Número Identificador

SEN2024 ______________

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE APELACIONES

PANEL ESPECIAL

JLL PUERTO RICO REALTY & 

CO., S en C

Apelados

v.

INMOBILIARIA SANTURCE, 

INC.; QUINTANA HOLDING, 

CORP.

Apelantes

KLAN202300889

APELACIÓN

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de

Carolina

Civil Núm.:

CA2023CV00676

Sobre:

Cobro de Dinero

Incumplimiento 

de Contrato

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Aldebol Mora y la Jueza Boria Vizcarrondo1.

Boria Vizcarrondo, Jueza Ponente.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2024.

Comparecen Inmobiliaria Santurce, Inc. (Inmobiliaria) y CCVA, 

Inc. (CCVA) (en conjunto, la parte apelante) y nos solicitan revocar una 

Sentencia Parcial emitida el 23 de septiembre de 2023 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI).2 Por virtud del 

aludido dictamen, el TPI desestimó parcialmente la acción contra 

Quintana Holding, Corp. (Quintana) y determinó que Inmobiliaria 

debía pagar una suma de doscientos cuarenta y nueve mil setecientos 

sesenta y nueve dólares con treinta centavos ($249,769.30) a JLL 

Puerto Rico Realty & Co., S en C (JLL).

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos 

en parte la Sentencia Parcial, a los efectos de declarar No Ha Lugar a 

la solicitud de sentencia sumaria de JLL.

1 Mediante la Orden Administrativa OATA-2023-212 de 6 de diciembre de 2023, se 

designó a la Hon. Lersy G. Boria Vizcarrondo como integrante de este Panel Especial

en sustitución del Hon. Nery E. Adames Soto.

2 Apéndice del Recurso de Apelación, Anejo I, págs. 1-19. Archivada y notificada en 

autos el 25 de septiembre de 2023.
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sostienen 

nuestra determinación.

-IEl caso de epígrafe dimanó el 6 de marzo de 2023, fecha en la 

que JLL incoó una Demanda contra Inmobiliaria y Quintana por cobro 

de dinero e incumplimiento de contrato.3 En esta, adujo que el 11 de 

junio de 2020, suscribió un contrato de arrendamiento (Contrato) con 

Inmobiliaria y Quintana, para que JLL actuara como agente exclusivo 

de ambas corporaciones en el arrendamiento de locales en los centros 

comerciales Santa María Shopping Center en Guaynabo; Laguna 

Gardens Shopping Center en Carolina; Villa Fontana Shopping Center 

en Carolina; Plaza Salinas en Salinas; Montesol Shopping Center en 

Fajardo y La Quinta Shopping Center en San Germán. Además, alegó 

que se pactó una comisión de seis por ciento (6%) al obtener un nuevo 

arrendamiento si participaba otro corredor de bienes raíces y cuatro 

por ciento (4%) si no intervenía otro corredor de bienes raíces, y una 

comisión de cinco por ciento (5%) en las renovaciones de 

arrendamientos cuando colaboraba otro corredor de bienes raíces y 

dos punto cinco por ciento (2.5%) al no intervenir otro corredor de 

bienes raíces. Arguyó que brindó servicios bajo el Contrato y emitió las 

correspondientes facturas a Inmobiliaria y Quintana. Esgrimió que, en 

relación con una factura, Inmobiliaria y Quintana realizaron tres (3) 

pagos parciales de treinta y cinco mil dólares ($35,000.00), cuatro mil 

quinientos dólares ($4,500.00) y cuatro mil setecientos cincuenta 

dólares ($4,750.00).4 No obstante, sostuvo que Inmobiliaria y

Quintana adeudaban una suma de ciento cuarenta mil seiscientos 

veintiocho dólares con noventa y nueve centavos ($140,628.99) por 

3 Íd., Anejo II, págs. 20-23.

4 Notamos en dos (2) certificaciones de pagos acompañadas en la Demanda, que el 9 

de diciembre de 2021, CCVA emitió un pago de $35,000.00 a favor de JLL en relación 

con la factura PR003RE000262 y el 21 de diciembre de 2020, CCVA emitió un pago 

de $4,750.00 a favor de JLL, con respecto a la misma factura.
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concepto de servicios facturados a tenor con el Contrato, respondiendo 

a catorce (14) facturas, desglosadas a continuación:

Factura Fecha Cuantía

Lugar de servicios de 

arrendamiento facturados por 

JLL

PR003RE000262 28-jul-2021 $69,064.40 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta, China District LLC 

PR003RE000291 23-sep-2021 $6,906.43 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta, China District LLC

PR003RE000294 11-oct-2021 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000307 3-nov-2021 $27,625.77 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta, China District LLC

PR003RE000309 4-nov-2021 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000320 8-dic-2021 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000326 14-dic-2021 $6,552.00 Champs Sports, Centro Gran 

Caribe Mall en Vega Alta

PR003RE000337 10-ene-2022 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000345 27-ene-2022 $15,238.39 Capri, Centro Gran Caribe Mall

en Vega Alta

PR003RE000349 7-feb-2022 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000367 3-mar-2022 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000379 6-abr-2022 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000388 6-may-2022 $3,120.00 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta

PR003RE000418 15-jul-2022 $34,532.20 Centro Gran Caribe Mall en 

Vega Alta, China District LLC

Igualmente, JLL alegó que el 30 de noviembre de 2022, cursó 

una carta de cobro a Inmobiliaria y Quintana en relación con los 

servicios reclamados en la Demanda. Por otro lado, manifestó que el 1 

de diciembre de 2022, el señor Rafael Pérez Diez, presidente de 

Inmobiliaria, se comunicó con su representante legal para aceptar la 

deuda y solicitar un arreglo de pago. 

JLL aseveró que el 11 de enero de 2023, cursó una carta al señor 

Pérez Diez para proponerle que Inmobiliaria y Quintana firmaran una 

sentencia por consentimiento en la que admitieran la deuda y se 

obligaran a un plan de pago que no excediera de seis (6) meses, a 

cambio de renunciar a los intereses acumulados. En dicho plan de 

pago propuesto, JLL incluyó una suma de tres mil quinientos dólares 

($3,500.00) por concepto de honorarios durante la gestión de cobro, 

así como una suma de ciento cinco mil seiscientos cuarenta dólares 

con treinta y un centavos ($105,640.31) por una comisión relacionada 
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con un arrendamiento del Supermercado Selectos. Expresó que no 

recibió contestación por parte de Inmobiliaria, Quintana, ni del señor 

Pérez Diez. Por ello, reclamó tener una deuda vencida, líquida, exigible 

y no satisfecha por la suma de doscientos cuarenta y nueve mil dólares 

con setecientos sesenta y nueve dólares con treinta centavos 

($249,769.30) por concepto de los servicios reclamados en la 

Demanda, la comisión del arrendamiento del Supermercado Selectos 

y los honorarios durante la gestión de cobro. A su vez, solicitó el pago 

de intereses, costas, gastos y honorarios de abogado por la temeridad

de Inmobiliaria y Quintana.

El 1 de mayo de 2023, Inmobiliaria y Quintana presentaron una 

Contestación a Demanda, en la que aceptaron que el 11 de junio de 

2020, suscribieron el Contrato con JLL y admitieron que pagaron 

treinta y cinco mil dólares ($35,000.00), pero negaron los pagos de 

cuatro mil quinientos ($4,500.00) y cuatro mil setecientos cincuenta 

dólares ($4,750.00).5 Por otro lado, negaron la deuda de ciento 

cuarenta mil seiscientos veintiocho dólares con noventa y nueve 

centavos ($140,628.99) dado a que JLL no proveyó relevo de retención, 

por lo que arguyeron que la cantidad adeudada no era la suma 

reclamada. Estos aceptaron que el señor Pérez Diez reconoció que 

ambas corporaciones adeudaban dinero a JLL, pero que nunca aceptó 

la suma reclamada. 

Así las cosas, el 12 de mayo de 2023, JLL radicó una Moción de 

Sentencia Sumaria.

6 Mediante esta, alegó que al TPI le correspondía 

declarar Ha Lugar la Demanda y condenar a Inmobiliaria y Quintana 

al pago de doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve 

dólares con treinta centavos ($249,769.30), más los intereses legales 

desde la fecha en que la deuda venció, las costas, los gastos y los 

honorarios de abogado por temeridad.

5 Íd., Anejo III, págs. 84-90.

6 Íd., Anejo IV, págs. 93-102.
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Eventualmente, el 25 de mayo de 2023, Quintana presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria Desestimatoria y Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria.

7 Mediante esta, subrayó que los servicios 

reclamados en la Demanda responden a comisiones de 

arrendamientos de locales en centros comerciales de corporaciones 

que no son parte del Contrato, que son parte indispensable y no se 

acumularon, siendo una CCVA. Asimismo, planteó que no suscribió el 

Contrato, no aprobó una Resolución Corporativa ni autorizó a persona 

alguna a esos efectos. Para demostrar que sus oficiales o agentes 

autorizados no otorgaron el Contrato, acompañó el Informe Anual de 

los años 2021 y 2022. Alegó que el señor Pérez Diez es oficial de 

Inmobiliaria, pero no está autorizado a representar a Quintana, por lo 

que el Contrato carece de validez con respecto a Quintana.

Por su parte, el 5 de junio de 2023, Inmobiliaria presentó su 

respectiva Moción de Sentencia Sumaria Desestimatoria y Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria.

8 En esta, solicitó la desestimación de la 

Demanda en su contra. Concretizó no ser titular, dueña, propietaria 

ni poseedora de derechos sobre el Centro Gran Caribe Mall de Vega 

Alta, donde JLL facturó los servicios reclamados en la Demanda. Por 

otro lado, adujo que estaba en controversia si el Contrato obligaba a 

Inmobiliaria a pagar por las comisiones de los arrendamientos en el 

Centro Gran Caribe Mall de Vega Alta, aun no siendo una de las 

propiedades incluidas en el Contrato. 

Tras varios trámites procesales, el 14 de julio de 2023, JLL 

sometió una Demanda Enmendada a los fines de incorporar a CCVA 

como parte demandada, conjunto con Inmobiliaria y Quintana.9 En 

esta ocasión, añadió como alegación que el 10 de marzo de 2020, 

CCVA y JLL suscribieron un Leasing Agreement (Acuerdo), mediante 

7 Íd., Anejo V, págs. 104-108.

8 Íd., Anejo VI, págs. 122-129.

9 Íd., Anejo VII, págs. 133-136.
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el cual CCVA contrató a JLL como su agente exclusivo para la renta o 

venta del Centro Gran Caribe Mall en Vega Alta o cualquier espacio de 

su propiedad. Puntualizó que CCVA es la propietaria del Centro Gran 

Caribe Mall en Vega Alta. Además, enmendó que CCVA emitió tres (3) 

pagos parciales por las sumas de treinta y cinco mil dólares 

($35,000.00), cuatro mil quinientos dólares ($4,500.00) y cuatro mil 

setecientos cincuenta dólares ($4,750.00), con relación a la factura 

PR003RE000262. De las alegaciones de la Demanda Enmendada, 

emanó que la factura de ciento cinco mil seiscientos cuarenta dólares 

con treinta y un centavo ($105,640.31) responde a un arrendamiento 

del Supermercado Selectos ubicado en el Centro Gran Caribe Mall. No 

obstante, esgrimió que tanto CCVA, Inmobiliaria y/o Quintana 

responden por la suma de doscientos cuarenta y nueve mil setecientos 

sesenta y nueve dólares con treinta centavos ($249,769.30) por los 

servicios facturados bajo el Acuerdo suscrito entre CCVA y JLL, la 

factura del arrendamiento del Supermercados Selectos ubicado en 

Centro Gran Caribe Mall y los honorarios de abogado por la gestión de 

cobro.

Subsiguientemente, el 18 de agosto de 2023, CCVA presentó 

una Contestación a Demanda Enmendada, en la que aceptó ser la 

dueña y titular del Centro Gran Caribe Mall en Vega Alta.10

El 21 de agosto de 2023, Quintana reiteró su Moción de 

Sentencia Sumaria Desestimatoria y Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria.

11 Mediante esta, reclamó la desestimación de la Demanda 

Enmendada en su contra, dado que CCVA es la corporación 

propietaria del centro comercial donde JLL realizó los servicios 

reclamados.

En oposición a la desestimación solicitada por Quintana, el 22 

de septiembre de 2023, JLL arguyó que, a pesar de que el Acuerdo 

10 Íd., Anejo IX, págs. 143-147.

11 Íd., Anejo X, págs. 153-157.
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relacionado al Centro Gran Caribe Mall es un contrato separado al 

suscrito por Quintana, las facturas correspondientes a los servicios de 

arrendamientos de los locales del Centro Gran Caribe Mall fueron 

enviadas tanto a Quintana como a Inmobiliaria y que en respuesta, las 

corporaciones emitieron tres (3) pagos.12 Por ello, distinguió que las 

tres (3) corporaciones: CCVA, Quintana e Inmobiliaria, evadieron el 

pago por los servicios facturados por JLL. 

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2023, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial en la que estableció que no existía controversia en 

los hechos establecidos en la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

el 12 de mayo de 2023 por JLL.13 No obstante, el Foro Primario declaró 

nulo el Contrato suscrito el 11 de junio de 2020 entre Quintana y JLL, 

dado que los oficiales de Quintana no lo consintieron ni lo otorgaron. 

En su consecuencia, el TPI desestimó la Demanda en cuanto a 

Quintana. Sin embargo, el Foro a quo declaró Con Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por JLL, condenando a Inmobiliaria 

al pago de doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve 

dólares con treinta centavos ($249,769.30). 

En desacuerdo, Inmobiliaria y CCVA acudieron a esta Curia por 

virtud del presente recurso y le señalaron al TPI el siguiente error:

ERR[Ó] MANIFIESTAMENTE EL TPI AL DECLARAR 

CON LUGAR LA DEMANDA ENMENDADA 

SUMARIAMENTE BAJO LA PREMISA EQUIVOCADA 

DE QUE EXIST[Í]A UN CONTRATO V[Á]LIDO Y AL 

RESOLVER QUE NO EXISTÍAN HECHOS ESENCIALES 

EN CONTROVERSIA QUE IMPIDIERA DICTAR 

SENTENCIA SUMARIA AL AMPARO DE LA REGLA 36 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA JURISPRUDENCIA 

INTERPRETATIVA DE LA MISMA. LA SENTENCIA 

APELADA INTERPRETA ERR[Ó]NEAMENTE LA FALTA 

DE CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS 

ALEGADOS EN LA DEMANDA, QUE SON NULOS Y NO 

GENERAN OBLIGACIÓN ALGUNA, AS[Í] COMO SE 

DESPRENDE UNA CONTROVERSIA REAL EN CUANTO 

A LA CUANT[Í]A RECLAMADA.

12 Íd., Anejo XI, págs. 158-166.

13 Íd., Anejo I, págs. 1-19. Archivada y notificada en autos el 25 de septiembre de 

2023.
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En esencia, la parte apelante reclamó que los propios 

documentos de apoyo a la solicitud de sentencia sumaria de JLL 

establecen una controversia en cuanto a la cuantía reclamada. Dicha 

parte esgrimió que los contratos alegados en la Demanda son nulos 

por falta de consentimiento, en ausencia de una Resolución 

Corporativa para suscribir dichos contratos.14 Asimismo, adujo que 

los propios documentos presentados por JLL establecen una 

controversia sobre la cuantía reclamada por el arrendamiento del 

Supermercado Selectos. Por otro lado, alegó que las juntas directoras 

de ambas corporaciones nunca autorizaron al señor Pérez Diez como 

su representante para otorgar el Contrato y el Acuerdo. Además, 

discutió que JLL no dirigió las facturas reclamadas a CCVA, 

corporación propietaria del Centro Gran Caribe Mall. A su vez, subrayó

que la solicitud de desestimación de JLL se presentó previo a acumular 

a CCVA como parte indispensable. Por ello, solicitó revocar la 

determinación del TPI, desestimar la Demanda por nulidad por falta 

de consentimiento o devolver el caso al TPI para que se permita 

descubrir prueba en cuanto a los hechos medulares en controversia.

El 6 de noviembre de 2023, JLL presentó una Oposición a 

Recurso de Apelación, arguyendo que no existían controversias de 

hechos que impidieran la determinación del TPI. Por cuanto, aseveró 

que este Tribunal debe confirmar la Sentencia Parcial dictada por el 

TPI. Por otra parte, JLL señaló que ante esta Curia fue la primera 

ocasión en la que Inmobiliaria reclamó la invalidez del Contrato.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y en vista del 

error señalado, procedemos a discutir la normativa jurídica aplicable 

a este recurso.

14 Hacemos notar que, en su recurso de apelación, la parte apelante esbozó nuevas

teorías que no fueron presentadas ante el TPI.
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-II-

-AEl mecanismo procesal de sentencia sumaria está regulado por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El propósito de este 

mecanismo es la solución justa, rápida y económica de los litigios 

civiles en los que no existe controversia genuina de hechos materiales 

y se puede prescindir de la celebración de un juicio plenario dado que 

resta aplicar el Derecho. Ferrer et al. v. PRTC, 209 DPR 574, 580-581 

(2022); González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 

(2019); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Roth v. 

Lugo, 87 DPR 380, 392 (1963). Los hechos materiales se definen como 

“aquellos hechos que pueden afectar el resultado de la reclamación 

bajo el derecho sustantivo aplicable”. Ferrer et al. v. PRTC, 209 DPR 

574, supra, en la pág. 581. Además, la controversia sobre los hechos 

materiales debe ser real. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). Es decir:

[U]na controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 

ser, por lo tanto, que la moción de sentencia

sumaria adecuadamente presentada sólo puede negarse 

si la parte que se opone a ella presenta una oposición 

basada en hechos que puedan mover a un juez a resolver 

a su favor. Si el juez se convence de que no existe una 

posibilidad razonable de que escuchar lo que lee no podrá 

conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 

dictar sentencia sumaria. Íd., en las págs. 213-214, 

citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la 

sentencia sumaria, 3 (2) Rev. Forum, 8 (1987).

La parte promovente de la sentencia sumaria debe demostrar 

con claridad su derecho y la inexistencia de una controversia 

sustancial sobre algún hecho material para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o parte del pleito. 

Íd., en la pág. 213. Véase Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, la parte promovente no puede descansar en meras 
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alegaciones, dado que debe presentar evidencia al tribunal que 

acredite la inexistencia de controversia sobre los hechos materiales. 

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 

civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, pág. 315; SLG FernándezBernal v. RAD-MAN, 208 DPR 310, 335-336 (2015); Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015). Dicha prueba debe ser 

admisible en evidencia y puede incluir certificaciones, documentos 

públicos, admisiones de la parte contraria, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, declaraciones juradas, prueba oral, 

entre otros. R. Hernández Colón, op. cit., en la pág. 318.

Por otro lado, la parte promovida debe controvertir la prueba 

presentada por la parte promovente, demostrando los hechos que 

están en controversia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, en la pág. 215; 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). Importante es 

que la parte promovida tampoco puede descansar en meras 

alegaciones de sus escritos judiciales, dado que debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que controviertan 

los hechos presentados por la parte promovente. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra; Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 577 (2000); 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986). 

Pues “viene obligada a contestar de forma detallada y específica 

aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una 

controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio”. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra. Asimismo, “es necesario demostrar 

afirmativamente que se cuenta con evidencia aceptable, admisible y 

suficiente para ser presentada en juicio”. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, en las págs. 577-578. Al momento de oponerse a que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, le impone tres (3) exigencias a la parte promovida, siendo estas:

[...] una relación concisa y organizada, con una referencia 

a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 
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de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;

[...] una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen estos hechos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal;

[...] las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable.

Si la parte promovida no cumple en controvertir los hechos 

materiales que están en disputa y la moción procede como cuestión de 

derecho, el tribunal podrá resolver en su contra. R. Hernández Colón, 

op. cit., en la pág. 320; Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, la falta de oposición no es significativo de que proceda dictar 

sentencia sumaria automáticamente, si el tribunal no tiene ante sí la 

verdad sobre todos los hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra; SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, en la pág. 337; 

Jusino et als. v. Walgreens, supra, en la pág. 578; Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. La existencia de controversia sobre 

hechos materiales debe resolverse a favor de la parte promovida. SLG 

Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, en la pág. 336; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, en la pág. 138. Puesto que, en 

esencia, “[s]iendo la sentencia sumaria un remedio discrecional, el 

principio rector para su utilización es el sabio discernimiento del 

juzgador, ya que, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un 

litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso de 

ley”. Jusino et als. v. Walgreens, supra.

Es norma trillada que los tribunales apelativos nos encontramos 

en la misma posición que el Foro Primario para evaluar la procedencia 

de una sentencia sumaria. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, 

en la pág. 337; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, en la pág. 

115; Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2015); 
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González Santiago v. Baxter Healthcare, supra. Como foro apelativo, 

venimos obligados a examinar de novo el expediente y verificar que las 

partes cumplieron con las exigencias de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra, en la pág. 338; 

Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra. Importante es que en este 

ejercicio, no consideraremos nuevos asuntos que no fueron 

presentados oportunamente ante el tribunal de instancia ni nuevas 

teorías esbozadas por los litigantes. Véase González Meléndez v. Mun. 

San Juan, 2023 TSPR 95, 212 DPR __ (2023); Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 335 (2004); Ortiz Torres v. K&A Developers, Inc., 136 DPR 

192, 202 (1994). El máximo foro judicial delimitó nuestra intervención 

a los siguientes aspectos:

Primero, [...] el Tribunal de Apelaciones se encuentra

en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia

al momento de revisar Solicitudes de Sentencia

Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al

foro primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio

estará limitado en el sentido de que no puede tomar en

consideración evidencia que las partes no presentaron

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que

ello le compete al foro primario luego de celebrado un

juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 

en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.

Segundo, por estar en la misma posición que el foro

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su

Oposición cumplan con los requisitos de forma

codificados en la Regla 36 de Procedimiento

Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF

Montalvo, supra.

Tercero, [...] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en controversia. 

De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de

Procedimiento Civil y debe exponer

concretamente cuáles hechos materiales encontró

que están en controversia y cuáles están

incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.
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Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, en las págs. 118-119.

Por último, de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, procede revisar de novo si se aplicó 

correctamente el Derecho. SLG Fernández-Bernal v. RAD-MAN, supra. 

Por otro lado, “los foros apelativos debemos otorgar gran deferencia a 

las determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba testifical y 

las adjudicaciones de credibilidad que hacen los tribunales de primera 

instancia”. Íd. Sin embargo, nos corresponde intervenir con las 

determinaciones de hecho cuando medie error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad y abuso de discreción. Íd. 

En lo atinente a las controversias sobre incumplimiento de 

contrato, para que la parte demandante prevalezca por la vía sumaria, 

debe presentar prueba incontrovertible sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción, a saber, “existencia de los daños 

alegados, el incumplimiento culposo o doloso de la obligación 

contractual y la relación causal entre el incumplimiento y los daños”. 

Ferrer et al. v. PRTC, supra, en la pág. 581.

-BEn otro extremo, el Código Civil de Puerto Rico establece que 

son fuentes de las obligaciones: la ley, los contratos, los 

cuasicontratos, los actos ilícitos, los actos u omisiones en que 

interviene culpa o negligencia, y cualquier otro acto idóneo para 

producirlas, de conformidad con el ordenamiento jurídico. 31 LPRA 

sec. 8984. En particular, un contrato se define como “el negocio 

jurídico bilateral por el cual dos o más partes expresan su 

consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear, regular, 

modificar o extinguir obligaciones”. Íd., sec. 9751. El Código Civil 

dispone que el perfeccionamiento de un contrato ocurre “desde que las 
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partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo 

en los casos en que se requiere el cumplimiento de una formalidad 

solemne o cuando se pacta una condición suspensiva”. Íd., sec. 9771. 

Así las cosas, las partes tienen la libertad contractual de acordar 

cualquier cláusula, siempre y cuando no sea contraria a la ley, a la 

moral ni al orden público. Íd., sec. 9753. Ahora bien, es menester 

destacar que “[l]o acordado en los contratos tiene fuerza de ley 

entre las partes, ante sus sucesores y ante terceros en la forma 

que dispone la ley”. Íd., sec. 9754 (Énfasis nuestro). Por otro lado, si 

los términos pactados son claros y no dan lugar a dudas sobre la 

intención de las partes, se entenderá conforme con el sentido literal de 

las palabras. Íd., sec. 6342. Los términos de un contrato se consideran 

claros “cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser 

entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias 

ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar para su 

comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles de 

impugnación”. SLG Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, (2009); 

Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 DPR 357, 361 (1959). Es 

decir, si no se trata de un término, no procede que el tribunal dirima 

la intención de las partes al momento de contratar. American Fed. 

Musicians v. COSPR, 211 DPR 491, 507 (2023). Por cuanto, “en 

ausencia de ambigüedad, el cumplimiento con las cláusulas del 

contrato es obligatorio y su contenido es ley entre las partes”. San Luis 

Center Apts. et at. v. Triple-S, 208 DPR 824, 832 (2022); RJ Reynolds 

v. Vega Otero, 197 DPR 699, 708 (2017).

Analizada la controversia de marras dentro del marco doctrinal 

previamente esbozado, nos hallamos en posición de resolver.

-IIIEn el caso de autos, Inmobiliaria y CCVA señalan un error 

cometido por el TPI. Nos plantean que el TPI incidió al dictar la 

Sentencia Parcial al entender que existía un contrato válido y al 
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resolver que no existían hechos en controversia que impidieran dictar 

la sentencia sumaria.

Luego de examinar de novo la solicitud de sentencia sumaria y 

los documentos acompañados, concluimos que erró el TPI al dictar 

sentencia sumaria en contra de Inmobiliaria. La evidencia que 

presentó el propio JLL en la solicitud de sentencia sumaria, demostró 

que existen controversias de hechos materiales y esenciales.

Tras evaluar ponderadamente los documentos que nos ocupan, 

resolvemos que los siguientes hechos quedaron debidamente 

establecidos: 

1) El 11 de junio de 2020, JLL, Inmobiliaria y Quintana 

suscribieron el Contrato mediante el cual acordaron 

que, por un término de doce (12) meses, JLL sería el 

agente exclusivo de Inmobiliaria y Quintana para 

arrendar las propiedades Santa María Shopping 

Center en Guaynabo; Laguna Gardens Shopping 

Center en Carolina; Villa Fontana Shopping Center en 

Carolina; Plaza Salinas en Salinas; Montesol Shopping 

Center en Fajardo; y La Quinta Shopping Center en 

San Germán.

2) A tenor con el Contrato, JLL generaría una comisión de 

seis por ciento (6%) al obtener un nuevo arrendamiento 

sin intervenir otro corredor de bienes raíces y cuatro por 

ciento (4%) si no intercedía otro corredor de bienes 

raíces, y una comisión de cinco por ciento (5%) en las 

renovaciones de arrendamientos cuando colaboraba 

otro corredor de bienes raíces y dos punto cinco por 

ciento (2.5%) al no intervenir otro corredor de bienes 

raíces.

3) JLL reclama que se le adeuda una suma de ciento 

cuarenta mil seiscientos veintiocho dólares con noventa 

y nueve centavos ($140,628.99) por concepto de 

servicios reflejados mediante las facturas 

PR003RE000262; PR003RE000291; PR003RE000294; 

PR003RE000307; PR003RE000309; PR003RE000320; 

PR003RE000326; PR003RE000337; PR003RE000345; 

PR003RE000349; PR003RE000367; PR003RE000379; 

PR003RE000388 y PR003RE000418, correspondientes 

a arrendamientos de locales ubicados en el Centro Gran 

Caribe Mall de Vega Alta.

4) Además, JLL reclama el pago de las comisiones por el 

arrendamiento del local donde ubica el Supermercado 

Selectos en el Centro Gran Caribe Mall de Vega Alta. 

5) De dos (2) confirmaciones de pagos relacionados con la 

factura PR003RE000262 por las sumas de treinta y 

cinco mil dólares ($35,000.00) y cuatro mil setecientos 

cincuenta dólares ($4,750.00), emanó que CCVA realizó 

dichos pagos.

6) El 30 de noviembre de 2022, JLL cursó una carta de 

cobro hacia el señor Pérez Diez, reclamando la suma de 

ciento treinta y nueve mil seiscientos setenta y nueve 
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mil dólares con diecinueve centavos ($139,679.19) por 

concepto de los servicios reflejados mediante las catorce 

(14) facturas. 

7) El 11 de enero de 2023, JLL cursó una carta de cobro 

hacia el señor Pérez Diez, reclamado la suma de 

doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos diecinueve 

dólares con cincuenta centavos ($248,819.50), 

correspondiente a los servicios reflejados mediante las

catorce (14) facturas, honorarios por la gestión de cobro 

y las comisiones por el arrendamiento del local donde 

ubica el Supermercado Selectos en el Centro Gran 

Caribe Mall de Vega Alta.

No obstante, atisbamos que el siguiente hecho está en 

controversia:

1) Si Inmobiliaria responde por la comisión de los 

arrendamientos en los locales del Centro Gran Caribe 

Mall de Vega Alta, aun cuando dicho centro comercial 

no está incluido en el Contrato suscrito el 11 de junio 

de 2020 entre JLL, Inmobiliaria y Quintana.

Pues la determinación del aludido hecho en controversia es 

medular para dirimir sobre la exigibilidad del pago de la cuantía de 

doscientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve dólares 

con treinta centavos ($249,769.30) reclamada por JLL contra 

Inmobiliaria. Así las cosas, entendemos que el TPI erró al determinar 

que no existían controversias de hechos materiales que le impidiesen 

resolver el caso mediante sentencia sumaria. Pues, el Foro Primario 

debía dilucidar el hecho en controversia en juicio.

Por todo ello, decidimos revocar en parte la determinación del 

Foro Primario y nos pronunciamos No Ha Lugar con respecto a la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada el 12 de mayo de 2023 por 

JLL, al atisbar que existen controversias de hechos materiales y 

esenciales que resultan incompatibles con dicho mecanismo procesal.

-IVPor los fundamentos que anteceden, revocamos en parte la 

Sentencia Parcial, a los efectos de declarar No Ha Lugar a la solicitud 

de sentencia sumaria de JLL.

Devolvemos el caso al TPI para que continúe con los 

procedimientos, de conformidad con lo resuelto por este Tribunal.
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Secretaria del Tribunal de Apelaciones