Número Identificador

SEN2024 ________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL XI

UDAI HEALTHCARE 

LIMITED LIABILITY

APELANTES

V.

NOGAMA 

CONSTRUCTION CORP.

APELADOS

KLAN202400018

APELACIÓN

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia 

Sala de Arecibo

Caso Núm. 

AR2021CV00145

Sala: 401

Sobre:

INCUMPLIMIENTO 

CONTRATO; DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Brignoni Mártir, el Juez 

Candelaria Rosa, la Jueza Álvarez Esnard y la Jueza Díaz Rivera.

Brignoni Mártir, Juez Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de febrero de 2024.

Comparece ante nos UDAI Healthcare LL.C. y (en adelante, UDAI) 

mediante un recurso apelativo intitulado Solicitud de Auto de Revisión. En 

su escrito, nos solicita la revocación de una Sentencia emitida el 28 de 

noviembre de 2023 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (en adelante, TPI). En la referida determinación, el foro primario 

desestimó la demanda instada en contra de NOGAMA Construction Corp. 

(en adelante, NOGAMA) de conformidad a la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I.

En aras de brindar una cabal comprensión sobre los hechos 

medulares del caso de epígrafe, presentamos una relación detallada del 

tracto procesal ante el foro primario.

El 17 de mayo de 2021, UDAI presentó una Demanda por 

incumplimiento contractual y daños y perjuicios en contra de NOGAMA 
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Construction Corp., el Consejo de Titulares del Edificio Torre Médica II (en 

adelante, Consejo de Titulares) y la Junta de Directores del Condominio 

(en adelante, la Junta de Directores).1 En esencia, alegó que en el 2017 

pactó con NOGAMA un Contrato de Arrendamiento sobre una oficina 

situada en el edificio Torre Médica. Indicó que posteriormente acordó con 

la aludida corporación un proyecto de construcción para establecer una 

farmacia en la oficina arrendada. Sin embargo, aseveró que en múltiples 

ocasiones la administración y la Junta de Directores obstaculizaron el 

proyecto. En vista de lo anterior, reclamó una cuantía no menor de 

$5,000,000.00 en concepto de daños y la imposición de honorarios. De 

manera oportuna, los codemandados presentaron sus respectivas 

contestaciones a la Demanda. 

Luego de una serie de trámites procesales, el 28 de abril de 2022, 

el TPI celebró una vista para atender el estado del procedimiento del caso. 

Ese día, decretó que las partes iniciaran el descubrimiento de prueba 

dentro de los próximos diez (10) días. 2 Además, dispuso que 

concluyera dicho proceso el 12 de septiembre de 2022. (Énfasis 

nuestro). Así las cosas, el 6 de mayo de 2022, NOGAMA sometió una 

Moción al Expediente Judicial en la cual notificó que cursó al apelante un 

Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de 

Documentos a la demandante con el fin de recibir su contestación dentro 

del término de treinta (30) días. De igual modo, el 12 de mayo de 2022, el 

Consejo de Titulares presentó una Moción al Expediente Judicial a los fines 

de notificar que remitió al apelante un Primer Pliego de Interrogatorios, 

Producción de Documentos y Requerimiento de Admisiones.

3

En respuesta, el 1 de septiembre de 2022, UDAI presentó una 

Moción Informativa por conducto de su representante legal. 4 En dicho 

1 Apéndice de Apelante, págs. 7-19. El 8 de febrero de 2022, el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial, notificada el 9 de febrero de 2022. En ese dictamen, desestimó la causa 

de acción instada en contra de la Junta de Directores por no poseer personalidad jurídica 

para responder como parte en la reclamación judicial. Véase, también, Apéndice de 

Apelante, págs. 69-71.

2 Apéndice de Apelante, págs. 86-87. El TPI emitió dicha Orden mediante un documento 

intitulado Minuta emitida el 28 abril de 2022.

3 Apéndice de Apelante, págs. 88-89. 

4 Apéndice de Apelante, págs. 90-91.
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escrito, el abogado notificó que había enfrentado problemas de salud.

Indicó que se comunicó con los codemandados para solicitarles quince (15) 

días adicionales con el propósito de brindar su contestación al 

descubrimiento de prueba. Informó, a su vez, que el representante 

corporativo de UDAI, el señor Ashwani Sheoran, residía en Estados 

Unidos, por lo que, había presentado la correspondiente fianza para 

comparecer como demandante. En vista de lo anterior, solicitó al tribunal 

una nueva fecha para extender el descubrimiento de prueba. Evaluada su 

petición, el 3 de octubre de 2022, el foro primario emitió una Orden, 

notificada el 4 de octubre de 2022 extendiendo el término de 

descubrimiento de prueba hasta el 30 de noviembre de 2022.

5

Eventualmente, el 13 de diciembre de 2022, el TPI celebró una vista 

para atender el estado de los procedimientos. Ese día, el representante 

legal de la parte demandante indicó que los interrogatorios requeridos 

estaban contestados, sin embargo, faltaba completar sus respectivas 

declaraciones juradas. Acorde con lo informado, el tribunal dispuso lo 

siguiente:

Se concede término perentorio a la parte demandante de 

20 días para cumplir con las contestaciones a los 

interrogatorios y sean cursados a las partes bajo 

advertencias de sanciones de conformidad a la Regla 

39.2(a) so pena de la desestimación. 

Abogados acuerdan y el Tribunal ordena se reserve los días 

20, 21 y 22 de febrero de 2023 y 12 y 13 de abril de 2023 para 

la toma de deposición del Sr. Ashwani Sheroan y cualquier 

otro testigo que entiendan.

El descubrimiento de prueba queda culminado el 30 de 

junio de 2023. A partir de esta fecha según dispone la 

regla, 30 días para presentar mociones dispositivas y 20 

días posteriores para presentar cualquier oposición. 

Se señala la Conferencia con Antelación a Juicio para el 16 

agosto de 2023 a las 9:00 a.m. (Énfasis nuestro).6

Así ordenado, el 9 de enero de 2023, NOGAMA sometió una Moción 

de Desestimación Conforme a la Regla 39.2(a) de Nuestras Reglas de 

5 Apéndice de Apelante, pág. 97.

6 Apéndice de Apelante, pág. 98. El TPI emitió la citada Orden mediante una Minuta 

emitida el 27 de diciembre de 2022 y notificada el 19 de diciembre de 2022.
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Procedimiento Civil.

7 Posteriormente, el Consejo de Titulares presentó su 

Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 39.2(a) de Procedimiento 

Civil Vigentes e Incumplimiento de Orden Perentoria Emitida por este 

Tribunal el 13 de diciembre de 2022.

8

 En estas peticiones, los 

codemandados señalaron que el término perentorio de veinte (20) días 

para completar el descubrimiento de prueba había transcurrido sin estos 

recibir las contestaciones requeridas al demandante. Por tanto, solicitaron 

la desestimación con perjuicio de la causa de acción instada en su contra. 

Tras evaluar los argumentos esbozados, el 26 de enero de 2023, el TPI 

dictaminó una Orden con el siguiente pronunciamiento:

Se imponen $100.00 de sanción al Lcdo. Edgardo Zapata 

Torres por incumplir con la orden emitida en la vista de 

13 de diciembre de 2022 para que cursara contestación a 

interrogatorios a la parte demandada. Esto de 

conformidad con la Regla 39.2 (a) de las de 

Procedimiento Civil. Cumpla con lo ordenado en 30 días, 

sujeto a desestimación de la demanda. Notifíquese esta 

Orden a UDAI HEALTHCARE LIMITED LIABILITY 

COMPANY, según lo requiere la regla antes citada como 

preámbulo de desestimación. (Énfasis nuestro). 9

A su vez, emitió una Orden adicional notificando a la parte demandante y 

a su representante legal que un posterior incumplimiento conllevaría la 

desestimación de su demanda. (Énfasis nuestro).10

El 20 de febrero de 2023, UDAI sometió una Moción Informativa y 

en Cumplimiento de Orden por conducto de su representante legal.11 En 

dicho escrito, indicó que el 21 de febrero de 2023 depositaría la cuantía 

correspondiente a la sanción impuesta por el tribunal. Además, informó que 

(1) el representante corporativo de UDAI procede de la India, (2) reside en 

estado de Pensilvania de Estados Unidos, y (3) suele comunicarse en el 

idioma inglés. Añadió que éste había viajado al estado de Carolina del 

Norte para atender una situación de salud de un familiar. Aseveró, que 

llegaría a Puerto Rico el 22 de febrero de 2023, por lo que, el proceso de 

deposiciones iniciaría ese mismo día y concluiría el 24 de febrero de 2023. 

7 Apéndice de Apelante, págs. 99-100.

8 Apéndice de Apelante, págs. 101-104.

9 Apéndice de Apelante, pág. 105. 

10 Apéndice de Apelante, pág. 106.

11 Apéndice de Apelante, págs. 107-108. 
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El 21 de febrero de 20223, el Consejo de Titulares presentó una 

Moción de Réplica a Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden.

12 Al 

día siguiente, NOGAMA radicó un documento intitulado Moción 

Uniéndonos a Réplica Presentada por Consejo de Titulares del Condominio 

Torre Médica II, Dr. Pedro Blanco Lugo.

13

 En dichos escritos, nuevamente 

solicitaron la desestimación por el incumplimiento del apelante con las 

órdenes dictaminadas por el tribunal. En respuesta a dichas solicitudes, el 

27 de febrero de 2023, UDAI presentó un escrito intitulado Moción al 

Expediente informando que cursó a los demandados su contestación en 

torno al Primer Pliego de Interrogatorio, Producción de Documentos y 

Admisiones. 

14

El 3 de marzo de 2023, NOGAMA radicó una Moción Solicitando 

Orden y Sanciones a la cual se le unió posteriormente el Consejo de 

Titulares. 15 En ambos escritos, los codemandados notificaron que el 

demandante entregó los documentos solicitados sin la firma ni la 

juramentación requerida en contravención de la Regla 30.1 de 

Procedimiento Civil. Por consiguiente, peticionaron la imposición de 

una sanción por la conducta dilatoria del apelante, así como la 

desestimación de su demanda. Tras examinar las mociones aludidas, 

el 20 de marzo de 2023, el foro primario emitió una Resolución, 

notificada el 21 de marzo de 2023.16 En esta determinación, dispuso lo 

siguiente: 

En este caso la representación legal del demandante ha 

incurrido en un patrón de incumplimientos en el 

descubrimiento de prueba. El interrogatorio cursado y 

la producción de documentos no se han contestado 

adecuadamente, aún cuando fueron remitidos el 6 y 12 

de mayo de 2022, respectivamente. Fue necesaria una 

orden del tribunal al amparo de la Regla 39.2 (a) de las 

de Procedimiento Civil, bajo el apercibimiento de la 

desestimación en caso de nuevo incumplimiento. Dicha 

orden emitida el 26 de enero de 2023, tampoco fue 

cumplida adecuadamente. Ordinariamente procedería 

una desestimación en este caso habiendo sido 

notificado a la dirección de la parte demandante que 

12 Apéndice de Apelante, págs. 109-111.

13 Apéndice de Apelante, págs. 112-113.

14 Apéndice de Apelante, pág. 116.

15 Apéndice de Apelante, págs. 117-123 y 124-154.

16 Apéndice de Apelante, págs. 158-161.
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obraba en récord. Sin embargo, al límite del último 

término concedido, la representación legal del 

demandante informó que la orden de la sanción no fue 

recibida por la parte demandante pues ésta había 

cambiado de dirección sin haberse notificado de ello al 

tribunal previamente.

La acción de la representación legal del demandante 

constituye una acción dilatoria de los procedimientos. 

La Regla 44.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le 

permite al tribunal “imponer costas interlocutorias a las 

partes y sanciones económicas, en todo caso y en 

cualquier etapa, a una parte o a su representante legal 

por conducta constitutiva de demora, inacción, 

abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio 

de la eficiente administración de la justicia”. 

Por los fundamentos que anteceden se imponen a la 

representación legal de la parte demandante $500.00 de 

sanción económica de conformidad a la Regla 44.2 de 

las de Procedimiento Civil. (Énfasis nuestro).17

El tribunal, también, emitió una Orden notificando a UDAI respecto a la 

sanción impuesta de conformidad a las exigencias de la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil.18

Sin recibir aún la documentación completada de los interrogatorios, 

el 24 de abril de 2023, el Consejo de Titulares radicó una Moción en Torno 

a Alegado Cumplimiento y Reiterando Solicitud de Desestimación a la cual 

se unió posteriormente NOGAMA. 19 En síntesis, los codemandados 

alegaron que el demandante no había acatado las órdenes del foro 

primario. De nuevo indicaron que éste debió contestar los 

interrogatorios enviados de acuerdo con las formalidades exigidas en 

las Reglas 30.1 y 33 de Procedimiento Civil. (Énfasis nuestro). Ante 

tales alegaciones, el 30 de abril de 2023, UDAI presentó una Réplica a 

Moción de Desestimación de Torre Médica y NOGAMA.

20 En ésta, señaló 

que remitió a los codemandados la contestación al Primer Pliego de 

Interrogatorio, Producción de Documentos y Admisiones. Sin embargo, 

advirtió que un notario en Estados Unidos certificó las declaraciones 

juradas, pero no colocó las apostillas. A pesar de tal deficiencia, adujo que 

cumplió con la correspondiente entrega el 10 de abril de 2023. 

17 Apéndice de Apelante, págs. 160-161.

18 Apéndice de Apelante, pág. 155.

19 Apéndice de Apelante, págs. 166-169 y 170-171.

20 Apéndice de Apelante, págs. 172-174. 
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Posteriormente, el 9 de mayo de 2023, presentó una Moción Informativa 

acompañada de unas declaraciones juradas producidas en el estado de 

Delaware.21 En particular, expuso que compareció ante otro notario, quien 

completó finalmente la certificación de las declaraciones juradas. En vista 

de lo anterior, solicitó la calendarización para la celebración de las 

deposiciones. Evaluados los argumentos aludidos, el 31 de mayo de 

2023, el foro primario emitió una Orden, notificada el 9 de mayo de 

2023, declarando No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por los demandados. 22 No obstante, dispuso que el 

apelante aclarara su respuesta relacionada con el descubrimiento de 

prueba del Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro). 

En cumplimiento con la referida orden, el 19 de junio de 2023, UDAI 

presentó una Moción Informativa reiterando que compareció ante un 

notario público del estado de Delaware con el objetivo de certificar las 

declaraciones juradas.

23 Explicó que en la moción presentada el 9 de mayo 

de 2023 incluyó las declaraciones juradas remitidas a los codemandados,

y certificó separadamente las respuestas al interrogatorio del Consejo de 

Titulares. Por último, solicitó nuevamente la calendarización de las 

deposiciones. Luego de examinar su solicitud el 5 julio de 2023, el TPI 

dictaminó una Orden, notificada al día siguiente, extendiendo el 

descubrimiento de prueba por noventa (90) días para llevar a cabo las 

deposiciones restantes. (Énfasis nuestro).24

Inconforme nuevamente con las deficiencias de los documentos 

cursados, el 13 de julio de 2023, el Consejo de Titulares presentó una 

Réplica a Moción Informativa y Reiterada Solicitud de Desestimación.

25 En 

su escrito, reiteró que UDAI sometió una moción el 19 de junio de 2023, sin 

embargo, los interrogatorios recibidos no contenían la declaración jurada 

conformidad a las exigencias procesales. Por lo anterior, solicitó la 

21 Apéndice de Apelante, págs. 178-186.

22 Apéndice de Apelante, pág. 187. 

23 Apéndice de Apelante, págs. 188-190. 

24 Apéndice de Apelante, págs. 191. 

25 Apéndice de Apelante, págs. 192-197. 
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desestimación de la demanda por falta de diligencia en el trámite de 

descubrimiento de prueba. En contestación a tales alegaciones, UDAI 

presentó una Moción Informativa enfatizando que las declaraciones juradas 

fueron certificadas por un notario de Delaware.26 Adicionalmente, solicitó la 

calendarización de la toma de deposiciones. Evaluados los argumentos, 

el 10 de agosto de 2023, el TPI emitió una Sentencia Parcial

declarando Con Lugar la moción de desestimación sometida por el 

Consejo de Titulares por no presentar sus declaraciones juradas de 

conformidad a las Reglas 30.1 y 33 de Procedimiento Civil. (Énfasis 

nuestro). 27 Así dictaminado, el curso de acción legal continuó contra 

NOGAMA. 

El 16 de agosto de 2023, el foro primario celebró una Conferencia 

sobre el Estado de los Procedimientos.28 Durante ese día, el representante 

legal del demandante informó que le restaba entregar a la parte 

demandada el informe pericial. En lo concerniente a dicho proceso, el TPI 

emitió la siguiente orden:

Además, se concede al licenciado Zapata 45 días para 

rendir informe pericial.

Una vez rendido el informe, el licenciado Rodríguez 

tendrá 20 días para evaluar el mismo e igual término de 

45 días para rendir informe pericial de contratar prueba 

pericial. 

Con relación a la toma de deposición de los dos funcionarios 

de Consejo de Titulares, el licenciado Zapata tendrá que 

tramitar las citaciones conforme la Regla 40 de PC. 

Se extiende el descubrimiento de prueba hasta el 26 de 

enero de 2024 para culminar el descubrimiento de 

prueba. 

Partes acuerdan la toma de deposición al representante 

de UDAI Healthcare para el 1 de noviembre de 2024 a las 

10:00 a.m. en la oficina del licenciado Rodríguez. 

26 Apéndice de Apelante, págs. 198-237. 

27 Apéndice de Apelante, págs. 241-248. Tras la determinación desestimatoria, el apelante 

presentó una moción de reconsideración a los fines de reinstalar al Consejo de Titulares 

a su pleito. Sin embargo, el TPI dictaminó No Ha Lugar a dicha petición. Dispuso que 

concedió amplia oportunidad al demandante para cumplir con las órdenes emitidas de 

conformidad a las Reglas de Procedimiento Civil. Puntualizó que, a pesar de que en la 

solitud de reconsideración éste presenta una declaración jurada, dicho documento fue 

cursado únicamente a NOGAMA. Véase, también, Apéndice de Apelante, pág. 281.

28 Apéndice de Apelante, págs. 249-250.
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Con relación a los 2 funcionarios que interesa tomar el 

licenciado Zapata, al momento tendrá que tramitarlo bajo 

la Regla 40.

Se señala Conferencia con Antelación a Juicio para el 13 de 

marzo de 2024 a las 9:00 a.m. sujeto a la presentación de 

mociones dispositivas. (Énfasis nuestro).29

A los fines de cumplir con la precitada orden, el 28 de septiembre de 

2023, UDAI presentó una Moción Urgente Sobre Condición Médica del 

Perito de la Parte Demandante.

30 Expuso que el perito confrontaba una 

situación de salud que le impedía rendir el informe pericial. Por tanto, 

peticionó que el tribunal le concediera treinta (30) días adicionales o que 

extendiera el término hasta que el médico del perito autorizara su alta. 

Atendida su solicitud, el 29 de octubre de 2023, el TPI emitió la 

siguiente Orden:

Se concede hasta el 31 de octubre de 2023. De continuar 

indispuesto por razones de salud, se concederá un

término de 20 días perentorios para anunciar a nuevo 

perito. (Énfasis nuestro).31

Luego, el 27 de octubre de 2023, el apelante radicó una Moción Urgente 

sobre Actualización Condición Médica del Perito de la Parte Demandante.

32

Informó que el perito se encontraba recibiendo atención médica. Por tanto, 

solicitó veinte (20) días adicionales para entregar el informe pericial. En 

respuesta, el 31 de octubre de 2023, NOGAMA presentó su Oposición 

Moción Urgente sobre Actualización Condición Médica del Perito de la 

Parte Demandante.

33 Adujo que el demandante no había presentado 

evidencia sobre la alegada condición de salud del perito. Añadió que éste 

ha dilatado el descubrimiento de prueba de forma irrazonable, y solicitó la 

imposición de una severa sanción económica. 

El 20 de noviembre de 2023, la parte demandante sometió una 

Moción Urgente sobre Actualización Informe de Perito de la Parte 

Demandante.

34 En este escrito, informó que el perito se encontraba 

29 Apéndice de Apelante, págs. 249-250. El foro primario emitió dicha Orden a través de 

una Minuta correspondiente a la vista celebrada el 16 de agosto de 2023. 

30 Apéndice de Apelante, págs. 283-284.

31 Apéndice de Apelante, pág. 285. 

32 Apéndice de Apelante, págs. 286-287. 

33 Apéndice de Apelante, págs. 288-289. 

34 Apéndice de Apelante, págs. 290-291. 
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finalizando el informe. De nuevo, peticionó dos (2) días adicionales para su 

entrega. Finalmente, el 27 de noviembre de 2023, notificó que el perito

había concluido el informe, y que enviaría éste a la parte demandada.35

Examinado el patrón de constantes incumplimientos, el 28 de 

noviembre de 2023, el TPI dictó Sentencia desestimando con perjuicio la 

demanda instada en contra de NOGAMA.36 Al respecto, emitió el siguiente 

pronunciamiento: 

En este caso este Tribunal ha sido muy condescendiente 

con la parte demandante al conceder múltiples términos 

adicionales. También se le ha apercibido al abogado de 

la parte demandante y a la parte demandante que del 

continuo incumplimiento con los términos y las órdenes 

podría conllevar la desestimación de la Demanda. 

También en dos ocasiones este Tribunal se ha visto 

obligado a imponerle sanciones directamente al abogado 

de la parte demandante por el incumplimiento con los 

términos y las órdenes. Por último, estos pasos han sido 

notificados directamente a la parte demandante, por lo 

cual ésta tiene conocimiento real o constructivo de todo 

lo acontecido. 

Ante este cuadro de incumplimiento de la parte 

demandante con los términos impuestos y las órdenes 

de este Tribunal, este Honorable Tribunal dicta Sentencia 

desestimando la Demanda Enmendada, con perjuicio, en 

cuanto a Nogama Construction Corp. (Énfasis nuestro).37

En desacuerdo con el referido dictamen, el demandante presentó 

una Moción de Reconsideración. En dicha solicitud, se limitó a argumentar 

que envió el informe pericial a la parte demandada. Evaluado su 

planteamiento, el tribunal recurrido declaró No Ha Lugar a la petición 

presentada. 

Inconforme con la determinación, acudió ante nos mediante un 

escrito apelativo intitulado Solicitud de Auto de Revisión. En su recurso, 

plantea el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA AL AMPARO

DE LA REGLA 39.2 (A) DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 

CONSTITUYENDO LA MISMA LA MÁS DRÁSTICA 

SANCIÓN, LA QUE NO SE JUSTIFICA BAJO LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO Y EL 

DERECHO APLICABLE.

35 Apéndice de Apelante, págs. 292-293.

36 Apéndice de Apelante, págs. 297-301.

37 Apéndice de Apelante, págs. 300-301.
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El 22 de enero de 2024, esta Curia emitió Resolución ordenando a 

a la parte apelada a expresarse en torno al recurso presentado. 

Eventualmente, el 7 de febrero de 2024, NOGAMA compareció ante nos 

solicitando una extensión de término para presentar su posición. El 21 de 

febrero de 2024 presentó Alegato de la parte apelada por lo que el recurso 

se dio por sometido.

II.

A. Moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen en 

sus méritos. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001); 

Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). Ahora 

bien, una parte no tiene derecho a prolongar la vida de su caso “sin más 

excusa para su falta de diligencia e interés en la tramitación del mismo que 

una escueta referencia a circunstancias especiales”. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 816 (1986). En tales escenarios, los tribunales 

ostentan la facultad “para imponer una serie de sanciones contra aquella 

parte que incumpla una orden del tribunal”. Mitsubishi Motor Sales of 

Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc., 2023 TSPR 110.

En contextos ocasionados por falta de diligencia los tribunales 

“tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de Procedimiento Civil, 

de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte; 

ese proceder, sin embargo, se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente”. (Énfasis nuestro). Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). A esos fines, la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 39.2(a) preceptúa la siguiente 

normativa:

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 

iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada 

podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier 

reclamación contra ésta o la eliminación de las 

alegaciones, según corresponda. Cuando se trate de un 

primer incumplimiento, la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, 
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en primer término, haya apercibido al abogado o abogada 

de la parte de la situación y se le haya concedido la 

oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de 

la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal 

procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de 

la parte y se notificará directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 

pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 

concederá a la parte un término de tiempo razonable para 

corregir la situación que en ningún caso será menor de 

treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 

justifiquen que se reduzca el término. (Énfasis nuestro).

Este mecanismo procesal procura que una parte responda con 

prontitud con el fin de alcanzar la solución justa, rápida y económica de los 

casos y que las controversias se puedan atender en los méritos. Mitsubishi 

Motor Sales of Caribbean, Inc. v. Lunor, Inc. 2023 TSPR 110. Véase, 

también, Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 896 (1998). No 

obstante, la precitada regla fija un proceso de notificaciones y 

apercibimientos previo a la desestimación del caso. Una vez se plantea 

ante el tribunal una situación que amerite la imposición de sanciones, este 

debe amonestar primeramente al abogado de la parte. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 297 (2012). Si la acción disciplinaria no produce 

efectos positivos, entonces procede la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones, siempre y cuando la parte haya sido 

debidamente informada y apercibida de las consecuencias que 

acarrea el incumplimiento. Mejías v. Carrasquillo, supra; Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, supra, págs. 222-223. (Énfasis nuestro). Un tribunal no 

podrá imponer sanciones drásticas cuando “la parte que ejercita su 

derecho en corte no está informada de los trámites rutinarios”. Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., supra, pág. 814; Ramírez de Arellano v. Srio. de 

Hacienda, 85 DPR 823, 830 (1962). (Énfasis nuestro).

Es menester destacar que, la desestimación de una reclamación ha 

sido caracterizada como “la sanción máxima, la pena de muerte procesal, 

contra una parte”. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., 207 DPR 253, 264 (2021) 

(citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 
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procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 250.). La 

norma jurisprudencial “reconoce que sanciones como la desestimación de 

un pleito o la eliminación de las alegaciones son medidas drásticas que 

chocan con nuestra política pública a favor de que los casos se ventilen en 

sus méritos”. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 205 D.P.R. 

689 (2020). Por tanto, “la privación a un litigante de su día en corte es una 

medida procedente solo en casos extremos”. Costas Elena v. Magic Sport 

Culinary Corp., 2024 TSPR 13; Rosario v. Nationwide Mut., 158 DPR 775, 

780 (2003).

Al evaluar si procede imponer la sanción severa de la desestimación, 

los tribunales deben emplear un balance entre los intereses en pugna que 

incluyen, por un lado, la mencionada política judicial de atender los casos 

en sus méritos y, por el otro, procurar la rápida dilucidación de las 

controversias. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc., supra, pág. 264. Por tanto, la 

vía desestimatoria debe ser el último recurso, después que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar 

justicia, y en todo caso, no deber imponerse sin un previo 

apercibimiento. (Énfasis nuestro). HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 

Turabo, Inc., supra, págs. 700-701; Ramírez de Arellano v. Srio. de 

Hacienda, 85 DPR 823, 830 (1962).

III.

En el presente caso, UDAI señala que incidió el foro primario al 

desestimar con perjuicio su demanda instada contra NOGAMA. En 

particular, contiende que el tribunal recurrido abusó de su discreción al 

decretar la desestimación de su reclamación. Sostiene que no procedía la

drástica sanción, pues existían causas justificadas para la extensión del 

término del descubrimiento de prueba. Por tanto, argumenta que no medió

desinterés ni inacción en la tramitación de su causa de acción. Arguye el 

dictamen desestimatorio le priva de su derecho a tener un día en la corte. 

Tras revisar sosegadamente el tracto procesal del caso, resulta 

forzoso concluir que el foro primario actuó correctamente al desestimar la 
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demanda presentada en contra de NOGAMA. Durante el trámite del caso, 

la parte demandante incumplió en reiteradas ocasiones con las órdenes 

emitidas por el tribunal. Su inacción y falta de diligencia en la 

tramitación del descubrimiento de prueba provocó que el tribunal 

recurrido desestimara su reclamación conforme al proceso 

dispuestos en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. (Énfasis 

nuestro). Veamos. 

Inicialmente, el foro primario dispuso que las partes concluyeran el 

descubrimiento de prueba el 12 de octubre de 2022. Sin embargo, el 1 de 

septiembre de 2022, UDAI presentó una Moción Informativa notificando

que su representante legal había estado indispuesto de salud. Por tanto,

solicitó la extensión de término para finalizar el descubrimiento de prueba. 

En efecto, el TPI extendió el término de dicho proceso hasta el 30 de 

noviembre de 2022. (Énfasis nuestro).38

A pesar de dicha extensión, el representante legal de UDAI indicó 

en la vista celebrada el 13 de diciembre de 2022 que requería tiempo 

adicional para juramentar ante un notario los interrogatorios remitidos por 

los codemandados. Ese día, el tribunal le concedió al apelante veinte 

(20) días perentorios para concluir el descubrimiento de prueba. Por 

primera ocasión le informó sobre la posibilidad de una futura sanción

económica e incluso desestimación bajo la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil en caso de surgir otro incumplimiento. (Énfasis 

nuestro).39

Pese a la extensión de términos brindada, la parte demandante no 

cumplió con la orden emitida el 13 de septiembre de 2022. A solicitud de 

los demandados, el 26 de enero de 2023, el tribunal impuso una 

primera sanción económica de cien dólares ($100.00) al representante 

legal de UDAI y concedió un término de treinta (30) días para que la 

parte demandante cursara los interrogatorios requeridos. (Énfasis 

38 Apéndice de Apelante, pág. 97.

39 Apéndice de Apelante, pág. 98.
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nuestro). 40 Surge del expediente, que el tribunal notificó dicha sanción 

a la dirección provista por UDAI y le apercibió sobre la posibilidad de 

una desestimación en caso de ocurrir un posterior incumplimiento de 

orden. (Énfasis nuestro). 41

Aun cuando el tribunal impuso dicha sanción, el trámite del caso 

continuó plagado de dilaciones e incumplimientos. El 27 de febrero de 

2023, UDAI informó mediante una Moción al Expediente que cursó los 

documentos solicitados a los demandados.42 No obstante, el 3 de marzo 

de 2023, NOGAMA y el Consejo de Titulares presentaron una Moción 

Solicitando Orden y Sanciones indicando que no sometió los interrogatorios 

a tenor con la Regla 30.1 de Procedimiento Civil. En respuesta a dicha 

solicitud, el TPI impuso al representante legal del apelante una 

segunda sanción económica de quinientos dólares ($500.00) de 

conformidad a la Regla 39.2 (a) y la Regla 44.2 de Procedimiento Civil. 

(Énfasis nuestro). 43 Del expediente ante nuestra consideración, se 

desprende que el foro primario notificó al correo electrónico del 

representante corporativo de UDAI la determinación de la sanción 

impuesta, y a su vez, le apercibió de una posible desestimación en 

caso de surgir otro incumplimiento.

44 (Énfasis nuestro).

Sin embargo, la corporación apelante prosiguió el curso de acción 

con su acostumbrado patrón de incumplimiento y falta de diligencia. Por 

cierto, su inacción resultó tan severa que, el 10 de agosto de 2023, el 

foro primario dictaminó la desestimación de la demanda en contra del 

Consejo de Titulares, por no haber presentado sus interrogatorios 

acompañados de las declaraciones juradas de conformidad a la Regla 

30.1 de Procedimiento Civil. (Énfasis nuestro).45

40 Apéndice de Apelante, pág. 105.

41 Apéndice de Apelante, pág. 106.

42 Apéndice de Apelante, pág. 116.

43 Apéndice de Apelante, págs. 158-161.

44 Apéndice de Apelante, pág. 155. Surge del expediente, que el foro primario notificó en 

idioma inglés la determinación precitada. Véase, también, Apéndice de Apelante, págs. 

162-163.

45 Apéndice de Apelante, págs. 241-248.
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Así las cosas, el 16 de agosto de 2023, el foro primario celebró 

una vista en la cual ordenó al representante legal de UDAI a rendir el 

informe pericial dentro del término de cuarenta y cinco (45) días.

(Énfasis nuestro). 46 No obstante, el 28 de septiembre de 2023, la parte 

apelante informó que el perito confrontaba una situación de salud. Por 

tanto, solicitó treinta (30) días adicionales para rendir el informe o un 

término hasta que el médico del perito autorizara su alta. Evaluada su 

solicitud, el 29 de octubre de 2023, el tribunal recurrido emitió una 

orden concediendo hasta el 31 de octubre de 2023 para someter el 

aludido informe.

47 También le advirtió que, de continuar la situación 

de salud, debía anunciar un nuevo perito dentro de un término 

perentorio de veinte (20) días.48

A pesar de las múltiples oportunidades brindadas por el tribunal, el 

apelante no presentó el informe pericial dentro del término ordenado.

Acostumbrado a la habitual extensión de términos, el 27 de octubre de 

2023, nuevamente solicitó veinte (20) días para someter el aludido 

documento.49 Luego, el 20 de noviembre de 2023, peticionó dos (2) días 

adicionales para que el perito finalizara el informe. 50 En un término 

contrario al ordenado por el tribunal, entiéndase, el 27 de noviembre 

de 2023, notificó que había concluido el informe pericial y que lo 

remitiría a la parte demanda. (Énfasis nuestro). En ese contexto de 

continuos incumplimientos y dilaciones, el tribunal determinó que 

procedía desestimar la demanda en contra de NOGAMA. (Énfasis 

nuestro).

A la luz del tracto procesal reseñado, determinamos que el foro 

primario no abusó de su discreción. El dictamen apelado es cónsono con 

el procedimiento establecido en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. 

Previo a la desestimación de la demanda, el tribunal (1) impuso en dos 

46 Apéndice de Apelante, pág. 250.

47 Apéndice de Apelante, pág. 285.

48 Apéndice de Apelante, pág. 285.

49 Apéndice de Apelante, págs. 283-284.

50 Apéndice de Apelante, pág. 290.
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ocasiones sanciones económicas al representante legal, (2) notificó 

directamente a la parte demandante al respecto y (3) concedió amplio 

término para cumplir con las órdenes. De hecho, a solicitud de la parte 

apelante, extendió en múltiples ocasiones el término para tramitar el 

descubrimiento de prueba. 

Tras una serie de oportunidades concedidas y apercibimientos 

debidamente notificados a la parte demandante, el tribunal recurrido 

concluyó que procedía desestimar la demanda. Recordemos, pues, que el 

foro primario ostenta de poder discrecional para desestimar una demanda 

cuando una parte incumple reiteradamente con las órdenes del tribunal, 

siempre y cuando ejerza esa facultad de manera juiciosa y apropiada. 

(Énfasis nuestro). Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra, pág. 498.

Ciertamente, el tribunal de instancia actuó conforme al debido 

proceso de ley al conceder amplias oportunidades y apercibimientos tanto 

a la parte apelante, como a su representante legal. Por cierto, en instancias 

en que tenía la discreción para desestimar el caso en contra de NOGAMA, 

optó por conceder términos perentorios e imponer sanciones económicas. 

A pesar de las frecuentes concesiones judiciales, UDAI y su representante 

legal continuaron desplegando una conducta dilatoria, que evidenció su 

desinterés en la tramitación del caso. A raíz de esta situación, el foro 

primario se encontró imposibilitado de atender el caso en sus méritos. No 

halló más remedio que decretar la desestimación de la demanda como 

medida extrema. 

Ante el cuadro de constantes incumplimientos y dilaciones 

injustificadas, no identificamos prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o 

error de derecho que nos motiven a revocar el dictamen judicial. La aludida 

determinación merece nuestra deferencia, pues es cónsona con el trámite 

procesal contenido en Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil. En vista de lo 

anterior, confirmamos la Sentencia apelada.
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IV.

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal