Número Identificador

SEN2024____________________________

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

GRAN VISTA INC., 

REPRESENTADA POR 

LA PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE 

DIRECTORES Y OTROS

Apelada y Peticionaria

v.

ALINA VICENTE LÓPEZ

Apelante y Recurrida

KLAN202300881

consolidado con

KLCE202301310

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas

Civil núm.:

GR2020CV00260 

(801)

Sobre: Acción 

Reivindicatoria

Panel integrado por su presidenta la jueza Ortiz Flores, la jueza 

Romero García y el juez Rivera Torres.

Rivera Torres, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2024.

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Sra. Alina 

Vicente López (señora Vicente López o la apelante), mediante el 

escrito de Apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia Final emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI), el 30 de agosto de 2023, notificada al día 

siguiente. Mediante este dictamen, el foro primario concedió la 

acción reivindicatoria instada por Gran Vista, Inc. (GVI o la apelada).

En consecuencia, restituyó a su favor la posesión del terreno en 

cuestión (Lote J). A su vez, determinó que GVI podía hacer suyas 

ciertas estructuras edificadas; así como plantas y material 

vegetativo sembrado en la franja de terreno. También decretó que la

señora Vicente López era edificante de mala fe y le impuso el pago 

de las costas del pleito, incluyendo satisfacer los honorarios del 

Agrimensor, Ing. José G. Pagán, perito de GVI.

De otra parte, GVI recurre la Resolución de 11 de septiembre 

de 2023, notificada el día 14 del mismo mes y año, mediante la cual 

el TPI denegó la imposición de honorarios de abogado por temeridad 
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a su favor. Por igual, reclama que el TPI no sancionó ni obligó a la 

señora Vicente López al pago de las costas interlocutorias

ascendentes a $861 impuestas por el TPI mediante la Orden dictada 

el 7 de julio de 2022, archivada en autos el día 14 del mismo mes y 

año.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procede confirmar la Sentencia Final apelada y a su vez, desestimar 

el auto de certiorari ante la falta de jurisdicción. 

I.

El 5 de noviembre de 2020, la Sra. Lilliam Maldonado Cordero, 

como presidenta de la Junta de Directores de Gran Vista, Inc., 

presentó una demanda sobre acción reivindicatoria contra las 

señoras Alina Vicente López y Susana Palacios Capuras.1

Posteriormente, el 27 de mayo de 2021, presentó una demanda 

enmendada. En esta, sostuvo que la Urbanización Gran Vista está 

ubicada en el Barrio Navarro de Gurabo y que, conforme al plano 

preparado por el Ing. Jorge E. Colón, quedaron segregadas e 

inscritas en el Registro de la Propiedad los diversos lotes de la 

comunidad; así también quedaron designadas y demarcadas las 

áreas comunes. Adujo que, entre dichas áreas, se designó un 

espacio denominado “áreas verdes” y parte de estas fue reservada 

para el sistema de escorrentías de las aguas pluviales. Afirmó que,

una de esas áreas verdes comunes, sirve para las escorrentías de 

aguas pluviales que ubica entre los solares números 54 y 55 de la 

Calle El Prado, por donde discurre un canal o caño. Expuso que 

dicho predio de terreno fue identificado en el Plano de Inscripción 

de GVI como Lote J.

Indicó, además, que la señora Vicente López reside y es titular 

registral del solar 54 y que la señora Palacios Capuras vive y es 

1 En la narración del tracto procesal utilizamos extractos detallados en el recurso 

núm. KLCE202100699.
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dueña del solar 55. Al respecto, se especificó que esta última se 

incluyó por ser colindante con el lado oeste del predio en 

controversia. Sostuvo que la señora Vicente López ha estado 

sembrando periódicamente en el lugar plantas, palmas arecas y 

árboles e interviniendo con el área verde destinada al desagüe de las 

escorrentías pluviales. Alegó que, esta instaló en el área que colinda 

con el lado este de su propiedad, una línea de tubos galvanizados y 

que marcó un lindero en un terreno que no es suyo, que invadió el 

área común y que trató de hacer suyos terrenos que son de la 

comunidad.

Se apuntaló que el 1 de agosto de 2020, el Agrimensor José 

G. Pagán realizó una mensura del área comunal a la cual se citó a 

las dos colindantes, se marcaron los linderos según el plano de 

inscripción, y días después varios de los puntos fueron removidos. 

A solicitud de la apelante le fue entregada copia del informe. 

En atención a lo antedicho, GVI solicitó que se ordenara a la 

señora Vicente López a restablecer las colindancias a su estado 

original, conforme con los puntos marcados en la mensura 

realizada, los que fueron alterados sin autorización; que elimine a 

su costo los tubos que instaló en la propiedad de Gran Vista, Inc.;

así como toda siembra realizada en el predio y restablezca la 

propiedad a su estado original. Asimismo, peticionó que se le 

condene al pago de costas y honorarios de abogado, estimados en 

$5,000.

Durante el trámite del litigio, las partes presentaron múltiples 

mociones que el foro primario adjudicó mediante órdenes y 

resoluciones.

2 Entre estas, el Tribunal de Primera Instancia pautó y 

llevó a cabo una inspección ocular del lugar en controversia, 

2 Advertimos que en el recurso KLCE202100699 la señora Vicente López, allí 

peticionaria, acudió ante esta Curia para revisar varias órdenes emitidas por el 

foro a quo. Véase el Apéndice del Recurso de Apelación, a las págs. 317-318. 

Mediante la Resolución del 28 de junio de 2021, un Panel hermano de este foro 

intermedio desestimó el auto por falta de jurisdicción.
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respecto a lo cual emitió una Resolución y Orden el 1 de junio de 

2021. En virtud de ese dictamen, autorizó a GVI a que, a su cuenta 

y cargo, realizara la limpieza y el mantenimiento del cauce por donde 

discurren las aguas de escorrentías entre las residencias números

54 y 55, ubicadas en la Calle El Prado de la Urbanización Gran Vista 

de Gurabo. Así también, en el área verde entre el canal de cemento 

y bloques y la verja de cyclone fence que ubica hacia el lado de la 

residencia 55. En el dictamen, el tribunal primario hizo constar que 

lo dispuesto no tenía el efecto ni podía ser utilizado para determinar 

quién era el propietario del terreno objeto de controversia. 

El 1 de marzo de 2022, el foro de primera instancia anotó la 

rebeldía a la señora Vicente López y eliminó sus alegaciones y 

defensas. 

En el interín, y antes de ser contestada la demanda, como 

expondremos más adelante, se hace preciso indicar que el 10 de 

abril de 2022, el Municipio de Gurabo solicitó intervenir en el pleito 

expresando que GVI no puede adjudicarse la titularidad sobre un 

cauce, canal, quebrada o caño ya que, como condición impuesta por 

la extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 

cualesquiera de estas áreas le fue cedida al ayuntamiento mediante 

la Escritura Núm. 41 sobre Segregación, y Cesión de Áreas Verdes a 

Favor del Municipio otorgada el 8 de febrero de 1991. Sobre este 

punto, el 27 de abril de 2022, GVI había presentado un escrito al 

cual anejó una comunicación del Municipio en la que la Lcda. 

Cynthia Marie Vázquez Peña, de Asuntos Legales, aclaró que, al 

tenor de la Certificación del Registro de la Propiedad, Escritura 

Pública y Estudio de Título que recibieron, la titularidad del Lote J 

consta inscrita a favor de GVI.

3

3 Íd., a las págs. 418-421. 
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De igual manera, el 28 de abril siguiente, el Municipio instó 

una nueva moción en la que informó que, una vez examinado el 

lugar, en ocasión de la mensura ordenada por el TPI, peticionó que 

se le excluyera de comparecer en el caso debido a que “... el lugar 

objeto de la disputa, no pertenece al Municipio de Gurabo, ... 

Tampoco ... de ninguna forma se interviene con las escorrentías 

de aguas en el lugar, en lo que compete a la jurisdicción del 

municipio”.

4 El foro apelado concedió la solicitud. 

Es importante advertir que, el 21 de junio de 2022, este Panel 

denegó la expedición del recurso de certiorari (KLCE202200654), que 

fuera solicitado por la aquí apelante; así como una moción de 

paralización. El referido recurso se instó para que revisáramos una 

determinación del TPI donde denegó una solicitud para suspender 

una vista en rebeldía. 

Ahora bien, el 3 de octubre de 2022, el TPI emitió una

Resolución expresando que se le levantaría la rebeldía impuesta,

sujeto a que la apelante pagara una sanción de $700. Así, el 1 de 

noviembre de 2022, esta presentó una Contestación a la Demanda 

Enmendada y Solicitud de Desestimación por Falta de Partes 

Indispensables y Otras Causales. El escrito judicial fue aceptado por 

el foro a quo. En la contestación, la apelante negó la mayoría de las 

alegaciones, y planteó como defensas afirmativas las siguientes: 

falta de parte indispensable por no haberse incluido a su esposo y a 

la Sociedad Legal de Gananciales; confusión de derechos como 

cotitular de las áreas verdes; falta del Municipio de Gurabo como 

titular de las áreas verdes y servidumbres; y ausencia de 

legitimación activa por no poder GVI representar al Municipio de 

Gurabo, como dueño del Lote J. A su vez, solicitó la desestimación 

de la demanda en contra de la codemandada, señora Palacios 

4 Véase el Apéndice del Recurso de Apelación, a la pág. 422. Énfasis nuestro. 
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Capuras, por carecer de justificación. Esto, sin exponer argumento 

alguno. 

La señora Palacios Capuras se opuso y entre sus argumentos 

están que: la señora Vicente López adquirió la propiedad 54 por 

donación por lo que es un bien privativo y en la escritura aparece 

como soltera; el Municipio de Gurabo expresó que el lugar en 

controversia no le pertenece; GVI es la dueña del Lote J; y no puede 

expresarse respecto a la desestimación en su contra, ya que no se 

fundamentaron las razones para dicho pedido.

Así también, la apelada respondió a lo solicitado por la señora 

Vicente López indicando que: el Municipio de Gurabo aceptó que el 

Lote J no es de su propiedad; la apelante siempre ha sostenido que 

es soltera y, si aún no lo fuera, su esposo no tiene interés común en 

el lote en controversia; el Lote J es de la corporación; aunque la 

apelante es cotitular de las áreas verdes, no tiene el derecho a 

adueñarse ni actuar como si fuesen de su exclusividad; y en el 2022 

se celebró una Asamblea donde se reafirmó por el Consejo la 

demanda de reivindicación por los titulares. 

Por su parte, el 5 de diciembre de 2022, el TPI emitió una 

Resolución denegando las mociones de sentencia sumaria 

presentadas por GVI y la señora Vicente López. El foro primario 

esbozó que, aunque existían varios hechos incontrovertidos, los 

mismos resultaban insuficientes para resolver el caso 

sumariamente.5

El 25 de enero de 2023, se presentó el Informe sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio el cual contiene veinte y siete 

(27) hechos estipulados acorde con la mencionada Resolución.

6 El 

31 de enero siguiente, se celebró la Conferencia con Antelación al 

Juicio a la que comparecieron las partes y sus representaciones 

5 Íd., a las págs. 739-743. 

6 Íd., a las págs. 788-790. 
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legales. De lo allí sucedido, surge de la Minuta que el foro primario 

hizo constar que, en cuanto a los hechos no controvertidos 

esbozados en la Resolución del 5 de diciembre de 2022, no se tenía 

que pasar prueba documental para probarlos. Además, se señaló el 

juicio en su fondo para los días 26, 27, 28, y 29 de junio de 2023. 

El 31 de marzo de 2023, el foro apelado emitió una Orden

denegando la prórroga solicitada por la nueva representación legal

de la apelante para enmendar el Informe sobre Conferencia con 

Antelación al Juicio. El 17 de abril de 2023, la señora Vicente López 

instó un escrito en el que arguyó, entre otros asuntos, que la verja 

que levantó GVI destruyó la vegetación y se le privó del uso del pozo 

séptico al quedar enclavado sin posibilidad de ser vaciado. Ante lo 

alegado, el día siguiente, el TPI emitió una Orden para conceder un

término a GVI para que expresara su postura y señaló una vista 

evidenciaria para el 25 de abril de 2023. 

El 21 de abril, la apelada presentó un escrito en cumplimiento 

de orden negando la mencionada alegación respecto a que el pozo 

séptico quedó enclavado por el levantamiento de la verja temporera 

ordenada por el tribunal. Afirmó que la referida verja se instaló en 

los lindes marcados por el Agrimensor José G. Pagán, según fuese 

informado al TPI, y ello no fue controvertido por la apelante en su 

escrito. Asimismo, apuntaló que la propiedad de la señora Vicente 

López tiene acceso de la vía pública a su propiedad y la verja en nada 

impide que se pueda acceder al pozo mediante el sistema de mangas 

de succión desde un camión estacionado en la calle pública frente a 

su residencia. Indicó que el pozo se construyó hasta la colindancia 

y parte de dicha estructura y un muro invaden el Lote J. Respecto a 

esta controversia, el 25 de abril de 2023 el foro a quo, en función de 

la vista, emitió una Resolución decretando que GVI removerá la verja 

temporera para permitir pasar la manga para vaciar el pozo séptico 

y luego la volverá a colocar. De la Minuta surge que el foro revisado 
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aclaró que la instalación de la referida verja no implica que se 

determinaron colindancias o segregación de terrenos ni si los 

puntos están correctos. 

El juicio en su fondo se celebró los días 26, 27 y 28 y de junio 

de 2023 según programado previamente. Aquilatada la prueba 

testifical y documental, el TPI dictó la Sentencia Final apelada.7 En 

esta, el foro primario concedió la acción reivindicatoria instada por 

GVI. En consecuencia, restituyó a su favor la posesión del terreno 

en cuestión (Lote J). A su vez, determinó que GVI podía hacer suyas 

ciertas estructuras edificadas; así como plantas y material 

vegetativo sembrado en la franja de terreno. También decretó que la 

señora Vicente López no era edificante de buena fe por lo que la 

parte apelada podía hacer suyas la pared de concreto y bloques 

ornamentales; así como parte de un piso de cemento que sobresalen 

de la residencia o en su defecto, solicitarle a esta que las demuela a 

su riesgo y coste. Dispuso, además, que no podía determinar qué 

parte del pozo séptico invadía el terreno del Lote J. El TPI impuso a 

la apelante el pago de las costas del pleito, incluyendo satisfacer los 

honorarios del Agrimensor, Ing. José G. Pagán, perito de GVI.

En el dictamen el foro primario razonó que:8

. . . . . . . .

... determinamos que GVI es dueño del Lote J. La 

co-demandada Vicente López es la dueña del Solar 54. 

El Lote J colinda, en su lado oeste, con el Solar 54, en 

una alineación, por los puntos de colindancia 33 y 34, 

según identificados en el plano preparado por el 

ingeniero Jorge Colón, aprobado por ARPe en el caso 

85-47-A-320-CPD. La verja de “cyclone fence”, 

instalada mediante orden judicial, está colocada sobre 

la colindancia que separa el Solar 54 del Lote J. La verja 

de “cyclone fence” discurre a todo lo largo del lindero 

que separa el Solar 54 del Lote J, y separa ambas 

heredades. Se determina que Vicente López ha 

realizado actos de posesión, dominio y control sobre 

terreno que forma parte del Lote J. En consecuencia, 

7 El 28 de junio de 2023 el TPI dictó una Sentencia Parcial por virtud de la cual 

desestimó la demanda en contra de la señora Palacios Capuras por no haberse 

demostrado que esta ocupaba, poseyera, usurpara o invadiera el terreno 

perteneciente a GVI, por lo que resultaba improcedente la acción reivindicatoria 

en su contra. Íd., a la pág. 1055.

8 Véase el Apéndice del Recurso de Apelación, a las págs. 6-10. 
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se concede la acción reivindicatoria instada por GVI. Se 

restituye la posesión de dicho terreno a favor de GVI 

para que ejercite los actos de dominio y control sobre 

dicha propiedad, sin más limitaciones que las que le 

impone la ley.

 Por otro lado, luego de instalada la verja de “cyclone 

fence”, en el Lote J hay unas bolas de concreto, focos y 

tubos con hilos. También hay aproximadamente 5 pies 

lineales de una pared de concreto y bloques 

ornamentales, y unos 20 a 40 pies cuadrados de un 

piso de cemento, que sobresalen del Solar 54 de Vicente 

López, y que invaden el Lote J. La pared de bloques 

ornamentales no estaba erigida cuando el Huracán 

María pasó por Puerto Rico el 19 de septiembre de 

2017.

. . . . . . . .

 En cuanto a las bolas de concreto, focos y tubos con 

hilos, GVI no demostró quién colocó los mismos. 

Durante el juicio Vicente López tampoco reclamó su 

titularidad. En consecuencia, se autoriza a GVI a hacer 

suyas dichas estructuras, o remover y disponer de las 

mismas, según entienda. Igual situación ocurre con las 

plantas y material vegetativo sembrado en la franja de 

terreno objeto de la presente acción reivindicatoria. No 

se estableció con especificidad qué plantas, si alguna, 

fueron sembradas por Vicente López, ni ésta reclamó 

titularidad sobre las mismas. Se autoriza a GVI a 

hacer suyas dichas plantas y material vegetativo, o 

remover y disponer de las mismas, según entienda.

 Veamos ahora la pared de concreto y bloques 

ornamentales, así como parte de un piso de cemento, 

que sobresalen de la residencia de Vicente López, y que 

invaden terreno del Lote J. ...

. . . . . . . .

 Vicente López no demostró ser edificante de 

buena fe. Ella no posee un título suficiente que la 

llevara al convencimiento de que estaba edificando 

sobre un predio que entendía le pertenecía. Por el 

contrario, Vicente López nunca ha reclamado ser la 

titularidad del terreno aquí en controversia. Su 

alegación siempre ha sido que el terreno pertenece 

a un tercero, al Municipio de Gurabo. Tampoco se 

demostró que en este caso hubiera mediado la 

autorización de GVI para llevar a cabo dichas 

construcciones extralimitadas, lo cual hubiese 

dispensado de demostrar justo título. (cita omitida) En 

resumen, Vicente López edificó en terreno que no le 

pertenecía, a sabiendas que no era de ella; por lo tanto, 

no cabe hablar de edificante de buena fe. La referida 

co-demandada es una edificante de mala fe.

 Vicente López tampoco demostró que la parte de la 

construcción que realizó sobre su terreno, y la parte 

que edificó en terreno de GVI, formen un todo 

indivisible. Tampoco demostró que la edificación, unida 

a su terreno, tenga una importancia y valor superior al 

del terreno invadido. En este caso no aplica la 

doctrina de la accesión invertida por construcción 

extralimitada. En consecuencia, se dispone que GVI 

puede hacer suya la pared de concreto y bloques 

ornamentales, así como parte de un piso de cemento, 

que sobresalen de su residencia; o puede solicitar que 

se ordene a Alina Vicente López demoler, a su cuenta, 
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riesgo y cargo la pared de concreto y bloques 

ornamentales, así como parte de un piso de cemento, 

que sobresalen de su residencia, devolviendo el 

terreno invadido a su estado original. En cuanto a 

qué parte del tanque séptico de la residencia de Vicente 

López invade terreno del Lote J, la prueba presentada 

resultó insuficiente para realizar dicha determinación; 

así como para determinar la extensión de la alegada 

invasión. [Énfasis nuestro]

Inconforme con el dictamen, la señora Vicente López acude 

ante este foro apelativo mediante el recurso de epígrafe y le imputa

al foro primario haber incurrido en los siguientes errores:

PRIMER ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

ENTRAR EN LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR 

LA PARTE DEMANDANTE, EN AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA PUES LA PROCLAMADA 

PRESIDENTA NO CONTABA CON EL AVAL Y 

CONSENTIMIENTO DEL CONSEJO DE TITULARES 

PARA INSTAR LA DEMANDA EN EL CASO DE 

EPÍGRAFE.

SEGUNDO ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

NO REQUERIR DE LA PARTE DEMANDANTE QUE EN 

UNA ACCIÓN REINVINDICATORIA TRAJERA COMO 

DEMANDADOS A TODOS LOS COLINDANTES QUE 

REALIZAN ACTOS DE POSESIÓN SOBRE EL 

INMUEBLE QUE SE PRETENDE REINVINDICAR, POR 

LO QUE SE CREÓ UNA SITUACIÓN DE 

PROCESAMIENTO SELECTIVO.

TERCER ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

CONCLUIR QUE UN SOLAR CON ESCORRENTÍAS 

PLUVIALES ES SUSCEPTIBLE DE SER PROPIEDAD 

PRIVADA, LO CUAL ES UN HECHO CONTRARIO A LA 

LEY.

CUARTO ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO AL CONCLUIR QUE LA TITULARIDAD DE 

LA PARTE DEMANDANTE ES LEGÍTIMA, A PESAR DE 

CONTAR CON UNA RESOLUCIÓN DE ARPE QUE 

CEDE DICHO SOLAR AL MUNICIPIO DE GURABO.

QUINTO ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

CONCLUIR QUE LA DEMANDADA-APELANTE NO 

DEMOSTRÓ SER POSEEDORA DE BUENA FE, A 

PESAR DE SER TITULAR CON DERECHO A 

DISFRUTAR DE LAS ÁREAS COMUNES.

SEXTO ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR DE 

DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL 

GUARDAR SILENCIO SOBRE EL HECHO DE QUE SU 

DETERMINACIÓN DEJA ENCLAVADO EL POZO 

SÉPTICO DE LA PARTE APELANTE.

SÉPTIMO ERROR: EL TPI COMETIÓ ERROR EN LA 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA AL CONCLUIR QUE EL 

TRABAJO REALIZADO POR EL PERITO DE LA 

DEMANDANTE CONSTITUYE UN TRABAJO DE 
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MEDICIÓN CIENTÍFICA Y DARLE PESO A DICHA 

OPINIÓN.

Por otra parte, el 8 de septiembre de 2023, GVI instó un 

escrito intitulado Moción de imposición del pago de honorarios de 

abogado a favor de la parte demandante, Gran Vista, Inc.9 En este, 

relacionó las instancias en que, a su entender, la señora Vicente 

López observó una conducta temeraria. GVI acompañó su petición 

con escritos y determinaciones judiciales dictadas durante el pleito. 

El 14 de septiembre de 2023, el TPI notificó su denegación al 

pedimento.10 Entonces, GVI interpuso una reconsideración,11 a la 

que la señora Vicente López se opuso12 y GVI replicó.

13 En respuesta 

a los planteamientos, mediante una Orden dictada el 20 de octubre 

de 2023, notificada el día 25 siguiente, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud a reconsiderar.

14

Asimismo, el 8 de septiembre de 2023, GVI presentó un 

oportuno Memorando de Costas.

15 En lo que nos compete, a pesar 

de incluir la partida “n” en la suma total de $7,138.17, GVI expresó:

(n) ***Estas cantidades no contemplan los honorarios 

de la [c]omparecencia a la Vista en Rebeldía del 22 de 

junio de 2022 de José G. Pagán ($639.00), Nature Care 

Services ($160.00) y Diana Osuna ($62.00), las cuales 

no se han pagado todavía por la Codemandada Vicente 

López.

La aludida partida se refiere a unas costas interlocutorias 

concedidas por el TPI a favor de GVI, allá para el 13 de julio de 

2022.16 Al respecto, en un pronunciamiento posterior, el TPI le 

indicó a GVI que el reembolso de estos gastos era un asunto en 

ejecución.17 Por ello, al atender las costas del pleito, si bien el foro a 

9 Véase el Apéndice del Recurso de Certiorari, a las págs. 10-18, con anejos a las 

págs. 19-102. 

10 Íd., a la pág. 106.

11 Íd., a las págs. 107-111.

12 Íd., a las págs. 112-114.

13 Íd., a las págs. 123-126.

14 Íd., a la pág. 127.

15 Íd., a las págs. 103-105. Cabe señalar que la señora Vicente López se opuso 

tardíamente el 26 de septiembre de 2023, por lo que GVI abogó el hecho en su 

réplica; véase el Apéndice del recurso de Certiorari, a las págs. 115-119; 120-122.

16 Refiérase al Apéndice del Recurso de Certiorari, a las págs. 160.

17 Íd., a la pág. 165.
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quo concedió algunos gastos reclamados y denegó otros,18 no se 

pronunció sobre la aludida partida “n”.

No conforme, GVI recurre ante este foro revisor el 22 de 

noviembre de 2023, mediante un auto de certiorari y señala los 

siguientes errores:

A. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE HONORARIOS PRESENTADA POR LA 

PARTE PETICIONARIA A[U]N EN VISTA DE UNA CLARA 

DEMOSTRACIÓN DE TEMERIDAD POR PARTE DE LA 

RECURRIDA.

B. ERRÓ El TPI AL NO IMPONER SANCIONES Y/[U] 

OBLIGAR A LA RECURRIDA AL PAGO DE LAS 

FACTURAS PENDIENTES POR COMPARECENCIA A LA 

VISTA EN REBELDÍA DE PERITOS Y FUNCIONARIOS 

TESTIGO[S] DE LA PETICIONARIA A[U]N EN VISTA DE 

HABER SIDO NOTIFICADO DE QUE ESTAS NO 

HABÍAN SIDO PAGADAS LUEGO DE QUE A LA 

RECURRIDA SE LE ORDENARA EL PAGO. 

Transcurrido el término de diez (10) días sin que la señora 

Vicente López incoara un memorando en oposición a la expedición 

del auto discrecional, de conformidad con la Regla 37 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

consolidamos ambos recursos por virtud de la Resolución de 11 de 

diciembre de 2023 y en armonía con la Regla 80.1 de nuestro 

Reglamento. 

De otro lado, luego de haber atendido los asuntos apelativos 

referentes a la transcripción de la prueba oral, el 10 de enero de 

2024 emitimos una Resolución dando por estipulada la misma, y 

concedimos un término a las partes para presentar sus respectivos 

escritos. El 6 de febrero de 2024, la apelante presentó su alegato 

suplementario y el 25 de marzo siguiente, la parte apelada instó su 

alegato en oposición. Así, nos damos por cumplidos y decretamos 

perfeccionado los recursos. 

18 Íd., a las págs. 128; 129, con anejos a las págs. 130-135; 136-145; 146; 147; 

148-150; 151; 152-154. 
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Analizados las comparecencias, los expedientes apelativos y 

la transcripción de la prueba oral (TPO), así como estudiado el 

derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II.

Acción reivindicatoria 

La presente demanda fue instada vigente el Código Civil de 

1930.19 El Artículo 280 de dicho Código, 31 LPRA sec. 1111, 

disponía que: (1) la propiedad es el derecho por virtud del cual una 

cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de 

cualquiera otra; (2) la propiedad concede el derecho de gozar y 

disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en 

las leyes; y, por último, (3) el propietario tiene acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Esto último, se 

refiere a la denominada acción reivindicatoria.

20 Ramírez Quiñonez 

v. Soto Padilla, 168 DPR 142 (2006), Soc. Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 DPR 94, 99 (1986).

La acción reivindicatoria ha sido distinguida de la acción de 

deslinde. Esta última es totalmente distinta a la acción 

reivindicatoria. La acción de deslinde se otorga a todos los 

propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen confundidos sus 

linderos por causas naturales, accidentes fortuitos o actos 

voluntarios de tercero, debiendo concurrir todos a un solo juicio. No 

obstante, la acción reivindicatoria se da de modo subsidiario 

cuando los límites de diversos fundos contiguos están ya 

debidamente demarcados, o cuando como consecuencia de la 

demarcación, hay necesidad de reivindicar terrenos que se creen 

usurpados. La acción apropiada para dirimir la posible usurpación 

19 Mediante la Ley núm. 55-2020 se aprobó el nuevo Código Civil de Puerto Rico. 

No obstante, los hechos del caso tienen su génesis en momentos previos a la 

vigencia del nuevo cuerpo procesal. Por lo que, procede la aplicación de las 

disposiciones del derogado Código Civil de 1930.

20 El Artículo 741 del Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 7951, contiene igual 

disposición. 
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de terrenos previamente demarcados es la acción reivindicatoria. 

Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 627-628 (1954).

En acciones reivindicatorias, los demandantes, para salir 

victoriosos deberán hacerlo basados en la fuerza probatoria de sus 

títulos y no en la debilidad del título de la parte demandada. Castrillo 

v. Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). Para que un tribunal declare 

con lugar una acción reivindicatoria: (1) tiene que ser presentada 

por la persona que tenga a su favor un derecho de propiedad; (2) se 

debe dirigir contra la persona que tenga en su poder la cosa; (3) el 

demandado no puede oponer ningún derecho que justifique su 

pretensión de retener la cosa frente al propietario; y (4) la cosa que 

se reivindique debe ser debidamente identificada. Girod Lube v. Ortiz 

Rolón, 94 DPR 406, 413 (1967). Es doctrina reiterada que 

la acción reivindicatoria de bienes inmuebles prosperará si queda 

probada la concurrencia de todos los elementos de la acción. Soc. 

Gananciales v. González Padín Co., 117 DPR 94 (1986); Pérez Cruz 

v. Fernández Martínez, 106 DPR 144 (1977), Arce v. Díaz, supra.

Se ha expresado, además, que el objeto de la reivindicación no 

es recobrar cualquier cantidad de terreno sino una cantidad 

específica y determinada. Castrillo v. Maldonado, supra, a la pág. 

891. Así también, se ha establecido que, en una controversia de 

reivindicación, es indudable que los planos, constituyen parte de la 

evidencia que puede utilizar un tribunal para restablecer a su 

verdadera situación los límites de diversos fundos. Íd.

Asimismo, la parte demandante tiene que probar su caso con 

prueba robusta y convincente, y no puede descansar en la debilidad 

del título de su adversario. Sucn. Arce v. Sierra, 70 DPR 841, 845 

(1950); Sucn. Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949). Si el 

demandante no logra identificar el predio que reclama de forma 

suficiente, la acción no puede prosperar. Pérez Cruz v. Fernández, 
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supra, a la pág. 374; ELA v. Pérez Valdivieso, 83 DPR 863, 877 

(1961).

La apreciación de la prueba y el estándar de revisión apelativa

Es norma trillada que, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con 

la adjudicación de credibilidad efectuadas por el Tribunal de 

Primera Instancia. González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta norma de deferencia judicial descansa en que 

el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad 

de verlos y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su conciencia 

la convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). 

De otra parte, cuando se evalúa la prueba documental, el foro 

apelativo se encuentra en la misma posición que el foro de primera 

instancia. Al tener ante sí los mismos documentos que desfilaron 

ante el juzgador de instancia, no hay emociones o comportamientos 

que el juzgador apelativo esté dejando fuera de la ecuación. “Somos 

conscientes, naturalmente, que en relación con la evaluación de 

prueba documental este tribunal está en idéntica situación que los 

tribunales de instancia”. Trinidad v. Chade, supra, 292 (2001), 

citando a Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1 (1989), y a 

Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161 (1989).

Similarmente, la apreciación de la prueba pericial por un foro 

apelativo no contiene mayores limitaciones. Tenemos amplia 

discreción para esta evaluación, pues se trata de un proceso en que

el foro apelativo se encuentra en igual posición de apreciación de 

prueba. Así lo ha resuelto nuestro más alto foro al sostener:
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Consistentemente hemos resuelto que ningún tribunal 

está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, 

juicio, conclusión o determinación de un perito o 

facultativo, sobre todo cuando está en conflicto con 

testimonios de otros peritos y que todo tribunal está en 

plena libertad de adoptar su criterio propio en la 

apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta 

descartar la misma, aunque resulte ser técnicamente 

correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co. 98 DPR 594, 

623 (1970).

En consecuencia, toda aquella prueba pericial que las partes 

hayan sometido ante la consideración del TPI será revisada 

plenamente por este tribunal apelativo.

III.

En esencia, la apelante señaló que el TPI cometió como errores 

de derecho los siguientes: (1) determinar que la parte apelada 

contaba con legitimación activa para instar la demanda; (2) no 

requerir a GVI traer como demandados a todos los colindantes que 

realizan actos de posesión sobre el Lote J; (3) concluir que un solar 

con escorrentías pluviales es susceptible de ser propiedad privada; 

(4) conceder la titularidad a la apelada a pesar de la Resolución de 

ARPe que cede dicho predio al Municipio de Gurabo; (5) decidir que 

la apelante no era poseedora de buena fe, aun cuando esta es titular 

con derecho a disfrutar de las áreas comunes; y (6) el dictamen deja 

enclavado el pozo séptico. Asimismo, planteó que el foro primario 

actuó incorrectamente en la apreciación de la prueba pericial al 

entender que el trabajo del perito de GVI constituye un trabajo de 

medición científica. 

En el primer error, la apelante cuestiona la capacidad de la 

Sra. Lilliam Maldonado Cordero para instar la presente demanda 

como Presidenta de la Junta de Directores de GVI. Esto, debido a 

que considera que es necesario una Resolución Corporativa que así 

lo autorice o en su defecto, una autorización del Consejo de 

Titulares. 

En cuanto a este error, entendemos necesario consignar que 

la Ley núm. 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto 
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 17

Rico, exige que las urbanizaciones, calles o comunidades tengan un 

Consejo, Junta o Asociación de Residentes debidamente organizada 

y registrada en el Departamento de Estado como una institución sin 

fines de lucro a los fines de poder solicitar y obtener el permiso para 

el control de acceso. Artículo 3.002 inciso (a) del Código Municipal 

de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7412.21 Por otro lado, la Escritura 

Núm. 2 sobre Constitución de Restricciones de Uso y Edificación en 

Urbanización Gran Vista, otorgada el 13 de noviembre de 1986 ante 

el notario público Lcdo. José Ramón Quiñones Coll estableció en su 

Cláusula Siete (7) que “... con el propósito de que se provea un 

mantenimiento, cuidado y/o supervisión adecuada de todas las 

áreas comunes, parques, cualesquiera otras facilidades para uso o 

beneficio común que se ubiquen en dicha urbanización, se creará, 

compuesta por los titulares de la urbanización GRAN VISTA una 

corporación local de fines no pecuniarios ...”22 Por ende, GVI es una 

corporación sui generis destinada a la organización y administración 

de la urbanización de acuerdo a la escritura matriz y su reglamento. 

Conforme surge del Apéndice del recurso de Apelación, el 13

de agosto de 2022 se realizó una Asamblea Ordinaria en la cual, 

entre varios asuntos, los residentes ratificaron por unanimidad la 

continuación del presente litigio.23 Por lo cual, siendo la Sra. Lilliam 

Maldonado presidenta de la Junta de Titulares posee la legitimación 

para instar y continuar el caso de epígrafe en representación de los 

titulares residentes de la Urbanización Gran Vista. Así las cosas, no 

era necesaria una Resolución Corporativa para continuar con el 

presente litigio. De hecho, la apelante no invoca que el reglamento 

21 En el 1987 solo se exigía que la urbanización, calle o comunidades tuviera un 

Consejo, Junta o Asociación de Residentes debidamente organizada y en 

funciones. Véase la Ley núm. 21 de 20 de mayo de 1987, sec. 2 inciso (a). 

Posteriormente la ley fue enmendada para ordenar la inscripción en el 

Departamento de Estado como una institución sin fines de lucro. Ley núm. 22-

1992. 

22 Véase el Apéndice del recurso de Apelación, a la pág. 83. Subrayado nuestro. 

23 Íd., a la pág. 676. 
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 18

de la urbanización requería la aprobación de una Resolución 

Corporativa para poder instar una reclamación por y en beneficio de 

los titulares. Por tanto, es suficiente la aprobación unánime de los 

titulares que acudieron a la Asamblea Ordinaria del 13 de agosto de 

2022 para concederle a la presidenta la legitimación activa.24 Por 

ende, no cabe duda de que GVI es quien tiene interés legítimo y más 

aún, posee el derecho para reclamar la reinvindicación de un lote de 

terreno de su propiedad. En conclusión, el primer error no se 

cometió.

Al tenor de los planteamientos que fundamentan los restantes 

errores, los discutiremos conjuntamente. 

De los hechos estipulados en el Informe sobre Conferencia con 

Antelación a Juicio; así como de la prueba desfilada en el juicio,

surge claramente que GVI es la dueña registral del Lote J el que 

adquirió en el 1989. Como indicamos, la acción reivindicatoria se 

insta en contra de quien está usurpando la cosa ajena. Por tanto, 

aun cuando existan varios predios colindantes al Lote J, ello por sí 

solo no implica que los demás propietarios de dichos terrenos están 

en igual situación que la señora Vicente López respecto a las 

alegaciones en su contra. Por ello, no tenían que haberse incluido 

en el pleito a todos los colindantes. Nótese que los linderos ya 

estaban debidamente demarcados por lo que nunca se solicitó un 

deslinde. Incluso surge de la TPO que el Juez manifestó durante el 

juicio lo siguiente:25

 Pero, pero perdóneme, pero perdóneme, déjeme 

hacerle una pregunta, yo no tengo una sentencia 

declaratoria, yo lo que tengo es una acción de 

reivindicación. No es, una sentencia declaratoria es 

para que yo declare los derechos entre parte. Tampoco

tengo una acción de deslinde. Yo lo que tengo es una 

acción de reivindicación donde alegadamente Gran 

Vista, cuanto presenta la demanda dice, yo soy el 

24 Destacamos que la apelante no asistió a dicha reunión, ni envió un proxi. 

Además, durante su testimonio manifestó en varias ocasiones que no reconocía a 

la Sra. Lilliam Maldonado Cordero como presidenta electa. Véase la TPO, Tomo II, 

a la pág. 140 líneas 14-17 y la pág. 198 líneas 6-10. 

25 Véase la TPO, Tomo III, a la pág. 110, líneas 5-13. 
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 19

dueño del lote J, y me están ocupando mi propiedad, 

y aquí tengo los dos demandados que están ocupando 

la propiedad. [...][Énfasis nuestro].

Apuntalamos, además, que el agrimensor José G. Pagán 

marcó los puntos, conforme surgía del plano aprobado por la extinta 

ARPe, así lo hizo constar. De hecho, este testificó que la metodología 

realizada fue una planimetría. “Es básicamente una mensura, pero 

sin el debido proceso de, de, de, porque no es un deslinde, nosotros 

estamos tomando la geometría de la calle y solo la geometría, no 

estamos tomando elevación, por eso es topografía. Planimetría 

estamos hablando de un plano, es tomar la forma de la calle y de la 

circunferencia, de la área, del perímetro por allí entonces usarlo 

como, como amarre.”26 Tampoco podemos perder de perspectiva que 

la mensura que preparó el Agrimensor José G. Pagán fue a los 

efectos de establecer los lindes o puntos específicos del Lote J para 

determinar la descripción del predio de terreno en controversia. 

Además, y al tenor de los pronunciamientos del foro apelado, 

existían previamente unos documentos que ya identificaban 

claramente el Lote J, incluyendo, como mencionamos, el plano 

aprobado por la ARPe y la Escritura Núm. 60 del 9 de junio de 1989

titulada Liberación y Cesión de Terrenos.

27 Sobre esto, el Agrimensor 

testificó que “[c]on lo, con la descripción legal básicamente los, los 

colindantes que menciona la descripción legal, sí se logró comprobar 

que el lote J es el que en el plano se identifica como área verde.”28

El Lote 54 es el lote de la apelante identificado por los puntos 34, 35 

hacia el sur, hacia el suroeste está el 34, hacia el suroeste está el 

35, hacia el este está el 33 y hacia el sur está el 30.29 La propiedad 

de la apelante está separada del Lote J entre los puntos 33 y 34.30

26 Véase la TPO, Tomo I, a la pág. 52, líneas 19-24. 

27 Véase la TPO, Tomo I, a la pág. 105, línea 12.

28 Véase la TPO, Tomo I, a la pág. 68, líneas 22-24

29 Véase la TPO, Tomo I, a la pág. 84, líneas 13-18.

30 Véase la TPO, Tomo I, a la pág. 87, líneas 17-22.
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Recordemos que la mensura se realizó para determinar el 

alcance territorial en función de los diversos actos de posesión 

realizados en dicho predio por la apelante. A su vez, aclaramos que 

en el caso no se reclama la reinvidicación de la Servidumbre Pluvial

claramente demarcada que por allí discurre, la cual afecta a otros 

colindantes, sino el predio de terreno identificado como Lote J, el 

cual es conocido como una “área verde”. Enfatizamos también que,

conforme con la prueba, no está en controversia que entre las calles 

54 y 55 de la Urbanización discurren escorrentías de aguas según 

fuera identificado en la vista ocular celebrada el 1 de junio de 2021. 

Incluso, surge claramente de la Escritura Núm. 41 sobre 

Segregación y Cesión de Áreas Verdes a Favor del Municipio otorgada 

el 8 de febrero de 1991, ante la Notario Lcda. Laura A. Dahdah de 

Surillo, que solo los Lotes M y L fueron traspasados al Municipio de 

Gurabo.31 De la lectura de la descripción de ambos predios, según 

consta en la Escritura Núm. 41, no surge que colinden con el Lote J 

ni con el Solar 54 perteneciente a la apelante. Tampoco se le cedió 

al Municipio un área verde de la Urbanización. 

De otro lado, la señora Vicente López, en su escrito,

32 pretende

hacer una inferencia respecto a que, por ser el Lote J un área común 

que posee a su vez una servidumbre pluvial debió ser cedido al 

Municipio conforme con las Resoluciones de ARPe del 16 de enero 

de 1990 y 4 de junio de 1990, en el Caso Núm. 85-47-A-320-CPD. 

Ahora bien, y sin duda, dicha inferencia es una meramente 

especulativa sin fundamento legal alguno. Sobre cualquier 

titularidad del Municipio sobre el Lote J, nos remitimos al trámite 

procesal consignado, del cual surge palmariamente que el 

ayuntamiento clarificó que el predio en controversia no le 

pertenece. En este particular, es menester resaltar que durante su 

31 Véase el Apéndice del recurso de Apelación, a las págs. 144-149.

32 Véase, Apelación, a la pág. 24.
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 21

testimonio la apelante señaló en varias ocasiones que el Lote J le 

pertenece al Municipio, a pesar de que la prueba demostró 

claramente todo lo contrario.33 A manera ilustrativa de su 

obstinación citamos a continuación:34

 Ustedes no pueden demandar aquí, ... hacer unas 

alegaciones falsas y reclamar unas áreas verdes, que ya 

fueron cedidas desde el 1989 por la Resolución de 

ARP[e] al municipio de Gurabo. Si usted cree que usted 

tiene una titularidad mayor que la del Estado, usted se 

lo pide al Estado y demanda al Estado. Pero a mí no me 

tenía que demandar.

De otro lado, precisa advertir que en la Sentencia Final

impugnada, el TPI determinó que “[l]a prueba presentada, admitida 

y creída, demostró que la verja de “cyclone fence” fue instalada y 

discurre a lo largo de la colindancia entre el Solar 54 y el Lote J, 

según establecidos en el plano aprobado por la Administración de 

Reglamentos y Permisos en el caso 85-47-A-320-CDP, y la misma 

representa el lindero correcto entre ambos predios”.

35 Este hecho no 

fue refutado por la apelante en su escrito mediante prueba en 

contrario. De hecho, esta insistió en su testimonio que Gran Vista 

no puede colocar una verja para delimitar el Lote J.36

Agregamos a lo antedicho que, en la referida Resolución del 22 

de mayo de 1989, la ARPe autorizó la segregación e inscripción de 

los solares y/o parcelas allí detalladas y en su consecuencia, aprobó 

el Plano de Inscripción Final Enmendado para la Urbanización 

Gran Vista.37 En el que, según surge del documento, se identificó el 

Lote J como área verde. Así también, se especificó que el área verde 

es parte de las áreas comunes de la urbanización, sujetas a 

restricción de uso y edificación. Puntualizamos que el ejercicio del 

derecho en relación a los elementos comunes no es absoluto.

38 “El 

33 Véase la TPO, Tomo III, a la pág. 128, líneas 17 y 21; a la pág. 135, líneas 16-

19; a la pág. 157, línea 21; a la pág. 158, líneas 1-3. 

34 Íd., a la pág. 197. Líneas 5-9.

35 Véase el Apéndice del recurso de Apelación, a la pág. 4.

36 Véase la TPO, Tomo III, a la pág. 194, línea 15, 23-24.

37 Íd., a las págs. 267-269.

38 Véase, Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 DPR 475, 482 (2008).
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 22

fin para el cual se ha destinado una cosa es otro límite al uso de los 

elementos comunes que todos los titulares deben respetar”. Íd.

Como ya indicamos, en los errores señalados, la señora 

Vicente López insiste en refutar la acción en su contra 

fundamentándose en el supuesto derecho de titularidad de otros,

los cuales no están en el pleito. Su argumento es un acto ineficaz 

debido a que ella, como parte demandada, tenía que oponer un 

derecho que justificara retener la cosa invadida lo cual no pudo

hacer. Más aún, y como bien señaló el TPI, la apelante “nunca ha 

reclamado ser la [titular] del terreno aquí en controversia. Su 

alegación siempre ha sido que el terreno le pertenece a un tercero, 

al Municipio de Gurabo”.

39 Añadimos que, luego de leída la 

transcripción del testimonio de la apelante, pudimos constatar que 

esta, en varias ocasiones, se refiere al Lote J como un área para 

dedicarse a la siembra.40 También aceptó que hace uso de dicho 

pedazo de terreno,

41 y parece referirse a este como de su 

propiedad.42

En resumen, conforme con nuestro estado de derecho se 

requiere específicamente que la apelante haya presentado un mejor 

título, el cual no tiene ni puede producir. Es decir, no tiene el 

derecho a retener el Lote J, ni hacer uso de este, ante la ausencia 

de un derecho a su favor. De igual manera, reiteramos que mantener 

la alegación de que es un terreno del Municipio es un ejercicio fútil.

Incluso, aunque así lo fuera, no le corresponde a la apelante, ya que 

esta no tiene facultad para representar al Municipio. Tampoco es 

suficiente probar que el Lote J es un área verde “común” y por la 

cual transcurre una servidumbre de pluvial, para derrotar el 

39 Véase el Apéndice del recurso de Apelación, a la pág. 9. 

40 Véase la TPO, Tomo III, a la pág. 123, líneas 17-20; a la pág. 124, líneas 9-14; 

a la pág. 170, líneas 13-15. 

41 Íd., a la pág. 130, líneas 12-15.

42 Íd., a la pág. 140, líneas 1-6; a la pág. 144, líneas 1-7; a la pág. 154, líneas 4-

10.
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 23

derecho de usucapión que posee GVI. Por tanto, luego de una 

lectura de la transcripción oral del juicio en su fondo, reseñamos 

que resulta evidente la necesidad de delimitar la propiedad de la 

apelante del Lote J. Sin duda, esto contribuirá en gran medida a 

mejorar la sana convivencia e interacción en la comunidad. La 

apelante debe aceptar que el Lote J no es de su propiedad, ni puede 

hacer uso de este como si así lo fuera.

En conclusión, los errores segundo, tercero, cuarto, quinto, 

sexto y séptimo no se cometieron. 

IV.

En cuanto al auto de certiorari, es norma asentada que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. 

Cordero et al. v. ARPe et al, 187 DPR 445 (2012); Medina v. Medina, 

161 DPR 806, 817 (2004); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. ASG v. Mun. San Juan, 

168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248 

(1992). Por ello, las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser 

privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende 

que no tiene jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo y,

por consiguiente, desestimar el recurso. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).

En la presente causa, carecemos de autoridad para examinar 

las contenciones de GVI expuestas en el auto de certiorari. Veamos.

En la Sentencia Final, el TPI concedió a GVI el pago de las 

costas del pleito y el pago de honorarios del Agrimensor José G.
KLAN202300881 consolidado con KLCE202301310 24

Pagán, no así los honorarios de abogado por concepto de temeridad.

Como se sabe, en nuestro ordenamiento, los honorarios de abogado 

en los que incurre una parte litigante son sufragados por esta. No 

obstante, según lo dispuesto en la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 4 LPRA Ap. V, la concesión o no de los mismos a la parte que 

prevaleció en un litigio dependerá de la determinación que haga el 

magistrado que presidió el proceso respecto a si la parte perdidosa, 

o su abogado, actuaron o no en forma temeraria o frívola. Corpak, 

Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 DPR 724, 736 (1990). Por ende, 

la concesión de los honorarios de abogado por temeridad depende 

de la discreción del tribunal sentenciador. Revlon v. Las Américas 

Trust, 135 DPR 363 (1994). Si bien la conclusión de temeridad no 

tiene que ser explícita en la sentencia, se infiere de la cuantía 

concedida, si alguna, ya que cuando se imponen honorarios de 

abogado se presume que la conclusión está implícita en la sentencia. 

Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, 409-410 

(1972). Del tribunal conceder los honorarios de abogado, se ha 

resuelto que en revisión no se intervendrá con la cuantía impuesta, 

a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un abuso 

de discreción. Corpak Inc. v. Ramallo Brothers, supra; Ramírez 

Anglada v. Club Cala de Palma, 123 DPR 123 (1989), citados en 

Revlon v. Las Américas Trust, supra. Del mismo modo, si no los 

concede, este foro intermedio debe abstenerse de usurpar la 

discreción del foro de primera instancia.

Es meritorio destacar que los honorarios de abogado no son 

parte de las costas del pleito, reglamentadas en la Regla 44.1 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, sino un mecanismo para penalizar a la 

parte o abogado temerario que, por su conducta contumaz, ha 

obligado al adversario a incurrir en los gastos de un litigio y padecer 

innecesariamente molestias e inconvenientes. S.L.G. Flores-Jiménez 

v. Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008). Por ello, la inconformidad por 
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la concesión u omisión de los honorarios de abogado por concepto 

de temeridad no se canaliza a través del memorando de costas, sino

mediante una moción de reconsideración, cuyo término 

jurisdiccional es de quince días, según estatuye la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra.

En este caso, luego de notificada la Sentencia Final el 31 de 

agosto de 2023, el 8 de septiembre de 2023 GVI reclamó al TPI que 

concediera a su favor los honorarios de abogado por la imputada 

temeridad de la señora Vicente López. Toda vez que la solicitud fue 

presentada dentro del término jurisdiccional de quince días, la 

misma fue oportuna. Sin embargo, el TPI no acogió su 

planteamiento ni varió su dictamen, por lo que declaró no ha lugar 

a la petición. Este pronunciamiento se notificó el 14 de septiembre 

de 2023. A tales efectos, GVI tenía un plazo jurisdiccional de 

treinta días para acudir en apelación ante este tribunal 

intermedio. Dicho término expiró el 16 de octubre de 2023.

43

No obstante, como reseñamos, GVI instó una improcedente segunda 

reconsideración la cual, también de manera inoficiosa, el TPI 

resolvió. Al acudir tardíamente el 22 de noviembre de 2023, es

forzoso concluir que estamos privados de jurisdicción para atender 

el señalamiento de error A, relacionado con la petición de honorarios 

de abogado.

Con relación a la partida “n” incluida en el Memorando de 

Costas y señalada como el error B en el auto discrecional, esta 

corresponde a la concesión de costas interlocutorias al amparo de 

la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, supra. Dicha norma procesal 

provee para que el tribunal imponga costas interlocutorias, “en todo 

caso y en cualquier etapa, a una parte o a su representante legal por 

43 El 14 de octubre de 2023 fue sábado, por lo que el término jurisdiccional de 

treinta días para apelar se extendió hasta el próximo día laborable, esto es, el 

lunes, 16 de octubre de 2023.
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conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción 

o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la 

justicia”. Íd. En torno a esto, el tratadista Rafael Hernández Colón 

ha opinado que los gastos a resarcirse son aquellos que cualifican 

bajo la Regla 44.1 (a). R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de 

Puerto Rico, 2017, sec. 4206, pág. 431. Igualmente, el tratadista 

José Cuevas Segarra ha expresado que la “sabia” regla procesal 

constituye un instrumento adicional para agilizar los 

procedimientos judiciales. Por consiguiente, el tribunal tiene 

facultad de imponer el pago de las costas interlocutorias “cuando la 

conducta de las partes vaya en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan Publicaciones JTS, 2011, 

T. IV, pág. 1325. Añade Cuevas Segarra:

... De más está decir que este tipo de costas es sui 

generis, pues, primero, no depende de si la parte que 

las reclama vencerá finalmente en el pleito. 

Segundo, no contienen un término fijo para someter 

el memorándum y aunque se dijera, por analogía, que 

es de diez (10) días, no se sabe a partir de qué momento 

se computa el término. Tercero, no se dice si lo que se 

presenta es una moción solicitándolas y, una vez 

declarada con lugar la solicitud, la parte somete la 

relación de gastos, o si, por el contrario, lo que se 

somete es el usual memorándum con la súplica de que 

se apruebe. Cuarto, no se especifica si la reclamación 

se hace bajo juramento o bajo certificación del abogado. 

En la práctica, sin embargo, he notado que en 

múltiples ocasiones no se exige formalidad 

específica alguna y basta una moción informando 

los gastos acompañada de la prueba documental que 

los corrobora. [Énfasis nuestro]. Íd., a las págs. 1325-

1326.

En el caso de epígrafe, el 30 de junio de 2022 y en 

cumplimiento de Orden, GVI informó al TPI los gastos incurridos por 

la comparecencia de los testigos y el perito a la vista celebrada el 22 

de junio anterior.44 Acompañó su escrito con tres facturas que 

totalizaron la suma de $861. En respuesta, el TPI concedió la 

44 Apéndice del Recurso de Certiorari, a las págs. 155, 157, con anejos a las págs. 

156, 158-159. Refiérase al Apéndice del recurso de Apelación, a la pág. 543.
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cuantía y condenó a la señora Vicente López al pago de esta el 13 de 

julio de 2022. Luego, en otro escrito posterior, GVI indicó que la 

recurrida no había satisfecho la obligación.

45 El 12 de octubre de 

2022, el TPI respondió que el asunto era uno de ejecución.

46

Es imperativo resaltar que GVI no recurre de ninguna de las 

costas del litigio concedidas ni negadas por el TPI, según estatuidas 

en la Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil, supra. Su contención se 

circunscribe a la falta de pago de las costas interlocutorias por $861 

que la señora Vicente López está compelida a satisfacer desde 2022, 

al palio de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, supra. Sobre dicho 

asunto, ya la peticionaria cuenta con un mandato judicial a su favor 

final, firme e inapelable. 

“En nuestra jurisdicción, los derechos y las obligaciones 

adjudicados mediante un dictamen judicial, que adviene final y 

firme, constituyen ley del caso”. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 

DPR 1, 8 (2016) y los casos allí citados. Por tanto, esos derechos y 

obligaciones gozan de finalidad y firmeza para que las partes en un 

pleito puedan proceder sobre unas directrices confiables y certeras

y, de ordinario, no pueden ser objeto de revisión. Íd., a la pág. 9. 

En este caso, no surge de los autos que GVI haya utilizado

alguno de los mecanismos provistos en el ordenamiento procesal 

civil para el recobro de las costas interlocutorias concedidas a su 

favor en 2022, el cual es independiente de las costas finales del 

pleito en el que prevaleció. Por consiguiente, este foro no tiene 

autoridad para proveer remedio alguno sobre la cuestión planteada 

en el señalamiento de error B.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, respecto al caso 

KLAN202300881, confirmamos la Sentencia Final apelada. Relativo 

45 Apéndice del Recurso de Certiorari, a la pág. 163.

46 Íd., a la pág. 165.
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al auto de certiorari KLCE202301310, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción.

Notifíquese.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones