reestructuración (para la campaña de comercialización 2006/2007) y haya hecho uso de su cuota transitoria (para la que no se concedió ninguna ayuda a la reestructuración)? ¿Debe tener en cuenta el cálculo de dicho importe y de la sanción los elementos siguientes?:

a)

Los costes soportados por la empresa azucarera de que se trate para el desmantelamiento de sus instalaciones de producción.

| b) | Las pérdidas sufridas por la empresa azucarera de que se trate como consecuencia del abandono de su cuota de base regular. |
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b)

Las pérdidas sufridas por la empresa azucarera de que se trate como consecuencia del abandono de su cuota de base regular.

| c) | El hecho de que la cuota transitoria sea una medida puntual y transitoria que sólo permitía la producción para la campaña de comercialización 2006-2007 pero que no se aplica a las demás campañas de comercialización (salvo en el caso de la cuota transitoria de azúcar). |
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c)

El hecho de que la cuota transitoria sea una medida puntual y transitoria que sólo permitía la producción para la campaña de comercialización 2006-2007 pero que no se aplica a las demás campañas de comercialización (salvo en el caso de la cuota transitoria de azúcar).

| d) | ¿Viola el principio de proporcionalidad el cálculo del importe de recuperación que no toma en consideración los elementos mencionados en las letras a) a c)? |
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d)

¿Viola el principio de proporcionalidad el cálculo del importe de recuperación que no toma en consideración los elementos mencionados en las letras a) a c)?

| 5) | Con independencia de las cuestiones anteriores, ¿cuándo se hacen efectivos — es decir, vinculantes para el solicitante — los compromisos asumidos con arreglo a un plan de reestructuración?






  a) | ¿Al principio de la campaña de comercialización para la que el solicitante presentó su solicitud de ayuda a la reestructuración? |
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5)

Con independencia de las cuestiones anteriores, ¿cuándo se hacen efectivos — es decir, vinculantes para el solicitante — los compromisos asumidos con arreglo a un plan de reestructuración?

a)

¿Al principio de la campaña de comercialización para la que el solicitante presentó su solicitud de ayuda a la reestructuración?

| b) | ¿Cuando se presenta la solicitud a la autoridad nacional competente? |
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b)

¿Cuando se presenta la solicitud a la autoridad nacional competente?

| c) | ¿Cuando la autoridad nacional competente notifica que la solicitud se considera completa? |
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c)

¿Cuando la autoridad nacional competente notifica que la solicitud se considera completa?

| d) | ¿Cuando la autoridad nacional competente notifica que la solicitud se considera admisible para la obtención de una ayuda a la reestructuración? |
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d)

¿Cuando la autoridad nacional competente notifica que la solicitud se considera admisible para la obtención de una ayuda a la reestructuración?

| e) | ¿Cuándo la autoridad nacional competente notifica su decisión de conceder una ayuda a la reestructuración? |
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e)

¿Cuándo la autoridad nacional competente notifica su decisión de conceder una ayuda a la reestructuración?

| 6) | «En caso de respuesta afirmativa a una de las cuestiones primera y segunda — o a ambas —, ¿está autorizada una empresa azucarera a la que se le concedió una cuota transitoria para la campaña de comercialización 2006/2007 a emplear dicha cuota durante dicha campaña de comercialización si la citada empresa recibió una ayuda a la reestructuración en relación con su cuota de base regular a partir de la campaña de comercialización 2006/2007?» |
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6)

«En caso de respuesta afirmativa a una de las cuestiones primera y segunda — o a ambas —, ¿está autorizada una empresa azucarera a la que se le concedió una cuota transitoria para la campaña de comercialización 2006/2007 a emplear dicha cuota durante dicha campaña de comercialización si la citada empresa recibió una ayuda a la reestructuración en relación con su cuota de base regular a partir de la campaña de comercialización 2006/2007?»

| 7) | En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera, segunda y sexta, en caso de que se incumplan los compromisos en el marco del plan de reestructuración, ¿está autorizada una autoridad competente de un Estado miembro a acumular la recuperación de la ayuda a la reestructuración y la sanción con arreglo a los artículos 26 y 27 del Reglamento no 968/2006 de la Comisión con la imposición de un importe por los excedentes conforme al artículo 4 del Reglamento no 967/2006 (5) de la Comisión, o bien esta acumulación de sanciones vulnera los principios de non bis in idem, de proporcionalidad y de no discriminación? |
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7)

En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera, segunda y sexta, en caso de que se incumplan los compromisos en el marco del plan de reestructuración, ¿está autorizada una autoridad competente de un Estado miembro a acumular la recuperación de la ayuda a la reestructuración y la sanción con arreglo a los artículos 26 y 27 del Reglamento no 968/2006 de la Comisión con la imposición de un importe por los excedentes conforme al artículo 4 del Reglamento no 967/2006 (5) de la Comisión, o bien esta acumulación de sanciones vulnera los principios de non bis in idem, de proporcionalidad y de no discriminación?

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(1)  Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 58, p. 42).

(2)  Reglamento (CE) no 968/2006 de la Comisión, de 27 de junio de 2006, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 320/2006 del Consejo, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad (DO L 176, p. 32).

(3)  Reglamento (CE) no 493/2006 de la Comisión, de 27 de marzo de 2006, por el que se establecen medidas transitorias en el marco de la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar y se modifican los Reglamentos (CE) no 1265/2001 y (CE) no 314/2002 (DO L 89, p. 11).

(4)  Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 58, p. 1).

(5)  Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 58, p. 1).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/22 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/22

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt (Bélgica) el 31 de marzo de 2010 — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Asunto C-151/10)

(2010/C 161/31)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Arbeidshof te Antwerpen — Afdeling Hasselt

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Dai Cugini NV

Demandada: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Las disposiciones nacionales, en concreto la presunción establecida en el artículo 22 ter de la Ley de 27 de junio de 1969 por la que se modifica el Decreto-ley de 28 de diciembre de 1944, relativo a la seguridad social de los trabajadores (R.S.Z.-Wet) y el artículo 171 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Programmawet), de 22 de diciembre de 1989, en sus sucesivas versiones, ¿son compatibles con el Derecho comunitario y con la Directiva 97/81/CE (1) del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y en particular con la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo, en la que se establece que en el contexto de la cláusula 1 del presente Acuerdo y del principio de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativas que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos? |
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1)

Las disposiciones nacionales, en concreto la presunción establecida en el artículo 22 ter de la Ley de 27 de junio de 1969 por la que se modifica el Decreto-ley de 28 de diciembre de 1944, relativo a la seguridad social de los trabajadores (R.S.Z.-Wet) y el artículo 171 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Programmawet), de 22 de diciembre de 1989, en sus sucesivas versiones, ¿son compatibles con el Derecho comunitario y con la Directiva 97/81/CE (1) del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y en particular con la cláusula 5, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo, en la que se establece que en el contexto de la cláusula 1 del presente Acuerdo y del principio de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativas que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos?

| 2) | Las disposiciones nacionales que obligan a los empresarios a elaborar y llevar numerosos documentos en materia de seguridad social de conformidad con los artículos 157 a 169 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Programmawet), de 22 de diciembre de 1989, de forma que el incumplimiento de las citadas disposiciones puede ser sancionado penalmente o bien mediante la imposición de multas administrativas y sanciones de Derecho civil, ¿son compatibles con el Derecho comunitario y con la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y en particular con la cláusula 5, apartado 1, letra a), en la que se establece que en el contexto de la cláusula 1 del presente Acuerdo y del principio de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativas que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos? |
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2)

Las disposiciones nacionales que obligan a los empresarios a elaborar y llevar numerosos documentos en materia de seguridad social de conformidad con los artículos 157 a 169 de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Programmawet), de 22 de diciembre de 1989, de forma que el incumplimiento de las citadas disposiciones puede ser sancionado penalmente o bien mediante la imposición de multas administrativas y sanciones de Derecho civil, ¿son compatibles con el Derecho comunitario y con la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y en particular con la cláusula 5, apartado 1, letra a), en la que se establece que en el contexto de la cláusula 1 del presente Acuerdo y del principio de no discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, deberían identificar y examinar los obstáculos de naturaleza jurídica o administrativas que pudieran limitar las posibilidades de trabajo a tiempo parcial y, en su caso, eliminarlos?

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(1)  Directiva 97/81/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/23 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/23

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 2 de abril de 2010 — Williams y otros/British Airways plc

(Asunto C-155/10)

(2010/C 161/32)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Supreme Court of the United Kingdom

Partes en el procedimiento principal

Recurrentes: Williams y otros

Recurrida: British Airways plc

Cuestiones prejudiciales

| i) | A efectos a) de los artículos 7 de las Directivas 93/104/CE (1) y 2003/88/CE (2) y b) de la cláusula 3 del Acuerdo europeo anexo a la Directiva 2000/79/CE (3) del Consejo: 1) ¿Se definen o establecen en el Derecho europeo, y en caso afirmativo, en qué medida, los requisitos relativos a la naturaleza y/o al nivel de la retribución que debe pagarse por los períodos de vacaciones anuales retribuidas? y 2) ¿pueden los Estados miembros establecer, y en caso afirmativo en qué medida, la forma de calcular dichas retribuciones? |
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i)

A efectos a) de los artículos 7 de las Directivas 93/104/CE (1) y 2003/88/CE (2) y b) de la cláusula 3 del Acuerdo europeo anexo a la Directiva 2000/79/CE (3) del Consejo: 1) ¿Se definen o establecen en el Derecho europeo, y en caso afirmativo, en qué medida, los requisitos relativos a la naturaleza y/o al nivel de la retribución que debe pagarse por los períodos de vacaciones anuales retribuidas? y 2) ¿pueden los Estados miembros establecer, y en caso afirmativo en qué medida, la forma de calcular dichas retribuciones?

| ii) | Concretamente, ¿es suficiente que, con arreglo al Derecho y/o a prácticas nacionales y/o convenios colectivos y/o estipulaciones contractuales negociadas entre empresarios y trabajadores, la retribución pagada permita y estimule al trabajador a tomar y disfrutar, en el sentido más propio de estas palabras, sus vacaciones anuales, evitándose cualquier riesgo razonable que impida al trabajador hacerlo? |
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ii)

Concretamente, ¿es suficiente que, con arreglo al Derecho y/o a prácticas nacionales y/o convenios colectivos y/o estipulaciones contractuales negociadas entre empresarios y trabajadores, la retribución pagada permita y estimule al trabajador a tomar y disfrutar, en el sentido más propio de estas palabras, sus vacaciones anuales, evitándose cualquier riesgo razonable que impida al trabajador hacerlo?

| iii) | O ¿es necesario que la retribución, a) se corresponda exactamente con la retribución «normal» del trabajador, o b) sea comparable con ella en términos generales? |
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iii)

O ¿es necesario que la retribución, a) se corresponda exactamente con la retribución «normal» del trabajador, o b) sea comparable con ella en términos generales?

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión iii), a) o b):

| iv) | ¿Cuál es la medida o comparación relevante: a) la retribución que el trabajador habría percibido durante el período vacacional concreto si hubiese trabajado en vez de estar de vacaciones, o, b) la retribución que haya percibido durante algún otro período en el que trabajó y, en caso afirmativo, cuál sería ese período? |
| --- | --- |

iv)

¿Cuál es la medida o comparación relevante: a) la retribución que el trabajador habría percibido durante el período vacacional concreto si hubiese trabajado en vez de estar de vacaciones, o, b) la retribución que haya percibido durante algún otro período en el que trabajó y, en caso afirmativo, cuál sería ese período?

| v) | ¿Cómo debe valorarse lo que es una retribución «normal» o «comparable» en circunstancias en las que: a) la retribución del trabajador cuando trabaja lleva complementos en la medida en que desempeñe una actividad concreta; b) existe un límite anual o de otra índole para determinar en qué medida y durante cuánto tiempo el trabajador puede desempeñar esa actividad y ese límite ya se ha excedido, o casi, en el momento o momentos en que se tomen las vacaciones anuales, de manera que al trabajador, de hecho, no se le habría permitido desempeñar esa actividad si hubiese trabajado en vez de estar de vacaciones? |
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v)

¿Cómo debe valorarse lo que es una retribución «normal» o «comparable» en circunstancias en las que: a) la retribución del trabajador cuando trabaja lleva complementos en la medida en que desempeñe una actividad concreta; b) existe un límite anual o de otra índole para determinar en qué medida y durante cuánto tiempo el trabajador puede desempeñar esa actividad y ese límite ya se ha excedido, o casi, en el momento o momentos en que se tomen las vacaciones anuales, de manera que al trabajador, de hecho, no se le habría permitido desempeñar esa actividad si hubiese trabajado en vez de estar de vacaciones?

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(1)  Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18).

(2)  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9).

(3)  Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA) (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 302, p. 57).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/24 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/24

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 6 de abril de 2010 — Johan van Leendert Holding BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Asunto C-158/10)

(2010/C 161/33)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Raad van State

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Johan van Leendert Holding BV

Otra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 56 y 57 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a una norma nacional como la establecida en el artículo 2 de la Wet arbeid vreemdelingen (Ley relativa al trabajo de extranjeros), en relación con el artículo 1e, apartado 1, inicio y letra c), del Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Decreto de desarrollo de la Ley relativa al trabajo de extranjeros), en virtud de la cual para el desplazamiento de trabajadores en el sentido del artículo 1, apartado 3, inicio y letra b), de la Directiva 96/71/CE (1) se exige un permiso de trabajo?

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(1)  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/24 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/24

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Gerhard Fuchs/Land Hessen

(Asunto C-159/10)

(2010/C 161/34)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Gerhard Fuchs

Demandada: Land Hessen

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión?
  En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas: | ¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos? |
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1)

¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión?

En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas:

¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos?

| | ¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? (1) |
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¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? (1)

| | ¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal? |
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¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal?

| | ¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades? |
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¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades?

| | ¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? |
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¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE?

| | ¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio? |
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¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio?

| | ¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad? |
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¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad?

| | ¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida? |
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¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida?

| | ¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos? |
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¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos?

| 2) | ¿Qué requisitos deben exigirse en concreto a la adecuación y a la idoneidad de un régimen de límite de edad como el previsto en la Hessisches Beamtengesetz?
  ¿Es necesaria una comprobación más detallada para determinar el número (previsible) de funcionarios que voluntariamente permanecerán en el servicio más allá del límite de edad, en relación con el número de los que, al alcanzar el límite de edad, percibirán el importe íntegro de la pensión y, por lo tanto, en todo caso desearán abandonar el servicio público? ¿No sería razonable dar preferencia a la voluntariedad sobre la obligación de jubilarse, habida cuenta de que la normativa que reduce el importe de la pensión en caso de jubilación voluntaria antes del límite de edad ya evita gastos desproporcionados para el presupuesto de pensiones y los consiguientes costes salariales (preferencia de la voluntariedad sobre la obligatoriedad como opción más adecuada y, por su resultado, apenas menos idónea)?
  ¿Puede considerarse adecuado y necesario presumir de forma irrefutable e indiscriminada que los funcionarios quedan incapacitados para el servicio al alcanzar una cierta edad avanzada, en este caso los 65 años, y permitir la extinción automática de la relación funcionarial?
  ¿Es adecuado supeditar la continuación de la relación funcionarial, en principio posible hasta al menos los 68 años de edad, únicamente a intereses particulares del empleador público y, en ausencia de esos intereses, imponer la terminación de la relación funcionarial sin posibilidad legal alguna de volver a ingresar en la función pública?
  ¿De un régimen de límite de edad que disponga la terminación forzosa de la relación de empleo, en lugar de limitarse a establecer las condiciones del derecho a percibir el importe íntegro de la pensión de jubilación admisible con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE, se deriva un perjuicio inadecuado para los intereses de las personas de más edad frente a los intereses de las más jóvenes, que en principio no son más dignos de protección?
  En caso de que se considere legítima la finalidad de facilitar nuevas contrataciones o ascensos, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué requisitos concretos deben exigirse efectivamente para acreditar hasta qué grado se aprovechan realmente las posibilidades correspondientes, por cada empleador público concreto que recurra al régimen de límite de edad o por todos los empleadores públicos sujetos al régimen legal en cuestión, incluyendo o excluyendo en su caso el mercado laboral general?
  A la vista de las ya apreciables carencias demográficas en el mercado laboral y de la inminente necesidad de personal cualificado de toda índole, que también afectará al servicio público de la Federación y de los Länder, ¿es adecuado y necesario, a pesar de todo, imponer la terminación forzosa de la relación funcionarial a funcionarios capacitados para el servicio y que desean permanecer en la función pública, cuando muy pronto existirá una sustancial demanda de personal que difícilmente se podrá cubrir en el mercado de trabajo? ¿Son necesarios, a este respecto, datos sectoriales del mercado laboral que posiblemente más adelante haya que recabar? |
| --- | --- |

2)

¿Qué requisitos deben exigirse en concreto a la adecuación y a la idoneidad de un régimen de límite de edad como el previsto en la Hessisches Beamtengesetz?

¿Es necesaria una comprobación más detallada para determinar el número (previsible) de funcionarios que voluntariamente permanecerán en el servicio más allá del límite de edad, en relación con el número de los que, al alcanzar el límite de edad, percibirán el importe íntegro de la pensión y, por lo tanto, en todo caso desearán abandonar el servicio público? ¿No sería razonable dar preferencia a la voluntariedad sobre la obligación de jubilarse, habida cuenta de que la normativa que reduce el importe de la pensión en caso de jubilación voluntaria antes del límite de edad ya evita gastos desproporcionados para el presupuesto de pensiones y los consiguientes costes salariales (preferencia de la voluntariedad sobre la obligatoriedad como opción más adecuada y, por su resultado, apenas menos idónea)?

¿Puede considerarse adecuado y necesario presumir de forma irrefutable e indiscriminada que los funcionarios quedan incapacitados para el servicio al alcanzar una cierta edad avanzada, en este caso los 65 años, y permitir la extinción automática de la relación funcionarial?

¿Es adecuado supeditar la continuación de la relación funcionarial, en principio posible hasta al menos los 68 años de edad, únicamente a intereses particulares del empleador público y, en ausencia de esos intereses, imponer la terminación de la relación funcionarial sin posibilidad legal alguna de volver a ingresar en la función pública?

¿De un régimen de límite de edad que disponga la terminación forzosa de la relación de empleo, en lugar de limitarse a establecer las condiciones del derecho a percibir el importe íntegro de la pensión de jubilación admisible con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE, se deriva un perjuicio inadecuado para los intereses de las personas de más edad frente a los intereses de las más jóvenes, que en principio no son más dignos de protección?

En caso de que se considere legítima la finalidad de facilitar nuevas contrataciones o ascensos, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué requisitos concretos deben exigirse efectivamente para acreditar hasta qué grado se aprovechan realmente las posibilidades correspondientes, por cada empleador público concreto que recurra al régimen de límite de edad o por todos los empleadores públicos sujetos al régimen legal en cuestión, incluyendo o excluyendo en su caso el mercado laboral general?

A la vista de las ya apreciables carencias demográficas en el mercado laboral y de la inminente necesidad de personal cualificado de toda índole, que también afectará al servicio público de la Federación y de los Länder, ¿es adecuado y necesario, a pesar de todo, imponer la terminación forzosa de la relación funcionarial a funcionarios capacitados para el servicio y que desean permanecer en la función pública, cuando muy pronto existirá una sustancial demanda de personal que difícilmente se podrá cubrir en el mercado de trabajo? ¿Son necesarios, a este respecto, datos sectoriales del mercado laboral que posiblemente más adelante haya que recabar?

| 3) | ¿Qué requisitos de coherencia se han de exigir a los regímenes de límite de edad de Hessen y, en su caso, también a los federales?
  ¿Puede considerarse coherente la relación entre el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz y el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz, cuando la continuación en el empleo más allá de la edad límite, en principio posible, depende únicamente de los intereses del empleador público?
  ¿Debe interpretarse en su caso de modo conforme con la Directiva el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en el sentido de que para evitar una discriminación inadecuada por motivos de edad debe continuarse la relación laboral siempre que no se le opongan razones de servicio? En su caso, ¿qué requisitos cabría exigir a esas razones? ¿Se ha de entender, a tal efecto, que el interés del servicio exige la continuación de la relación de empleo desde el momento en que lo contrario produciría una discriminación injustificable por razón de la edad?
  ¿Cómo podría aplicarse una interpretación del artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en los términos así exigidos para continuar o restablecer la ya extinguida relación funcionarial del demandante? En tal caso, ¿debería dejarse sin aplicación el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz, al menos hasta los 68 años de edad?
  ¿Es adecuado y necesario dificultar, por una parte, la jubilación voluntaria a partir de los 60 o 63 años de edad con una reducción permanente de la pensión de jubilación y excluir, por otra parte, la continuación voluntaria en el servicio más allá de los 65 años de edad si el empleador público no tiene excepcionalmente un interés especial en continuar la relación de servicio?
  ¿Se incumplen los requisitos de adecuación y necesidad del régimen de límite de edad del artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz por la existencia de los regímenes más favorables de los funcionarios temporales y de los funcionarios que se acogen a regímenes de trabajo a tiempo parcial por razón de la edad?
  ¿Qué coherencia existe entre los distintos regímenes legales en materia de función pública, Derecho laboral y Derecho de la seguridad social que, por una parte, pretenden un incremento permanente de la edad en la que se puede percibir el importe íntegro de la pensión o prestación por jubilación; por otra, prohíben el despido por cumplir la edad para solicitar la pensión ordinaria de jubilación y, por otra, disponen obligatoriamente la extinción de la relación de empleo al alcanzarse precisamente esa edad?
  ¿Es coherente que el incremento gradual de los límites de edad en la seguridad social y en el régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Federación y de algunos Länder sirva en primer lugar al interés de los empleados de someterse lo más tarde posible a los endurecidos requisitos para percibir el importe íntegro de la pensión o prestación de jubilación? ¿Resultan irrelevantes estas cuestiones por el hecho de que aún no se ha incrementado la edad límite para los funcionarios sujetos a la Hessisches Beamtengesetz, aunque el incremento será efectivo próximamente para los empleados con contrato laboral? |
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3)

¿Qué requisitos de coherencia se han de exigir a los regímenes de límite de edad de Hessen y, en su caso, también a los federales?

¿Puede considerarse coherente la relación entre el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz y el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz, cuando la continuación en el empleo más allá de la edad límite, en principio posible, depende únicamente de los intereses del empleador público?

¿Debe interpretarse en su caso de modo conforme con la Directiva el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en el sentido de que para evitar una discriminación inadecuada por motivos de edad debe continuarse la relación laboral siempre que no se le opongan razones de servicio? En su caso, ¿qué requisitos cabría exigir a esas razones? ¿Se ha de entender, a tal efecto, que el interés del servicio exige la continuación de la relación de empleo desde el momento en que lo contrario produciría una discriminación injustificable por razón de la edad?

¿Cómo podría aplicarse una interpretación del artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en los términos así exigidos para continuar o restablecer la ya extinguida relación funcionarial del demandante? En tal caso, ¿debería dejarse sin aplicación el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz, al menos hasta los 68 años de edad?

¿Es adecuado y necesario dificultar, por una parte, la jubilación voluntaria a partir de los 60 o 63 años de edad con una reducción permanente de la pensión de jubilación y excluir, por otra parte, la continuación voluntaria en el servicio más allá de los 65 años de edad si el empleador público no tiene excepcionalmente un interés especial en continuar la relación de servicio?

¿Se incumplen los requisitos de adecuación y necesidad del régimen de límite de edad del artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz por la existencia de los regímenes más favorables de los funcionarios temporales y de los funcionarios que se acogen a regímenes de trabajo a tiempo parcial por razón de la edad?

¿Qué coherencia existe entre los distintos regímenes legales en materia de función pública, Derecho laboral y Derecho de la seguridad social que, por una parte, pretenden un incremento permanente de la edad en la que se puede percibir el importe íntegro de la pensión o prestación por jubilación; por otra, prohíben el despido por cumplir la edad para solicitar la pensión ordinaria de jubilación y, por otra, disponen obligatoriamente la extinción de la relación de empleo al alcanzarse precisamente esa edad?

¿Es coherente que el incremento gradual de los límites de edad en la seguridad social y en el régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Federación y de algunos Länder sirva en primer lugar al interés de los empleados de someterse lo más tarde posible a los endurecidos requisitos para percibir el importe íntegro de la pensión o prestación de jubilación? ¿Resultan irrelevantes estas cuestiones por el hecho de que aún no se ha incrementado la edad límite para los funcionarios sujetos a la Hessisches Beamtengesetz, aunque el incremento será efectivo próximamente para los empleados con contrato laboral?

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(1)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/26 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/26

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Alemania) el 2 de abril de 2010 — Peter Köhler/Land Hessen

(Asunto C-160/10)

(2010/C 161/35)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Peter Köhler

Demandada: Land Hessen

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión?
  En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas: | ¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos? |
| --- | --- | --- |

1)

¿Se basan las disposiciones de la Hessisches Beamtengesetz, que establecen para los funcionarios un límite de edad en principio obligatorio, con la consecuencia de la jubilación, en un objetivo de interés general conforme con los criterios establecidos en el Derecho de la Unión?

En este sentido se plantean sobre todo las siguientes cuestiones concretas:

¿Qué requisitos concretos son exigibles desde la perspectiva del Derecho de la Unión para que exista un objetivo de interés general? ¿Qué aspectos complementarios debería examinar adicionalmente el órgano jurisdiccional remitente para esclarecer los hechos?

| | ¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? |
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¿El interés por ahorrar recursos presupuestarios y gastos de personal, en este caso evitando nuevas contrataciones y reduciendo así los costes salariales, constituye una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE?

| | ¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal? |
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¿Puede considerarse una finalidad legítima de interés general que un empleador público disponga de la posibilidad de planificar con cierta seguridad la baja definitiva de funcionarios, aun cuando cada empleador público sometido a la Hessisches Beamtengesetz o a la Beamtenstatusgesetz puede desarrollar y aplicar sus propios criterios de planificación de personal?

| | ¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades? |
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¿Puede considerarse un objetivo de interés general el interés por una «favorable estratificación por edades» o una «estructura de edades favorable», a pesar de que al respecto no existen pautas generales ni normas legales sobre la corrección de una estratificación por edades o de una estructura de edades?

| | ¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE? |
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¿Puede considerarse que el interés en crear oportunidades de ascenso para los funcionarios ya contratados es una finalidad legítima de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE?

| | ¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio? |
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¿Persigue una finalidad legítima de interés general un régimen de límite de edad que busque evitar litigios individuales con empleados de edad más avanzada sobre la subsistencia de su capacidad para el servicio?

| | ¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad? |
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¿El requisito de interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE exige un concepto de política del mercado laboral en el ámbito del trabajo por cuenta ajena que no se limite a empleadores públicos o privados concretos y, si es así, con qué grado de uniformidad y de obligatoriedad?

| | ¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida? |
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¿Pueden realmente perseguir empleadores públicos o privados concretos fines de interés general para grupos de empleados, en este caso específicamente los funcionarios del ámbito de aplicación de la Hessisches Beamtengesetz, con regímenes de límite de edad de aplicación tan restringida?

| | ¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos? |
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¿En qué condiciones puede considerarse que sirve al interés general en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE el objetivo permitido para los empleadores públicos concretos, pero no establecido de forma obligatoria, de ocupar mediante nuevas contrataciones puestos que han quedado disponibles por jubilación, en su caso tras ascender a empleados ya contratados? ¿Para cumplir el requisito de interés general, además de afirmaciones genéricas de que el régimen sirve a los fines indicados, debe disponerse también de datos estadísticos u otro tipo de información que demuestre la seriedad de la medida y su eficacia para la realización de esos objetivos?

| 2) | ¿Qué requisitos deben exigirse en concreto a la adecuación y a la idoneidad de un régimen de límite de edad como el previsto en la Hessisches Beamtengesetz?
  ¿Es necesaria una comprobación más detallada para determinar el número (previsible) de funcionarios que voluntariamente permanecerán en el servicio más allá del límite de edad, en relación con el número de los que, al alcanzar el límite de edad, percibirán el importe íntegro de la pensión y, por lo tanto, en todo caso desearán abandonar el servicio público? ¿No sería razonable dar preferencia a la voluntariedad sobre la obligación de jubilarse, habida cuenta de que la normativa que reduce el importe de la pensión en caso de jubilación voluntaria antes del límite de edad ya evita gastos desproporcionados para el presupuesto de pensiones y los consiguientes costes salariales (preferencia de la voluntariedad sobre la obligatoriedad como opción más adecuada y, por su resultado, apenas menos idónea)?
  ¿Puede considerarse adecuado y necesario presumir de forma irrefutable e indiscriminada que los funcionarios quedan incapacitados para el servicio al alcanzar una cierta edad avanzada, en este caso los 65 años, y permitir la extinción automática de la relación funcionarial?
  ¿Es adecuado supeditar la continuación de la relación funcionarial, en principio posible hasta al menos los 68 años de edad, únicamente a intereses particulares del empleador público y, en ausencia de esos intereses, imponer la terminación de la relación funcionarial sin posibilidad legal alguna de volver a ingresar en la función pública?
  ¿De un régimen de límite de edad que disponga la terminación forzosa de la relación de empleo, en lugar de limitarse a establecer las condiciones del derecho a percibir el importe íntegro de la pensión de jubilación admisible con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE, se deriva un perjuicio inadecuado para los intereses de las personas de más edad frente a los intereses de las más jóvenes, que en principio no son más dignos de protección?
  En caso de que se considere legítima la finalidad de facilitar nuevas contrataciones o ascensos, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué requisitos concretos deben exigirse efectivamente para acreditar hasta qué grado se aprovechan realmente las posibilidades correspondientes, por cada empleador público concreto que recurra al régimen de límite de edad o por todos los empleadores públicos sujetos al régimen legal en cuestión, incluyendo o excluyendo en su caso el mercado laboral general?
  A la vista de las ya apreciables carencias demográficas en el mercado laboral y de la inminente necesidad de personal cualificado de toda índole, que también afectará al servicio público de la Federación y de los Länder, ¿es adecuado y necesario, a pesar de todo, imponer la terminación forzosa de la relación funcionarial a funcionarios capacitados para el servicio y que desean permanecer en la función pública, cuando muy pronto existirá una sustancial demanda de personal que difícilmente se podrá cubrir en el mercado de trabajo? ¿Son necesarios, a este respecto, datos sectoriales del mercado laboral que posiblemente más adelante haya que recabar? |
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2)

¿Qué requisitos deben exigirse en concreto a la adecuación y a la idoneidad de un régimen de límite de edad como el previsto en la Hessisches Beamtengesetz?

¿Es necesaria una comprobación más detallada para determinar el número (previsible) de funcionarios que voluntariamente permanecerán en el servicio más allá del límite de edad, en relación con el número de los que, al alcanzar el límite de edad, percibirán el importe íntegro de la pensión y, por lo tanto, en todo caso desearán abandonar el servicio público? ¿No sería razonable dar preferencia a la voluntariedad sobre la obligación de jubilarse, habida cuenta de que la normativa que reduce el importe de la pensión en caso de jubilación voluntaria antes del límite de edad ya evita gastos desproporcionados para el presupuesto de pensiones y los consiguientes costes salariales (preferencia de la voluntariedad sobre la obligatoriedad como opción más adecuada y, por su resultado, apenas menos idónea)?

¿Puede considerarse adecuado y necesario presumir de forma irrefutable e indiscriminada que los funcionarios quedan incapacitados para el servicio al alcanzar una cierta edad avanzada, en este caso los 65 años, y permitir la extinción automática de la relación funcionarial?

¿Es adecuado supeditar la continuación de la relación funcionarial, en principio posible hasta al menos los 68 años de edad, únicamente a intereses particulares del empleador público y, en ausencia de esos intereses, imponer la terminación de la relación funcionarial sin posibilidad legal alguna de volver a ingresar en la función pública?

¿De un régimen de límite de edad que disponga la terminación forzosa de la relación de empleo, en lugar de limitarse a establecer las condiciones del derecho a percibir el importe íntegro de la pensión de jubilación admisible con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE, se deriva un perjuicio inadecuado para los intereses de las personas de más edad frente a los intereses de las más jóvenes, que en principio no son más dignos de protección?

En caso de que se considere legítima la finalidad de facilitar nuevas contrataciones o ascensos, se plantea la siguiente cuestión: ¿Qué requisitos concretos deben exigirse efectivamente para acreditar hasta qué grado se aprovechan realmente las posibilidades correspondientes, por cada empleador público concreto que recurra al régimen de límite de edad o por todos los empleadores públicos sujetos al régimen legal en cuestión, incluyendo o excluyendo en su caso el mercado laboral general?

A la vista de las ya apreciables carencias demográficas en el mercado laboral y de la inminente necesidad de personal cualificado de toda índole, que también afectará al servicio público de la Federación y de los Länder, ¿es adecuado y necesario, a pesar de todo, imponer la terminación forzosa de la relación funcionarial a funcionarios capacitados para el servicio y que desean permanecer en la función pública, cuando muy pronto existirá una sustancial demanda de personal que difícilmente se podrá cubrir en el mercado de trabajo? ¿Son necesarios, a este respecto, datos sectoriales del mercado laboral que posiblemente más adelante haya que recabar?

| 3) | ¿Qué requisitos de coherencia se han de exigir a los regímenes de límite de edad de Hessen y, en su caso, también a los federales?
  ¿Puede considerarse coherente la relación entre el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz y el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz, cuando la continuación en el empleo más allá de la edad límite, en principio posible, depende únicamente de los intereses del empleador público?
  ¿Debe interpretarse en su caso de modo conforme con la Directiva el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en el sentido de que para evitar una discriminación inadecuada por motivos de edad debe continuarse la relación laboral siempre que no se le opongan razones de servicio? En su caso, ¿qué requisitos cabría exigir a esas razones? ¿Se ha de entender, a tal efecto, que el interés del servicio exige la continuación de la relación de empleo desde el momento en que lo contrario produciría una discriminación injustificable por razón de la edad?
  ¿Cómo podría aplicarse una interpretación del artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en los términos así exigidos para continuar o restablecer la ya extinguida relación funcionarial del demandante? En tal caso, ¿debería dejarse sin aplicación el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz, al menos hasta los 68 años de edad?
  ¿Es adecuado y necesario dificultar, por una parte, la jubilación voluntaria a partir de los 60 o 63 años de edad con una reducción permanente de la pensión de jubilación y excluir, por otra parte, la continuación voluntaria en el servicio más allá de los 65 años de edad si el empleador público no tiene excepcionalmente un interés especial en continuar la relación de servicio?
  ¿Se incumplen los requisitos de adecuación y necesidad del régimen de límite de edad del artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz por la existencia de los regímenes más favorables de los funcionarios temporales y de los funcionarios que se acogen a regímenes de trabajo a tiempo parcial por razón de la edad?
  ¿Qué coherencia existe entre los distintos regímenes legales en materia de función pública, Derecho laboral y Derecho de la seguridad social que, por una parte, pretenden un incremento permanente de la edad en la que se puede percibir el importe íntegro de la pensión o prestación por jubilación; por otra, prohíben el despido por cumplir la edad para solicitar la pensión ordinaria de jubilación y, por otra, disponen obligatoriamente la extinción de la relación de empleo al alcanzarse precisamente esa edad?
  ¿Es coherente que el incremento gradual de los límites de edad en la seguridad social y en el régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Federación y de algunos Länder sirva en primer lugar al interés de los empleados de someterse lo más tarde posible a los endurecidos requisitos para percibir el importe íntegro de la pensión o prestación de jubilación? ¿Resultan irrelevantes estas cuestiones por el hecho de que aún no se ha incrementado la edad límite para los funcionarios sujetos a la Hessisches Beamtengesetz, aunque el incremento será efectivo próximamente para los empleados con contrato laboral? |
| --- | --- |

3)

¿Qué requisitos de coherencia se han de exigir a los regímenes de límite de edad de Hessen y, en su caso, también a los federales?

¿Puede considerarse coherente la relación entre el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz y el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz, cuando la continuación en el empleo más allá de la edad límite, en principio posible, depende únicamente de los intereses del empleador público?

¿Debe interpretarse en su caso de modo conforme con la Directiva el artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en el sentido de que para evitar una discriminación inadecuada por motivos de edad debe continuarse la relación laboral siempre que no se le opongan razones de servicio? En su caso, ¿qué requisitos cabría exigir a esas razones? ¿Se ha de entender, a tal efecto, que el interés del servicio exige la continuación de la relación de empleo desde el momento en que lo contrario produciría una discriminación injustificable por razón de la edad?

¿Cómo podría aplicarse una interpretación del artículo 50, apartado 3, de la Hessisches Beamtengesetz en los términos así exigidos para continuar o restablecer la ya extinguida relación funcionarial del demandante? En tal caso, ¿debería dejarse sin aplicación el artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz, al menos hasta los 68 años de edad?

¿Es adecuado y necesario dificultar, por una parte, la jubilación voluntaria a partir de los 60 o 63 años de edad con una reducción permanente de la pensión de jubilación y excluir, por otra parte, la continuación voluntaria en el servicio más allá de los 65 años de edad si el empleador público no tiene excepcionalmente un interés especial en continuar la relación de servicio?

¿Se incumplen los requisitos de adecuación y necesidad del régimen de límite de edad del artículo 50, apartado 1, de la Hessisches Beamtengesetz por la existencia de los regímenes más favorables de los funcionarios temporales y de los funcionarios que se acogen a regímenes de trabajo a tiempo parcial por razón de la edad?

¿Qué coherencia existe entre los distintos regímenes legales en materia de función pública, Derecho laboral y Derecho de la seguridad social que, por una parte, pretenden un incremento permanente de la edad en la que se puede percibir el importe íntegro de la pensión o prestación por jubilación; por otra, prohíben el despido por cumplir la edad para solicitar la pensión ordinaria de jubilación y, por otra, disponen obligatoriamente la extinción de la relación de empleo al alcanzarse precisamente esa edad?

¿Es coherente que el incremento gradual de los límites de edad en la seguridad social y en el régimen jurídico de los funcionarios públicos de la Federación y de algunos Länder sirva en primer lugar al interés de los empleados de someterse lo más tarde posible a los endurecidos requisitos para percibir el importe íntegro de la pensión o prestación de jubilación? ¿Resultan irrelevantes estas cuestiones por el hecho de que aún no se ha incrementado la edad límite para los funcionarios sujetos a la Hessisches Beamtengesetz, aunque el incremento será efectivo próximamente para los empleados con contrato laboral?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/28 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/28

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Petición de decisión prejudicial planteada por The High Court (Irlanda) el 7 de abril de 2010 — Phonographic Performance (Ireland) Limited/Irlanda y el Attorney general

(Asunto C-162/10)

(2010/C 161/36)

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

The High Court (Irlanda)

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Phonographic Performance (Ireland) Limited

Demandada: Irlanda y el Attorney general

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Un establecimiento hotelero que ofrece aparatos de televisión o de radio en las habitaciones de los clientes, a los que distribuye la correspondiente señal, ¿es un «usuario» que realiza una «comunicación al público» de un fonograma que puede ser utilizado para la radiodifusión a los efectos del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE? (1) |
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1)

Un establecimiento hotelero que ofrece aparatos de televisión o de radio en las habitaciones de los clientes, a los que distribuye la correspondiente señal, ¿es un «usuario» que realiza una «comunicación al público» de un fonograma que puede ser utilizado para la radiodifusión a los efectos del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE? (1)

| 2) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿obliga el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros a establecer la obligación de que el establecimiento hotelero pague una remuneración equitativa, con carácter adicional a la remuneración equitativa que paga el emisor por reproducir el fonograma? |
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2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿obliga el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros a establecer la obligación de que el establecimiento hotelero pague una remuneración equitativa, con carácter adicional a la remuneración equitativa que paga el emisor por reproducir el fonograma?

| 3) | En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿permite el artículo 10 de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros eximir a los establecimientos hoteleros de la obligación de pagar «una remuneración equitativa y única» en virtud del «uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a)? |
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3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿permite el artículo 10 de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros eximir a los establecimientos hoteleros de la obligación de pagar «una remuneración equitativa y única» en virtud del «uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a)?

| 4) | Un establecimiento hotelero que ofrece en las habitaciones del hotel un equipo (diferente de radio y televisión) y fonogramas en formato físico o digital que se pueden escuchar en ese equipo, ¿es un «usuario» que realiza una «comunicación al público» de los fonogramas en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE? |
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4)

Un establecimiento hotelero que ofrece en las habitaciones del hotel un equipo (diferente de radio y televisión) y fonogramas en formato físico o digital que se pueden escuchar en ese equipo, ¿es un «usuario» que realiza una «comunicación al público» de los fonogramas en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE?

| 5) | En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión: ¿permite el artículo 10 de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros eximir a los establecimientos hoteleros de la obligación de pagar «una remuneración equitativa y única» en virtud del «uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115/CE? |
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5)

En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión: ¿permite el artículo 10 de la Directiva 2006/115/CE a los Estados miembros eximir a los establecimientos hoteleros de la obligación de pagar «una remuneración equitativa y única» en virtud del «uso privado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115/CE?

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(1)  Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Versión codificada) (DO L 376, p. 28).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/28 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/28

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Isernia (Italia) el 2 de abril de 2010 — Procedimiento penal contra Aldo Patriciello

(Asunto C-163/10)

(2010/C 161/37)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale di Isernia

Parte en el procedimiento principal

Aldo Patriciello

Cuestión prejudicial

El hecho delictual imputado de manera abstracta al eurodiputado Sr. Aldo Patriciello (descrito en la acusación y objeto ya de decisión de amparo de la inmunidad, adoptada por el Parlamento Europeo el 5 de mayo de 2009), tipificado como calumnia con arreglo al artículo 368 del Código Penal, ¿constituye o no una opinión expresada en el ejercicio de las funciones parlamentarias en el sentido del artículo 9 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/29 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/29

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emanuele Ferazzoli/Ministero dell’Interno

(Asunto C-164/10)

(2010/C 161/38)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Emanuele Ferazzoli

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
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a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/29 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/29

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Cosima Barberio/Ministero dell’Interno

(Asunto C-165/10)

(2010/C 161/39)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Cosima Barberio

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
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a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
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b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/30 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/30

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Patrizia Banchetti/Ministero dell’Interno

(Asunto C-166/10)

(2010/C 161/40)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Patrizia Banchetti

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/30 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/30

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Palomba/Ministero dell’Interno

(Asunto C-167/10)

(2010/C 161/41)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Andrea Palomba

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/30 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/30

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Michele Fanelli/Ministero dell’Interno

(Asunto C-168/10)

(2010/C 161/42)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Michele Fanelli

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/31 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/31

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Sandra Castronovo/Ministero dell’Interno

(Asunto C-169/10)

(2010/C 161/43)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Sandra Castronovo

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/31 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/31

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Mirko De Filippo/Ministero dell’Interno

(Asunto C-170/10)

(2010/C 161/44)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Mirko De Filippo

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
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b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/32 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/32

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Andrea Sacripanti/Ministero dell’Interno

(Asunto C-171/10)

(2010/C 161/45)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Andrea Sacripanti

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/32 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/32

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Emiliano Orru’/Ministero dell’Interno

(Asunto C-172/10)

(2010/C 161/46)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Emiliano Orru’

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/32 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/32

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Fabrizio Cariulo/Ministero dell’Interno

(Asunto C-173/10)

(2010/C 161/47)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Fabrizio Cariulo

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/33 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/33

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Paola Tonachella/Ministero dell’Interno

(Asunto C-174/10)

(2010/C 161/48)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Paola Tonachella

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión» |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/33 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/33

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Pietro Calogero/Ministero dell’Interno

(Asunto C-175/10)

(2010/C 161/49)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Pietro Calogero

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
| --- | --- |

c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/34 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/34

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 2 de abril de 2010 — Danilo Spina/Ministero dell’Interno

(Asunto C-176/10)

(2010/C 161/50)

Lengua de procedimiento: italiano

Órgano jurisdiccional remitente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Danilo Spina

Demandada: Ministero dell’Interno

Cuestión prejudicial

¿Es compatible con los artículos 43 CE y 49 CE una normativa nacional (introducida mediante el Decreto Bersani, Decreto Ley no 233 de 4 de julio de 2006, convalidado mediante la Ley no 248, de 4 de agosto de 2006) configurada por un «sistema nacional [...] que prevea, entre otras cosas:

| a) | un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores; |
| --- | --- |

a)

un principio general de protección de los titulares de concesiones otorgadas en una fase anterior en virtud de un procedimiento de licitación que excluyó ilegalmente a una parte de los operadores;

| b) | disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo); |
| --- | --- |

b)

disposiciones que garanticen de hecho el mantenimiento de las situaciones comerciales adquiridas (como, por ejemplo, la prohibición de que los nuevos operadores abran un establecimiento a una distancia de otro ya existente inferior a un determinado mínimo);

| c) | la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»? |
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c)

la caducidad de la concesión en caso de que el concesionario gestione de forma directa o indirecta actividades transfronterizas de juego análogas a las que son objeto de la concesión»?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/34 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/34

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Târgu-Mureș el 17 de marzo de 2010 — Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș/SC Darmi SRL

(Asunto C-178/10)

(2010/C 161/51)

Lengua de procedimiento: rumano

Órgano jurisdiccional remitente

Curtea de Apel Târgu-Mureș

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș — Administrația Finanțelor Publice Târgu-Mureș

Recurrida: SC Darmi SRL

Cuestiones prejudiciales

| 1) | ¿Puede considerarse que el establecimiento de una tasa de contaminación entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2008 por la norma nacional rumana de que se trata (Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008) respeta en primer lugar los principios de la unión aduanera y de evitar la doble imposición tal como están previstos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE, en el sentido de que esos artículos del Tratado CE permiten establecer una tasa de contaminación con el fin previsto por el legislador rumano en la exposición de motivos de la Ordonanță de Urgență a Guvernului, fin previsto también en los artículos 174 CE y siguientes: la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente mediante la ejecución de programas y proyectos para mejorar la calidad del aire y alcanzar los valores límite previstos por la legislación comunitaria en la materia? En otros términos, más concretamente: en caso de que se establezca en un Estado miembro de la Unión Europea una tasa de contaminación por la primera matriculación en dicho Estado de automóviles nuevos o de segunda mano procedentes de otro Estado miembro ¿Puede considerarse que el artículo 174 CE y siguientes permiten excluir la aplicación de los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE? |
| --- | --- |

1)

¿Puede considerarse que el establecimiento de una tasa de contaminación entre el 1 de julio y el 15 de diciembre de 2008 por la norma nacional rumana de que se trata (Ordonanță de Urgență a Guvernului no 50/2008) respeta en primer lugar los principios de la unión aduanera y de evitar la doble imposición tal como están previstos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE, en el sentido de que esos artículos del Tratado CE permiten establecer una tasa de contaminación con el fin previsto por el legislador rumano en la exposición de motivos de la Ordonanță de Urgență a Guvernului, fin previsto también en los artículos 174 CE y siguientes: la necesidad de garantizar la protección del medio ambiente mediante la ejecución de programas y proyectos para mejorar la calidad del aire y alcanzar los valores límite previstos por la legislación comunitaria en la materia? En otros términos, más concretamente: en caso de que se establezca en un Estado miembro de la Unión Europea una tasa de contaminación por la primera matriculación en dicho Estado de automóviles nuevos o de segunda mano procedentes de otro Estado miembro ¿Puede considerarse que el artículo 174 CE y siguientes permiten excluir la aplicación de los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE?

| 2) | Si tal automóvil estuvo sujeto, en un Estado miembro, a una tasa similar, es decir, a una tasa de contaminación (de igual contenido conceptual y finalidad, es decir, que persiga el respeto del medio ambiente de acuerdo con los principios y objetivos definidos en los artículos 174 CE y siguientes) ¿puede establecerse una tasa de contaminación por la primera matriculación en otro Estado miembro con los objetivos previstos en los artículos 174 CE y siguientes del Tratado, aun cuando el automóvil ya hubiera estado sujeto anteriormente a una tasa de contaminación en otro Estado miembro? |
| --- | --- |

2)

Si tal automóvil estuvo sujeto, en un Estado miembro, a una tasa similar, es decir, a una tasa de contaminación (de igual contenido conceptual y finalidad, es decir, que persiga el respeto del medio ambiente de acuerdo con los principios y objetivos definidos en los artículos 174 CE y siguientes) ¿puede establecerse una tasa de contaminación por la primera matriculación en otro Estado miembro con los objetivos previstos en los artículos 174 CE y siguientes del Tratado, aun cuando el automóvil ya hubiera estado sujeto anteriormente a una tasa de contaminación en otro Estado miembro?

| 3) | Finalmente, cuando, por el contrario, dicho automóvil no estuvo sujeto a la tasa de contaminación en ningún Estado miembro (bien porque esa tasa no existe o por otro motivo), y se matricula posteriormente en otro Estado miembro, por ejemplo en Rumanía, donde se percibe tal tasa de contaminación en la primera matriculación en ese Estado miembro ¿puede considerarse que, en tal caso, se violan los principios de la unión aduanera o la prohibición de la protección interna indirecta establecidos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE? |
| --- | --- |

3)

Finalmente, cuando, por el contrario, dicho automóvil no estuvo sujeto a la tasa de contaminación en ningún Estado miembro (bien porque esa tasa no existe o por otro motivo), y se matricula posteriormente en otro Estado miembro, por ejemplo en Rumanía, donde se percibe tal tasa de contaminación en la primera matriculación en ese Estado miembro ¿puede considerarse que, en tal caso, se violan los principios de la unión aduanera o la prohibición de la protección interna indirecta establecidos en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE?

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/35 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/35

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Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Comisión Europea/República Francesa

(Asunto C-179/10)

(2010/C 161/52)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: E. Gippini Fournier y K. Walkerová, agentes)

Demandada: República Francesa

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 4 y 5 de la Decisión de la Comisión de 14 de julio de 2004, relativa a las ayudas de Estado concedidas por Francia al sector de la pesca y de la acuicultura en Córcega desde 1986 a 1999 (1), al no dar cumplimiento a dicha Decisión recuperando de los beneficiarios las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común por el artículo 1 de dicha Decisión, y al no informar a la Comisión de las medidas adoptadas para atenerse a la Decisión de que se trata. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, y de los artículos 4 y 5 de la Decisión de la Comisión de 14 de julio de 2004, relativa a las ayudas de Estado concedidas por Francia al sector de la pesca y de la acuicultura en Córcega desde 1986 a 1999 (1), al no dar cumplimiento a dicha Decisión recuperando de los beneficiarios las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común por el artículo 1 de dicha Decisión, y al no informar a la Comisión de las medidas adoptadas para atenerse a la Decisión de que se trata.

| — | Que se condene en costas a la República Francesa. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la República Francesa.

Motivos y principales alegaciones

A tenor del artículo 4 de la Decisión de la Comisión 2005/238/CE, Francia debe informar a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la referida Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. Ahora bien, en el caso de autos tras más de cinco años desde que las autoridades francesas recibieron la Decisión y a pesar de siete recordatorios, todavía no se había recuperado la ayuda concedida de las empresas beneficiarias y, según parece, no se había adoptado ninguna medida específica a tal fin. Por otra parte, al decir de la Comisión, la parte demandada no ha manifestado ninguna imposibilidad absoluta de cumplir dicha Decisión.

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(1)  Decisión 2005/238/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2004, relativa a las ayudas concedidas al sector de la pesca y de la acuicultura en Córcega desde 1986 a 1999 (DO 2005, L 74, p. 41).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/35 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/35

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Aziz Melki

(Asunto C-188/10)

(2010/C 161/53)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation.

Parte en el proceso principal

Aziz Melki.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la de los artículos 23-2, párrafo segundo, y 23-5, párrafo segundo, del Decreto legislativo no 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, insertados por la Ley orgánica no 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, en cuanto obligan a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse con prioridad sobre la remisión al Conseil constitutionnel de la cuestión constitucional planteada ante ellos, en el caso de que dicha cuestión se refiera a la supuesta falta de conformidad con la Constitución de una disposición de Derecho interno, derivada de la oposición de esta última a las disposiciones del Derecho de la Unión? |
| --- | --- |

1)

El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la de los artículos 23-2, párrafo segundo, y 23-5, párrafo segundo, del Decreto legislativo no 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, insertados por la Ley orgánica no 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, en cuanto obligan a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse con prioridad sobre la remisión al Conseil constitutionnel de la cuestión constitucional planteada ante ellos, en el caso de que dicha cuestión se refiera a la supuesta falta de conformidad con la Constitución de una disposición de Derecho interno, derivada de la oposición de esta última a las disposiciones del Derecho de la Unión?

| 2) | El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la del artículo 78-2, párrafo cuarto, del código de procedimiento penal, que prevé que «en una zona comprendida entre la frontera terrestre de Francia con los Estados parte en el Convenio firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y una línea que discurre a 20 kilómetros de esa frontera, así como en las zonas accesibles al público de los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias o de carretera abiertas al tráfico internacional y designadas mediante orden, también podrá controlarse la identidad de toda persona, según las modalidades previstas en el párrafo primero, con vistas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de poseer, portar y presentar los títulos y documentos previstos por la ley. Cuando ese control tenga lugar a bordo de un tren que recorra una ruta internacional, podrá efectuarse en la parte del trayecto situada entre la frontera y la primera parada situada a más de veinte kilómetros de la frontera. No obstante, en las líneas ferroviarias que recorran una ruta internacional y presenten características especiales por sus paradas, el control también podrá efectuarse entre esa primera parada y una parada situada dentro de los siguientes cincuenta kilómetros. Esas líneas y paradas se designarán mediante orden ministerial. Cuando un tramo de autopista tenga su inicio en la zona mencionada en la primera frase del presente párrafo, y el primer puesto de peaje de la autopista se encuentre más allá de la línea de los 20 kilómetros, el control podrá tener lugar además, hasta ese primer puesto de peaje, en las áreas de estacionamiento, así como en ese mismo puesto de peaje y en las áreas de estacionamiento adyacentes. Los puestos de peaje comprendidos en esta disposición se designarán por orden.» |
| --- | --- |

2)

El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la del artículo 78-2, párrafo cuarto, del código de procedimiento penal, que prevé que «en una zona comprendida entre la frontera terrestre de Francia con los Estados parte en el Convenio firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y una línea que discurre a 20 kilómetros de esa frontera, así como en las zonas accesibles al público de los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias o de carretera abiertas al tráfico internacional y designadas mediante orden, también podrá controlarse la identidad de toda persona, según las modalidades previstas en el párrafo primero, con vistas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de poseer, portar y presentar los títulos y documentos previstos por la ley. Cuando ese control tenga lugar a bordo de un tren que recorra una ruta internacional, podrá efectuarse en la parte del trayecto situada entre la frontera y la primera parada situada a más de veinte kilómetros de la frontera. No obstante, en las líneas ferroviarias que recorran una ruta internacional y presenten características especiales por sus paradas, el control también podrá efectuarse entre esa primera parada y una parada situada dentro de los siguientes cincuenta kilómetros. Esas líneas y paradas se designarán mediante orden ministerial. Cuando un tramo de autopista tenga su inicio en la zona mencionada en la primera frase del presente párrafo, y el primer puesto de peaje de la autopista se encuentre más allá de la línea de los 20 kilómetros, el control podrá tener lugar además, hasta ese primer puesto de peaje, en las áreas de estacionamiento, así como en ese mismo puesto de peaje y en las áreas de estacionamiento adyacentes. Los puestos de peaje comprendidos en esta disposición se designarán por orden.»

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/36 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/36

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de abril de 2010 — Proceso penal contra Sélim Abdeli

(Asunto C-189/10)

(2010/C 161/54)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation.

Parte en el proceso principal

Sélim Abdeli.

Cuestiones prejudiciales

| 1) | El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la de los artículos 23-2, párrafo segundo, y 23-5, párrafo segundo, del Decreto legislativo no 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, insertados por la Ley orgánica no 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, en cuanto obligan a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse con prioridad sobre la remisión al Conseil constitutionnel de la cuestión constitucional planteada ante ellos, en el caso de que dicha cuestión se refiera a la supuesta falta de conformidad con la Constitución de una disposición de Derecho interno, derivada de la oposición de esta última a las disposiciones del Derecho de la Unión? |
| --- | --- |

1)

El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la de los artículos 23-2, párrafo segundo, y 23-5, párrafo segundo, del Decreto legislativo no 58-1067, de 7 de noviembre de 1958, insertados por la Ley orgánica no 2009-1523, de 10 de diciembre de 2009, en cuanto obligan a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse con prioridad sobre la remisión al Conseil constitutionnel de la cuestión constitucional planteada ante ellos, en el caso de que dicha cuestión se refiera a la supuesta falta de conformidad con la Constitución de una disposición de Derecho interno, derivada de la oposición de esta última a las disposiciones del Derecho de la Unión?

| 2) | El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la del artículo 78-2, párrafo cuarto, del código de procedimiento penal, que prevé que «en una zona comprendida entre la frontera terrestre de Francia con los Estados parte en el Convenio firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y una línea que discurre a 20 kilómetros de esa frontera, así como en las zonas accesibles al público de los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias o de carretera abiertas al tráfico internacional y designadas mediante orden, también podrá controlarse la identidad de toda persona, según las modalidades previstas en el párrafo primero, con vistas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de poseer, portar y presentar los títulos y documentos previstos por la ley. Cuando ese control tenga lugar a bordo de un tren que recorra una ruta internacional, podrá efectuarse en la parte del trayecto situada entre la frontera y la primera parada situada a más de veinte kilómetros de la frontera. No obstante, en las líneas ferroviarias que recorran una ruta internacional y presenten características especiales por sus paradas, el control también podrá efectuarse entre esa primera parada y una parada situada dentro de los siguientes cincuenta kilómetros. Esas líneas y paradas se designarán mediante orden ministerial. Cuando un tramo de autopista tenga su inicio en la zona mencionada en la primera frase del presente párrafo, y el primer puesto de peaje de la autopista se encuentre más allá de la línea de los 20 kilómetros, el control podrá tener lugar además, hasta ese primer puesto de peaje, en las áreas de estacionamiento, así como en ese mismo puesto de peaje y en las áreas de estacionamiento adyacentes. Los puestos de peaje comprendidos en esta disposición se designarán por orden.» |
| --- | --- |

2)

El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, ¿se opone a una normativa como la del artículo 78-2, párrafo cuarto, del código de procedimiento penal, que prevé que «en una zona comprendida entre la frontera terrestre de Francia con los Estados parte en el Convenio firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y una línea que discurre a 20 kilómetros de esa frontera, así como en las zonas accesibles al público de los puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias o de carretera abiertas al tráfico internacional y designadas mediante orden, también podrá controlarse la identidad de toda persona, según las modalidades previstas en el párrafo primero, con vistas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de poseer, portar y presentar los títulos y documentos previstos por la ley. Cuando ese control tenga lugar a bordo de un tren que recorra una ruta internacional, podrá efectuarse en la parte del trayecto situada entre la frontera y la primera parada situada a más de veinte kilómetros de la frontera. No obstante, en las líneas ferroviarias que recorran una ruta internacional y presenten características especiales por sus paradas, el control también podrá efectuarse entre esa primera parada y una parada situada dentro de los siguientes cincuenta kilómetros. Esas líneas y paradas se designarán mediante orden ministerial. Cuando un tramo de autopista tenga su inicio en la zona mencionada en la primera frase del presente párrafo, y el primer puesto de peaje de la autopista se encuentre más allá de la línea de los 20 kilómetros, el control podrá tener lugar además, hasta ese primer puesto de peaje, en las áreas de estacionamiento, así como en ese mismo puesto de peaje y en las áreas de estacionamiento adyacentes. Los puestos de peaje comprendidos en esta disposición se designarán por orden.»

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/36 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/36

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Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 19 de abril de 2010 — Société Rastelli Davide et C./Jean-Charles Hidoux, en calidad de liquidador judicial de Médiasucre international

(Asunto C-191/10)

(2010/C 161/55)

Lengua de procedimiento: francés

Órgano jurisdiccional remitente

Cour de cassation

Partes en el procedimiento principal

Recurrente: Société Rastelli Davide et C.

Recurrida: Jean-Charles Hidoux, en calidad de liquidador judicial de Médiasucre international

Cuestiones prejudiciales

| 1) | Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro incoa un procedimiento principal de insolvencia de un deudor, basándose en que el centro de sus intereses principales está situado en el territorio de dicho Estado, ¿se opone Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, (1) a que dicho órgano jurisdiccional aplique una norma de su Derecho nacional que le atribuye competencia para ampliar el procedimiento a una sociedad cuyo domicilio social esté establecido en otro Estado miembro, basándose únicamente en que resulta probada la confusión de los patrimonios de esta sociedad y del deudor? |
| --- | --- |

1)

Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro incoa un procedimiento principal de insolvencia de un deudor, basándose en que el centro de sus intereses principales está situado en el territorio de dicho Estado, ¿se opone Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, (1) a que dicho órgano jurisdiccional aplique una norma de su Derecho nacional que le atribuye competencia para ampliar el procedimiento a una sociedad cuyo domicilio social esté establecido en otro Estado miembro, basándose únicamente en que resulta probada la confusión de los patrimonios de esta sociedad y del deudor?

| 2) | En el caso de que ampliación solicitada deba considerarse como apertura de un nuevo procedimiento de insolvencia, subordinado, para que el juez del Estado miembro que conoció inicialmente del procedimiento pueda conocer del procedimiento subordinado, previa demostración de que la sociedad contemplada por la ampliación tiene en dicho Estado el centro de sus intereses principales, ¿puede tal demostración basarse únicamente en la existencia probada de confusión entre los patrimonios? |
| --- | --- |

2)

En el caso de que ampliación solicitada deba considerarse como apertura de un nuevo procedimiento de insolvencia, subordinado, para que el juez del Estado miembro que conoció inicialmente del procedimiento pueda conocer del procedimiento subordinado, previa demostración de que la sociedad contemplada por la ampliación tiene en dicho Estado el centro de sus intereses principales, ¿puede tal demostración basarse únicamente en la existencia probada de confusión entre los patrimonios?

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(1)  DO L 160, p. 1.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/37 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/37

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Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Düsseldorf (Alemania) el 22 de abril de 2010 — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Asunto C-196/10)

(2010/C 161/56)

Lengua de procedimiento: alemán

Órgano jurisdiccional remitente

Finanzgericht Düsseldorf

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Demandada: Hauptzollamt Bielefeld

Cuestión prejudicial

¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada en su versión del Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, (1) así como en la versión del Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, (2) de forma que haya que incluir en la partida 2208 un producto descrito como «malt beer base» con un grado alcohólico de alrededor del 14 % vol, obtenido a partir de cerveza sometida a un proceso de aclarado y posterior ultrafiltrado, mediante el cual se diluyen el carácter amargo y las proteínas?

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(1)  Reglamento (CE) no 2031/2001 de la Comisión, de 6 agosto de 2001, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 279, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) no 1832/2002 de la Comisión, de 1 de agosto de 2002, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 290, p. 1).

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Tribunal General

| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/38 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/38

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Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB)

(Asuntos T-303/06 y T-337/06) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitudes de marcas comunitarias denominativas UNIWEB y UniCredit Walth Managements - Marcas nacionales denominativas anteriores UNIFONDS y UNIRAK y marca nacional figurativa anterior UNIZINS - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/57)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: UniCredito Italiano SpA (Génova, Italia) (representantes: G. Floridia, R. Floridia y F. Polettini, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: P. Bullock, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, que interviene ante el Tribunal General: Union Investment Privatfonds GmbH (Fráncfort del Meno, Alemania) (representante: J. Zindel, abogado)

Objeto

Recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 5 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 196/2005-2 y R 211/2005-2) y de 25 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 456/2005-2 y R 502/2005-2), relativas a unos procedimientos de oposición entre Union Investment Privatfonds GmbH y UniCredito Italiano SpA.

Fallo

| 1) | Acumular los asuntos T-303/06 y T-337 a efectos de la sentencia. |
| --- | --- |

1)

Acumular los asuntos T-303/06 y T-337 a efectos de la sentencia.

| 2) | Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 5 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 196/2005-2 y R 211/2005-2), en la medida en que desestima el recurso de UniCredito Italiano SpA en el asunto R 211/2005-2 al estimar las oposiciones al registro de la marca solicitada UNIWEB, en cuanto atañe a los «negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros; [...] información y asesoramiento en materia financiera y de seguros; servicios de tarjetas de crédito/débito; servicios bancarios y financieros vía Internet», de la clase 36. |
| --- | --- |

2)

Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 5 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 196/2005-2 y R 211/2005-2), en la medida en que desestima el recurso de UniCredito Italiano SpA en el asunto R 211/2005-2 al estimar las oposiciones al registro de la marca solicitada UNIWEB, en cuanto atañe a los «negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros; [...] información y asesoramiento en materia financiera y de seguros; servicios de tarjetas de crédito/débito; servicios bancarios y financieros vía Internet», de la clase 36.

| 3) | Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 456/2005-2 y R 502/2005-2), en la medida en que desestima el recurso de UniCredito Italiano SpA en el asunto R 456/2005-2 al estimar las oposiciones al registro de la marca solicitada UniCredit Wealth Management, en cuanto atañe a los «negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros [...] [e] información financiera», de la clase 36. |
| --- | --- |

3)

Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados R 456/2005-2 y R 502/2005-2), en la medida en que desestima el recurso de UniCredito Italiano SpA en el asunto R 456/2005-2 al estimar las oposiciones al registro de la marca solicitada UniCredit Wealth Management, en cuanto atañe a los «negocios bancarios; negocios financieros; negocios monetarios; seguros [...] [e] información financiera», de la clase 36.

| 4) | Desestimar las pretensiones de Union Investment Privatfonds GmbH. |
| --- | --- |

4)

Desestimar las pretensiones de Union Investment Privatfonds GmbH.

| 5) | Cada parte cargará con sus propias costas. |
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5)

Cada parte cargará con sus propias costas.

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(1)  DO C 326, de 30.12.2006.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/38 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/38

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Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Union Investment Privatfonds/OAMI — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

(Asunto T-392/06) (1)

(«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa unibanco - Marcas nacionales figurativas anteriores UniFLEXIO, UniVARIO y UniZERO - Presentación extemporánea de documentos - Facultad de apreciación conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/58)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Union Investment Privatfonds GmbH (Fráncfort del Meno, Alemania) (representantes: H. Keller, posteriormente J. Zindel, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: G. Schneider, agente)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: Unicre-Cartão International De Crédito, SA (Lisboa)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 10 de octubre de 2006 (asunto R 442/2004-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la Union Investment Privatfonds GmbH y Unicre-Cartão International De Crédito, SA.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
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1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la Union Investment Privatfonds GmbH. |
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2)

Condenar en costas a la Union Investment Privatfonds GmbH.

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(1)  DO C 42, de 24.2.2007.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/39 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/39

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Sentencia del Tribunal General de 6 de mayo de 2010 — Comune di Napoli/Comisión

(Asunto T-388/07) (1)

(«FEDER - Reducción de una ayuda financiera - Proyecto piloto urbano relativo a la realización de una red de plazas telemáticas para la ciudad de Nápoles - Concepto de irregularidad - Gastos admisibles»)

(2010/C 161/59)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Comune di Napoli (Italia) (representantes: F. Sciaudone, G. Tarallo, G. Pizza y R. Sciaudone, abogados)

Demandada: Comisión Europea (representante: L. Flynn, agente, asistido por A. Dal Ferro, abogado)

Objeto

Por una parte, petición de anulación de la Decisión C(2007) 3893 de la Comisión, de 8 de agosto de 2007, relativa a la reducción de una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedida a la ciudad de Nápoles (Italia), en virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 4254/88, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) no 2083/93, mediante la Decisión PH/1997/2761 de la Comisión, por la que se aprueba una ayuda del FEDER en relación con el proyecto piloto urbano no 97.05.29.002, así como, por otra, recurso de indemnización para el resarcimiento del perjuicio supuestamente sufrido por la parte demandante a raíz de la adopción de la Decisión impugnada.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Comune di Napoli. |
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2)

Condenar en costas a Comune di Napoli.

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(1)  DO C 283, de 24.11.2007.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/39 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/39

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Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada blanca)

(Asunto T-109/08) (1)

(Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada blanca - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Falta de carácter distintivo adquirido por el uso - Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009))

(2010/C 161/60)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Freixenet, S.A. (Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona) (representantes: F. de Visscher, E. Cornu y D. Moreau, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de noviembre de 2007 (asunto R 97/2001-1), relativa a la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que representa una botella esmerilada negra mate.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Freixenet, S.A. |
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2)

Condenar en costas a Freixenet, S.A.

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(1)  DO C 116, de 9.5.2008.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/40 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/40

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Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Freixenet/OAMI (Forma de una botella esmerilada negra mate)

(Asunto T-110/08) (1)

(Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria que representa una botella esmerilada negra mate - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Falta de carácter distintivo adquirido por el uso - Artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 3, del Reglamento (CE) no 207/2009] - Obligación de motivación - Derecho de defensa - Artículo 73 del Reglamento no 40/94 (actualmente, artículo 75 del Reglamento no 207/2009))

(2010/C 161/61)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Freixenet, S.A. (Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona) (representantes: F. de Visscher, E. Cornu y D. Moreau, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 20 de noviembre de 2007 (asunto R 104/2001-1), relativa a la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que representa una botella esmerilada negra mate.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Freixenet, S.A. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Freixenet, S.A.

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(1)  DO C 116, de 9.5.2008.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/40 |
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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/40

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Sentencia del Tribunal General de 29 de abril de 2010 — Kerma/OAMI (BIOPIETRA)

(Asunto T-586/08) (1)

(«Marca comunitaria - Solicitud de marca comunitaria denominativa BIOPIETRA - Motivo de denegación absoluto - Falta de carácter distintivo - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]»)

(2010/C 161/62)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda, Italia) (representante: A. Manzoni, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representante: O. Montalto, agente)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 16 de octubre de 2008 (asunto R 889/2008-1) relativa a una solicitud de registro del signo denominativo BIOPIETRA como marca comunitaria.

Fallo

| 1) | Desestimar el recurso. |
| --- | --- |

1)

Desestimar el recurso.

| 2) | Condenar en costas a Kerma SpA. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a Kerma SpA.

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(1)  DO C 55, de 7.3.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/40 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/40

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Auto del Tribunal General de 15 de abril de 2010 — Katjes Fassin/OAMI (Representación de una cabeza de panda)

(Asunto T-22/09) (1)

(«Marca comunitaria - Denegación del registro por el examinador - Retirada de la solicitud de registro - Sobreseimiento»)

(2010/C 161/63)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Alemania) (representante: T. Schmitz, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) (representantes: inicialmente, C. Jenewein y, posteriormente, C. Jenewein y G. Schneider, agentes)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 13 de noviembre de 2008 (asunto R 1299/2006-4), relativa a una solicitud de registro de un signo tridimensional que representa una cabeza de panda en colores negro, blanco y rojo como marca comunitaria.

Fallo

| 1) | Sobreseer el recurso. |
| --- | --- |

1)

Sobreseer el recurso.

| 2) | Condenar en costas a la parte demandante. |
| --- | --- |

2)

Condenar en costas a la parte demandante.

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(1)  DO C 69, de 21.3.2009.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/41 |
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19.6.2010

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C 161/41

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Auto del Presidente del Tribunal General de 30 de abril de 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo

(Asunto T-18/10 R)

(«Procedimiento sobre medidas provisionales - Reglamento (CE) no 1007/2009 - Comercio de productos derivados de la foca - Excepción en beneficio de las comunidades inuit - Demanda de suspensión de la ejecución - Admisibilidad - Fumus boni iuris - Falta de urgencia»)

(2010/C 161/64)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canadá), Nattivak Hunters & Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canadá), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Canadá), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canadá), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canadá), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canadá), David Kuptana (Ulukhaktok, Canadá), Karliin Aariak (Iqaluit, Canadá), Efstathios Andreas Agathos (Atenas), Canadian Seal Marketing Group (Quebec, Canadá), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Canadá), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canadá), NuTan Furs, Inc (Catalina, Canadá), GC Rieber Skinn AS (Bergen, Noruega), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenlandia, Dinamarca), Johannes Egede (Nuuk, Groenlandia, Dinamarca), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattufiat (KNAPK) (Nuuk, Groenlandia, Dinamarca) (representantes: J. Bouckaert, M. van der Woude y H. Viaene, abogados)

Demandadas: Parlamento Europeo (representantes: I. Anagnostopoulou y L. Visaggio, agentes) y Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Moore y K. Michoel, agentes)

Objeto

Demanda de suspensión de la ejecución del Reglamento (CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 286, p. 36).

Fallo

| 1) | Retirar de los autos del asunto T-18/10 R el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea, de 18 de febrero de 2009, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de productos derivados de la foca, presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas [COM(2008) 469 final, de 23 de julio de 2008], que figura en el anexo A 4 de la demanda de medidas provisionales, y el extracto de dicho dictamen contenido en el punto 16 de la misma demanda. |
| --- | --- |

1)

Retirar de los autos del asunto T-18/10 R el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea, de 18 de febrero de 2009, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de productos derivados de la foca, presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas [COM(2008) 469 final, de 23 de julio de 2008], que figura en el anexo A 4 de la demanda de medidas provisionales, y el extracto de dicho dictamen contenido en el punto 16 de la misma demanda.

| 2) | Desestimar la demanda de medidas provisionales. |
| --- | --- |

2)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

| 3) | Reservar la decisión sobre las costas. |
| --- | --- |

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/41 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/41

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Auto del Tribunal General de 27 de abril de 2010 — Parlamento/U

[Asunto T-103/10 P(R)] (1)

(«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Decisión de despido - Auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales - Falta de urgencia»)

(2010/C 161/65)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Parlamento Europeo (representantes: S. Seyr y K. Zejdová, agentes)

Otra parte en el procedimiento: U (Luxemburgo) (representantes: F. Moyse y A. Salerno, abogados)

Objeto

Recurso de casación interpuesto contra el auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2009, U/Parlamento, (F-92/09 R, aún no publicado en la Recopilación) y que persigue la anulación de dicho auto.

Fallo

| 1) | Anular el auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2009, U/Parlamento (F-92/09 R, aún no publicado en la Recopilación). |
| --- | --- |

1)

Anular el auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2009, U/Parlamento (F-92/09 R, aún no publicado en la Recopilación).

| 2) | Desestimar la demanda de medidas provisionales formulada por U. |
| --- | --- |

2)

Desestimar la demanda de medidas provisionales formulada por U.

| 3) | Reservar la decisión sobre las costas. |
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3)

Reservar la decisión sobre las costas.

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(1)  DO C 113, de 1.5.2010.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/42 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/42

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Recurso interpuesto el 21 de octubre de 2009 — Campailla/Comisión

(Asunto T-429/09)

(2010/C 161/66)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, Francia) (representante: P. Goergen, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio que el demandante supuestamente ha sufrido debido a la negativa de la Comisión a adoptar medidas a raíz de su denuncia de las violaciones de sus derechos fundamentales por las autoridades cameruneses. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio que el demandante supuestamente ha sufrido debido a la negativa de la Comisión a adoptar medidas a raíz de su denuncia de las violaciones de sus derechos fundamentales por las autoridades cameruneses.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso el demandante solicita la indemnización del daño que afirma haber sufrido a consecuencia de las decisiones de la Comisión, contenidas en el escrito D3 *3/2004/D/4809, de 30 de julio de 2004, y en el escrito D3 D3/2004/D/5438, de 9 de septiembre de 2004, dirigidas al demandante, mediante las que la Comisión se negó a adoptar medidas a raíz de su denuncia de supuestas violaciones de sus derechos fundamentales por las autoridades camerunesas.

En apoyo de su recurso el demandante alega motivos basados en la ilegalidad de la decisión debido a la desnaturalización de los hechos y a la desviación de poder así como a la infracción de disposiciones y violación de principios del Tratado CE y del Tratado UE y de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (entre otros, los principios de seguridad jurídica, de confianza legítima, de buena administración, de la obligación de no discriminación, de buen gobierno, de respeto de formas sustanciales y de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/42 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/42

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Recurso de casación interpuesto el 12 de abril de 2010 por V contra la sentencia dictada el 21 de octubre de 2009 por el Tribunal de la Función Pública en el asunto F-33/08, V/Comisión

(Asunto T-510/09 P)

(2010/C 161/67)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: V (Bruselas) (representante: E. Boigelot, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

| — | Que se declare el recurso de casación admisible y fundado, y, en consecuencia: |
| --- | --- |

—

Que se declare el recurso de casación admisible y fundado, y, en consecuencia:

| — | Que se anule la sentencia recurrida dictada el 21 de octubre de 2009 por la Sala Primera del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea en el asunto F-33/08, y notificada a la recurrente el 26 de octubre de 2009, mediante la que desestimó por infundado el recurso de la recurrente dirigido a la anulación de la decisión de 15 de mayo de 2007 mediante la que la Comisión le informó que no cumplía las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de sus funciones y la condena de la Comisión a pagarle una indemnización de los perjuicios que estima haber sufrido. |
| --- | --- |

—

Que se anule la sentencia recurrida dictada el 21 de octubre de 2009 por la Sala Primera del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea en el asunto F-33/08, y notificada a la recurrente el 26 de octubre de 2009, mediante la que desestimó por infundado el recurso de la recurrente dirigido a la anulación de la decisión de 15 de mayo de 2007 mediante la que la Comisión le informó que no cumplía las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de sus funciones y la condena de la Comisión a pagarle una indemnización de los perjuicios que estima haber sufrido.

| — | Que se estimen las pretensiones que la recurrente presentó ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se estimen las pretensiones que la recurrente presentó ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

| — | Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de ambos procedimientos. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la parte recurrida al pago de las costas de ambos procedimientos.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso de casación, la recurrente solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública (TFP) de 21 de octubre de 2009, dictada en el asunto V/Comisión, F-33/08, que desestima el recurso que tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de no contratar a la recurrente debido a que no reunía las condiciones de aptitud física requeridas para el ejercicio de funciones, así como una demanda de indemnización de daños y perjuicios.

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente alega tres motivos basados en errores de Derecho, desnaturalización de las pruebas que obran en autos, así como una motivación errónea e insuficiente.

En primer lugar, la recurrente impugna la sentencia recurrida en tanto el Tribunal de la Función Pública consideró que no estaba acreditado que la irregularidad relativa a la intervención del doctor K. haya influenciado los actos del procedimiento que llevaron a la adopción de la decisión controvertida.

En segundo lugar, la recurrente estima que el TFP incumplió la obligación de respetar el secreto médico así como el derecho del paciente, aunque sea el justiciable, al respeto de éste, en la medida en que consideró que la invocación de este principio por la recurrente le impedía ejercer su control de legalidad del dictamen de falta de aptitud emitido por la comisión médica.

En tercer lugar, la recurrente considera que el razonamiento del TFP adolece de falta de motivación respecto a la apreciación de la alegación basada en la no inscripción del presidente de la comisión médica en la lista del Colegio de Médicos belgas.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/43 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/43

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Recurso interpuesto el 25 de enero de 2010 — Noko Ngele/Comisión

(Asunto T-15/10)

(2010/C 161/68)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Mariyus Noko Ngele (Bruselas) (representante: F. Sabakunzi, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que el CDE nunca sustituyó al CDI y que no tiene existencia legal ni personalidad jurídica en Bélgica. |
| --- | --- |

—

Que se declare que el CDE nunca sustituyó al CDI y que no tiene existencia legal ni personalidad jurídica en Bélgica.

| — | Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación del perjuicio financiero la cantidad de doscientos mil euros, incrementada con los intereses legales al 10 % anual desde 1995 y con los intereses judiciales. |
| --- | --- |

—

Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación del perjuicio financiero la cantidad de doscientos mil euros, incrementada con los intereses legales al 10 % anual desde 1995 y con los intereses judiciales.

| — | Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación de los perjuicios moral y psicológico la cantidad de cinco millones de euros, incrementada con los intereses judiciales. |
| --- | --- |

—

Que se condene solidariamente a la Comisión Europea, a uno de sus miembros y a algunos de sus agentes a pagar en concepto de reparación de los perjuicios moral y psicológico la cantidad de cinco millones de euros, incrementada con los intereses judiciales.

| — | Que se declare que la sentencia que se dicte será ejecutoria sin perjuicio de que se interponga cualquier recurso. |
| --- | --- |

—

Que se declare que la sentencia que se dicte será ejecutoria sin perjuicio de que se interponga cualquier recurso.

| — | Que se condene a la parte demandada en costas y al pago de una indemnización procesal estimada en treinta mil euros. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la parte demandada en costas y al pago de una indemnización procesal estimada en treinta mil euros.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, el demandante solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido al no poder cobrar un crédito que tenía contra el «Centro para el desarrollo industrial (CDI)» a raíz de la sustitución de dicha organización por una institución conjunta de los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico) y de la Unión Europea, denominada «Centro para el desarrollo de la empresa (CDE)».

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/43 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/43

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Recurso interpuesto el 2 de abril de 2010 — Francia/Comisión

(Asunto T-154/10)

(2010/C 161/69)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: República Francesa (representantes: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha y J. Gstalter, agentes)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión impugnada en su totalidad. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión impugnada en su totalidad.

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso, la demandante solicita la anulación de la Decisión C(2010) 133 final de la Comisión, de 26 de enero de 2010, por la que se declara ayuda de Estado incompatible con el mercado interior la garantía implícita ilimitada en favor de La Poste resultante de las disposiciones de Derecho francés relativas a las consecuencias jurídicas de su estatuto de persona jurídica de Derecho público, asimilada a un establecimiento público de carácter industrial y comercial [Ayuda de Estado no C 56/2007 (ex E 15/2005)].

En apoyo de su recurso, la demandante alega tres motivos basados en:

| — | Un error de Derecho, en la medida en que la Comisión no demostró de manera suficiente en Derecho la existencia de una ayuda de Estado. La Comisión no respetó las normas que regulan la prueba en materia de ayudas de Estado, ni por lo que respecta a la carga de la prueba ni al nivel de prueba. |
| --- | --- |

—

Un error de Derecho, en la medida en que la Comisión no demostró de manera suficiente en Derecho la existencia de una ayuda de Estado. La Comisión no respetó las normas que regulan la prueba en materia de ayudas de Estado, ni por lo que respecta a la carga de la prueba ni al nivel de prueba.

| — | Errores de hecho y de Derecho, en la medida en que la Comisión sostuvo la existencia de una garantía implícita ilimitada en favor de La Poste. |
| --- | --- |

—

Errores de hecho y de Derecho, en la medida en que la Comisión sostuvo la existencia de una garantía implícita ilimitada en favor de La Poste.

| — | Una violación del concepto de ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Por un lado, la Comisión concluyó erróneamente que la existencia de una garantía crearía una ventaja en beneficio de La Poste y, por otro, la Comisión consideró erróneamente que la calificación positiva de La Poste se debía a la existencia de la supuesta garantía. |
| --- | --- |

—

Una violación del concepto de ventaja en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Por un lado, la Comisión concluyó erróneamente que la existencia de una garantía crearía una ventaja en beneficio de La Poste y, por otro, la Comisión consideró erróneamente que la calificación positiva de La Poste se debía a la existencia de la supuesta garantía.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/44 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/44

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Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Dow Chemical/Consejo

(Asunto T-158/10)

(2010/C 161/70)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Dow Chemical Company (representantes: J.-F. Bellis, R. Luff y V. Hahn, abogados)

Demandada: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2010 del Consejo (1) en la medida en que afecta a la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se anule el Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2010 del Consejo (1) en la medida en que afecta a la demandante.

| — | Que se condene en costas al Consejo. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas al Consejo.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la demandante alega, como único motivo, que el Reglamento impugnado infringe el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, (2) por las siguientes razones:

| — | La consideración de que continuará el dumping de etanolaminas originarias de Estados Unidos se basa erróneamente en el dumping detectado en el marco de la investigación de reconsideración en relación con productores exportadores que representan tan sólo una proporción muy reducida de las importaciones de Estados Unidos; las instituciones ignoraron el hecho de que se constató que los productores de los que procedía la inmensa mayoría de importaciones de Estados Unidos no incurrieron en dumping y que, por tanto, las importaciones de etanolaminas originarias de Estados Unidos, consideradas globalmente, no eran objeto de dumping. |
| --- | --- |

—

La consideración de que continuará el dumping de etanolaminas originarias de Estados Unidos se basa erróneamente en el dumping detectado en el marco de la investigación de reconsideración en relación con productores exportadores que representan tan sólo una proporción muy reducida de las importaciones de Estados Unidos; las instituciones ignoraron el hecho de que se constató que los productores de los que procedía la inmensa mayoría de importaciones de Estados Unidos no incurrieron en dumping y que, por tanto, las importaciones de etanolaminas originarias de Estados Unidos, consideradas globalmente, no eran objeto de dumping.

| — | La consideración de que el supuesto dumping de etanolaminas originarias de Estados Unidos aumentó tras la investigación de reconsideración se basa en una selección arbitraria de precios que no refleja la tendencia de los mismos tras la investigación de reconsideración. |
| --- | --- |

—

La consideración de que el supuesto dumping de etanolaminas originarias de Estados Unidos aumentó tras la investigación de reconsideración se basa en una selección arbitraria de precios que no refleja la tendencia de los mismos tras la investigación de reconsideración.

| — | La consideración de que el excedente de capacidad de Estados Unidos provocará un incremento de las exportaciones de etanolaminas a la Unión Europea se basa en un error manifiesto, ya que no existe en Estados Unidos capacidad sin utilizar. |
| --- | --- |

—

La consideración de que el excedente de capacidad de Estados Unidos provocará un incremento de las exportaciones de etanolaminas a la Unión Europea se basa en un error manifiesto, ya que no existe en Estados Unidos capacidad sin utilizar.

| — | La consideración de que las medidas antidumping sobre las etanolaminas originarias de Estados Unidos, impuestas por China desde 2004, inducirán a los exportadores estadounidenses de etanolaminas a vender mayores cantidades a la Unión Europea se contradice con la evolución de los intercambios comerciales desde 2005. |
| --- | --- |

—

La consideración de que las medidas antidumping sobre las etanolaminas originarias de Estados Unidos, impuestas por China desde 2004, inducirán a los exportadores estadounidenses de etanolaminas a vender mayores cantidades a la Unión Europea se contradice con la evolución de los intercambios comerciales desde 2005.

| — | La consideración de que la posible evolución de la demanda en los Estados Unidos y otros mercados llevará a los productores estadounidenses a dirigir sus exportaciones a la Unión Europea es puramente especulativa. |
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—

La consideración de que la posible evolución de la demanda en los Estados Unidos y otros mercados llevará a los productores estadounidenses a dirigir sus exportaciones a la Unión Europea es puramente especulativa.

| — | La consideración de que precios muy bajos e incrementos de capacidad respecto al monoetilenglicol –que, como las etanolaminas, es un producto derivado del óxido de etileno– serían un incentivo para que los productores decidieran producir etanolaminas, en lugar de monoetilenglicol, no se ajusta a los hechos constatados y adolece de un error de apreciación. |
| --- | --- |

—

La consideración de que precios muy bajos e incrementos de capacidad respecto al monoetilenglicol –que, como las etanolaminas, es un producto derivado del óxido de etileno– serían un incentivo para que los productores decidieran producir etanolaminas, en lugar de monoetilenglicol, no se ajusta a los hechos constatados y adolece de un error de apreciación.

| — | El demandado arguye de manera contradictoria en lo que atañe a la relación entre los precios de Estados Unidos y los de la Unión Europea, ya que parece alegar dos tesis simultáneamente, una, que precios más elevados en la Unión Europea son un incentivo para que los exportadores estadounidenses dirijan sus ventas hacia ésta, otra, que precios más bajos en la Unión Europea obliga a los productores estadounidenses a vender en ésta a precios de dumping. |
| --- | --- |

—

El demandado arguye de manera contradictoria en lo que atañe a la relación entre los precios de Estados Unidos y los de la Unión Europea, ya que parece alegar dos tesis simultáneamente, una, que precios más elevados en la Unión Europea son un incentivo para que los exportadores estadounidenses dirijan sus ventas hacia ésta, otra, que precios más bajos en la Unión Europea obliga a los productores estadounidenses a vender en ésta a precios de dumping.

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(1)  Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2010 del Consejo, de 19 de enero de 2010, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de etanolaminas originarias de los Estados Unidos de América (DO L 17, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/45 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/45

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Recurso interpuesto el 9 de abril de 2010 — Air France/OAMI (Representación de un paralelogramo)

(Asunto T-159/10)

(2010/C 161/71)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

Partes

Demandante: Air France (Roissy Charles de Gaulle, Francia) (representante: A. Grolée, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución dictada el 27 de enero de 2010 por la Segunda Sala de Recurso en el asunto 1018/2009-2 en la medida en que desestimó la solicitud de marca no 007576218 respecto de los productos y servicios objeto del presente recurso. |
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Que se anule la resolución dictada el 27 de enero de 2010 por la Segunda Sala de Recurso en el asunto 1018/2009-2 en la medida en que desestimó la solicitud de marca no 007576218 respecto de los productos y servicios objeto del presente recurso.

| — | Que se admita el registro de la solicitud de marca figurativa comunitaria no 007576218 para todos los productos y servicios que designa. |
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Que se admita el registro de la solicitud de marca figurativa comunitaria no 007576218 para todos los productos y servicios que designa.

| — | Que se condene a la OAMI a cargar con las costas en las que haya incurrido la demandante en el procedimiento seguido ante la propia OAMI y con las costas en las que incurra en el marco del presente recurso, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de Procedimiento. |
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Que se condene a la OAMI a cargar con las costas en las que haya incurrido la demandante en el procedimiento seguido ante la propia OAMI y con las costas en las que incurra en el marco del presente recurso, de conformidad con el artículo 87 del Reglamento de Procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que representa la forma de un paralelogramo, para productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 (solicitud de registro no7 576 218)

Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de registro

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, habida cuenta de que la marca presentada a registro alcanza el grado mínimo de carácter distintivo requerido para ser registrada.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/45 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/45

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Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Niki Luftfahrt GmbH/Comisión

(Asunto T-162/10)

(2010/C 161/72)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Demandante: Niki Luftfahrt GmbH (Viena) (representante: H. Asenbauer, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 28 de agosto de 2009, COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines conforme al artículo 264, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 231 CE, apartado 1). |
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Que se anule la Decisión de la Comisión Europea, de 28 de agosto de 2009, COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines conforme al artículo 264, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 231 CE, apartado 1).

| — | Que se condene a la Comisión Europea a restituir a la parte demandante las costas procesales, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. |
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Que se condene a la Comisión Europea a restituir a la parte demandante las costas procesales, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Motivos y principales alegaciones

La demandante impugna la Decisión C(2009) 6686 final de la Comisión, de 28 de agosto de 2009, por la que se declara compatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE una operación de concentración (Asunto COMP/M.5440 — Lufthansa/Austrian Airlines). En esta Decisión la Comisión llegó a la conclusión de que la adquisición del control exclusivo de la empresa Austrian Airlines por Deutsche Lufthansa AG — siempre que se apliquen los compromisos presentados por Deutsche Lufthansa AG — era compatible con el mercado común y con el acuerdo sobre el EEE.

En apoyo de su recurso la demandante, que gestiona una empresa de navegación aérea privada, alega, en primer lugar, que la Comisión ha violado el Tratado CE (o bien el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y ha infringido las normas relativas a su aplicación. Se denuncia al respecto que en su Decisión la Comisión tomó en consideración una definición de mercado contraria a una apreciación de todos los efectos perniciosos de la concentración sobre la competencia. Además, afirma la demandante que la Comisión evaluó equivocadamente las repercusiones de la concentración, en particular, sobre las rutas aéreas en dirección a la Europa del Este, por lo que, en cualquier caso, se da al respecto un error de apreciación grave y manifiesto. Por otra parte, afirma que la Comisión no se atuvo a las directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales, de conformidad con el Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. (1) Según la demandante, la Comisión pasó por alto concretamente el hecho de que la concentración de que se trata tendría efectos negativos sobre la competencia en el mercado común toda vez que se limitaría la capacidad competitiva de los competidores que permanecieran en los mercados afectados, que no habría otros proveedores en tales mercados y que sería imposible acceder fácilmente al mercado en los mercados afectados. La demandante sostiene además que los compromisos propuestos por Deutsche Lufthansa AG que la Comisión aceptó no son adecuados para impedir que la competencia efectiva resulte considerablemente perturbada.

En segundo lugar, la demandante alega infracción del artículo 253 CE (artículo 296 TFUE) por considerar que la Comisión no motivó debidamente la Decisión impugnada, en la medida en que no señaló sobre la base de qué argumentación concreta queda excluido todo obstáculo a la competencia en las rutas aéreas con la Europa del Este. Alega, además, que los hechos no se hallan suficientemente determinados.

En tercer lugar, la demandante imputa a la Comisión desviación de poder.

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(1)  DO 2004, C 31, p. 5.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/46 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/46

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Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Entegris/OAMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)

(Asunto T-163/10)

(2010/C 161/73)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés

Partes

Demandante: Entegris, Inc. (Billerica, Estados Unidos) (representantes: T. Ludbrook, Barrister, y M. Rosser, Solicitor)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, Estados Unidos)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se estime el recurso. |
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Que se estime el recurso.

| — | Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 18 de enero de 2010, en el asunto R 802/2009-2. |
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Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 18 de enero de 2010, en el asunto R 802/2009-2.

| — | Que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada. |
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Que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada.

| — | Que se condene en costas a la demandada, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso y la División de Oposición. |
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Que se condene en costas a la demandada, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso y la División de Oposición.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», para productos de la clase 9

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados: El registro como marca comunitaria de la marca denominativa «OPTIMIZER», para productos de las clases 1, 9 y 11

Resolución de la División de Oposición: Estimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución impugnada y desestimación de la oposición en su totalidad

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, debido a que no aplico dicha disposición legal de conformidad con la jurisprudencia en la materia y, por tanto, concluyó erróneamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas consideradas.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/46 |
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C 161/46

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Recurso interpuesto el 13 de abril de 2010 — Pioneer Hi-Bred International/Comisión

(Asunto T-164/10)

(2010/C 161/74)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Estados Unidos) (representantes: J. Temple Lang, Solicitor, y T. Müller-Ibold, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare que la Comisión se ha abstenido ilícitamente de actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 2001/18 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, al no haber presentado al Consejo un proyecto de las medidas que debían adoptarse en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión del Consejo y al no haber tomado cualquier otra medida que, dependiendo del desarrollo del procedimiento de toma de decisiones, pudiera ser necesaria para asegurar la adopción de la decisión a la que se refiere el artículo 18 de la Directiva. |
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Que se declare que la Comisión se ha abstenido ilícitamente de actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva 2001/18 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, al no haber presentado al Consejo un proyecto de las medidas que debían adoptarse en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión del Consejo y al no haber tomado cualquier otra medida que, dependiendo del desarrollo del procedimiento de toma de decisiones, pudiera ser necesaria para asegurar la adopción de la decisión a la que se refiere el artículo 18 de la Directiva.

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
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Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

El 2 de mayo de 2007, la demandante presentó su primera demanda en virtud del artículo 232 CE (1) alegando que la Comisión, infringiendo el artículo 18 de la Directiva 2001/18/CE, (2) se había abstenido de llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar la adopción de una decisión relativa a la notificación de la demandante mediante la que se solicita la autorización para comercializar maíz genéticamente modificado de la línea 1507, resistente a los insectos. El 21 de enero de 2009, la Comisión, con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Decisión 1999/468, presentó la propuesta de decisión al Comité de reglamentación. En el marco del procedimiento ante el Tribunal, las partes se mostraron de acuerdo en que, habida cuenta de la presentación de la propuesta de decisión, el recurso había quedado sin objeto y mediante auto de 4 de septiembre de 2009 el Tribunal dictó el sobreseimiento del asunto T-139/07.

En el presente recurso, la demandante alega, con arreglo al artículo 265 TFUE, que la Comisión aún no ha llevado ante el Consejo ninguna propuesta relativa a la comercialización del maíz genéticamente modificado de la línea 1507, resistente a los insectos, a pesar de la solicitud de la demandante. La demandante alega que la Comisión no presentó ningún proyecto de decisión relativa a la notificación de la demandante en ninguna de las seis reuniones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente que se celebraron desde que el Comité de reglamentación emitió una «no opinión» acerca de la propuesta el 25 de febrero de 2009.

La demandante sostiene que, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva, la Comisión está obligada a asegurar que las decisiones relativas a las notificaciones se adopten y publiquen dentro del plazo fijado en la Directiva. En este sentido, considera que la Comisión, al no haber presentado al Consejo un proyecto de las medidas que debían adoptarse, la Comisión no garantizó la adopción de una decisión sobre la notificación, a pesar de que se había cumplido con todos los requisitos que establecía la Directiva en relación con la demandante y otras partes.

Además, señala que, con arreglo a lo establecido en el artículo 265 TFUE, se había requerido a la Comisión para que definiese su posición, sin que ésta reaccionara. En opinión de la demandante las razones esgrimidas por la Comisión para explicar por qué no presentó un proyecto de decisión al Consejo son irrelevantes e injustificadas. Según la demandante, la falta de actuación de la Comisión repercutió negativamente en su situación jurídica y le generó pérdidas específicas, probadas y cuantificables.

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(1)  Asunto T-139/07, Pionner Hi-Bred International/Comisión (DO C 155, p. 28).

(2)  Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 106, p. 1).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/47 |
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19.6.2010

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C 161/47

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Recurso interpuesto el 7 de abril de 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisión

(Asunto T-167/10)

(2010/C 161/75)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atenas) (representantes: N. Korogiannakis y M. Dermitzakis, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de 27 de enero de 2010 de la Secretaría General — SG.E.3/FM/psi — Ares (2010)43764 — por la que se deniega la solicitud de revisión formulada por la demandante en la que se pedía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001, que se revisara la posición adoptada por la Dirección General de Informática en su escrito de 18 de septiembre de 2009, a raíz de la solicitud inicial de la demandante, fechada el 14 de agosto de 2009, relativa al acceso a todas las peticiones de precios correspondientes al lote 3A de ESP-DESIS. |
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Que se anule la decisión de 27 de enero de 2010 de la Secretaría General — SG.E.3/FM/psi — Ares (2010)43764 — por la que se deniega la solicitud de revisión formulada por la demandante en la que se pedía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001, que se revisara la posición adoptada por la Dirección General de Informática en su escrito de 18 de septiembre de 2009, a raíz de la solicitud inicial de la demandante, fechada el 14 de agosto de 2009, relativa al acceso a todas las peticiones de precios correspondientes al lote 3A de ESP-DESIS.

| — | Que se anule la decisión de 11 de marzo de 2010 de la Secretaría General — SG.E.3/FM/MIB/rc/psi — Ares (2010)131966 — por la que se deniega la solicitud de revisión formulada por la demandante en la que se pedía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001, que se revisaran las posiciones adoptadas por la Dirección General (DG) de Informática, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (OP, con anterioridad OPOCE) y por la DG Presupuesto en sus respectivos escritos de 11 de diciembre de 2009, a raíz de las solicitudes iniciales de la demandante, fechadas el 9 de octubre de 2009, relativas al acceso a todas las peticiones de precios correspondientes a todos los lotes de los contratos ESP, ESP-DIMA y ESP-DESIS (gestionados por la DG Informática), de los contratos marco de la OPOCE nos 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030 y del contrato marco de la DG PRESUPUESTO no BUDG/O101. |
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Que se anule la decisión de 11 de marzo de 2010 de la Secretaría General — SG.E.3/FM/MIB/rc/psi — Ares (2010)131966 — por la que se deniega la solicitud de revisión formulada por la demandante en la que se pedía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001, que se revisaran las posiciones adoptadas por la Dirección General (DG) de Informática, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (OP, con anterioridad OPOCE) y por la DG Presupuesto en sus respectivos escritos de 11 de diciembre de 2009, a raíz de las solicitudes iniciales de la demandante, fechadas el 9 de octubre de 2009, relativas al acceso a todas las peticiones de precios correspondientes a todos los lotes de los contratos ESP, ESP-DIMA y ESP-DESIS (gestionados por la DG Informática), de los contratos marco de la OPOCE nos 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030 y del contrato marco de la DG PRESUPUESTO no BUDG/O101.

| — | Que se condene a la Comisión a pagar a la demandante todos los gastos, incluidos los jurídicos, que haya soportado en relación con su demanda; incluso aunque se desestime la presente demanda. |
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Que se condene a la Comisión a pagar a la demandante todos los gastos, incluidos los jurídicos, que haya soportado en relación con su demanda; incluso aunque se desestime la presente demanda.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega que la Comisión vulneró el Reglamento no 1049/2001 al no llevar a cabo un examen concreto e individualizado de los documentos a los que hacía referencia en la solicitud de acceso para valorar si las excepciones sobre las que descansa eran de aplicación o si se podía conceder un acceso limitado. Además, la demandante alega que se deben desestimar por ser totalmente infundadas las justificaciones dadas por la Comisión acerca de la protección de la política económica de la UE, de la protección de los intereses comerciales y de las razones de seguridad pública, ya que las razones en las que se basa la Comisión son, a juicio de la demandante, de naturaleza general y abstracta y no muestran que la Comisión hubiese llevado a cabo un examen particular e individualizado del contenido de los documentos solicitados.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/48 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/48

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Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Comisión/SEMEA

(Asunto T-168/10)

(2010/C 161/76)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión Europea (representantes: S. Petrova, agente, y E. Bouttier, abogado)

Demandada: Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) (Millau, Francia)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se condene a la Société d’économie mixte de l’Aveyron, en la persona de su mandatario ad hoc, a pagar a la demandante la cantidad de 41 012 euros, en concepto de principal, más los intereses devengados desde el 10 de marzo de 1992 o, con carácter subsidiario, desde el 27 de abril de 1993. |
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Que se condene a la Société d’économie mixte de l’Aveyron, en la persona de su mandatario ad hoc, a pagar a la demandante la cantidad de 41 012 euros, en concepto de principal, más los intereses devengados desde el 10 de marzo de 1992 o, con carácter subsidiario, desde el 27 de abril de 1993.

| — | Que se ordene la capitalización de los intereses. |
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Que se ordene la capitalización de los intereses.

| — | Que se condene a la sociedad SEMEA a pagar la cantidad de 5 000 euros por su resistencia injustificada al pago. |
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Que se condene a la sociedad SEMEA a pagar la cantidad de 5 000 euros por su resistencia injustificada al pago.

| — | Que se condene en costas a dicha sociedad. |
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Que se condene en costas a dicha sociedad.

Motivos y principales alegaciones

La Comunidad Europea, representada por la Comisión, celebró el 6 de julio de 1990 con la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) un contrato de subvención relativo a una acción de desarrollo local consistente en la ejecución de los trabajos de preparación y de puesta en marcha de un Centro Europeo de Empresa Local en Millau.

La Comisión sostiene que mediante dicho contrato la sociedad SEMEA se comprometía a realizar diversas prestaciones y a rendir cuentas a la Comisión remitiéndole informes periódicos. Por su parte, la Comisión se comprometía a contribuir económicamente a la ejecución de tales trabajos por un importe máximo de 135 000 ecus, con el límite del 50 % del coste justificado de los trabajos.

La Comisión afirma que en mayo de 1991 la sociedad SEMEA le solicitó que dicho contrato pudiera ser cumplido por otra entidad, Association CEI12, solicitud a la que accedió indicando que ese acuerdo no eximía a SEMEA del cumplimiento de sus obligaciones. La Comisión añade que esta última sociedad confirmó que garantizaría la correcta ejecución de las prestaciones estipuladas en el contrato.

A raíz de una inspección sobre la evolución de los trabajos, pudo comprobarse que el total de gastos subvencionables ascendía a 187 977 ecus y, por tanto, la contribución de la Comisión debía fijarse en el 50 % de esa cantidad, es decir, en 93 988 ecus.

Dado que la sociedad SEMEA ya ha percibido 135 000 ecus en virtud del contrato, el presente recurso tiene por objeto reclamar a dicha entidad la devolución de la cantidad percibida en exceso.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/48 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/48

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Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — CTG Luxembourg PSF/Tribunal de Justicia

(Asunto T-170/10)

(2010/C 161/77)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Luxemburgo) (representante: M. Thewes, abogado)

Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anulen las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en relación con el contrato público europeo «AO 008/2009: Apoyo a los usuarios de sistemas TI y telefónico de primer y segundo nivel, call center, gestión hardware end user», y en concreto:






  — | la decisión de la comisión de apertura de ofertas de 9 de febrero de 2010 por la que se desestimó la oferta de CTG CONSORTIUM por «presentación fuera de plazo»; |
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Que se anulen las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia en relación con el contrato público europeo «AO 008/2009: Apoyo a los usuarios de sistemas TI y telefónico de primer y segundo nivel, call center, gestión hardware end user», y en concreto:

—

la decisión de la comisión de apertura de ofertas de 9 de febrero de 2010 por la que se desestimó la oferta de CTG CONSORTIUM por «presentación fuera de plazo»;

| — | la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de adjudicar el contrato a otro licitador (decisión sin fecha y de la que la demandante no tiene conocimiento hasta hoy); |
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la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de adjudicar el contrato a otro licitador (decisión sin fecha y de la que la demandante no tiene conocimiento hasta hoy);

| — | la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se confirma la desestimación de la oferta de CTG CONSORTIUM de 5/3/2010. |
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la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se confirma la desestimación de la oferta de CTG CONSORTIUM de 5/3/2010.

| — | Que se declare que la Unión Europea ha incurrido en responsabilidad extracontractual y se condene al Tribunal de Justicia a indemnizar a la demandante por la totalidad del perjuicio sufrido a causa de las decisiones impugnadas, y que se designe a un perito para que valore dicho perjuicio. |
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Que se declare que la Unión Europea ha incurrido en responsabilidad extracontractual y se condene al Tribunal de Justicia a indemnizar a la demandante por la totalidad del perjuicio sufrido a causa de las decisiones impugnadas, y que se designe a un perito para que valore dicho perjuicio.

| — | Que se condene al Tribunal de Justicia a cargar con la totalidad de las costas. |
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Que se condene al Tribunal de Justicia a cargar con la totalidad de las costas.

Motivos y principales alegaciones

En el presente recurso, la parte demandante solicita, por una parte, la anulación de la decisión de la comisión de apertura de ofertas, de 9 de febrero de 2010, por la que se rechazó, por haber sido presentada fuera de plazo, la oferta presentada por la demandante en el procedimiento de licitación relativo a unos servicios de apoyo a los usuarios de sistemas TI y telefónico de primer y segundo nivel, call center y gestión hardware end user (DO 2009/S 217-312292), y de la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador y, por otra parte, la concesión de una indemnización de daños y perjuicios.

El apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos, en los que alega:

| — | una violación del principio de no discriminación, del principio de igualdad de los licitadores y del principio de libre competencia, al haber impuesto el poder adjudicador, además de una fecha límite de envío de las ofertas, una hora límite de entrega en la oficina de correos; |
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una violación del principio de no discriminación, del principio de igualdad de los licitadores y del principio de libre competencia, al haber impuesto el poder adjudicador, además de una fecha límite de envío de las ofertas, una hora límite de entrega en la oficina de correos;

| — | una violación de la obligación del poder adjudicador de responder a las solicitudes de información que le sean remitidas a su debido tiempo; |
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una violación de la obligación del poder adjudicador de responder a las solicitudes de información que le sean remitidas a su debido tiempo;

| — | una violación de la obligación del poder adjudicador de informar a los licitadores no seleccionados de los motivos por los que se desestimó su solicitud, del nombre del adjudicatario y de los recursos legales; |
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una violación de la obligación del poder adjudicador de informar a los licitadores no seleccionados de los motivos por los que se desestimó su solicitud, del nombre del adjudicatario y de los recursos legales;

| — | la existencia de una responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. |
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la existencia de una responsabilidad extracontractual de la Unión Europea.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/49 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/49

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Recurso interpuesto el 8 de abril de 2010 — Colas/OAMI — García-Teresa Gárate (BASE-SEAL)

(Asunto T-172/10)

(2010/C 161/78)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: francés

Partes

Demandante: Colas (Boulogne-Billancourt, Francia) (representante: E. Logeais, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Rosario García-Teresa Gárate (Barcelona)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Con carácter principal, que se anule la resolución de la Sala de Recurso, por los siguientes motivos:






  — | En la medida en que ha declarado la total ausencia de similitud entre los signos, basándose en una representación inexacta de la solicitud de marca impugnada, en particular, al no haber determinado concretamente el público pertinente y al no haber justificado el carácter distintivo y dominante de los términos BASE-SEAL. |
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—

Con carácter principal, que se anule la resolución de la Sala de Recurso, por los siguientes motivos:

—

En la medida en que ha declarado la total ausencia de similitud entre los signos, basándose en una representación inexacta de la solicitud de marca impugnada, en particular, al no haber determinado concretamente el público pertinente y al no haber justificado el carácter distintivo y dominante de los términos BASE-SEAL.

| — | En la medida en que ha negado toda similitud entre los signos y desestimado, en consecuencia, la oposición al registro de la marca BASE-SEAL, con infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. |
| --- | --- |

—

En la medida en que ha negado toda similitud entre los signos y desestimado, en consecuencia, la oposición al registro de la marca BASE-SEAL, con infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

| — | Con carácter subsidiario, que se anule en parte la resolución de la Sala de Recurso únicamente para los productos distintos de los «productos químicos utilizados para la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y el sector forestal ... el estiércol, las sustancias químicas conservantes de productos alimentarios ...» |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se anule en parte la resolución de la Sala de Recurso únicamente para los productos distintos de los «productos químicos utilizados para la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y el sector forestal ... el estiércol, las sustancias químicas conservantes de productos alimentarios ...»

| — | En cualquier caso, que se condene en costas a la Oficina. |
| --- | --- |

—

En cualquier caso, que se condene en costas a la Oficina.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: Rosario García-Teresa Gárate

Marca comunitaria solicitada: La marca figurativa «BASE-SEAL» para productos de las clases 1, 17 y 19 (solicitud no3 951 464)

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La demandante

Marca o signo invocados en oposición: Varias marcas figurativas nacionales (española, húngara, francesa, polaca, sueca, alemana y checa) y una marca figurativa internacional que representa un rombo, en parte de color amarillo, y que contiene la palabra «Colas» para productos de las clases 1, 19 y 37

Resolución de la División de Oposición: Desestimación de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, dado que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/50 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/50

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Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Milux/OAMI (FERTILITYINVIVO)

(Asunto T-175/10)

(2010/C 161/79)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Milux Holding SA (Luxemburgo) (representante: J. Bojs, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 2 de febrero de 2010 en el asunto R 1116/2009-4. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 2 de febrero de 2010 en el asunto R 1116/2009-4.

| — | Que se condene a la demandada al pago de las costas. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la demandada al pago de las costas.

Motivos y principales alegaciones

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «FERTILITYINVIVO» para productos y servicios de las clases 9, 10 y 44

Resolución del examinador: Denegación de la solicitud de marca comunitaria

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Vulneración del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento del Consejo no 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error al declarar que la marca solicitada no podía ser objeto de registro como marca comunitaria al carecer de carácter distintivo intrínseco suficiente.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/50 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/50

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Recurso interpuesto el 15 de abril de 2010 — Seven/OAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Asunto T-176/10)

(2010/C 161/80)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: italiano

Partes

Demandante: Seven SpA (Leinì, Italia) (representante: L. Trevisan, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Seven for all mankind LLC

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 28 de enero de 2010. |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 28 de enero de 2010.

| — | Que se condene a la OAMI a cargar, junto con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido Seven SpA en el presente procedimiento y en el procedimiento ante la Sala de Recurso. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la OAMI a cargar, junto con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido Seven SpA en el presente procedimiento y en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: Seven for all mankind LLC

Marca comunitaria solicitada: Marca denominativa «SEVEN FOR ALL MANKIND» (solicitud de registro no4 443 222) para productos de las clases 14 y 18

Titular de la marca o del signo invocados en oposición: La parte demandante

Marca o signo invocados en oposición: Dos marcas figurativas comunitarias (no591 206 y no3 489 234, para productos de las clases 16, 18 y 25) y una marca internacional (no731 954, para productos de las clases 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25 y 28) que contienen el elemento verbal «SEVEN»

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso

Motivos invocados: Aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009, sobre la marca comunitaria.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/51 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/51

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Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — Alcoa Trasformazioni/Comisión

(Asunto T-177/10)

(2010/C 161/81)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Portoscuso, Italia) (representantes: M. Siragusa y T. Müller-Ibold, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión [C(2009) 5497], de 19 de noviembre de 2009, en lo que respecta a la ayuda de Estado C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), que supuestamente concedió Italia a Alcoa Trasformazioni S.r.l. |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión [C(2009) 5497], de 19 de noviembre de 2009, en lo que respecta a la ayuda de Estado C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), que supuestamente concedió Italia a Alcoa Trasformazioni S.r.l.

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de anulación impugna la Decisión adoptada por la Comisión Europea el 19 de noviembre de 2009 en relación con Alcoa Trasformazioni S.r.l. (1)

Dicha Decisión calificó la prórroga del régimen de tarifas aplicable a las instalaciones de Alcoa en Cerdeña y en el Véneto, sancionada por el artículo 11, apartado 11, del Decreto no 35, de 14 de marzo 2005, (2) con efectos a partir del 1 de enero de 2006, como ayuda de Estado nueva e incompatible con el mercado común, ordenando su recuperación parcial.

Al respecto se recuerda que desde 1996 se aplica a la demandante una tarifa de energía eléctrica preferencial en sus dos plantas de producción de aluminio situadas en Cerdeña y en el Véneto. Dicha tarifa fue comunicada en su momento a la Comisión, en el marco del proceso de privatización de Alumix, empresa productora de aluminio controlada por el Estado italiano y vendida posteriormente a la demandante. En 1996 la Comisión declaró que la tarifa controvertida no constituía una ayuda de Estado.

En la Decisión que ahora se impugna, la Comisión considera que, debido a algunos cambios, la tarifa controvertida se ha transformado en una medida completamente diferente de la examinada en 1996.

Según la demandante, la Decisión es ilegal en los siguientes aspectos:

| — | Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por haber considerado que la tarifa de energía eléctrica adquirida por Alcoa para sus dos plantas de producción de aluminio, ubicadas en Cerdeña y en el Véneto, es una «ayuda», a pesar de que no confiere ninguna ventaja a la beneficiaria. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por haber considerado que la tarifa de energía eléctrica adquirida por Alcoa para sus dos plantas de producción de aluminio, ubicadas en Cerdeña y en el Véneto, es una «ayuda», a pesar de que no confiere ninguna ventaja a la beneficiaria.

| — | Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, por no haber cuantificado correctamente el importe de la ayuda. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, por no haber cuantificado correctamente el importe de la ayuda.

| — | Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, por haber incurrido en un error al considerar que la tarifa controvertida es una ayuda al funcionamiento, incompatible con las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional. |
| --- | --- |

—

Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, por haber incurrido en un error al considerar que la tarifa controvertida es una ayuda al funcionamiento, incompatible con las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional.

| — | Violación del principio de buena administración e infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, en la medida en que la Comisión cambió radicalmente su propia apreciación durante el procedimiento relativo al impacto de la introducción del mecanismo de mercado que propuso para Cerdeña, sin explicación ni preaviso alguno y, por si fuera poco, como consecuencia de una investigación insuficiente. |
| --- | --- |

—

Violación del principio de buena administración e infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, en la medida en que la Comisión cambió radicalmente su propia apreciación durante el procedimiento relativo al impacto de la introducción del mecanismo de mercado que propuso para Cerdeña, sin explicación ni preaviso alguno y, por si fuera poco, como consecuencia de una investigación insuficiente.

| — | Violación del principio de la confianza legítima e infracción del artículo 108 TFUE por haber calificado la mencionada tarifa de ayuda «nueva» en vez de ayuda «existente». |
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—

Violación del principio de la confianza legítima e infracción del artículo 108 TFUE por haber calificado la mencionada tarifa de ayuda «nueva» en vez de ayuda «existente».

Por último, la demandante alega que, al adoptar la Decisión impugnada, la incurrió en una serie de vicios sustanciales de forma.

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(1)  Decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 2009, relativa a las ayudas de Estado C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) y C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), que Italia concedió a Alcoa Trasformazioni srl.

(2)  Sobre las «Disposiciones urgentes en el ámbito del Plan de acción para el desarrollo económico, social y territorial», convertido en Ley, con modificaciones, por la Ley no 80, de 14 de mayo de 2005.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/52 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/52

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Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — España/Comisión

(Asunto T-178/10)

(2010/C 161/82)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Demandante: Reino de España (representante: N. Díaz Abad)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 22 de febrero de 2010, por la que se acuerda la suspensión de solicitudes intermedias de pago presentadas por España entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre de 2009 y, subsidiariamente, que se anule parcialmente dicha Decisión en relación con las siguientes solicitudes de pagos intermedios:







  — | 2007ES161PO008 Andalucía | 94 370 752,75 euros |
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| — | 2007ES161PO008 Andalucía | 479 712 483,22 euros |
| — | 2007ES162PO001 Cantabria | 4 697 332,79 euros |
| — | 2007ES162PO006 Cataluña | 15 392 569,98 euros |
| — | 2007ES162PO008 Aragón | 12 451 358,48 euros |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 22 de febrero de 2010, por la que se acuerda la suspensión de solicitudes intermedias de pago presentadas por España entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre de 2009 y, subsidiariamente, que se anule parcialmente dicha Decisión en relación con las siguientes solicitudes de pagos intermedios:

—

2007ES161PO008 Andalucía

94 370 752,75 euros

—

2007ES161PO008 Andalucía

479 712 483,22 euros

—

2007ES162PO001 Cantabria

4 697 332,79 euros

—

2007ES162PO006 Cataluña

15 392 569,98 euros

—

2007ES162PO008 Aragón

12 451 358,48 euros

| — | que se declare la procedencia de la exigencia del pago de intereses por parte de la Comisión Europea, derivados de la demora producida en el pago efectivo de las solicitudes intermedias indebidamente paralizadas, y |
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—

que se declare la procedencia de la exigencia del pago de intereses por parte de la Comisión Europea, derivados de la demora producida en el pago efectivo de las solicitudes intermedias indebidamente paralizadas, y

| — | que se condene en costas a la Institución demandada. |
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—

que se condene en costas a la Institución demandada.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso se dirige contra la decisión de la parte demandada de interrumpir el plazo para el pago de determinadas solicitudes de pago, presentadas por España entre el 17 de noviembre y el 30 de diciembre de 2009. Dicha interrupción afecta a veinte solicitudes de pagos intermedios por un importe total de 1 890 708 859,51 euros.

En apoyo de sus pretensiones la demandante alega los siguientes motivos:

| — | Violación del artículo 91, apartado 1, letra a) del Reglamento 1083/2006, (1) en la medida en que la Comisión, sin mediar un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario que pusiera de manifiesto la existencia de deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de función y control y sin que existiesen tales deficiencias, procedió mediante la Decisión impugnada a interrumpir el plazo para el pago de determinadas solicitudes de pagos intermedios presentados por España. |
| --- | --- |

—

Violación del artículo 91, apartado 1, letra a) del Reglamento 1083/2006, (1) en la medida en que la Comisión, sin mediar un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario que pusiera de manifiesto la existencia de deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de función y control y sin que existiesen tales deficiencias, procedió mediante la Decisión impugnada a interrumpir el plazo para el pago de determinadas solicitudes de pagos intermedios presentados por España.

| — | Violación de las estrategias de control aprobadas por la Comisión, por cuanto que la Comisión procedió a interrumpir el plazo para el pago de los citados pagos intermedios por considerar que la ausencia de auditorías de sistemas constituye un retraso significativo en la ejecución de las estrategias, cuando dichas estrategias permitían al Reino de España presentar las auditorías de sistemas hasta el 30 de junio de 2010. |
| --- | --- |

—

Violación de las estrategias de control aprobadas por la Comisión, por cuanto que la Comisión procedió a interrumpir el plazo para el pago de los citados pagos intermedios por considerar que la ausencia de auditorías de sistemas constituye un retraso significativo en la ejecución de las estrategias, cuando dichas estrategias permitían al Reino de España presentar las auditorías de sistemas hasta el 30 de junio de 2010.

| — | Violación del principio de seguridad jurídica, en la medida en que la Decisión impugnada está exigiendo que el Reino de España hubiera adelantado las auditorías de sistemas respecto del calendario acordado con la propia Comisión, por lo que esta exigencia no era previsible para las autoridades españolas. |
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—

Violación del principio de seguridad jurídica, en la medida en que la Decisión impugnada está exigiendo que el Reino de España hubiera adelantado las auditorías de sistemas respecto del calendario acordado con la propia Comisión, por lo que esta exigencia no era previsible para las autoridades españolas.

| — | Violación del principio de confianza legítima, en la medida en que las autoridades nacionales actuaron amparadas en unos calendarios de auditorías que la Comisión había aprobado en las estrategias, calendarios que se estaban cumpliendo, sin que la Comisión manifestase en ningún momento que ello supusiese deficiencia alguna en el sistema de gestión y control. |
| --- | --- |

—

Violación del principio de confianza legítima, en la medida en que las autoridades nacionales actuaron amparadas en unos calendarios de auditorías que la Comisión había aprobado en las estrategias, calendarios que se estaban cumpliendo, sin que la Comisión manifestase en ningún momento que ello supusiese deficiencia alguna en el sistema de gestión y control.

| — | Violación del principio de proporcionalidad, toda vez que la medida adoptada por la Comisión es desproporcionada y contraria a una eficaz gestión financiera y existen otros instrumentos jurídicos menos onerosos para alcanzar el mismo objetivo.
  Subsidiariamente, la parte demandante solicita la anulación parcial de la Decisión impugnada por violación del artículo 87, apartado 2, del Reglamento 1083/2006, en la medida en que no se procedió, dentro del plazo de los dos meses desde la presentación de la solicitud, al pago de las siguientes solicitudes de pagos de autos. |
| --- | --- |

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Violación del principio de proporcionalidad, toda vez que la medida adoptada por la Comisión es desproporcionada y contraria a una eficaz gestión financiera y existen otros instrumentos jurídicos menos onerosos para alcanzar el mismo objetivo.

Subsidiariamente, la parte demandante solicita la anulación parcial de la Decisión impugnada por violación del artículo 87, apartado 2, del Reglamento 1083/2006, en la medida en que no se procedió, dentro del plazo de los dos meses desde la presentación de la solicitud, al pago de las siguientes solicitudes de pagos de autos.

Por último, el Reino de España reclama intereses de demora al amparo del artículo 87, apartado 2, del Reglamento 1083/2006, del artículo 83 del Reglamento 1605/2002 (2) y del artículo 106, apartado 5, del Reglamento 2342/2002 de la Comisión. (3)

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(1)  Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (DO L 210, p. 25).

(2)  Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 25, p. 43).

(3)  Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357, p. 1).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/53 |
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Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Zitro IP/OHMI — Show Ball Informática (BINGO SHOWALL)

(Asunto T-179/10)

(2010/C 161/83)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: Zitro IP Sàrl (Luxemburgo) (representante: A. Canela Giménez, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Show Ball Informática Ltda

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la OAMI, y |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión de la OAMI, y

| — | que se condene en costas a la OAMI. |
| --- | --- |

—

que se condene en costas a la OAMI.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

Marca comunitaria solicitada: Marca verbal «BINGO SHOWALL» (solicitud de registro no6 059 919), para productos y servicios de las clases 9, 28 y 41.

Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Show Ball Informática Ltda.

Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa comunitaria (no5 092 275) que contiene el elemento verbal «SHOW BALL», para productos y servicios de las clases 9 y 42.

Resolución de la División de Oposición: Denegación parcial de la solicitud de registro.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Interpretación y aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/53 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

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Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Nickel Institute/Comisión

(Asunto T-180/10)

(2010/C 161/84)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Nickel Institute (Toronto, Canadá) (representantes: K. Nordlander, abogado, y H. Pearson, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se declare la admisibilidad del recurso de anulación. |
| --- | --- |

—

Que se declare la admisibilidad del recurso de anulación.

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, de 8 de febrero de 2010, por la que se denegó el pleno acceso a determinados documentos, solicitado por la demandante de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001. (1) |
| --- | --- |

—

Que se anule la Decisión de la Comisión SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, de 8 de febrero de 2010, por la que se denegó el pleno acceso a determinados documentos, solicitado por la demandante de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001. (1)

| — | Que se condene en costas a la Comisión. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Por el presente recurso, la demandante pretende, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, que se anule la Decisión de la Comisión SG.E3/HP/psi — Ares(2010)65824, de 8 de febrero de 2010, por la que se denegó le pleno acceso a determinados documentos solicitado por la demandante de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001. En la Decisión se confirmó, entre otros:

| — | La Decisión del Director General en funciones del servicio jurídico de la Comisión de denegar el pleno acceso a siete documentos en la que constaba la opinión de dicho servicio relativa al proyecto de Directiva de la Comisión 2008/58/CE; (2) |
| --- | --- |

—

La Decisión del Director General en funciones del servicio jurídico de la Comisión de denegar el pleno acceso a siete documentos en la que constaba la opinión de dicho servicio relativa al proyecto de Directiva de la Comisión 2008/58/CE; (2)

| — | La Decisión del Director de la Dirección D de la DG Medioambiente de denegar el pleno acceso a dos documentos en los que constaba la opinión de otras Direcciones Generales de la Comisión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2008/58/CE, y |
| --- | --- |

—

La Decisión del Director de la Dirección D de la DG Medioambiente de denegar el pleno acceso a dos documentos en los que constaba la opinión de otras Direcciones Generales de la Comisión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2008/58/CE, y

| — | Que no existía documento, acta o escrito alguno (incluidos todos los documentos de seguimiento o comentarios relativos a ellos) en posesión de la Comisión en el que el servicio jurídico hiciera constar su opinión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2009/2/CE. (3) |
| --- | --- |

—

Que no existía documento, acta o escrito alguno (incluidos todos los documentos de seguimiento o comentarios relativos a ellos) en posesión de la Comisión en el que el servicio jurídico hiciera constar su opinión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2009/2/CE. (3)

En apoyo de su recurso, la demandante alegó varios motivos:

| | En primer lugar, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al interpretar la excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico en relación con varios de los documentos solicitados. |
| --- | --- |

En primer lugar, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al interpretar la excepción relativa a la protección del asesoramiento jurídico en relación con varios de los documentos solicitados.

| | Además, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al interpretar la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales en relación con varios de los documentos solicitados. |
| --- | --- |

Además, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001, al interpretar la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales en relación con varios de los documentos solicitados.

| | Por último, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no identificar ni dar acceso a documentos en los que el servicio jurídico hacía constar su opinión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2009/2/CE. |
| --- | --- |

Por último, el Secretario General de la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación infringiendo el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1049/2001 al no identificar ni dar acceso a documentos en los que el servicio jurídico hacía constar su opinión sobre el proyecto de Directiva de la Comisión 2009/2/CE.

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(1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

(2)  Directiva 2008/58/CE de la Comisión, de 21 de agosto de 2008, por la que se adapta al progreso técnico por trigésima vez la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 246, p. 1, EE 13/01, p. 50).

(3)  Directiva de la Comisión 2009/2/CE, de 15 de enero de 2009, por la que se adapta al progreso técnico, por trigesimoprimera vez, la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 11, p. 6).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/54 |
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19.6.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/54

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Recurso interpuesto el 19 de abril de 2010 — AISCAT/Comisión

(Asunto T-182/10)

(2010/C 161/85)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Associazione Italiana delle Società Concessionarie per la costruzione e l’esercizio di Autostrade e Trafori stradali (AISCAT) (Roma) (representante: M. Maresca, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 10 de febrero de 2010. |
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—

Que se anule la Decisión de la Comisión Europea de 10 de febrero de 2010.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso tiene por objeto la anulación de la decisión contenida en el escrito de la Comisión Europea de febrero de 2010, en el que se excluye que la República Italiana haya infringido el artículo 87 del Tratado CE (actualmente artículo 107 TFUE) al haber adjudicado sin licitación el contrato de construcción y gestión de un tramo de autopista (llamado Passante di Mestre) a una sociedad mixta público-privada, CAV S.p.A. (sociedad anónima constituida de forma paritaria entre ANAS S.p.A. y la Regione Veneto), y haber financiado dicha construcción mediante el aumento de las tarifas en las estaciones de peaje situadas en el tramo de autopista paralelo y competidor.

La demandante invoca dos motivos para fundamentar que la República Italiana infringió el artículo 87 del Tratado CE (actualmente artículo 107 TFUE).

En primer lugar, el hecho de que la República Italiana haya adjudicado directamente a CAV el contrato de construcción y gestión del Passante di Mestre mediante el artículo 2, apartado 290, de la Ley no 244 de 24 de diciembre de 2007, constituye una ayuda de Estado, en la medida en que, sin que concurrieran los requisitos que justifican las llamadas licitaciones «in house (internas)», la destinataria de la adjudicación era una sociedad mixta cuyas características estatutarias y de gestión implican una ventaja competitiva indebida. De hecho, el 50 % de CAV es propiedad de ANAS, que, pese a realizar la función de ente regulador público, ejerce además la actividad empresarial (construcción y gestión de autopistas) en el mercado que ella misma regula y en el que es concedente.

En segundo lugar, el hecho de que la República Italiana haya aprobado el convenio celebrado entre ANAS (como organismo concedente) y CAV, cuyo objeto es la financiación del Passante di Mestre mediante un aumento de las tarifas en las estaciones de peaje situadas en el tramo de autopista paralelo y competidor, constituye una ayuda de Estado en beneficio de CAV.

En opinión de la demandante, el aumento de las tarifas constituyó, de hecho, el instrumento mediante el que se desvió el tráfico de vehículos hacia el tramo de nueva construcción (el Passante di Mestre) y, al mismo tiempo, fue el causante de la disminución del tráfico en el tramo competidor (la Tangenziale di Mestre), sobre el que se aplicó el referido aumento. Por tanto, el objeto de la ayuda no es la cantidad en sí que se deriva del aumento de las tarifas, sino la ventaja competitiva que CAV obtiene de éste y la pérdida que, por el contrario, sufren las sociedades concesionarias de la Tangenziale di Mestre por dicho aumento.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/55 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/55

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Recurso interpuesto el 26 de abril de 2010 — DTL/OHMI — Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria)

(Asunto T-188/10)

(2010/C 161/86)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: DTL Corporación, SL (Madrid, España) (representante: C. Rueda Pascual, abogado)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales, SL (Pamplona, España)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de febrero de 2010, en el asunto R 767/2009-2; |
| --- | --- |

—

Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de febrero de 2010, en el asunto R 767/2009-2;

| — | que se modifique por otra que rechace la oposición presentada en su día por GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. contra la marca comunitaria número 5153325 «SOLARIA», permitiendo que dicha marca comunitaria pueda ser registrada no sólo en la clase 41, sino también para todos los servicios solicitados en las clases 37 y 42; y condene a la parte oponente a pagar las costas de la oposición y del recurso ante la OAMI, y |
| --- | --- |

—

que se modifique por otra que rechace la oposición presentada en su día por GESTIÓN DE RECURSOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.L. contra la marca comunitaria número 5153325 «SOLARIA», permitiendo que dicha marca comunitaria pueda ser registrada no sólo en la clase 41, sino también para todos los servicios solicitados en las clases 37 y 42; y condene a la parte oponente a pagar las costas de la oposición y del recurso ante la OAMI, y

| — | que se condene a la OAMI y a las demás partes que se personen y se opongan a este recurso, a pagar las costas del mismo. |
| --- | --- |

—

que se condene a la OAMI y a las demás partes que se personen y se opongan a este recurso, a pagar las costas del mismo.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa que contiene el elemento verbal «SOLARIA» (solicitud de registro no5 153 325), para servicios de las clases 37, 41 y 42.

Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Gestión de recursos y soluciones empresariales S.L.

Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca figurativa española que contiene el elemento verbal «SOLARTIA» (no2 689 747), para servicios de las clases 37 y 42.

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Interpretación y aplicación incorrectas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009, sobre la marca comunitaria.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/55 |
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19.6.2010

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C 161/55

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Recurso interpuesto el 22 de abril de 2010 — Egan y Hackett/Parlamento

(Asunto T-190/10)

(2010/C 161/87)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandantes: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) y Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (representantes: C. MacEochaidh SC y J. Goode, Barristers, y K. Neary, Solicitor)

Demandada: Parlamento Europeo

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se admita a trámite la demanda. |
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—

Que se admita a trámite la demanda.

| — | Que se anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2010 [A (2010)579], mediante la que se deniega el acceso a la información solicitada por las demandantes mediante la solicitud inicial de 16 de diciembre de 2009 y la subsiguiente solicitud confirmatoria de 28 de enero de 2010. |
| --- | --- |

—

Que se anule, con arreglo al artículo 263 TFUE, la decisión del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2010 [A (2010)579], mediante la que se deniega el acceso a la información solicitada por las demandantes mediante la solicitud inicial de 16 de diciembre de 2009 y la subsiguiente solicitud confirmatoria de 28 de enero de 2010.

| — | Que se condene en costas al Parlamento. |
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—

Que se condene en costas al Parlamento.

Motivos y principales alegaciones

Mediante el presente recurso las demandantes solicitan, con arreglo al artículo 263 TFUE, la anulación de la decisión del Parlamento Europeo de 12 de febrero de 2010 [A (2010)579], mediante la que se deniega el acceso a documentos consistentes en el registro público de los asistentes de los diputados del Parlamento Europeo acreditados o no, en el que constan los nombres y/o los intereses económicos de tales asistentes.

En apoyo de su recurso las demandantes alegan que el Parlamento invocó indebidamente los Reglamentos (CE) no 1049/2001 (1) y (CE) no 45/2001 (2) como base para denegar el acceso a documentos que ya son accesibles al público. En consecuencia, formulan los siguientes motivos de recurso:

| | En primer lugar, el Parlamento no motivó suficientemente la decisión impugnada, infringiendo de esta forma el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001. |
| --- | --- |

En primer lugar, el Parlamento no motivó suficientemente la decisión impugnada, infringiendo de esta forma el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

| | En segundo lugar, la decisión impugnada incurre en errores de apreciación respecto a la excepción establecida en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que en ella se afirma que la divulgación de los documentos de que se trata supone un perjuicio para la protección de la intimidad de la persona, ignorando y/o haciendo caso omiso del auténtico significado de dicha disposición, y/o reduciendo el interés público en acceder a los registros públicos de los asistentes de los miembros del Parlamento Europeo cuando la persona de que se trate no sigua ocupando dicho cargo. |
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En segundo lugar, la decisión impugnada incurre en errores de apreciación respecto a la excepción establecida en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que en ella se afirma que la divulgación de los documentos de que se trata supone un perjuicio para la protección de la intimidad de la persona, ignorando y/o haciendo caso omiso del auténtico significado de dicha disposición, y/o reduciendo el interés público en acceder a los registros públicos de los asistentes de los miembros del Parlamento Europeo cuando la persona de que se trate no sigua ocupando dicho cargo.

| | Añaden que la decisión impugnada incurre en vicios fundamentales de forma, al no haber sido informadas las demandantes de los recursos de que disponían contra la denegación de una solicitud confirmatoria, tal como exige el artículo 8 del Reglamento no 1049/2001. |
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Añaden que la decisión impugnada incurre en vicios fundamentales de forma, al no haber sido informadas las demandantes de los recursos de que disponían contra la denegación de una solicitud confirmatoria, tal como exige el artículo 8 del Reglamento no 1049/2001.

| | Por último afirman que la decisión impugnada viola los principios de democracia, transparencia, proporcionalidad, igualdad y no discriminación al denegar el acceso a documentos públicos cuando, conforme al Reglamento no 1049/2001, las solicitantes ya podían acceder a tales documentos. |
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Por último afirman que la decisión impugnada viola los principios de democracia, transparencia, proporcionalidad, igualdad y no discriminación al denegar el acceso a documentos públicos cuando, conforme al Reglamento no 1049/2001, las solicitantes ya podían acceder a tales documentos.

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(1)  Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43).

(2)  Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 145, p. 43).

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/56 |
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19.6.2010

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C 161/56

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Recurso interpuesto el 29 de abril de 2010 — Avery Dennison/OHMI — Dennison Hesperia (AVERY DENNISON)

(Asunto T-200/10)

(2010/C 161/88)

Lengua en la que ha sido redactado el recurso: español

Partes

Demandante: Avery Dennison Corp. (representante: E. Armijo Chávarri, y A. Castán Pérez-Gómez, abogados)

Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)

Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Dennison Hesperia, SA (Torrejón de Ardoz, España)

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule, o subsidiariamente se modifique, la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de 9 de febrero de 2010 dictada en el asunto R 798/2009-2, |
| --- | --- |

—

Que se anule, o subsidiariamente se modifique, la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de 9 de febrero de 2010 dictada en el asunto R 798/2009-2,

| — | que se condene en costa a la Oficina. |
| --- | --- |

—

que se condene en costa a la Oficina.

Motivos y principales alegaciones

Solicitante de la marca comunitaria: La demandante.

Marca comunitaria solicitada: Marca verbal «AVERY DENNISON» (solicitud de registro no3 825 114), para productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

Titular de la marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Dennison Hesperia, S.A.

Marca o signo que se invoca en el procedimiento de oposición: Marca española «DENNISON» (no1 996 088), para productos de la clase 16.

Resolución de la División de Oposición: Estimación parcial de la oposición.

Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso.

Motivos invocados: Interpretación incorrecta de los artículos 42, apartados 2 y 3, y, con carácter subsidiario, 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/09, sobre la marca comunitaria.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/56 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/56

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Auto del Tribunal General de 16 de abril de 2010 — DB Schenker Rail Deutschland/Comisión

(Asunto T-109/04) (1)

(2010/C 161/89)

Lengua de procedimiento: alemán

El Presidente de la Sala Octava ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 146, de 29.5.2004.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/56 |
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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/56

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Auto del Tribunal General de 13 de abril de 2010 — Unity OSG FZE/Consejo

(Asunto T-511/08) (1)

(2010/C 161/90)

Lengua de procedimiento: inglés

El Presidente de la Sala Segunda ha resuelto archivar el asunto.

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(1)  DO C 32, de 7.2.2009.

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Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/57 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/57

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Recurso interpuesto el 29 de marzo de 2010 — Marsili/Comisión

(Asunto F-19/10)

(2010/C 161/91)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Letizia Marsili (Bruselas) (representantes: K. Van Maldegem, C. Mereu y M. Velardo, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de la Comisión de no incluir a la demandante en la lista de reserva de la oposición EPSO/AST/51/08, así como la indemnización del perjuicio sufrido por la demandante.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Anular la decisión del tribunal de la oposición de 17 de diciembre de 2009 de no incluir a la demandante en la lista de la oposición EPSO/AST/51/08 y condenar a la demandada al pago del perjuicio que se valora con carácter provisional en 1 euro y que se establecerá definitivamente con más precisión durante el procedimiento, así como al abono de los intereses compensatorios y de demora a razón del 6,75 % como reparación del perjuicio moral y material sufrido. |
| --- | --- |

—

Anular la decisión del tribunal de la oposición de 17 de diciembre de 2009 de no incluir a la demandante en la lista de la oposición EPSO/AST/51/08 y condenar a la demandada al pago del perjuicio que se valora con carácter provisional en 1 euro y que se establecerá definitivamente con más precisión durante el procedimiento, así como al abono de los intereses compensatorios y de demora a razón del 6,75 % como reparación del perjuicio moral y material sufrido.

| — | Condenar en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

—

Condenar en costas a la Comisión Europea.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/57 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/57

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Recurso interpuesto el 31 de marzo de 2010 — Marcuccio/Comisión

(Asunto F-21/10)

(2010/C 161/92)

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Demandante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (representante: G. Cipressa, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión por lo que se desestimó la solicitud del demandante destinada a obtener la reparación del perjuicio que estimaba haber sufrido a causa de la remisión por la demandada de una nota de cargo relativa a los honorarios del abogado que la había asistido en el asunto T-241/03 al abogado que había defendido al demandante en dicho asunto, y no al propio demandante.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión implícita desestimatoria de su solicitud de 23 de febrero de 2009. |
| --- | --- |

—

Que se anule la decisión implícita desestimatoria de su solicitud de 23 de febrero de 2009.

| — | En la medida en que sea necesario, que se anule el acto, sea cual sea su forma, por el que se rechazó la reclamación de 14 de septiembre de 2009 contra la decisión desestimatoria de la solicitud de 23 de febrero de 2009 |
| --- | --- |

—

En la medida en que sea necesario, que se anule el acto, sea cual sea su forma, por el que se rechazó la reclamación de 14 de septiembre de 2009 contra la decisión desestimatoria de la solicitud de 23 de febrero de 2009

| — | En la medida en que sea necesario, que se anule la nota de 1 de diciembre de 2009, redactada en francés y recibida por el demandante el 19 de enero de 2010, adjunta a la pretendida traducción de la misma al italiano. |
| --- | --- |

—

En la medida en que sea necesario, que se anule la nota de 1 de diciembre de 2009, redactada en francés y recibida por el demandante el 19 de enero de 2010, adjunta a la pretendida traducción de la misma al italiano.

| — | Que se condene a la Comisión a reparar el perjuicio patrimonial y no patrimonial injustamente sufrido por el demandante, a causa de la redacción y de la remisión al abogado que lo había representado en el asunto T-241/03 de la nota de 4 de diciembre de 2006, mediante el abono al demandante de una suma de 10 000 euros o de la cantidad mayor o menor que el Tribunal estime justa. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la Comisión a reparar el perjuicio patrimonial y no patrimonial injustamente sufrido por el demandante, a causa de la redacción y de la remisión al abogado que lo había representado en el asunto T-241/03 de la nota de 4 de diciembre de 2006, mediante el abono al demandante de una suma de 10 000 euros o de la cantidad mayor o menor que el Tribunal estime justa.

| — | Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, a partir del día siguiente a la fecha en que la Comisión recibió la solicitud de 23 de febrero de 2009 y hasta el pago efectivo de la suma de 10 000 euros, los intereses sobre dicha suma, calculados a un tipo del 10 % anual y con capitalización anual. |
| --- | --- |

—

Que se condene a la Comisión a abonar al demandante, a partir del día siguiente a la fecha en que la Comisión recibió la solicitud de 23 de febrero de 2009 y hasta el pago efectivo de la suma de 10 000 euros, los intereses sobre dicha suma, calculados a un tipo del 10 % anual y con capitalización anual.

| — | Que se condene en costas a la demandada. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la demandada.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/58 |
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19.6.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/58

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Recurso interpuesto el 16 de abril de 2010 — Allen/Comisión

(Asunto F-23/10)

(2010/C 161/93)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (representantes: L. Levi y A. Blot, abogados)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión por la que se desestima una solicitud de reconocimiento de una enfermedad grave.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anulen la decisión de 30 de junio de 2009 por la que se desestima su solicitud de reconocimiento de una enfermedad grave y, si fuera necesario, la decisión de 17 de julio de 2009. |
| --- | --- |

—

Que se anulen la decisión de 30 de junio de 2009 por la que se desestima su solicitud de reconocimiento de una enfermedad grave y, si fuera necesario, la decisión de 17 de julio de 2009.

| — | Que se anule, si fuera necesario, la decisión de 8 de enero de 2010 por la que se desestima su reclamación. |
| --- | --- |

—

Que se anule, si fuera necesario, la decisión de 8 de enero de 2010 por la que se desestima su reclamación.

| — | Que se reconozca, en consecuencia, el carácter de enfermedad grave de las afecciones declaradas en su solicitud de 19 de mayo, complementada por la de 2 de julio de 2009, concediéndole cobertura plena a partir del 1 de julio de 2009. |
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—

Que se reconozca, en consecuencia, el carácter de enfermedad grave de las afecciones declaradas en su solicitud de 19 de mayo, complementada por la de 2 de julio de 2009, concediéndole cobertura plena a partir del 1 de julio de 2009.

| — | Con carácter subsidiario, que se le conceda la cobertura del seguro de enfermedad hasta el 10 de julio de 2009. |
| --- | --- |

—

Con carácter subsidiario, que se le conceda la cobertura del seguro de enfermedad hasta el 10 de julio de 2009.

| — | Que se la indemnice por los daños estimados provisionalmente ex aequo et bono en 1 euro. |
| --- | --- |

—

Que se la indemnice por los daños estimados provisionalmente ex aequo et bono en 1 euro.

| — | Que se condene en costas a la Comisión Europea. |
| --- | --- |

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/58 |
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C 161/58

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Recurso interpuesto el 21 de abril de 2010 — Kaskarelis/Comisión

(Asunto F-24/10)

(2010/C 161/94)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Bélgica) (representante: S. Pappas, abogado)

Demandada: Comisión Europea

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de la demandada por la que deniega al demandante la indemnización por expatriación, la indemnización por gastos de instalación y el reembolso de los gastos de viaje.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO) mediante la que se deniega la indemnización por expatriación, la indemnización por gastos de instalación y el reembolso de los gastos de viaje, así como la decisión de la autoridad facultada para concluir el contrato (AFCC) por la que desestima la reclamación del demandante. |
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—

Que se anule la decisión de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO) mediante la que se deniega la indemnización por expatriación, la indemnización por gastos de instalación y el reembolso de los gastos de viaje, así como la decisión de la autoridad facultada para concluir el contrato (AFCC) por la que desestima la reclamación del demandante.

| — | Que se condene en costas a la Comisión Europea. |
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—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

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| 19.6.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/58 |
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C 161/58

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Recurso interpuesto el 28 de abril de 2010 — AG (*1)/Parlamento

(Asunto F-25/10)

(2010/C 161/95)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: AG (*1) (representantes: S. Rodriguez y C. Bernard-Glanz, abogados)

Demandada: Parlamento Europeo

Objeto y descripción del litigio

Anulación de la decisión de separación del servicio de la demandante al término del período de prueba, así como reparación del daño sufrido.

Pretensiones de la parte demandante

| — | Que se anule la decisión de separarla del servicio de 14 de mayo de 2009, considerada junto con la decisión de desestimar su reclamación de 21 de diciembre de 2009. |
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—

Que se anule la decisión de separarla del servicio de 14 de mayo de 2009, considerada junto con la decisión de desestimar su reclamación de 21 de diciembre de 2009.

| — | Que se indiquen a la AFPN los efectos que lleva consigo la anulación de las decisiones impugnadas y, en particular, la posibilidad de realizar un segundo período de prueba o de prorrogar el período de prueba inicial, a cuyo término se habrá de llevar a cabo una nueva valoración de las prestaciones de la demandante. |
| --- | --- |

—

Que se indiquen a la AFPN los efectos que lleva consigo la anulación de las decisiones impugnadas y, en particular, la posibilidad de realizar un segundo período de prueba o de prorrogar el período de prueba inicial, a cuyo término se habrá de llevar a cabo una nueva valoración de las prestaciones de la demandante.

| — | Que se condene a la parte demandada a reparar tanto el perjuicio sufrido por la demandante desde el punto de vista profesional y económico (con referencia al sueldo y a las ventajas vinculadas a éste que la demandante debería haber percibido entre el 16 de mayo de 2009 y la fecha de su reintegración en el servicio como resultado de la anulación de las decisiones impugnadas) como el daño moral sufrido por la demandante (con referencia a un importe indicativo y provisional de 50 000 euros). |
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Que se condene a la parte demandada a reparar tanto el perjuicio sufrido por la demandante desde el punto de vista profesional y económico (con referencia al sueldo y a las ventajas vinculadas a éste que la demandante debería haber percibido entre el 16 de mayo de 2009 y la fecha de su reintegración en el servicio como resultado de la anulación de las decisiones impugnadas) como el daño moral sufrido por la demandante (con referencia a un importe indicativo y provisional de 50 000 euros).

| — | Que se condene en costas al Parlamento Europeo. |
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Que se condene en costas al Parlamento Europeo.

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(*1)  Datos suprimidos o sustituidos en el marco de la protección de datos personales y/o confidenciales.

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