Número Identificador

SEN2024________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

NLJ HOLDINGS, LLC; DPH 

I, LLC; DPH III, LLC

Parte Apelante

v.

GOLDEN RE, LLC; 

GOLDEN DEPT, LLC; 

EFRON DORADO, SE; 

DCE ENTERPRISES, INC.; 

BANDCO ABC; 

ASEGURADORA ABC; 

FIADORA XYZ; FULANO 

DE TAL Y JOHN DOE

Parte Apelada

KLAN202400391

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Bayamón

Civil núm.: 

BY2019CV04129

(503)

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato de Opción 

de Compraventa; 

Solicitud de 

Cumplimiento 

Específico, Daños y 

Perjuicios por Dolo

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores

Rodríguez Flores, juez ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2024.

Comparece NLH Holdings, LLC; DPH I, LLC; y DPH III, LLC (en 

conjunto, NLJ) mediante escrito de apelación instado el 18 de abril 

de 2024. Solicitan que revoquemos la Sentencia emitida y notificada 

el 19 de marzo de 2024, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala Superior de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el TPI 

desestimó sin perjuicio, la demanda de NLJ, al amparo de la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil, infra, por inactividad procesal en 

exceso de los seis (6) meses que dispone la regla.

El 20 de mayo de 2024, los coapelados, Golden RE, LLC y 

Golden Debt, LLC (en conjunto, Golden), presentaron su alegato en 

oposición. 

Evaluados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, y por los fundamentos que exponemos a 

continuación, revocamos la sentencia apelada.
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I.

El 19 de julio de 2019, NLJ presentó la demanda de epígrafe 

para, entre otros asuntos, solicitar el cumplimiento específico de 

cierto Agreement to Enter Into Option. El 15 y 26 de septiembre de 

2019, las partes demandas apeladas presentaron sus respectivas

contestaciones a la demanda. 

Posteriormente, las partes presentaron sendas mociones 

dispositivas. El 14 de diciembre de 2021, notificada el 15 de 

diciembre de 2021, el TPI dictó una Sentencia Parcial, mediante la 

cual, entre otros asuntos, denegó ambas mociones de sentencia 

sumaria por entender que existía controversia sobre los hechos que 

enumeró en el dictamen.

Inconforme con la Sentencia Parcial, NLJ presentó un escrito 

de apelación ante este Tribunal de Apelaciones. El 27 de septiembre 

de 2022, notificada al día siguiente, este Tribunal emitió Sentencia 

en el caso KLAN202200424, mediante la cual acogió el recurso como 

un certiorari, expidió el auto y modificó el dictamen recurrido, a los 

fines de reformular la controversia pendiente de adjudicación. En 

específico, determinó “que la controversia medular del caso gira en 

torno a la intención de las partes al momento de la contratación”.1

Por tanto, concluyó que: 

... [E]s menester determinar si, al momento de suscribir 

el Agreement, la intención de las partes era que, 

exclusivamente, fuera el señor Del Valle, en su aspecto 

personal y no a través de su corporación, quien 

ejecutara la compra del Lote 2 dentro del término 

dispuesto en el acuerdo.

Una vez se resuel[v]a la referida controversia de umbral, 

entonces el foro primario deberá resolver las demás 

controversias antes enumeradas (1, 2, 4, 5), toda vez 

que, tal y como resolvió el foro a quo en la determinación 

recurrida, la venta del Lote 12 se realizó fuera del 

término suscrito en el Agreement, por lo que habría que 

auscultar las razones detrás de dicho incumplimiento.

1 Apéndice del recurso, pág. 177.
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El 10 de febrero de 2023, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

denegó la expedición del auto de certiorari, y el 21 de abril de 2023, 

denegó la moción de reconsideración, en el caso núm. CC-2022-

0813. El correspondiente mandato fue emitido el 27 de abril de 

2023, y remitido al TPI el 18 de mayo de 2023.2

Así las cosas, el 7 de marzo de 2024, el TPI dictó y notificó la 

orden que se transcribe a continuación:

Al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

se le ordena a las partes que expongan las razones por 

las cuales el tribunal no debería archivar y desestimar 

el caso que nos ocupa. Tengan 10 días perentorios. 

Deberá fundamentar y acreditar todas las gestiones 

realizadas (por fecha) a los fines de adelantar el trámite 

procesal del caso de autos.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES Y A SUS 

REPRESENTANTES LEGALES.3

Conforme surge del Formulario Único de Notificación, la orden 

se notificó a los abogados y directamente a las partes, conforme 

ordenado.4

El 18 de marzo de 2024, NLJ presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden. Expuso que, a tenor con la Regla 35 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, la expedición del auto de 

certiorari por parte de este Foro suspendía los procedimientos en el 

TPI hasta el recibo del correspondiente mandato. Relató que el 

trámite apelativo culminó en mayo de 2023, con la emisión y 

notificación de un mandato para la celebración de una vista en los 

méritos para dilucidar la controversia identificada por el Tribunal de 

Apelaciones y que, desde entonces, se encontraba en espera de que 

el TPI calendarizara el señalamiento o algún otro trámite de rigor 

previo a la vista evidenciaria que el tribunal estimara procedente.

Por lo anterior, afirmó que el expediente del caso no revelaba 

2 Íd., págs. 181-184.

3 Íd., pág. 185.

4 Íd.
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abandono o inactividad en el trámite del caso que justificara 

decretar la drástica sanción de la desestimación.

El 19 de marzo de 2024, el TPI dictó y notificó la Sentencia 

apelada, mediante la cual expresó que la moción presentada por NLJ

no justificaba la inactividad del caso y desestimó la demanda al 

amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, infra, por 

inactividad procesal.

Inconforme, el 18 de abril de 2024, NLJ presentó el recurso 

que nos ocupa y apuntó el siguiente señalamiento de error:

Erró el TPI al desestimar y archivar por inactividad la 

causa de acción. 

En síntesis, arguye que el trámite procesal revela que realizó 

actos afirmativos mediante los cuales demostró su interés en 

continuar con su causa de acción. 

Por su parte, Golden arguye que NLJ incumplió su deber de 

establecer una razón válida que justificara su inacción en el caso, 

razón por la cual procedía su desestimación y archivo al amparo de 

la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil.

II.

En nuestro ordenamiento jurídico se favorece que los casos se 

ventilen en sus méritos.5 Sin embargo, esto no significa que una 

parte tenga derecho a que su caso tenga vida eterna en los 

tribunales, manteniendo así a la otra parte en constante estado de 

incertidumbre”.

6 Por tal razón, la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b), reglamenta las desestimaciones 

por inactividad.7 Específicamente, ésta dispone:

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 

todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 

haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las 

partes durante los últimos seis meses, a menos que tal 

inactividad se le justifique oportunamente. Mociones 

5 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001); Rivera et al. v. 

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992).

6 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-203 (2012); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 (2003).

7 VS PR, LLC v. Drift-Wind, 207 DPR 253, 265-266 (2021).
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sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga 

no se considerarán como un trámite a los fines de esta 

regla. 

El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, 

la cual se notificará a las partes y al abogado o abogada, 

requiriéndoles dentro del término de diez (10) días 

desde que el Secretario o Secretaria les notifique, que 

expongan por escrito las razones por las cuales no 

deban desestimarse y archivarse los mismos.

Dicha regla es un mecanismo que tiene a su disposición el 

Tribunal para darle fin a un pleito que fue desatendido por un 

litigante.8

No obstante, el Tribunal Supremo ha resuelto que la 

desestimación de un caso como sanción debe prevalecer únicamente 

en situaciones extremas en las cuales haya quedado demostrado de 

manera clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la 

parte con interés y después que otras sanciones hayan probado ser 

ineficaces.9

En consecuencia, no debe desestimarse un pleito al amparo 

de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, sin antes haber 

impuesto otras sanciones y sin haber un previo apercibimiento.10 A 

tenor con ello, planteada una situación que amerite sanciones, el 

tribunal debe, en primera instancia, imponérselas al abogado de la 

parte. Si dicha acción disciplinaria no surte efectos positivos, 

procederá la imposición severa de la desestimación de la demanda 

o eliminación de las alegaciones únicamente después de que la parte 

haya sido propiamente informada y apercibida de la situación y de 

las consecuencias que pueda tener el que ésta no sea corregida.11

Por último, cuando las partes expresen las razones por las 

cuales no se debe desestimar el caso, el tribunal, entonces deberá 

balancear los intereses involucrados; de un lado, el interés público 

8 Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 49 (2014); Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 720-721 (2009). 

9 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 222.

10 Íd.

11 HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 702 (2020); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

supra.
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de la resolución expedita de los casos y, del otro, el riesgo de 

perjuicio al demandado por la dilación. Si no se demuestra un 

perjuicio verdadero con la dilación, es irrazonable ordenar el 

archivo.12

III.

En su único señalamiento de error NLJ aduce que el TPI 

incidió al desestimar la causa de acción por inactividad procesal en 

exceso de los seis (6) meses que dispone la regla. Tiene razón.

Al repasar el tracto procesal, surge que el representante legal 

de NLJ, en cumplimiento con la orden para mostrar causa emitida 

el 7 de marzo de 2024, explicó sus razones para justificar la 

presunta inactividad o desatención al proceso judicial. En 

particular, reseñó que el pleito fue objeto de un trámite apelativo 

que culminó en mayo de 2023, con la emisión y notificación de un 

mandato para la celebración de una vista en los méritos para 

dilucidar la controversia identificada por el Tribunal de Apelaciones. 

Expresó que, desde entonces, se encontraba en espera de que el TPI 

calendarizara el señalamiento o algún otro trámite de rigor previo a 

la vista evidenciaria que el tribunal estimara procedente.

A tenor con la norma jurídica esbozada, si el TPI entendió que 

las razones ofrecidas por NLJ no justificaban la inactividad del caso, 

debió, como primera alternativa, sancionar a su representación 

legal. Del expediente no surge que esto haya ocurrido. Si dicha 

acción disciplinaria no surtía efecto, el tribunal entonces debió 

informar a NLJ sobre las consecuencias de no justificar la falta de 

trámite en el caso y apercibirlo de las implicaciones de que la 

situación no fuese corregida, para que ésta tomara la acción 

pertinente. Solamente luego de imponer las sanciones progresivas, 

es que el TPI debió justipreciar si procedía desestimar el caso.

12 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 223.
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Si bien es cierto que, desde que culminó el trámite apelativo 

en mayo de 2023 hasta que el TPI emitió la orden de mostrar causa 

el 7 de marzo de 2024, transcurrieron diez meses sin que ninguna 

de las partes presentara escrito alguno ante el TPI, el Tribunal 

Supremo ha sido enfático en que la desestimación de un pleito debe 

prevalecer únicamente en casos extremos donde quede expuesto el 

desinterés y abandono total del caso por la parte. Ésta no es la 

situación del presente caso. 

Resulta evidente que el TPI desestimó el reclamo de NLJ sin 

cumplir con los requisitos procesales discutidos. En consecuencia, 

procede revocar la sentencia apelada, por ser contraria al derecho 

aplicable.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada. Se deja sin efecto la desestimación del caso y se devuelve 

el mismo al foro de origen para la continuación de los 

procedimientos cónsono con lo aquí resuelto. 

Notifíquese.

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones